Martha Isabel Valderrama ya no sueña con llaves nuevas ni con paredes propias. Hace tiempo que aprendió a no hacerlo. En su voz hay una calma que parece rendición cuando habla de Villa Joel, la urbanización que alguna vez le prometió un techo digno. “Algunas personas han muerto esperando la entrega de las viviendas, ya mi ilusión se acabó después de tanto tiempo”, dice. Recuerda la alegría que sintió cuando le confirmaron que tendría una casa. Hoy, en cambio, cada vez que pasa frente a los bloques a medio construir, siente que también allí se quedó un pedazo de su esperanza.
Como ella, el resto de beneficiarios tiene pocos detalles de los problemas alrededor del proyecto, pero sabe que aún falta más de la mitad por terminar. Al norte del municipio, una línea de tres torres de ladrillo rojo y techo azul incompleto se alza entre el monte y el polvo como una promesa suspendida: la de una vivienda que, por ahora, solo existe en papeles y en la memoria de quienes siguen esperando.
Willy Ordóñez, veedor y también beneficiario del proyecto, ha aprendido a mirar la obra con la paciencia de quien ya ha visto demasiadas promesas aplazadas. Habla sin rodeos, con la mezcla de resignación y lucidez que da la espera. Dice que los retrasos son una cadena larga: la legalización tardía de licencias, la pandemia, la ola invernal que dejó las vías intransitables, la falta de mano de obra calificada en el Caquetá. Pero, entre todas esas razones, hay una que repite con cierta amargura: “la constructora no tiene suficiente músculo financiero para pagar a la cuadrilla de trabajadores, y eso retrasa todo”.
Ante este panorama, Ordóñez reclama mayor compromiso de las autoridades. Habla de Villa Joel como de un “elefante blanco” que se levanta, inmóvil, entre el polvo y la maleza. “La gente está frustrada por la larga espera. Nosotros, como veeduría ciudadana, asistimos a reuniones técnicas mensuales donde sabemos que la constructora ha pedido varias prórrogas y solo tiene una pequeña cuadrilla trabajando, lo que no es suficiente", expresó. Su tarea de control no ha sido fácil: los recursos estatales están bajo una fiducia, una figura que, según él, termina alejando a la comunidad de la posibilidad de vigilar cómo se mueve el dinero público.
El contratista de la obra argumenta que las cuentas no le dan para terminar el proyecto y sobre la mesa se está llegando a un acuerdo: que se terminen las viviendas que contienen las tres torres levantadas y se liquide el contrato para que una nueva empresa negocie con precios actualizados el valor real de la obra.
Sin embargo, los beneficiarios ya no creen en los plazos que les dan. “Debido a los incumplimientos, algunas familias han tomado la decisión de invadir el terreno que estaba abandonado para visibilizar la situación. El Ministerio y la interventoría han intentado presionar para la entrega, pero la constructora está limitada por falta de recursos y mano de obra”, lamenta Ordóñez.
En total, se trata de 60 viviendas que están apunto de terminar dentro de las tres torres de ladrillo: cada una de cinco pisos y cuatro viviendas por piso; alineados como piezas de una promesa que aún no se cumple. El proyecto completo contempla nueve etapas, cada una con su propio urbanismo y área de influencia. Hasta ahora solo se han levantado las plataformas para las torres 7, 8 y 9; la cimentación está ahí, desnuda, esperando los muros que nunca llegaron. El tanque de almacenamiento de agua, diseñado para abastecer 180 apartamentos, hoy solo da servicio a las pocas viviendas que lograron construirse, como si también él esperara el resto del conjunto que le dé sentido.
Dos años sin despegar
El proyecto fue presentado por la Alcaldía municipal al Ministerio de Vivienda en el 2013 con el objetivo de entregarle un techo a cientos de familias en pobreza extrema, desplazadas o damnificadas por el invierno. Resultado de esta gestión se firmó el convenio interadministrativo 098 de 2013 entre ambas instituciones para desarrollar un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y entregarlas como ayudas del estado.
Los subsidios que respaldan el proyecto se enmarcan en el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, que garantiza vivienda digna para hogares vulnerables. Bajo esa norma, el Estado entrega los llamados Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, conocidos por la gente como cartas cheque. En el caso de Villa Joel, la Resolución 0852 del 26 de abril de 2021 del Ministerio de Vivienda asignó 160 de estos subsidios y definió quiénes serían sus beneficiarios.
