La celebración de fin de año en el resguardo indígena embera de El Noventa, en la zona rural de Quibdó, será diferente a la de años anteriores. La comida, que antes no faltaba, ahora implicará una acción coordinada. Desde el 16 de noviembre solo se respira intranquilidad. Ese día, hombres armados que se identificaron como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se aparecieron en el resguardo, preguntaron por el gobernador y pintaron las casas con sus siglas. Esta acción de la guerrilla provocó el desplazamiento de 30 personas a Medellín, incluyendo al gobernador Luis Ángel Arce. Y aunque la mayoría de la población retornó, muchos se sienten inseguros. 

Ha pasado más de un mes desde el desplazamiento, pero todavía nadie en la comunidad tiene permiso de ir al monte a recoger comida o a cazar animales. Al menos no pueden hacerlo solos. Deben organizar una comisión de varias personas “para que no vaya a pasar algo en el monte”, afirma Ricardo Tequia, uno de los líderes de esta comunidad.

Esta medida de seguridad, con la que la población busca prevenir acciones violentas o malos entendidos con los hombres armados, sigue vigente durante las fiestas, a pesar de que la guerrilla del Eln decidió cesar sus acciones de guerra entre el 24 de diciembre de 2022 y el 2 de enero de 2023, es decir, durante diez días. Esta decisión fue catalogada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como un “gesto positivo”, pues el grupo armado ha estado muy activo en la zona. Apenas una semana antes del anuncio del cese de hostilidades por el fin de año, el grupo guerrillero había decretado un paro en los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima.

Sin embargo, para algunos especialistas este gesto del grupo armado es insuficiente, pues no demuestra una voluntad real de desescalar la guerra por parte de un grupo que está en negociaciones de paz con el gobierno desde el 21 de noviembre. Por ejemplo, Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo calificó como un “cese al fuego mezquino”. “Mezquino el cese al fuego del ELN, con fechas tan acotadas. Ellos también necesitan espacio para sus tragos navideños. ¿Muy difícil dejar abierta siquiera posibilidad de prórroga? Las comunidades agrarias lo reclaman a gritos”, escribió Sánchez en Twitter el 19 de diciembre.

En el resguardo El Noventa, el impacto del anuncio ha sido moderado. “Estamos sintiendo que más o menos está cambiando la cosa. Hay silencio, al menos no hay rumores”, afirma el líder indígena Ricardo Tequia. 

A solo siete kilómetros de El Noventa, en la comunidad de El Dieciocho, hace poco más de seis meses la población escuchó disparos y encontró sus casas marcadas con las siglas de las Agc. En ese momento se desplazaron 159 personas.

Por estos días allí también hay calma. Un líder de esta comunidad, que pidió la reserva de su identidad por seguridad, le dijo a Consonante que no ha habido ninguna irregularidad.  “Hasta ahora todo está bien, están celebrando la navidad con sus familias”. Pero no están tranquilos. “Hemos visto que ese grupo ha ocasionado hechos con otras comunidades del territorio y no lo sentimos ajeno, porque nuestro territorio ha sido de estrategia para esa gente y nos han estado utilizando para estos fines”, dice. Aún así, les toca moverse para buscar comida en el monte, en Quibdó o en El Carmen, pues no se sienten escuchados por las instituciones. “No nos creen”, sentencia.

Según el último informe de Indepaz, las Agc le han ganado terreno al Eln, especialmente en esta zona y en el suroeste antioqueño. Sin embargo, este repliegue del Eln no se puede leer como un debilitamiento. En la “trocha” está presente el frente Manuel Hernández “El Boche”, una de las seis estructuras que, según el gobierno, funciona con cierta autonomía. Este frente está muy involucrado en el negocio del narcotráfico, y podría poner en riesgo el proceso de paz.

En otras regiones estos dos grupos continúan en disputas por el control de varias áreas de tierra. Por ejemplo, en la región del Alto San Juan, la población de un resguardo del municipio de Tadó vive bajo las amenazas del Eln y de las Agc. “Estamos muy preocupados. Los dos grupos nos tienen amenazados a las autoridades y han buscado a muchas personas. Ayer me llegó mensaje de un grupo paramilitar que fuera a pagarles una plata a ellos”, afirma el gobernador del resguardo. “Por eso no salgo. Esto está muy complicado”, agrega. 

Esta comunidad se desplazó en 2012 tras el asesinato de varios de sus líderes, el reclutamiento de algunos jóvenes y la instalación de minas antipersonal. Allí, llevan varios meses sin adentrarse en la zona rural. “Nosotros no nos movemos para el monte. La guardia no nos deja ir, porque han matado personas allá”, cuenta el líder. Para abastecer de comida a la comunidad, un grupo de mujeres viaja cada quince días al casco urbano de Tadó y hace mercado. La guardia indígena las escolta mientras recorren a pie un pedazo de la carretera. El resto del camino lo recorren en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección escoltadas por el personal que hace parte del esquema de seguridad del líder. 

El confinamiento ha puesto en peligro sus costumbres. “Antes salíamos a cazar y a buscar comidita para la familia. Ahora toca buscar puro pescadito. Ya no comemos carne de monte. No cazamos por miedo”, asegura el líder. Esta situación se repite en varias partes del Chocó. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), al menos 70.206 personas fueron víctimas de confinamiento entre enero y noviembre de este año en todo el departamento.

Los líderes indígenas han contemplado desplazarse para proteger su vida. Antes de hacerlo, esperan concretar una reunión con la Alcaldía de Tadó para evaluar su seguridad. Pero lo que realmente anhelan es que los grupos armados se comprometan a detener las acciones bélicas.

Este es precisamente el pedido que ha hecho la red Somos Génesis, un grupo de más 180 procesos organizativos y comunidades del Bajo Atrato, el Litoral del Bajo San Juan, el Darién, en el Chocó, y de otros once departamentos. Santiago Mera, defensor de derechos humanos e integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien acompaña el proceso de esta red, explica que “lo que las comunidades están planteando es el cese multilateral del fuego de manera indefinida, que incluye a las Fuerzas Armadas del Estado”.

Mera indica que, a pesar de que han podido verificar que se está respetando la tregua al menos en el Litoral del San Juan, el Bajo Calima y Buenaventura, esto no es suficiente para que la población civil sienta tranquilidad. “La gente en sus instintos de autoprotección se cuida, trata de moverse lo menos posible para correr menos riesgos. Estamos en un tiempo en que una provocación puede ser fatal. Las comunidades acatan lo que sus autoridades étnicoterritoriales recomiendan, como moverse por los ríos únicamente a ciertas horas del día”. Para él, este cese al fuego es un mensaje de apertura que no puede ser desaprovechado: “Esta es una oportunidad para decretar una tregua definitiva y que toda la sociedad colombiana pueda rodear esta política de paz total y global, como han expresado todas las comunidades”.

El 2 de enero termina el cese al fuego del Eln, y solo a finales de ese mes se retomarían la segunda ronda de negociaciones. Según el cronograma establecido, las conversaciones se reanudarían en México, uno de los países garantes del diálogo. Las comunidades chocoanas esperan que este nuevo ciclo traiga alivios humanitarios para ellos. Ricardo Tequia, desde Quibdó, espera que la guerrilla “se comprometa a calmarse”. Él, por su parte, quisiera participar de la negociación. “Como líder estoy solicitando la oportunidad de participar en la mesa de diálogo. Las víctimas indígenas del Chocó no tenemos representación en esa negociación”, afirma. 

Santiago Mera advierte que, mientras tanto, muchas comunidades seguirán confinadas. “Las comunidades seguirán confinadas hasta tanto no haya garantías por parte de las estructuras armadas y que esto tenga veeduría de los entes competentes y observadores internacionales. Las comunidades deben poder volver a sus cultivos, a recolectar sus plantas medicinales, a reactivar su vida social y económica. Y si no se pone fin a este conflicto armado, estamos ante un gran riesgo de pérdida de vidas y de identidad cultural”, advierte. En el Alto San Juan, donde solo están comiendo pescado, esperan pronto poder volver a cazar sin miedo a morir. 

Este año en El Carmen de Atrato, como es de tradición, comenzó con las fiestas de Reyes Magos, y aunque varios acontecimientos preocuparon a la población, al menos hubo cinco que fueron buenas noticias para la población en general y para varios sectores específicos: mujeres, jóvenes, campesinos y estudiantes. Aquí le explicamos cuáles fueron:

La UTCH abrió carreras universitarias para los carmeleños

A mitad de este año, la Universidad Tecnológica del Chocó anunció que empezaría a ofrecer seis carreras profesionales y una tecnología para la población de El Carmen de Atrato que esté entre los 14 y los 28 años. Esta noticia fue importante porque los jóvenes del municipio han dicho, en repetidas ocasiones, que sus opciones para estudiar son pocas: deben irse a Quibdó o Medellín para estudiar una carrera profesional, o hasta Ciudad Bolívar para estudiar en cursos o carreras técnicas. 

Sin embargo, esto implica un esfuerzo físico y económico que no todas las familias pueden asumir. Es el caso de Mariana Abadía García, quien tiene 16 años y vive en la vereda El Siete. Este año se graduó del colegio, pero los resultados de las pruebas Saber 11 no le dan para acceder a una beca y no tiene los recursos económicos para irse a Medellín a estudiar medicina, la carrera con la que sueña.

Con esta noticia, los jóvenes carmeleños podrán, desde el próximo semestre, estudiar los programas de Contaduría Pública, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Artística, Ingeniería ambiental y Tecnología en Gestión Minera y Ambiental.

David Emilio Mosquera, rector de la UTCH, le dijo a Consonante que esperan recibir alrededor de 320 personas. El reto es la permanencia.

El deporte se movió: patinaje, ciclismo y olimpiadas

Durante todo el año, los niños, niñas, jóvenes y adultos carmeleños tuvieron buenas noticias deportivas. El 23 de abril el equipo de 22 patinadoras de la Escuela Social y Deportiva Miner se llevó diez medallas en la Parada Deportiva del Suroeste antioqueño, que se realizó en el municipio de Venecia. En total, ganaron dos medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. 

Además, el Equipo Plateado, que ha puesto el nombre de El Carmen de Atrato en las competencias de ciclismo, continúo haciendo un trabajo destacado en este deporte. Este año pariticiparon en el Campeonato Nacional de Ruta, la Vuelta de la Juventud, la Clásica de Río Negro, la Vuelta al Valle y la Clásica del Carmen de Viboral. 

En la primera semana de mayo compitió en la Vuelta de la Juventud. En septiembre compitieron en la clásica El Carmen de Viboral 2022 y en Jericó. Ese mismo mes dos ciclistas del equipo compitieron en Portugal el  Circuito de Moita, en la categoría Sub23 Amateur, uno de ellos, Juan Guillermo Jaramillo, quedó de cuarto en la carrera general. Por último, el equipo entró en el Top 10 de todas las etapas de la Vuelta a Antioquia, y se ubicaron en el sexto puesto por equipos. El equipo comenzará el 2023 compitiendo el 7 de enero en la Clásica de Reyes Magos 2023, la carrera más importante del Chocó.

Para finalizar el año, en El Carmen se realizaron las Olimpiadas deportivas que, este año, reunieron a más de 600 deportistas en 16 disciplinas deportivas durante seis días. 

El Concejo municipal aprobó la política pública de mujeres

El 17 de octubre el Concejo municipal aprobó la Política Pública de Equidad de Género para las mujeres del municipio de El Carmen de Atrato, que busca garantizar los derechos de las mujeres impulsando acciones afirmativas que les ayuden a transformar su realidad en materia de política, economía, cultura y demás aspectos. La política fue el resultado de dos meses de trabajo de diagnóstico y conversaciones con alrededor de 180 mujeres carmeleñas.

El documento recoge acciones sobre salud integral para las mujeres, vida libre de violencias, participación, cultura y paz, hábitat y territorio, propiedad, trabajo y educación. Las acciones priorizadas en el plan están relacionadas con el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares. Además de garantizar el derecho a producir sus propios ingresos en igualdad de oportunidades, para esto harán actividades que promuevan el acceso al trabajo formal, formación para el desarrollo de capacidades y desarrollo empresarial y capacitación para el acceso a recursos y patrimonio propio.

Esto es importante porque uno de los mayores reclamos de las carmeleñas tiene que ver con las pocas oportunidades de empleo y emprendimiento que hay en el municipio, lo que al final se traduce en dependencia económica. Según Eucaris Ramirez, integrante de la organización Mujeres Artesanas Carmeleñas, es común que las mujeres tengan que aguantar violencias de sus parejas porque no tienen sus propios ingresos. Por esta razón también es clave que la política incluya prevención y atención de violencias basadas en género.

El reto de esta buena noticia tiene que ver con la implementación y el presupuesto. Según Diego Jiménez, presidente del Concejo, se aprobó un presupuesto de “servicios para la comunidad” sobre el que debe hacerse seguimiento para verificar que se destinen recursos para acciones específicas con la política pública. Además, en otros rubros, como el del sector agrario, también deberían destinarse recursos, por ejemplo, para mujeres campesinas. 

Los campesinos carmeleños se organizaron en una plataforma

Más de 40 líderes y lideresas de las veredas La Mansa, La Argelia, Habita, El Siete, El Piñón, El Once y la zona urbana se reunieron durante tres días en la vereda El Once, sector La Trocha y crearon la Plataforma Campesina de El Carmen de Atrato en septiembre de este año. Con este espacio buscan trabajar juntos y articularse con las autoridades para resolver problemas como el acceso a la tierra, el estado de las vías y la falta de apoyo para comercializar sus productos. Además, quieren avanzar en la búsqueda de su reconocimiento como sujetos de derechos. 

Isabel Cristina Rincón, campesina de La Trocha, afirmó que “los campesinos somos un eje fundamental para el desarrollo y la vida de todo un país. Somos una minoría en el departamento y en el Carmen de Atrato estamos siendo totalmente invisibilizados, por ello es importante que se sepa que somos campesinos, que estamos en la región y que no queremos perder nuestro territorio”. 

Además de esta plataforma, este año también se conformó la Mesa Interétnica, en la que esperan hablar campesinos mestizos, indígenas y afrodescendientes para solucionar los problemas que hay entre las étnicas, y también para buscar el bienestar común.

Un filtro 3D y un sistema de monitoreo de gas: así se impulsó la tecnología y la innovación en la escuela

La Institución Educativa Marco Fidel Suárez estuvo en la agenda de buenas noticias del municipio con dos innovaciones tecnológicas en las que trabajaron docentes y estudiantes. La primera fue la realización de un filtro de agua modelado en impresión 3D. Con este proyecto, seis estudiantes y dos profesoras buscaron solucionar uno de los grandes problemas de las instituciones educativas del municipio: el acceso a agua potable. De la mano de la comunidad tecnológica Makers, las profes Dora Adriana Bedoya y Yeny María Duque junto a sus jóvenes alumnos se dedicaron a investigar sobre la potabilidad del agua y las formas en que podrían hacerle segura para los niños y niñas de las escuelas rurales.

Con su idea de fabricar un filtro de agua lograron tener prestada una impresora 3D en el colegio y, luego, cuando hicieron realidad su idea, se ganaron dos impresoras. Aunque no han logrado producir los filtros masivamente por falta de apoyo económico, en el colegio están utilizando las impresoras para hacer los envases de algunos emprendimientos ecológicos que tienen, como uno de jabones. 

Además de este proyecto, en el colegio también participaron del Torneo Nacional Ruta STEM 2022, un desafío que hace parte del programa del Ministerio de las TIC Ruta STEM (por sus siglas en inglés), una estrategia de formación en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Con su proyecto “Monitoreo del gas natural que se utiliza en el restaurante escolar de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suárez” clasificaron al escenario final nacional como únicos representantes del Chocó. Después de que un jurado evaluara los 20 proyectos que llegaron a este último filtro, los integrantes del proyecto de El Carmen ganaron tres smartphones. 

