Así se movieron las campañas por las curules de paz en La Guajira

¿Por qué es importante?

El camino para lograr la participación política para las víctimas del conflicto armado no ha sido fácil. En 2017, el Congreso hundió las curules de paz estipuladas en el Acuerdo de La Habana por falta de mayorías en la votación. En mayo de 2021, la Corte Constitucional las revivió después de revisar una tutela interpuesta por el senador Roy Barreras. Para los candidatos de La Guajira las curules eran una posibilidad de que su voz fuera escuchada en el órgano legislativo y gestionar proyectos para sus territorios. Sin embargo, vieron sepultada esta posibilidad por la cooptación que los clanes políticos tradicionales hicieron de su curul y la escasa pedagogía en los electores.

“Si la curul de las víctimas queda en manos de quien no fue víctima, queda en vano todo este proceso. No tenemos las víctimas cómo tener esa voz que nos represente. Será una curul más de políticos, como siempre. Realmente ellos no llevan el clamor de quienes hemos sufrido el rigor de la guerra”, dice Juan Ariel Hinojosa, candidato de San Juan del Cesar.

Cómo fueron las campañas de las candidaturas cuestionadas

En los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, que integran la Circunscripción Territorial Especial para la Paz (CITREP) número 12, hay 60 candidatos inscritos en 30 listas, compuestas por un hombre y una mujer, que esperan conseguir una curul en la Cámara de Representantes. Cinco de ellos son de los municipios guajiros de Fonseca y San Juan del Cesar: Dalia Molina, Nairobis Jiménez, Juan Ariel Hinojosa, Maryori Pérez y Nelcyda Villero. Hace un mes, Francisco Acosta del resguardo indígena de Mayabangloma desistió por falta de garantías para hacer campaña y por complicaciones en su estado de salud.

El 14 de diciembre de 2021, un día después de la inscripción de candidaturas, debían iniciar su campaña electoral por los 110 corregimientos de los tres departamentos. Sin embargo, solo cuatro de las 60 víctimas certificadas lo lograron: Jorge Tovar, hijo de Jorge 40, el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); William Romero, cuestionado por su cercanía con el clan político de los Gnecco, principalmente con la matrona Cielo Gnecco; Pedro Castro Araujo, tío de José Santos Castro González, actual alcalde de Valledupar; y Sebastián Ochoa, sobrino del congresista Víctor Ochoa y de Elías Ochoa, quien fue alcalde en dos ocasiones de la capital del Cesar.

En la zona ya se da por ganador a Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40 y quien ha recorrido veredas y corregimientos sin ningún obstáculo. En un corregimiento de San Juan del Cesar, recibieron a Jorge Tovar o Yoyo, como lo conocen popularmente, en febrero. Llegó con sus camionetas polarizadas, con propaganda política en las ventanas, a un poblado de cerca de 400 habitantes para reunirse con un pequeño grupo de personas. “Yo a él no lo he visto, ni siquiera lo conozco. Él estuvo acá en una reunión dentro una casa con otros líderes pero no he visto que haga campaña pública”, contó una persona que prefirió no revelar su nombre por seguridad. En este municipio al sur de La Guajira, Tovar recorrió los 24 corregimientos. Solo en uno, cuentan, se reunió con cerca de 70 personas en enero.

“Su forma de hacer política no es igual a la de todos. Busca unos líderes y esos son los que van amarrando a otros. No puedo decir que haya ido casa a casa. He visto que llega a casas puntuales y organiza con ellos”, dijo otro habitante de San Juan del Cesar que prefirió reservar su identidad por miedo a represalias. En los pocos discursos públicos y en sus redes sociales, Tovar fue enfático en que a pesar de los crímenes cometidos por su papá en el Caribe, él es una víctima y no tiene la culpa de su accionar. “Pero en algunos corregimientos donde se asesinaba mucha gente, las mujeres no olvidan y no están de acuerdo con su campaña”, añadió el poblador.

Una de las últimas reuniones de Jorge Tovar en La Guajira fue en Fonseca con el Movimiento Podemos del alcalde de ese municipio, Hamilton García Peñaranda. En la reunión estuvo presente el hermano del mandatario y algunos líderes de Conejo, quienes dieron su espaldarazo a Tovar. “Si la administración va a apoyar a Tovar, él es el que va a sacar más votos independiente de que Nairobis (Jiménez) sea de Conejo. La gente por fanatismo y miedo a que lo saquen de los beneficios vota por quien diga el cacique”, dijo un habitante del corregimiento de Conejo.

La candidata Maryory Pérez denunció, además, apoyo de la Alcaldía de San Juan del Cesar a la candidatura de Jorge Tovar en el Foro pedagógico Elegir para Transformar con candidatos y candidatas de la CITREP, realizado por la Fundación Maleua. “Todos los concejales están metidos para Yoyo. Hay un acuerdo político para ponerle 2.000 votos y medio a Jorge Rodrigo (Tovar). En la Alcaldía de Fonseca también hay un acuerdo. Las garantías no están dadas”, dijo Pérez.

