En 2023, el equipo de la red de periodistas locales y editoras de Consonante reafirmó su compromiso con las personas que leen y consultan este medio de comunicación para continuar escuchando sus preocupaciones, ideas y peticiones. El resultado de este ejercicio de periodismo es una agenda colaborativa que se construye e incluye las voces de la gente en los municipios. Este año, la red de periodistas locales publicó 169 piezas entre reportajes, noticias y contenidos en audio y video. A continuación compartimos con ustedes las diez notas que más generaron interés en las audiencias:
En La Guajira, los proyectos de transición energética cobran cada vez más relevancia. Desde que se instaló el primer parque eólico Jepirachi en 2004, son 57 iniciativas eólicas las que se están desarrollando, sin contar los paneles solares que se están repartiendo en la alta, media y baja Guajira. En esta entrevista, Joanna Barney, psicóloga e investigadora de Indepaz, alerta sobre los proyectos, los cuales, por una parte, pertenecen en su mayoría a empresas extranjeras y, por otra, generan problemas sociales y ambientales. “La parte terrible de que hagan una captación del territorio tan absoluta es que además no están generando un gran porcentaje de trabajo ni de desarrollo a las comunidades, porque esa energía no es para La Guajira”, advierte Barney.
Muchas de las 4.700 familias que se acogieron al programa de sustitución de cultivos en 2017 se han visto obligadas a retomarlos en el Putumayo, el departamento con mayor incremento de hectáreas en los últimos años en Colombia. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), son 20.000 las nuevas hectáreas de la planta de coca en el Putumayo. En este reportaje, el equipo periodístico de Consonante cuenta y explica cómo las fallas reiteradas para la erradicación dejaron a la comunidad en el limbo y progresivamente, con la falta de garantías para nuevos proyectos, el retorno a la siembra de la coca volvió a ser la principal fuente de sustento.
El Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, La Guajira, es una pieza clave de las campañas electorales de la región. Con un presupuesto anual de casi 60 mil millones de pesos y cerca de 500 empleados, su influencia se extiende más allá de la salud. En abril, un grupo de trabajadores denunciaron que sus contratos no fueron renovados por motivos políticos, pues apoyaban la candidatura de Moisés Daza. En este reportaje, la periodista cuenta cómo desde esta entidad se ejerce presión sobre sus empleados para respaldar y votar por Enrique Urbina, a quien señalan como “el candidato del hospital”.
La mina de carbón a cielo abierto que espera desarrollar la empresa Best Coal Company (BCC) en Cañaverales, en el sur de La Guajira, traería afectaciones sociales y ambientales que preocupan a los líderes de la comunidad. El proyecto impactaría en la dinámica de los cauces de agua, la contaminación del aire, la disminución del bosque seco tropical donde hay especies en peligro crítico de extinción y un aumento en el número de habitantes en el corregimiento, según reconoció la propia compañía. Consonante consultó a cinco expertos para entender los alcances del proyecto.
La Renta ciudadana es una ayuda económica —de entre 60 mil pesos y un millón— destinada a las familias colombianas que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Es, además, una de las apuestas centrales incluidas por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, en mayo del 2023, las dificultades con la actualización de datos en el Sisbén y algunos cambios en la manera en que se desembolsarían los dineros llevaron a que se retrasara el inicio de los pagos. En esta entrega de El Explicador, le contamos cómo funciona este subsidio y qué hay detrás de las demoras del primer giro.
En el resguardo de Mayabangloma, ubicado a 10 minutos en moto del casco urbano de Fonseca, La Guajira, viven 927 familias que llevan décadas pidiéndole al Estado que termine de una vez por todas de construir sus casas. Hasta junio de 2023 no había más de 20 viviendas construidas. Sin embargo, hay documentos que sostienen que la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira (Asoagua) construyó 300 viviendas en Mayabangloma. En esta investigación, Consonante revela nuevas evidencias de un caso que continúa en la impunidad y que incluye certificados falsos, un convenio de cooperación establecido con la cuestionada Asoagua y una estrategia dudosa para obtener los terrenos destinados a la construcción del barrio Cristo Rey.
La trágica muerte de Eliécer Daza Cuello, un obrero de 47 años que cayó en una zanja de seis metros de profundidad mientras hacía oficios varios en una obra, dejó al descubierto las deficiencias de seguridad en la construcción del sistema de alcantarillado en Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano, en San Juan del Cesar. Consonante investigó el caso y expuso las irregularidades que pusieron en peligro la vida no solo de los trabajadores, sino de los habitantes del corregimiento: huecos y zanjas sin señalización en las vías, alcantarillas destapadas, falta de protocolo de seguridad, ausencia de entibación, un sistema de contención que mantiene estable las zanjas.
El Sisbén IV, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es el primer filtro que la población debe superar para aspirar a los beneficios de los programas sociales del Estado. Sin embargo, este año el sistema enfrentó una serie de problemas: un aumento en el volumen de trámites, demoras en sus tiempos de respuesta y, en general, un desbordamiento de sus capacidades. Consonante elaboró un explicador para resolver las dudas más comunes: desde cómo registrarse, actualizar sus datos y qué hacer si se ve afectado por las demoras.
En la zona rural de Fonseca, al sur del departamento, 551 campesinos de 26 veredas recibieron plantas de energía fotovoltáica de parte de la Alcaldía entre 2019 y 2022. Sin embargo, Consonante conoció y evidenció los cuestionamientos sobre sus alcances, los altos cobros de la factura e investigaciones sobre presunta corrupción. Desde que se instalaron los paneles solares, algunas personas han pasado de pagar 21 mil pesos a 400 mil pesos por el servicio. Además, la Contraloría General de la República alertó de una cartelización de paneles solares con recursos de la paz en siete municipios del Caribe colombiano, incluyendo Fonseca.
En mayo de 2023, Consonante registró las intimidaciones de las cuales fue víctima la población del corregimiento de Zambrano, en San Juan del Cesar, luego del asesinato de un hombre y la presencia de grupos armados. El asesinato de Jaime Pájaro Cuello, amenazado previamente por panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es un reflejo del peligro que viven los habitantes. En esta noticia explicada, Consonante da contexto sobre la posible expansión de las AGC, vinculada a su estrategia de control territorial sin disputar el territorio, utilizando violencia selectiva para garantizar la seguridad percibida por las comunidades.
En Fonseca, al sur de La Guajira, el problema de la gestión y disposición de las basuras se evidencia especialmente en las afueras de la zona rural del municipio, en las entradas a Los Altos, Conejo, Cardonal y El Hatico. En estos lugares se forman grandes vertederos a cielo abierto, donde se acumulan montañas de residuos que incluyen plásticos, residuos orgánicos y animales muertos.
Esta situación preocupa a los habitantes tanto de los corregimientos como de la zona urbana de Fonseca por la contaminación que genera en el medio ambiente, especialmente en el río Ranchería, ya que muchos desechos suelen terminar en las fuentes hídricas.
En el municipio, el camión recolector de basura pasa por todos los barrios tres veces a la semana. Sin embargo, las basuras de muchas familias terminan en las vías de acceso a los corregimientos.“Las basuras siempre se acumulan en los basureros a las entradas a los corregimientos porque algunas personas desadaptadas si podan un árbol, por ejemplo, no recolectan las ramas en bolsas, sino que la botan a donde les quede más cerca”, cuenta Javier Brito, habitante de Conejo.
En los lugares alejados del casco urbano, el camión realiza su recorrido, en el mejor de los casos, una vez a la semana. En Conejo y El Hatico pasa por varios puntos; en Los Altos solo por la vía principal, pero a Cardonal ni siquiera llega este servicio.
Wendy Amaya, docente de la UCA Cardonal, cuenta que la basura que recogen en su casa “toca quemarla ya que no contamos con el servicio del carro de la basura, que no pasa en ningún momento”. Por esta razón, las familias en los corregimientos recurren a prácticas como la quema y el enterramiento, que no crean riesgos para la salud y la seguridad humana, así como para el ambiente en general.
"La basura toca quemarla ya que no contamos con el servicio del carro de la basura, que no pasa en ningún momento".
Wendy Amaya, habitante de Cardonal
De acuerdo con Jadira Vivanco, coordinadora Regional para Colombia y Centroamérica de Latitud R, una plataforma regional para la articulación de acciones en materia de reciclaje inclusivo, estas acciones se convierten en “una bomba de tiempo” para el medio ambiente.
“A veces creemos que si enterramos los residuos estos desaparecen. Lo orgánico se descompone en la tierra, pero los residuos sanitarios, plásticos, metales y vidrios necesitan muchísimos años para descomponerse, así que tenemos un basurero debajo de nosotros. Con las lluvias, los residuos se arrastran hacia las fuentes hídricas y las contaminan. Hay gente que todavía entierra baterías, pilas y empaques de agroquímicos. Ahí tenemos una bomba de tiempo”, advierte.
En la vía al corregimiento de Conejo, los botaderos de basuras van desde la entrada a Villa Hermosa hasta La Ceiba. De acuerdo con Javier Brito, habitante del municipio, tener basura acumulada en la entrada del pueblo “da una muy mala imagen de las comunidades”. Además, contribuye a la proliferación de malos olores y la llegada de ratas, moscas, mosquitos y cucarachas. “A veces llegan muchos animales a esos basureros y terminan entrando a las viviendas, entonces es peligroso porque pueden causar enfermedades”, dice.
Las montañas de residuos en la vía que conduce a Conejo, dice Eber Blanquicet, habitante del barrio Cristo Rey, generan también un ambiente de inseguridad en el sector. “La basura de mi casa me toca arrojarla ahí mismo ya que no hay más sitio porque por acá no pasa el carro del aseo ningún día debido al difícil acceso. En el barrio tenemos una problemática de inseguridad porque ese basurero es un punto de encuentro de los consumidores drogas”, cuenta.
Para erradicar los basurales, algunos habitantes se unen para realizar jornadas de limpieza junto a la Alcaldía, que pone a disposición la maquinaria necesaria. Sin embargo, “la calle dura unos días limpia y enseguida vuelven las personas a echar basura”, lamenta Blanquicet.
Wendy Amaya, docente de la UCA Cardonal, considera que los basurales a cielo abierto en la entrada de Cardonal son producto de la falta de cultura ciudadana de quienes arrojan las bolsas de basura en la vía hacia la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca.
“Creo que esa basura está acumulada ahí porque no se ha tenido un buen manejo de ellas en el casco urbano. Tengo 30 años y todo el tiempo he visto ese basural ahí, se recoge y nuevamente las personas tiran los desechos en el camino”, cuenta.
Por eso, cree Amaya, las soluciones por parte de Interaseo, la empresa que presta los servicios públicos de aseo, no son suficientes. “La empresa solamente ingresa una niveladora para limpiar ese sector, pero no recogen las basuras entonces no es ninguna gracia porque queda el mismo basurero”, dice.
Alexander Martínez Villazón, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, considera que los vertederos son creador por “los mototaxistas, conductores de carros particulares y personas en general que depositan la basura ahí en la orilla de la cerca de la institución que va hacia Cardonal”. “Eso da un mal ambiente para toda la comunidad educativa, profesores, estudiantes y padres de familia que vienen de las sedes Makarenko y Wilder Torres”.
En El Hatico hay tres botaderos satélites ubicados en la parte de atrás de la Institución Educativa María Inmaculada, debajo de la ruta turística y biosaludable del río Ranchería y a las orillas del río.
“He visto mucha basura acumulada en la entrada de nuestro corregimiento y hago un llamado a toda la comunidad para que por favor no arrojen basura en las carreteras, porque eso está trayendo mucha contaminación y en estos tiempos de lluvia puede haber un desastre grande. Algunas personas no están pendientes de recoger la basura y la tiran después en cualquier parte”, dice Francisco Hernández, habitante del barrio Kennedy.
De acuerdo con Hernández, “la mayoría de gente que arroja la basura en las entradas de nuestra comunidad le pagan, entonces aprovechan el espacio y el momento para depositarla ahí”.
Para muchas personas en este caserío, es difícil llevar los residuos hasta la avenida principal por donde pasa el camión de la basura. Por este motivo, muchas familias deciden quemar su propia basura.
“Cuando quemamos la basura es porque no la recogen y quemar es la única opción que encontramos para no tener esa contaminación. Sabemos que el compromiso es recoger los desechos en todo el caserío, pero el carro solo pasa por la avenida principal”, cuenta Roxana Donado Mier, una ama de casa que vive en Los Altos.
De acuerdo con Donado, “vivir cerca de un basural es horrible. Eso nos ha traído muchas enfermedades respiratorias y contaminación en la entrada y salida del caserío”.
Desde la Alcaldía de Fonseca y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (Cidea) se han realizado campañas de sensibilización ambiental en pro del mejoramiento de la disposición de residuos sólidos, señala Iván Pallares, ingeniero ambiental adscrito a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía.
De acuerdo con Pallares, los basureros a cielo abierto persisten porque “hay personas que no sacan la basura en los horarios estipulados y entonces buscan mototaxis o vehículos de tracción animal para que boten la basura en otras partes”. También, explica, “hay vías que no cumplen con las condiciones necesarias para que el camión pueda entrar y por eso hay personas que mandan a botar basura por otros medios”.
Sobre los impactos de estos vertederos, Estela María Freyles Lopesierra, directora territorial de Corpoguajira, advierte que “generan muchas afectaciones en materia ambiental y de salud pública”. “Afectan a todos los recursos naturales, el suelo, el aire, el agua. Muchas veces los desechos van a parar a los cuerpos hídricos, entonces se genera un desequilibrio de todo el ecosistema y también desencadena en muchos vectores causantes de enfermedades”.
"Muchas veces los desechos van a parar a los cuerpos hídricos, entonces se genera un desequilibrio de todo el ecosistema y también desencadena en muchos vectores causantes de enfermedades".
Estela María Freyles, directora territorial de Corpoguajira
Para Freyles, más allá de la limpieza de los basurales, “se requiere de mucha educación ambiental que lleve a la prevención de esas conductas”. Por eso, destaca, desde el equipo de educación ambiental de Corpoguajira se han desarrollado charlas de sensibilización. “En cabeza de los municipios está la responsabilidad de capacitar y de llegar incluso a colegios y a la población en general, porque ellos tienen la obligación de implementar todas las acciones que están dentro del programa de gestión integral de los residuos sólidos”, agrega Freyles.
Para regular las malas prácticas en las comunidades, la secretaría de Planeación está en proceso de presentar un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal “para comenzar a aplicar comparendos a toda persona natural o jurídica que cometa infracciones de tipo ambiental como la inadecuada disposición de residuos sólidos en sitios no autorizados”, cuenta Pallares.
"Queremos comenzar a aplicar comparendos a toda persona natural o jurídica que cometa infracciones de tipo ambiental".
Iván Pallares, ingeniero ambiental adscrito a la secretaría de Planeación
Por otra parte, la entidad tiene en sus planes buscar un sitio de acopio para que los residuos vayan a un solo lugar. Es decir, “tratar de reducir la cantidad de puntos con residuos de poda y solamente que exista uno solo y que eventualmente Interaseo haga mantenimiento a ese punto”.
En El Carmen de Atrato, la lucha por la titulación de tierras se ve afectada por un fenómeno conocido como “falsa tradición”. Aquí, la transferencia de derechos de propiedad es realizada por personas que no son los propietarios legítimos. Esta práctica ha generado dificultades en el proceso de formalización de tierras, ya que las familias no tienen pleno derecho de dominio sobre sus propiedades.
De acuerdo con Manuel Alejandro Correal, subdirector de Gestión Jurídica en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la falsa tradición es un problema generalizado en varias regiones del país, atribuido a una cultura de informalidad en la venta de inmuebles, acuerdos verbales y documentos privados no registrados adecuadamente. En el Carmen de Atrato, la informalidad alcanzó un 79,63 por ciento en 2019, según el informe sobre informalidad de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
Algo que agrava el proceso de titulación de tierras en El Carmen de Atrato es que gran parte del municipio es zona de reserva forestal afectada por la Ley Segunda de 1959. Esto quiere decir que está priorizada su conservación y que la tierra no puede ser de nadie a menos que el Ministerio de Agricultura haga una sustracción mediante un acto administrativo.
En esta entrega de El Explicador, Consonante resuelve las principales dudas sobre los obstáculos que enfrentan los carmeleños y cómo pueden demostrar que sus tierras les pertenecen.
La falsa tradición es un fenómeno jurídico que ocurre cuando se transfiere un derecho por parte de una persona que no es el propietario o titular de este. Es decir, una persona que pretende transferir el dominio, pero carece de la calidad de propietario, explica Manuel Alejandro Correal, subdirector de Gestión Jurídica en la Agencia Nacional de Tierras.
“La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, teniendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales”, dice el artículo 740 del código civil.
Así las cosas, para efectuar la tradición del dominio de un predio, es fundamental la inscripción del título en la oficina de registro de Instrumentos Públicos. La falta de este requisito produce la falsa tradición.
Un ejemplo es el caso de Olivia Úsuga, campesina de El Carmen de Atrato, y su sobrina Mileidy Restrepo, ama de casa y comerciante, quienes heredaron un predio familiar. Son 1.451 metros cuadrados divididos en 11 lotes de los cuales tienen escrituras. Sin embargo, esta información no está registrada en la oficina de Instrumentos Públicos. Como no tenían conocimiento de esto, la familia Úsuga vendió las tierras a ocho personas que quedaron en situación de falsa tradición.
Otro caso es el de Antonio José Ortega, exalcalde y exconcejal del municipio. Él y su esposa Diana Ríos compraron en 2002 un terreno de 13.500 metros cuadrados ubicado en el casco urbano, al lado del cementerio. Durante 15 años gozaron de la tierra, cultivaron café, aguacate y caña. En 2017 subdividieron el terreno en 30 lotes, que fueron vendidos a 24 personas. Sin embargo, cuando intentaron obtener el certificado de inscripción en la oficina de Instrumentos Públicos, descubrieron que no tienen dominio pleno y real del predio. Los compradores se encuentran, entonces, en situación de falsa tradición.
De acuerdo con Manuel Alejandro Correal, quienes están en esa situación jurídica no cuentan con las facultades que otorga el derecho de dominio para el uso, goce y disposición del predio. Por lo tanto, no tienen permitido hacer negocios con una tierra que legalmente no es su propiedad.
En 2017, Antonio José Ortega y su esposa Diana Ríos, quien figura como dueña de la tierra, recibieron un porcentaje de la cuota inicial por parte de las personas a quienes vendieron los lotes. Sin embargo, al descubrir el problema de titulación, muchas no continuaron con los pagos. "Las personas hicieron el compromiso de pagar el 50 por ciento antes y el otro luego de tener las escrituras, pero cuando comenzó el problema no siguieron abonando", cuenta Ortega.
