En el Pueblo de la Memoria Histórica, ubicado en la vereda Agualinda en El Carmen de Atrato, en Chocó, los pobladores carecen de títulos de propiedad de sus parcelas. Se asentaron allí hace 27 años como una estrategia de resistencia contra la guerra, pero a pesar de sus peticiones para ser propietarios y lograr mayor estabilidad económica no han logrado que las autoridades agrarias las resuelvan.
El proceso lo comenzaron 80 familias, que vieron una oportunidad de vivir y explotar un predio de cinco hectáreas de la vereda Agualinda y que luego lo convirtieron en un refugio pacífico para protegerse de la violencia generada por el intenso conflicto armado que azotaba la región. En sus alrededores chocaban las guerrillas del ELN y una de sus disidencias, conocida como Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), además de las antiguas Farc, grupos paramilitares y el Ejército Nacional.
Las viviendas y sus pequeñas parcelas rodean la derruida sede del antiguo hospital para enfermos de tuberculosis que se inauguró en 1952 y fue abandonado a comienzos de la década de los años ochenta. Varias de las familias se instalaron en esa edificación al carecer de recursos económicos para vivir en otro lugar.
La inquietud ronda a los pobladores del Pueblo de la Memoria Histórica, agricultores en su gran mayoría, y cuyas familias ya suman 200, según la Organización Campesina y Caficultora de El Carmen de Atrato (Occca). Ellos consideran que la falta de escrituras amenaza su estabilidad, obstaculiza sus oportunidades de desarrollo y genera incertidumbre.
En más de dos décadas, las peticiones de los labriegos no han tenido eco en el Estado. Por lo menos seis gobiernos han pasado por la Casa de Nariño desde que se asentaron en aquel lugar y no los han tenido en cuenta. Su esperanza es que ahora sí sean escuchados por el actual Gobierno, que ha prometido una profunda reforma agraria para beneficiar a los campesinos más pobres y sin tierra.
Unidos para resistir
La historia de este pueblo se remonta a 1996, cuando 80 familias campesinas decidieron establecerse en la vereda Agualinda e iniciar un movimiento de resistencia pacífica para hacerle frente al conflicto armado. Un año atrás, habían constituido la Organización Campesina y Caficultora de El Carmen de Atrato (Occca), bajo el liderazgo de Froilán Zapata Cardona.
Tres años después, y luego de varias gestiones ante las autoridades, en 1999 obtuvieron el comodato del antiguo sanatorio de tuberculosis, convirtiéndolo en el lugar de encuentro de la comunidad, también organizaron la capilla y adecuaron el convento como sitio de reuniones y de trabajo. Próximamente será inaugurado como museo del Pueblo de la Memoria Histórica De acuerdo con el informe Memorias que germinan, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las familias campesinas resistentes “impulsaron proyectos productivos y sostenibles como los trapiches de caña y el cultivo de café”.
De hecho, con mucho esfuerzo lograron sacar adelante su propia marca del grano: Café El Señor de la Tierra. Una taza de su bebida contiene, según los labriegos, “una lista de reclamos, luchas, sueños, ilusiones y esperanzas de que un día sea camino de prosperidad y dignidad”.
Pero a este proceso de resistencia le falta dar un paso más para su fortalecimiento: adquirir la propiedad de la tierra que habitan y trabajan de manera legítima. Sin embargo, el camino transitado para lograr ese propósito está lleno de obstáculos.
De acuerdo con Zapata, líder de la Occca, las irregularidades y ambigüedades en este proceso, sumadas a la burocracia y la falta de recursos, han generado una situación de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la permanencia de la comunidad del Pueblo de la Memoria Histórica, pues sus habitantes están imposibilitados para adquirir créditos personales para mejorar sus viviendas y sus unidades productivas.
Ese drama, por ejemplo, lo vive Luis Adolfo Muñoz, un campesino de 73 años de edad, quien está desde el comienzo del proceso de resistencia en este caserío. Llegó a aquel lugar procedente de la vereda Guaduas, en El Carmen de Atrato. “Fui víctima en 1987, nos desplazaron y llegamos a llevar del arrume acá”, recuerda.