Entre ellos está Martha Isabel Valderrama. Hace más de veinte años sufrió una calamidad y desde entonces comenzó un peregrinaje de documentos, formularios y esperas para acceder a una casa. En 2008 le llegó la noticia: había sido beneficiaria de un programa de vivienda del gobierno. Recibió su carta cheque, primero por 16 millones de pesos, una cifra que con el tiempo se ajustó a más de 40 millones. Ese dinero, que alguna vez representó la ilusión de un hogar, terminó integrado a la bolsa del proyecto Villa Joel, donde su esperanza —como la obra— sigue en construcción.
Para ejecutar el proyecto, de un lado, la Alcaldía de San Vicente del Caguán se comprometía a aportar el predio para la realización de las viviendas y, del otro lado, el Ministerio, a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), se encargaría de destinar los recursos del subsidio familiar de vivienda para el proyecto.
La historia de Villa Joel comenzó hace más de una década, cuando el entonces alcalde de San Vicente del Caguán, Domingo Emilio Pérez (2012-2015), se sumó al programa “Viviendas Gratis”, una de las banderas del gobierno de Juan Manuel Santos. La promesa era ambiciosa: entregar 100.000 viviendas en todo el país a familias sin capacidad de ahorro ni acceso a crédito. San Vicente no quería quedarse atrás.
“Presentamos el terreno, cumplimos con los requisitos establecidos e instalamos los servicios públicos básicos: agua, energía y alcantarillado. El Gobierno Nacional aprobó 180 soluciones de vivienda prioritaria para población vulnerable”, recuerda Pérez, con el tono de quien todavía defiende una idea que creyó justa.
Pero en el terreno, los planos se convirtieron en ruinas antes que en hogares. La constructora encargada del proyecto asegura que aún persisten deudas del municipio relacionadas con las instalaciones de servicios básicos, obligaciones que nunca se cerraron del todo. Entre ambas versiones —la del exalcalde y la de la empresa— se mueve la historia de Villa Joel: un proyecto que nació bajo la promesa de la gratuidad y terminó atrapado en los costos impagos del olvido.
Problemas con el terreno
Todo comenzó con un terreno. Tres hectáreas al norte de San Vicente del Caguán, en la comuna nueve, donde la administración de Domingo Emilio Pérez decidió levantar el sueño de Villa Joel. En el convenio firmado en 2013, el municipio se comprometía a sanear el predio, garantizar que estuviera libre de reclamaciones y confirmar que el lote pertenecía al perímetro urbano. Sobre el papel, todo estaba en orden.
Pero los documentos, como los ladrillos, también pueden mentir. Años después, la Contraloría General de la República confirmó lo que por años se advirtió en el municipio: el predio postulado —con matrícula inmobiliaria No. 425-75627— no era urbano, sino rural, una condición que incumplía los requisitos del programa. “El municipio postuló el predio con condición rural y no urbana”, señala el informe de fiscalización de 2022.
La investigación también advierte que Findeter, en octubre de 2015, dio viabilidad al proyecto sin percatarse de la naturaleza del predio. Además, lo hizo sin resolver dudas sobre la normativa ambiental aplicable a un cuerpo de agua cercano. Y agrega un detalle que parece menor, pero no lo es: en el terreno había una explotación ilegal de arena, hecha por habitantes del municipio, que iba modificando la topografía del suelo donde se suponía que se levantarían las casas.
La administración del exalcalde Pérez conocía este problema e intentó remediarlo. Según la Resolución 2 del 11 de febrero de 2015 la Alcaldía de San Vicente del Caguán expidió una licencia urbanística para el predio del proyecto Villa Joel, pero no era un asunto que pudiera decidir sólo el ente territorial, el caso debía tramitarse con la autoridad catastral del país y según la Contraloría solo hasta el 29 de julio de 2017 el municipio presentó la solicitud para actualizar la carta catastral del predio ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Hasta el 14 de enero de 2019, quedó efectivo el cambio de uso del suelo de ese predio.
Consonante buscó a la actual Alcaldía de San Vicente del Caguán para entender en qué punto falló la planeación que terminó por frenar el proyecto. Desde la Oficina de Infraestructura, sin embargo, la lectura es distinta a la de la Contraloría. Aunque la matrícula inmobiliaria del predio figuraba como rural, aseguran que el terreno siempre ha estado dentro del polígono urbano del municipio. “Lo que se efectuó fue una actualización en el folio de matrícula donde se aclaró que es urbano —explicó una vocera del despacho, que pidió mantener su nombre en reserva—. Fue una acción más de hecho administrativo. El predio siempre fue urbano”.