Jorge Tovar está avalado por la Asociación Paz es Vida, ubicada en el departamento de Cesar. Comparte lista con Nairobis Jiménez, una promotora social nacida en Conejo, el corregimiento más grande del municipio de Fonseca, La Guajira. Jiménez ha sido cuestionada por la comunidad por ser “la pone votos” de la lista. “Yo no soy relleno, no soy recoge votos. Yoyo para mí también es mi contendor. Esto para mí ha sido neutral”, afirmó Jiménez. Sobre ser parte de la misma lista, explicó que esto se trata de buscar la paz. “¿Cuándo vamos a entrar en paz si no perdonamos? Es duro decirle a una mamá, a un hijo, a un hermano, perdona. Pero si tú te aferras al odio, no va a haber paz. Este es un ejercicio para que las personas vean que sí es posible”.

A pesar de que todas las listas de las curules de paz debían responder a la paridad de género, la Defensoría del Pueblo resaltó en la Alerta Temprana N° 004-22 del 22 de febrero que, sobre varias listas en la circunscripción 12, “no se encontró información de las personas que las componen; lo que resulta llamativo, si se tiene en cuenta que un alto porcentaje de estas personas sobre las que no hay datos, son mujeres, lo que permitiría colegir (sacar una conclusión) que podrían haber sido incluidas únicamente con la finalidad de cumplir el requisito legal de paridad de género, sin tener una participación real en las listas”.

Además, la candidatura de Jorge Tovar ha sido denunciada por recibir apoyo de integrantes del Gobierno. Cómo lo reseñó Colombia+20, el director de la Unidad para las Víctimas territorial Cesar- La Guajira, Víctor Hugo Mosquera, ha manifestado públicamente su respaldo a Tovar en eventos de restitución de tierras y tiene sus oficinas en un edificio propiedad de Ana Carolina Vélez, mamá de Tovar. El candidato de la circunscripción 12 ha estado también cuestionado por sus contratos con el Estado. La Nueva Prensa detalló los contratos simultáneos que tuvo con el Ministerio del Interior y las Unidades de Trabajo Legislativo del senador Álvaro Uribe y el representante a la Cámara Juan Manuel Daza, desde 2019 hasta 2021.

Por otro lado, algunos candidatos de la circunscripción dijeron que tenían zonas prohibidas para hacer trabajo político porque los grupos armados ya habían elegido a su candidato. "No nos pudimos movilizar inicialmente porque no teníamos los recursos para hacerlo. También, no pudimos entrar en algunos territorios por los grupos armados. Alegan que ya ellos allí tienen su candidato, que ya están definidos para quiénes son los votos. Nosotros no podíamos decir ‘mañana vamos para la Mesa o para Las Minas de Iracal o para la parte alta de Sierra Nevada’ porque nos impedían nuestro acceso”, relató uno de los candidatos del Cesar, quien ha recibido amenazas verbales a través de amigos y personalmente.

Aunque Tovar es el candidato más opcionado para quedar elegido, William Romero también recorrió los corregimientos de San Juan del Cesar realizando actos públicos. A Romero lo vieron el 2 de marzo en Los Pondores, en una reunión a la que asistieron cerca de 30 personas. Llegó en un esquema de tres camionetas. Romero hace parte de la lista Asociación Alianza por la Vida, que comparte con Dalia Molina, una lideresa de más de 20 años de activismo y candidata de la vereda El Confuso de Fonseca. Ante los cuestionamientos sobre compartir aval con Romero teniendo en cuenta su cercanía con el clan Gnecco, Molina apeló a la transparencia de su candidato asegurando que aunque es cercano a Cielo Gnecco esto no significa que estén influyendo en la campaña.  

Las barreras

La mayoría de los candidatos de la CITREP 12 lamentaron la desigualdad en las campañas políticas en comparación con los otros candidatos que, a pesar de la demora del CNE para desembolsar el dinero, imprimieron carteles, recorrieron municipios, contrataron equipos de campaña de más de diez personas y, en algunos lugares, entregaron propaganda política. “Ellos no han necesitado en ningún momento que lleguen los recursos que prometió el gobierno para el 50 por ciento, en calidad de anticipo de estas campañas. Nosotros quedamos en el limbo, porque no se permite inversión particular sino a través de donaciones que van a un fondo común y nos dicen que la campaña debe ser preponderantemente estatal”, afirmó Juan Ariel Hinojosa. “Hemos visto que el Estado nos ha puesto en una desventaja frente a los otros candidatos, que nadie les ha hecho un control”, dijo.

Por su lado, Maryori Pérez, politóloga con especialización en derechos humanos y candidata de la curul de paz en San Juan del Cesar, dijo que “las campañas políticas acá son a otro precio. Se mueven con plata, maquinaría política y constreñimiento. Pese a esto, yo siento que hay una oportunidad en la Cámara de paz”, dice.

En resumen, estos fueron algunos de los obstáculos que enfrentaron:

• Pedagogía
  Las elecciones para las curules de paz se harán en las zonas rural. Al ser la primera vez que se desarrollarán estas campañas, se hizo necesario el despliegue de la Registraduría para explicar cómo debe hacerse la votación. El CNE también ha recorrido las CITREP hablando sobre las garantías que prestan para estos comicios. Sin embargo, la evaluación de los candidatos es que no llegó la suficiente pedagogía que atendiera las diversidades de las comunidades.
  