Esta falta de pagos, explica, generó una ruptura en la economía y la convivencia familiar. Con ese dinero tenían previsto costear los gastos de la educación universitaria de sus dos hijas, algo que se les ha dificultado al no poder cerrar las negociaciones.
“Acabé con mi economía y la convivencia en mi casa es terrible. El sueldo no me alcanza para suplir todas las necesidades del hogar y de mis hijas que estudian en la universidad. Se nos complica hasta pagar los servicios. Ha sido una tragedia", dice.
"Acabé con mi economía y la convivencia en mi casa es terrible. El sueldo no me alcanza para suplir todas las necesidades del hogar y de mis hijas que estudian en la universidad. Se nos complica hasta pagar los servicios. Ha sido una tragedia"
Antonio José Ortega
La falsa tradición es un fenómeno generalizado en distintas zonas del país, explica Manuel Alejandro Correal. Esta situación obedece, en primer lugar, “a una cultura de la informalidad en la venta de inmuebles que opera a través de acuerdos verbales y documentos privados no protocolizados en notarías”.
Además, explica Correa, “por mucho tiempo el acceso a oficinas de registro de Instrumentos Públicos contribuyó en gran medida al incremento de la informalidad de cara la transferencia del dominio sobre los predios”. Por esta razón, con el paso del tiempo, “la tenencia de estos predios se encuentra en cabeza de una personas distintas a las que aparecen en la información del folio de matrícula inmobiliaria”.
"Por mucho tiempo el acceso a oficinas de registro de Instrumentos Públicos contribuyó en gran medida al incremento de la informalidad de cara la transferencia del dominio sobre los predios"
Manuel Alejandro Correal, subdirector de Gestión Jurídica en la Agencia Nacional de Tierras
En El Carmen de Atrato, por ejemplo, no hay una oficina de Instrumentos Públicos ni una notaría, razón por la que los habitantes se ven obligados a desplazarse hasta Quibdó y Ciudad Bolívar, respectivamente.
Antonio José Ortega, quien se mudó a Medellín, ha tenido que viajar a Quibdó para realizar trámites y reclamos. “Me ha tocado ir más de tres veces a Quibdó, que está a más de ocho horas por carretera. Eso implica dejar de trabajar y gastar dinero que no tengo en viáticos. Después de ese esfuerzo me regreso con las manos vacías.” cuenta Ortega.
Algunas pruebas importantes son las anotaciones del folio de matrícula que están en el historial de tradición, explica Manuel Alejandro Correal. Estas “pueden constar antecedentes de dominio, que debido a la inscripción de negocio que no transfieren el dominio se encuentran en la actualidad en situación de falsa tradición”.
Por ejemplo, el negocio de Antonio José Ortega y Diana Ríos cumple con formalidades como el acuerdo de precio y de la compraventa, aunque ellos carecen del derecho de dominio.
"Tenemos la escritura radicada en Ciudad Bolívar, Antioquia, el 27 de junio del 2002. Además tenemos el folio de matrículas, que es el documento principal para demostrar que esas tierras son nuestras. Contamos con el testimonio de los vecinos que saben que toda la vida hemos vivido y trabajado esta tierra, y los recibos pagados del Impuesto Predial”, cuenta Ortega, quien cuestiona que esta información debería ser suficiente.
La familia Úsuga también cuenta con el folio de matrícula del total del predio y con los soportes de pago por 20 años del impuesto predial de su tierra. "Hemos venido pagando el predial de a poquito pero lo pagamos, porque para eso sí saben hacer trámites " cuenta Olivia Úsuga.
Para Manuel Alejandro Correal, la principal dificultad es la imposibilidad de conseguir pruebas documentales, teniendo en cuenta la realidad rural del país. “Esto sucede bien sea por la falta de acceso a las notarías, la falta de oficinas de registro e Instrumentos Públicos o la cultura de la palabra como medio para oficializar los negocios jurídicos”, explica Correal.
Otro impedimento, señala, es la falta de un catastro multipropósito, algo que afecta “no solo a los tenedores de tierras rurales, sino a toda la población, ya que identificar y caracterizar cada uno de los predios del territorio nacional se convierte en una tarea dispendiosa de cara a la etapa preliminar del proceso de formalización”.
La falsa tradición se puede sanear a través de del proceso de formalización de tierras. Este proceso puede resolver el problema de poseer un bien pero sin contar con el derecho de propiedad, señala Manuel Alejandro Correal. "Los casos de formalización de falsa tradición se realizan respecto de bienes de propiedad privada, toda vez que pueden existir casos de falsa tradición respecto de bienes baldíos", explica.
“La Agencia Nacional de Tierras declarará mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre inmuebles rurales de naturaleza privada”, dice el artículo 36 del Decreto Ley 902. Sin embargo, precisa Correal, "cuando un predio es de naturaleza baldía no se puede adelantar un proceso de formalización".
De esta forma, el saneamiento de la falsa tradición busca que el poseedor de un inmueble y el dueño inscrito sean la misma persona. Aquí cobra relevancia la ley 1561 de 2012 “por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones.”
Correal recomienda conocer los antecedentes registrales en caso de que se quiera comprar, vender, permutar o cualquier otra operación comercial sobre un bien rural. Además, considera fundamental que “las nuevas generaciones sean conscientes de las consecuencias de transar y disponer sobre los predios, especialmente, cuando no se tiene conocimiento sobre quién es el titular del bien”.
Yorleana Mosquera Gómez tiene 19 años, pero su apariencia es la de una niña. Mide tan solo 58 centímetros y es la mujer más pequeña de Tadó y tal vez de Colombia. Aunque desde sus primeros años fue diagnosticada con enanismo pituitario aún no tiene su certificado de discapacidad ni recibe una atención adecuada.
Yorleana vive en una casa familiar con su madre, una hermana, dos tías y seis primas. Por su condición de salud se le dificulta comunicarse y pronunciar algunas palabras con rapidez, así que habla pausado para que logren entenderle. Yorleana le dijo a Consonante que quiere regresar a la escuela, pues solo estudió hasta preescolar, y que lo que más necesita son ayudas para la alimentación y algunas medicinas.
Rosa Omny Gómez, madre de Yorleana, cuenta que trabaja en restaurantes y en una mina para darle a su hija lo que necesita. “Mi hija no tiene certificado de discapacidad. A ella no la tienen en cuenta como discapacitada. Una muestra es que en septiembre repartieron unas raciones de comida y no le dieron a ella, aduciendo que no se había inscrito, aunque yo estuve previo a eso en la Alcaldía haciendo la fila para la inscripción. Sin embargo, cuando fue mi turno, la funcionaria de la Alcaldía me dijo que ya no había cupo porque solo era para 80 discapacitados y ella no estaba”, señala.
"Cuando fue mi turno, la funcionaria de la Alcaldía me dijo que ya no había cupo porque solo era para 80 discapacitados y ella no estaba"
Rosa Omny Gómez, madre de Yorleana Mosquera
“El municipio tampoco la ha censado para tenerla en cuenta en esa certificación, así que ella no recibe ninguna clase de ayuda del Gobierno. Solo cuando tenía 14 años de edad recibió una ayuda de Bienestar Familiar, pero apenas durante seis meses, desde ahí nunca más”, agrega Rosa Gómez.
Rosa pide para su hija una atención especial y advierte que ya está cansada de la falta de apoyo. “Decidí no tocar más puertas en busca de ayudas para mi hija porque todas me la cierran. A Yorleana le dan crisis de asma y en muchas ocasiones no tengo para comprarle los inhaladores”, afirma.
Durante el 2022 la Alcaldía de Tadó certificó a 80 personas con discapacidad. Sin embargo, 220 siguen a la espera.
Otro caso es el de la familia Agualimpia. Nerilio Agualimpia padece alzhéimer y vive en arriendo con su esposa, Dalia, y sus seis hijos, quienes sufren de epilepsia. A Dalia se le dificulta caminar como consecuencia de tres derrames cerebrales. Su hijo Anaín Agualimpia, de 31 años, es esquizofrénico y no tienen quien lo lleve a los controles médicos hasta Quibdó; otra hija, de 41 años, tiene una discapacidad física que le impide caminar y al igual que sus otros cuatro hermanos sufre de epilepsia. Solo una de sus hijas trabaja, pese a su diagnóstico, pero cuando sufre alguna crisis no puede ir.
Dalia Agualimpia cuenta que ninguno en la familia tiene un certificado de su discapacidad. “Vivimos con 80 mil pesos que nos dan con el programa de adulto mayor del Gobierno. Un hijo que es policía nos auxilia con algo y una hija trabaja en oficios varios, pero cuando está con la crisis no puede hacer nada. Del resto lo recibimos de la caridad de la gente”.
“El mes pasado la Alcaldía nos dio una ración alimentaria con 12 libras de arroz, un aceite y otras bobaditas, pero eso es todo lo que ha llegado a esta casa durante todo el año. Nuestra situación es muy difícil, pues mi esposo no puede trabajar, la última vez que por desespero intento hacerlo, se fue para la mina y se perdió. La Policía tuvo que ir a buscarlo y gracias a Dios lo encontraron”, puntualiza.
"El mes pasado la Alcaldía nos dio una ración alimentaria con 12 libras de arroz, un aceite y otras bobaditas, pero eso es todo lo que ha llegado a esta casa durante todo el año. Nuestra situación es muy difícil"
Dalia Agualimpia
Jairo Antonio Mosquera, quien tiene dificultades para caminar, lideró el año pasado los diálogos con la Personería para la certificación de la población que, como él, tienen algún tipo de discapacidad. “La Alcaldía el año pasado contrató una IPS de Quibdó y logró certificar entre 70 y 80 personas, de los 300 que hay en el municipio. Ahora, está buscando contratar una IPS de Risaralda para terminar la certificación, pero eso está solo en palabras porque esta es la fecha que no se ha concretado nada”, señala.
“Los discapacitados de Tadó no recibimos ayuda de ninguna entidad, a la Alcaldía llegaron unos mercados que fueron repartidos solamente a unos pocos, porque a mí no me dieron. Cuando fui a la oficina de la primera dama, ella me respondió que esos mercados ya los habían repartido y que no eran para todos. Necesitamos que el Gobierno sepa que existimos, que nos ayude, necesitamos un sitio al que podamos acudir”, agrega.
"Necesitamos que el Gobierno sepa que existimos, que nos ayude, necesitamos un sitio al que podamos acudir"
Jairo Antonio Mosquera
Michael Córdoba, secretario de Salud y Educación municipal, indica que el año pasado con la IPS de Quibdó se logró certificar a 80 personas. Sin embargo, reconoció que el proceso quedó en pausa. “Este año no hemos actualizado la caracterización de esta población, se está dialogando con una IPS de Pereira llamada Instituto de Audiología Integral para certificar a la población restante”, afirma.
"Este año no hemos actualizado la caracterización de esta población, se está dialogando con una IPS de Pereira llamada Instituto de Audiología Integral para certificar a la población restante"
Michael Córdoba, secretario de Salud y Educación municipal
Córdoba agrega que el mes pasado la Alcaldía entregó algunos kits alimentarios, aunque no llegaron a toda la población que lo necesita. Una de las políticas del actual alcalde, Cristián Copete, ha sido contratar a personas en situación de discapacidad. Sin embargo, solo hay 5 personas trabajando en la recepción de la Alcaldía, el hospital, la Casa de la Justicia y la empresa Aguas de Tadó.
Por su parte, el personero municipal, Yirson Ledezma, agrega que desde su dependencia han enviado varios requerimientos a la administración para conseguir los certificados pendientes, pero no ha sido posible. En el 2022, el proceso se dio luego de que la Personería instaurará una tutela.
“La administración municipal ha respondido que está en proceso de contratación con la IPS. Sin embargo, este proceso se está dilatando por lo que a la Personería le va a tocar instaurar una nueva acción de tutela, que permita otorgar los derechos”, puntualiza Ledezma.
“La administración municipal ha respondido que está en proceso de contratación con la IPS. Sin embargo, este proceso se está dilatando por lo que a la Personería le va a tocar instaurar una nueva tutela"
Personero municipal Yirson Ledezma
Según la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, los certificados son expedidos por las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) en cooperación con la Alcaldía y previa valoración médica. Además, es un trámite gratuito.
Se espera que, para este mes (noviembre), la Alcaldía y la IPS Instituto de Audiología Integral realicen la certificación de la población con discapacitad faltante. Si el proceso no se realiza, la Personería instaurará una tutela para reclamar los derechos de las personas en situación de discapacidad.
Enrique Urbina ‘Cubita’ ganó las elecciones de este domingo con 14.010 votos (56 por ciento), con el 99,15 % informado. Unas 2.000 personas celebraron los resultados en el comando, sobre la avenida principal. El ambiente era de fiesta, con caravanas y banderas amarillas.
Moises Enrique Daza Mendoza, de Somos Progreso, por su parte, obtuvo 10.797 votos. En total, votaron 25.437 personas, un 70,16 % del censo electoral.
La campaña de ‘Cubita’ esperaba lograr unos 15.000 votos. Era el favorito de Álvaro Díaz, tanto que en la celebración se vieron a varios funcionarios de la Alcaldía, como el jefe de prensa y del sector Deporte.
José Alejandro Mendoza, de 43 años, celebró la victoria de ‘Cubita’: “Habrá mejores oportunidades de trabajo, de estudio, las vías terciarias y me gusta su plan de Gobierno”.
Raúl Guerra, de 39 años, dijo que es “algo muy bueno” para el pueblo. “Es una persona con muy buenas cualidades. Es serio, responsable y profesional. Es un buen progreso para San Juan”.
Durante la jornada electoral se denunciaron casos de compra de votos por parte de ambas campañas, y se evidenció que los votantes fueron movilizados en mototaxis y buses.
La campaña de ‘Cubita’ estuvo marcada por enfrentamientos entre seguidores y rumores de presiones indebidas. Consonante recibió denuncias de trabajadores del Hospital San Rafael quienes fueron presionados para apoyar su campaña. Urbina sostuvo que estas denuncias eran falsas.
Es abogado especialista en derecho administrativo. Fue concejal de San Juan de 2012 a 2014. Un año después aspiró a la Alcaldía con el aval del Centro Democrático y el Partido Liberal, pero se quemó con más de 8 mil votos. Cuatro años después volvió a aspirar con el apoyo del partido cristiano Colombia Justa Libres pero quedó de segundo con casi 6 mil votos. En 2020 fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Va en fórmula con el candidato a la Gobernación Jairo Aguilar, primo del senador Alfredo Deluque de La U.
La Alcaldía de Fonseca decretó toque de queda y extendió la ley seca en el municipio hasta las 9 de la mañana del 30 de octubre. La administración tomó la decisión luego de los disturbios que se vivieron en el colegio Calixto Maestre, uno de los puntos de votación más concurridos de la zona urbana, y en la Institución Educativa Agropecuaria de Conejo, uno de los más representativos de la zona rural.
Con estas medidas, queda restringida la circulación de las personas por las vías y los lugares públicos así como el consumo de bebidas alcohólicas.
¿Qué pasó?
Alrededor de las tres de la tarde, un grupo de ciudadanos, al parecer seguidores de la campaña de Benedicto González y Micher Pérez, irrumpieron en ambos puntos de votación y destruyeron el material electoral. En el piso quedaron los tarjetones marcados, los cubículos, las sillas y las mesas de votación. Las alteraciones en el orden público se presentaron luego de que denunciaran la compra de votos a favor de Enrique Luis Fonseca, el candidato que cuenta con el apoyo de la administración municipal.
“Las elecciones estaban desarrollándose con total normalidad. A las 3:15 p.m. comenzaron los disturbios, las personas trataron de ingresar a los salones forcejeando las puertas y golpeando a las personas que estaban de jurados de votación”, contó un testigo que pidió reservar su nombre. “Es muy alarmante y preocupante porque nunca se había presentado esto en el municipio“, agregó el ciudadano.
"Las personas trataron de ingresar a los salones forcejeando las puertas, golpeando a las personas que estaban de jurados de votación".
Habitante de Fonseca
¿Qué pasará con los votos destruidos?
Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que la decisión de suspender y reprogramar las elecciones parciales depende de la gobernadora Diala Wilches. “La gobernadora puede convocar a unas elecciones parciales en los puestos de votación afectados teniendo en cuenta la información sobre el nivel de perturbación de la Registraduría”, explicó Novoa.
Sin embargo, a la hora de esta publicación, la Gobernación no se ha pronunciado. Juan Jaime Peralta, personero de Fonseca, le confirmó a Consonante que tampoco han conocido ningún pronunciamiento de la Registraduría.
Alcalde responsabiliza a desmovilizados de las Farc
En declaraciones dadas a El Tiempo, el alcalde de Fonseca Hamilton García responsabilizó a los firmantes de paz de destruir los tarjetones y demás material electoral.
“Los desmovilizados de las FARC fueron los autores de todo lo que aconteció, fueron ellos los que incitaron al grupo de personas que tenían, e incluso retuvieron un bus”, denunció el mandatario.
Sin embargo, de acuerdo a las fuentes consultadas, el reporte de los periodistas de Consonante y los videos que registraron los disturbios, quienes participaron de los actos violentos eran personas no excombatientes.
Entre $100.000 y $200.000 por el voto en Fonseca
De acuerdo con varias fuentes, los actos violentos comenzaron en el colegio Calixto Maestre luego de que varias personas denunciaran irregularidades y fraude en las elecciones. En un video, varios ciudadanos enfurecidos muestran los tarjetones en blanco que, según ellos, eran marcados a favor de Enrique Luis Fonseca. También denunciaron compra de votos y suplantación de identidad.
Consonante hizo presencia en ambos puntos de votación y pudo constatar las irregularidades que reportaron varias personas y que desencadenaron los disturbios. En varios puntos estratégicos de Fonseca, como en la cancha de El Carmen, los compradores de votos ofrecían entre 150.000 y 200.000 por votar a favor de Kike Fonseca.
Mientras tanto, en el corregimiento Conejo, a 30 metros del punto de votación de la Institución Educativa Agropecuaria, instalaron una carpa blanca en la que se ofrecía a las personas $100.000 y un plato de pollo con yuca a cambio de votar por el candidato que apoya la administración municipal.
Para recibir el dinero y la comida, las personas escuchaban las indicaciones de cómo votar y, luego del sufragio, regresaban para mostrar el certificado de votación. En la carpa daban el refrigerio, pero el dinero lo entregaban en una casa al otro lado de la carretera.
