La interminable espera por una vivienda en el campo

María Otilia Bolívar Sánchez tiene 53 años y se dedica a cuidar una finca en la vereda Guaduas y a atender a los animales. Pero durante los primeros 30 años de su vida las cosas no fueron así. Otilia tiene una discapacidad, aunque no ha sido reconocida médicamente, y por su condición no ha logrado establecerse en una casa propia. Por el contrario, durante su juventud vivió en las casas de sus familiares. En el año 2000 vivía con uno de sus hermanos, que era quien velaba por ella. Pero ese año lo mató la guerrilla, según recuerda Doris Cardona, quien fue empleadora del hermano. Entonces, Otilia le pidió ayuda a Doris y se fue a vivir con ella. De hecho, la finca de Guaduas en la que vive es de la familia de Doris, y es ella quien ha acompañado a Otilia en la lucha por tener su casa propia.

El año anterior el Banco Agrario había otorgado 13.511 subsidios a nivel nacional para ser administrados y ejecutados por Fiduagraria, una sociedad financiera estatal. En 2016, Otilia y Doris se enteraron de que Otilia era una de las 105 personas de El Carmen de Atrato beneficiadas con esta ayuda estatal destinada para construir una vivienda en el campo. Otilia fue seleccionada por su condición de vulnerabilidad económica y de víctima de conflicto. “Desde que empezaron con esto de que le dieron la casa, ella comenzó con muchas ganas de vivir sola, de tener su casa. Y yo le di el terrenito para que se la construyeran”, recuerda Doris. 

Ese año, la fiducia adelantó la primera fase del proyecto, que consistía en identificar los beneficiarios y las tierras. Para recibir el subsidio, los beneficiarios debían enviar por correo varios documentos, entre esos la constancia de que su tierra no tenía problemas legales o de riesgo, es decir, en ella se podría construir una vivienda. Doris ayudó a Otilia a conseguirlos, y los envió. 

Funcionarios de Fiduagraria visitaron los predios e incluso determinaron que algunos no eran viables y que otros tenían algunos problemas. Pero poco tiempo después se empezó a enredar el proyecto. Marcela Sánchez, líder campesina de la vereda Guaduas y una de las beneficiarias, recuerda que en los siguientes cuatro años los beneficiarios sólo recibieron algunas comunicaciones de parte de Fiduagraria. “Cada año sucedía por ahí una reunión en donde venía Fiduagraria, preguntábamos qué pasaba y daban explicaciones y así se nos fue hasta el año 2020”. Según Marcela, las explicaciones que recibieron para justificar los retrasos fueron variadas: el desembolso de los subsidios por parte del banco era demorada; no estaba siendo fácil encontrar un contratista que cumpliera con los requisitos técnicos; y los precios de los materiales habían aumentado con el paso del tiempo y no alcanzaba el presupuesto inicial.

Siete años después, María Otilia todavía no sabe cuándo recibirá su casa. La información que ha recibido es poca y confusa. Lo que sí sabe es que Fiduagraria ya no será quien ejecute su subsidio de vivienda. Al igual que ella, otras 89 personas de El Carmen están en la misma situación. 

Viviendas descartadas

El proyecto de viviendas de interés social rural de El Carmen de Atrato se fue haciendo más pequeño con el paso del tiempo. Las restas comenzaron el 4 de agosto de 2020, cuando Fiduagraria le pidió al Banco Agrario reducir el alcance del contrato. La petición era sacar 1 910 subsidios del total de 13 511 hogares en todo el país que estaban asignados a la fiducia en el marco del Programa de Vivienda de Interés Social Rural para la vigencia de 2015. Según la respuesta a un derecho de petición enviado con Consonante, Fiduagraria hizo esta propuesta después de hacer “un análisis detallado del estado de cada uno de los subsidios”, por el que concluyó que “bajo las condiciones actuales no era posible una pronta materialización del subsidio”. A pesar de que la fiduciaria no da más detalles que permitan entender esta decisión, lo cierto es que el 21 de diciembre de 2020 el Banco Agrario aceptó la solicitud.

Es decir, cinco años después de anunciar el proyecto, el Estado encontró razonable eliminar de tajo a casi 2 mil beneficiarios de la lista. Así, de un día para otro, 67 personas de El Carmen perdieron la posibilidad de materializar sus subsidios de vivienda a través de este proyecto. Para ellos y ellas, el proceso para conseguir una casa volvió a empezar de cero. Por ese motivo, el Banco Agrario abrió un nuevo proceso de contratación en el que resultó elegida la Unión Temporal Viviendas Rurales Cauca 2020. Apenas el 20 de mayo del año pasado el contratista envió una comunicación a la Alcaldía de El Carmen de Atrato para ubicar a los beneficiarios.  

