En agosto de 2023, el Ministerio del Interior y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) celebraron un convenio interadministrativo para desarrollar proyectos orientados a promover la participación política, social y ciudadana, y el fortalecimiento del campesinado como sujeto de derechos. Los recursos vendrían del ministerio, los ejecutaría Findeter y los administraría Fiduagraria.
Ese fue el camino con el que el gobierno Petro destinó más de 66 mil millones de pesos para que las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras organizaciones del país pudieran proponer iniciativas y ejecutar obras, lo que se traduce en la narrativa de que las JAC puedan contratar con el Estado. Sin embargo, aunque puede leerse de esta manera, lo que llegó a las organizaciones no son contratos en el sentido estricto, sino convenios solidarios.
A través de esta figura, las JAC de todo el país han encontrado un camino para contratar con el Estado y ejecutar obras públicas que sus comunidades necesitan. Se trata de una forma de complementación de esfuerzos institucionales que permite a las entidades estatales apoyar financieramente iniciativas comunitarias para la ejecución de pequeñas obras. Aunque está reglamentado desde 2012, solo en el actual gobierno empezó a incentivarse con insistencia su ejecución.
Además, por la operación a través de Findeter, el rubro que finalmente se destinó para estos proyectos fue de 57.514.472 de pesos, según los convenios que revisó Consonante. “Un operador de un proyecto con la acción comunal se queda con una buena tajada, ¿por qué no evadir tanta intermediación y que llegue directamente a la comunidad?”, cuestionó Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal. “Nuestra pelea con el Ministerio del Interior es que esa plata la ejecute directamente con las JAC y no a través de un intermediario. El último ha sido Findeter y ha sido un desastre, una institución clara de la politiquería”, agregó.
El objetivo del Ministerio era financiar proyectos cuyos montos oscilaran entre $8 y $200 millones de pesos y que fueran propuestos por las JAC, asociaciones campesinas, asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones de mujeres y jóvenes, veedurías ciudadanas y alcaldías de municipios de sexta categoría.
Según cifras del Banco de Proyectos para las Comunidades, a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, el Ministerio financió 1053 iniciativas comunitarias en todo el país con la convocatoria de 2023 para empezar a ejecutar el año pasado. En La Guajira fueron apoyados 11 de estas iniciativas, en los municipios de Riohacha (3), Maicao (2), Fonseca (2), San Juan del Cesar (1), Manaure (1), Urumita (1) y Dibulla (1).
Para el caso del municipio de Fonseca, fueron las JAC de la zona rural las que lograron este tipo de beneficio con el Estado: una en el corregimiento de El Hatico y la otra en la vereda de El Confuso. Ambas dentro de la línea de construcción y dotación de espacios comunales y populares.
Lo que no imaginaron las comunidades era lo difícil que sería reunir todos los requisitos legales para lograr dicho fin, empezando por la legalización de las JAC que se convirtió en el primer obstáculo, ya que la mayoría de estas organizaciones, a pesar de ser electas legalmente, no tenían formalizado este requisito.
Aunque las obras realizadas con los dineros del Ministerio han sido las más sonadas en la región y han tenido los resultados esperados, no son las únicas que el movimiento comunal viene alcanzando en el municipio.
Las juntas de acción comunal en el municipio de Fonseca se han preparado para hacer estas contrataciones con el nivel local, regional y nacional, así como con fundaciones y ONG. En esa ardua búsqueda de recursos han logrado importantes avances para varias comunidades, relacionados con tres ejes principales: espacios comunales, conectividad a internet y vías terciarias.
Según Jhon Guerra, presidente de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona rural de Fonseca, se han pactado convenios solidarios para 13 obras del área rural. Cerca de la mitad aún están pendientes de ejecución y se espera que comiencen pronto.
“Estamos preparados para contratar, tanto en documentación como experiencia. Cada una de las zonas en donde se han contratado los proyectos han quedado de la mejor manera. Acá lo que se debe buscar es la voluntad administrativa, para que las contrataciones se den con las Juntas de Acción Comunal en todo territorio nacional, más en el departamento de La Guajira” dijo Guerra.
La caseta y el salón comunal, dos obras exitosas
El Hatico, un corregimiento ubicado a poco más de un kilómetro del casco urbano del municipio de Fonseca, es reconocido por ser la cuna de Luis Enrique Martínez, la leyenda del vallenato. Precisamente, en honor al acordeonero, la comunidad le puso su nombre a la nueva caseta comunal.
