Para los habitantes de Brubatá, corregimiento de Tadó que perdió buena parte de sus viviendas durante el terremoto del 10 de agosto de 2026, el primer paso es definir si el lugar donde han vivido durante años ofrece condiciones de seguridad para volver a construir.
La Alcaldía de Tadó ya cuenta con un informe técnico preliminar que evalúa las condiciones del suelo después del sismo. Elaborado por el geólogo Alejandro Silva García y revisado documental y cartográficamente por un arquitecto, el documento identifica riesgos asociados con movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Su conclusión es que el centro poblado presenta condiciones de riesgo alto a muy alto, y que el sector atravesado por una falla en el terreno tiene un riesgo muy alto que no sería mitigable en el corto plazo para uso residencial.
Sin embargo, el mismo informe aclara que se trata de una evaluación preliminar, sin firmas, que debe complementarse con investigaciones geológicas y geotécnicas antes de tomar decisiones definitivas sobre la reconstrucción y el uso del suelo.
El 26 de agosto, la comunidad presentó un derecho de petición ante la Secretaría de Planeación Municipal de Tadó para conocer cuántas viviendas resultaron destruidas, cuántas familias fueron afectadas, qué estudios se han realizado y si existen condiciones para reconstruir las casas en los mismos terrenos. También preguntó si la Administración contempla una eventual reubicación y qué entidades serían responsables de tomar esa decisión.
La respuesta técnica permite entender mejor los riesgos que enfrenta el asentamiento, pero todavía quedan preguntas sobre el futuro de las familias: cuáles viviendas podrían reconstruirse, quiénes tendrían que trasladarse, dónde vivirían y con qué recursos se financiaría la recuperación.
¿Qué preocupa del terreno?
Los habitantes de Brubatá coinciden en que no quieren que las viviendas sean reconstruidas en el mismo lugar sin que antes se determine si el terreno es seguro.
Según Ariel Mosquera, durante la visita del geólogo se identificaron zonas que generarían preocupación por posibles movimientos de tierra, presencia de agua y condiciones de inestabilidad. Rolando Mosquera, integrante del Consejo Comunitario de Brubatá, también cuenta que el profesional habría señalado varios puntos de riesgo y dificultades asociadas con el suelo y las lluvias.
Liliana Mosquera, madre cabeza de familia de la comunidad, asegura que el geólogo les manifestó que el terreno no estaría apto para construir y que era necesario manejar adecuadamente las aguas para evitar nuevas afectaciones.
El informe técnico preliminar de la Alcaldía aporta elementos que coinciden con parte de esas preocupaciones. Según la evaluación, el suelo superficial de Brubatá es arcilloso, muy blando y presenta una saturación de agua cercana al 100 por ciento. El documento señala que, en su estado actual, tiene una capacidad portante muy baja y que es necesario estudiar con mayor detalle sus características antes de diseñar nuevas construcciones.
El geólogo también identificó una falla en el terreno que habría sido generada por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el informe, el desplazamiento del suelo alcanza entre 25 y 80 centímetros en distintos puntos y la falla atraviesa buena parte del centro poblado, afectando las viviendas situadas a lo largo de su trazado.
A esto se suman vacíos subterráneos asociados con actividades de minería aluvial que, según el documento, aumentan la susceptibilidad a hundimientos. El informe también advierte que los sectores bajos próximos al río Brubatá están expuestos a inundaciones y que existe riesgo alto de avenidas torrenciales en un cauce que atraviesa la zona.
La conclusión técnica es que el centro poblado presenta condiciones de riesgo alto a muy alto por estos tres fenómenos. En particular, el área delimitada sobre el trazado de la falla es considerada de riesgo muy alto, no mitigable en el corto plazo para uso residencial.
El documento recomienda realizar estudios geológicos y geotécnicos definitivos, monitorear el comportamiento de la falla y evaluar obras para el manejo de las aguas. También plantea evaluar la reubicación de las viviendas localizadas sobre la falla y en las zonas de riesgo alto por inundación y avenidas torrenciales.
Estas recomendaciones no constituyen una decisión definitiva de trasladar a toda la comunidad. La evaluación es preliminar y debe complementarse con estudios adicionales que permitan precisar las condiciones de cada sector y establecer qué medidas son necesarias.
¿Qué pidió la comunidad?
El derecho de petición presentado ante la Secretaría de Planeación Municipal contiene 48 solicitudes relacionadas con la reconstrucción, reparación o eventual reubicación de las viviendas afectadas.
Entre ellas está una pregunta central: ¿las casas serán reconstruidas en los mismos terrenos o será necesario trasladar a las familias?