Por estos días de fin de año en cada esquina del caribe colombiano hay música. Suenan reguetones, champetas, bachatas, “Joesón”, entre otros ritmos y canciones nuevas. Sin embargo, aunque hayan pasado 80 años, hay algunos vallenatos que siguen amenizando las parrandas costeñas. Estas canciones cuentan historias que, para la mayoría y especialmente para los más jóvenes, son desconocidas, pero que han configurado un relato de región y un estilo musical inconfundible.

José Luis Simanca, un cienaguero de 29 años que en redes sociales es conocido como “Primo E’Costa”, se ha dedicado los últimos cinco años a producir contenidos sobre las tradiciones del caribe. Inicialmente, a través de frases, pero luego también con escritos más largos y videos. En esos años ha cultivado casi un millón de seguidores en todas sus redes. Simanca, además de contar historias sobre gente, pueblos y hasta espantos de la región, también relata las historias de canciones famosas. 

Consonante hizo esta lista de cinco canciones que suenan por esta época y que “Primo E’Costa” ha narrado en sus videos. 

1. La víspera de año nuevo

Este vallenato costumbrista que tiene casi ochenta años no cuenta la historia de la fiesta de año nuevo, sino una historia de un amor que se pone en peligro. Según “Primo E’Costa”, el protagonista de los acontecimientos es precisamente el compositor valduparense Tobías Enrique Pumarejo. El músico, cuando era joven, se escapó con su novia porque la familia de ella no estaba de acuerdo con los amores de los jóvenes. Sin embargo, ese amor prohibido nuevamente se pone en riesgo por cuenta de las parrandas que para mitades del siglo pasado duraban, al menos, una semana completa. 

El novio se perdió durante varios días, dejando a la novia lejos, en un pueblo desconocido y sola. La canción, que sigue sonando cada fin de año, la interpreta el cienaguero Guillermo Buitrago. 

Vea aquí el video: La víspera de año nuevo

2. El cantor de Fonseca

El rostro de Carlos Huertas está inmortalizado en la plaza Tierra de Cantores de Fonseca. Él y su canción “El cantor de Fonseca” pusieron a este municipio del sur de La Guajira entre las tierras más importantes para el género vallenato. Huertas, con el sonido de su guitarra, cautivó a más de uno. “Primo E’Costa” narra que la pregunta con la que comienza la canción se la hicieron a Huertas en Santa Marta: “Alguien me dijo: ¿de dónde es usted, que canta tan bonita esa parranda?”. Y es que la guitarra de huertas no sonaba a lo que se escuchaba en Valledupar, en Magdalena o en Bolívar. En la canción, además de retomar la anécdota, Huertas utiliza su composición para contar la historia del vallenato guajiro a través de los grandes cantantes y acordeoneros, incluso de las dinastías que persisten hasta hoy, como la de los Brito. 

Escuche aquí quiénes son todos los músicos que menciona Huertas: El cantor de Fonseca

3. Momentos de amor

“¡Ay, corazón, mira bien! ¿De qué vale recordar momentos de aquel querer, si ya nunca volverá?”, dice el coro de Momentos de amor, escrita por Fernando Meneses en 1975. La historia que ha contado el compositor es que la escribió por una mujer que conoció y que estaba recién separada. Meneses ha dicho que le tomó solo diez minutos escribir la letra de la canción. Hizo estos versos mientras desarrollaba su rural de Medicina en un pueblo ribereño.  

Vea aquí la historia de cómo la canción llegó a ser grabada por Rafael Orozco e Israel Romero: Momentos de amor

4. Lluvia de verano

Cada vez que en el caribe se escucha el clásico que canta Diomedes Díaz y que compuso el maestro Hernando Marín, la gente pronuncia el nombre de un hombre desconocido. Lisímaco Peralta. “Como Lisímaco Peralta, voy a cambiar de comedero”, dice uno de los últimos versos. Pero, ¿quién era Peralta?

La canción, al principio, no habla de él, sino del momento en que una persona superó el desamor, dejó salir del corazón los resentimientos y finalmente puede continuar viviendo tranquilo. 

 “Ya no tengo ni penas ni sufrimientos
 Ya se fueron como el viento huracanado
 Y las penas que me ardían dentro del pecho
 De penas y sufrimientos se acabaron” 

Sin embargo, la canción toma un giro al final. El hombre, ya recuperado de los malos amores, dice que, de todas formas, tiene “talla de hombre mujeriego”. Es ahí cuando menciona a Lisímaco Peralta. Este era un guajiro que, por los años 70, terminó metido en el negocio de la marihuana, lo que entonces se llamó la bonanza marimbera. Peralta se fue a vivir a Santa Marta. Allí conoció a Marín y le contó su historia. Marín consiguió que Diomedes grabara la canción, incluso con el nombre de Peralta. Sin embargo, “Primo E’Costa” narra que la fama que trajo la canción, también le llevó la desgracia a Peralta.

Escuche la historia de esta tragedia: Lluvia de verano

5. 039: la historia no oficial

La historia oficial de la canción “039” es la que ha contado Alejandro “Alejo” Durán. Cuenta un viaje por río que Durán hizo desde el puerto de Montelíbano y en el que iba con Irene Rojas, una mujer hermosa de quien el compositor se enamoró. Irene, al bajarse a la chalupa, se subió en un carro de placa 039, en el que continuó su camino. “Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera se fue y me dejó llorando”, dice la primera estrofa de este vallenato, que tiene solo dos estrofas y un coro”.

Sin embargo, en el corregimiento de Zárate, en Plata (Magdalena), el relato de cómo nació esta canción es uno muy distinto, empezando incluso por el compositor. “Primo E’Costa” conoció que en Zárate se dice que quien compuso el “039” fue el acordeonero Alberto Luna. El hijo de este músico le contó al influencer y narrador que la canción no cuenta un viaje en río. Por el contrario, cuenta una tragedia: la muerte de una mujer embarazada en un accidente de carro de placa 039. 

Escuche la historia completa: 039

El 9 de diciembre abrió sus puertas el Museo Nacional del Vallenato, ubicado en la Plaza Simón Bolívar de Fonseca, La Guajira. Este espacio busca salvaguardar, perpetuar y difundir la memoria histórica del género musical vallenato, que fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2015. El museo, como lo explica David Hernández, uno de los gestores culturales que gestionó el espacio, es en realidad la unión de dos museos que ya existían: el Museo Histórico de Fonseca y la Casa Museo La Provinciana. Al juntarse, nace El Museo Nacional del Vallenato, básicamente la fusión de tres museos  en  uno solo. El día de su inauguración recibió más de 50 personas de Riohacha, Villanueva y otros municipios guajiros. Además, varios gestores culturales de diferentes municipios también visitaron el lugar que se proyecta como una atractivo turístico y cultural de este municipio del sur de La Guajira. 

¿Cómo es el museo?

En la fachada del museo hay una declaración: “Aquí empezó la historia, aquí te la contamos”, haciendo referencia a los inicios del vallenato. El museo, desde su entrada, declara que el vallenato es guajiro. David Hernández lo explica así: “La música vallenata nace de la música provinciana y, entre otras cosas, Fonseca fue epicentro de esta música provinciana”.

Al ingresar por la puerta de madera de la casa blanca que es el museo, es evidente que son tres museos en uno, o un museo con tres secciones: Museo Nacional del Vallenato, Casa Museo La Provinciana y Museo Histórico de Fonseca. La primera sala tiene retablos con los rostros de los pioneros de la música vallenata, antiguos equipos reproductores de música, radios, grabadoras y hasta una réplica de un fonógrafo, el popular artefacto que es usado como estatuilla en los premios Grammy.

En ese mismo cuarto se encuentra la caja, la guacharaca y el acordeón, que son los tres instrumentos principales del género vallenato. Pero los instrumentos también cuentan la evolución del género. Por ejemplo, hay un acordeón de dos teclados, que es de la época de Luis Enrique Martínez, “el pollo vallenato”, y uno más actual, de tres teclados. Además, hay instrumentos como maracas, bajo, guitarra, violín, conga, armónica y el clarinete del fonsequero Faustino Pitre, músico de mitad del siglo pasado.

Además, como el museo busca narrar también las vivencias típicas del sentir vallenato, tiene también un salón en el que se recrea una sala típica donde los músicos de antaño hacían sus parrandas. 

A la derecha de la sala del Museo Nacional Vallenato hay un salón que va ligado a él, y que, a través de retratos en carboncillo, sigue haciéndole homenaje a los cantantes, acordeoneros, verseadores, decimeros, compositores y guitarristas. El artista es Manuel Cárdenas, hijo de Ramón Cardenas conocido como “Tabaquito”, un artista fonsequero.

El museo también cuenta con una sala de piezas prehispánicas, conformada por piezas que se encontraron en las instalaciones de la Universidad de La Guajira, y que datan de hace dos mil años. Luego, en una sala más hay diferentes artefactos de hace varias décadas, como teléfonos, máquinas de escribir, sumadoras, computador y un proyector de películas o, como lo llamaban hace unos 50 años, retroproyector. Finalmente, una sala más recrea un cuarto de los tiempos en que Fonseca no tenía energía eléctrica, con su cama de tijera o cama catre, letrina y calambuco. 

Para la gestora Carmen Lucina Rodríguez, con este lugar “se contribuye al desarrollo cultural de La Guajira y se posiciona a Fonseca como uno de los epicentros culturales más importantes porque se da a conocer a Colombia y el mundo la historia de este género musical, patrimonio de la humanidad”. 

¿Cómo nació el museo?

Este proyecto llevaba al menos un año y medio en remojo. Nació a mitades de 2021, después de varias reuniones virtuales realizadas entre los directores del Museo Histórico de Fonseca y la Casa Museo la Provinciana, Carmen Lucina Rodríguez y David Hernández. Rodríguez y Hernández, junto a los gestores culturales José Correa y Mario Puello pertenecientes al Consejo Departamental de Patrimonio en ese momento, pensaron en que en los museos existentes había muchas piezas relacionadas con la música vallenata, y decidieron unirlas. 

El museo fue donado a la Alcaldía de Fonseca y como garantes del proceso quedaron varios funcionarios, como el viceministro de la creatividad del Ministerio de Cultura, Jorge Zorro y la senadora del Pacto Histórico, Imelda Daza. Sin embargo, los dos gestores son los veedores “de que todo lo que hay allí se conserve”, explica Carmen Lucina Rodríguez.

Lo que sigue 

Los gestores afirman que han hablado con la Alcaldía de Fonseca sobre cómo lograr que el museo funcione todo el día, la mayoría de la semana. Por ejemplo, han planeado que, junto a los diferentes entes culturales, puedan adquirir el inmueble que es privado, nombrar los directivos y personal de aseo necesario, así como organizar ahí diferentes dependencias culturales que propicien la investigación en estudiantes e investigadores sociales.

Mientras esto sucede los gestores culturales David Hernández y Carmel Lucina Rodriguez dicen que seguirán como veedores para que todo lo que hay allí se conserve. “Eso queda para el año entrante”,dijo Rodriguez.

El 14 de diciembre las calles de La Junta, corregimiento de San Juan del Cesar en el sur de La Guajira, se llenaron de cientos de personas vestidas de blanco. Tenían globos y pancartas. Algunos lloraban mientras sonaba un vallenato. “Yo nací en el pueblo, vivo en el pueblo, donde la gente toda es de alma noble y de buen corazón”, se escuchaba en la voz de Diomedes Díaz, el acordeón de Juancho Rois y la letra de Marciano Martínez, tres músicos sanjuaneros. “El sentir de mi pueblo”, la canción que se escuchaba, era la favorita de Javier Gámez Hinojosa, líder social oriundo de La Junta y un gestor que durante los últimos diez años intentó impulsar la economía del fique en la región.

El escenario fue la despedida, con calle de honor, que la población juntera organizó para despedirlo, después de que fue asesinado el 13 de diciembre en la noche, en la puerta de su casa. A Gámez le dispararon por la espalda desde una camioneta y de los atacantes no se conoce nada.

Su esposa, sus seis hijos, sus hermanos, los líderes y quienes lo conocieron quedaron desconcertados y atemorizados. Jhon Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal y compañero y amigo de Javier Gámez, dice que tienen miedo y que no entienden por qué asesinaron a Gámez. “Él andaba por las calles, por todas partes, libre. Sin siquiera escolta, porque si tú te sientes sin problemas, tú no tienes necesidad”, afirma. 

Ni sus amigos cercanos ni la Personería Municipal de San Juan del Cesar conocieron de amenazas en contra el líder, aunque en algunos medios de comunicación se dice que sí hubo. Tras el hecho, las autoridades locales convocaron un consejo de seguridad en el que participaron representantes de la Alcaldía, la Gobernación, la Policía, el Ejército y la Personería. Como resultado, Alcaldía y Gobernación ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información sobre el homicidio. Esta muerte violenta es la tercera que ocurre en La Junta en los últimos tres meses. El pasado 1 de octubre fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Jader y Francisco Romero, también asesinados a tiros. 

¿Quién era Javier Gámez Hinojosa?

Javier Gámez nació en La Junta hace 53 años, pero tras terminar su bachillerato se mudó a Riohacha para estudiar Ingeniería Industrial. En la capital hizo gran parte de su vida profesional. Fue secretario general de la Gobernación de La Guajira, gerente territorial de la Contraloría del departamento y estuvo vinculado al Fondo Mixto de Cultura de La Guajira. Pero desde hace unos diez años, su obsesión fue impulsar el cultivo del fique en el sur de La Guajira.

Javier García, amigo de Gámez, recuerda que conoció al líder a finales de 2012, cuando era representante legal de un Centro Provincial de Gestión Agroempresarial. Gámez se acercó a él para proponerle que el Centro brindara asistencia técnica en un proyecto de siembra de fique que él, desde su empresa Agroin-Agrofique, estaba gestionando para San Juan del Cesar, Fonseca, Dibulla, Riohacha y Distracción. García aceptó, y aunque el proyecto no salió sino hasta 2015, cuando ya no trabajaba en el Centro, ambos se hicieron amigos. En ese año, García, con ayuda de Gámez, organizó a 79 campesinos fonsequeros para cultivar fique en la Asociación de Fiqueros de Fonseca. Por eso, Javier García dice que Gámez es el padre de la Asociación que hasta hoy continúa trabajando con el fique.

En los años siguientes, según recuerdan varios líderes junteros, Gámez continuó gestionando proyectos con entidades como la Agencia de Renovación del Territorio y, tras la firma del Acuerdo de Paz, también en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En los últimos meses, su obsesión no fue solo el cultivo, sino toda la cadena productiva del fique. “Ahora mismo estábamos en un proyecto en el que lo más importante era un fortalecimiento agroindustrial. ¿Cómo vamos a sacar la fibra del fique y cómo vamos a sacar el jugo y el bagazo de fique que contemplan un 90% de la hoja? Javier Gámez tenía claro eso. Siempre estuvo investigando”, recalca García. 

 Sus asociaciones ya habían ingresado a la Federación Nacional de Fique y estaban haciendo alianzas empresariales. Jhon Acosta cuenta que Gámez también estaba articulado con artesanas guajiras e incluso estaba haciendo contactos para lograr entrar a mercados internacionales, especialmente en el Caribe. Además, desde Agroin producían abono orgánico a base de fique. “Javier visionaba el futuro y luchaba por eso. Tenía muy en cuenta su pueblo, tenía mucha gente trabajando en su empresa. Él quería que el fique fuera una de las bases principales de nuestra comunidad”, explica Acosta. 