Mientras tanto, otras 38 personas continuaron el proceso con Fiduagraria. A mediados de 2020 llegaron noticias para 16 beneficiarios: funcionarios del Consorcio Chocó Avanza, contratistas del proyecto, contactaron a las familias para anunciarles que empezarían a construir sus viviendas. En ese momento los beneficiarios supieron que este sería un primer contrato que también incluía construir 58 viviendas en el municipio de Atrato, aunque no supieron a qué respondía la elección de los 16 beneficiarios de El Carmen. Aún así, todos fueron testigos del avance, lento pero seguro, de la construcción. La pandemia retrasó el inicio de las obras, pero las viviendas finalmente fueron entregadas hacia finales de septiembre de 2021.

José Arboleda fue uno de los beneficiarios de las 16 viviendas que sí hicieron. Es campesino jornalero y vive solo en esa, su casa, en la vereda La Arboleda. El año pasado, cuando comenzó la construcción, tuvo que ayudar a que los trabajadores transportaran los materiales, pero no le importó hacerlo pues consideró que era un esfuerzo menor para finalmente tener su casa propia. Sin embargo, la obra nunca llegó a su fin. Los trabajadores que trabajaron durante más o menos un mes, no volvieron y el baño de la casa quedó a medio construir. “Esto aquí quedó destapado. Me dieron el sanitario”, cuenta.

José afirma que acudió a la Alcaldía para preguntar por la obra: “primero nos dijeron que ellos (los contratistas) tenían que venir a entregar eso. Si no venían, pues para nosotros saber si lo terminamos o qué. Y lo que nos dijeron fue que dejáramos eso quieto”. Pero no volvieron y José, de 74 años, se puso a trabajar para terminar las tres paredes que le faltaban al baño y para instalar el sanitario. Además, los contratistas dejaron el lugar para el pozo séptico, pero no conectaron el baño. Eso también le tocó hacerlo a él. Según el presupuesto general de las viviendas, la instalación del sanitario estaba incluida, así como la terminación del baño. José calcula que invirtió dos millones y medio de pesos para terminar la casa. 

Lo llamativo es que otras casas sí las entregaron completamente terminadas cumpliendo con lo que prometía el texto original del proyecto: 54,78 metros cuadrados, tres habitaciones, sala comedor, cocina, baño, patio delantero y posterior, puerta trasera y espacio para el pozo séptico.

En 2022 hubo una nueva resta de viviendas a construir. Fiduagraria decidió que otras 10 viviendas no eran viables financieramente por costos de transporte. En la respuesta al derecho de petición enviado por Consonante, la entidad afirma que estos diez subsidios corresponden a dos proyectos (CHO-VIC-06 con 1 casa, y CHO-VIC-07 con 9 casas) que la fiducia “reportará al Banco Agrario de Colombia como no ejecutables por sobre costos de transporte”. Es decir, devolverá los recursos al banco. Para Marcela Sánchez, una de las beneficiarias de las viviendas descartadas, esta explicación no tiene sentido. Sánchez, quien fue desplazada por la violencia en la vereda Guaduas hace 24 años, dice que en su vereda ya se hicieron seis casas (de las 16 que se construyeron en 2021), y se pregunta por qué ahora construir la suya es inviable. 

Tras siete años de espera, las 12 familias que quedan de la lista inicial todavía no saben si van a construir sus viviendas o no. Fiduagraria tampoco lo sabe. Para este grupo, el 19 de marzo de 2020, la fiducia hizo un contrato, a través una invitación privada, con el Consorcio Hogares Rurales. Este debía encargarse del proceso del diagnóstico, documentación y estructuración del proyecto. Sin embargo, pocos días después se declaró la pandemia de Covid-19 y todo subió de precio. Fiduagraria explica que solicitó al Banco Agrario que adicionara recursos “sobre estos subsidios con el fin de lograr su operación y materialización”.

Hasta esta solicitud, el dinero disponible para los subsidios de vivienda era de 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) de 2015 para las víctimas y 17 smmlv de 2015 para los que financiaba el DNP. En 2015 el salario mínimo era de 644.350 pesos, por lo que para las primeras viviendas había 38 millones 600 mil pesos, y para las segundas había casi 11 millones de pesos.

