En San Vicente del Caguán, llueve casi todo el año. Las nubes se descargan sobre los techos de zinc, los caminos de tierra y los campos de cultivo durante al menos nueve meses, interrumpidas sólo por breves pausas de sol. El municipio, ubicado en el corazón del Caquetá, está atravesado por varios ríos que bajan caudalosos desde la cordillera. Sin embargo, y a pesar de esa abundancia de agua que parece envolverlo todo, miles de personas viven sin acceso a agua potable.
Con una población cercana a los 55 mil habitantes dispersos en una extensión de 17.875 kilómetros cuadrados, San Vicente es uno de los municipios más extensos de Colombia. La mayoría de su gente —el 51,77 por ciento— vive en zonas rurales, donde la presencia del Estado y la cobertura de servicios básicos, como el acueducto y el saneamiento, siguen siendo limitadas. Incluso en el casco urbano, —donde reside el 48,23 por ciento restante—, abrir una llave y confiar en el agua que sale de ella es todavía un privilegio incierto.
En la sabana del municipio, veredas como Santa Rosa, Tres Esquinas y Puerto Betania consumen agua directamente del río Caguán, sin ningún tipo de tratamiento. Otros centros poblados como Villa Lobos, La Novia, Las Damas, Ciudad Yarí, Villa Carmona y los Pozos, se abastecen de aguas subterráneas (aljibes) o represas artesanales mediante bombeos a gasolina o por energías fotovoltaicas privadas.
Wilman Fierro es diputado a la asamblea del Caquetá y oriundo de San Vicente del Caguán, afirma que “el municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua en ninguno de los 18 centros poblados. Los habitantes se abastecen del agua de los caños, los ríos o aljibes, a veces en pésimas condiciones. El verano intenso puede secar los reservorios, y la gente termina consumiendo agua de donde beben los animales”.
En contraste, centros poblados como Guacamayas, Troncales, Puerto Amor y Balsillas cuentan con buenas fuentes hídricas para abastecer a las comunidades, una diferencia significativa por su ubicación privilegiada en la zona de cordillera. A pesar de esto su población tiene dificultades para acceder al agua potable.
La violación de un derecho fundamental
La falta de acceso a este servicio vital genera afectaciones de salud en las personas y animales, además de daños a los cultivos. Mabel Dayana Rivas Quintero, habitante del centro poblado de Campo Hermoso, cuenta que el agua que obtiene no recibe el tratamiento adecuado: “uno cree que con hervir el agua de la represa es suficiente para matar las bacterias, pero no. Yo la uso para la comida pero no para los jugos; compro a la semana hasta dos garrafones de agua, cada uno por 10 mil pesos”, relata.
Antes de comprar el agua, su familia la consumía directamente de un aljibe, pero decidieron no volver a hacerlo porque su esposo sufre de problemas gastrointestinales y de los riñones.“Me afecta en la salud y en la economía. En los niños las diarreas, fiebres, rebote de parásitos, implican comprar medicamentos, muchas veces llevarlos al médico, y eso significa más gastos”, afirma Rivas.
La necesidad de contar con este servicio básico y la falta de respuestas por parte de las instituciones han llevado a que las personas busquen soluciones por su cuenta y se adapten a la situación. Así lo expresa Abel Jiménez Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío Villalobos, conformado por 244 viviendas y unos 900 habitantes. En esta zona, el agua que se consume proviene de caños pequeños o aljibes. “Aquí bombeo el agua y la almaceno en el tanque, no le hago ningún tratamiento y la consumimos directamente. Pero en invierno se rebosa y se ensucia, y no hay otra fuente de agua que podamos usar. El gasto económico siempre se refleja, ya sea en la gasolina para bombear, en comprar bolsas de agua o por cuestiones de salud”, comenta.
Entre los esfuerzos colectivos, se destaca la compra de un terreno que fue cedido al municipio para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el objetivo de evitar que los vertimientos sigan yendo directamente a otro afluente. Sin embargo, después de un año, el proyecto sigue sin arrancar. También disponen de un espacio destinado a una futura represa, pero esta iniciativa no ha recibido respaldo institucional. Aunque se ha contemplado la posibilidad de ejecutarla con recursos propios, los altos costos hacen inviable su realización para los habitantes.
Los habitantes de las zonas rurales se sienten invisibilizados, sin respaldo de nadie. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la pobreza multidimensional en el Caquetá aumentó en el 2024.
El porcentaje de personas sin acceso a agua potable en zonas rurales pasó del 17,4 por ciento al 23,8 por ciento. En las cabeceras municipales también se registró un incremento, pasando del 0,5 por ciento al 1,9 por ciento. Esto significa una desmejora en la calidad de vida de los habitantes, especialmente de la población rural. Se trata de una situación crítica, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en varias ocasiones que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental.