Por eso quienes lo conocieron y trabajaron con él se sienten desorientados. Los líderes y amigos se sienten inseguros y consternados. “Nosotros confiamos en los entes encargados de la investigación y en nuestras instituciones. Les pedimos que esclarezcan los hechos, y que no vaya a pasar a ser la muerte de este hombre tan importante otra del montón”, afirma Acosta. Y agrega que hay miedo: “No solo yo como líder comunal, todo el pueblo está asustado”.

Además, Javier Gámez apoyó la reincorporación de los excombatientes del Antiguo Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación de Pondores, en Fonseca. Según Wilfran Martínez, representante legal de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (Coompazcol), el líder fallecido “siempre tuvo disposición de colaborar poniendo a la orden su enseñanza”. Además, afirma Martínez, los invitó a “compartir experiencias en sus proyectos de fique y de ovejos. Estaba convencido que la reconciliación se hacía con obras sociales con las comunidades, fue un gran aliado de la paz en La Guajira”. 

Desde hace cinco años, cuando los firmantes de paz de Pondores llegaron al espacio de reincorporación, Javier Gámez, como representante legal de Agroin, facilitó la tierra de la finca San Luis (188 hectáreas), a través de una figura de comodato, para que los excombatientes trabajaran en sus proyectos productivos. Desde el principio, afirma Martínez, sobre el comodato había opción de compra. De hecho, el pasado 7 de diciembre Coompazcol recibió la tierra de San Luis de manos de la Agencia Nacional de Tierras. 

La población teme que vuelva el conflicto

La Junta, como otros corregimientos de San Juan del Cesar, fue fuertemente afectada por el conflicto armado. Tanto así que, en 2003, hubo un desplazamiento masivo de la población. Desde entonces la gente ha intentado reconstruir el pueblo con base en el turismo musical, de la mano de la historia de Diomedes Díaz. Cada fin de semana el pueblo recibe entre 6 y 8 buses llenos de personas que quieren visitar los lugares que habitó “El Cacique”. Sin embargo, tras las recientes muertes violentas ha revivido el temor a que ese conflicto de hace 20 años resurja. Además, a que afecte la vida económica de la población. “La Junta sufrió mucho y estamos volviendo a caer en ese miedo. Van tres asesinatos. Uno dice: Dios mío, ¿será que esto va a seguir?”, se pregunta Jhon Acosta.

En este corregimiento aún no hay claridad sobre qué está pasando en materia de violencia y orden público. La Defensoría del Pueblo emitió el 17 de febrero de 2022 la alerta temprana 004-22, que describe que los liderazgos comunitarios son los más afectados en territorios con presencia de grupos armados. Además, calificó el nivel del riesgo como “medio” y registró la presencia del Eln y de otros grupos delincuenciales. Según Indepaz, es pronto para afirmar qué pasa en el territorio, pero lo cierto es que desde Barranquilla hasta el norte de La Guajira y desde el Magdalena Medio hasta Valledupar, esta organización ha registrado el accionar de grupos paramilitares y otros grupos de delincuencia común aliados con estas organizaciones criminales. 

La finca San Luis, de 188 hectáreas, ahora es propiedad de la Cooperativa Multiactiva para la Paz de Colombia (Coompazcol), una organización formada por alrededor de 185  excombatientes de las antiguas Farc, familiares y miembros de la comunidad de Pondores. El título de propiedad de este predio se les entregó a los firmantes de paz el pasado 6 de diciembre, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Wilfran Martinez, director de Coompazcol, celebró esta entrega, pues desde 2017, cuando nació la cooperativa, estaban esperando la tierra. “Habíamos trabajado solo con la buena intención de los dueños del terreno, pero siempre con la inquietud de no tener nada propio y eso nos tenía en una inseguridad jurídica de que no nos salieran beneficios con el Estado'', explica. 

En diciembre de 2016 llegaron a este Antiguo Espacio Territorial para la Capacitación y la Reincorporación (AETCR) 220 hombres y mujeres que integraron el Bloque Martín Caballero, que operaba en el Caribe. En agosto de 2017 los firmantes de la paz dejaron las armas y desde entonces se dedicaron a desarrollar varios proyectos productivos que les permitieran sostener económicamente su proceso de reincorporación a la vida civil, así como construir con las comunidades aledañas. 

La comunidad explica cuáles son los proyectos productivos 

La finca San Luis, a la que todos llaman “La granja”, es un terreno extenso en el que los excombatientes trabajan desde hace cinco años. Allí están sectorizados los espacios para cada uno de los siete proyectos productivos que están desarrollando y que vinculan a los miembros de la cooperativa. 

Uno de estos proyectos es Dama Verde, un emprendimiento agro ecológico en el que trabajan 40 mujeres y siete hombres. Este grupo se dedica a crear abonos orgánicos, cultivar y comercializar plantas aromáticas medicinales y a sembrar árboles nativos para la reforestación y árboles maderables. Además, están sembrando cultivos integrales, es decir, en los que crecen alimentos variados, como cebollín, tomate, maíz y yuca. Marinelly Hernández, líder de emprendimiento y presidenta de la Junta de Acción Comunal, asegura que están “trabajando con las mismas comunidades y formando para la protección del medio ambiente”.

En este proceso han sido capacitadas por el SENA y han tenido apoyo de organizaciones de cooperación internacional. Sin embargo, según afirman, el camino que les falta por recorrer es largo. “La falta de garantías del mismo gobierno no ha permitido que desarrollemos nuestros proyectos y que nuestros productos sean vendidos. Dama Verde es un proyecto muy ambicioso y muy bonito porque estamos construyendo territorio donde podemos encontrarnos con mujeres de la región y compartir nuestras experiencias y  la cultura”, afirma Marinelly Hernández.

En San Luis también están adelantando un proyecto de ganadería doble propósito. Crían ovejas y cabras y, a su vez, tienen proyectos agropecuarios como la siembra de tomates, que les ha permitido abastecer a las familias y generar ingresos. “Gracias al Programa Mundial de Alimentos hemos podido vender nuestros tomates al PAE, donde el 85 % de la producción era utilizada para la alimentación de los estudiantes de La Guajira, pero se necesita mucho apoyo de las entidades locales para poder asegurar la venta de nuestros productos”, explica Wilfran Martinez. 

En la misma línea de la seguridad alimentaria están produciendo huevos. En estos momentos, en los galpones tienen 3.600 gallinas ponedoras y la producción alcanza los 3.200 huevos diarios, aunque varía. “Producimos huevos semicriollos y estamos haciendo los esfuerzos para que sean orgánicos”, explica Wilfran. Este proyecto alcanza para distribuirlos entre la población el AETCR y del corregimiento de Conejo. En algunas ocasiones incluso han vendido huevos en Fonseca. Pero lo que más destacan los firmantes no es la producción, sino que a partir de su gestión lograron que el proyecto de gallinas ponedores llegara a 406 familias de La Unión, Pueblo Paz, Pondores, Las Colonias, Las Bendiciones, Las Marimondas y Conejo. 

Además, desarrollan otros proyectos como la confección de ropa deportiva y de montaña, y la fabricación de adobes ecológicos. Sobre este último proyecto están probando el mercado, por lo que han producido algunos para la venta local. Por otro lado, están proyectando trabajar en la fabricación de puertas y ventanas metálicas y recientemente ganaron un proyecto con la Unión Europea para establecer una transportadora. 

Seguridad y apoyo, entre los reclamos

A los firmantes de paz les ha tomado cinco años llegar a establecer estos siete proyectos productivos. Aunque ha sido un proceso lento, la gran mayoría sigue comprometida con la reincorporación. Sin embargo, algunos hechos han desilusionado a la población. El pasado 23 de julio miembros del Ejército Nacional allanaron la sede del proyecto Dama Verde y, a su paso, destruyeron insumos. Marinelly Hernández asegura que este acto fue “un atentado directo a la paz, porque es un proyecto donde hay madres, niños en discapacidad, adultos mayores. Este tipo de actos nos hacen sentir inseguros". 

Además, desde el año pasado están esperando “trastearse” a la finca Portobello, de 8,7 hectáreas. Este predio se los entregaron, pero por demoras en los estudios de factibilidad no han podido empezar a construir las nuevas viviendas, pues las que tienen ahora se están cayendo. 

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, el Estado debe cambiar el enfoque de la reincorporación para lograr que sea sostenible. “La lógica institucional se ha centrado en la entrega de beneficios económicos que tienen un carácter transitorio y en el desembolso de proyectos productivos cuya oportunidad de éxito es cuestionable. La reincorporación sostenible pasa por la posibilidad de que los excombatientes accedan a oportunidades económicas de manera autónoma y sostenible”, dice un documento publicado por la organización. Se refieren a que hace falta acompañar los proyectos que se están ejecutando y “diseñar estrategias tanto de inclusión laboral como financiera''. Esto es, precisamente, lo que piden en Pondores: seguimiento y asistencia a sus proyectos, apoyo para la comercialización y relacionamiento con posibles compradores y seguridad para que no vuelvan a allanar esta ni ninguna finca.

Lo que sigue

Los predios están a nombre de la cooperativa, pero según Rosa Doris Chaparro, funcionaria de la Agencia Nacional de Tierra, esta es una entrega provisional. “Nos queda todo el proceso de hacer la asignación definitiva a las familias. Estamos apostando por una entrega colectiva porque creemos que es la manera de hacer más productiva la tierra”. Ahora, los excombatientes deben decidir a cuáles familias irá la tierra y cómo la dividirán. Después, la Agencia tendrá la tarea de titular los terrenos de nivel individual.

Esta semana los trabajadores de la pavimentación de la vía Carmelo - Playa de Oro volvieron a trabajar en la obra, tras 23 de haber estado en pausa. Durante este tiempo la comunidad del corregimiento de Carmelo no supo por qué los trabajos de mejoramiento que estaban adelantando desde finales de septiembre no han avanzando, pues ni el contratista, ni la interventoría, ni la administración municipal les informaron qué pasaba.

¿Qué ocurrió?

En entrevista con Consonante, Deiner Mosquera, secretario de Planeación de Tadó, explicó que la obra estuvo pausada porque la administración municipal solicitó a Invías que cambiara los diseños. Esta petición la hicieron por dos razones: “Esta vía no es terciaria, sino secundaria, porque comunica a dos municipios Tadó y Bagadó. Además, en esa vía el tráfico es bastante pesado, por ahí se abastece Bagadó, tanto para víveres como para materiales de la construcción, entonces con ese diseño vial esa vía no iba a durar”, explica Mosquera. Esto ya lo había alertado la comunidad cuando se socializó la obra, el 10 de octubre.

Tras la solicitud de la Alcaldía, el Instituto Nacional de Vías (Invías), el contratista Juan Carlos Ponce y la interventoría tuvieron que acordar qué hacer. “El tiempo que estuvo suspendida la obra fue porque el contratista y la interventoría estaban mirando con los recursos que hay cuál sería el alcance”, afirma Mosquera. Se refiere a que los 960 millones de pesos que se destinaron para construir 704 metros de placa huella y cuatro obras de arte (alcantarillas, box culvert y mantenimiento vial) no alcanzan para construir esos mismos metros, pero en pavimento en concreto rígido.

La respuesta de la interventoría es que el dinero que hay alcanza para construir 400 metros de pavimento.

No se le informó a la comunidad

A pesar de que la obra empezó a ejecutarse a finales de septiembre, apenas el 10 de octubre el contratista y la administración municipal socializaron el inicio de obras con la comunidad. Como en esa ocasión, esta vez tampoco se le informó a la población que la obra estaría pausada casi un mes, ni mucho menos se les dijo por qué.

“Después de la socialización que se hizo con la comunidad de Carmelo no hay avance en la obra, solo rasparon la vía y terminaron unas alcantarillas que tenían iniciadas. Se rumora que hay cambios en el pavimento, pero la comunidad no tiene conocimiento”, comenta Tirson Domínguez, presidente del Consejo Local de Carmelo.

Una vía importante

Esta vía comunica la carretera Quibdó-Pereira con el municipio de Bagadó. Por ahí se transportan alimentos, medicamentos, habitantes y turistas a Bagadó, pasando por el corregimiento de Carmelo. Es la única vía de acceso que tienen estas dos poblaciones, y por su estado, se ha complicado la vida de la gente. Tanto así que en 2020 las dos comunidades hicieron un paro para exigir el arreglo del camino de tierras y piedras que en invierno termina con huecos que atascan carros y camiones.

Después del paro el municipio de Bagadó pavimentó un tramo, pero hasta hoy el trayecto que va desde la carretera principal hasta Carmelo es una trocha. Este invierno, de hecho, el estado de la vía ocasionó que el bus escolar tuviera que interrumpir su trayectoria porque no podía pasar debido a los huecos y al barro.

Por eso, para Narlyn Mosquera, habitante del corregimiento de Carmelo, es urgente  pavimentar o mejorar la vía. “Ya es hora de que los carmeleños disfrutemos de nuestra carretera pavimentada. Este corregimiento le deja una cantidad de ganancias económicas en comercialización de oro, alimentación, ropa, y muchos otros productos para la construcción de viviendas”, dice. Sin embargo, afirma que no está de acuerdo con que pavimenten menos de un kilómetro. “El pueblo carmeleño se merece que su única vía de acceso sea pavimentada totalmente”, puntualiza Mosquera.

Lo que sigue

Deiner Mosquera afirma que, junto al contratista y a la interventoría, están evaluando cuáles serán los 400 metros que van a pavimentar. “Es necesario que sea en el sitio más crítico que tiene la vía, no en el sitio en el que ellos tenían pensado. ¿Cómo vamos a hacer la obra donde está mejor la vía y dejar el sitio más crítico sin hacerle nada?”, puntualiza.

Además, Mosquera se compromete a socializar con la comunidad cuáles serán los puntos en los que se van a trabajar y las fechas. Se resalta que, aunque en un comienzo se anunció que la obra se ejecutaría en cinco meses, lo cierto es que hasta ahora no se ve ningún avance.

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (también llamado Clan del Golfo) se están disputando el territorio ubicado en la frontera entre los departamentos del Chocó y Antioquia. Este lugar es estratégico porque ahí está ubicada una de las dos carreteras que comunica al Chocó con el interior del país y se juega el corredor para mover droga, armas y personas. La guerra entre estos dos grupos, que se ha intensificado en los últimos meses, mantiene a la población civil, especialmente la indígena, atemorizada por riesgo de reclutamiento, minas antipersonal y combates.

El hecho más reciente que demuestra el miedo que viven en su día a día los grupos étnicos de la zona se dio el pasado 16 de noviembre. Ese día, un grupo de 13 familias indígenas de la comunidad de El Noventa (Quibdó) salió de su territorio después de que en varias viviendas aparecieran marcas con las siglas del ELN , y la frase “frente el boche”. Ese mismo día, según el relato de algunos miembros del resguardo, hombres armados y uniformados llegaron a los alrededores de la comunidad y amenazaron a Luis Ángel Arce, gobernador del pueblo. En meses anteriores el gobernador ya había sido amenazado.

El grupo compuesto por unas 30 personas se desplazó hasta Medellín, y fue atendido por funcionarios de la Alcaldía municipal. Sin embargo, con el paso de los días la mitad de las personas retornó de forma voluntaria al territorio.

Este resguardo indígena está ubicado a apenas siete kilómetros del resguardo de El Dieciocho, donde hace cinco meses salieron desplazadas 159 personas, también a Medellín, tras escuchar disparos y amanecer con múltiples grafitis. En ese momento las siglas fueron otras: Agc.

¿Qué está pasando entre ambos grupos?