“Ya está siendo utilizada para dictar cursos del Sena, para las actividades lúdicas de los niños, incluso la rectora de la Institución Educativa José Pérez, ha solicitado transitoriamente a la JAC poder albergar algunos niños del grado preescolar que no caben en la institución por falta de salones”, contó Liseth Acosta, habitante de El Hatico. “Tengo que resaltar el trabajo del presidente de la JAC y su equipo que se ha preocupado por la comunidad, respondiendo a las expectativas para las cuales fueron elegidos", agregó.
Darwin Rodríguez Martínez, presidente de la JAC de El Hatico le relató a Consonante que en el año 2023, empezó a gestionar un proyecto para mejorar la caseta comunal y le apostó a conseguir los recursos con el Banco de Proyectos del Ministerio del Interior. “Por lo general, dichas convocatorias se abren para finales de año. Nosotros nos postulamos en noviembre de 2023”, cuenta el líder, pero no esperaba encontrarse con un reto de esas dimensiones.
Tuvo que terminar de formalizar la legalización de la acción comunal, tramitar el Registro Único Tributario (RUT), el Registro Único Comunal (RUC), poner a la JAC al día ante la DIAN, entre otras diligencias. Finalmente, presentó la convocatoria, el proyecto fue seleccionado y en abril firmó el convenio solidario No. 261-2024. La JAC obtuvo 150 millones de pesos para realizar la obra en cuatro meses y solicitó dos meses de prórroga.
La acción comunal está ajustando los últimos detalles y hará la entrega oficial de la obra en junio. Sin embargo a inicios del mes de mayo ya realizaron el primer evento en la caseta, y como era el objetivo de los líderes de El Hatico, la obra volvió a unir a la comunidad. “El pasado sábado 10 de mayo hubo un evento de integración al que asistieron muchas personas del pueblo, hace mucho rato no nos integrábamos de esa manera, pues no había el sitio adecuado. Hoy todo es nuevo: con salones, una tarima, pisos; todo muy bonito” dijo Lineth Acosta, otra residente del corregimiento.
Una historia similar se vivió en la vereda El Confuso, a 11 kilómetros del casco urbano, donde los líderes consiguieron el convenio solidario de la misma convocatoria del Ministerio para rehacer el salón comunal. "Mi comunidad está muy contenta con el salón comunal porque pasamos de tener uno en madera a un salón de eventos bien bacano, con su cielo raso y todo", cuenta Carlos Caicedo, presidente de la JAC de El Confuso.
A través del Convenio Solidario No. 043-2024, la acción comunal de la vereda recibió 150 millones para realizar la obra en cuatro meses. Justo los tiempos se cumplieron y la obra se inauguró el pasado 1 de febrero.
El nuevo salón cerrado cuenta con una cocina y una tarima, en dónde la comunidad puede realizar sus reuniones y actividades comunitarias. “Es una obra de impacto para la comunidad. Antes nos reuníamos debajo de una enramada para las brigadas de salud, no había privacidad para atender a los pacientes. Hoy todo es diferente y la gente está contenta”, cuenta Ayarith del Carmen Berrueco, moradora de El Confuso.
"Fue un poco difícil porque era la primera vez, pero ya después de que la junta de acción esté bien legalizada es fácil. Invito a los compañeros a que estén pendientes para que podamos participar en más convocatorias", señaló Caicedo.
“Ahora sí podemos, como representantes legales de las JAC, gestionar ante el gobierno nacional obras de baja cuantía para nuestra comunidad, eso sí, siempre y cuando estemos totalmente legalizados”, contó entusiasmado Rodríguez desde El Hatico. Los beneficios que estas obras han traído para las comunidades han impulsado a los líderes a continuar buscando financiación del Estado a través de convenios solidarios para ejecutar más iniciativas, pero se han quedado esperando con los papeles en la mano.
“Nos postulamos en la página de Invias, con ayuda del Ministerio del Interior, para realizar vías terciarias y conseguimos la aprobación para mejoramiento de la vía que conduce del Hato al resguardo indígena Wayúu de Mayabangloma”, cuenta Rodríguez. Con la propuesta, la acción comunal le apuntaba a gestionar cerca de 300 metros de vía en placa huella y mejorar alcantarillas y puentes, pero el proyecto quedó suspendido.