“Cuando salí de votar vi cómo le pasaron dinero a una muchacha. Yo alcancé a ver un billete de cien mil pesos y antes ya le habían dado desayuno.”, contó Miguel Muñóz, habitante de la Sierra.
Presencia del ESMAD para evitar nuevos disturbios
Luego de los actos violentos que se vivieron en el colegio Calixto Maestre y en la Institución Educativa Agropecuaria de Conejo, miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) hicieron presencia en el colegio Juan Jacobo Aragón para evitar que se presentaran nuevas alteraciones del orden público.
“En el pueblo hay grupos que están muy descontentos por la falta de garantías en las elecciones. Eso es lo que hemos visto todo el día”, contó un ciudadano a Consonante.
En la Institución Educativa María Auxiliadora, se han registrado denuncias sobre jurados y testigos electorales guiando a votantes para votar a favor de Moisés Daza. En este puesto de votación, el segundo más grande del casco urbano, hay 6.189 personas registradas para votar.
“El jurado de votación está metido donde está la gente marcando al candidato. Él está chuleando a otro. Ese jurado favorece a los verdes, a Moisés Daza”, le dijo Yolima Fragozo a Consonante. “Voté en la mesa 12 y había un hombre mirando por quién votaba”, indicó otra mujer, de 60 años, quien pidió no revelar su nombre.
La Policía, la Personería y la Secretaria de Gobierno reaccionaron y trasladaron la mesa de votación. Este hecho es grave porque los jurados de votación son la máxima autoridad en las mesas y deben garantizar la transparencia del ejercicio electoral.
Aunque se cambió el puesto de votación, el equipo de jurados de votación se mantuvo.
Bloqueos para votar en los corregimientos
En la carretera que conduce hacía Zambrano, Corral de Piedras y Guayacanal fueron instaladas tachuelas para pinchar las llantas de los vehículos.
Un habitante de Corral de Piedras aseguró que esta sería una estrategia para evitar que las personas del casco urbano se movilizaran hasta la zona rural para votar. Según el hombre, al menos 3 carros y 2 motos resultaron afectados por las tachuelas. “Nos dicen que desde las 5 de la madrugada dejaron estas tachuelas. Creemos que buscan interrumpir las votaciones, porque eso es algo que nunca había pasado”, dijo. El joven transportaba a otras 4 personas desde San Juan del Cesar.
El paso por la carretera se vio afectado durante 2 horas. En estos corregimientos, el censo electoral es de 1.457 personas.
Además, votos a cambio de $100.000
Las campañas de Enrique Urbina y Moisás Daza, según algunos entrevistados, están ofreciendo $100.000 por la plancha completa. También han entregado almuerzos y desayunos. Varios mototaxistas aseguran que les dieron $80.000 para pagar su gasolina y transportar votantes.
Las juventudes han crecido escuchando que son el futuro, como si no fueran también el presente y pudieran cambiar el rumbo de algo. En Fonseca, los jóvenes representan el 19.9 por ciento del total de la población del municipio, según las proyecciones del Dane, por lo que sus votos podrían marcar la diferencia este domingo.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad del Rosario, el 69 por ciento de los jóvenes en Colombia votaría este 29 de octubre, aunque solo el 4 por ciento tiene claro su candidato. Ese panorama refuerza el poder de las juventudes, pero también lo susceptible que pueden verse ante los ojos de los compradores de votos.
“Por lo general nos ofrecen ayudas y empleos, porque eso también es una forma de comprar el voto. A mí me han ofrecido dinero en efectivo, me han dicho que me van a dar compras, me han dicho mira aquí hay 40.000 pesos. Creo que a todos los guajiros nos ha tocado eso. Es muy raro que alguien no haya recibido alguna oferta en algún momento de su vida”, cuenta Early Díaz Buelvas, un diseñador gráfico de 31 años y habitante de El Hatico.
“Pero he decidido no hacerlo”, agrega Díaz, “porque no creo que sea beneficioso para el bien del pueblo”. Para este joven, que un candidato político pague a sus votantes es la puerta de entrada a un “mal gobierno” porque “para comprar el voto hay que hacer una inversión muy grande que luego querrá recuperar de alguna manera”.
Para Genoveva García, una tecnóloga en gestión empresarial de 30 años, vender el voto es una práctica ilegal que, lamentablemente, “se ha vuelto común en estos tiempos políticos”.
“La venta del voto no está bien porque es vender la conciencia”, comenta Lorenzo García, un comerciante de 26 años habitante del barrio 12 de octubre. “Está mal porque cuando una persona vende el voto renuncia a la libertad de pedir y exigir un cambio para el pueblo”, agrega Jair Moreno, de 20 años. Sin embargo, coinciden, a muchos jóvenes les cuesta rechazar las ofertas de las campañas políticas que quieren asegurar su voto a cambio de dinero o favores, debido a las difíciles condiciones de vida y la escasez de oportunidades de empleo.
“La mayoría de los jóvenes viven del día a día. Algunos no están estudiando y otros no pudieron terminar de estudiar, entonces por la falta de estos recursos los jóvenes venden su voto, su conciencia y la oportunidad de elegir a un mandatario”, dice Jose Martínez, un líder juvenil de 23 años, habitante de El Hatico.
"Algunos no están estudiando y otros no pudieron terminar de estudiar, entonces por la falta de estos recursos los jóvenes venden su voto, su conciencia y la oportunidad de elegir a un mandatario"
Jose Martínez, líder juvenil
“Vendimos el voto por la salud de mi hermana”
Una joven habitante del barrio Cristo Rey, quien pidió reservar su nombre, reconoció que ella y su familia comprometieron su voto a favor de Enrique Luis Fonseca, considerado en el municipio como el candidato de la administración.
“Kike nos ha ayudado en familia, así que digamos que nosotros vendimos el voto por una cirugía que necesitaba mi hermana. Él nos colaboró con eso y nosotros nos comprometimos a votar por él”, contó la joven.
Para esta fonsequera, “vender el voto es como venderse a uno mismo”, pero “algunos jóvenes lo hacemos por la necesidad del momento, sin ser conscientes de que si lo vendemos después no tenemos derecho de exigirle al político”.
Jóvenes sin trabajo ni estudios, presas de los compradores de voto
Según Early Díaz Buelvas, el perfil de un joven susceptible de vender su voto se define por su interés en recibir compensaciones y su percepción de la democracia.
“Es verdaderamente desmotivante el número de personas que cuando llega la época electoral piensan inmediatamente en preguntarle a las personas de las campañas cuánto me vas a tirar, en decirle ayúdame con esto, mira aquí tengo una lista, ¿cuánto vamos ahí?. Esas son prácticas que verdaderamente desmotivan el ejercicio democrático”, considera Díaz.
"Es verdaderamente desmotivante el número de personas que cuando llega la época electoral piensan inmediatamente en preguntarle a las personas de las campañas cuánto me vas a tirar, en decirle ayúdame con esto, mira aquí tengo una lista, ¿cuánto vamos ahí?"
Early Díaz, habitante de El Hatico
Para Jose Martínez, los jóvenes que suelen ser presa fácil para la compra de votos son aquellos que “tienen escasos recursos y están sin trabajo, entonces tienen más necesidades” Según este líder juvenil, a veces son jóvenes “que no tienen la visión de superarse ni de avanzar, entonces los dirigentes políticos se aprovechan de eso y acercan para poder comprarles el voto”.
De acuerdo con Genoveva García, se trata de “personas que no están interesadas en el bien común, que no le importan que Fonseca surja económicamente ni laboralmente”. “Creo que quien vende su voto es porque no le importa el bienestar de la sociedad y porque tiene una necesidad que satisfacer”, agrega Lorenzo García.
“No son tan conscientes de lo que le espera al pueblo, porque cuando uno elige por decisión propia debe ser porque conoce las propuestas del candidato, sus ayudas para la salud y el estudio. Cuando la gente no conoce eso, vende el voto”, comenta la joven que pidió reservar su nombre.
¿Qué le piden al próximo alcalde?
Early Díaz hace un llamado al futuro alcalde de Fonseca para que se enfoque en generar “más participación rural y más créditos para las personas que tienen tierras, porque aquí hay una necesidad ocasionada por el déficit habitacional”.
Además, considera urgente que la nueva administración aborde el problema de desnutrición en el resguardo Mayabangloma y mejoren la calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Fonseca. “El PAE aquí está bastante olvidado, piensan que solamente es para la Alta y media Guajira”, cuestiona.
Díaz también enfatiza la importancia de invertir más en el deporte para la juventud. “Desde que llegué a Fonseca no he visto ni una sola organización, ni un solo torneo deportivo. Por lo menos no en El Hatico ni en las áreas rurales, donde la gente no se siente integrada”, dice.
Jose Martínez, por su parte, hace un llamado al próximo alcalde para que “desarrolle estrategias para que los jóvenes sean impulsores de proyectos, generadores de empleo y de empresas”. “Quiero que se incluyan a los jóvenes en todo el gobierno. No solamente en algunas áreas, si no en todas las que están en desarrollo, construcción e implementación”, agrega.
Lorenzo García espera que el nuevo mandatario municipal se comprometa a mejorar los servicios de salud. “Para mí el bienestar común de las personas del municipio es lo más importante. La salud debe ser prioridad, porque el hospital que tenemos acá es de primer nivel y no tiene lo suficiente para atender a una persona”, considera García.
"Para mí el bienestar común de las personas del municipio es lo más importante. La salud debe ser prioridad, porque el hospital que tenemos acá es de primer nivel y no tiene lo suficiente para atender a una persona"
Lorenzo García, habitante de 12 de octubre
La misma petición la tiene Jair Moreno, quien considera prioritario “gestionar recursos para terminar el hospital y acondicionarlo mejor para que sea de tercer nivel”. “En muchos casos hay gente necesita cirugías y tienen que llevarlos al Valle o a San Juan del Cesar, y en ese recorrido se ha muerto mucha gente”, explica.
En Fonseca el mercado de la compra y venta de votos está abierto. Al igual que en las elecciones regionales anteriores, las negociaciones para asegurar votos a favor de los candidatos a las Alcaldía se han intensificado en los días cercanos al domingo de votación. Pero ahora el negocio es a otro costo: los votos se están comprando hasta por $250.000 mientras en años anteriores los montos negociados no superaban los $50.000.
El intercambio de votos por dinero en el municipio está lejos de reflejar la transparencia electoral que esperan las autoridades para esta jornada.
En los últimos días, el Gobierno Nacional ha intentado mostrar que han incrementado los controles para evitar la ocurrencia de delitos como la corrupción o el constreñimiento al sufragante o la trashumancia electoral. El presidente Gustavo Petro incluso anunció la entrega de recompensas a cambio de información veraz y eficaz sobre compra y venta de votos. “Se pagará entre un millón a cinco millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas”, señaló después el Presidente en la red social X.
“Yo mismo, entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta”, escribió Petro en la misma red social el 25 de octubre.
Un comprador de votos fonsequero de vieja data, sin embargo, explica que las autoridades son menos estrictas en el municipio. Esta persona —que ha trabajado con varias campañas durante la época electoral en los últimos años— asegura que el botín que está en juego justifica el riesgo.
*Consonante publica esta entrevista y se reserva la identidad de la fuente con el fin de visibilizar las dinámicas de un negocio vigente de cara a las elecciones de este domingo 29 de octubre. Consonante (C): ¿En cuanto se está comprando el voto?
Comprador: Esto ha cambiado hace 12 años. O sea, tres campañas atrás el voto se compraba entre $20.000 y $30.000. Luego pasó a costar $50.000, pero hoy se ha encarecido. Al menos acá en Fonseca está costando entre $100.000 y $250.000, dependiendo de cuántos votos sean y de quien lo esté vendiendo… No se negocia igual con todo el mundo.
Hay 31.000 ciudadanos aptos para sufragar en la zona urbana y rural de Fonseca
C: Las personas que venden el voto, ¿son siempre las mismas?
Comprador: Sí, ya uno las conoce. Este dato queda registrado y,, si se trata del candidato del alcalde de turno, este le pasa el dato a su pupilo para que los contacten con tiempo y se haga el compromiso. También hay familias que siempre se lo venden al mismo comprador sin importar de qué lado esté para evitar que la cosa se riegue.
C: ¿Cómo es el negocio?
Comprador: La persona tiene que ser de plena confianza del candidato para evitar que este hable y/o se vuele con la plata. Por esta razón, ya no se le entregan grandes sumas de dinero a los compradores como se hacía antes. Muchos engañaban a los candidatos quedándose con la plata o con gran parte de ella y no compraban los votos. Esa plata se perdía ganara o perdiera el candidato… Antes era más fácil la cosa.
Hoy la vaina es diferente y te puedes meter en problemas. Antes un solo comprador manejaba hasta $100 millones; hoy un solo candidato puede tener hasta 20 compradores con sumas menores de $20 millones cada uno para comprar votos. Así el riesgo es menor.
Además, hay dos modalidades: el voto individual tiene un precio y la plancha completa (que incluye Gobernación, Alcaldía, Asamblea y Concejo) tiene otro precio. La plancha completa puede costar hasta $400.000, dependiendo del marrano.
Hay dos modalidades: el voto individual tiene un precio y la plancha completa (que incluye Gobernación, Alcaldía, Asamblea y Concejo) tiene otro precio. La plancha completa puede costar hasta $400.000, dependiendo del marrano.
C: ¿Quiénes suelen vender más el voto?
Comprador: Definitivamente los jóvenes entre 18 a 25 años. Por ahí, en un 70%, y las personas de más edad como en un 30%. Los pelaos cojen la plata para beber y divertirse. Otra cosa, la gran mayoría (de las personas que venden el voto) son hombres. Las mujeres pocon, pocon. Las pocas mujeres que lo venden agarran la plata para gastos de ellas, personales.
C: ¿Cuántos votos alcanza a negociar cada comprador?
Comprador: Con lo que (los candidatos) te dan ahora pueden ser entre 180 y 200 votos, porque uno también tiene que ganar. Yo soy quien corre el mayor riesgo si me agarran. Uno a veces habla claro con el candidato y le dice de frente a cómo va uno a pagar los votos. El resto es para uno. Por ejemplo, si el voto vale $100.000 uno le dice al candidato que los va a pagar a entre $70.000 y $80.000. El resto es para uno. Ahora, hay personas y familias que dicen: si no me dan tanto, no voto. Esto contribuye a encarecer el voto.
C: ¿Por qué otras razones cree que ha incrementado el precio del voto?
Comprador: La gente no le cree al político. No hay empleo y hay hambre. Además, la gente dice que lo único que se come de ellos en cuatro años es esto y más na’.
C: Comprar y vender votos constituye un delito que puede acarrear de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes. ¿Conoce los riesgos que corre al conseguir votos?
Comprador: Sí, son bastantes. Me arriesgo a que me agarre la ley, a que me señalen y quedar al descubierto. Pero todavía no conozco a la primera persona que haya pagado cárcel acá en Fonseca. Muchas veces la ley es cómplice: te agarran, se negocia con el policía o con quien te agarre y te sueltan. Te retienen unas horas para hacer el parapeto y te dejan ir. Para ellos, ese proceso de las audiencias, las pruebas y todo ese cuento es engorroso y prefieren ganarse un a platica y dejar la cosa quieta.
C: Es decir, ¿sabe a que se expone?
Comprador: Sí claro. Ya leí todo lo nuevo que dice la ley, pero como te dije: todo tiene su riesgo. Uno sabe manejar el toro y ¿quien dijo miedo? Vamos pa’esa.
La primera vez que Janeidis Martínez cosió un uniforme fue en el monte, cuando pertenecía a la antigua guerrilla de las Farc. Durante más de cinco años se dedicó a confeccionar las prendas de guerra que vestían algunos de los insurgentes en la Serranía del Perijá, en los departamentos del Cesar y La Guajira. Hoy, siete años después de la firma de los acuerdos de paz, es una de las seis firmantes que lidera el taller de confecciones y la marca de ropa del ETCR Amaury Rodríguez.
El taller, ubicado en Pondores, abrió sus puertas en 2017 con el propósito de aprovechar los talentos y conocimientos de las firmantes de paz para emprender un proyecto productivo que ayudara a su reincorporación a la vida civil. Actualmente son ocho mujeres, seis excombatientes y dos de la comunidad, quienes trabajan diariamente confeccionando uniformes para las cocineras del Programa de alimentación escolar (PAE) en Fonseca, así como prendas de vestir para su propia marca Eliana Confecciones, una apuesta por tener diseños propios y rendir homenaje a la firmante María Rosalba García, una de las primeras militantes de las extintas Farc.
Con la marca Eliana, antes conocida como Farianas, las modistas del ETCR Amaury Rodríguez llegaron a Colombiamoda en Bogotá y a ExpoGuajira en Riohacha, dos de las plataformas de moda más reconocidas del país y de la región, donde presentaron sus diseños inspirados en la paz con justicia social.
“La fábrica ha cambiado mi vida y mi manera de vivir, porque ha mejorado mi situación económica, me ha dado la oportunidad de tener un empleo y he aprendido más de lo que sabía”, cuenta Madelene Molero, una joven venezolana de 22 años que se unió como modista al proyecto de las firmantes.
"La fábrica ha cambiado mi vida y mi manera de vivir, porque ha mejorado mi situación económica, me ha dado la oportunidad de tener un empleo y he aprendido más de lo que sabía".
Madelene Molero
Moda para la reincorporación y la paz
La apertura de la fábrica de confecciones se hizo realidad un año después de la firma de la paz gracias a la gestión de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia, Coompazcol, que pone a disposición sus instalaciones en Pondores y establece alianzas con organizaciones nacionales como el Sena y Corpoguajira, y con cooperantes internacionales como We Effect América Latina, el Programa Mundial de Alimentos de la Onu, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo OIT y Save The Children.
A través del Sena, las modistas obtienen cursos de formación sobre corte industrial de prendas, patronaje y escalado de ropa femenina, y mantenimiento de máquinas de coser industrial, entre otros. Y a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, obtienen las máquinas de confección industrial.
Gracias a esos recursos, la fábrica cuenta con 14 máquinas planas, dos fileteadoras, dos cortadoras industriales, una bordadora, estampadora, recubridora, botonadora, ojaladora, collarina y sublimadora. Con estas herramientas, las modistas de Eliana jugaron un rol clave en tiempos de pandemia al confeccionar más de 150 mil tapabocas, de los cuales 4.000 fueron donados a las comunidades. Actualmente el taller confecciona no solo uniformes para las empresas, sino ropa casual para quienes deseen comprar e incluso arreglar sus prendas de vestir.