Tanto la Defensoría del Pueblo como Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) han registrado cómo la disputa de las Agc con el Eln ha reconfigurado el control que cada grupo tiene en el territorio. Hasta 2020, la guerrilla del Eln era el único actor armado presente en la “trocha”, como la gente de la región conoce la carretera El Carmen de Atrato-Quibdó. Pero, con el comienzo de la pandemia por el Covid-19, los paramilitares de las Agc, quienes en esta zona habían estado operando en la cuenca media y baja del río Atrato, en el San Juan y en el suroccidente antioqueño, empezaron a expandirse y a consolidarse en prácticamente todos los municipios de la cuenca alta del Atrato, incluyendo El Carmen de Atrato. 

Luis Enrique Murillo, defensor regional en Chocó, explica cómo ha sido la estrategia de los grupos ilegales: “Instalan personas de ellos en cada una de las comunidades o municipios, los llamados ‘puntos de control’ para controlar la movilidad del río y la organización comunitaria”. Así, los grupos van recolectando información que les permite llevar a sus tropas. Las Agc, además, van anunciando que se mueven. El 9 de septiembre del año pasado en el corregimiento de La Mansa, en frontera con Ciudad Bolívar (Antioquia), amanecieron 12 grafitis en viviendas y establecimientos del lugar. Lo que ha visto la Defensoría es que se están moviendo y replegando cada vez más al Eln.

Sin embargo, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, afirma que no se puede hablar de un debilitamiento de la guerrilla, sino de un repliegue y concentración en ciertos lugares. El Eln se ha concentrado en la trocha, pero cada vez más cerca de Quibdó. “La pérdida de la zona norte de Antioquia ha hecho que se concentren en Bojayá, Medio Atrato y Quibdó. También sabemos de avances del Eln en zonas urbanas”, indica. La Defensoría también ha documentado que el Eln se ha aliado con los grupos delincuenciales urbanos de Quibdó, junto a quienes se expandieron en la zona rural de Quibdó.

¿Por qué se enfrentan?

Lo que se disputa es el uso de la carretera. Carlos Espitia, investigador de Indepaz, explica que el mayor interés sobre esta región es su ubicación. Esta es una de las dos vías que tiene el Chocó, por la que se mueve todo el comercio hacia el interior del país, incluso el paso de las drogas y el tránsito de personas. “El 70 por ciento de la droga del país sale por el Pacífico, entonces como corredor es importante. Y también hay madera y minería de oro”, afirma. Además, se juega otro aspecto importante para los grupos ilegales: el control sobre las extorsiones.

Confinamiento, riesgo de minas y reclutamiento: las consecuencias

La guerra en el Chocó, apenas este año, ha afectado a 34 114 personas, según las cifras de la Defensoría del Pueblo. Las más perjudicadas han sido las comunidades indígenas. De acuerdo con las cifras de la entidad, ha habido 70 comunidades indígenas y 25 comunidades afro afectadas. El hecho que más se repite es el confinamiento: 90 eventos en 2022. Según la Unidad para las Víctimas, este año 14 501 personas han sido afectadas por este hecho victimizante en el departamento.

La categoría es difusa para muchas entidades, especialmente las locales. En mayo, cuando la comunidad indígena de El Dieciocho se desplazó, los líderes afirmaron que estaban confinados. Sin embargo, el Comité de Justicia Transicional de El Carmen de Atrato insistió, tras visitar el lugar, en que no había un conflicto activo. Para Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo del Chocó, es claro que los pueblos sí quedan confinados y que la situación es grave. “Hay actividades que son tradicionalmente nocturnas, como la cacería y la pesca en comunidades indígenas, y esas ya no se pueden realizar porque hay unas normas de restricción de movilidad después de las seis de la tarde”, explica. 

Además, instalar minas en los lugares en los que se mueve la guerrilla, según el investigador Espitia, es una práctica común del Eln. Estos sitios a menudo coinciden con los que usan las comunidades para cultivar. “Entonces estas comunidades que tradicionalmente viven de estas actividades, no lo pueden hacer y eso va generando desabastecimiento alimentario y, en últimas, el desplazamiento de las personas más vulnerables de la comunidad”, insiste. 

En las comunidades indígenas del Chocó el riesgo de reclutamiento de niños y jóvenes es alto. Incluso, organizaciones como la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó (Fedeorewa) han reportado que algunos jóvenes se suicidan para no terminar en medio del conflicto. Lo han documentado en Bojayá y en Quibdó. Este riesgo persiste en la trocha. 

Acuerdo humanitario ya: lo que pide la gente

Un líder de la zona le dijo a Consonante que no se explica por qué el Eln “sigue haciendo desorden acá” si los representantes del grupo están sentados en Caracas (Venezuela) negociando con el gobierno colombiano. A pesar de que desde octubre el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y la dirigencia del Eln anunciaron que reanudarían los diálogos buscando un proceso de paz, solo hasta el 21 de noviembre se instaló la mesa. Aún así, todavía ninguna de las dos partes ha dicho si está cerca un acuerdo de cese al fuego.

La petición que las comunidades le hacen al gobierno y al Eln es la misma desde hace cinco años: necesitan que haya un acuerdo humanitario ya para que la población civil quede fuera del conflicto. Esta propuesta la han impulsado organizaciones como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de Quibdó e Istmina-Tadó, e incluso la misma Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la organización que coordinaba Danilo Rueda antes de ser comisionado de paz. 

Lo que sigue

Por la multiplicidad de actores para los expertos es claro que se necesita más que un cese al fuego por parte del Eln, teniendo en cuenta que todavía no se sabe en qué van los diálogos con las Agc. El líder que pidió no revelar su nombre hace una petición: “El diálogo no se ve. Queremos ver la paz total”.

Edward Santiago Molina salió del clóset dos veces. La primera vez que lo hizo estaba cerca de cumplir 18 años. Había terminado el bachillerato y se había ido a estudiar a Santa Marta. Hasta antes de entrar a la universidad había estado esquivando las preguntas incómodas de sus familiares: ¿para cuándo el novio? Y él respondía que todavía era muy joven para eso. Pero tras conocer otras posibilidades en la universidad, no pudo ocultar más que le gustaban las mujeres. Eso no habría sido un problema sino porque, para ese momento, él también era una mujer a los ojos de todos. Entonces dijo que era lesbiana, y que por eso era “machorra”, como escuchaba en los comentarios que hacían sobre él. Su madre, una mujer profundamente religiosa, le dijo que no podía seguir viviendo bajo su mismo techo. Edward se mudó con su novia.

La segunda vez pasó varios años después. Ya se había ido a vivir a Bogotá y sentía que debía “manejar una doble vida”, una que le permitiera estar con su familia de forma cordial y otra con la que pudiera expresarse como quería. Cuando volvió a Fonseca, continuó viviendo como una mujer lesbiana, hasta hace apenas unos ocho años, cuando decidió quedarse con su segunda vida: una en la que no era una mujer lesbiana, sino un hombre trans al que le gustaban las mujeres, que podría vestirse como quisiera y al que nadie iba a llamar por su nombre femenino. Eso, por supuesto, no fue sencillo.

“Cuando yo decidí dar este paso, ya estaba en los negocios. Estaba emprendiendo en mi vida económica como tal.Se me pasó por la cabeza que ahí, al estar yo dándole la cara a la gente, podía ser foco de burlas, de críticas y de no aceptarme, tanto que mi negocio se viera afectado, porque muchas veces ha pasado”, dice. Sí recibió burlas e insultos, pero su negocio no sufrió. Desde entonces ha empezado un camino para ser reconocido como un hombre trans que tiene derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a su nombre y, sobre todo, al respeto. 

La lucha de “Edu”, como lo conocen sus amigos, ha avanzado: se cambió formalmente el nombre, se horminizó y pasó por procesos quirúrgicos. Hoy tiene 44 años y es dueño de un restaurante. A veces hasta él mismo se sorprende de que en Fonseca, ese pueblo conservador del que se fue, ahora los hombres y mujeres trans, los gais, lesbianas y bisexuales puedan andar sin miedo a que los golpeen, como sí sucedía 20 años atrás. Sin embargo, reconoce que la discriminación continúa y se manifiesta en varios niveles: burlas, falta de acceso al trabajo, desprotección e incluso ser blanco de violencias por parte de grupos armados.

El miedo y la autocensura

A finales de los años 90, cuando Edu se reconoció lesbiana, lo hizo con miedo. Su madre, una mujer religiosa, le dijo que no se podía quedar viviendo en su casa, entonces decidió hacer una vida aparte con la pareja que tenía en ese momento. Sin embargo, todas sus acciones estaban controladas por el temor a ser juzgada. “Está la censura, está el hecho de que no se te den las mismas oportunidades o que tengas que ocultarlo y decir: simplemente es una amiga (su pareja)”, explica.

Se refiere al orden social que imperaba en el municipio y en toda la región en ese momento, y que se sostuvo con los años. Es decir, un lugar de costumbres religiosas, tradicionalmente machista, donde se le inculca a las personas que un hogar normal se compone de una pareja del sexo opuesto, y que lo se salga de este esquema es anormal, malo o peligroso. Cristian de la Rosa, abogado encargado del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, explica que estos prejuicios “hacen pensar que (las personas LGBT) son ciudadanos o personas de segunda o tercera categoría, y la violencia que sufren está basada en este contexto de machismo, patriarcado y de discriminación estructural”. Es decir, cuando una persona no encaja en el molde, por ejemplo, por no ser heterosexual, el resto de la sociedad pone una carga negativa sobre ella.

Múltiples informes de organizaciones sociales han documentado violencias que se desprenden de esos prejuicios. Por ejemplo, golpizas o violencias sexuales. En los municipios en los que operaron actores armados legales e ilegales también se documentaron violencias por prejuicio y hasta asesinatos.

Las personas LGBT de Fonseca también tenían miedo de ser violentadas. Por eso, desde entonces la mejor estrategia ha sido la autocensura y el aguante. Para Edu implicó acostumbrarse a escuchar comentarios groseros o a que siempre estuvieran hablando de él. Xilena Levete, mujer trans y cofundadora de la Fundación Identidad Activa, lo dice en una frase: “Siempre va a haber un desadaptado que quiere boletear”, o sea, faltar el respeto a través de expresiones vulgares o groseras, chiflar o incluso hacer propuestas sexuales únicamente porque la persona no es heterosexual. 

Ante estas expresiones de violencia verbal, muchos prefieren el silencio. Ante una palabra desobligante, prefieren “demostrar que no es así”, como lo dice Xilena Levete. Esa estrategia ha funcionado para que, por ejemplo, las personas LGBT se hayan podido asociar en dos fundaciones: Identidad Activa y Fonseca Diversa. Y para que este año hayan organizado la primera marcha del orgullo LGBT y  el reinado Higuitos y Cayenas.

José Trespalacios, enlace LGBT de la alcaldía municipal, afirma que “hay discriminación, pero muy poca”. Para él esa discriminación se ve en el trato del día a día y las burlas, pero también en el derecho al trabajo. Esta es la mayor barrera que sigue enfrentando la población diversa de Fonseca 

Edward Molina lo ha visto. “A nivel laboral está subvalorada la persona por ser gay. Por eso respeto mucho a las personas que nunca deciden decir “soy gay” simplemente por temor a ser señalados o incluso privados de su derecho al trabajo”, dice. Negar la orientación sexual o la identidad de género va de la mano con la práctica de verse “serios” o no “botar plumas”, es decir, autocensurar las expresiones corporales para no ser discriminados. José Trespalacios confirma que la autocensura parte de un problema mayor: “Hay una estigmatización”, indica tajante. “Si la persona hace parte de la población LGBT es bastante complicado conseguir un trabajo. Pero la mayoría de la población aquí trabaja independiente”, aclara. Aún así, la autocensura continúa. 

El prejuicio sigue operando: ¿por qué nadie reclamó la muerte de Estrellita?

El 24 de junio fue asesinada Estrellita, una chica transgénero de 22 años. A pesar de que el hecho generó miedo y fue ampliamente comentado entre la población fonsequera, a la fecha no se ha esclarecido quién la mató ni por qué. Ni la Policía ni la Fiscalía han reportado capturas o avances en la investigación y, lo peor, ni siquiera las asociaciones diversas han exigido respuestas.

Ante este hecho, para Cristian de la Rosa es evidente que el prejuicio sigue operando: “El prejuicio hace que la violencia que versa sobre la vida de esas personas no sea reprochada como sí lo son otros tipos de violencias contra otros grupos poblacionales”. 

Pero no es solo eso. En La Guajira, y especialmente en Fonseca, se ha empezado a reconfigurar el conflicto, y las personas LGBT quedan en el medio, ya sea como víctimas de la violencia o como personas vulnerables que pueden ser utilizadas por los armados. 

“En los últimos dos años en La Guajira y el Cesar se han venido posicionando actores armados ilegales en principio asociados con redes de microtráfico y en segundo por otros actores armados legales que han participado activamente en el conflicto armado y que nuevamente han empezado a ejercer un control hegemónico, territorial, social y en algunos casos político, donde se perfilan a personas vistas como detractoras de la moralidad o del orden social”, explica de la Rosa. Entre esas, están las personas LGBT. 

El investigador de Caribe Afirmativo explica que esas ideas sobre las personas LGBT terminan por justificar los asesinatos, incluso culpando a la víctima. De hecho, el mismo enlace LGBT, José Trespalacios, dice que el asesinato de Estrellita se debe “a lo que ella estaba haciendo”. “A una persona que esté actuando bien, que venga con sus pautas bien, no le pasa eso. Pero si ando por malos caminos, entonces en cualquier momento puede llegar eso”. 

Sin embargo, de la Rosa explica que la misma discriminación que viven las personas LGBT, sobre todo las trans, las arrojan a círculos de pobreza que “las expone a sistemas de violencia como las redes de microtráfico que hace que sean objeto de estos actores armados. Y cuando ya ellas no les sirven, son asesinadas”, dice.

La presencia de los actores armados mantiene en especial alerta a una parte de la población LGBT, aunque la administración municipal no reconozca esa particularidad y diga que “cualquier persona puede quedar en medio de la confrontación”, como le dijo Trespalacios a este medio.

Hace falta un cambio profundo

A pesar de que todas las personas consultadas para este reportaje reconocen que en Fonseca hay avances en materia de acceso a derechos para las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, es claro que hace falta un cambio profundo en la sociedad para que se pueda hablar de igualdad.

Este cambio debería ocurrir en todas las personas y familias, porque hoy tener una orientación sexual o identidad de género diferente y mostrarlo puede ser el comienzo de una lucha caótica, larga y desgastante. A pesar de que la Alcaldía ha adelantado acciones como charlas en instituciones educativas y en instituciones estatales para evitar la discriminación, es evidente que no ha sido suficiente.  

Para Cristian de la Rosa el cambio puede venir desde lo institucional, por ejemplo, desarrollando una política pública financiada que contemple acciones para que las personas LGBT puedan ejercer su derecho al trabajo. Jose Trespalacios explica que están en proceso de construirla y que, para el primer trimestre del próximo año ya debería haber avances.

Para Edu el cambio también se puede impulsar desde las acciones individuales. En su caso, a pesar de que se ha sentido abatido y discriminado, con su trabajo como empresario y contando su historia, cada que puede, ha logrado convertirse en un referente para niños, niñas y adolescentes, así como para personas diversas que luchan por tener una vida digna y por expresarse en libertad.  Por ejemplo, abrió el camino en el municipio con el proceso de cambio de nombre y de género en la Registraduría y también logró que la EPS cubra sus tratamientos y cirugías.

Con cada “pasito”, como dice Edu, está impactando positivamente en el municipio. “Mientras nos ganamos el respeto, nos acepten o no nos acepten, aquí estamos. Eso no va a cambiar, así hagan corrillos, se burlen, o se rían, simplemente aquí estamos”, afirma. 