En esa situación de desarraigo, el labriego se unió a la Occca y junto con las demás familias se dedicó a trabajar para reconstruir su vida en las tierras que rodean el sanatorio, pero el deterioro de su salud y las demoras del Estado para resolver la titulación lo llevó a vivir en una de las habitaciones del lazareto.
“Tengo un problema, vea el solarcito, lo arropa una cañería, porque son lagunas muy hondas y tengo que hacer unas cañerías para hacer un filtro, y vaya a ver si hay con qué comprar el filtro, esos tubos son muy caros y ni para los filtros ni para el alcantarillado, eso le está cayendo al solar mío y está tumbando barrancada, porque llega con mucha presión de los lados de arriba”, se lamenta Luis Adolfo.
A las dificultades económicas y falta de ayudas estatales se suma su estado de salud. Los médicos le han aconsejado reposo para no agravar sus dolencias cardiacas, “pero me toca trabajar obligado”, dice.
Luis Adolfo fue favorecido hace varios años con un crédito del Banco Agrario por 44 millones de pesos para la construcción de su casa. No obstante, le exigieron la escritura de la parcela como respaldo. “Salió esa ayuda y yo la perdí porque lo único que tengo es un solar sin título”, se lamenta.
Situación similar padecen Rosalba Rivera, de 64 años de edad, y su esposo, José de Jesús, de 82 años ambos son víctimas del conflicto armado, habitan el Pueblo de la Memoria Histórica desde hace un par de décadas y se han enfrentado a varios obstáculos para obtener la titulación de su predio. “Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo por las escrituras de esta tierra, pero no hemos logrado obtener nada, solo son promesas”, dice la mujer.
Esta pareja recibió el pequeño lote como regalo y la comunidad les ayudó a construir la casa. “Acá nos colaboraron con un ladrillito, una cosa y la otra, y así pudimos tener donde vivir”, recuerda Rosalba y se lamenta de no recibir ayudas de mejoramiento de vivienda por falta de un título de propiedad. “Llevamos años y nunca hemos recibido una ayuda del Gobierno, y yo las necesito porque mi esposo está muy enfermo y tenemos muchas necesidades”.
Pero acceder a la titulación no será fácil. A comienzos de este año, los pobladores del Pueblo de la Memoria Histórica fueron enterados de una situación que imposibilita, por ahora, cualquier titulación: las cinco hectáreas que habitan, así como buena parte de El Carmen de Atrato, están en zona de reserva forestal, una medida de protección regulada por la Ley 2 de 1959.
Dudas sobre el área protegida
De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el municipio de El Carmen de Atrato tiene un área de 83.029,38 hectáreas, de las cuales 82.764,87 hectáreas forman parte de la Reserva Forestal del Pacífico, constituida por la Ley 2 de 1959.
La Zona de Reserva Forestal del Pacífico (ZRFP) fue constituida en 1959 junto con seis zonas más (Central, Amazonía, serranía de Los Motilones, Sierra Nevada de Santa Marta, Cocuy y río Magdalena) con el fin de fortalecer el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.
Inicialmente, la ZRFP contó con una superficie de 11.155.214 hectáreas, y con el paso de los años se ha reducido por diferentes razones, entre sustracciones para colonización, titulación de tierras ya ocupadas, constitución de territorios indígenas y construcción de vías y puertos, según reporta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
De acuerdo con la Resolución 1926 de 2013, que adoptó la zonificación y el ordenamiento de la ZRFP, esta área protegida contaba para ese año con 8.069.756,75 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Antioquia (972.439,86 ha), Cauca (167.639,51 ha), Chocó (3.552.424,02 ha), Nariño (1.857.317,04 ha), Risaralda (98.967,25 ha), Valle del Cauca (996.756,14 ha) y Córdoba (535.199,37 ha).