La respuesta del banco llegó apenas hace unos meses, el 29 de julio de 2022. En esa fecha, “la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia notificó sobre la indexación de estos 12 SFVISR que permitieran su operación y materialización, razón por la cual, a la fecha nos encontramos definiendo la programación para realizar las actividades correspondientes a las fases uno y dos de los subsidios en mención”. Sin embargo, Fiduagraria no específica de cuánto es la adición presupuestal ni cuándo tendrán una respuesta para las 12 familias.

Una de esas familias es la de Gildardo Gómez Urán, campesino de la vereda La Argelia. Como los demás, él también lleva casi siete años esperando tener una casa en tierra propia, pues hoy vive “en tierra ajena”. Se refiere a que, junto a su esposa, habita una casa que está en una tierra que no es suya, pues en un momento el dueño del predio le permitió vivir ahí. A pesar de que tiene su pedacito de tierra a su nombre, no tiene los recursos para construir allí. Cuando Consonante habló con él, el campesino contó que no tenía información sobre su subsidio de vivienda, y aún no la tiene, pero no pierde la esperanza de que el proyecto del Banco Agrario materialice sus ganas de tener una casa en su propia tierra.

Sin veeduría

Todos los proyectos de vivienda de interés social rural deben tener un comité de vigilancia integrado por dos beneficiarios y la interventoría. El problema en este caso es que el proyecto se hizo por partes y solo en un caso se llegó a la etapa de la conformación del comité de vigilancia. Este comité se agrupó durante la construcción de las 16 viviendas y estuvo conformado por Yenny Yepes de El Carmen de Atrato, un beneficiario del municipio de Atrato y el Consorcio Interventoría Chocó. El equipo operó durante la ejecución de las viviendas en El Carmen.

La Contraloría, el ente encargado de hacer veeduría a nivel nacional, ha advertido que los proyectos de vivienda de interés social rural desarrollados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario y Fiduagraria han excedido los tiempos razonables para ejecutar estos proyectos, lo que ha conducido a su desfinanciamiento. Es decir, la lentitud de las entidades ha permitido que los años pasen, los precios de transporte y de materiales suban y las viviendas no se puedan hacer con la plata disponible. 

La población de El Carmen de Atrato ha sido testigo de este accionar desordenado. Por este motivo, la Personería de El Carmen ha intentado llamar la atención de los entes de control. Desde 2018, los funcionarios que han pasado por esta oficina han enviado múltiples solicitudes de intervención y seguimiento a entidades como la Defensoría y la Procuraduría a nivel regional y nacional, pero ninguno ha obtenido respuesta.

Los beneficiarios también se han enfrentado al muro de la opacidad institucional. Frente al silencio de Fiduagraria, han acudido a la Alcaldía para obtener información. Jorge Iván Bedoya, exalcalde de El Carmen (2016-2019) le dijo a Consonante que durante su administración gestionaron reuniones para que la fiduciaria le respondiera a los beneficiarios cuándo construirían sus casas. Sin embargo, siempre recibieron evasivas. Omar Benítez, actual secretario de Planeación de El Carmen de Atrato, explica que durante esta alcaldía la situación ha sido parecida. Por ejemplo, el 29 de junio se realizó una reunión en la administración municipal en la que Fiduagraria había confirmado su participación, pero llegado el día no se presentaron. A través de una llamada telefónica, unos funcionarios que no conocían los antecedentes del proyecto intentaron explicarles a los asistentes que todavía no sabían cuáles viviendas se construirían pronto. Ese día las cerca de 70 familias que acudieron al edificio de la Alcaldía quedaron con más dudas que certezas. 

La falta de claridad sobre el desarrollo del proyecto es tal vez lo que más indigna a los carmeleños. Marcela Sánchez se enteró de que su vivienda no sería construida por Fiduagraria durante una entrevista realizada para este artículo. La noticia fue amarga. “Falta información del Estado frente a lo que ocurre. ¿Cómo es posible que más fácil se den cuenta ustedes como medio de comunicación que la misma institucionalidad? Es que dejan pasar los tiempos, vuelven los proyectos inviables. Porque, hombre, así no vinieran el mismo año, al menos deberían venir al siguiente”, dice con impotencia.

Andrés Olaya, consultor experto en vivienda, explica que este tipo de fallas son sistemáticas en los proyectos de vivienda rural. Esto tiene que ver con las condiciones del mercado en el campo. “Los proyectos de vivienda de interés social son rentables porque los constructores logran tener una ganancia. Eso es relativamente fácil en las aglomeraciones urbanas”, dice. Sin embargo, en el campo los constructores no quieren ir a hacer vivienda rural “porque transportar materiales es muy costoso, y no hay mano de obra suficiente, ni calificada ni no calificada”. En palabras llanas, construir viviendas rurales de interés social “es un encarte”. 