El 11 de noviembre un grupo de personas del corregimiento de Guamachal encontraron el cuerpo de Claudia Elena López a orillas del río César. Claudia era indígena wayúu, madre de dos niños y había llegado algunos días atrás desde Maicao a San Juan del Cesar, donde se estaba quedando en la casa de su prima. Claudia fue asesinada, pero todavía no se conocen detalles de lo qué pasó.

Cinco meses antes, el 14 de junio, Maritza Loperena iba a entrar a su vivienda en la vereda Piñoncito a preparar a sus hijos de 12 y 13 años para ir al colegio, cuando un hombre encapuchado le disparó. Maritza era ama de casa. Se dedicaba a cuidar a su familia y a cultivar su patio, en el que sembraba piña, yuca, guineo, auyama, entre otras verduras. Además, estaba en proceso de capacitarse para ser líder. Maritza murió de camino al hospital, transitando las dos horas de camino que hay entre Piñoncito y San Juan del Cesar. 

Estos dos feminicidios han puesto en alerta a las mujeres sanjuaneras, especialmente a las indígenas. Y también han dejado en evidencia el desinterés de las autoridades por garantizar sus derechos o investigar estos casos para combatir la impunidad.  Anairis Loperena, integrante de la Comisión de Mujeres del pueblo wiwa, dice que la justicia es lenta y discrimina a las indígenas. Cinco meses después del asesinato de Maritza, no se sabe quién lo hizo ni por qué. Tampoco ha habido una captura. “No vemos respuesta de la Fiscalía, no nos ha llamado a decirnos qué pasó con Maritza”, dice decepcionada y molesta. El mensaje que envía la inacción para estas mujeres es que no vale la pena denunciar. “Uno no sabe a dónde dirigirse. Uno se pregunta con quién se queja”, agrega Anairis.

Y eso, cuando se quejan. A pesar de que las organizaciones de mujeres han hecho un trabajo de varios años dando a conocer los derechos de las mujeres y los tipos de violencias que existen, en San Juan y en toda La Guajira el machismo sigue arraigado. Tanto en la población indígena, como en la afro y la mestiza, las mujeres siguen inmersas en un laberinto que a menudo les impide liberarse del maltrato. Son violentadas y muchas se quedan calladas por temor a que la situación empeore si hablan, y si deciden hablar, a menudo se encuentran con barreras institucionales: las autoridades minimizan sus denuncias o las hacen conciliar con los agresores. Cuando la violencia llega al feminicidio, la falta de investigación y de justicia las decepciona. Una prueba de esto último es que en mayo del año pasado, tras tres feminicidios en el departamento, un grupo de mujeres wayúu salieron a marchar para reclamar justicia y a pedir que no las revictimicen cada vez que hacen denuncias. 

Este panorama de injusticia y violencia se multiplica en el resto del país. Según Medicina Legal, en lo que va del año 2 144 mujeres han denunciado que son víctimas de violencias basadas en género. O sea, 33 cada día. Esta cifra representa un aumento de 25 por ciento de denuncias frente al año anterior, explica la abogada María de los Ángeles Ríos Zuluaga, asesora técnica y jurídica de la Red Nacional de Mujeres, quien advierte que las cifras pueden ser mucho mayores. “Hay que partir de que hay un subregistro de estos casos”, explica. 

En cuanto a feminicidios, Medicina Legal ha recibido 659 alertas de feminicidio y ha confirmado 140 casos. Sin embargo, el conteo de la Red Feminista Antimilitarista es mucho mayor. Entre enero y octubre de 2022, esta organización registró 500 feminicidios. En La Guajira fueron seis, aunque ahí no está incluida Claudia Elena. 

Todo lo que está mal en la atención a las víctimas

Anairis Loperena, junto a otras mujeres indígenas del pueblo wiwa, se ha dedicado los últimos 15 años de su vida a acompañar a mujeres víctimas de violencia de género. También se ha dedicado a prevenirla. Por eso las autoridades ya la conocen y la escuchan. Sin embargo, asegura que eso no siempre sucede. “Cuando nos pegamos (a hacerle seguimiento) a estos casos en la Comisaría o Policía y hacemos el acompañamiento, hay un poco de respuesta. Pero cuando las lideresas no estamos ahí, a las mujeres no se les dan una respuesta. Quedan abandonadas”, asegura. El resultado es que, en muchos casos, las víctimas continúan siendo agredidas. 

Rosa Daza, comisaria de familia de San Juan del Cesar, acepta que el seguimiento que se le hace a las denunciantes es poco. “El seguimiento que se hace es a través de informaciones de las mismas víctimas, porque son tantos los casos que se presentan… que si la víctima se presenta acá, que dice que se le están presentando algunas circunstancias, nosotros sí hacemos el seguimiento, el llamado y la alerta”. 

Para Loperena esto no debería suceder. “Ellos (los funcionarios) tienen que estar haciendo seguimiento sin que nosotras tengamos que estar ahí”, afirma. 

Además de la falta de seguimiento, las mujeres han notado que las autoridades le restan importancia a las denuncias por violencia de género. Esto no pasa solamente en San Juan. Norelis Uriana, coordinadora de Mujer, Familia y Generación del resguardo indígena de Mayabangloma en Fonseca, explica que “las autoridades a veces sí activan las rutas y a veces no. Cuando son casos de niños y niñas, enseguida actúan, pero cuando son casos de mujeres adultas no les prestan tanta atención”.

A esto se suma que pocas veces las autoridades tratan la violencia de género como tal. Por el contrario, entidades como la Comisaría de Familia de San Juan del Cesar, insiste en hablar de  violencia intrafamiliar. “De violencia intrafamiliar hemos manejado cerca de 30 casos. Decir que se nos han presentado en el caso de género, no”, dijo Rosa Daza en una entrevista con Consonante. En esta misma entrevista sus respuestas dejan ver que sí atienden casos de violencia de género, aunque no los traten como tal: “A veces llegan personas manifestando su situación, que son maltratadas porque el agresor está muy celoso con la víctima, por cuestiones personales que son psicológicas o sexuales o también por ser de carácter económica porque a veces quieren evadir responsabilidades porque cuando la víctima quiere reclamar por cuestiones del hogar, se enfurece el victimario. Y llegan a este tipo de contratiempos”. 

No hacer esta diferenciación tiene consecuencias. En primer lugar, según la abogada María de los Ángeles Ríos, tratar la violencia de género como violencia intrafamiliar le resta gravedad a los hechos. “Cuando es así, las violencias que sufren las mujeres son abordadas como problemas insignificantes o que ocurren en espacios específicos como la casa o la familia, y muchos funcionarios lo abordan como un problema que debe resolverse en ese mismo lugar. Eso le resta valor”, explica. La abogada dice que en estos casos impera la creencia de que “los problemas de la casa se quedan en la casa”. 

En segundo lugar, cuando se aplica esta creencia, muchos funcionarios toman la decisión de hacer conciliaciones para mejorar el trato, pero esto tampoco está bien. “La violencia de género y la violencia intrafamiliar no son conciliables. Si un funcionario concilia o llega a un acuerdo después de un hecho de estas violencias, está actuando en contra de la ley”, explica Ríos.

Fabrina Acosta, investigadora guajira y creadora de la fundación Evas y Adanes, dice que en el sur de La Guajira sí se actúa en contra de la ley cuando se desincentiva la denuncia. “En La Guajira un comisario, un juez, un fiscal, es el compadre del victimario. Hay mujeres que me dicen: yo iba a denunciar, pero ya no he ido más, doctora. ¿Por qué? Porque el compadre me dijo: oye, pero sobrelleva al compadre. Y eso termina en feminicidio porque el agresor después ya no se siente satisfecho con partir la boca, sino que tiene que llegar a la muerte. Pero como el que debía activar la ruta es el compadre… imagínate en un pueblo en el que todo el mundo es familia”, explica.

Para la abogada Ríos las cosas deberían ser al revés y primero se tendría que proteger a las mujeres en sus casas: “Sabemos que las casas son el lugar más riesgoso para las mujeres y hay mucha invisibilidad sobre lo que ocurre, porque no se ve”, afirma.

Ninguna justicia protege a las mujeres

En Colombia hay alrededor de 33 normas que reconocen y explican cómo operan las violencias basadas, que las tipifican y buscan desincentivarlas. O sea, el problema no son las leyes. Para la abogada Ríos hace falta voluntad política para aplicarlas, además, hay  ausencia institucional. “No todas las mujeres tienen la posibilidad de ir a una comisaría o a una fiscalía a denunciar. Pero, aún cuando la tienen, los funcionarios y funcionarios no tienen la información ni la capacitación de los mínimos que deben atender cuando recepcionan estos casos”. Las normas no son suficientes si los que deben aplicarlas no las comprenden ni las aplican.

A este panorama se enfrentan las mujeres indígenas guajiras cuando sacan sus casos de la justicia indígena para exponerlos ante la justicia ordinaria. Lo hacen cuando la justicia propia ya les falló. Norelis Uriana lo ha presenciado. “Nosotros tenemos unos reglamentos internos, que toca primero resolver aquí. Si usted maltrató a una mujer, tiene que pagar una falta. ¿Pero cuál es la sanidad para la mujer? ¿Qué se está evitando con ese pago? Si le pega la segunda vez, vuelve y tiene que pagar”, cuenta. En esos casos, si la mujer está de acuerdo, el caso lo pasan a la justicia ordinaria porque ya no confían en la justicia propia.

Las mujeres wiwa se han enfrentado a un problema similar. Las autoridades tradicionales minimizan la violencia, así que “la mayoría de las mujeres ya no confían en la justicia propia”, dice Anairis Loperena. Pero también les ha pasado que a veces el agresor hace parte de otro pueblo indígena de los que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta o que después de cometer la agresión se va para el territorio de otro pueblo. En esos casos, la justicia propia queda sin competencia. Por esta razón las wiwa están creando una ruta de prevención y justicia con las arhuacas, las kogui y las kankuamas, de modo que puedan aplicar justicia sin importar en qué pueblo esté el agresor. 

Mientras el machismo sea la ley, no va a parar la violencia

En La Guajira, donde casi el 50 por ciento de la población es indígena, a menudo se ha justificado la violencia bajo un título: “usos y costumbres”. Fabrina Acosta lo rebate: “no puede ser ningún uso y costumbre violar a una niña de 12 años”. Para ella la explicación, lo que está debajo de la violencia en el territorio, tiene que ver con una cultura machista. “Machismo se escribe con c de cultura, no con m de mamá. Aquí se normaliza la violencia. Se dice normalmente que la niña de 12 años está embarazada, y eso es un delito. Se normaliza que se cosifique el cuerpo. Y hay que actuar sobre esa estructura cultural”. 

Para varias expertas y líderes, el primer paso es transformar la forma en la que se aprende cómo se deben comportar los hombres y las mujeres, para romper con los estereotipos de género que condenan a las mujeres a aguantar las violencias. Para María de los Ángeles Ríos también se debe socializar la ley 1257 de 2008, que define la violencia de género y dicta las medidas para prevenirla y sancionarla. Si tanto las autoridades como las mujeres conocen la ley, Ríos confía en que no se darían tantas irregularidades en los procesos.

Además, Norelis Uriana y Anairis Loperena consideran que si la justicia actúa, a lo mejor más mujeres se animarían a denunciar y a romper el círculo de violencia. Norelis ha visto como muchas deciden “arreglar las cosas” con sus agresores en vez de ir a la justicia. En lo que coinciden todas es que tiene que pasar algo. Nunca más aceptarán que se trata de costumbres. 

Unos 20 jóvenes afrocolombianos vestidos de negro se plantaron el viernes 11 de noviembre frente a 600 personas en el polideportivo de la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó. En el público había senadores, altos funcionarios del gobierno nacional, un gobernador, varios alcaldes y decenas de líderes sociales. Todos los ojos estaban sobre ellos. De fondo, se escuchaba el ruido de las balas y voces que enunciaban una serie de preguntas y respuestas: ¿Quiénes son los muertos? Nosotros. ¿Quién carga a nuestros muertos? Nosotros. ¿Quiénes eran nuestros muertos? Jóvenes como nosotros.

El mensaje que dieron los integrantes de los grupos juveniles Jóvenes Creadores del Chocó, BlackBoys, Explosión Dance y Exotic Crew, a través del acto artístico durante el segundo Diálogo Vinculante organizado por el gobierno nacional en Quibdó, es el que han intentado dar varios líderes juveniles chocoanos durante los últimos años: hay que parar la guerra a través de oportunidades de empleo y emprendimiento, educación, cultura y deporte.

En los últimos tres años los asesinatos en el Chocó han aumentado gradualmente. Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, en 2020 se registraron 275 muertos por homicidios en el departamento. En 2021, fueron 292 y este año, hasta el 31 de octubre, ya iban 245. La mayoría de las víctimas han sido jóvenes. Para octubre del año pasado las organizaciones juveniles calculaban que unos 585 menores de 30 años habían sido asesinados en los últimos seis años. Los rostros de muchos aparecieron en la “galería de los sueños apagados”, un acto público que se realizó en Quibdó en homenaje a sus muertos el 29 de octubre de 2021.

“La población juvenil del departamento del Chocó, especialmente de Quibdó, atraviesa un escenario de muerte inevitable. Hemos estado diciendo que no es casual, que es sistemático, que hay ensañamiento y que también hace parte del racismo estructural”, dice Katherin Gil, directora general de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, un grupo juvenil que lleva 14 años brindando espacios seguros para adolescentes y jóvenes a través de prácticas artísticas como la danza y el teatro. Para Gil, abogada y artista dedicada al teatro y a la danza, los conflictos entre bandas delincuenciales y entre otros actores armados presentes en el territorio ponen en peligro a adolescentes, jóvenes e incluso a niños. “Son víctimas, pero también victimarios. Insistimos en que la expectativa de vida de un joven de Quibdó no puede ser de 18 años”, agrega. Y sentencia: “En Quibdó está asegurada la cárcel o el cementerio para los jóvenes porque no hay oportunidades para vivir”. 

Las claves para salir de la violencia

Los jóvenes del Chocó necesitan empleo, y lo piden al menos desde tres frentes: las empresas, el campo y, por último, los emprendimientos. Para fomentar la contratación en las empresas,  piden implementar la ley del primer empleo para jóvenes, teniendo en cuenta que muchos no pueden acceder a un trabajo porque no tienen experiencia laboral.

Algunos abogan por su derecho a permanecer en el campo. Por ejemplo, Luis Ferney Rentería Dávila, un joven de 24 años que vive con ganas de volver a trabajar el campo y buscar nuevas oportunidades para su familia en la vereda Guaduas, en El Carmen de Atrato, insiste en la necesidad de fomentar los trabajos relacionados a la agricultura. Sin embargo, el panorama no se ve sencillo. “Los jóvenes en las veredas tenemos pocas oportunidades de emprendimiento para poder tener un mejor desarrollo para nuestro futuro”, cuestiona Rentería. 

Algunos jóvenes intentan hacerse su propio trabajo a través de emprendimientos. Sin embargo, mantener a flote un negocio es difícil  porque no tienen buena educación financiera, los bancos no les prestan dinero ni les llega información sobre cómo acceder a ayudas estatales. Por esto, una de las propuestas fue flexibilizar el Fondo Emprender para que los jóvenes puedan acceder a estos estímulos. “Debemos poder crear empresas que permitan empujar y jalonar el desarrollo comunitario”, recalca Katherin Gil. 