“Con nuestro taller las mujeres encuentran una forma de sostenibilidad económica y también se ayuda a la cooperativa para que sus proyectos sean más sostenibles. Hemos podido hacer contratos con algunas empresas de la región y le hemos brindado servicio a la comunidad de arreglo de prendas de vestir”, destaca Esther Gutiérrez, coordinadora del proyecto.
Para Wilfran Martínez, director de Coompazcol, la fábrica es una gran oportunidad para “impulsar la participación de las mujeres, que puedan fortalecer sus capacidades y tener más participación en el desarrollo local”.
Además, es un lugar desde el cual las firmantes combaten los estigmas y prejuicios que se tienen sobre las mujeres farianas. "Solo por tener ese nombre la gente comentaba y en los comercios locales no teníamos espacios. Por esa razón y para ser más comerciales le cambiamos el nombre a Eliana Confecciones", cuenta Gutiérrez.
La búsqueda de sostenibilidad, mercado y talento humano
Al no contar con un plan de negocios, la fábrica no ha logrado generar nuevos empleos ni ingresos permanentes, situación que esperan superar en un corto o mediano plazo. “Es un taller de confecciones que en estos momentos no tiene una sostenibilidad económica. Solo trabajamos con los pocos recursos que tenemos y los pedidos mínimos que nos llegan”, dice Esther Gutiérrez.
Los gastos que tienen como empresa varían dependiendo de los materiales, el tipo de tela, y las cantidades que se necesitan. “Tenemos que comprar, por ejemplo, mil metros de tela que cuestan entre 8.000 y 9.000 pesos el metro y en eso se va 10 millones de pesos en promedio para hacer 300 uniformes”, cuenta Gutiérrez. Con esas inversiones en producción, las utilidades que les dejan los contratos son solo un 20 por ciento, dice.
Para Janeidis Martínez, modista de 38 años, lo más difícil de su trabajo es que tienen muy pocos clientes. “En estos momentos no tenemos un mercado (...) entonces no tenemos a quiénes ni dónde ofrecer nuestras prendas”, cuenta.
Esta falta de demanda afecta también el número de producción y de ganancias. “Por el momento no se puede hablar de salario, porque es una unidad productiva que ha tenido dificultades para generar ingresos y empleo a las personas que trabajan ahí, porque se paga dependiendo las prendas que se vendan”, explica Margarita Vásquez, modista y habitante del ETCR de 31 años.
“Entramos a un mundo donde la competencia es grande y nosotras no tenemos un mercado seguro para sacar producción, tampoco tenemos un salario estable. Eso hace que no se avance cómo que queremos”, agrega Vásquez.
A esos obstáculos, Madelene Molero agrega que “hace falta mano de obra, porque actualmente somos pocas las compañeras que estamos trabajando para todas las máquinas que hay”.
"Entramos a un mundo donde la competencia es grande y nosotras no tenemos un mercado seguro para sacar producción, tampoco tenemos un salario estable".
Madelene Molero
Por más reconocimiento y visibilidad
Janeidis Martínez es modista hace 10 años. Hoy dedica en promedio seis horas al día a confeccionar prendas de vestir. Sabe hacer camisetas tipo polo, cuello redondo, cuello tejido,camisetas en franela, chaleco tipo periodístico, pantalones con bolsillos en varios lados, sudaderas, uniformes de cocina, overoles entre otros.
Su sueño es que el taller “sea reconocido y tenga un mercado para ofrecer sus diseños a nivel nacional e internacional”. “Quiero que se genere empleo con esta unidad productiva para nosotras y para las mujeres de la comunidad”, dice.
Ella y sus compañeras tardan 15 días en confeccionar más de mil prendas, un trabajo que implica la colaboración constante entre las unas y las otras. Así ha sido para Margarita Vásquez, quien perteneció durante nueve años en la guerrilla de las antiguas Farc y ahora vive en el ETCR con su esposo e hijos.
“Con las ayudas de las demás compañeras que trabajan aquí pude aprender a coser. Ellas me dijeron: mira, esto es así, la medida es tanto por tanto, se hace así. A medida que una va practicando, pues vas aprendiendo”, cuenta.
En eso coincide Madelene Molero, quien antes se dedicaba a dibujar y pintar murales, pero hace dos años decidió apostarle al proyecto de las modistas de Eliana porque vio en él una oportunidad de empleo.
“Ahora lo que nos está impidiendo es que nos conozcan, o sea que seamos reconocidos como cualquier otra empresa con su propio mercado, que vende ropa. Lo que necesitamos es visibilidad”, dice Molero.
Las instituciones agropecuarias en La Guajira atraviesan por una situación compleja. Los cambios en las políticas gubernamentales, la falta de recursos, de proyectos productivos y el conflicto armado las han debilitado tanto financiera como educativamente. Esa realidad se evidencia en la Institución Agrícola de Fonseca, considerada el alma mater de la tecnología agropecuaria en el departamento.
El plantel cuenta con una sede principal de secundaria y cuatro sedes anexas de preescolar y primaria en Fonseca, que reúnen a 1.630 estudiantes, quienes pasaron de asistir en jornada doble jornada a única, una medida que tomaron las directivas teniendo en cuenta la deserción y la falta de transporte escolar.
De la institución, los estudiantes se gradúan con doble título: técnico agropecuario, que otorga el Sena, y bachiller agrícola, que lo concede el plantel. Aunque en los últimos dos años de estudio, en décimo y undécimo grado, los alumnos hacen prácticas agrícolas y pecuarias en El Hatico, algunos expertos y docentes señalan que la calidad educativa ha desmejorado notablemente.
En conversación con Consonante, Héctor Ardila, investigador experto en gerencia de instituciones agropecuarias, explicó los problemas técnicos, académicos y económicos que afronta la educación agropecuaria en La Guajira, en colegios de Urumita, Carraipa en Maicao, Insprossur en Villanueva, Anuario Manjarrez en la Jagua del Pilar y, especialmente, en Conejo y Fonseca. Para Ardila, estos centros han perdido el rumbo agropedagógico porque “no hay herramientas ni recursos propios suficientes”.
Consonante: ¿Cuál es el estado actual de las instituciones agropecuarias?
Héctor Ardila: Hay una desmejora en todos los ejes fundamentales de la educación agropecuaria, que pasan por aprender haciendo, aprender construyendo y aprender demostrando. Este problema se presenta en instituciones tanto del Cesar como de La Guajira. Los colegios están en condiciones de calidad muy bajas porque no hay herramientas ni recursos propios suficientes. Los programas técnicos y académicos están desarticulados y el personal administrativo y los aliados estratégicos también. No podemos estar fuera del Sena, de la Universidad de La Guajira, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, ni del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
C: ¿Cómo se pueden combatir estos problemas?
HA: Para que haya una verdadera transformación, es necesario vincular a todos los organismos clave, porque los convenios pueden salvar la educación. La educación no es solo nuestra, es de todo el mundo. En municipios como Fonseca, la Secretaría de Educación tiene un compromiso directo con la institución porque es su mano derecha. Sabemos que los profesionales agropecuarios son quienes desarrollan el talento agrícola de los jóvenes. Hoy se habla de seguridad alimentaria, pero no producimos absolutamente nada, y un terreno sin cultivar es un terreno sin productividad. Por eso es importante crear un laboratorio que nos muestre qué se va a hacer en materia de emprendimiento para comprender, poco a poco, qué cambios hay que hacer en las escuelas para llevar adelante estos proyectos. Tengo 52 años, no tuve la oportunidad de estudiar aquí, pero visitaba la institución con otros amigos y veíamos cómo los jóvenes se formaban.
"Hoy se habla de seguridad alimentaria, pero no producimos absolutamente nada, y un terreno sin cultivar es un terreno sin productividad".
Héctor Ardila, investigador y especialista en gerencia de instituciones agropecuarias
C: ¿Cómo era la formación de los jóvenes anteriormente?
HA: Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, adquirían una gran destreza en el manejo de cultivos y la castración de animales de especies menores, también trabajaban con especies mayores y todo era un total verdor. Hoy vemos que la educación agropecuaria está cada vez más desolada. Ahora encontramos salones y terrenos desiertos, eso no motiva a nadie.
C: ¿Qué cree usted que cambió?
HA: Cambió el modelo educativo y las reformas que se han aplicado, que en vez de construir y de reforzar, lo que han hecho es desmejorar la educación. Por ejemplo, si antes las materias técnicas ocupaban un 40 por ciento, ahora ocupan el 20 por ciento. El resto de materias son académicas, por eso el docente se ve forzado a hacer algunos trabajos de campo directamente con los proyectos pedagógicos productivos de la institución.
Creo que estamos a tiempo todavía, pero si no se le pone cuidado, si no dialogamos con los docentes, si quienes tenemos conocimiento de esto no llegamos a las comunidades de los colegios agropecuarios, la educación va a decaer más. Hay que motivar desde preescolar hasta undécimo grado, los colegios tienen que volver a tener sus instalaciones y deben ser capaces de generar recursos, si no les toca esperar solamente los recursos oficiales que se dan de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Si tenemos 800 estudiantes serían entre cincuenta y sesenta millones de pesos, que no alcanzan para impulsar un colegio de este perfil.
C: ¿Existe el riesgo de que las instituciones agrícolas pasen a ser académicas?
HA: Solo en décimo y undécimo grado se dan los contenidos sobre tecnología agropecuaria, antes de eso la educación es más básica. Eso ha hecho que la gente pierda la motivación. La perseverancia y la motivación son elementos muy importantes. Hay que seguir trabajando y reforzando lo que tenemos, debemos cuidar y amar la institución. Aquí no se trata de cuánto gano ni cuánto tengo, sino cómo trabajamos y cuánto ofrecemos, porque los responsables de la formación somos nosotros y los profesores.
Con el perfil de los profesores hay un problema, porque el Ministerio de Educación no permite que los técnicos concursen por los puestos, entonces quienes ganan son matemáticos. Algunos no tienen conocimiento sobre lo agropecuario porque es complicado, entonces se necesitan personas especializadas.
Otro problema que hay es que no se están nombrando auxiliares de campo. Hay que nombrar también a celadores capacitados porque no hay quien cuide. Los docentes y los alumnos lo cuidan en el día, pero en la noche quién atiende a los cerdos, a los bovinos, a los peces. Necesitamos que la secretaría mire esto a nivel departamental y municipal. Yo sigo insistiendo que Fonseca es el alma máter de la tecnología agropecuaria en La Guajira, pero se ha perdido el rumbo agropedagógico.
C: ¿Hay alguna institución que haya cambiado su perfil de técnica agrícola a otro?
HA: No hasta la fecha, pero sí se ve que se ha bajado la población estudiantil eso da un margen de que uno pueda sacar conclusiones de que esto va en descenso. Si un colegio tenía entre 1.000 y 1.500 estudiantes, ahora tiene 600.
C: ¿Cuál es el papel de las instituciones externas como aliadas?
HA: Esto depende del consejo directivo y del rector, con quienes se establecen los convenios. Por ejemplo, la IE Concentración de Desarrollo Rural en Manaure tiene un convenio con la Federación Nacional de Cacaoteros Fedecacao y Fedecafé, que hacen asesorías y revisan los cultivos de café. Entonces esas organizaciones tienen que girar recursos porque son los aliados estratégicos para que la educación no quede solamente en manos de los profesores y la institución. Ellos disponen de los científicos e investigadores y nos dan herramientas para lograr que el proceso de enseñanza, aprendizaje y agropedagogía sea el mejor del país.
C: ¿Quiénes deben asumir responsabilidades? ¿Usted cree que hay responsabilidad de la administración pública?
HA: Sí. Cuando pregunto si usted fuera a vender la institución, por cuánto la vendería, me responden que por unos mil millones. Si es así, se la compran mañana. Todo esto vale entre cincuenta mil y cien mil millones de pesos, incluso más, porque son 40 hectáreas.
Hay que trabajar y emprender con los jóvenes y desde ahí meterle el pecho, si no esto no va a funcionar. La idea es que la institución sea rentable y tenga unos activos propios. Que tengamos cerdos, bovinos, peces, conejos, lo que podamos tener de acuerdo a las condiciones climáticas y topográficas de la región. Si un colegio tiene recursos propios de cien millones de pesos, y le envían sesenta o setenta millones, con eso puede seguir creciendo. Pero si no tiene recursos propios, sino solo lo asignado por el estado, entonces cómo hace para impulsar los proyectos y vender. Se le acabarían las crías, las semillas y las reses.
A Aura Mosquera, enfermera y habitante del barrio San Pedro, se le inunda la casa cada vez que llueve. El agua le llega hasta los tobillos y moja su clóset, las dos camas y los demás enseres. Su situación no es la única, alrededor de 40 familias están enfrentando el mismo problema debido a la falta de un sistema de recolección de aguas pluviales funcional y las obras de pavimentación, que bloquean el paso del agua y causan estancamientos.
Las obras de pavimentación, a cargo de la empresa Cobertura Global y representadas por el ingeniero Próspero Río, comenzaron el 5 de junio, hace cinco meses. Aunque el objetivo es mejorar las condiciones de vida de más de tres mil personas en el barrio, en el transcurso de los trabajos se han presentado inundaciones que, según los habitantes, no se veían antes.
Las obras, de acuerdo con el ingeniero residente Estel Alfonso Murillo, avanzan en un 91,7 por ciento. La comunidad dice que nota los avances de la pavimentación, pero hace un llamado urgente para encontrar una pronta solución a las inundaciones que afectan tanto sus casas como las calles del barrio.
¿Qué dice la gente?
Para Cruz Yalida Andrade, docente y habitante del sector La Casona desde hace más de 20 años, el problema empezó con la pavimentación. “Con las obras nos dañaron la bajada al río. El caudal de agua es muy fuerte y está socavando la tierra”, explica.
Andrade reclama que ninguna autoridad ha dado respuesta ante la emergencia. “Traté de hablar con el ingeniero residente y es muy grosero. Me dijo que eso no estaba en el contrato y que la Alcaldía es quien debe resolver el problema. Acudí a la veeduría y al personero por vía telefónica y hasta ahora no me han visitado. No tenemos una respuesta clara del contratista ni de las autoridades”, puntualiza.
Debido a las inundaciones, Aura Mosquera, habitante del barrio, contó que se vio obligada a construir un muro de contención en el andén para reducir la entrada del agua, pero “esta no la ataja toda debido a que se filtra por las paredes”. “Como pueden observar en los videos se me mojaron las dos camas y el clóset, que con la humedad de las inundaciones se dañan”, dice.
María Eliza Murillo Copete, madre comunitaria y habitante del sector La Casona, señala que las emergencias ocurren porque el pavimento no permite el paso del agua, ya que carece de un sistema de drenaje. “El agua no tiene salida porque el pavimento la encharca y toda el agua se mete en los andenes”, explica Murillo, para quien esta situación es muy grave porque en su casa funciona un hogar infantil del ICBF.
“La trabajadora social me dijo que va mandar a hacer un muro para que nos sirva de puente y así los niños no se mojen cuando llueve. Yo necesito que me resuelvan el problema ya que el muro es provisional. Mientras tanto las paredes presentan humedad y se está creando una proliferación de zancudos”, advierte.
"Les pedimos que si no nos van a pavimentar al menos no nos dejen el problema de aguas encharcadas en estas 40 viviendas y que resuelvan los problemas que ellos mismos crearon".
Nelson Mosquera, habitante de San Pedro
Nelson Mosquera, mototaxista y padre de familia, cuenta que las inundaciones más graves se presentan en la calle octava y en la décima del barrio San Pedro. “Les pedimos que si no nos van a pavimentar al menos no nos dejen el problema de aguas encharcadas en estas 40 viviendas y que resuelvan los problemas que ellos mismos crearon”, dice.
¿Qué dicen las autoridades?
Deiner Adolfo Mosquera, secretario de Planeación de Tadó, señala que tiene conocimiento de las quejas presentadas por la comunidad y que desde la Alcaldía están buscando soluciones. “Nos toca a la Alcaldía resolver y hacer las obras de arte que hacen falta. Estamos tratando de avanzar en lo que se pueda, si no le toca a la próxima administración”, asegura Mosquera.
Para subsanar los taponamientos de agua, Emanuel Murillo, gerente de la empresa de servicios públicos Aguas de Tadó, cuenta que están realizando jornadas de limpieza en los canales de agua lluvia. Sin embargo, aclara que las obras son tarea de la Alcaldía. “Nosotros hacemos los trabajos de limpieza y aseo, ya le compete a la Alcaldía la construcción del drenaje de aguas lluvias”, explica.
Lenis Maturana, trabajadora social del proyecto, indica que están abiertos a escuchar las propuestas de la comunidad para subsanar las afectaciones y que, de momento, están priorizando la atención a las familias del sector Bajo Mundo. “No hemos atendido de inmediato las afectaciones porque debemos priorizarlas”, dice.
Las quejas y sugerencias de la comunidad son atendidas, según Maturana, a través del punto de atención al ciudadano, ubicado en el sector La Bodega, y en la línea telefónica 3142348806. “Nosotros estamos pendientes en atender todas las quejas y reclamos de la comunidad. Queremos hacer las cosas bien e irnos con el nombre en alto”, dice Maturana.
Un trabajador de las obras de pavimentación, quien pide no revelar su identidad, reconoce que el proyecto no tiene contemplado construir un sistema de alcantarillado. “Las comunidades de las calles octava y décima venían con problemas de inundaciones hace mucho tiempo, sin embargo hoy con las obras se evidencia que estos sectores necesitan mantenimientos a los box culvert, ya que nunca lo han hecho”, cuenta.
Lo que sigue
Durante la auditoría que se desarrolló el 4 de octubre, en la que participaron más de 30 personas afectadas, el alcalde Cristian Copete, un representante de la secretaría de Planeación, del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y de la veeduría del proyecto, se acordó que este 6 de octubre se realizará una visita de campo para revisar las afectaciones. Además, se planteó la necesidad de realizar una reunión entre funcionarios del DPS con la Alcaldía de Tadó para buscar una solución a las inundaciones por causa de las obras de pavimentación en el barrio San Pedro.
El sábado 22 de julio Efraín Sánchez Mosquera, de 20 años, conducía una motocicleta Nmax en la vía que va de Tadó hacia el municipio de Unión Panamericana, cuando perdió el equilibrio de la motocicleta. El joven fue llevado al hospital San José de Tadó, pero por la gravedad de las heridas en la cabeza y las fracturas que presentaba en los brazos, el hombre debía ser remitido al hospital San Francisco de Asís, en Quibdó.
