ESPECIAL | Crecer con el estigma de la violencia en Arauca

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Consonante habló con 13 jóvenes de este departamento sobre lo que ha significado para ellos y ellas vivir en medio del conflicto armado. Explicaron cómo ven la violencia, contaron cuál es el primer hecho violento que recuerdan y reflexionaron sobre las consecuencias que esta guerra, que no eligieron vivir, ha tenido en sus vidas.
Consonante habló con 13 jóvenes de este departamento sobre lo que ha significado para ellos y ellas vivir en medio del conflicto armado. Explicaron cómo ven la violencia, contaron cuál es el primer hecho violento que recuerdan y reflexionaron sobre las consecuencias que esta guerra, que no eligieron vivir, ha tenido en sus vidas.

Desde hace varios años, las y los jóvenes de Arauca lideran movimientos, plataformas y redes juveniles de construcción de paz para resignificar su territorio: grupos en defensa de la diversidad sexual, las mujeres o el medioambiente. Estos espacios se han convertido en vehículos con los que buscan reflejar que su departamento –como dice Yurani Vargas, lideresa de mujeres en el Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular– es “un lugar en el que la lucha no se dice sino que se hace todos los días”. 

Para Yurani, crecer en Arauca no ha sido fácil. En este departamento fronterizo hacen presencia las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Ambos grupos armados se han disputado el control territorial en una zona donde la institucionalidad es débil y la corrupción ha permeado el sector público. En este departamento, que cuenta con una frontera de alrededor de 2.200 kilómetros con Venezuela, la población local ha quedado atrapada en medio de la guerra. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, las organizaciones sociales han denunciado el aumento de hechos violentos: desde asesinatos selectivos y atentados hasta hurtos y robos en locales comerciales. En 2018, se reportó un recrudecimiento de los homicidios. Saravena y Arauquita registraron tasas de 64,15 y 75,15, respectivamente, y según la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación Sin dios ni ley, un informe de la violencia en la frontera, ambas cifras superaron la tasa de homicidios nacional (24,34) y la de tasa promedio en los 35 municipios fronterizos (48,22).

Solo entre julio y agosto de este año, se presentaron 29 asesinatos en Arauca, según documentó la Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”. Esta organización regional denunció que quienes perdieron la vida eran, en su mayoría, jóvenes. Solo el 24 de agosto se registró el asesinato de tres personas, dos de ellas, jóvenes de 15 y 16 años, de nacionalidad venezolana. Un día después, se registró el asesinato de un hombre de 30 años en Tame y otro en Saravena.

“Es indignante cómo la vida de hombres y mujeres de extracción popular, en este territorio, es despreciada por quienes deberían protegerla; los campesinos no tienen garantías para permanecer y producir el campo, los indígenas y afros son constantemente agobiados en sus territorios, y nuestros jóvenes y mujeres de barrios y veredas se enfrentan a falta de oportunidades laborales, vivienda, salud y educación, siendo todas y todos, las principales víctimas del conflicto armado”, expresó la organización en un comunicado publicado en agosto. 

En agosto, José Luis Lasso Fontecha, personero de Saravena, denunció ante medios de comunicación nacionales la crisis de seguridad local, según el registro de la personería, en lo corrido de 2021 se han registrado 104 asesinatos en la región. Para la Comisión de la Verdad, el panorama actual indica que “Arauca atraviesa por una nueva fase de reconfiguración de la violencia: la ruptura de los diálogos con el ELN, el crecimiento desbordado de los grupos residuales de las FARC-EP (frente 10 y 45) y las respuestas militares del Estado, entre otros factores, han incrementado las cifras de afectaciones a la población civil”. 

En este departamento, unas 93.560 personas están registradas en la Unidad para las Víctimas, lo que corresponde al 31,1% de la población. Entre los principales hechos victimizantes están el desplazamiento (84.609 personas), seguido del homicidio (10.649) y la amenaza (6.237). Pero para muchos jóvenes las consecuencias del conflicto no solo se registran de forma directa a través de estos hechos. También sufren por la estigmatización.

Por ejemplo, Yurani cuenta que le ha sido muy difícil acceder a la universidad, en gran medida, por el estigma que hay en el resto del país frente a los habitantes de este departamento. “Nos han puesto muchas barreras, requisitos que uno sabe que a otra gente no le ponen, y uno siente que lo miran raro, como si uno les fuera a hacer algo”.

Precisamente, frente a este escenario las y los jóvenes han aumentado su capacidad organizativa y de gestión, tomando como ejemplo lo que han visto desde su infancia. Según un informe de Derechos.org de 2002, para entonces el departamento tenía casi 60 asociaciones de campesinado y sindicatos. Y esto ha crecido con los años. Hoy, solo en Saravena existen dos organizaciones juveniles: la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (Asojer), con más de 900 personas en todo el departamento y un trabajo de 10 años, y el colectivo Rura, que surgió luego de las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en el marco del paro nacional este año, y está conformado por 20 jóvenes. 

Aquí han crecido en medio del conflicto armado. La mayoría recuerda episodios de su niñez en los que tuvieron que esconderse, huir de su barrio y despedirse de familiares y amigos que quisieron. Así, a la fuerza, entendieron que vivían en una zona en disputa. 

Los 13 jóvenes consultados coinciden en que lo que saben y entienden del conflicto lo han aprendido por fuera de las instituciones educativas. En las aulas les han enseñado más sobre el conflicto que viven otros países que sobre el que enfrentan al salir a las calles de su municipio. Solo empezaron a “explicarles ese tema” un poco después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Para muchos, esa opacidad ha sido motor de su lucha por educarse y tener una visión crítica frente a su realidad inmediata.

Al reflexionar sobre las salidas a esta situación, varios apuntan que la violencia no se combate con más violencia. Esto, teniendo en cuenta que en los últimos años, la respuesta del Estado a la situación de Arauca ha sido a través de las Fuerzas Militares. "Hoy en día están presentes alrededor de 9.000 miembros del Ejército, la presencia más intensa del país en relación con el número de habitantes, superada solo por Nariño. El 27 por ciento de la fuerza militar se dedica a custodiar los dos oleoductos: Caño Limón-Coveñas y Bicentenario”, según la Comisión de la Verdad.

Nelson Suárez,  líder juvenil y politólogo de Saravena, concluye que: “En este país todos hemos crecido en territorios marcados por la violencia, de diferentes tipos… Decir que la violencia es simplemente porque hay actores armados en conflicto, sería olvidar la violencia que genera el Estado”. 

Sin embargo, casi todos sienten un fuerte apego por su territorio, y más de la mitad dice que no quiere irse nunca. En Arauca está su familia y procuran en medio de todo, vivir con tranquilidad. “Las personas que han venido acá se han dado cuenta de que no es solo eso, de que acá encuentran diversidad de muchas cosas”, dice Brian Escalante, entrenador de voleibol.

Al final, reflexionan sobre si este conflicto tiene solución, y sobre cuál es el rol de ellos y ellas en la construcción de la paz que buscan, pues muchos se están formando para llegar con nuevas herramientas de diálogo a sus casas, a sus barrios, y empezar desde allí esa lucha que han visto y a la que ahora quieren darle un nuevo rumbo.


CRÉDITOS

Texto: Sara Zuluaga García
Videos: Gabriel Linares López 
Reportería: Isabela Porras Alzate y Sara Zuluaga García 
Collages: Camila Bolívar Manzano
Coordinación: Carolina Arteta Caballero

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