Los jóvenes son conscientes de que el empleo no se puede promover como una isla, sino que se necesita llevarlo de la mano de la educación y la conectividad. Sofía Idárraga, consejera de Juventud de Tadó, lo explica claramente:“Nosotros pedimos educación de calidad, gratuita y con permanencia, infraestructura y conectividad en las aulas y para los jóvenes estudiantes”. Los jóvenes piden ampliar la cobertura de la Universidad Tecnológica del Chocó construyendo sedes en los municipios en los que la universidad apenas funciona los fines de semana en algún colegio. Por ejemplo, sedes para Tadó o El Carmen de Atrato.

También piden avanzar con la conectividad de los territorios más apartados. “Nuestras veredas no cuentan con infraestructura de malla vial que permitan llevar el sistema de comunicación y energía y que nos permitan a los jóvenes tener oportunidades de estudiar sin tener que salir de nuestras veredas”, afirma Luis Ferney Rentería. A esto se suma que en muchos lugares no hay conexión a internet ni señal de celular. “La tecnología nos brinda muchas posibilidades para la educación sin necesidad de abandonar nuestros territorios”, agrega Luis, pero eso hoy no es posible: la penetración de la conectividad en el departamento en internet fijo es de apenas el 5 por ciento.

Para Jimmy García Caicedo, director de la Escuela de Robótica del Chocó, este último punto es clave. Desde que comenzó con la escuela, en 2016, ha visto cómo el uso de la tecnología ha impactado a más de 2.000 niños y niñas del Chocó y de los otros departamentos del Pacífico. “Estos resultados muestran que los niños y niñas estaban ávidos de desarrollar su creatividad, dejar volar su imaginación y formarse con calidad”, dice el docente y emprendedor social. Sin embargo, las posibilidades que brinda la escuela no son para todos los adolescentes y jóvenes chocoanos, especialmente para quienes están lejos, en los ríos del departamento y sin conectividad. 

Por eso, para García, es fundamental que el Estado pueda apostarle a la educación de la mano con la tecnología. Argumenta que si llegan herramientas a los colegios, se capacitan  a los jóvenes y se fortalecen las organizaciones de base, “probablemente empezará a surgir más laboratorios de innovación, instituciones educativas dedicadas a formar en tecnología, centros de investigación e instituciones de educación superior ”. Para él es clave que la política en materia educativa tenga dos componentes: calidad y sostenibilidad. “No es un curso de dos meses y luego, en los otros 10 meses, los dejan a su suerte. Las cifras de desempleo y de violencia aquí se contrarrestan con oportunidades a los jóvenes”, puntualiza. García considera que, por ejemplo, a través de la programación muchos jóvenes pueden generar ingresos sin irse del territorio, solo con tener un computador y acceso a internet.

Además de la educación y el trabajo, los jóvenes necesitan otros espacios seguros para encaminar su vida o para divertirse. Por eso cuando los representantes de la mesa de juventud socializaron sus discusiones también hablaron de invertir en la cultura y en el deporte. “El arte es esencial en la vida de los jóvenes. Los jóvenes que presentaron la muestra artística ensayan su arte en las calles. Ustedes los han visto generando trancones. Necesitamos que el Teatro César Conto sea culminado y que aparezca el dinero y quien se la llevó”, dijo uno de ellos.

Para Katherin Gil la importancia de invertir en el arte se puede ver en los ojos de los jóvenes con los que trabaja. “Nosotros recibimos a jóvenes también que están vinculados en bandas delincuenciales, que no sienten pertenencia y que tienen un desprecio por su vida y por la vida de los otros. Desde Jóvenes Creadores del Chocó el primer encuentro que provocamos es el encuentro personal, y le decimos aunque tu cuerpo, aunque tu voz hoy nos dice que está es un cuerpo violento, tu mente no”, cuenta Gil. Y el resultado es que muchos de esos jóvenes terminan vinculados al proceso artístico, reconociendo que no quieren seguir dañando a la comunidad.

Otro de los puntos que reclaman es inversión en el deporte. El Chocó es cuna de grandes deportistas, desde la levantadora de pesas Mabel Mosquera, medallista olímpica, hasta futbolistas como Jackson Martínez o Carlos Sánchez. Para María Alejandra Moreno, joven deportista de 24 años de la vereda la Argelia, en El Carmen de Atrato, es clave que haya escenarios deportivos tanto en lo urbano como en lo rural: “Hace falta dotación, uniformes, implementos deportivos, jornadas recreativas y transporte para poder participar de actividades en otras veredas”. María Alejandra juega en el equipo de su vereda, y también trabaja en labores agropecuarias. Además, es la secretaria de la Junta de Acción Comunal. El problema que señala la joven líder es el mismo que tienen en municipios como Tadó, donde los jóvenes deportistas llevan más de diez años esperando una cancha sintética. 

En el Chocó están convencidos de que si los gobiernos municipales, departamental y nacional los escuchan y promueven la participación política de ellos y ellas, estas ideas podrían llegar a materializarse. Ahora, después de que el equipo del Departamento Nacional de Planeación y el ministro de Hacienda escucharon sus necesidades y propuestas, esperan que lo dialogado quede incluido en el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, por el que mayoritariamente votaron los chocoanos. El 73 por ciento (96.638) de los votantes eligió a Petro y a Francia Márquez.

Las mujeres y hombres jóvenes del Chocó tienen esperanzas de que, en los próximos años, haya cambios enfocados a vivir con dignidad. Sobre todo, a que ellos y ellas puedan escoger entre estudiar, trabajar, dedicarse al arte o al deporte, o emprender. Y que su única opción no sea quedarse a esperar cómo la guerra se los traga.

El edificio de la Casa de la Mujer de Tadó sigue en obra gris. Aunque la Alcaldía ha hablado de varias fechas para entregar la casa, lo cierto es que más de un año después de que se anunció su construcción todavía le faltan puertas, ventanas, cielo raso, pisos, revoque y pintura. Esta obra sigue generando expectativa entre la población, pues promete ayudar a mejorar las condiciones de vida de las tadoseñas, especialmente en materia de generación de ingresos y empleo. Sin embargo, las tadoseñas se sienten desanimadas y han dejado de asistir a los programas ante la falta de concreción de la obra. 

El primer semestre de 2019, Sandra Perea Murillo, gestora social de Tadó, comenzó a darle forma a la idea de tener un espacio para las mujeres tadoseñas.  El proyecto de gestionar una casa de la mujer en Tadó surgió antes de que la elección de su esposo, Cristian Copete, fuera anulada por el Tribunal Administrativo del Chocó el 14 de noviembre de 2020. El propósito era que el municipio chocoano tuviera un lugar con espacios de apoyo, reunión, capacitación y emprendimiento para las mujeres: una Casa Social de la Mujer, como las que hay en otros once municipios de Colombia. Sería un sitio en el que las tadoseñas podrían trabajar y generar sus ingresos, así como un lugar seguro para las que necesitaran apoyo psicosocial.

La gestión de Perea Murillo consistió en acercarse a la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas), una organización no gubernamental que se dedica a apoyar la gestión social de las primeras damas de los municipios y departamentos, pues las esposas de los mandatarios o las mujeres que fungen como primeras damas en realidad no son funcionarias ni tienen presupuesto. Sin embargo, la idea de Perea se dilató debido a la anulación del mandato de su esposo. En las conversaciones de los tadoseños y tadoseñas se escuchaba una pregunta: ¿realmente van a construir la casa?

Casi un año después, en septiembre de 2021, la casa se empezó a poner en el papel. En ese mes la entonces alcaldesa Yocira Lozano Mosquera, quien demandó la elección de Copete por una supuesta inhabilidad y luego fue elegida como alcaldesa en unas elecciones atípicas en mayo de 2021, firmó un convenio con la Asociación de Primeras Damas de Colombia para construirla. Pero solo en noviembre de 2021, tras el reintegro de Copete en el poder, después de que el Consejo de Estado dejó en firme su elección, se puso la “primera piedra” para empezar la construcción.

Doce meses después, sin embargo, el edificio todavía no está listo y al menos la mitad de las 120 mujeres que se vincularon a este proceso ha dejado de participar en las capacitaciones porque se sienten desilusionadas.

¿Qué ha pasado con la Casa?

El Convenio de Asociación N° 001 entre la Alcaldía de Tadó y la Asodamas se firmó el 22 de septiembre de 2021. Ese documento estipula que el costo total de la casa de la mujer es de 760 millones de pesos. De este total, el municipio de Tadó se comprometió a poner 360 millones de pesos (47,4 por ciento), más el lote en el que se está construyendo la casa, y Asodamas, 400 millones de pesos en especie (52,6 por ciento). Tadó aportó su parte el 13 de octubre de ese año. Asodamas quedó encargado de ejecutar la obra.

Los trabajadores solo empezaron a construir en enero, y a pesar de que la administración anunció primero que el fin de las obras sería en mayo, y después, en octubre, la construcción nada que se termina.

La Casa Social de la Mujer que están construyendo desde entonces está diseñada como un espacio para la capacitación de las mujeres en temas como emprendimiento y contabilidad. Perea Murillo, dice que su visión es que la Casa sea “la casa de ellas. Van a tener un espacio para reflexionar, para tener tertulias, para trabajar. Es una casa que es de ellas”, afirma. Para esto, la construcción contempla un auditorio con capacidad para 70 personas. Además, tiene espacio para dos oficinas, un salón de memoria histórica y dos unidades de emprendimiento para un restaurante y un spa de belleza, y patio. 

Desde el año pasado, la gestora social convocó a las mujeres a vincularse al proceso de la Casa de la Mujer. Algunas se inscribieron a principios de este año. Desde entonces, en el auditorio de la Alcaldía se capacitan 120 mujeres que hacen parte del proceso. Han recibido charlas sobre memoria histórica, economía solidaria, transformación de materiales reciclables, moda circular, memoria histórica y seguridad alimentaria. Este último tema lo recibieron con gusto las mujeres, e incluso hicieron una huerta con hierbas de azotea que aguarda por ellas en el patio de la Casa de la Mujer.

Sin embargo, ellas todavía no saben cuándo podrán ir al patio a recoger las hierbas y usarlas en la cocina del restaurante que habrá en la casa. La edificación sigue en obra gris: aunque los muros están terminados, tiene techo y está pintada de blanco por dentro, todavía no tiene ventanas, puertas ni cielo raso. Por fuera solo algunos muros tienen revoque. 

Las mujeres están desmotivadas

La demora ha tenido un impacto negativo en la motivación de las mujeres. A pesar de que en el papel hay 120 vinculadas al proceso, en los últimos tres meses solo han asistido a las reuniones y capacitaciones que se han hecho unas 20 mujeres.

Sandra Perea (homónima de la primera dama), una ama de casa tadoseña que se desempeña como presidenta del consejo de la Asociación de la Casa de la Mujer, dice que las mujeres se han desmotivado por dos razones: por la demora en la construcción y por falta de acompañamiento. 

“Yo misma me he sentido desmotivada. Nosotras ya tenemos la base y queremos trabajar y recibir nuestros incentivos”, dice Perea. “La única compañía que tenemos es la de la coordinadora (Tatiana Barrios)”, agrega, refiriéndose a la falta de  acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía o de la propia  primera dama. 

Barrios, la coordinadora, aunque no considera que las mujeres han estado solas, sí está de acuerdo en que las demoras han influido en la poca participación. “En nuestro territorio somos muy dados a que si no vemos el establecimiento como tal, pensamos que va a ser un elefante blanco y no va a pasar nada”, explica. “Muchas mujeres perdieron credibilidad pensando que la Casa de la Mujer no iba a estar”. Sin embargo, añade que ahora, cuando la casa está avanzada, muchas han retornado al grupo.

Por la tardanza han empezado a correr rumores, como que no hay plata para terminar el edificio. Yuccy Asprilla Mosquera, secretaria de Gobierno e Integración Social de Tadó y encargada de supervisar la ejecución del convenio con Asodamas, aseguró a Consonante que Asodamas sí tiene la plata para terminar la Casa de la Mujer. Además, afirmó que la edificación se entregará en diciembre. Asprilla explica que desde Asodamas pidieron una prórroga, pues los recientes paros que han mantenido bloqueadas las vías han impedido que lleguen los materiales e insumos de construcción para que los obreros trabajen en la casa. Este retraso se sumó al provocado por la administración municipal, en mayo, cuando detuvo la obra para “reevaluar los diseños” de la casa, como explicó el secretario de Planeación  Deiner Mosquera, a Consonante. Unas semanas después, de nuevo se presentó un retraso, pues los trabajadores pararon porque no les habían pagado.

Al parecer la plata no ha sido un inconveniente desde la Alcaldía de Tadó. Además de los 360 millones de pesos de contrapartida que aportó el municipio, la administración ha suscrito seis contratos para desarrollar actividades relacionadas con la Casa de la Mujer. Un contrato tiene como objetivo financiar “actividades culturales y de capacitación para el empoderamiento de la mujer tadoseña”, por 97 millones de pesos. Tres se suscribieron para transportar materiales de construcción, por valores de 25,247 millones, 28 y 28 millones de pesos. La Alcaldía hizo un contrato más para operar la logística de la Casa, por 59,886 millones de pesos; y otro más para “incentivar el emprendimiento e innovación de las mujeres del municipio de tadó-chocó, en la cabecera municipal y en los corregimientos de Tapón, Playa de oro, Carmelo, Tabor y Guarato”, específicamente en módulos de emprendimiento e innovación. El valor del contrato es de 27 millones de pesos. 

La suma total de estos contratos es de 265 millones de pesos. En total la Alcaldía de Tadó ha gastado 625 millones de pesos en actividades relacionadas con la Casa de la Mujer. Ahora, falta que Asodamas finalice la construcción en diciembre para que entreguen la obra.

La urgencia y la importancia de este espacio salta a la vista, cuando las mujeres hablan de sus carencias. “Son muchas las necesidades que tenemos en nuestro municipio, por ejemplo, hacen falta empleos. La Casa de la Mujer podría ayudarnos a mitigar las necesidades que tenemos en nuestros hogares”, dice Luz Dary Hinestroza, una ama de casa vinculada al proceso. 

La falta de empleo para las mujeres fue el problema principal que identificaron las tadoseñas en 2020, cuando la actual administración se reunió con grupos urbanos y rurales para diagnosticar sus necesidades. En el Plan de Desarrollo quedó consignado que este problema, sumado a la violencia contra ellas y al incumplimiento de la política pública de equidad de género, afectaba sus vidas en todos los niveles. Las mujeres perciben pocos ingresos y no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Como consecuencia, muchas dependen económicamente de sus maridos y, aunque sufran algún tipo de violencia, no pueden dejar estas relaciones, como lo han advertido lideresas chocoanas. Las tadoseñas también dejaron claro que no tener empleo afecta su salud física y mental. 

En el municipio no hay fuentes de trabajo para ellas, por lo que la mayoría se dedica a las labores de cuidado o a la minería, sin embargo, esta última labor no es estable. Esta es una situación que se repite en el Chocó. Según la última medición del Dane, en 2021 solo el 30,5 por ciento de las mujeres chocoanas estaban ocupadas. En los hombres, la cifra se duplica: 69,5 por ciento. 

Si bien en la Casa de la Mujer podrá trabajar el grupo que hace parte del proceso, la misma administración municipal identificó que hace falta más para responder a las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, programas de formación técnica y profesional, acompañamiento a los emprendimientos existentes y promoción de la vinculación laboral de las mujeres. La Casa podría ser un primer paso de un largo camino que hace falta por recorrer. 

Por eso, las tadoseñas esperan que, por fin, al terminar el año sea la vencida y puedan estrenar el espacio con las obras terminadas tal y como se lo han prometido.