Con la cartera del Ministerio del Deporte también buscaron un contrato para mejorar las condiciones del parque central del corregimiento, proceso que iniciaron desde 2023 y del cual se encuentran ajustando documentos. “Aunque el proyecto está estancado por los continuos cambios de dirección en este Ministerio. Lo tedioso es que son procesos demorados, pero no dejamos de movernos para lograr sacarlos adelante” expresó Rodríguez.
Convenios solidarios avanzan con Petro
“Las juntas de acción comunal en todo el territorio nacional siempre han contratado con el Estado colombiano, al menos, desde la ley 743 del 2002”, señaló Jhon Guerra, presidente de las JAC de la zona rural del municipio. “Acá lo que se debe buscar es un mecanismo para que las administraciones de turno nos tengan en cuenta para contratar las obras que beneficien a nuestras comunidades”, agregó.
Dentro de las políticas públicas de la acción comunal, la figura de convenios solidarios se encuentra recogida desde hace varios años atrás, como lo enseña la Ley 1551 de 2012 y la Ley 2166 de 2021. Así se estableció que este tipo de financiación de iniciativas comunales debían realizarse hasta por la mínima cuantía de la institución. La mínima cuantía es el 10 por ciento de la menor cuenta, y esta última es el 10 por ciento del presupuesto total de la institución contratante.
Para Guillermo Cardona, de la Confederación Nacional de Acción Comunal, es clave que las JAC defiendan la naturaleza de los convenios solidarios, pues mediante contratos, los requisitos son un reto para estas agremiaciones, por ejemplo en materia de facturación electrónica y pagos de seguridad social.
“Los convenios solidarios no son una forma de contratación. A diferencia de los contratos de la Ley 80 que tienen forma de negocio e interés de ganancia, los convenios son una forma de participación ciudadana, en donde el Estado recurre a la comunidad para escuchar qué propuesta tiene. Es difícil que la clase política lo entienda, pero creo que poco a poco se ha ido abriendo camino desde mitades del año anterior”, explicó Cardona.
En los últimos años este tema tomó revuelo público a raíz de los pronunciamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, cuando, dentro de su apuesta de economía popular, buscó que las JAC pudieran contratar directamente con el Estado sin la necesidad de intermediarios.
En su momento, el primer mandatario buscó que la acción comunal se ocupara de asuntos como la alimentación escolar, fibra óptica o vías terciarias. Sobre este último, quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) que los convenios solidarios serían la carta principal para los proyectos de construcción de vías con las organizaciones de acción comunal. Para inicio de 2023 puso en marcha el programa Caminos comunitarios para la Paz Total, con el que involucró a las JAC en la elaboración de vías en varias partes del país a través de estos convenios.
Uno de los pasos en ese camino lo dio con el Decreto 142 de 2023, con el que buscó que el Estado solo pudiera celebrar directamente convenios solidarios para ejecutar obras con los organismos de acción comunal, pero el Consejo de Estado suspendió la norma por considerar que el ejecutivo se había extralimitado en sus funciones.
A pesar de eso, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sostuvo que el Estado seguía autorizado legalmente para realizar convenios solidarios y el 8 de julio de 2024, dio un paso adelante con su pretensión en este tema para respaldar la contratación de la acción comunal: con el Decreto 874 la Presidencia reglamentó la contratación de mínima cuantía entre el Estado con Asociaciones Público - Populares (APPo), una figura que recoge a personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria.
Jesús Cobo, líder comunal del municipio de Fonseca, lamenta que algunas instituciones del Estado no estén impulsando la contratación con las JAC, en especial los entes territoriales. Cree que las decisiones de las altas cortes han tenido un impacto en algunos funcionarios públicos, prefiriendo no darle desarrollo a esta oportunidad de participación comunal.
“Este gobierno ha permitido celebrar convenios con las JAC, lo que ha permitido controlar la corrupción en esta clase de obras y demostrar que las comunidades si podemos ser gestoras de nuestro propio desarrollo en los territorios”, expresó Cobo.
*Consonante envió un cuestionario de preguntas a la oficina de prensa del Ministerio del Interior y los correos habilitados por Findeter para la forma de utilizar los convenios solidarios y conocer el estado de satisfacción sobre los proyectos que financió en el municipio, pero a la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta.