Los habitantes también pidieron conocer si existe un estudio específico de amenaza y riesgo para Brubatá y si se han realizado estudios geológicos, geotécnicos y de mecánica de suelos. La solicitud incluye preguntas sobre posibles inestabilidades, agrietamientos, asentamientos, erosión, movimientos en masa, inundaciones y socavación.
El informe preliminar de la Alcaldía identifica varios de esos fenómenos y recomienda profundizar su evaluación. Entre las acciones propuestas están realizar sondeos y pruebas para caracterizar el suelo en profundidad, estudiar el nivel freático, determinar la geometría de la falla y hacer seguimiento topográfico para verificar si continúa desplazándose.
Además, la comunidad quiere saber si ya existe un terreno para una eventual reubicación y, en caso de que así sea, si ha sido evaluado desde los puntos de vista técnico, jurídico y ambiental y si cuenta con posibilidades de acceso a servicios públicos.
El informe técnico recomienda evaluar el traslado de las viviendas ubicadas en las zonas más comprometidas, pero no identifica un terreno alternativo aprobado ni establece un plan definitivo de reubicación. Esa es una de las cuestiones que todavía necesitan aclaración por parte de las autoridades.
¿Dónde están los estudios?
Esta es otra de las preguntas que esperan resolver los habitantes. La comunidad solicitó copia del censo de familias afectadas, las evaluaciones de daños, los informes técnicos, los estudios de suelos, las evaluaciones geológicas y geotécnicas, los estudios de amenaza y riesgo y las actas del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo relacionadas con Brubatá.
La Alcaldía cuenta con un informe técnico preliminar de evaluación del riesgo y con un reporte ejecutivo de inspecciones de viviendas. Este último, generado el 28 de septiembre de 2026, registra 71 inspecciones realizadas el 11 de septiembre dentro de un polígono seleccionado del centro poblado.
De esas inspecciones, 65 viviendas fueron clasificadas como no habitables, cinco como habitables y una con uso restringido. El reporte incluye fotografías de todas las viviendas inspeccionadas.
Las cifras permiten dimensionar la afectación en el área evaluada, pero es importante precisar su alcance: corresponden a un polígono de aproximadamente 3,35 hectáreas y no necesariamente representan el total de viviendas o familias afectadas en Brubatá.
El informe de riesgo, por su parte, advierte que sus conclusiones deben complementarse con una investigación geológica y geotécnica definitiva. Entre las recomendaciones están realizar pruebas de laboratorio para determinar las propiedades del suelo, estudiar la resistencia del material arcilloso, monitorear la falla y evaluar el manejo de las aguas superficiales y subterráneas.
Por eso, aunque ya existen evaluaciones preliminares, todavía es necesario conocer qué estudios adicionales se han contratado o programado, cuándo estarán disponibles sus resultados y cómo se utilizarán para definir la reconstrucción.
Para los habitantes, la discusión no se reduce a reemplazar las casas destruidas. Quieren saber si el lugar donde se reconstruirán es seguro antes de que comiencen las obras.
¿Qué propone la comunidad?
Algunos habitantes plantean que Brubatá podría levantarse nuevamente en otro terreno. Ariel Mosquera menciona un lugar cercano a la carretera que, según explica, podría servir para construir el nuevo asentamiento, siempre que los estudios determinen que es adecuado.
La idea incluye algo más que nuevas viviendas. Liliana Mosquera imagina una comunidad organizada, con escuela, centro de salud, iglesias, agua potable y acueducto.
Pero una eventual reubicación no significaría para ellos abandonar completamente el territorio. Los habitantes quieren conservar el vínculo con los cultivos y las actividades productivas que todavía sostienen a las familias.
“Aquí está nuestro pancoger y no podemos olvidarnos de esta parte de la comunidad”, dice Liliana.
El informe preliminar recomienda evaluar la reubicación de las viviendas situadas sobre la falla y en las zonas de riesgo alto por inundaciones y avenidas torrenciales. También plantea incorporar las áreas identificadas en el instrumento de ordenamiento territorial del municipio y restringir nuevos desarrollos en ellas.
Sin embargo, trasladar a las familias requeriría resolver asuntos que van más allá de la seguridad del terreno: la disponibilidad de un lote adecuado, el acceso a servicios básicos, las condiciones de habitabilidad y la posibilidad de mantener los medios de vida de la comunidad. Los documentos disponibles no permiten establecer que esas condiciones estén resueltas ni que exista una ubicación definitiva para el nuevo asentamiento.
¿Dónde están viviendo mientras esperan?
Mientras se define qué ocurrirá con Brubatá, algunas familias han empezado a levantar ranchos, cambuches y albergues provisionales. La intención es sacar a niños y adultos mayores de las viviendas deterioradas que consideran inseguras.