Además de que estos proyectos son caros, suelen tomar muchos años en ser ejecutados, por lo que los precios se desactualizan. Esto es evidente al revisar las cifras del proyecto iniciado en 2015: los subsidios otorgados ese año corresponden a 60 salarios mínimos de ese entonces, es decir a unos 38 millones de pesos. “Hoy ninguna vivienda de interés social rural, en ninguna parte, vale 60 salarios mínimos”, dice Olaya. 

El gran problema

Más de la mitad de los hogares rurales del país tienen déficit habitacional. Es decir, las casas tienen problemas estructurales, carecen de espacio suficiente para alojar a todos los miembros de una familia o adolecen de servicios básicos. En El Chocó esta cifra asciende al 87,8 por ciento. Los programas de construcción y mejoramiento de vivienda rural son la estrategia del Estado para atacar este problema. 

Este vacío hizo parte de las discusiones entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc, y quedó reconocido en el texto final del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. Según el punto 1 del acuerdo, el Estado debía crear e implementar un Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda de Interés Social Rural (PNVISR) en el que se priorice “a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios y las beneficiarias del plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia”. Los montos de los subsidios se debían fijar “atendiendo los requerimientos y costos de construcción en cada región, con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna”.

Al revisar los documentos oficiales, queda claro que el Estado sabe cuáles son los problemas de la construcción de vivienda de interés social rural. Por ejemplo, sabe que en cada vigencia se asignan muchos subsidios, pero se construyen y entregan pocas casas, y que las viviendas no siempre responden a las necesidades de los beneficiarios. El Ministerio, además, reconoce que estas fallas afectan la vida de los campesinos, pues al figurar en una lista como beneficiarios, no pueden aparecer en otra, aunque no hayan recibido el subsidio.

Pero apenas en 2020 el gobierno nacional creó la Política Pública de Interés Social Rural construida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En el marco de esta política, el MinVivienda adoptó el PNVISR. Pero María del Pilar López Uribe, afirma que este plan no alcanza a solucionar una serie de problemas fundamentales, como las condiciones desfavorables para los constructores a la hora de ejecutar proyectos en la ruralidad y la falta de titulación de las tierras en el campo. 

Para López Uribe es clave que el Ministerio de Vivienda piense cómo incentivar la construcción en el campo. “Para los constructores no tiene ningún sentido meterse en este tipo de proyectos, cuando ellos van a dar pérdidas. Toca buscar algún tipo de incentivos para que ellos escojan estos subsidios, por ejemplo, beneficios tributarios”, afirma. Pero esa no es la única opción. La investigadora explica que también debe evaluar cuál es la mejor manera de ejecutar los subsidios, y plantea contemplar que se entreguen directamente a los beneficiarios o a los constructores.

Esto, sin mencionar una de las grandes deudas del Estado con el campo, que es la reforma agraria. Para construir vivienda digna a gran escala es necesario avanzar, por ejemplo, en el catastro multipropósito para identificar claramente de quién es cada pedazo del territorio nacional, cuáles tierras están tituladas y cuáles no, y cuáles tienen líos jurídicos. Además, debe estar claro quiénes son las personas que necesitan vivienda. María del Pilar López Uribe propone que ambas acciones avancen en paralelo. “Que se ayude a las personas que viven en las zonas rurales en un proceso que vaya en conjunto: legalicemos y al mismo tiempo ayudemos a la adecuación o construcción de la vivienda”. Algo que no está pasando en estos momentos. “Cuando uno oye a la Ministra de Agricultura, ella no habla de vivienda. Y cuando uno oye a la ministra de Vivienda, ella no habla nada de tierra”, explica López Uribe. 

Mientras en los ministerios se dan estos debates, los beneficiarios se preguntan qué pasará con las viviendas que les prometieron. “Hemos pensado que nos den esa plata (la del subsidio), porque con esa plata uno construiría la casa. Pero ellos dicen que eso no se puede, que estemos tranquilos porque no se pierde el dinero ni el derecho. Pero mientras tanto no hay casa”, dice Doris Cardona sobre la vivienda de María Otilia, que continúa viviendo en la finca de los hermanos de Doris. “Entonces uno se queda como en el aire”. 

Créditos

Reportería y redacción
Laura Giraldo y Beatriz Valdés

Edición
Carolina Arteta

Ilustraciones
Camila Bolívar