El Chocó, según esa reglamentación, es el departamento con mayor área integrada a la zona de reserva forestal, abarcando 16 municipios, entre ellos El Carmen de Atrato, con 82.764,87 hectáreas, tal como lo precisó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Debido a lo anterior, y dada la normatividad actual, no es posible adelantar procesos de formalización de predios privados ni adjudicación de baldíos a persona natural o entidades de derecho público, hasta tanto no se realice un proceso de sustracción”, aclaró la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ante una solicitud de información para este reportaje.
No obstante, un viejo documento del Incora genera dudas entre los especialistas de la ANT y los labriegos. Se trata de la Resolución 222 de 1964, mediante la cual se habrían sustraído “35680 (sic) hectáreas del municipio de El Carmen de Atrato con fines de colonización”, que fue citado en una comunicación de 2010 que la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente le entregó al entonces Incoder (que dejó de existir en 2015 para darle vida a la ANT).
Ese documento no solo reveló el dato de la resolución de 1964, sino que precisó cómo estaba El Carmen de Atrato en relación con la ZRFP: “Actualmente, el municipio tiene 62,07 % del territorio en el interior de la reserva, lo que equivale a 58.392 hectáreas, incluyendo el casco urbano del municipio”.
Ante una consulta de la ANT, fechada el 2 de marzo de este año, sobre la vigencia de esa resolución, el Ministerio de Ambiente respondió que “la Resolución n.º 222 de 1964 es una sustracción definitiva de la Ley 2.ª de 1959, la cual está vigente, tiene un área de 483651,77 ha (sic), de la cual 48,32 ha se encuentran dentro del municipio de El Carmen de Atrato”.
Si bien se observa un error en la manera de expresar las hectáreas sustraídas, el documento de respuesta del ministerio referenció en dos apartados que, efectivamente, el área sustraída con base en la Resolución 222 de 1964 es de 48,32 hectáreas aplicadas a “colonización espontánea”. ¿Qué ha pasado con las restantes 35.632 hectáreas? Nadie da razón de ellas.
En una segunda consulta a la ANT para este reportaje sobre el papel de esta agencia en una eventual sustracción de hectáreas para beneficio de los campesinos del Pueblo de la Memoria Histórica, respondió: “la Agencia Nacional de Tierras no tiene competencia para acelerar o definir procesos de sustracción de Ley 2.ª, por lo que la entidad competente es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y tal como se mencionó en la respuesta anterior, los procesos que lleve a cabo la Agencia en materia de adjudicación y formalización estarán ligados al cumplimiento del marco normativo vigente”.
Pese a la insistencia de las familias campesinas en solicitar la titulación de tierras por más de dos décadas, los sucesivos gobiernos no han escuchado sus reclamos. Pero las peticiones de sustracción que sí fueron atendidas fueron las de dos empresas que han tenido operaciones en El Carmen de Atrato.
La primera es Talasa Projectco, que tiene en su portafolio de proyectos la construcción de tres centrales de generación de energía a filo de agua, aprovechando el río Atrato. Mediante la Resolución 1065 de 2017, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se sustrajeron 37,47 hectáreas de la ZRFP para sus proyectos hídricos, que no han sido ejecutados hasta ahora.
Y la segunda es la Sociedad Minera El Roble S. A., que tiene operaciones de extracción de cobre en el municipio chocoano. Con la Resolución 1340 de 2020 fueron sustraídas a su favor 42,28 hectáreas de la ZRFP.
Néstor Vanegas, uno de los líderes del Pueblo de la Memoria Histórica, víctima del conflicto armado y quien ha trabajado desde la organización campesina por más de diez años en la defensa de su comunidad, reflexiona acerca de lo que ocurrió en el pasado con la construcción del antiguo sanatorio. Si bien esa edificación se hizo varios años antes de que se promulgara la Ley 2.ª, lo que inquieta a Vanegas es dónde están los documentos legales que respaldan esa construcción y si el terreno que abarca es objeto de sustracción. “¿Quién tiene esos documentos?”, insiste en preguntar, sin que obtenga respuesta alguna.