Sin embargo, en ese momento la única ambulancia con la que contaba el hospital estaba en Quibdó. Eran las 8 de la noche y la ambulancia, que pertenecía al Ejército Nacional y estaba en préstamo al hospital, había sido utilizada para transportar a otro paciente. Las dos ambulancias asignadas al hospital San José de Tadó, mientras tanto, estaban dañadas por falta de mantenimiento.
A través del apoyo de la familia Quintero, los familiares de Efraín Sánchez lograron ubicar otra ambulancia para transportarlo hasta Quibdó. La familia tuvo que cubrir los 250 mil pesos que costó el combustible hasta la capital del departamento. Efraín Sánchez tuvo que ser remitido a Medellín y finalmente falleció el domingo a causa de la gravedad de las heridas. Su familia también había logrado recaudar 8 millones de pesos para pagar el transporte de una ambulancia aérea hasta esa ciudad.
La falta de ambulancias
La falta de ambulancias en Tadó es un tema conocido para la administración municipal, la gerencia del Hospital y las autoridades locales. Ante una emergencia como la ocurrida con Efráin Sánchez, los pacientes debían esperar a que los funcionarios del hospital gestionaran el préstamo de un vehículo por parte de algún otro centro de un municipio cercano, o que estuviera disponible la ambulancia del Ejército.
“En caso de emergencia tenemos un convenio con el Ejército Nacional que nos ayuda a atender la situación, con los municipios vecinos es complejo debido a que no hay convenios y toca pagarles cuando requerimos el servicio de una ambulancia”, explica Ever Casas, gerente del Hospital San José de Tadó.
De acuerdo con Casas, esta semana se repararon los dos vehículos que estaban averiados desde hacía más de un año. Sin embargo, para Casas, el centro de salud sigue teniendo una carencia asistencial y necesitaría una más. Es decir, dos ambulancias para la zona urbana y una para la zona rural.
Aunque en el país no hay una regulación sobre cuántas ambulancias debe tener cada municipio, la Organización Mundial para la Salud (OMS) recomienda tener una ambulancia por cada 25 mil habitantes. Y en Tadó, según el último censo del Dane en 2021, hay 18.058 habitantes. Es decir, el municipio solo necesitaría una ambulancia.
Sin embargo, para Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, para determinar el número de ambulancias que un municipio necesita es prioritario revisar cuáles son los servicios habilitados en el hospital local y qué tantos traslados se deben hacer hacia centros médicos en otros municipios. En otras palabras, el factor determinante no es el número de habitantes, sino la necesidad de la población. En este sentido, los traslados a otros centros médicos por parte del hospital de Tadó son recurrentes al ser este un hospital de primer nivel.
“En zonas de conflicto y en un departamento de difícil acceso y con tantas limitaciones como El Chocó se debe multiplicar por cuatro el número de ambulancias. En este caso es imposible que puedan suplir todas las necesidades y emergencias médicas con una. Estas ambulancias deben estar disponibles y contar con todos los instrumentos médicos ante casos graves", puntualiza.
Las quejas de la gente
Jacinto Osías Copete, habitante de Tadó, cuenta que en noviembre del año pasado tuvo que esperar cinco horas a que una ambulancia llegara para poder transportarse a Quibdó para ser operado. “Siempre nos decían que las ambulancias estaban en reparación y nuestra petición como comunidad era que debían gestionar desde la Alcaldía para conseguir ambulancias nuevas y que los pacientes no corran riesgos de quedar en el camino varados”.
Osías Copete recalca que es importante que el hospital tenga ambulancias propias para poder garantizar los derechos de los pacientes. “No es posible que tengan que esperar a que otro municipio la preste o la alquile. Si están ocupadas, el paciente se muere porque no lo trasladan a un centro médico de nivel donde le presten atención”.
Otra habitante, quien prefiere no revelar su nombre, cuestiona que sean las familias quienes tengan que entrar a resolver el transporte cuando ocurre una emergencia médica. “Lo que pasó el 22 de julio con el joven Efraín Sánchez no puede volver a suceder, una mujer tuvo que tocar puertas para conseguir una ambulancia prestada porque al hospital no le prestan ni le alquilan”.
“Uno como madre de familia se siente débil cuando busca el servicio de salud y no lo brindan o faltan los elementos para atender al paciente. Es vergonzoso que el hospital el día 22 de julio no tenía ni para tanquear la ambulancia que se consiguió por la familia Quintero. Ellos pagaron 250 mil pesos por el combustible de la ambulancia”, agrega.
La crisis hospitalaria
El hospital San José de Tadó estuvo dos meses sellado a comienzos de este año por parte de la Supersalud ante la evidentes fallas y mal manejo en las áreas de urgencias, hospitalización, farmacia y rayos x. Aunque fue reabierto el 10 de febrero, aún siguen las críticas por el servicio. Además, a la fecha, la gerencia del hospital no ha entregado el balance sobre el estado financiero del centro de salud.
Yirson Marino Ledezma Martínez, personero municipal de Tadó, señala que “se están muriendo los pacientes en los centros hospitalarios por falta de insumos y esperando remisiones”. “He hecho requerimientos y denuncias a diferentes entidades, necesitamos esfuerzos directos del alcalde y del gerente donde trabajen por la salud de nuestro municipio”, agrega.
El personero comenta que en lo que va del año la prestación del servicio de transporte a otros centros médicos de mayor nivel dependía, en últimas, de “las buenas relaciones que tenía el gerente con los demás funcionarios de los municipios para que le prestaran las ambulancias y no parar el servicio”.
“El alcalde es el responsable de la salud del municipio, nosotros hacemos los requerimientos a la Alcaldía porque se necesita una ambulancia nueva. Hoy puedo decir que lo planteado por el señor alcalde en su plan de desarrollo no se materializó”, puntualiza. El alcalde Cristian Copete prometió la adquisición de una ambulancia para el Hospital San José de la cual no se conoce ninguna gestión.
La respuesta de la Alcaldía
El alcalde Cristian Copete contempló gestionar una nueva ambulancia para el municipio en el plan de gobierno. A menos de 7 meses de su salida del cargo, esta promesa no es una realidad.
Michel Córdoba, coordinador de Salud municipal, asegura que la Alcaldía está a la espera de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud para la compra de la ambulancia nueva. “Frente al compromiso del alcalde en comprar ambulancia para el hospital ya el proyecto está en espera de asignación de recursos”, dice.
Córdoba reconoce que no se gestionó a tiempo el arreglo de las ambulancias: “El hospital de Tadó viene con un problema histórico de ambulancias y no hay un programa para el mantenimiento de los automotores. Las ambulancias se dañaron porque no se les hacía el mantenimiento requerido y se deterioraron”.
Lo que sigue
Según Michel Córdoba, coordinador de salud municipal, la Alcaldía está a la espera de la asignación de recursos para la compra de una nueva ambulancia para el municipio. Además, el gerente del hospital de Tadó se encuentra en Bogotá para adelantar reuniones con el Ministerio de Salud sobre lo que se necesita en el centro de salud.
Luego de que esta semana la empresa de energía Air-e informara que reportará ante las centrales de riesgo a los clientes que estén en mora, varios usuarios han reclamado que la medida les parece injusta porque llevan varios meses sin recibir respuesta de sus reclamaciones anteriores.
La empresa informó en un comunicado que aquellos clientes a quienes les llegue la factura roja o estén en mora con el pago del servicio con la compañía “son sujetos al reporte a las centrales de riesgo, lo cual les afecta su historial crediticio”.
Según Fermín De la Hoz Torrente, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, en la Ley de servicios públicos domiciliarios y el Contrato con Condiciones Uniformes se establece que el pago del servicio de energía es la principal obligación del usuario, de tal manera que si no lo hace o incurre en mora estaría incumpliendo de manera grave el contrato y su obligación legal, lo que da lugar a suspensión del servicio y a la terminación del contrato. La empresa agrega que se solicitará ante un juzgado el embargo y secuestro de sus bienes.
Sin embargo, abogados consultados por Consonante consideran que puede haber una arbitrariedad por parte de la empresa de energía y que debe primar el manejo de la información habeas data, como derecho fundamental.
Uno de ellos es Javier de la Hoz, abogado de la Universidad del Sinú y especialista en derecho contencioso administrativo, quien afirma que mientras no se resuelvan de fondo las reclamaciones que tienen los usuarios por los pagos de sus facturas no se puede hacer el reporte ante las centrales de riesgo. “Si existen reclamaciones sin resolver en contra de facturas de energía no se pueden hacer reportes a centrales de riesgo, de lo contrario se estaría violando el debido proceso administrativo y el habeas data protegido por la jurisprudencia constitucional”. Se refiere a la sentencia C-150 de 2003 de la Corte Constitucional sobre la suspensión de los servicios públicos, donde el alto tribunal afirma que debe respetarse “(el) derecho al debido proceso de los usuarios de buena fe, específicamente los derechos de defensa y contradicción”.
"Si existen reclamaciones sin resolver en contra de facturas de energía no se pueden hacer reportes a centrales de riesgo, de lo contrario se estaría violando el debido proceso administrativo y el habeas data protegido por la jurisprudencia constitucional"
Javier de la Hoz
De la Hoz sostiene que el reporte ante las centrales de riesgo como consecuencia de la mora en los servicios públicos no está prohibido, pero que existen varias consideraciones: “Se necesita consentimiento expreso y previo de parte del usuario. Esta autorización tiene la singularidad de que no puede imponerse como una condición para acceder al servicio público, es decir, el usuario se puede negar a dar la autorización sin que la empresa se pueda negar a prestar el servicio”, agrega.
¿Qué dice la gente?
Alexander Rincón, empleado de Cerrejón y líder cívico de Fonseca, cuenta que tiene una deuda por 7.000.000 de pesos. “La situación con Aire-e es desesperante, adquirí mi casa a través de un crédito hipotecario el día 15 de mayo del año pasado, cumplí un año de haber recibido mi vivienda y ya me aparecen vencidas a la fecha 14 facturas y yo no tengo 14 meses de estar en la casa. Cuando vino un operador de Air-e constató que la vivienda estaba vacía y por lo tanto el consumo debería ser mínimo”.
Rincón asegura que la medida de Air-e es “desmedida y preocupante” porque no le han dado respuesta a sus peticiones. "En agosto me llega la factura de energía estimada por 2.394.000 pesos y con unas deudas anteriores cuando antes de ser construida no había nada sino el lote. En estos momentos la deuda está en 7.000.000 de pesos. Tengo el caso en manos de un abogado y he agotado todos los medios ante la Personería, Procuraduría y sigo peleando por mis derechos”, agrega.
"En agosto me llega la factura de energía estimada por 2.394.000 pesos y con unas deudas anteriores cuando antes de ser construida no había nada sino el lote. En estos momentos la deuda está en 7.000.000 de pesos"
Alexander Rincón
Carlos Ángulo, es comerciante y también enfrenta una deuda por siete millones de pesos: “Nos hicieron una revisión y, según ellos, encontraron un fraude que jamás me dejaron claro. La siguiente factura nos llegó por 7 millones de pesos cuando el promedio era de 700.000 pesos mensuales. A pesar de que tengo un proceso jurídico con ellos, constantemente me están enviando mensajes de suspensión del servicio. Este reporte lo hacen para presionarme y para que acepte un acuerdo de pago, lo cual no puedo hacer porque este cobro es ilegal”.
Cesar Carvajal, comerciante por más de 30 años en Fonseca, también cuestiona la medida de la empresa de aire. “Son unas pirañas, uno se cohíbe de comerse hasta un confite porque te puede hacer falta para pagar la factura. Yo no tengo deudas, pero cada vez se me hace más difícil poder pagarles porque cada mes aumenta el recibo".
Por su parte, el personero municipal de Fonseca, Juan Jaime Peralta, manifiesta que esta medida de Air-e no es nueva y que se viene implementando en otras ciudades. "Buscan que aquellas personas que tienen deudas altas y cobros prejurídicos paguen y se eviten este proceso", dice.
"Las personas pueden iniciar su defensa con un derecho de petición, interposición de recursos ante la misma empresa y en subsidio de apelación que va ante la Superintendencia. Es una manera de la empresa Air-e de presionar pero yo pienso que no era el momento ya que no es que la gente no quiera pagar sino que hay muchas quejas que no han atendido", agrega.
¿Qué dice la Ley?
Según la Ley de servicios públicos domiciliarios y el Contrato con Condiciones Uniformes, el suscriptor o usuario puede presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos ante un cobro que considere injustificado.
“Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una “Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos”, la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha empresa. Estas oficinas llevarán una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron”, agrega.
Y sostiene que ninguna empresa de servicios públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con la misma.
Lo que sigue
Los usuarios que busquen presentar algún recurso por el servicio de energía pueden acercarse a las personerías municipales para recibir asesorías.
vimentación de la calles en el barrio San Pedro, en Tadó, se reanudó desde hace un mes luego de que la comunidad interpusiera varias quejas sobre el uso de materiales y la falta de señalización, y pidieran una revisión del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
El DPS estuvo en el barrio y, según el alcalde Cristián Copete, se logró el aval por lo que se reanudaron las obras. Y aunque la comunidad reconoce el avance del proyecto, insiste en que a la fecha no han sido socializados los estudios ni diseños.
El proyecto de “Mejoramiento de la malla vial mediante pavimentación en concreto rígido en los barrios San Pedro y Reinaldo” contempla la intervención de 1.963 metros cuadrados divididos en 18 tramos. Para esta obra la Alcaldía destinó 5.600 millones de pesos.
¿Qué dice la gente?
La comunidad informa que en las calles del barrio San Pedro hay más máquinas trabajando. Sin embargo, aunque muchos pedían reforzar el material con el que se realizaba el pavimento, las obras continuaron sin hacer ningún cambio.
Aristarco Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro y miembro de la veeduría ciudadana, dice que aunque hay avances en el proyecto ellos siguen sin conocer los estudios y diseños. “Se está avanzando en el pavimento, el paro sirvió para mejorar aunque muchas personas de la comunidad decían que por nosotros el barrio se iba a quedar sin pavimentar. Sin embargo, nosotros no conocemos los estudios y diseños de este pavimento ni el contrato”, afirma.
“Hoy usted puede ver cómo se mejoró el tema de maquinarias y ya hay más obreros, esperamos que se pueda garantizar la durabilidad de los trabajos”, agrega.
“Se mejoró el tema de maquinarias y ya hay más obreros, esperamos que se pueda garantizar la durabilidad de los trabajos”
Aristarco Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Pedro
Parra puntualiza que espera que las obras se terminen este año y se resuelvan todas las quejas que tienen sobre el alcantarillado. “Se quedarán sin pavimentar el sector de Pantanito, la curva de Camposanto, y por el sector de Los Reyes, toca esperar que otro alcalde meta las manos ahí ya que están sin alcantarillas”, dice.
Otro habitante, quien pidió reservar su nombre, dijo que no se conocen los estudios del pavimento ni saben exactamente qué se va a hacer. “Solo sabemos que se va a pavimentar y esperamos que se resuelva el problema, estamos contentos esperando ver esto pavimentado y que se solucione el problema de las aguas lluvias y no se formen los charcos”.
Wilson Murillo, líder cívico, dijo a la emisora Soberana Stereo que seguirán al tanto de las obras. “Este pavimento debe tener una durabilidad de unos 20 o 30 años, esperamos que las acometidas de acueducto y alcantarillado las dejen resueltas en las viviendas y solares para no dañar el pavimento”, agrega.
Murillo, como los demás habitantes, considera que el paro sirvió para que llegaran más maquinarias y que la Alcaldía y los contratistas respondieran. “Las cosas no están como queríamos, pero se ha mejorado y la trabajadora social está dispuesta a escuchar las quejas que la comunidad tiene presente”, agrega.
¿Qué dicen las autoridades?
El alcalde Cristian Copete Mosquera indica que el acta de inicio de las obras entre el DPS y la interventoría se firmó el 5 de junio. ”Estamos muy contentos con este proyecto después de subsanar algunos inconvenientes que se nos habían presentado. Tenemos un buen contratista en el proyecto que tiene todas las técnicas, maquinarias y tecnología para terminar el proyecto en el menor tiempo posible”, dice.
Copete asegura que la obras terminarán a final de año: “Hicimos una mesa técnica con la interventoría y el contratista para nosotros poder entregar este proyecto antes del 31 de diciembre de 2023”. Y agrega que se están atendiendo las quejas por el servicio de alcantarillado.
“Hicimos una mesa técnica con la interventoría y el contratista para nosotros poder entregar este proyecto antes del 31 de diciembre de 2023”
Cristian Copete Mosquera, alcalde de Tadó
Y aunque la comunidad reclama que no han sido socializados los estudios y diseños, Copete afirma que todos los documentos están en el Secop.
Deiner Mosquera, Secretario de Planeación de Tadó, indica que las obras van en un 40 por ciento. “El pavimento está bien, la comunidad se encuentra satisfecha y los avances de las obras van en un 40 por ciento. Sabemos de todos los pormenores que hubo en el pasado y si no fuera por eso, la obra estaría en un 90 o 100 por ciento. Se ha mejorado la maquinaria y se aumentó el pie de trabajo”, agrega.
“El pavimento está bien, la comunidad se encuentra satisfecha y los avances de las obras van en un 40 por ciento”
Deiner Mosquera, Secretario de Planeación de Tadó
Lo que sigue
La veeduría pide ser invitada al comité de obras para poder tener claridad sobre los estudios y diseños del proyecto y que estos sean socializados ante la comunidad.
Por su parte, el alcalde Copete indica que esta semana el contratista presentará una primera acta sobre el avance del 40 por ciento de la ejecución del proyecto y que será entregada al Departamento de Prosperidad Social.
En las estaciones de servicio de Fonseca y San Juan del Cesar durante todo el año ha ido en aumento el precio de la gasolina subsidiada. Los precios han pasado de 9.500 a 11.500 pesos cuando era común que estuviera entre los 6.000 y 8.000 pesos, lo que genera preocupación en los diversos sectores y habitantes de estos municipios al sur de La Guajira por el aumento de los precios de los tiquetes y la poca rentabilidad para los transportadores y conductores.
Sin embargo, el principal reclamo de los transportadores y ciudadanos es que la gasolina subsidiada sólo se está ofreciendo durante las primeras semanas del mes en algunas estaciones de servicio, y que la medida de los galones, según cuentan, no es completa. Ante la falta de gasolina subsidiada deben comprar un galón de gasolina en 12.800 pesos, unos 1.300 pesos más.
¿Cómo se distribuye la gasolina subsidiada?
