La demora: Según el Ministerio de Salud, el trámite de expedición de certificados de discapacidad debería haber sido completado en todo el país este año, pues el documento ya es un requisito para que las personas en condición de discapacidad accedan a una gran variedad de servicios esenciales y programas. Pero en Fonseca, este proceso está retrasado. Hasta abril, solo se habían entregado 425 certificados a pesar de que en el municipio hay al menos 1 200 personas en condición de discapacidad según cálculos de Olga Montenegro, enlace de esta población con la Alcaldía.
Además, algunas personas han denunciado que a pesar de que el certificado es personal e intransferible, en algunos casos se ha entregado un solo documento por familia.
¿Para qué sirve el certificado? La acreditación de discapacidad es fundamental para que las personas puedan acceder a los servicios del Estado de manera diferencial y a ofertas laborales, como lo establece la Resolución 113 de 2020. "Cuando nos convocan a algún evento, piden la certificación de discapacidad porque ahí dice qué discapacidad tiene la persona. El que habla es el papel”, dice Eliameth Herrera, madre de Anderson Díaz quien tiene una discapacidad auditiva.
“La certificación es una prioridad que se le está dando a la persona con discapacidad para acceder a un hospital y a todo tipo de programas. Quien no tenga la certificación de discapacidad, no tiene la misma oportunidad que las demás personas”, agrega Yuleisy Fernández, lideresa de la población con discapacidad y delegada de la Fundación Fonseca Viva.
¿Qué dice la Alcaldía? Según Olga Montenegro, la demora en el proceso se debe a que la Gobernación calculó mal el presupuesto de cada municipio pues utilizó cifras desactualizadas del número de personas con discapacidad, y no ha desembolsado los recursos necesarios para terminar el proceso.
De acuerdo con la ley, la Alcaldía debe contratar a una IPS para realizar la valoración de cada persona que solicite el certificado con el fin de determinar el tipo y nivel de discapacidad. Esto teniendo en cuenta que hay siete tipos de discapacidad: física, auditiva, psicosocial, sordoceguera, visual, intelectual y múltiple.
“Comenté en reuniones que Fonseca y San Juan son los municipios con mayor número de habitantes con discapacidad y nos tienen en 200 (personas). Como se lo dije al Gobernador el día que hablé con él: no tuvieron en cuenta el número de personas de cada municipio para hacerles entrega del certificado. Este año entregamos más pero no porque nos ayudaron de Bogotá, sino porque la Alcaldía nos colaboró”, afirma Montenegro.
No es el único obstáculo: A los problemas para obtener el certificado de discapacidad, se suman los inconvenientes que ya enfrenta esta población para acceder a servicios de educación, oportunidades laborales, recibir medicamentos a tiempos oportunos por parte de las entidades de salud, y tener atención diferencial para hacer trámites en la Alcaldía. “Fonseca no tiene intérpretes a la hora de que uno tiene que interactuar con los sordomudos uno se queda corto a la hora de querer ayudar a la población", asegura Yuleisy Fernández, líder de la población en condición de discapacidad y delegada de la Fundación Fonseca Viva.
“El año pasado, en diciembre, nos reunieron en el Polideportivo y le pedimos ayuda (al enlace de discapacidad de la Alcaldía) en empleo y meterlos al SENA. Esperábamos más ayuda y no nos cumplieron. Pedimos una escuela para los discapacitados porque aquí no la hay, transporte y nada de eso nos cumplieron”, dice Eliameth Herrera. Además, sostiene que en Fonseca no hay tecnologías para cada una de las discapacidades.
Lo que sigue: Ante la demora en la expedición de los certificados, las personas han optado por apoyarse en organizaciones no gubernamentales para mejorar sus condiciones de vida. Una de estas es la Fundación Social Visión Guajira, que les entregó insumos para fortalecer emprendimientos, útiles escolares, zapatos y acompañamientos.
Además, sostienen que seguirán exigiendo sus derechos para que puedan tener calidad de vida en el municipio. “Estamos parados en raya y vamos a llegar a donde tengamos que llegar para ser escuchados, para no ser más excluidos”, dice Yuleisy Fernández.
Por su parte, la Alcaldía dice que está gestionando ante la Gobernación de La Guajira que se desembolsen más recursos para continuar el proceso de certificación. Esperan en noviembre reanudar el proceso.