  “Nos confunden con los candidatos de cada cuatro años. No ha habido un medio que Dalia apareció en una entrevista. Nos pusieron como para decir que esto está en medio del proceso de paz”, detalla Dalia Molina. Su opinión contrasta con la de Alberto Manjarrez, habitante del corregimiento El Hatico de Fonseca, quien asegura que desconoce sobre las curules de paz. “Deberíamos saber pero no sé quiénes son. Ni han pedido el voto. Deberían decir porque esto es zona rural. Mi hija solo me contó que Dalia estuvo por acá”, dice Manjarrez.
  
  A pesar de esto, Mayori Pérez asegura que “ha sido importante hacer pedagogía donde normalmente no se llevan. Se puede generar un interés colectivo como víctimas. Esta campaña es una posibilidad para visibilizar las necesidades de la zona rural y las víctimas que hemos estado abandonadas”.

• Financiamiento
  A diferencia de Tovar y Romero, la mayoría de candidatos se trasladan en mototaxis o carros prestados de algún conocido. Nelcyda Villero, candidata de San Juan del Cesar, asegura que ella no ha tenido problemas de seguridad sino que su gran obstáculo es el no tener cómo llegar a las zonas apartadas. “Ellos hicieron una norma de que nosotros no podemos hacer publicidad hasta no recibir el anticipo. Por otro lado, nos amarraron a una póliza que no había. Acá en la circunscripción nos tocaban 12 millones para los candidatos y ninguna aseguradora quería comprometerse”, dice Villero.
  
  El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió el viernes 4 de marzo como la fecha límite para desembolsar el dinero para las campañas electorales de las curules de paz. Sin embargo, hasta el 7 de marzo la entidad estaba recibiendo las pólizas. En el proceso de verificación del documento tenían seis y listos para el desembolso, tres. La presidenta del CNE Doris Ruth Méndez ha afirmado que sí le han cumplido a las 400 víctimas pero las demoras se deben a inconvenientes administrativos de la Superintendencia y la previsora para generar las pólizas de garantía.

• Seguridad
  Ante las alertas de riesgo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó agentes escoltas a los casos prioritarios. Sin embargo, la falta de recursos de los candidatos influyen en la manutención del escolta. Nairobis Jiménez narra que ““me colocaron a un persona de seguridad pero yo le dije a la UNP que no tengo carro ni cómo mantener al muchacho”. “Yo pienso que el Estado dio estas curules pero no las garantías al 100. Si ellos saben que son curules para las víctimas debieron militarizar los corregimientos ¿Cómo nos vamos a movilizar por los corregimientos? Yo no he ido por el paro armado del ELN”, detalla.

“Una profecía”

El 25 de febrero de 2022, un grupo de 12 de los candidatos de la circunscripción envió una carta a la magistrada de la Corte Constitucional Cristina Pardo para solicitar el aplazamiento de las elecciones para los comicios presidenciales de mayo. Para esto, argumentaron como causas “la financiación de las campañas; la insuficiente pedagogía para este proceso, la problemática de orden público nacional que incide directamente en las áreas rurales de las CITREP y las anomalías que controvierten el espíritu de estas curules de paz, de garantizar la participación política de las víctimas reales, como medida de reparación colectiva a los territorios afectados por el conflicto armado colombiano”.

A pesar de las repetidas denuncias y llamados de atención de las víctimas que aspiran a las curules, a su parecer, no ha habido una respuesta contundente de las autoridades. Diego Balvino Chávez, investigador en violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), asegura que no hay garantías de seguridad ni electorales para los candidatos ni para las personas que van a votar en esta circunscripción. La Defensoría del Pueblo reportó, además, la presencia de al menos seis grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), disidencias de las extintas FARC, Los Pachencas, La Oficina del Caribe y Los Pelusos. 

“Como una profecía: lo que va a ocurrir es que se van a elegir a personas que no representan organizaciones sociales de víctimas, a ningún movimiento social, y que no vaya a haber un proceso de reparación a las víctimas sino, por el contrario, grupos que han sido determinantes, beneficiarios, autores intelectuales o materiales de la violencia van a llegar al Congreso mediante este mecanismo”, detalla Chávez. “Lo que va a generar es que se revictimice una vez más a las personas que están esperando a través de las circunscripciones, poder llevar su voz al Congreso”, afirma.

Lo que sigue

Los candidatos de La Guajira todavía esperan que en los próximos días haya algún pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el aplazamiento. Sin embargo, Diego Chávez, abogado e investigador de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), asegura que es difícil que se dé el aplazamiento. “Hay un mecanismo que está previsto en el Acto Legislativo y en el Decreto y es que se puedan suspender las elecciones en donde sea tal la afectación del orden público que, a criterio del Presidente se suspendan las elecciones por falta de garantías en materia de seguridad. Pero hay que ser realistas y es que en este tipo de instancia, el Presidente no va a tomar esa medida”, dice.