Para La Guajira se entregan 4.859.970 galones de gasolina subsidiada (excluida de IVA y exento de arancel e impuesto nacional). Siendo 200.566 galones para el municipio de Fonseca y 217.066 galones para San Juan del Cesar.
En el recorrido hecho por Consonante el 14 de junio se encontró que tanto en Fonseca y San Juan del Cesar el precio del combustible subsidiado (también llamado gasolina con cupo) estaba cambiando en las primeras semanas de junio y se ofrecía entre 10.500 y 11.000 pesos. Los distribuidores del insumo para ambos municipios son Cariwa y Ekia a excepción de P&B (Petróleos & Biocombustibles) que solo está en Fonseca. Para la primera semana de julio la gasolina subsidiada ha subido en 11.600 para San Juan y 11.500 para Fonseca.
En San Juan del Cesar operan 11 estaciones de servicio, distribuidas en todo el casco urbano, tanto en la parte centro, como en las vías principales: La Gran Vía y la conocida carretera negra. Y en las salidas del municipio hacia Valledupar y Villanueva.
Para el caso de Fonseca hay activas 11 estaciones de servicio ubicadas entre la calle 13, o Avenida Santander, y la diagonal 12. En la carrera 12 camino hacia Conejo, corregimiento de Fonseca, -entre al barrio Prudencio Padilla y la Urbanización Villa Hermosa- se encuentra la estación de combustible Maripaz, la única que está retirada de las otras estaciones.
No todas las estaciones tienen los mismos cupos de gasolina ni la capacidad de almacenamiento e infraestructura lo que determina que en algunas de las estaciones se agote antes o después el combustible, una de las principales quejas de la gente. “Hay estaciones más pequeñas, los tanques son más pequeños y tienen menos capacidad, o solo tienen dos tanques. Eso influye para determinar el cupo”, manifiesta Mila Pamela Hinojosa, administradora de la estación de servicio Los Jubales, en San Juan del César.
“Hay estaciones más pequeñas, los tanques son más pequeños y tienen menos capacidad, o solo tienen dos tanques. Eso influye para determinar el cupo”
Mila Pamela Hinojosa, administradora de la estación de servicio Los Jubales
La gasolina subsidiada se agota en las dos primeras semanas, en la mayoría de las estaciones, y se comienza a vender el combustible sin cupo o full. En el caso de Fonseca se dejó de ofrecer en todas las estaciones el 22 de junio y quienes necesitaban el insumo debían pagar 12.800 pesos. En San Juan del Cesar, por su parte, el servicio subsidiado estuvo hasta el 20 de junio.
Fallas en las estaciones de servicio
Una de las principales quejas de los ciudadanos en Fonseca y San Juan del Cesar es que la gasolina subsidiada se está vendiendo a precio de la gasolina corriente. "A mi me pasó con una prima que estábamos echando gasolina y fuimos a la bomba que está por el terminal y nos dijeron que se había acabado la subsidiada, y fuimos a otro lugar donde estaban vendiendo la corriente y cuando pasamos otra vez, ya estaban vendiendo gasolina barata", dice Yarlin Fragozo. Además, asegura que otra de las razones por la que la gasolina subsidiada no dura en las estaciones es porque estas han establecido contratos con particulares: "Ellos mantienen contratos con algunos carros que compran mensualmente el cupo, 300.000 mil pesos creo que pagan, entonces ellos dejan de vender al público porque ya tienen ese cupo apartado. Hay personas que tienen su carrito y compran su cupo mensual y es más barato".
"Ellos mantienen contratos con algunos carros que compran mensualmente el cupo, 300.000 mil pesos creo que pagan, entonces ellos dejan de vender al público porque ya tienen ese cupo apartado"
Yarlin Fragozo, habitante de San Juan del Cesar
Otra irregularidad es la variación de precios en las diferentes estaciones. Así lo afirma Joaquín Segundo, de 52 años y líder del corregimiento Totumo: "Acá cada gasolinera tiene un precio diferente, en una está a 10.000 pesos en otra a 9.000 pesos y cuando sube, sube a 15.000 pesos o a 14.000 pesos y no hay una estabilidad de precios".
Para quienes diariamente tanquean en estos dos municipios, la preocupación es que no existe en el departamento un control a la medida. "Es bastante preocupante la situación en el tema de las medidas. Hoy día echas un galón de gasolina aquí en La Guajira y no rinde en comparación con el departamento César. Ya hemos hecho el ejercicio de agarrar un galón y compararlo con uno de allá y efectivamente la cantidad varía”, afirma Jorge Peralta, quien lleva 13 años como transportador.
“Se necesita ver cómo se reparte la gasolina subsidiada, hasta qué punto lo venden, de qué forma llevan el control y para cuándo llega la gasolina con el precio pleno. No veo control de precios de la medida por ningún lado, hay bombas aquí que manejan diferentes precios hasta de 300 pesos, nuestra preocupación es que la gasolina que fue subsidiada se deje guardada para venderla más adelante con precios más elevados”, puntualiza.
“No veo control de precios de la medida por ningún lado, hay bombas aquí que manejan diferentes precios hasta de 300 pesos, nuestra preocupación es que la gasolina que fue subsidiada se deje guardada para venderla más adelante con precios más elevados”
Jorge Peralta
Otra de las quejas es que la E.D.S Sur Guajira, una de las estaciones más reconocidas y antiguas de Fonseca, fue sellada hace unos meses y dejó de vender gasolina a la población. "Esa bomba está abandonada, la dejaron ahí tirada afectando al pueblo. Esa bomba tenía un cupo grandísimo de 26 mil galones y luego decidieron arrendarla a una empresa y no nos está beneficiando del subsidio que el Gobierno dio”, afirmó una fuente del sector quien pidió reservar su nombre. En el recorrido se encontró que el sitio está acordonado por cintas amarillas, sin letreros de precios de combustibles y sin logística correspondiente de ventas.
"Esa bomba tenía un cupo grandísimo de 26 mil galones y luego decidieron arrendarla a una empresa y no nos está beneficiando del subsidio que el Gobierno dio”
Habitante de Fonseca
Los dueños de las estaciones pueden acceder al combustible a través de la página Sicom (Sistema de Información de Comercialización de Combustibles). A cada administrador le asignan un usuario y contraseña donde deben solicitar mensualmente la gasolina subsidiada, dependiendo los cupos. También pueden comprar gasolina a precio nacional siempre y cuando puedan demostrar que tienen capacidad de venta y almacenamiento, según confirma Ariel López Morón, presidente de la estación de servicios DIMIGUA. (Los datos por municipio y cupos entregados se pueden consultar en este enlace)
Además, desde la ley 2135 de 2021 se establece que el Ministerio de Minas y Energía tiene la función de distribuir los combustibles líquidos derivados del petróleo y de biocombustibles y sus mezclas, y establecer el régimen de precios.
Por su parte, las quejas por el control de las ventas y el cupo debe ser asumido por la Alcaldía de cada municipio y la Superintendencia de Industria y Comercio. El secretario de Gobierno de Fonseca, Eder Hugues Peñaranda, informa que hacen visitas de verificación de los precios, pero que todo parte del gobierno nacional. “El tema de la gasolina es un tema macroeconómico, esos precios son nacionales y que nosotros debemos entender. Si las estaciones de servicio superan esos precios hacemos el control. El control es permanente y hemos encontrado diferencias muy bajas y no son significativas”, dice.
Sin embargo, Hugues no confirma cada cuánto se hacen las visitas, los controles o la recepción de quejas. De la Alcaldía de San Juan del Cesar, por su parte, no entregaron información sobre las quejas ni el control que hacen a las estaciones.
Las afectaciones de la gente por la subida de la gasolina
El incremento que se está registrando cada mes en los precios de la gasolina en los municipios de San Juan y Fonseca ha generado un impacto significativo para el sector transporte y los ciudadanos tanto por el precio de los pasajes, el aumento de la canasta familiar y a su vez el costo de vida de los ciudadanos.
Este año el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado el aumento de precios para contrarrestar el déficit fiscal que registra el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Estos precios van frente a la gasolina corriente o full (sin subsidios) que oscilaba para junio a un precio máximo de 12.800 pesos.
En Fonseca, San Juan del César y la mayoría de los municipios del departamento usan el insumo tanto para transportarse a diario hacia otros municipios o departamentos, como para sus actividades económicas. Siendo la motocicleta el principal medio de transporte y de empleo para cientos de guajiros.
El sector transporte del departamento ha sido uno de los más golpeados. Los vehículos deben ser tanqueados diariamente y, a raíz del aumento que se viene dando, los conductores que hacen parte del gremio han subido los precios de los pasajes justificando que ya no les está alcanzando lo que normalmente hacían en sus viajes.
Fidel Pitre, líder de los transportadores del sur de La Guajira, asegura que los precios de las diferentes rutas del departamento han tenido un cambio. "El pasaje de Fonseca a Riohacha estaba por 23.000 y ahora quedó en 30.000, el pasaje de Maicao a Fonseca estaba en 20.000 y ahora está en 27.000, el pasaje de Fonseca a Albania costaba 10.000 y quedó en 15 mil pesos, el de Hatonuevo se cobraba en 6.000 y ahora quedó en 8.000 (...) Nos preocupa eso porque está afectando el buen funcionamiento de nuestro transporte y tenemos que sumarle el aumento en el costo de operación y mantenimiento de nuestros carros".
El costo de traslado hacia la ciudad de Valledupar, una de las rutas más transitadas, también ha tenido un aumento. "El pasaje para Valledupar está en 18.000 y anteriormente estaba a 15.000 pesos. Con una gasolina subsidiada de 11.000 pesos cobrar un pasaje de 15.000 no es sostenible para nosotros", manifiesta Jorge Peralta, transportador de la ruta hacia Valledupar.
Peralta, más conocido como ‘Chicho’ en el sector transporte, tiene más de 13 años de estar viajando hacia la ruta de San Juan/ Valledupar y Valledupar/San Juan en el transporte informal. Dice que las ganancias han disminuido y los carros ya no viajan con la misma frecuencia que antes. “Las ganancias han bajado, antes uno ganaba entre 80.000 y 90.000 pesos y ahora estamos con alrededor de 40.000 a 50.000 pesos diarios", agrega.
“Las ganancias han bajado, antes uno ganaba entre 80.000 y 90.000 pesos y ahora estamos con alrededor de 40.000 a 50.000 pesos diarios"
Jorge Peralta, transportador
Los mototaxistas no se quedan atrás y han aumentado los costos. Así lo manifiesta Eliécer Mendoza, un joven de 28 años, quien lleva trabajando de mototaxista desde hace cuatro años y quien diariamente debe pagar una tarifa de 18.000 mil pesos al dueño de la moto que maneja. “Si la gasolina sube, nosotros subimos el precio de las carreras. Antes estaba a 1.500 y ahora la subimos a 2.000. El cambio es por obligación, no es porque queramos, generalmente para poder pagar 18.000 de tarifa y 12.000 de gasolina son 30.000 en gastos. A eso se le suman los gastos de comida y otros que surjan”, relata Mendoza.
El aumento de los precios ha generado conflicto entre los transportadores y usuarios. Joaquín Segundo, habitante y líder del corregimiento de El Totumo y quien hace uso del transporte para poder salir de su pueblo hacia la zona urbana, asegura que en los últimos años ha incrementado el precio con y sin el aumento de la gasolina. "En el 2019 pagábamos $ 4.000, la subieron en 2020 a $ 5.000 y llegó el 2023 a $ 6.000. Cada mes la gasolina sube y de ahí los transportadores se agarran para subir el precio del transporte", asegura.
Segundo recalca que se necesita establecer un precio fijo de los pasajes. “La Alcaldía debe crear una ley o un decreto donde se fijen los precios de los transportadores y la venta de gasolina en el municipio de San Juan. Había una norma que el alcalde hacía cada año para establecer la tarifa y hacerla pública por la radio y la gente con eso tenía cómo reclamarle al transportador, pero ya no lo están haciendo. La queja no es solo en El Totumo sino en todas las comunidades”, dice.
“La Alcaldía debe crear una ley o un decreto donde se fijen los precios de los transportadores y la venta de gasolina en el municipio de San Juan”
Joaquín Segundo, habitante y líder del corregimiento de El Totumo
Por su parte, Yeifran Toncel Cervantes, mototaxista y habitante del barrio El Carmen (en Fonseca), recalca que deben subir los precios de los pasajes para poder sostenerse. “Ha sido traumante para ellos, uno viene siendo el malo de la película hasta terminan tomando fotos para hablar con la Policía y dársela a Tránsito porque estamos cobrando lo que no es. Y lo que no se fijan es que la gasolina ha subido y con esto los repuestos de las motos y las llantas", asegura.
Lo mismo opina Jorge Peralta, líder transportador: “La gente ha tenido un total rechazo al aumento de los pasajes, yo les pido que nos entiendan, no es porque queremos sino porque nos toca. Un galón de gasolina cuesta 11.000 pesos y el carro que menos gasta se tanquea con 4 galones serían 44.000 pesos, más el gasto del taxi que son 6.000, sería un total de 50.000 y sin derecho a desayunar”.
También hay personas que diariamente tienen que trasladarse fuera de sus municipios a cumplir con sus horas laborales. Yarlin Fragozo, de 28 años, vive en San Juan del César con su hija, y viaja a diario a Barrancas para trabajar como auxiliar administrativa. Asegura que actualmente se le hace difícil poder tomar un carro porque no la quieren llevar: "El año pasado pagaba 5.000 pesos de aquí (San Juan del Cesar) a Barrancas, me estaba gastando 10.000 diarios y este año me tocó aumentarle a 6.000 y a veces hasta 7.000 me toca darle para que me traigan, siempre manifiestan que la gasolina está cara", cuestiona.
Esta situación, además, ha provocado que este medio de trabajo sea poco rentable para los conductores. Cuentan que ante el aumento de los precios han disminuido los pasajeros.
“Hay conductores que demoran dos y tres días sin viajar, durante la mañana en el terminal hay de 12 a 15 carros ahí parados, antes no se veía esto. Esto está generando el aumento del pasaje y la escasez de pasajeros”, lamenta Jorge Peralta. Además cuenta que tiene compañeros que manejan carros ajenos y que para ellos es mucho más difícil. "Los conductores que no tienen carros propios tienen que dar una tarifa de 60.000 pesos, se estarían ganando nada más 30.000 pesos y anteriormente uno podía ganarse en el día 120.000 a 140.000 pesos”, explica.
Por esta razón, varios conductores han tomado la decisión de dejar este trabajo y buscar uno que les permita llevar el sustento a sus casas. “Se han retirado varios (conductores), porque el que maneja carro ajeno tiene que pensar en pagar tarifa y no están viajando. Eso hace la vida más difícil a uno. La semana pasada viajé dos días porque no hubo pasajeros, en un día que me vaya bien me estoy ganando 70.000 a 80.000 pesos, me gustaría ya dejar el carro e ir al campo”, cuenta Dagoberto Cuello, de 63 años y quien cubre la ruta de San Juan del César a Maicao.
“Con el tema del incremento de la gasolina nuestros ingresos en nuestra actividad han disminuido mucho porque escasamente estamos haciendo para las tarifas”, manifiesta Fidel Pitre.
Por su parte, los pasajeros también están preocupados. "Por lo menos a mí me tocará tomar una decisión respecto a mi trabajo, si sigo viajando o me radicó allá, o si lo dejo. Porque no me va a ser rentable estar viajando", dice Yarlin Fragozo, quien viaja todos los días de San Juan del Cesar a Barrancas.
¿Qué dicen los administradores y dueños de bombas?
Las estaciones de servicio en ambos municipios a inicio de cada mes reciben la gasolina subsidiada en la cantidad que se les ha asignado.
En alguna de las estaciones está gasolina subsidiada no es suficiente para todo el mes. Tal es el caso de la estación de servicio Los Jubales, en San Juan del César, administrada por Luis Orozco quien asegura que el cupo no es suficiente y que solo les dura por mucho los 11 primeros días del mes. "El cupo no nos alcanza, nos dura de 10 a 11 días y de ahí en adelante la compramos al precio full y se ve una disminución de las ventas”. Orozco indica que por esta situación se ven obligados a comprar la gasolina a precio sin cupo, que termina siendo costosa y generando un impacto en los consumidores: "La problemática que tenemos con el tema del cupo, es que no alcanza para el parque automotor del pueblo, entonces nos vemos en la tarea de tener que comprar el combustible a precio full que es ahí donde el ciudadano se ve afectado”.
"El cupo no nos alcanza, nos dura de 10 a 11 días y de ahí en adelante la compramos al precio full y se ve una disminución de las ventas”
Luis Orozco, administrador de la estación Los Jubales
“Aquí el orden debería ser que los dirigentes políticos buscarán la manera de ponerse de acuerdo y estudiar a fondo a esta problemática, porque es una cadena donde todos nos vemos afectados”, agrega.
Por su parte Raúl Fragozo, propietario de la EDS Marta Vanessa, EDS séptima avenida y otra en el campamento Cerrejón y representante de la seccional de Fendipetróleo a nivel Guajira, reclama que los incrementos son “políticas de orden nacional y que escapan a nuestra reglamentación” y que ellos son los que deben enfrentar las quejas de los consumidores. “En ningún municipio se pensó tener un precio tan alto, como en estos momentos. Se crearon unas zonas de frontera para beneficiarse de este subsidio pero eso hoy no se está cumpliendo, porque se está observando cada vez más alto el precio de la gasolina. Aquí se hizo una distribución de cupos el año pasado a principios y en esa distribución el municipio de San Juan no salió muy favorecido y no se justifica que estaciones de servicio en el municipio de Barrancas tenga 100 mil galones una sola estación de servicio, es casi el 45 por ciento del cupo total en San Juan, esta desproporción genera competencia desleal”. El aumento del cupo de Barrancas pasó de 173.078 galones a 741.946 galones, incremento que el sector dice que es injustificado.
“En ningún municipio se pensó tener un precio tan alto, como en estos momentos. Se crearon unas zonas de frontera para beneficiarse de este subsidio pero eso hoy no se está cumpliendo”
Raúl Fragozo, propietario de tres estaciones de servicio
Ariel Lopez, presidente de Dimigua (una de las dos asociaciones de servicio de La Guajira que vincula a 73 estaciones de servicio en su mayoría las del sur del departamento), dice que uno de los principales llamados de los administradores es tener más cupo, pero que el Gobierno no les ha dado respuesta.
