Más de 200 personas en situación de discapacidad siguen sin recibir certificados

Yorleana Mosquera Gómez tiene 19 años, pero su apariencia es la de una niña. Mide tan solo 58 centímetros y es la mujer más pequeña de Tadó y tal vez de Colombia. Aunque desde sus primeros años fue diagnosticada con enanismo pituitario aún no tiene su certificado de discapacidad ni recibe una atención adecuada.

Yorleana vive en una casa familiar con su madre, una hermana, dos tías y seis primas. Por su condición de salud se le dificulta comunicarse y pronunciar algunas palabras con rapidez, así que habla pausado para que logren entenderle. Yorleana le dijo a Consonante que quiere regresar a la escuela, pues solo estudió hasta preescolar, y que lo que más necesita son ayudas para la alimentación y algunas medicinas.

Rosa Omny Gómez, madre de Yorleana, cuenta que trabaja en restaurantes y en una mina para darle a su hija lo que necesita. “Mi hija no tiene certificado de discapacidad. A ella no la tienen en cuenta como discapacitada. Una muestra es que en septiembre repartieron unas raciones de comida y no le dieron a ella, aduciendo que no se había inscrito, aunque yo estuve previo a eso en la Alcaldía haciendo la fila para la inscripción. Sin embargo, cuando fue mi turno, la funcionaria de la Alcaldía me dijo que ya no había cupo porque solo era para 80 discapacitados y ella no estaba”, señala.

“El municipio tampoco la ha censado para tenerla en cuenta en esa certificación, así que ella no recibe ninguna clase de ayuda del Gobierno. Solo cuando tenía 14 años de edad recibió una ayuda de Bienestar Familiar, pero apenas durante seis meses, desde ahí nunca más”, agrega Rosa Gómez.

Rosa pide para su hija una atención especial y advierte que ya está cansada de la falta de apoyo. “Decidí no tocar más puertas en busca de ayudas para mi hija porque todas me la cierran. A Yorleana le dan crisis de asma y en muchas ocasiones no tengo para comprarle los inhaladores”, afirma.

Durante el 2022 la Alcaldía de Tadó certificó a 80 personas con discapacidad. Sin embargo, 220 siguen a la espera.

Otro caso es el de la familia Agualimpia. Nerilio Agualimpia padece alzhéimer y vive en arriendo con su esposa, Dalia, y sus seis hijos, quienes sufren de epilepsia. A Dalia se le dificulta caminar como consecuencia de tres derrames cerebrales. Su hijo Anaín Agualimpia, de 31 años, es esquizofrénico y no tienen quien lo lleve a los controles médicos hasta Quibdó; otra hija, de 41 años, tiene una discapacidad física que le impide caminar y al igual que sus otros cuatro hermanos sufre de epilepsia. Solo una de sus hijas trabaja, pese a su diagnóstico, pero cuando sufre alguna crisis no puede ir.

Dalia Agualimpia cuenta que ninguno en la familia tiene un certificado de su discapacidad. “Vivimos con 80 mil pesos que nos dan con el programa de adulto mayor del Gobierno. Un hijo que es policía nos auxilia con algo y una hija trabaja en oficios varios, pero cuando está con la crisis no puede hacer nada. Del resto lo recibimos de la caridad de la gente”.

“El mes pasado la Alcaldía nos dio una ración alimentaria con 12 libras de arroz, un aceite y otras bobaditas, pero eso es todo lo que ha llegado a esta casa durante todo el año. Nuestra situación es muy difícil, pues mi esposo no puede trabajar, la última vez que por desespero intento hacerlo, se fue para la mina y se perdió. La Policía tuvo que ir a buscarlo y gracias a Dios lo encontraron”, puntualiza.

Jairo Antonio Mosquera, quien tiene dificultades para caminar, lideró el año pasado los diálogos con la Personería para la certificación de la población que, como él, tienen algún tipo de discapacidad. “La Alcaldía el año pasado contrató una IPS de Quibdó y logró certificar entre 70 y 80 personas, de los 300 que hay en el municipio. Ahora, está buscando contratar una IPS de Risaralda para terminar la certificación, pero eso está solo en palabras porque esta es la fecha que no se ha concretado nada”, señala.

“Los discapacitados de Tadó no recibimos ayuda de ninguna entidad, a la Alcaldía llegaron unos mercados que fueron repartidos solamente a unos pocos, porque a mí no me dieron. Cuando fui a la oficina de la primera dama, ella me respondió que esos mercados ya los habían repartido y que no eran para todos. Necesitamos que el Gobierno sepa que existimos, que nos ayude, necesitamos un sitio al que podamos acudir”, agrega.

¿Qué dicen las autoridades?

Michael Córdoba, secretario de Salud y Educación municipal, indica que el año pasado con la IPS de Quibdó se logró certificar a 80 personas. Sin embargo, reconoció que el proceso quedó en pausa. “Este año no hemos actualizado la caracterización de esta población, se está dialogando con una IPS de Pereira llamada Instituto de Audiología Integral para certificar a la población restante”, afirma.

Córdoba agrega que el mes pasado la Alcaldía entregó algunos kits alimentarios, aunque no llegaron a toda la población que lo necesita. Una de las políticas del actual alcalde, Cristián Copete, ha sido contratar a personas en situación de discapacidad. Sin embargo, solo hay 5 personas trabajando en la recepción de la Alcaldía, el hospital, la Casa de la Justicia y la empresa Aguas de Tadó.

Por su parte, el personero municipal, Yirson Ledezma, agrega que desde su dependencia han enviado varios requerimientos a la administración para conseguir los certificados pendientes, pero no ha sido posible. En el 2022, el proceso se dio luego de que la Personería instaurará una tutela.

“La administración municipal ha respondido que está en proceso de contratación con la IPS. Sin embargo, este proceso se está dilatando por lo que a la Personería le va a tocar instaurar una nueva acción de tutela, que permita otorgar los derechos”, puntualiza Ledezma.

Según la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, los certificados son expedidos por las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) en cooperación con la Alcaldía y previa valoración médica. Además, es un trámite gratuito.

Lo que sigue

Se espera que, para este mes (noviembre), la Alcaldía y la IPS Instituto de Audiología Integral realicen la certificación de la población con discapacitad faltante. Si el proceso no se realiza, la Personería instaurará una tutela para reclamar los derechos de las personas en situación de discapacidad.