Desde la ventana de una casa en el barrio San Francisco, en pleno casco urbano de Tadó, casi siempre se asoman las mismas siluetas. Rafael Ángel, de 64 años, y su hermana Luz Doralia, de 62, pasan allí la mayor parte de sus días. La movilidad reducida con la que nacieron los mantiene en el segundo piso, lejos de las calles que escuchan bulliciosas desde arriba. Solo bajan cuando una cita médica los obliga o cuando Yadilfa, la menor de la familia, los ayuda a bajar y los saca a respirar otro aire.
En cambio, Yaciris, de 57 años, diagnosticada con un trastorno del desarrollo intelectual, sí sale a diario: no se pierde la eucaristía en la catedral San José. Los tres hermanos dependen del cuidado de Alfonso Murillo, su padre de 89 años, y de Yadilfa, la menor, de 52, que carga sobre sus hombros la rutina y la responsabilidad de sostener la vida familiar.
Todos tienen sus historias clínicas al día, fórmulas, órdenes médicas y un paquete completo de sus procedimientos. Sin embargo, solo hasta diciembre de 2023, después de una jornada en el Hospital de Tadó —la primera y hasta ahora la única realizada en el municipio—, los hermanos recibieron sus certificados de discapacidad. Pero Doralba Gamboa de Murillo, madre de Rafael, Doralia, Yaciris y Yadilfa, no alcanzó a tramitarlo. Tiene 85 años, lleva una década enfrentando el alzhéimer, además de la hipertensión, y aún no cuenta con ese documento. Apenas el mes pasado entregó sus papeles al enlace de discapacidad, sin saber antes cómo iniciar el proceso. En su historia clínica aparece la anotación “problemas relacionados con limitación de actividades por discapacidad”, pero ese registro no ha bastado para obtener la certificación oficial.
La casa de la familia Murillo Gamboa es de dos pisos, pero todos pasan la mayoría del tiempo en el segundo. Allí hay tres habitaciones y un espacio con un comedor y algunas sillas que les sirve para reunirse. Cuando golpean a la puerta, Rafael es el primero en asomarse a la ventana, siempre está atento a quien llegue para saludar. Se levanta y camina despacio. Rafael habla muy poco y cuando lo hace, solo le entiende su hermana Doralia. Ella se ha convertido en su enfermera, se encarga de estar pendiente de sus medicamentos y le avisa a Yadilfa cuando se están acabando y necesitan más.
Las labores del hogar las comparten Yaciris y Yadilfa. Esta última también se encarga de ir a la Eps a reclamar los medicamentos que hacen falta, sacar citas médicas y pelear ante un sistema de salud que le pone trabas. Yadilfa también baña a Doralba y le toma la tensión varias veces al día para revisar que esté bien.
Pese a su edad, Alfonso sigue atento del cuidado de sus hijos y de su esposa. “Me encuentro en una situación muy compleja porque todos presentan una capacidad diferente. Mi esposa no tiene certificado de discapacidad lo que podría ser un impedimento para poder recibir algún tipo de apoyo por parte de las autoridades”, dice. Además, aclara que no ha recibido una buena asesoría sobre la documentación que requiere.
"Me encuentro en una situación muy compleja porque todos presentan una capacidad diferente. Mi esposa no tiene certificado de discapacidad lo que podría ser un impedimento para poder recibir algún tipo de apoyo por parte de las autoridades"
Alfonso Murillo
“Mis tres hijos padecen discapacidad desde su nacimiento, y mi esposa sufre de alzhéimer desde hace diez años. No recibimos apoyo de las autoridades competentes, únicamente en el año 2024 recibimos un mercado por parte de la gerente del hospital San José de Tadó al ver nuestra situación”, agrega. Tampoco hacen parte del programa de tercera edad.
“Acá no hay derechos para la población con discapacidad, solo nos mencionan cuando hay campañas políticas. Nos mienten siempre. Acá hay muchos discapacitados sin diagnóstico, sin saber qué tienen y así cómo se pueden pedir ayudas”, puntualiza Yadilfa Murillo. Ella muestra los certificados de sus hermanos y se pregunta: “¿Y ahora qué? Esperar a que llegue alguna ayuda”.
