Entre lágrimas y varios “ojalá continúe”, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) rindió cuentas el pasado miércoles 22 de julio. Con el lamento de quien cree que sus esfuerzos serán borrados, la entidad realizó un balance sobre las apuestas del gobierno Petro por cumplir con los acuerdos de reincorporación, informes que debían surtirse por mandato legislativo.
La Ley 951 de 2005 regula el proceso de empalme, exigiendo la creación de un acta de informe de gestión, la entrega formal de recursos públicos y la participación de los equipos de transición; sin embargo, como en otras carteras, fue tema de conversación la participación del nuevo gobierno.
“Hoy estamos haciendo el empalme ante el pueblo con las sillas vacías del gobierno entrante”, señaló Alejandra Miller, quien por cerca de cuatro años sirvió como directora de la ARN. Lo hace con el tono de los funcionarios de este gobierno que no esconden su molestia con el futuro de las decisiones administrativas de Abelardo de la Espriella.
En varias ocasiones, Miller hizo el llamado a que se sostenga esa entidad —creada en 2011, con antecedentes institucionales que vienen desde 2003— y todas las otras dentro de la arquitectura estatal que trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.
Miller resaltó que en su administración la ARN alcanzó mayores logros que Santos o Duque. “Nosotros recibimos, por ejemplo, una ARN que no había entregado, en los dos gobiernos anteriores, ni 800 hectáreas de tierra para firmantes del Acuerdo de Paz. Podemos decir que este gobierno entregó 21.000 hectáreas de tierra”, agregó Miller.
A eso se suma la construcción de miles de viviendas para familias de los excombatientes y el fortalecimiento de sus economías propias. La entidad recuerda que para que todos esos esfuerzos sigan impactando la vida de quienes se comprometieron a dejar las armas, el nuevo gobierno debe cumplir con el Acuerdo de Paz.
“Decirle al gobierno entrante que pare la estigmatización hacia los y las firmantes del Acuerdo de Paz. El 85 por ciento de los firmantes siguen comprometidos, 10 años después, con su palabra, con lo que firmaron”, explica Miller.
A la fecha, desde finales de 2016, cerca de 500 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, y la persistencia de discursos estigmatizantes le preocupa a la entidad que sea el combustible para esta violencia. “No es válida esa narrativa en donde se les quiere hacer parecer lo mismo que las disidencias de las Farc”, dice la directora. “Un número muy marginal se regresaron las armas, pero la gran mayoría siguen comprometidos con la paz, con la vida civil y con la democracia”, agrega.
Cifras de reincorporación
Para junio de 2026, el Programa de Reincorporación Integral (PRI) registró 11.353 personas, lo que representa más del 80 por ciento. Para la consolidación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el desarrollo de proyectos productivos, el Gobierno Petro entregó 20.662 hectáreas en cerca de 130 predios.
En materia de vivienda, la ARN gestionó cerca de 1.600 viviendas para los firmantes. Durante los últimos cuatro años, se entregaron 502 soluciones habitacionales en Caldono, El Doncello, Acacías y San Juan de Arama; otras 299 se encuentran en construcción y 793 cuentan con recursos asignados.
Según la ARN, este resultado constituye uno de los avances más significativos en la implementación del Acuerdo de Paz, al consolidar el acceso a la tierra como un factor determinante para la permanencia en los territorios, la no repetición del conflicto y el desarrollo rural.
También le apostó a fortalecer los proyectos productivos colectivos de las personas firmantes del Acuerdo de Paz. Con una inversión de $23.671 millones, la iniciativa ha beneficiado a 1.762 personas mediante 62 planes desarrollados en departamentos como Cauca, Meta, Sucre, Arauca, Nariño, Tolima, Huila y Antioquia.
