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Le explicamos: ¿Qué pasa si vende su voto?

A menos de dos días de las elecciones le contamos las implicaciones que tiene vender su voto, el delito que estaría cometiendo, el costo para la democracia, y dónde puede denunciar si le ofrecen dinero o regalos a cambio de favorecer a un candidato o abstenerse de votar.
¿Cómo se hizo este trabajo?
Ante las alertas por posible compra de votos en algunos municipios, hablamos con tres expertos para conocer lo que implica para la democracia la venta de votos y para las personas involucradas en estas prácticas.

“La compra de votos es el mayor delito que afecta el proceso electoral”, dice el padre Napoleón García, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Chocó. Una muestra de esto es que, en cada elección, las instituciones del Estado prenden las alarmas ante la posibilidad de que candidatos, campañas o cualquier individuo ofrezca dinero o regalos a cambio de votar por un candidato o partido.

La compra de votos representa un riesgo para la democracia, para el desarrollo y el futuro de un municipio o departamento y puede implicar sanciones penales y económicas para quien compra y quien vende el voto. 

Acá le explicamos por qué:

  1. ¿Qué consecuencias tiene vender su voto?

Vender el voto es un delito. Según el Código Penal esta figura se llama “corrupción al sufragante” y puede acarrear de cuatro a ocho años de cárcel y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes. 

Las consecuencias de esta práctica van más allá de lo penal. “Si se demuestra que un candidato compró, así sea un sólo voto, y resulta el elegido, su elección puede ser anulada porque es ilegítima”, explica Renato Contreras, abogado en derecho electoral y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

“Si se demuestra que un candidato compró, así sea un sólo voto, y resulta el elegido, su elección puede ser anulada porque es ilegítima”

Renato Contreras, abogado en derecho electoral y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral
  1. ¿Hay varias formas de vender el voto?

Sí. La compra de votos no es sólo dar dinero, también es ofrecer regalos o dádivas, como cemento, tejas, comida o algún beneficio particular a cambio de votar a favor de un candidato, votar en blanco o abstenerse de hacerlo.

  1. Y para quien compra votos, ¿a qué se exponen?

La misma consecuencia que para el votante que acepta venderlo: de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 200 a mil salarios mínimos legales vigentes. Pero hay un agravante: “Si la persona que incurre en el delito es un empleado público, la pena puede incrementarse en un 50%”, dice Contreras.

  1. ¿Cómo se puede probar la compra de votos?

Contreras dice que una forma de las autoridades para comprobar que hay compra de votos es infiltrando campañas y que para eso son claves las denuncias de los ciudadanos que pueden ser anónimas. Pero en estas deben dar la mayor cantidad de información posible sobre el lugar, los hechos y las posibles personas involucradas. 

“Normalmente no hay documentos escritos porque al ser una transacción ilegal no se van a firmar contratos, es más una transacción verbal. En ese caso se trata de tener testimonios, fotos o videos que prueben la compra de votos”, afirma el exmagistrado que pone como ejemplo el caso de la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral, y en el que los videos y testimonios han sido claves.

Este año, el Gobierno Nacional pidió que los ciudadanos den información veraz y eficaz para evitar la compra de votos y el presidente Gustavo Petro pidió grabar todo lo que consideren irregularidades. 

  1. ¿Por qué es tan grave comprar y vender votos?

Yan Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, dice que lo más grave de esta práctica es que afecta la democracia al ir en contra de la sinceridad y la integridad del voto.

“Cuando esto sucede (la compra de votos) los ciudadanos no terminan dando su voto por las preferencias reales que tengan sino por las ventajas materiales que pueden obtener. Además introduce un tema complicado para la democracia que es la desigualdad (en términos electorales), porque muestra que es más probable que gane el que tenga más plata”, asegura el docente. Lo que implicaría que los candidatos a un cargo de elección popular no tienen las mismas condiciones para hacer campaña y que no hay garantías completas para que los ciudadanos voten libremente.