“El cupo subsidiado es muy limitado desde Fonseca hasta Las Jagua excluyendo a Barrancas y los otros municipios como Dibulla y los de Fonseca hacia Urumita, el cupo es muy irrisorio. Hay estaciones de servicio con cupos de 2.000 y 3.000 galones y eso no alcanza ni siquiera para dos o tres días. Ahora por la proliferación de estaciones de servicio eso hace que al menos en el sur de La Guajira el combustible perdure o dure 15 días del mes”, recalca.
Mila Pamela Hinojosa, administradora EDS Los Jubales en San Juan del Cesar, cuenta que desde hace cuatro meses les bajaron el cupo a todas las estaciones. “En estos momentos estamos manejando 16.000 galones de gasolina a precio subsidiado. Somos una estación que tenemos la medida correcta y sé que el público se va dando cuenta, cuando van a otras estaciones, en unas les rinde más que en otras. Anteriormente el cupo subsidiado se nos acababa a los 10 días y teníamos que comenzar a pedir a precio full y ya ahí el precio sube”.
Hinojosa asegura que el precio “no se da arbitrariamente”. “Hay una plataforma del Ministerio a la que nosotros tenemos que hacer una nueva declaración de precios apenas inicie el mes. Si ellos se dan cuenta que el precio es distinto obviamente nos van a multar o a investigar. El precio es el que es y no hay cómo bajarlo”, agrega.
Un administrador de una estación de servicio quien pidió reservar su nombre cuenta que son minoristas de un comercio en el que están los distribuidores Cariwa, Ekia, P&B, Terpel y el resto que operan en el país. “El combustible no se puede vender a un precio por encima de lo estipulado por el Ministerio de Minas porque se estaría cayendo en usura, pueden suspenderme mi código y la bomba se cierra”, dice.
Tanto los administradores de las estaciones de servicio como los transportadores y ciudadanos piden que haya un precio fijo que regule el precio de la gasolina y de los pasajes. Y, por otro lado, que la Alcaldía controle las ventas y el manejo de la gasolina subsidiada.
l salón Nellith Abuchaibe Abuchaibe, donde funciona el Concejo Municipal, no cuenta con micrófonos ni parlantes. Las voces de los 12 concejales, que sesionan personalmente, y uno, que lo hace de manera virtual desde Estados Unidos, se pierden en el eco del recinto. Con dificultad se escuchan las palabras de Arnol Alfonso Brito, presidente de la colegiatura, y de Estafani García, secretaria del Concejo, quienes leen el orden del día de una de las sesiones extraordinarias que realizaron en junio. Sin levantar los ojos de sus celulares, los demás integrantes responden "aprobado" al tiempo que dan un golpe al escritorio. El encuentro duró una hora en la que se cumplió el protocolo del saludo, orar a Dios, leer el orden del día, aprobarlo, y concluir sin mayores comentarios la jornada.
Esta escena se ha repetido en 16 de las 40 sesiones que han hecho los concejales del municipio, desde que inició el primer periodo de sesiones ordinarias el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo. En siete encuentros hubo discusiones sobre el mal estado de las instituciones educativas, las falencias en la prestación del servicio de salud, el funcionamiento del Icbf y de la oficina del Sisben, la inversión del presupuesto municipal y los avances en el mejoramiento de las vías rurales. En otras cinco jornadas, han ejercido su función de hacer control político a la administración municipal, las empresas de servicios públicos y al personero municipal.
En lo corrido del año, la principal iniciativa llevada a cabo por parte de los concejales fue el cabildo abierto que realizaron el 7 de marzo, en el que citaron a los habitantes y directivos de las empresas Air-e, Veolia, Alumbrado Público, Interaseo y Gases de La Guajira, para que rindieran cuentas sobre los altos costos de las facturas y las presuntas irregularidades en la calidad y continuidad de los servicios que presta cada compañía. Las demás proposiciones, que han realizado algunos concejales como Luis Manuel Mendoza Campo, Rigoberto Movil, Óscar Pérez y Arnol Brito, se limitan a condecoraciones o llamados a rendición de cuentas de los secretarios de la administración y funcionarios de empresas.
Sin importar cuánto dura la sesión ni el tema que se aborde, cada concejal recibe 156 mil pesos de remuneración por la jornada a la que asistan. Como no son funcionarios públicos, sólo se les pagan honorarios. A los concejales de Fonseca, que está clasificado como un municipio de tercera a sexta categoría, se le pagan 70 sesiones ordinarias y hasta veinte 20 extraordinarias al año. Eso quiere decir que anualmente podría llegar a recibir 14 millones de pesos, sin contar los descuentos de la seguridad social.
“Antes iba a las sesiones y hasta participaba, pero luego deje de ir. Me siento decepcionado de estos concejales. No proponen nada y uno ya no sabe para que los eligió. No hacen lo que les corresponde como coadministradores. Claro, no todos son iguales, pero son muy pocos los que se salvan. Si los tuviera que calificar de uno a diez les daría un cinco y creo que es mucho”, dice Elio Pitre, un habitante de 60 años y líder del barrio Alto Prado.
“Antes iba a las sesiones y hasta participaba, pero luego deje de ir. Me siento decepcionado de estos concejales. No proponen nada y uno ya no sabe para que los eligió”
Elio Pitre, habitante de 60 años y líder del barrio Alto Prado.
La pasividad que percibe Elio Pitre es compartida por otros líderes y lideresas de la comunidad quienes también reclaman que desconocen sus responsabilidades. Los concejales deben ser co-administradores junto al alcalde. Esto quiere decir que se encargan de expedir los planes de desarrollo económico y social, obras públicas, y de uso del suelo; aprobar el presupuesto para cada vigencia y autorizar al alcalde para adoptar créditos o facultarlo para celebrar contratos. Además, tienen como misión realizar el control político a la administración municipal, en representación de la ciudadanía.
Una alcaldía sin control político
“Hace 20 años un concejal creía que era un empleado más del alcalde, que había que entregarle todas las facultades y que ellos eran unos convidados de piedra. Al entregar facultades al alcalde, se debe tener un control cuando se entregan esas facultades. Ahí es donde se debe realizar ese verdadero control político para que de verdad sean los veedores de todas las administraciones”, explica Felipe Delgado, presidente de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenalcol).
“Hace 20 años un concejal creía que era un empleado más del alcalde, que había que entregarle todas las facultades y que ellos eran unos convidados de piedra. Al entregar facultades al alcalde, se debe tener un control cuando se entregan esas facultades”
Felipe Delgado, presidente de Confenalcol
En la última rendición de cuentas, el 27 de junio, el alcalde Hamilton García Peñaranda no escatimó palabras para agradecer y felicitar la labor de los concejales. Su primer saludo estuvo dirigido a los cabildantes y en dos oportunidades resaltó su labor. Incluso, en medio de la jornada, el mandatario le pidió a los cerca de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban empleados de la administración, líderes comunales de la zona urbana y rural, que aplaudieran a los cabildantes. De los 13 concejales, ocho estaban como asistentes.
“Ese es el trabajo que le agradezco también a los señores concejales. En el momento en que les solicité la facultad para firmar el convenio, no titubearon en un solo momento. De manera inmediata me dijeron: ‘señor Alcalde, si es para la firma de la construcción del acueducto y alcantarillado cuenta con nuestra aprobación’. Gracias a ellos y démosles un fuerte aplauso a nuestros concejales por esa gran labor”, dijo García en una de sus intervenciones a favor de los cabildantes.
De los 13 cabildantes que tiene Fonseca, diez son cercanos del alcalde y nueve buscan reelegirse para el próximo periodo: Lina Eloísa Rincones de Colombia Humana - UP (Busca la reelección); el conservador Rigoberto Movil (Busca la reelección); Óscar Pérez (Busca la reelección) y Edwin José Molina de la U (Busca la reelección); Alwin Isaías Molina (Busca la reelección) y Luis Carlos Pérez del Partido Verde; los liberales Carlos Daniel Solano (Busca la reelección) y Juan David González, y José Antonio Cervantes (Busca la reelección) y Arnold Brito del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) (Busca la reelección). La minoría en el recinto son quienes se han declarado independientes: Luis Manuel Mendoza Campo de la Alianza Social Independiente (ASI) (Busca la reelección) y Eredys Brito de Cambio Radical. Jailor Molina, quien hace parte del Partido Conservador, es el único opositor.
El caso de Juan David González llama la atención de manera particular porque desde el año 2022 vive en los Estados Unidos y desde ahí se conecta, bien sea por llamadas de Whatsapp o videollamadas. González justifica su situación por unas amenazas que dice haber recibido desde ese año. Hasta la fecha las autoridades no tienen claridad sobre los hechos ni quiénes estuvieron detrás de estos hostigamientos. El caso de González es permitido por la Ley 136 de 1994, que establece que si hay razones de orden público, intimidaciones o amenazas, los miembros de la corporación podrán participar de las sesiones de forma no presencial.
Sin respaldo ciudadano
“De pronto muchos concejales llegaron con padrinos políticos, que invirtieron sus recursos y por eso no tienen la autonomía de decir: esto no se puede hacer, señor alcalde. Creo que eso fue lo que sucedió en este período de la administración de Hamilton García. Había compromisos tanto de la administración como de esos movimientos y eso fue lo que no permitió que en realidad hicieran el verdadero control político”, lamenta Jailor Molina, quien ha sido cabildante durante 12 años. “En períodos anteriores sí se dieron los debates, fue un consejo centralizado, con muchas personas capacitadas que en realidad sí querían el desarrollo para el municipio de Fonseca”, agrega.
“De pronto muchos concejales llegaron con padrinos políticos, que invirtieron sus recursos y por eso no tienen la autonomía de decir: esto no se puede hacer, señor alcalde. Creo que eso fue lo que sucedió en este período de la administración de Hamilton García”
Jailor Molina
Además, de que la mayoría de los concejales son partidarios de la administración municipal, la falta de control político ha sido una de las principales críticas que ha hecho la ciudadanía. Aunque no pueden citar al alcalde a debate de control político, porque es su aliado en la administración del municipio, sí pueden llamar a los secretarios de despacho para que rindan cuentas. En los últimos cuatro meses de sesiones ordinarias, sólo citaron a Luisa Acosta, secretaría de Desarrollo Económico; Jaime Peralta, personero municipal; y Marla Zuñiga, exsecretaría de Planeación. Hamilton García asistió el 30 de mayo al cierre del primer periodo de las sesiones y presentó un informe sobre su gestión de las obras.
“Creemos que el alcalde ha hecho las cosas bajo la ley. Somos muy juiciosos y hacemos el seguimiento necesario para que las cosas se den, pero cuando uno tiene un administrador como el que tenemos, que quiere y trabaja para la comunidad, no es tan difícil cederle esa facultades”, afirma el concejal Óscar Pérez. Sobre los cuestionamientos por las obras incompletas, Pérez agrega: “el Alcalde no ha terminado, sale el 31 de diciembre, ahí la gente puede decir si dejó las obras inconclusas. Se habla de las que no han terminado, pero no se habla de las que sí, como en Guamachal y el parque infantil”.
“A uno le da hasta risa cuando conoce los nombres de los aspirantes, gente que no tiene ni la más mínima formación en política y menos estudios. Creen que porque todo el mundo los conoce, tienen la facultad para aspirar a algo. Eso no debe ser así y la gente también que vota por ellos a veces por burla, sin tener en cuenta que esto no es un juego. Esto es muy serio y deberían haber mayores condiciones y exigencias para poder ser concejal”, cuestiona Viviana Vanegas, una trabajadora de un almacén de cadena del municipio.
En mayo de este año, en la emisora Utay Estéreo los habitantes llamaron al programa de Jorge Gómez y de Zunilda González, para pronunciarse sobre los proyectos que se han quedado esperando y lanzaron duros cuestionamientos contra los concejales, porque consideran que no hacen suficiente control político y no rinden cuentas sobre su gestión. Zunilda González, una de las coordinadoras del programa La Voz de la gente de la emisora Utay Stereo, que ha hecho abiertamente críticas a los concejales, asegura que la falta de popularidad responde a que la gente no ve identificada su voz en sus representantes.
“No ha habido un concejal que haya representado los intereses y las necesidades de su pueblo que le dio el voto de confianza. Se volvieron soberbios, ya no se puede hablar del Concejo. No les gusta que los periodistas, que los comunicadores, que los críticos, que la comunidad les exija porque eso les parece persecución. Me han dicho que los quiero destruir cuando les digo masca chicle y calienta sillas, porque llevan la vida chévere, relajados”, cuenta González.
“No ha habido un concejal que haya representado los intereses y las necesidades de su pueblo que le dio el voto de confianza. Se volvieron soberbios, ya no se puede hablar del Concejo”
Zunilda González,
Ante las críticas, concejales como Luis Campo, Óscar Pérez y Lina Rincón consideran que son infundadas y parten del desconocimiento. “Soy consciente de que en este momento la gente tiene una mala imagen del Concejo municipal, pero en algunas oportunidades es porque la gente desconoce para qué nos eligieron y esperan de nosotros cosas que no podemos hacer porque la Ley no nos lo permite”.
Por su parte, Rincón asegura que han encontrado desinterés de la gente en participar de los espacios que proponen los concejales. “Le hicimos debate de control político a las empresas de servicios públicos pero la comunidad no asistió. Entonces la comunidad viene y reclama que los concejales no han hecho y ni siquiera saben que nosotros no hacemos control político al alcalde”, cuestiona la concejala de Colombia Humana - Unión Patriótica.
Este panorama se da mientras el municipio se alista para elegir otros trece nuevos concejales del municipio en octubre. Jailor Molina, quien desistió en volver a aspirar al Concejo, es pesimista frente a la situación de las futuras elecciones. “Si Fonseca se vuelve a equivocar en elegir concejales patrocinados por aquellos amigos, que en realidad manejan músculos financieros, va a ser desastroso. Fonseca no aguanta otro Concejo en estas condiciones, me duele decirlo pero es así”, lamenta Molina.
Sin embargo, no se conocen a la vista soluciones que puedan devolverle la reputación al Concejo de Fonseca. Algunas voces concluyen en que es necesario reforzar la pedagogía sobre el rol que deben tener los concejales y formar a los cabildantes sobre sus funciones. Otras personas, como Lina Rincón, aseguran que es necesario descentralizar el Concejo y llegar a los barrios y las corregimientos para darse a conocer. “No somos perfectos, de pronto, nos ha hecho falta sesionar o tener más contacto con las comunidades”, afirma.
Las principales promesas del alcalde Cristian Copete con los campesinos han sido fortalecer el campo para mejorar la producción agrícola, remodelar la plaza de mercado, y la creación de un centro de acopio local que permitiera el proceso de almacenamiento y comercialización de los productos. Sin embargo, han pasado tres años de la administración de Copete y aún no hay avances en estos proyectos.
Estos temas, que se encuentran en el plan de desarrollo 2020- 2023, salieron a relucir en la fiesta campesina del 25 de junio realizada en Tadó. Los campesinos advierten que las propuestas de Copete quedaron en el papel y reclaman que no se ha construido el centro de acopio, no se ha arreglado la plaza de mercado y en la casa campesina se hicieron unos arreglos en las cubiertas y paredes, pero sigue inhabilitada desde hace 5 años.
Hoy los campesinos venden sus productos sobre la vía principal y no cuentan con un espacio adecuado. El 25 de junio, la Alcaldía les entregó a los campesinos bonos económicos que iban de los 100 mil hasta los 600 mil pesos, pero, según cuestionan, sigue siendo insuficiente para resolver sus necesidades.
¿Qué dicen los campesinos?
En el plan de desarrollo territorial del alcalde Cristian Copete se prometió a remodelar o reestructurar la plaza de mercado municipal y la creación de un centro de acopio para mejorar el proceso de comercialización de los productos y prestar los servicios de asesoría en materia de producción. Además, se incluyó aumentar el número de proyectos agropecuarios en el municipio. De todos estos proyectos no se tiene información.
Yerson Bonilla Copete, presidente de la Asociación de Productores de Tadó, pide que se realicen capacitaciones en temas de producción. “Los campesinos necesitamos muchas formaciones para implementar nuevas técnicas de producción y sobre cómo financiar nuevos proyectos”, dice. Sobre este tema, Copete prometió formular e implementar el Programa Agropecuario Municipal (PAM).
La Asociación de Productores se encarga de la comercialización de chontaduros en el municipio. “El chontaduro es un renglón de la economía y gastronomía del municipio, venimos luchando con una alianza y hemos tenido muchos inconvenientes para sus impulsos ya que en cada cambio de gobierno hay nuevas cosas”, agrega Yerson Bonilla.
Alexis Pino, de la comunidad de La Esperanza, dice que las ventas cada vez están más difíciles y que necesitan un espacio organizado donde puedan comercializar sus productos. “No hemos tenido ningún beneficio de la Alcaldía y esperamos que nos colaboren con algo productivo para nuestras poblaciones. Yo no tengo deudas con el banco, pero tengo muchos compañeros que tienen deudas y no han podido pagarla no han recibido orientación de parte de la UMATA para buscar la manera de ponerse al día”, afirma Pino.
Por su parte, Aristarco Parra señala que se necesitan más capacitaciones en emprendimiento y cuenta que el único programa que ha llegado es “SENA emprender”, pero que no es suficiente. “Invito a nuestra gente a apoyar lo nuestro para que los y las emprendedores podamos crecer, cuando alguien compra un producto a cualquier emprendedor esos recursos circulan en el mercado local y en nuestros hogares”, dice Parra.
La Asociación de Jóvenes y Mujeres Agropecuarias de Tadó pide a la Alcaldía hacer respetar los derechos de los campesinos. “Se necesita dar solución a los problemas de los pequeños campesinos. Nosotros buscamos tener un fondo para comprar los productos al campesino con el ánimo que tengan asegurado el comercio y no estén todo el día bajo sol. Si la casa campesina tuviera adecuada las cosas serían diferentes”, dice una integrante de la asociación.
"Nosotros buscamos tener un fondo para comprar los productos al campesino con el ánimo que tengan asegurado el comercio y no estén todo el día bajo sol. Si la casa campesina tuviera adecuada las cosas serían diferentes”
Integrante de la Asociación de Jóvenes y Mujeres Agropecuarias de Tadó
¿Qué dicen las autoridades?
Francisco Marcelo Perea, director de la UMATA, dice que revisarán los aliados comerciales que tiene la Asociación de Jóvenes y Mujeres con el fin de mejorar las ventas de los productos campesinos. “Nosotros desde acá lideramos ese proceso, pero cuando se termina ellos quedan trabajando con sus aliados comerciales. Nos toca revisar donde se está rompiendo la cadena”, asegura.