En los informes de la Contraloría, en cambio, la historia no suena tan simple. El ente de control también advierte demoras del municipio en negociar con el dueño de un predio vecino para obtener el permiso de servidumbre que permitiría el paso del alcantarillado, el mismo que debía recoger las aguas negras de seis torres de Villa Joel. En ese punto, el proyecto se atascó una vez más: entre la letra de los informes y el lodo de los terrenos, entre la burocracia y el agua que nunca encontró salida.
Los primeros ladrillos
Mientras la Alcaldía de San Vicente intentaba resolver la confusión sobre la categoría del predio, en Bogotá se firmaba otro documento que marcaría el destino de la obra. El 11 de febrero de 2015, Fonvivienda suscribió el contrato de fiducia mercantil 325 con el Consorcio Alianza Colpatria, integrado por Fiduciaria Colpatria S.A. y Alianza Fiduciaria S.A. El acuerdo buscaba crear un fideicomiso: una especie de caja cerrada donde se guarda el dinero público para administrarlo por fuera de las manos directas del Estado. En ella quedarían depositados los recursos del Presupuesto General de la Nación, los aportes de los entes territoriales y los fondos de adaptación. Sobre el papel, era una garantía de transparencia. En la práctica, sería una capa más de distancia entre los beneficiarios y las decisiones que definían su futuro.
A este patrimonio autónomo se le otorgó el nombre de “Programa de Vivienda Gratuita II”. El objetivo de esta caja es administrar, cuidar y organizar el dinero que ponga Fonvivienda y las otras entidades para construir viviendas a familias vulnerables de todo el país. Minvivienda abrió la convocatoria a finales de 2014 para que los alcaldes presentarán sus propuestas y la alcaldía de Domingo Pérez aprovechó para presentar nuevamente el proyecto Villa Joel.
El engranaje institucional siguió su curso. Junto a Findeter, el comité técnico del fideicomiso aprobó los criterios del proyecto y, el 30 de junio de 2016, Fonvivienda y el municipio de San Vicente del Caguán firmaron el convenio interadministrativo 124 para construir 180 viviendas destinadas a familias vulnerables. El Consorcio Alianza Colpatria se encargó de contratar el diseño y la ejecución de la obra. A finales de ese año, el contrato Nº 5-0011 quedó en manos de la Unión Temporal Villa Joel, integrada por Ferreconstrucciones La Escuadra S.A.S. —antes Ferretería La Escuadra Ltda.— y BB Ingenieros S.A.S. El monto inicial fue de $10.581.564.044, sin contar el contrato de interventoría, por más de 93 mil millones de pesos, asignado a Fonade.
El acta de inicio se firmó el 11 de enero de 2017. Sobre el papel, el plazo era de dos años. Ocho años después, ninguna familia ha recibido una sola vivienda. En los informes de las primeras dos fases, la interventoría advirtió que la unión temporal no respondía con agilidad a los requerimientos y que los diseños tardaban más de lo previsto. En el terreno, las torres avanzaban a paso de caracol, mientras los años y las prórrogas se acumulaban como polvo sobre los cimientos.
En febrero de 2018, la interventoría pidió a Fonvivienda terminar de manera anticipada el contrato de obra. La solicitud no prosperó. En lugar de ello, se concedieron nuevos plazos a la Unión Temporal Villa Joel, que volvió a incumplir. “La ejecución, terminación y entrega de las 180 soluciones de vivienda se fue dilatando, con bajos avances de obra física”, concluyó más tarde la Contraloría.
Paul Andrés Gil Martínez, ingeniero y director del proyecto, admite que el tiempo se les fue en trámites y dudas. Dice que, mientras se resolvía la disputa por el uso del suelo, pasaron más de dos años sin poder avanzar. Los diseños se detuvieron y los planos se llenaron de polvo. “Como no se sabía con certeza qué iba a pasar con el terreno, no podíamos definir los puntos de conexión de los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía”, explica. En ese limbo, el proyecto quedó suspendido entre papeles, esperando una decisión que nunca llegaba.
Y aún cuando el 14 de noviembre del 2018 el municipio y el contratista firmaron el contrato de comodato para entrega del predio, este sólo se materializó hasta el 29 de marzo del 2019 cuando el municipio, la interventoría y la empresa contratista suscribieron el acto de entrega correspondiente.
Como si no bastara con todos los trámites administrativos que tuvo que superar el proyecto en sus primeras fases, la constructora se vio afectada por la pérdida de crédito otorgado por el banco a causa de los inconvenientes con el acceso al predio y los retrasos en la ejecución de la obra. Pero también es cierto que la unión temporal tardó y presentó a medias los entregables de las fases del proyecto, así como demoró en realizar los ajustes de esos diseños al punto que los productos no eran aptos para la respectiva aprobación de acuerdo a lo que refería la interventoría.