Contreras coincide en que el golpe más grave, cuando se trata de la compra de votos, lo recibe la propia democracia: “La esencia de la democracia es la expresión de los ciudadanos en las elecciones y si esa expresión no es limpia ni transparente y no parte de la convicción de que está votando por la mejor opción, pues no van a votar por las mejores opciones sino por las que más le retribuyan”.

  1. Más allá de lo legal, ¿qué consecuencias trae para el municipio?

Para hacer que la compra y venta de votos sea posible, los candidatos deben conseguir grandes cantidades de dinero. Para hacerlo, suelen afianzar relaciones con contratistas o personas que les prestan el dinero esperando ser beneficiados si esa persona llega al poder. Es decir, con la compra y venta de votos se inicia un ciclo de corrupción. 

“Cuando una persona llega al poder con métodos corruptos puede pasar lo que la gente dice: ‘si llegan robando llegan a robar’ — dice Basset —. Muchas veces la plata que se invierte en la compra de una elección se debe reembolsar. Generalmente eso termina en casos de corrupción o beneficiando a los financiadores de esos votos con contratos o ventajas en contratos. Eso es una mala utilización del presupuesto público, un detrimento patrimonial, y un dinero que no se invierte en las necesidades fundamentales del municipio”. 


"Muchas veces la plata que se invierte en la compra de una elección se debe reembolsar. Generalmente eso termina en casos de corrupción o beneficiando a los financiadores de esos votos con contratos o ventajas en contratos"

Yan Basset, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario

Para Contreras, la compra de votos también puede generar “una captura del Estado por parte de actores económicos legales o ilegales que buscan obtener beneficios particulares y no un beneficio común” al comprometer, por ejemplo, parte de la contratación pública. 

  1. Si sé dónde o cómo se están comprando votos, ¿qué puedo hacer?

Lo primero que puede hacer es informar al cuadrante de la Policía que tenga más cercano, llamar a la Fiscalía desde su celular marcando el número 122, o poner una denuncia virtual en el portal de ambas entidades. También puede denunciar por teléfono marcando a la línea de emergencia 123, o a la línea #623 que comunica con la Unidad Inmediata Contra Delitos Electorales (Uriel), que está integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y otras entidades. 

La Misión de Observación Electoral también tiene una línea de WhatsApp (315 266 1969) y un portal (pilasconelvoto.com) para recibir denuncias que pueden ser anónimas.

  1. ¿Es cierto que el presidente Petro anunció recompensas para quienes denuncien compra de votos?

Sí. Lo anunció esta semana en su cuenta de X (Twitter) y dijo que la recompensa será de uno a cinco millones de pesos para quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos. “Le solicito a la ciudadanía grabar toda actividad irregular que detecte en las campañas y enviárnoslas”, escribió el presidente.

Según un comunicado del ministerio del Interior, para acceder a las recompensas los ciudadanos que denuncien deben dar información veraz y eficaz. En caso de que esas denuncias lleven a allanamientos en casas que compran votos, se encuentre dinero y ese dinero sea sujeto de extinción de dominio (o sea que se convierta en propiedad del Estado por ser adquiridos o destinados a actividades ilegales), el ciudadano que denunció puede quedarse hasta con el 10% de lo que se incautó o un máximo de 20 millones de pesos. 

El gobierno nacional dijo que recibirá las denuncias por la página uriel.mininterior.gov.co, llamando al 018000912005 o marcando #623 desde el celular. 

Para el docente Basset la estrategia puede ser acertada porque incentiva a que las personas denuncien y “los pocos casos que tenemos de condena de votos se dieron por un denuncio de la ciudadanía, como pasó con el caso de Aida Merlano”. El abogado Contreras dice que “todo lo que se haga en favor de combatir la corrupción electoral es un buen camino. Lo que sigue es articular acciones entre el ejecutivo, jueces y Policía para que las medidas sean efectivas”.

Sin embargo, la Misión de Observación Electoral dijo que preferirían que “los ciudadanos no tuvieran que recibir algún pago para denunciar” y la Fiscalía ya dijo que no está de acuerdo con el anuncio de las recompensas y que no promoverá esa estrategia.

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