Aplicar reforma agraria
En una sentida carta suscrita por varios integrantes de la Organización de Víctimas de la Violencia de El Carmen de Atrato y remitida el 16 de mayo de este año a diversas entidades locales y nacionales, los labriegos le hicieron un llamado a la ANT para que se comprometiera con “una reforma rural integral que dote a los campesinos no solo de tierras, sino también de medios para poder producir en ellas”.
En su reflexión, aseguran que “el fomento de la equidad y el desarrollo de la economía campesina deben ir conforme con las necesidades del contexto, por lo cual es importante dotar a los campesinos con los medios y herramientas que requieran para poder formarse y producir”.
Tras recordar que el presidente Gustavo Petro prometió en su campaña y al inicio de su Gobierno la compra de tres millones de hectáreas para llevar a cabo una profunda reforma agraria, le solicitaron a la ANT “dar celeridad al proceso de titulación del lugar conocido como el Pueblo de la Memoria Histórica”, pero también pidieron la titulación de 120 hectáreas más con el fin de tener un espacio productivo para las más de 600 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, que forman parte del Pueblo de la Memoria Histórica.
“La adquisición de estas tierras tiene como objetivo poder reactivar las prácticas económicas campesinas perdidas a causa del conflicto armado y la actividad minera. Estas 120 ha, como lo dijimos con anterioridad, ya han sido seleccionadas y evaluadas”, se lee en la comunicación enviada a la ANT.
El labriego Gonzalo Gaviria, poblador del Pueblo de la Memoria Histórica y quien trabaja en recolección de basuras, refleja las dificultades y preocupaciones que enfrenta como víctima de la violencia y el desplazamiento forzado: “A pesar de vivir acá durante diez años, no he visto cumplimiento alguno por parte de las autoridades y nos tienen como en un juego”.
Hace cuatro meses, Gaviria logró acabar la construcción de su casa de adobe, con la que reemplazó la de madera. “Valoro todo este esfuerzo para poder construir una casita de material”, dice con regocijo, pero lamenta no tener escrituras. Este campesino teme que en algún momento sea desalojado y pierda todo lo que invirtió en su nueva vivienda.
La ANT, de visita
El pasado 26 de julio, la ANT visitó el Pueblo de la Memoria Histórica. El propósito era escuchar a la comunidad. Durante el encuentro, los funcionarios de esta agencia se comprometieron a agilizar el proceso de titulación de 170 predios, lo que implica comenzar el proceso de sustracción de la ZRFP, paso que no se había dado hasta ahora, según cuenta Luis Darley Cuesta, coordinador de la entidad en el Chocó.
“Este caso, desde mi punto de vista, merece toda la atención y, además, sería un caso emblemático si podemos desde la ANT resolver el tema de tierras de esta comunidad”, reitera Cuesta.
El paso que viene ahora es que las familias campesinas llenen el Formulario de Sujetos de Ordenamiento, conocido como Fiso, y que es el instrumento de captura de información de los aspirantes a programas de acceso a tierras y formalización. Se espera que, con esos datos, la ANT avance rápidamente en la titulación.
No obstante, la visita no dejó del todo contenta a la comunidad. Así lo expuso Froilán Zapata una vez terminó el encuentro con los funcionarios: “Llegaron al Pueblo de la Memoria Histórica a viaticar y no avanzó el tema. De los temas que se hablaron, ya lo habíamos hablado. Es un camino ya caminado”.
Ante esa situación, Zapata anunció la preparación de un documento que será firmado por los pobladores y que espera entregar a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y al director de la ANT, Gerardo Vega. Asimismo, dijo que llevará los Fiso. “Voy a llevarlos personalmente a Bogotá. Ya va un año del Gobierno de Petro y si no apretamos, nos van a dejar viendo para el páramo”.
En una presentación en PowerPoint que han hecho los pobladores, y que llevan a todas partes para exponer su situación, aseveran que “reforma agraria no habido en este país y nosotros somos muestra de una lucha por cinco miserables hectáreas”, que prometen continuar hasta cuando el Estado aprecie su resistencia y los convierta en propietarios. Ese es su sueño.