"Acá no hay derechos para la población con discapacidad, solo nos mencionan cuando hay campañas políticas. Nos mienten siempre. Acá hay muchos discapacitados sin diagnóstico, sin saber qué tienen y así cómo se pueden pedir ayudas"
Yadilfa Murillo
Desde el Ministerio de Salud se indica que la financiación del proceso para los certificados de discapacidad está a cargo de los recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación y a través del Sistema General de Regalías. El trámite lo adelantan las instituciones prestadoras de salud (IPS) autorizadas y, para ello, deben contar con capacidad operativa, tanto con el talento humano e infraestructura administrativa, que le permita realizar 10 valoraciones para certificación de discapacidad a la semana. Pero esto no se cumple en Tadó y desde el 2023 no se ha certificado a nadie más.
Desde Minsalud también se informa que quienes necesiten el certificado de discapacidad deben tramitarlo ante la Secretaría de Salud distrital o municipal y deben llevar la copia de la historia clínica con los soportes de su diagnóstico. Esta historia clínica no requiere tiempo de vigencia.
“La Secretaría de Salud distrital o municipal o la entidad que haga sus veces deberá garantizar los apoyos y ajustes razonables que requieran las personas para acceder a la información del proceso de certificación de discapacidad”, indica Minsalud. Las IPS tienen un plazo de cuatro días hábiles para verificar la documentación. Si cumple con todo, al siguiente día hábil se debe generar la orden para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. La cita y valoración clínica no puede superar los 10 días hábiles.
Pero el problema principal sigue siendo el diagnóstico. El Hospital de Tadó es de primer nivel y cuando una persona se acerca a consultar una enfermedad, el especialista trata el dolor, pero no se realizan estudios que determinen qué padecen. Además, al no existir un censo que determine la totalidad de población con discapacidad tampoco se puede avanzar en políticas públicas ni la entrega total de certificados. A la fecha, no se sabe cuántas personas faltarían por esos documentos.
Es el caso de Enny Yuliza, de 23 años de edad. Desde hace cinco años empezó a tener fuertes dolores de cabeza, se golpea, entra en crisis y se maltrata su cuerpo. Dejó de asistir a clases y no puede salir de su casa. Su cuidado quedó a cargo de su mamá, Emilce Cossio, de 47 años, quien tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse completamente a ella.
“No tengo quién más la cuide, estamos solas. En el hospital le dan Mexican cada mes para tratar el dolor, pero nunca le hacen exámenes para saber qué tiene. Antes podía salir, pero ahora prefiero que no salga porque le dan fuertes dolores de cabeza, se cae, se golpea, se maltrata y no se controla”, cuenta. Emilce vive con su hija mayor, de 26 años, quien es la única que trabaja y que se encarga de los gastos.
"No tengo quién más la cuide, estamos solas. En el hospital le dan Mexican cada mes para tratar el dolor, pero nunca le hacen exámenes para saber qué tiene"
Emilce Cossio
Enny no alcanzó a presentarse en la brigada que hicieron en el 2022 y se quedó sin certificado de discapacidad. El 14 de agosto fue a la Alcaldía porque una vecina le dijo que podía adelantar este trámite con la enlace de discapacidad y entregó los documentos. “Ella me pidió que le sacara copia a todos los papeles, es decir a la historia clínica y ahora me toca estar pendiente para que me llamen para una cita”, cuenta. No le dieron fechas, tan solo esperar a que le confirmen la fecha de valoración en un hospital de Quibdó.
“Necesito que me ayuden, ella se está dando muchos golpes y sufre mucho. Ella sigue empeorando, no se qué tiene, se da golpes, se muerde y se da golpes”, recalca Emilce con tristeza.
En los documentos no está el diagnóstico claro. En el motivo de consulta aparece “problema cuadro clínico retraso mental”. “La mamá no sabe qué tiene la hija, pero evidencia problemas cognitivos y en la pronunciación”, dice la historia clínica. Pese a la gravedad, Enny no ha sido atendida por un neurólogo y sigue sin saber qué tiene exactamente.
“La paciente tiene un estado cognitivo que no corresponde a lo esperado para la edad y se plantea la impresión diagnóstica de discapacidad cognitiva moderada a mayor, con agresividad y movimientos repetitivos”, agrega el documento.
Primer enlace de discapacidad en Tadó
En abril de este año llegó a la Alcaldía de Tadó Samira Mosquera, de 41 años, como enlace de personas en condición de discapacidad como parte del comité de discapacidad.