Para ver el artículo completo dé clic aquí: La interminable espera por una vivienda en el campo

María Aurelina Ibargüen se levanta a las seis y media de la mañana todos los días, y empieza a hacer “lo de adentro”. Es decir, organiza la casa, sacude, barre el piso, hace el café y prepara el desayuno. Cuando termina, se ocupa de  los oficios de afuera. Entonces, camina hacia su patio, ubicado en la parte de atrás de su casa, y se dispone a hablar con sus plantas: siete albahacas, blero, pacunda, yerbabuena, toronjil, colchón de pobre y ají dulce.

María Aurelina, de 76 años, hace este mismo ritual todas las mañanas desde hace más de 30 años. Es una conversación intencionada. Les explica para qué va a tomar algunas hojas, si es para curar una dolencia propia o para preparar un baño de buena suerte. Por estos últimos es famosa en Tadó. Y ella piensa que su éxito tiene que ver con el respeto que tiene por los poderes de las hierbas de su azotea y su huerta. “Hay que mentarle el nombre de la persona, que le sirva, que lo va a coger para que lo ayude y todo lo demás”, explica.

Lo que sabe de las plantas, los nombres y para qué sirven, lo aprendió viendo a su mamá, que creció en el campo. Cuando ella murió, María Aurelina decidió enseñarles a otras mujeres lo que había aprendido. Y, al igual que ella, otras matronas de Tadó han transmitido su conocimiento de generación en generación durante décadas. Así se ha mantenido viva la tradición de las hierbas de azotea y de huerta, una práctica que consiste en sembrar plantas en recipientes variados (ollas, baldes, tazas, poncheras) en las azoteas y patios de las casas.  

Una tradición protegida por mujeres 

Ana Sofía Perea, ama de casa y docente tadoseña, ha acumulado un amplio conocimiento sobre las plantas. En su patio siembra albahaca, cilantro, poleo, yantén y orégano. Y siempre ha tenido buena mano, algo que no tienen todas las mujeres tadoseñas. Hay quienes, según Sofía, “no les puya ni una hoja de colino”, dice entre risas, refiriéndose a que nada de lo que siembran echa raíces. 

Sin embargo, saber sembrar es fundamental para las mujeres. Sofía explica que, por este motivo, en muchas familias las abuelas hacen un proceso de curación con las jóvenes para que sus manos sean amables y logren sembrar. Esta curación, que se hace con plantas y agua bendita, es importante para lograr que las mujeres se defiendan de enfermedades y males espirituales a través de las plantas. 

Sofía, quien cree en los poderes de sus hierbas, explica que esta tradición la aprenden, sobre todo, las mujeres porque son ellas quienes cuidan de la familia, pero también porque antiguamente permanecían mucho tiempo a solas en las zonas rurales. “Los hombres se dedicaban especialmente al cultivo de la tierra. Incluso les llevaban las semillas para que ellas sembraran porque ellos se iban para el monte alto y regresaban por la tarde-noche o incluso a los 8 días, pero la mujer ya sabía cómo defenderse ante un dolor de muela, un dolor de cólico, o un parto incluso. Muchas mujeres fueron valientes y parieron solas”, dice Sofía.

Además, era muy raro que los médicos llegaran hasta las comunidades rurales, pues a muchas de estas solo se accedía por medio de canoas. A falta de especialistas, las matronas cuidaban de la salud de sus familias en medio de la selva y el río. “Hay unas enfermedades que siempre nos han molestado, como la anemia y el paludismo o malaria. Son enfermedades que por el trópico llegan a nuestro territorio, entonces por ello nos enseñaron a defendernos”, dice Ana Sofía. Además, los cultivos propios les permitían a las mujeres tener a la mano el sazón para cocinar. Hoy protegen a muchas de sufrir el desabastecimiento o el aumento de precios que llega por cuenta de paros que cierran las vías.

Para eso también le sirven las plantas a Martha Liliana Mosquera, una ama de casa, agricultora y barequera del corregimiento de Carmelo, un antiguo palenque de Tadó. Martha cultiva cilantro, orégano, ají dulce, poleo, yerbabuena, toronjil y cebolla larga, además de algunos tubérculos. Ella también aprendió de su madre sobre los usos de las plantas, especialmente las que sirven para la gripe y para las molestias de las mujeres. Además de aprovechar sus usos medicinales, Martha utiliza las plantas a la hora de cocinar.  A veces, inclusive, se gana unos pesos vendiéndolas. Cuando la cebolla larga ya está crecida, espera al domingo, la cultiva y “eso se vende en un momentico”, cuenta.

Plantas para el periodo, el útero y el parto

Como la tradición la han mantenido las mujeres, ellas han descubierto que muchas hierbas tienen propiedades medicinales que sirven especialmente para tratar los dolores propios de su cuerpo femenino, los que vienen con el útero. Las mujeres tadoseñas tienen tantas y tan variadas recetas como plantas, y estas varían de acuerdo con el cuerpo de mujer a tratar y de las costumbres de la sanadora. 

Por ejemplo, para los cólicos menstruales prefieren usar dos plantas, el prontoalivio y la albahaca, y combinarlas con astillas de canela o canela molida. A Martha Liliana le gusta agregarle orozul o yerbabuena. La preparación consiste en infusionar las hierbas y beberla. En muchos casos, el bebedizo alivia el dolor, pero en otros el problema es mucho más grave. 

Las mujeres utilizan la expresión “limpiar el útero” para referirse a expulsar miomas o quistes que les ocasionan problemas como sangrado excesivo o dolor. Ana Sofía y Martha están de acuerdo en que la mejor forma de solucionar esta afección es usando una planta llamada desbaratadora. Martha explica que se mezclan varias plantas en un bebedizo. “A la desbaratadora le echan también la hoja de naranja, el totumo viche, la hoja de aguacate, el calambombo y otras plantas”, dice Martha. Es una toma fuerte y, según ellas, efectiva.

La desbaratadora, sin embargo, sirve para mucho más. Ana Sofía asegura que también es buena para limpiar el útero tras el parto si fue natural y la madre “no tuvo la limpieza adecuada, especialmente en zonas distantes”. A ellas se les hacen bebedizos con esta planta.

Pero cuando tiene que ver con embarazos y partos, el conocimiento más vasto lo tienen las parteras. En este oficio tradicional que se conserva en Tadó también tienen sus métodos, casi todos, secretos. El método más importante de Norma Caicedo es preguntar y escuchar. Ella lleva casi toda su vida aprendiendo sobre plantas. La primera vez que vio un parto tenía ocho años, pero fue más o menos a sus 16 cuando atendió uno ella sola. Desde ese momento hace ya 44 años. 

Como partera, dice que es importante conocer el estado de la mujer embarazada y acompañarla. “Toda madre sabe que cuando va a tener un bebé dolor le tiene que dar, que nosotros no se lo vamos a quitar, porque si le quitamos los dolores no va a aparecer (un indicador de que el parto ya viene). Nosotros le hacemos bañito, vamos hablando y todo se le hace más llevadero, como más suave”, explica. Y también usa una variedad de plantas que dependen del estado de la mujer. Después de hacer muchas preguntas, decide qué planta debe darle. Si la mujer ya va a parir, se le da celedonia con canela. Pero, si tiene frío, se usa el cilantro.

Si la mujer da a luz y tras el parto no expulsa la placenta y siente dolor, entonces viene un masaje. “Nosotros cogemos y vamos masajeando y cogemos la planta que se llama piedra barriga. La cocinamos. Le echamos su pedacito de panela, le damos y ella va botando esa sangre que tiene acumulada”, explica Norma, que aclara que a las mujeres que acaban de dar a luz se les tiene que masajear con suavidad para evitar daños.

Cuando el parto termina, vienen otros procesos. Uno de los más practicados son los vahos. Ana Sofía Perea explica que se pone a hervir agua y se le echan semillas de pipilongo, canela molida, albahaca morada, yantén, entre otras plantas. También hay quienes le agregan sulfamida o canesten. El agua caliente se echa en un balde en el que la mujer que parió se sienta para que pueda recibir el calor del vapor y “salga el pasmo (frío) y pueda cicatrizar la piel”. Para cicatrizar también usan el orégano. 

Estas prácticas son de cuidado y de confianza. Es decir, quienes las llevan a cabo lo hacen pensando en cuidar a la otra mujer, y por eso se miden en las mezclas que hacen y las porciones de plantas que utilizan. Sin embargo, aunque en Tadó son muchas las que siguen poniendo su confianza en las sanadoras, cada vez son menos las que tienen el conocimiento para curar con plantas.

Una tradición en peligro

En los últimos 25 años, la distribución de la población tadoseña ha cambiado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado en toda la región del San Juan causó que gran parte de la población rural se desplazara hacia las cabeceras municipales y hacia otras ciudades, como Medellín, Quibdó y Pereira. Hermes Sinisterra, ex secretario de gobierno e historiador de Tadó, cuenta que desde ahí “se acabó el campo. Desgraciadamente, la gran mayoría de campesinos se fue de aquí, salió a otra parte buscando oportunidades”. Las mujeres, por supuesto, también se fueron y dejaron sus cultivos.

En la cabecera municipal de Tadó, muchas continuaron con su tradición de hierbas de azotea en sus patios, pero para otras no fue posible. María Aurelina Ibargüen cuenta que ha tratado de enseñar lo que sabe a muchas familiares y vecinas, pero no ha sido sencillo. “Me han dicho que no tienen un pedacito de tierra detrás de la casa en donde sembrar. Hay algunas que sí siembran en envases”. 

A otras sencillamente no les gusta. De las tres hijas que tiene María Aurelina, solo una siembra matas. Martha Liliana, por su parte, ha tenido éxito enseñándole a sus hijos e hijas. El menor, que tiene 8 años, ya sabe las propiedades de algunas plantas. Sin embargo, reconoce que la tradición se está perdiendo. “No sé si es la pereza o si ya están acostumbradas a que todo es comprado, pero no cultivan”, dice Martha.

Quienes sí lo hacen, están convencidas de la importancia de esta costumbre. Ana Sofía Perea lo dice claramente: “creo en el poder de las plantas”. Por eso todas, aunque no logren convencer a las mujeres cercanas de cultivar, nunca niegan una ramita de albahaca, de yentén o de orégano.  

Mira el especial completo dando clic aquí: El álbum “Panini” criollo: la selección de Tadó

El año pasado dos maestras y seis estudiantes de El Carmen de Atrato se convirtieron en aprendices de científicos para tratar de entender cómo se descontamina el agua. El grupo se pasó varios meses  leyendo toda la información que pudo encontrar sobre el tema. Pero después de bucear en las profundidades de internet encontraron que la respuesta que buscaban estaba más cerca de lo que creían. Se pusieron las botas y se fueron a las orillas del río Atrato para recolectar arena y piedras de distintos tamaños. Sabían que necesitaban reunir varios tipos de material para filtrar sólidos, otros para absorber minerales y unos más para atrapar microorganismos. Entonces, metieron las piedras en un recipiente y decidieron aplicar lo que habían leído en línea para hacer un filtro artesanal. Organizaron los materiales, echaron agua y vieron cómo mejoraba su color. Al final, supieron que el agua seguía sucia. No necesitaban un laboratorio para demostrarlo, pero este experimento les dio el impulso para seguir intentándolo. En esas estaban cuando se ganaron una impresora 3D con la que lograron imprimir un filtro con el que hoy buscan llevar agua potable a todas las escuelas rurales del municipio.

La impresora 3D llegó a El Carmen de Atrato gracias a una comunidad de de tecnología llamada Makers Colombia En 2020, esta organización publicó en sus redes sociales una convocatoria: maestros y maestras del Chocó podrían capacitarse para utilizar impresoras 3D si presentaban un proyecto en el que resolvieran un problema de su comunidad a través de esta tecnología. Ana Muñoz, gestora de Makers, explica que lanzaron este proyecto pues consideran que la tecnología debe llegar donde pueda servir para ayudar a solucionar grandes problemas. 

El proyecto de Makers Colombia se llamó Impresoras viajeras y fue lanzado en el Chocó en alianza con la Escuela de Robótica, una iniciativa para formar niños, niñas y jóvenes en distintas ciencias para contribuir a resolver problemas del territorio. El proyecto tenía tres fases. La primera consistía en enseñarles a los maestros sobre la impresión 3D, luego ellos y ellas debían presentar un proyecto para poner en práctica lo aprendido y, finalmente, si su proyecto era elegido, debían implementarlo. Yeny María Duque y Dora Adriana Bedoya, profesoras de la Institución Educativa Agropecuaria Marco Fidel Suárez, de El Carmen de Atrato, decidieron inscribirse.

Ahí, junto a 42 docentes chocoanos más, comenzaron a estudiar de manera virtual. Recibieron 40 horas de capacitación sobre el “Design thinking”, un concepto que traducido del inglés al español significa aplicar procesos creativos de pensamiento colectivo para diseñar nuevos productos. Ana Muñoz, de Makers, cuenta que el proceso de los profes tuvo cinco fases: “la investigación, la ideación, el prototipado, la validación con usuarios y luego la parte técnica de cómo calibrar una impresora 3D, los parámetros de impresión, las capas…”. 

Las “profes” Yeny y Dora no tardaron mucho en identificar el proyecto que iban a presentar. Casi desde el comienzo de sus carreras se han enfrentado con la falta de agua potable, sobre todo, en las escuelas rurales. Yenny, por ejemplo, trabajó durante diez años en el Alto y Medio Baudó, y en la escuela primaria de la Arboleda, en El Carmen. Allí, cuenta,“los niños toman el agua directamente de la llave o muchos la cogen del río”. 

Las consecuencias de esta práctica son evidentes, pero se han vuelto parte del paisaje cotidiano. En la vereda El Porvenir, por ejemplo, solo hay agua filtrada en la escuela y muchos estudiantes no tienen acceso a agua potable en sus casas. “A diario se ven niños con diarrea, dolor de estómago o cólicos…”, dice la profesora Fabiola Soto. Para ella, la razón es evidente: los niños y niñas consumen agua contaminada. “Consumen agua sin tratar”, afirma.

El filtro que diseñaron junto a sus estudiantes permitiría mejorar el acceso al agua potable de toda la comunidad educativa y reduciría las posibilidades de que los habitantes de las zonas rurales sufran dolores e infecciones estomacales. Además, solucionaría las constantes interrupciones con las que deben lidiar las profes durante sus clases porque sus estudiantes les piden permiso para ir a tomar agua. Calcularon que, si cada salón tenía un filtro de agua con un tanquecito que la almacera, sus estudiantes podrían tomar agua ahí, directamente en el aula.

“No teníamos nada, comenzamos de cero y con los niños y niñas le dimos forma a lo que queríamos”, cuenta la profesora Dora. Juntos hicieron varias pruebas del funcionamiento del filtro. “Además, tuvimos varios filtros comerciales a la mano y nos orientamos para mirar el diseño y la utilidad”, recuerda. 

Al final, su proyecto resultó elegido junto a otros tres de Quibdó y Tadó. “Lo elegimos porque el proyecto es sumamente útil. No utiliza la impresión 3D para hacer un objeto decorativo, sino para hacer este artefacto”, dice Ana Muñoz.

Las primeras pruebas de impresión fueron duras. Los tres primeros filtros se les dañaron. “El último tardó desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Estábamos pidiéndole a Dios que no se fuera la energía porque se nos dañaba”, recuerda Dora. Finalmente, imprimieron el prototipo: un cajoncito impreso en un tipo de plástico llamado filamento PLA o ácido poliláctico, que internamente tiene rejillas de separación de elementos purificadores y tela filtrante. Ahí organizaron la grava, la arena sílica, el carbón activado y la zeolita, es decir, el material filtrante que les mandó Makers, e hicieron una prueba final. Echaron agua turbia y de mal sabor en el filtro y esperaron. El agua fue bajando, gota a gota, a un pequeño recipiente plástico. Salió limpia y el sabor fue neutro.