Adicionalmente, se asignaron $15.816 millones para la implementación de 1.444 proyectos productivos, beneficiando a 1.978 personas, entre ellas 522 mujeres y 1.456 hombres. La ARN también suscribió un convenio con el Banco Agrario para el desembolso de 267 créditos, por un valor superior a $6.090 millones.
Para contribuir a la reconciliación, la entidad desarrolló 105 Agendas Comunitarias —espacios de diálogo y acción colectiva— en 24 departamentos con la participación de 12.555 personas, entre firmantes, campesinos, víctimas y miembros de la institucionalidad.
A través de un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la entidad apostó por la educación. En 31 departamentos y 397 municipios, 1.720 personas obtuvieron su título de bachiller entre 2023 y 2025. Para este año se espera la graduación de 470 personas adicionales. Con el Fondo ARN–ICETEX para apoyar estudios técnicos, tecnológicos y universitarios, la ARN ha beneficiado a 105 personas en proceso de reincorporación y a 63 de sus hijos.
La ARN también atendió a miembros activos y retirados de la fuerza pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como parte de su contribución a la justicia transicional. A junio de 2026, 1.013 comparecientes habían participado en este proceso y 925 permanecían activos.
¿Qué dicen los firmantes?
Albeiro Durán Quintero no pudo evitar compartir su preocupación sobre el futuro de la entidad. Firmante del Acuerdo de Paz, Durán lidera el proceso de reincorporación en el Catatumbo.
“Hoy no somos 11.300 firmantes, sino 11.300 familias de firmantes del Acuerdo de Paz”, expresó Durán. “La verdad, tenemos miedos, tenemos desconfianzas de los mensajes que se han hecho públicos a través del nuevo gobierno electo en nombre del Acuerdo de Paz”, señaló y agregó: “nuestros hijos también merecen tener abuelos, también merecen dignidad de la vida”.
Claudia Patricia Cruz, también firmante, señaló que durante este año había disminuido la violencia contra firmantes del Acuerdo y ve como un gran logro la entrega de tierras que se ha realizado la entidad, pero recuerda que aún falta avanzar más, pues comunidades indígenas como la suya —asentadas en el río Naya— aún están esperando tierras.
Lo que sigue
El próximo presidente, Abelardo de la Espriella, ha expresado su intención de eliminar varias consejerías y agencias del Estado para, según dice, eliminar funciones duplicadas y ahorrar presupuesto de la nación. La agenda de paz será una de las más afectadas.
Una de estas será la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, que pasará al Comisionado Nacional de Seguridad, mientras que anunció que “se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, expresó De La Espriella.
Se especula que la ARN puede seguir este camino, pero no hay una declaración específica sobre el tema por parte del gobierno entrante. Alejandra Miller recordó que en cumplimiento de la Constitución, La Espriella debe cumplirles a los excombatientes. De seguir operando, otra preocupación que permanece en el aire es la destinación de recursos para la ARN. Consonante le preguntó a Miller qué advierte como un posible riesgo alrededor de la bancarización de los firmantes —una renta básica para garantizar su reincorporación económica— y los recursos para la reincorporación, y reconoció que es una de sus mayores preocupaciones.
“La ARN sigue funcionando con el presupuesto que le fue asignado durante el 2026, pero nosotros esperaríamos que para el 2027 se sostenga, no solamente el presupuesto, sino la institución y que pueda seguir avanzándose en todos los programas que tenemos para los y las firmantes del Acuerdo de Paz, incluido, por supuesto, el proceso de la renta básica, que es un elemento que ha sido importante para garantizar la reincorporación”.
El gobierno de Juan Manuel Santos expidió el decreto 899 de 2017 con el que se estableció un recurso equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo para los firmantes. Años después, el diseño legislativo de la renta básica tuvo algunas modificaciones, pero por ley se mantiene como un ingreso mensual para las familias de los reincorporados que no tengan ingresos formales o devenguen menos de un salario mínimo. Ahora, con el nuevo gobierno, los firmantes esperan que se mantenga.