El espacio disponible también es una preocupación. Rolando Mosquera asegura que ya no hay suficiente terreno para reconstruir todas las viviendas y que la comunidad continúa creciendo.
La clasificación de 65 viviendas como no habitables en el reporte municipal de inspecciones refuerza la urgencia de encontrar soluciones para las familias que no pueden regresar a sus casas. Sin embargo, ese registro no determina por sí solo cuántas personas necesitan albergue ni cuánto tiempo deberán permanecer fuera de sus viviendas.
La ayuda humanitaria sigue siendo necesaria. Los habitantes agradecen los alimentos que han recibido, pero aseguran que las familias todavía necesitan apoyo mientras se define una solución para la emergencia.
¿Quién decidirá dónde se reconstruye?
El derecho de petición también busca establecer qué entidad tendrá la responsabilidad de tomar la decisión sobre la ubicación de las nuevas viviendas.
La comunidad pidió información sobre las actuaciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Tadó y solicitó las actas, los informes, los conceptos y las decisiones relacionadas con Brubatá. También preguntó si existe un Plan de Acción Específico u otro instrumento para orientar la recuperación y reconstrucción.
El informe preliminar de la Alcaldía recomienda completar los estudios técnicos, monitorear la falla, evaluar las condiciones del suelo y considerar la reubicación de las viviendas situadas en las zonas de mayor riesgo. También propone incorporar los polígonos identificados en los instrumentos de ordenamiento territorial del municipio.
Estas recomendaciones ofrecen criterios para orientar las decisiones, pero el documento no establece por sí solo quién ejecutará cada acción, cuál será el cronograma ni si ya existe una decisión administrativa definitiva sobre la reubicación.
Los habitantes quieren que cualquier determinación se sustente en estudios técnicos y cuente con la participación de las familias afectadas. Para ellos, conocer los riesgos es apenas el primer paso: también necesitan saber quién se hará responsable de convertir las recomendaciones en una solución concreta.
¿Y con qué recursos se reconstruirá?
La comunidad también pidió información sobre los recursos disponibles, los proyectos formulados, las fuentes de financiación, los convenios, los contratos, los presupuestos y los cronogramas.
Entre las preguntas está si existe un proyecto de reconstrucción financiado con recursos municipales, departamentales o nacionales y si se han solicitado recursos a la Gobernación del Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres u otras entidades.
También pidió conocer quién estará encargado del seguimiento de las obras y qué mecanismos de interventoría y supervisión se utilizarán. La comunidad quiere que los contratos, estudios, diseños, presupuestos, cronogramas y avances sean públicos y que las familias puedan participar en el proceso de reconstrucción.
Los documentos técnicos disponibles identifican riesgos y proponen estudios y medidas de prevención, pero no detallan un presupuesto definitivo para reconstruir Brubatá, las fuentes de financiación de las obras ni un cronograma para ejecutarlas. Tampoco permiten establecer que exista un proyecto de reubicación financiado y listo para comenzar.
Antes de definir los costos de una reconstrucción o un traslado, será necesario establecer qué zonas pueden ocuparse, cuáles requieren intervenciones y cuáles no ofrecen condiciones para mantener viviendas. Esa definición determinará buena parte de las necesidades de inversión.
¿Qué espera Brubatá?
Para sus habitantes, la reconstrucción de las viviendas que se llevó el terremoto debe incluir acceso a servicios básicos, vías de acceso, agua potable, educación y atención en salud. Todas las necesidades básicas de la comunidad.
El informe preliminar de la Alcaldía aporta una primera respuesta sobre las condiciones del terreno: identifica riesgos altos y muy altos y recomienda evaluar la reubicación de las viviendas situadas en las zonas más comprometidas. El reporte de inspecciones, además, registra 65 viviendas no habitables dentro del área evaluada.
Pero esos resultados no resuelven las preguntas que determinarán el futuro de Brubatá: cuántas familias necesitan una solución definitiva, qué sectores pueden recuperarse, dónde vivirán quienes deban trasladarse, con qué recursos se financiará la reconstrucción y cuándo comenzarán las obras.
La evaluación técnica todavía debe completarse y las recomendaciones deben traducirse en decisiones. Mientras tanto, algunas familias levantan albergues provisionales, buscan proteger a sus niños y adultos mayores y mantienen las actividades productivas que les permiten sostenerse.
Brubatá ya tiene una advertencia técnica sobre los riesgos de reconstruir en las zonas más afectadas. Lo que sus habitantes esperan ahora es que esa información se convierta en una ruta clara para recuperar sus viviendas sin poner nuevamente en peligro sus vidas.