El exitoso experimento llevó a que el equipo del colegio Marco Fidel Suárez se ganara una de las dos impresoras 3D que Makers Colombia había decidido donar tras evaluar los procesos de los cuatros colegios. Así, la impresora pasó de ser viajera a estar permanentemente en el municipio. Poco tiempo después, e inspirado por el talento de los carmeleños, un colaborador de la empresa donó otra máquina. Hoy, son dos las máquinas que están en El Carmen.  

El problema del agua potable

En el Chocó nadie toma agua de la llave. Según el último dato del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2020 este departamento fue el quinto con mayor pobreza multidimensional. Y esto influye en el consumo de agua: las familias reciben agua sin potabilizar y pocas tienen dinero para comprar filtros de agua en sus casas. “Para tomar agua potable en el Chocó hay que comprarla: en galones, bolsas o bidones”, explica Yunia Quinto, salubrista de la Universidad de Antioquia e integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Según Quinto, quienes no tienen el dinero suficiente para comprar agua limpia, optan por hervirla.

Sin embargo, este último método tiene dos problemas: “al hervir el agua no logras eliminar todas las bacterias que se pueden eliminar en un proceso adecuado de potabilización”. Además se gasta gas, un servicio que tampoco es barato. 

En una situación ideal, según Quinto, “el agua debe pasar por un proceso de tratamiento, ojalá industrial, por medio del que se eliminan los microorganismos, las bacterias, los residuos, sedimentos, materiales sólidos o líquidos que están en la naturaleza, como el zinc, cobre o el bromo. Todo esto para que no represente un peligro para las personas”. Con “peligro” se refiere a “las infecciones gastrointestinales que vas a adquirir por los microorganismos que se encuentran en el agua. Enfermedades como cólera, diarrea, estreñimiento, migrañas y problemas renales, porque los riñones son los encargados de filtrar el agua de nuestro cuerpo”. 

Sin embargo, en el Chocó poco se sabe sobre la calidad del agua. El Instituto Nacional de Salud (INS) cada mes publica los resultados del aplicativo del Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Sivicap), que tiene como objetivo “reportar los datos de la vigilancia de la calidad del agua”. Es decir, el INS sistematiza los datos que cada Dirección Territorial de Salud recoge sobre la calidad del agua en cada municipio. 

Según los registros del Sivicap, la última vez que un municipio chocoano envió información sobre la calidad del agua a este sistema fue en noviembre del año pasado. Esto puede pasar por varias razones, como que la autoridad sanitaria no tome las muestras o que lo haga y no las mande a tiempo, o que no sirvan las muestras tomadas. En ese mes se reportaron cuatro muestras de agua de la zona urbana de Quibdó y de Atrato. Las muestras arrojaron un Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA) de 0.0. Es decir, sin riesgo. 

Pero los datos oficiales no concuerdan con la realidad. Andrés Gómez Rey, abogado con amplia experiencia en temas de agua y servicios públicos domiciliarios, explica que el IRCA y todos los indicadores tienen una construcción subjetiva. “Hay valores que el IRCA incluye y otros que excluye. El sistema puede considerar que el agua no tiene riesgo a pesar de que tiene coliformes totales (bacterias). Además, el informe deja por fuera cosas radiactivas”, dice. Gómez afirma que esta medición considera que el agua es potable de acuerdo con estándares mínimos. Además, el especialista aclara que el grado de potabilidad del agua depende del organismo de cada persona, por lo que este resultado debería ser interpretado de acuerdo con las condiciones del ambiente de cada región. “Yo puedo ser muy resistente a cloros residuales porque estoy en Bogotá, pero a materiales microbiológicos no tanto. Siendo las dos aguas aptas”, ilustra.

Para Gómez, el acceso a agua potable en Colombia continúa siendo un desafío. “Estamos bastante mal”, dice. El último dato oficial sobre la calidad del agua a nivel nacional es de 2017 y dice que “por cada 100 personas que viven en área rural en Colombia, 46,4 acceden a agua potable”. Esta medición, según la organización Así Vamos Salud, es el peor resultado en los países de la OCDE.

Resulta curioso que, por el contrario, sí es posible encontrar datos oficiales y actualizados sobre la cobertura de agua (potable o no). Tanto el Ministerio de Vivienda como la Superintendencia de Servicios Públicos tienen cifras al respecto. Según el MinVivienda, para agosto de 2021 el 93 por ciento de los colombianos tenía acceso al acueducto. Y según el último informe de la Superservicios, publicado en 2020, el 71 por ciento de los predios de los municipios del país tenían acceso al servicio de acueducto. 

Andrés Gómez Rey explica que cada entidad mide la cobertura de acuerdo con sus competencias. “El Ministerio de Vivienda incluye todos los sistemas de acueducto del país, inclusive a los acueductos rurales pequeñitos construidos por la gente. Pero eso no es cobertura que el Estado ha garantizado”. En cambio, la Superservicios se limita a revisar los acueductos de “sistemas convencionales”, es decir, predios residenciales con acceso al servicio suministrado por un prestador de servicios. En todo caso, el foco está puesto en la cantidad de gente que accede al agua, o sea, en la cobertura, mas no en la calidad del agua que les llega.

El Carmen de Atrato: sin agua potable

En El Carmen de Atrato hay un acueducto urbano que abastece de agua a la población de la cabecera municipal. Está operado por la empresa Aguas del Carmelo, de propiedad de la Alcaldía Municipal y el Hospital San Roque. David Agudelo, gerente de la empresa, explica que el agua que trata el acueducto la toman de la quebrada El Carmelo y pasa por al menos cinco procesos antes de que llegue a las viviendas. Estos pasos tienen que ver con separar los materiales sólidos, agregarle sustancias químicas y finalmente almacenarla. 

Aunque Agudelo es enfático en que el objetivo es que “el agua llegue con las mejores condiciones a todas nuestras viviendas”, reconoce que el agua no es potable y que, además, su calidad se ve afectada por sucesos como deslizamientos y lluvias, que son frecuentes en el municipio. El gerente afirma que aproximadamente cada tres meses envían muestras de agua a un laboratorio en Medellín para medir la calidad del agua. “El punto en el que nosotros tenemos falencias, de los 12 puntos que se miden, es la cloración. No utilizamos siempre el cloro porque en el municipio no existen micromediciones y el tema del cloro, que es el que permite la potabilización del agua al 100 por ciento, es bastante costoso”, dice el gerente. 

Agudelo se refiere a que en El Carmen las viviendas no tienen mediciones, por lo que no sabe exactamente cuánta agua se consume, “el desperdicio de agua es muy alto”, comenta, y por lo tanto no dan las cuentas: la plata que recaudan no alcanza para usar cloro. El resultado es que el agua que se consume en el casco urbano de El Carmen no es potable. Sin embargo, según el gerente, en ocasiones es apta para el consumo humano y otras veces no, pues esto depende de varios factores, como los relacionados con las lluvias.

La situación para la zona rural, donde el acueducto no tiene infraestructura ni competencia, es peor. Según los datos del censo de 2018, en la cabecera municipal de El Carmen solo un 1,9 por ciento de la población manifestó tener necesidades básicas insatisfechas en materia de servicios. Mientras que en la zona rural el porcentaje fue de 37,2 por ciento. El agua es uno de los mayores problemas, tanto que en veredas como Habita, El Siete y El Dieciocho, las comunidades se han organizado para construir acueductos comunitarios. Pero estos no tratan el agua, simplemente la suministran. En otras veredas, como La Argelia, el agua que consumen los hogares viene de nacimientos cercanos.

Omar Benítez, secretario de Planeación del municipio explica que desde la Alcaldía están trabajando en “organizar el acueducto de La Mariela y Habita con el plan departamental de aguas y estamos trabajando por el de la vereda El Siete”. Los otros acueductos comunitarios los gestiona directamente la comunidad.

Esa falta de acceso a agua potable también es evidente en las escuelas, sobre todo las rurales. Además, de la sede principal del colegio Marco Fidel Suárez un par de escuelas rurales también tienen filtros donados por EPM. Una es la sede Gabriela Mistral, en El Porvenir. Fabiola Soto, docente encargada de la escuela, explica que allí instalaron unos bebederos por los que sale el agua filtrada. De allí toman el agua los niños y niñas y también la usan para cocinar los alimentos del comedor escolar. Además, “la comunidad tiene acceso al agua porque los bebederos están afuera, entonces ellos llevan sus garrafones, se los llenan y se los llevan para sus casas”.

Este ha sido un gran alivio para la institución pues, según la profesora Fabiola, en la vereda el agua llega “muy contaminada, muy sucia, sobre todo cuando llueve llega turbia, con mucho asiento”. Aún así, hay viviendas lejanas que no pueden ir a buscar agua a la escuela. 

Los filtros sirven si hay agua

Los filtros de agua son una alternativa para tratar el agua, siempre y cuando haya agua. Así lo explica Diego Fernándo López, oficial de Agua, Saneamiento e Higiéne (WASH, por sus siglas en inglés) de Unicef. Para López en este punto el Chocó tiene una ventaja frente a otros departamentos. A diferencia de otros lugares del país, en gran parte de esta región llueve casi a diario. De hecho, el Chocó es el departamento con mayor cantidad de precipitaciones en todo el país. 

A pesar de esta ventaja, en el Chocó y en El Carmen también se va el agua en ocasiones. En la de la vereda La Argelia, por ejemplo, la semana pasada estuvieron dos días secos. “Nos toca llevarnos un botellón de agua hervida que nos dura toda la jornada”, cuenta la profesora María Rubí Mosquera. Y en el caso de los estudiantes, les tocó ir a cargar agua a una vivienda cercana que sí tenía.

Una vez solucionado el acceso al agua, el experto explica que para implementar los filtros hay que tener en cuenta varios puntos.

Para comenzar, hay que preguntar para qué se necesita el filtro. “La respuesta más inmediata es: porque el agua está contaminada o el agua necesita un tipo de tratamiento. Entonces ahí la pregunta es ¿qué tipo de agua está recibiendo?”. El experto se refiere a que el agua puede estar contaminada por distintas fuentes, como la minería o las heces fecales.  “Es ver por qué está pasando. Eso nos lleva también a ver si el filtro que estamos pensando es la mejor solución a nivel tecnológico para ese tipo de agua”, añade.

Por otro lado, López también recomienda evaluar las prácticas de higiene y fomentarlas. Por ejemplo, si se tiene agua filtrada hay que trabajar en barreras de protección, como puede ser saneamiento para evitar que el agua se contamine”. Por ejemplo, evitar prácticas como verter las heces fecales directamente en los ríos y promover prácticas de higiene como lavarse las manos. 

Además, se debe tener en cuenta el cuidado del filtro. Dependiendo del tipo de filtro habrá mayor o menor manipulación por parte de los usuarios y, para asegurar que la calidad del agua se mantenga, se debe enseñar a la población cómo utilizarlos. “Tiene que haber una serie de procesos más formativos más vinculados a estrategias de que ese conocimiento se quede, que son mucho más complejas que la entrega de un filtro. Para nosotros el reto está en esa parte”.

López es enfático en que hay varias alternativas para mejorar la calidad del agua, dependiendo del problema. Si bien una puede puede ser un filtro, otra puede ser hervir el agua, otra agregarle hipoclorito de uso doméstico o incluso utilizar el método Sodis, en el que se usa la radiación solar para inactivar microorganismos. Escoger el método también tiene que ver con las costumbres y posibilidades de las comunidades.

Falta dinero para imprimir los filtros

Durante 2021 las profes y estudiantes hicieron el primer filtro usando los materiales enviados desde Bogotá y luego estuvieron más de seis meses sin impresora, pues pasó a un colegio en Quibdó. En ese tiempo el proyecto estuvo pausado, pero ahora que no tienen una, sino dos impresoras, lo están retomando. 

Sin embargo, les falta dinero para hacer los filtros. Un solo rollo de PLA cuesta, dependiendo del fabricante, entre 75 y 100 mil pesos. También tienen que comprar los materiales filtrantes y los recipientes plásticos, que no son tan costosos, pero suman. 

Para lograr el objetivo de producir filtros a las escuelas rurales buscan un patrocinador que los apoye. “Ahora que tenemos la impresora se puede retomar el proyecto mirando qué entidades nos pueden apoyar en cuanto a la potabilización del agua”, dice la profe Dora  Se refiere a que necesitan hacerle pruebas al agua que pasa por el filtro para saber qué pueden mejorar.

Mientras esperan que esto suceda, se las arreglan para conseguir agua para sus estudiantes. Y no solo ellas sino varios maestros del municipio. Distribuyen el agua de los filtros, en algunas cocinas escolares hierven el agua, otras llevan sus botellones o, como en la vereda Guaduas, el profe va hasta un manantial y la lleva a la escuela. 

Las irregularidades: Aunque la Contraloría no ha indicado las denuncias que tiene este proyecto de infraestructura, en un documento detalla que la obra tiene un avance del 79,4 por ciento y se han desembolsado hasta la fecha el 91 por ciento de los recursos. Para el mejoramiento de la vía fueron aprobados 25.939 millones de pesos del Sistema General de Regalías. 

¿Qué dice la gente? Yesika Fragozo, presidenta de la JAC de El Totumo, lamenta que la obra está suspendida desde hace un mes. “Por la incompetencia de la empresa no se han desarrollado las cunetas a pesar de que ya llevan más de cuatro años y ya era para que lo hubieran terminado”, dice Fragozo. Además de la falta de pago a los trabajadores, la presidenta denuncia que hay se pueden presentar accidentes porque hay obstáculos en la vía. “Queremos que la vía se ejecute y no sea otro elefante en blanco que afecte a las comunidades campesinas”, agrega.  

Lo que sigue: Los resultados de la inspección serán presentados por Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, antes de finalizar el año y una vez termine la revisión a los 22 proyectos que se están realizando por 504 mil millones de pesos del SGR en municipios como Riohacha, Dibulla, Manaure, Maicao, Uribia, San Juan del Cesar y Fonseca. “Se tomarán las decisiones que haya lugar en materia fiscal y administrativa, y si hubiese lugar, disciplinario y penal”, dice Cristhian Camilo López, delegado interseccional de Regalías Gerencia Guajira.

Las funciones del comité: El grupo atenderá las emergencias que se presenten por la presencia de abejas. El propósito es minimizar los riesgos de ataques hacia las personas y proteger a la especie. “Tenemos que mirar que el futuro del mundo depende de las abejas, por eso se crean estos comités para así erradicar el peligro y la emergencia, pero la idea es llevarlas a otras partes para que ellas se sigan reproduciendo y sigan haciendo su producción y labor de activar la reproducción de las plantas”, explica Rita Mindiola, coordinadora del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres.

Lo que dice la gente: La gente ve con alivio la creación del comité. “En la emisora La Voz de la Provincia a cada rato llegaban las abejas, tanto que durábamos días sin poder abrir el balcón y no encontrábamos un ente que pudiera solucionarlo, después de días se marchaban solas. Por eso la creación de este comité es muy importante para el municipio”, dice Sandra Daza, gerente de la emisora.

El contexto: La creación de este comité se realiza para darle cumplimiento a la ley 2193 que el Congreso de la República expidió el 6 de enero del 2022. Esta norma busca regular la comercialización de los productos y servicios procedentes de las abejas, proteger a las especies polinizadoras y apoyar las iniciativas de asociación gremial de los apicultores en el país. 

Queda faltando: Aunque la creación del comité fue un paso importante, desde el Comité de Gestión de Riesgo han insistido en la necesidad de realizar capacitaciones y dotar con equipos especiales a los integrantes del grupo. “En el municipio de San Juan adolecemos de capacitación y de equipamiento para las personas que se vayan a encargar del control, ya que ellos también tienen que preservar su vida y eso no lo tenemos”, cuenta Mindiola.