CUERPOS DE AGUA

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, tiene de norte a sur una abundancia de mitos fundacionales que siempre emergen del agua: para el pueblo wayuu es un medio de comunicación con los espíritus.  En Nariño los inkal awá o “gente de la selva” consideran que el agua bendice, purifica o conjura y, para los macuna o “gente de agua,” quienes descienden de la anaconda y son, en otra dimensión, peces, el río es principio y final de su cultura.

Varias generaciones de estos pueblos han buscado la preservación de las cuencas hídricas en todos los puntos cardinales pero, mientras lo hacen, corren un riesgo que no es equivalente al de otros defensores de ambiente en el mundo. Y a esta tarea cuidadosa, con los años, también se han dedicado campesinos y afrodescendientes.

El Global Witness, una ONG que contabiliza líderes ambientales asesinados en 22 países, informó con preocupación que Colombia ocupa, nuevamente, el primer lugar en muertes, lo que la ha catalogado como ‘cementerio para ambientalistas’. En 2023 documentó 196 casos de los cuales 79 fueron en Colombia.

Desde la ONG inglesa, que además evidencia el aumento de víctimas con cada estudio, aseguran ―como lo hicieron en esta entrevista para Infoamazonía― que el alto número de asesinatos es directamente proporcional a su nivel de impunidad, que es del 92% en este país.

Las comunidades cerca de la Dama del Ranchería en La Guajira, las que habitan en Chocó junto al Atrato —uno de los ríos más caudalosos—y junto a la corriente del San Juan así como los guardianes de la Amazonía son conscientes del peligro que enfrentan. Aun cuando alzar la voz les cuesta la vida, no guardan silencio.

Consonante recorrió los cuatro departamentos en donde hace presencia para seguir el curso de los ríos y evidenciar su importancia en la vida de las comunidades ribereñas e, incluso, las que están sumergidas en cemento. Hemos sido testigos de la resistencia de quienes exigen respeto por el oficio de preservar la naturaleza. 

Hoy, cuando los índices de sequía, según instituciones como la Organización Metereológica Mundial, alcanzan niveles alarmantes —un panorama antes predicho por las comunidades—, hace que los portavoces de los cuerpos de agua en Colombia exijan una mayor participación en la toma de decisiones para la acción climática. 

Los racionamientos en las grandes ciudades del país son episodios esporádicos comparados con el devenir de poblaciones que, aunque viven en una península, mueren de sed. U otras que, en medio de bosques húmedos, no han encontrado garantía en el acceso al recurso potable.

Desde 2018, cuando el Global Witness alarmó a la comunidad internacional por el avance en la vulneración de los derechos, a su vez,  los medios de comunicación han dejado el registro de los asesinatos en serie a líderes ambientales.

En 2022 asesinaron a Hugo Albeiro George Pérez en Valdivia, Antioquia, por oponerse al proyecto hidroeléctrico de EPM en Hidroituango, que afecta a doce pueblos de la región. La víctima hacía parte de la Asociación de Víctimas Afectadas por Megaproyectos - ASVAM. Ese mismo año asesinaron a su compañero que hacía parte de la Asociación Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia - AMPA. 

Ambos líderes fueron asesinados durante protestas. Las dos asociaciones pertenecen a Ríos Vivos donde, según el portal Mongabay, han recibido más de 60 amenazas de muerte por oponerse al megaproyecto y al despojo forzado, a la ausencia de una compensación justa, a que estropeen el acceso a la salud y por denunciar las consecuencias progresivas de daño al ambiente.

Desde hace más de treinta  años los guardianes del río Atrato, en el departamento del Chocó, han exigido la protección al Estado por las amenazas de grupos armados en relación con su defensa. Desde el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato - Cocomacia se ha hecho seguimiento a la implementación de la sentencia T-622 de 2016 que declaró al río como sujeto de derechos. 

Esto se logró, entre otras acciones, mediante una tutela en la que los guardianes demandaron a 26 organizaciones estatales por ser cómplices de la contaminación. La sentencia, además, coincidió con la firma del Acuerdo de Paz, un punto de partida para la reproducción de crímenes contra los bosques, sus cuencas de agua y sus guardianes. 

Según cifras de la ONG Indepaz, desde la firma de este pliego han asesinado a más de 600 defensores. De ese número, más de la mitad eran indígenas (332) y, en segundo lugar, campesinos afrodescendientes (75) que murieron junto a líderes comunitarios, incluso menores de edad, como el caso del guardia indígena de 14 años, Breiner David Cuñame, que era guardián de un páramo y a quien asesinaron en enero de 2022. 

La falta de aplicación de esta sentencia, que otorga un estatus a los guardianes, ocurre en un contexto de conflicto. Allí, grupos armados queman retroexcavadoras en disputas por el control territorial con otros grupos que custodian la maquinaria entre las millas del río de empresas extractivistas, según han relatado los campesinos.

Tan solo en 2022 los protectores del páramo de Santurbán, en Santander, dijeron que sumaban más de 25 amenazas de muerte dirigidas a personas del Comité para la Defensa del Agua y en 2023 el panorama no fue distinto para activistas de otras regiones. Dos hombres de Monguí, en Boyacá,  golpearon a la protectora del páramo de Ocetá conocida como ‘La Maruja Soto’.

Los guardias de los ríos han denunciado que estas amenazas llegan con panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC, también conocidos como el Clan del Golfo. En muchos casos, con órdenes de salida en menos de 24 horas.

En las orillas  del río Atrato denuncian las comunidades campesinas, los consejos afro y los consejos comunitarios que hay estacionadas más de cincuenta máquinas dragando los lechos con la custodia de los grupos al margen.

Algunos de los defensores utilizan chaleco antibalas en medio de su comunidad para decir que el agua está llena de mercurio y arsénico, por ejemplo, derramados en el proceso de la minería.

En Putumayo y Caquetá, la puerta de entrada a la Amazonía, hay unos altos índices de extracción de madera para ganadería extensiva. Pese a la defensa que hacen del ecosistema las comunidades, hay ambientalistas desplazados por oponerse a la tala. Muchos de estos son excombatientes que aseguran cumplir un papel de vigías con la naturaleza antes y después de dejar las armas. Algunos de sus casos los sigue Amnistía Internacional.

El peligro para quienes protegen el agua, esencial para la biodiversidad que sustenta la vida, proviene en muchos casos de la estigmatización por enfrentarse a empresas extractivas. 

Las comunidades aseguran que no solo se oponen al daño por la necesidad de garantizar la supervivencia; también anuncian que de su trabajo se sirven millones de personas que necesitan del agua y de lo que se produce en hectáreas de tierra, pero que guardan silencio ante la masacre.

Hasta la fecha, la Fiscalía no actúa con celeridad para conocer a los autores intelectuales detrás de un exterminio consecutivo a las alertas tempranas. Mientras los líderes y lideresas ambientales siguen buscando espacios para tener un lugar digno en la acción climática; los principales decisores conversan sin incluirles lo suficiente.  

Este especial periodístico de Consonante se actualiza durante el desarrollo de la COP16 y su interés es darle un espacio a las voces, luchas y peticiones de las comunidades que ejercen soberanía territorial alrededor de los cuerpos de agua en Colombia. 

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