Después se sumó la contingencia por la pandemia de COVID-19; la situación de orden público a nivel nacional; y las dificultades en el suministro de materiales de construcción por escasez, causando más retrasos en el avance del proyecto y la entrega de las viviendas. Por años, el contrato se dilató en prórrogas de tiempo y suspensiones.
Cortos de dinero… ¿a liquidar el contrato?
Hoy, tres torres de apartamentos se levantan casi completas: muros pintados, ventanas instaladas, techos terminados en un 95 por ciento. Pero en los balances oficiales el avance financiero sigue en cero. La razón está en una cláusula fría del contrato: el pago sólo se hace por vivienda terminada y entregada al beneficiario. Ninguna lo ha sido.
El ingeniero Paul Andrés Gil Martínez explica que la Unión Temporal sigue pagando salarios y materiales ajustados a las normas y precios de cada año, mientras el contrato permanece anclado en los valores de 2016. Esa brecha, dice, ha provocado un desequilibrio económico del 62 por ciento. En otras palabras: la obra cuesta más de lo que alguna vez se planeó, y el dinero no alcanza ni para cerrar lo que ya está casi hecho. Las torres, imponentes y mudas, parecen saberlo.
Con respecto a la disminución de personal, Martínez aseguró que por la pandemia las medidas de bioseguridad limitaron el número de trabajadores, afectando el ritmo de la obra, especialmente en 2020 y 2021. Sin embargo, no explicó cómo viéndose superada la crisis sanitaria la constructora buscó responder con la mano de obra necesaria.
Tras la pandemia, el contrato fue reactivado el 21 de mayo de 2022, con un nuevo plazo de ejecución de 11 meses. La unión temporal tomó el proyecto en septiembre de 2022, momento en que se estableció el reinicio y se comenzó la adquisición de materiales, incluyendo todo el acero necesario para cimentaciones, mallas para placas y bloques. Según Martínez, ese año hubo una escasez mundial de acero y chatarra para exportación, paralizando el proyecto varios meses.
Además, agregó que, en 2023, la obra estuvo suspendida casi un año debido a amenazas de orden público, resueltas mediante mesas de trabajo con el gobierno nacional. Desde entonces, el proyecto ha avanzado lentamente.
El ingeniero Martínez además declaró que han enfrentado problemas graves con maquinaria, las constantes lluvias que dificultan el trabajo en el suelo arcilloso de la Amazonía, así como los frecuentes cortes de energía eléctrica que experimenta el municipio.
En un video compartido a mediados del años pasado por las redes sociales del Ministerio, Helga Rivas, jefa de esa cartera, precisó que el gobierno busca recuperar esta obra y según varios beneficiarios que han asistido a las reuniones con la entidad, el plan consiste en que la actual unión temporal termine las tres torres que están casi listas y se liquide el contrato para que otro contratista finalice el resto bajo un nuevo proyecto con condiciones actualizadas.
Además, la cartera propuso que los beneficiarios conformen una agremiación que les permita tener mayor participación en las decisiones futuras. Sin embargo, pese al compromiso público de la ministra, los beneficiarios denuncian que el Ministerio ha aplazado una y otra vez las reuniones en las que deberían definirse los pasos concretos para finalizar la obra.
Actualmente, hay 60 viviendas terminadas y habitables, pero sin servicios públicos. “La alcaldía no ha podido enterrar las tuberías por una calamidad municipal. La red eléctrica está saturada y no hay disponibilidad para conectar las viviendas, aunque se están gestionando los permisos para resolverlo”, explica el ingeniero Martínez. A esto se suman pendientes técnicos como la instalación del sistema contra incendios, los parqueaderos, los tanques de agua y los andenes.
Desde la Oficina de Infraestructura municipal aseguraron que avanzan en la construcción de un nuevo tramo de red eléctrica para garantizar la conexión dentro del predio. Sin embargo, con los retrasos técnicos, los costos desactualizados y la incertidumbre sobre la continuidad del contrato, aún no hay una fecha definida para la entrega de las 60 viviendas que llevan años esperando a sus dueños.
Nota: Consonante envió un cuestionario de preguntas al Ministerio de Vivienda, a través de su oficina de prensa, pero a la fecha no se recibió respuesta alguna sobre las acciones que esa cartera está adelantando para cumplirle a las familias beneficiarias de esta urbanización.