Sin embargo, Perea puntualiza que desconoce sobre los avances del centro de acopio que está en el plan de desarrollo. “No tengo conocimiento, toca hablar con el alcalde para ver qué pasó. Nosotros nos encargamos de mejorar la casa campesina con algunas alianzas”, dice.
Perea agrega que han realizado visitas con el ICA para entregar a los campesinos insumos para proteger sus cultivos, pero también reconoce que quedan pendientes otros temas. “Entre las problemáticas está la construcción y mejoramiento de las vías terciarias que permitan que las comunidades puedan transportar sus productos con más facilidad. Tenemos como referente la comunidad de Tadocito, en donde el nivel del agua es bajo y en ocasiones se dificulta bajar sus productos”, afirma.
Por su parte, Deiner Adolfo Mosquera, secretario de Planeación, advierte que tenía conocimiento de que el centro de acopio se tenía planteado construirlo en Playa de Oro, pero que es el alcalde Cristian Copete quien debe entregar información sobre el tema. Consonante buscó a Copete para preguntarle de los pendientes que tiene con el campesinado, pero no recibió respuesta.
En entrevista con Consonante, en agosto 16 de 2022, Copete dijo que pronto se abriría la casa campesina: “Estuvimos también en el mejoramiento de la casa campesina, hicimos una inversión importante y falta poco para que quede muy bien, para que los campesinos tengan donde exhibir productos, donde hacer reuniones y hacer una feria agropecuaria”. Sin embargo, la casa campesina lleva unos 5 años cerrada.
Lo que sigue
A la administración de Cristian Copete le quedan tan solo 6 meses, plazo en el que deberá avanzar en las promesas que hizo a los campesinos. Por su parte, las familias que viven en las zonas rurales piden a la Alcaldía que se realice una audiencia en la que puedan atenderse sus necesidades.
Un año y medio después de aprobarse el proyecto de viviendas rurales con recursos del Sistema General de Regalías, el 15 de junio se hizo la primera entrega de 53 casas en El Hatico. En este corregimiento se construirán 140 casas, es decir que faltarían 87 más que deberán terminarse antes de diciembre de este año.
Las casas entregadas cuentan con tres habitaciones en obra gris y solo el baño, y una parte de la cocina, cuentan con enchape. También tienen un cuarto pequeño con bodega y un lavadero. Sin embargo, las viviendas se encuentran sin servicios de agua, luz y gas y cada beneficiario se tendrá que encargar de hacer las instalaciones correspondientes.
El proyecto completo contempla la construcción de 563 viviendas para Conejo, El Hatico, El Jawey, El Puy, Hatico Viejo, Los Altos, Los Toquitos, Mamonal y Quebrachal, beneficiando a 2.218 habitantes. El 11 de noviembre de 2021 se asignaron recursos por más de 40 mil millones de pesos (40.902.011.040) y el 2 de diciembre de 2021 se suscribió el contrato entre Comfacesar y la Alcaldía.
En Conejo, por su parte, se han entregado 71 viviendas de las 212 que contempla el programa para ese corregimiento. Uno de los principales problemas para los corregimientos ha sido la consolidación de la lista de beneficiarios, tanto en Conejo como en El Hatico se han registrado este año protestas por parte de quienes no recibirán las viviendas.
¿Qué dice la gente?
Emely Pinto Nieves, ama de casa y una de las 53 beneficiarias de las casas, dice que está contenta con la casa. “Tiene unas cosas que quisiera cambiar, pero para ser un beneficio que uno recibe del Gobierno es excelente, porque la necesitaba. Me gustaría cambiarle la parte de la cocina porque es muy pequeña y no tiene un mesón. Pero tiene su lavadero que es una ventaja para lavar los alimentos y los utensilios”.
Una opinión similar tiene Yofreilis Molina Solano, quien vive con su bebe. “La casa está bien. Lo único malo es la cocina y que no tiene mesón. Yo me imaginaba como las otras casas que han dado anteriormente y tienen sus mesones y lavaplatos, pero esta solamente tiene el lavaplatos”.
Yofreilis cuenta que está esperando hacer las adecuaciones para instalar los servicios públicos y poder mudarse. “Dejaron la instalación para meter los cables de la luz del poste hacia la casa”, señala.
Tahelis Quintana, madre de tres hijas, afirma que la casa se encuentra en buenas condiciones. “Me dijeron que me la iban a entregar para la segunda etapa y me la entregaron antes. Los cuartos están en buenas condiciones y no tienen ni una gotera”, dice.
Sin embargo, hay varias familias que reclaman que no les han continuado su proceso de construcción de viviendas, a pesar de que salieron en los listados. Es el caso de Diannys Martinez, quien trabaja como aseadora en un colegio. “Me fueron a medir el terreno y en el fondo del patio hay un posa porque no tengo baño y la mandé a sellar si el problema era ese. De ahí no han vuelto a visitarme más, ni a decirme nada. Espero no quedarme sin casa”, comenta. Desde hace cuatro meses Diannys está a la espera de la continuación de su proceso.
“Soy mamá, tengo a mi hijo y tengo que dejarle algo a él y no tengo dinero (...) Mi papá también aparece en el listado y ni siquiera le han dicho si van a hacer la casa. Se han desentendido totalmente”
Diannys Martinez, habitante de El Hatico
“Yo estoy en la lista, pero todavía no me han visitado. Me hicieron una caracterización y solamente me preguntaron el nombre completo, la cédula y si quería agregar a algún beneficiario, fueron los únicos datos que me pidieron. Me dijeron que tenía que esperar a que hicieran el evalúo con Comfacesar en Valledupar para ver si estaba apta para darme vivienda”, dice Mari Carmen Brito, habitante de El Hatico.
“En la entrega de las 53 viviendas varias personas hablamos con el Alcalde. Le pedimos un espacio porque hay personas que tienen terreno y resulta que ni los han visitado. Nos pidieron hacer un listado de las personas que tienen su lote y sacar una cita en la Alcaldía”, agrega Mari Carmen, quien asegura que está esperando la casa desde el año pasado. “Estaba en las primera de la lista y nada. Acá le han entregado viviendas a personas que estaban después”.
¿Qué dicen las autoridades?
Desde la Alcaldía de Fonseca no se ha informado cuándo se realizará la próxima entrega de viviendas. El alcalde Hamilton García, en el acto de entrega, solo se limitó a hablar del proceso: “Hoy es una gran realidad y es un sueño cumplido, no solo para la Alcaldía sino para las miles de familias que estaban anhelando tener un techo digno. La tarea no fue fácil”.
Lo que sigue
Las familias que aún no aparecen en los listados enviarán un derecho de petición ante la veeduría del proyecto y la Alcaldía de Fonseca. Además se tiene pendiente que la administración confirme cuándo se hará la siguiente entrega de las viviendas y quiénes serán los 87 beneficiarios.
Desde hace más de un año las víctimas de las comunidades campesinas e indígenas de La Trocha y de El Siete y cinco veredas aledañas no saben nada de la Unidad para las Víctimas. Todos coinciden en lo mismo:no saben en qué van los tres procesos de reparación colectiva que comenzaron formalmente entre 2015 y 2016. En esos años la Unidad reconoció que las comunidades de La Trocha, del Cabildo Mayor Indígena de El Carmen de Atrato y El Siete y veredas aledañas sufrieron graves violencias por cuenta del conflicto armado que afectaron el tejido social, la infraestructura comunitaria, la economía y la permanencia en el territorio.
En los años siguientes, de forma intermitente, contratistas de esta institución visitaron a las comunidades para levantar información sobre los daños del conflicto y sobre las necesidades de las víctimas en materia de reparación. Sin embargo, el proceso no continuó y ninguno de estos tres sujetos colectivos, como los llama la ley, alcanzaron a construir y aprobar el plan o ruta para repararlos.
Según líderes e integrantes de los comités de impulso de la reparación, hubo varios problemas en el proceso, que van desde el constante cambio de los contratistas hasta la dificultad de construir confianza entre miembros de las comunidades. Como consecuencia, una parte de la gente se desilusionó y dejó de participar en el proceso, pero la mayoría sigue esperando que la entidad vuelva y avance.
En parte, la esperanza continúa porque estos no son los únicos procesos andando. El primer sujeto de reparación que reconoció la Unidad en este municipio chocoano fue la vereda Guaduas. Este territorio, ubicado a dos horas de El Carmen al que se llega atravesando una carretera en muy mal estado, sufrió la violencia en forma de asesinatos selectivos, masacres y un desplazamiento forzado masivo que dejó la tierra vacía. Ahí nació el Ejército Revolucionario Guevarista, una guerrilla carmeleña que se desmovilizó en el proceso de Justicia y Paz, pero que sembró la desconfianza entre vecinos y estigmatizó a toda la población como guerrillera, a los ojos de los paramilitares y de la Fuerza Pública.
El 28 de octubre de 2013, la Unidad para las Víctimas reconoció que la comunidad de Guaduas debía ser reparada de forma colectiva, y tras un año de encuentros, el 26 de septiembre de 2014 se aprobó el Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc). En adelante, esta comunidad continuó la ruta del Pirc: se reconstruyó la caseta comunitaria de bajo Guaduas, el Estado entregó un tractor y un camión, empezó un proyecto de siembra de cacao y plátano, otro de ganadería y se entregaron instrumentos musicales y trajes. El proceso de reparación finalizó, oficialmente, en 2022. Sin embargo, representantes de la comunidad afirman que no se sienten reparados, un problema que le atribuyen, por ejemplo, a la falta de seguimiento al proyecto del cacao, a un Pirc con medidas vagas que se materializaron en objetos que no necesariamente responden a las necesidades de la comunidad y, sobre todo, a que nunca se realizó un plan de retorno para las personas que se desplazaron y que aún hoy no han podido volver.
Además del caso de Guaduas, dos comunidades más avanzaron con la reparación colectiva: el resguardo Sabaleta y la comunidad indígena La Puria. El Pirc de estas comunidades tardó cerca de dos años en ser construido y aprobado, cosa que sucedió en diciembre de 2017. Desde entonces, y hasta finales de 2022, la implementación de los planes lleva un avance aproximado del 50 por ciento.
La reparación colectiva es importante para la población. En palabras de Dora Elsy Gallego, integrante del comité de impulso a la reparación de El Siete y veredas aledañas, es clave trabajar en comunidad porque “ese daño (el de la guerra) no se queda ahí, eso se sigue avanzando. Es un daño como cuando empieza la goterita a caer, a caer ahí, y todo se empieza a romper, y sigue y sigue haciendo daño. Nuestras generaciones están afectadas por eso”.
"Ese daño (el de la guerra) no se queda ahí, eso se sigue avanzando. Es un daño como cuando empieza la goterita a caer, a caer ahí, y todo se empieza a romper, y sigue y sigue haciendo daño. Nuestras generaciones están afectadas por eso”
Dora Elsy Gallego
Para otros líderes también es la oportunidad de transformar el territorio que se estancó porque la gente se fue, porque no pudieron volver a confiar en sus vecinos para trabajar en conjunto o porque la pobreza detuvo el avance. Por esto la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) del municipio, a través de un comunicado, pidieron el avance de los planes en clave de fortalecimiento a las organizaciones sociales, restitución de tierras, mejoramiento de vivienda, saneamiento básico y servicios públicos, entre otros.
Para Jennifer Muete, trabajadora social, integrante del Grupo de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional e investigadora en temas de reparación colectiva y justicia propia, dice que estos pedidos de la población son preocupantes, pues demuestran la falta de atención del Estado. “Es triste que estas necesidades tengan que estar en un plan de reparación colectiva para que el Estado pueda responder”, afirma. Pero aclara que esto sucede en muchos territorios, pues el conflicto armado impactó en esas necesidades básicas. Más allá de los planes, para Muete el Estado tiene que responder, y esto es a través de la presencia permanente y de la oferta institucional. Pero esto no pasa en El Carmen de Atrato.
Cambio de contratistas y poca información
“El paso a paso a través de los años ha sido el mismo: siempre vienen los funcionarios de la Unidad de Víctimas de Quibdó, nos reúnen, se hacen actas, pero nos olvidan por meses y hasta años sin dar ningún avance. Solo hasta el año 2021, que se dejó todo proyectado para ser ejecutado a partir de febrero 2022, pero aún estamos esperando el paso a seguir”, dice Isabel Cristina Rincón, presidenta de la Junta de Acción Comunal de las comunidades El Once, El Doce y El Piñón, y parte del comité de impulso del sujeto de reparación colectiva de La Trocha.
Para ella uno de los mayores obstáculos para avanzar con el proceso ha sido la falta de constancia y de transparencia por parte de la entidad. Según otros líderes consultados por Consonante, durante los años anteriores fue usual que cada seis meses se cambiaran los contratistas de la Unidad para las Víctimas, lo que representaba volver a construir confianza y, en ocasiones, repetir procesos. “Cambian mucho de persona, entonces se convierte como en un círculo: ellos (contratistas de la Unidad) vienen, socializan, se presentan y dicen que hay que hacer lo mismo. Pasan otros meses, invitan a otra reunión y vuelven y comienzan otra vez con el proceso. Yo creo que eso es lo que ha retardado todo”, explica Dora Elsy Gallego.
El proceso ha perdido credibilidad, por lo que algunos líderes se han retirado de los comités de impulso. Esto también ha generado que la información sobre cómo va cada caso no circule bien. “Entendemos que en la actualidad el plan de reparación está construido y próximo a su aprobación. Sin embargo, al interior de las comunidades no conocemos la propuesta de plan, por esta razón consideramos que no debe ser aprobado hasta que se socialice y se apruebe por las comunidades”, se explica en el comunicado de Asocomunal sobre la reparación de El Siete y veredas aledañas.
Anaís Palacio Quejada, enlace nacional macrorregión pacífico de la Unidad para las Víctimas, respondió a través de un documento que “es imposible decir que van a continuar los mismos contratistas dado que por ley los contratos tienen un tiempo determinado. Lo más importante para los sujetos de reparación colectiva es consolidar los avances y compromisos de su proceso al finalizar la vigencia”. La funcionaria explica que el objetivo es que cuando llegue un nuevo contratista, éste pueda avanzar sin retrasos. Según Palacio, la Unidad está avanzando con 217 contrataciones de técnicos profesionales para atender los procesos de reparación colectiva.
Para Jennifer Muete el cambio de contratistas es una constante en otros procesos de reparación en otras regiones. “Eso influye mucho en términos de cómo se acerca el Estado a dialogar con las comunidades. Muchas veces una persona entabla una relación de confianza con la gente, y luego llega otra y parte de cero”, explica. "Tiene que garantizarse un empalme integral con el funcionario que entra, pero eso no pasa. Se genera un desgaste en la comunidad”.
"Tiene que garantizarse un empalme integral con el funcionario que entra, pero eso no pasa. Se genera un desgaste en la comunidad”
Jennifer Muete
A esto se suma que los procesos se van dilatando. “Puede que hace dos años la gente necesitara una cosa, pero ahora puede que esa necesidad haya cambiado o se suplió de otra manera. El hecho de que no haya continuidad en las entidades territoriales hace que se estanque el proceso”.
Oferta institucional insuficiente y poco acompañamiento
Cuando empezó el proyecto de cacao en Guaduas, un técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), estuvo prácticamente viviendo durante varios meses en la vereda. Trabajó con los campesinos y caracterizando el territorio para que el proyecto funcionara. Sin embargo, su trabajo llegó hasta que se entregaron las plántulas. En ese momento, según Marcela Sánchez, lideresa de la vereda, la gente se quedó sin acompañamiento. “La Alcaldía no tenía y aún no tiene un agrónomo, entonces solo hubo unos cursos cortos o unas capacitaciones con el Sena y pare de contar”.
Esto mismo pasó con otras medidas. “En algo tan sencillo como acompañar un proceso para que los líderes o lideresas aprendieran a manejar un computador, aprendieran a redactar unos documentos. No hubo manera que aquí alguien viniera e hiciera unas capacitaciones básicas. Hay unos instrumentos musicales que se están volviendo viejos, dañándose guardados. Lo mismo pasa con una serie de cosas para danzas que dieron. Las comunidades a veces requerimos ciertos elementos, pero estos elementos deben venir acompañados con capacitaciones para usarlos”, afirma Sánchez.
En esta vereda también señalan que las necesidades que quedaron incluidas en el plan fueron muy amplias, tanto que una de las medidas de reparación fue la entrega de un tractor. El problema es que la de Guaduas es una comunidad sobre todo ganadera.
Para Jennifer Muete el problema principal es que para la reparación colectiva se establece una oferta institucional limitada que muchas veces se determina desde un escritorio en Bogotá. “No es solo decir: ¿qué es lo que necesitan? Sino generar un diálogo a través del diagnóstico que levantan las entidades, donde se dialogue con la gente. Preguntarles si eso que se ve en el diagnóstico es o no un problema para la gente”. Para la investigadora, también es importante que las entidades territoriales participen del proceso. “Tiene que haber un enfoque territorial realmente fuerte para que lo que hace el Estado responda realmente a las necesidades de las comunidades y que tengan un acompañamiento técnico y en términos de qué pueden ofrecer las entidades y cómo”.
Las peticiones de la gente
El primer pedido de las víctimas es que la Unidad regrese al territorio a retomar el proceso. Sobre esto, la funcionaria Anaís Palacio afirmó que los procesos se retomarán en agosto. “Los cinco sujetos se encuentran priorizados por la Unidad de Víctimas, sin embargo, es importante resaltar que con algunos sujetos se viene avanzando desde mayo (Sabaleta y La Puria). Con los otros sujetos (la Comunidad El Siete, Comunidad La Trocha y Camaica) se realizarán actividades desde agosto para valorar su avance y una vez terminada esta reunión, se agendará para continuar con sus actividades en los meses de septiembre, octubre y noviembre”.
Si esto efectivamente ocurre, la gente espera que los procesos sean fluidos y participativos, pero que además se hagan los cambios necesarios según las necesidades actuales de los territorios. Por ejemplo, la atención psicosocial. Isabel Cristina Rincón dice que con lo poco que se ha avanzado, hay mejoras. “Nos hemos dado cuenta de hechos que le ocurrían al vecino y no nos dábamos cuenta solo hasta que iniciamos este andar y llegamos a aceptar que hasta entre nosotros en algún momento nos asaltaba la duda de la honestidad del vecino”, cuenta.
Por último, quieren contar con el apoyo de otras instituciones que puedan solucionar problemas apremiantes que no puede resolver la Unidad para las Víctimas. Por ejemplo, restituir las tierras, rehabilitar los centros de salud rurales y construir nuevos donde no hay y disponer personal médico para atender a la gente. Solo así se podría reparar el tejido que dañó la guerra.