“Nací con osteoporosis deformativa y padezco una discapacidad física desde que tenía tres años de edad. Me hicieron 49 cirugías en ambas piernas y reconstrucción de cadera. Me gusta liderar y hacer prevalecer los derechos de las personas con discapacidad, ya sea dentro o fuera de esta localidad. Hago parte del comité de discapacidad municipal desde el año 2024, que se hizo en esta nueva administración, por la ley 1955 del 2019 del pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad”, cuenta.
"Nací con osteoporosis deformativa y padezco una discapacidad física desde que tenía tres años de edad. Me hicieron 49 cirugías en ambas piernas y reconstrucción de cadera. Me gusta liderar y hacer prevalecer los derechos de las personas con discapacidad, ya sea dentro o fuera de esta localidad"
Samira Mosquera
El trabajo de Samira se extiende en buscar citas médicas a pacientes con discapacidad, estar pendiente de los medicamentos, y de guiar el proceso de trámite y entrega de los certificados. "Busco que a las personas que tengan algún tipo de discapacidad no se les vulnere sus derechos y puedan ser atendidos, por eso llego hasta el hospital San José de Tadó en busca de citas médicas para estas personas y, de allá, salgo para Comfachocó o la Nueva Eps para resolver la entrega de medicamentos. Es un proceso difícil y donde no puedo ayudar a todos”, cuenta Samira e insiste que las personas con discapacidad deben tener prioridad y que sus citas se den el mismo día o máximo al día siguiente.
Samira es del corregimiento de Carmelo y pese a tener toda su documentación en regla, recibió el certificado de discapacidad hasta el 2022. Desde abril de este año se posesionó como enlace para las personas con discapacidad del municipio, donde ha impulsado temas de salud y educación. “Es importante resaltar que tanto las personas que padecen algún tipo de movilidad reducida u otro caso estaban muy alejadas de estos procesos, por eso en muchas ocasiones me dirijo al Hospital San José de Tadó y a la IPS Ser Salud, con el objetivo de poder sacar citas médicas”, agrega Mosquera y recalca la Ley 1618 de 2013, que hace referencia a la inclusión de personas con discapacidad en Colombia y la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables para eliminar la discriminación y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.
Falta información de los procesos
La desinformación ha sido uno de los obstáculos para que los pacientes puedan contar con un certificado médico. Los cuidadores desconocen del trámite y falta difusión.
Yesica Moreno Mosquera, referente de Sivigila en la Alcaldía de Tadó, indica que quienes requieren un certificado de discapacidad deben presentar “todas las historias clínicas de donde lo han atendido y han diagnosticado su proceso, fotocopia de la cédula, ayudas diagnósticas como radiografías y exámenes que relacionen la discapacidad”.
Según indica Moreno, para poder obtener un certificado de discapacidad, se debe contar con un informe médico detallado y la historia clínica en el cual soporte su capacidad diferente, donde un especialista describa su condición y, por ende, especifique qué tipo de discapacidad tiene y le impide realizar sus actividades diarias. Sin embargo, en casos como el de Enny han pasado cinco años sin un diagnóstico claro.
“Durante el período 2023 se realizó una actividad donde fueron censadas aproximadamente 391 personas con problemas de discapacidad, cabe resaltar que a la fecha de hoy no todos están censados, por lo que se enviaron las solicitudes para el proceso de certificación al Hospital Ismael Roldan, en Quibdó, que es el único instituto médico autorizado por el Ministerio de Salud, y la Secretaría de Salud Departamental del Chocó. Ellos son los encargados de hacer los procesos de certificación a las personas con capacidad diferente”, puntualiza Moreno.
Moreno reconoce que no han realizado un censo que abarque la zona urbana y rural y que permita conocer el total de la población con discapacidad. En junio de este año recibieron una respuesta del Hospital Ismael Roldán Valencia, vía correo electrónico, donde se indica que evaluarían las historias clínicas y luego contactarían a los pacientes. Sin embargo, no se conoce avances de este proceso.
Sumado a la falta de un censo, la Alcaldía no tiene reporte de cuántos certificados entregaron en años anteriores. “Como ente territorial no somos quién entregamos las certificaciones sino somos un puente donde recogemos toda la documentación de estas personas y se la enviamos a la autoridad encargada vía correo electrónico”, sostiene. Actualmente en la Alcaldía de Tadó hay unas 40 historias clínicas represadas, entre estas los documentos de Enny y Doralia.