La herencia de la desconfianza en el agua
“Para mucha gente, el agua que llega no es de fiar. Desde sus abuelos y padres aprendieron a buscar otras formas de abastecerse, aquí mismo, en el pueblo”, dice Carolina Monrroy Bermúdez, mientras acomoda su puesto ambulante en una esquina de San Vicente del Caguán, donde lleva más de 20 años vendiendo jugo de piña.
Esa desconfianza no es nueva, y se ha ido transmitiendo junto con las estrategias para sobrevivir sin un servicio confiable. Antes, el agua se recogía en totumas, barriles de madera o tinajas de barro. Venía de quebradas cercanas, pozos cavados a mano o directamente del río Caguán. Con el tiempo, surgieron soluciones más elaboradas: aljibes que varias familias compartían, tanques de concreto, canaletas para recoger agua lluvia en los techos durante los meses más secos. En los años 2000, algunas Juntas de Acción Comunal decidieron tender sus propias redes de mangueras, conectadas sin tratamiento a nacederos y caños. No fue sino hasta 2006 que se creó la empresa Aguas del Caguán, con apoyo del municipio, para organizar una red formal de captación, tratamiento, distribución y cobro. Pero para muchos, aún hoy, esa agua sigue sin inspirar confianza.
La apariencia y calidad del agua depende del barrio y el tanque en el que se almacena, y se afecta por la calidad de las tuberías. “Aún existen tanques abiertos al aire libre, que reciben agua lluvia junto al agua tratada. A veces el agua llega día de por medio y solo unas horas en verano, y en invierno se revuelca mucho. Para mi negocio siempre he trabajado con agua de bolsa, porque es mejor evitar riesgos y que la clientela tenga confianza”, afirma Monrroy.
En el casco urbano los 83 barrios que conforman el municipio se abastecen de dos fuentes de captación que llegan a la planta de almacenamiento y tratamiento, ubicada a un kilómetro y medio del centro del municipio. El primer punto es directamente el río Caguán, que recorre 3 kilómetros hasta la planta mediante bombeo eléctrico, susceptible a fallas por apagones de nivel municipal. El segundo es la quebrada Alto Arenoso a unos 15 kilómetros de la planta, cuyo suministro llega por gravedad. La capacidad de captación es de 65.98 litros por segundo y 61.32 litros por segundo, respectivamente, durante las 24 horas del día tanto en época de invierno como de verano.
Diana Julieth Ocampo Vargas, ingeniera ambiental de la empresa Aguas del Caguán, explica que el tratamiento del agua cruda se realiza según directrices de las autoridades, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos. “Cada mes la secretaría de salud departamental, toma muestras de agua en los nueve puntos concertados: El Campín, El Porvenir, El Jardín, La Libertad, Villa Norte, El Paraíso, Ciudad Bolívar que está en la comuna 1, Juan 23 y una en el tanque”, asegura.
“En el proceso de potabilización se utilizan químicos como el hidroxicloruro de aluminio, que permite separar las partículas y clarificar el agua. Luego de varias etapas, se aplica la cantidad necesaria de cloro para desinfectarla, y finalmente se almacena en el tanque principal, desde donde se distribuye a cada vivienda a través de válvulas sectorizadas. Por ahora, la capacidad de la planta de tratamiento sigue siendo suficiente para abastecer al casco urbano, y no se ha contemplado una ampliación”, explica Jhoan Fernández Vega Ríos, coordinador operativo del sistema.
Sin embargo, esa agua no genera confianza entre muchos habitantes. Jesús Rincón, dueño de un pequeño negocio, lo resume así: “Pagamos agua para ciertas cosas, porque desafortunadamente existe el miedo de consumirla directamente. El color y el sabor varían según el terreno, las tuberías y el tiempo de instalación, lo que genera desconfianza”. Por eso, él prefiere buscar otras fuentes. “Yo evito problemas y voy al aeropuerto, donde el batallón instaló un punto de agua potable. También hay un manantial de agua cristalina a tres kilómetros, al que muchas familias acuden con frecuencia”.
Un problema sin soluciones a la vista
Corpoamazonia dentro del Plan Ambiental 2020–2023, confirmó que la calidad del agua no ha mejorado en varios puntos monitoreados, incluidos los tramos del río Caguán cerca de San Vicente del Caguán, y señaló que persistieron descargas de aguas negras sin tratamiento. Otro análisis realizado en 2020 reportó condiciones químicas y microbiológicas preocupantes en el río Caguán, como niveles ácidos y variaciones físicas, que evidencian contaminación continua.
En Caquetá está en marcha el Plan Departamental de Agua (PDA), una estrategia orientada a dar cumplimiento al Decreto 1425 de 2019, que establece la necesidad de articulación entre distintas entidades para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. A través de este plan, se busca priorizar la inversión en infraestructura, con énfasis en el mejoramiento de acueductos, la reforestación de bocatomas y obras de saneamiento (como la construcción de redes de recolección de aguas residuales que conecten los barrios con la planta de tratamiento). Inicialmente, el plan beneficiará a cuatro municipios del departamento que cumplan con criterios técnicos previamente definidos. La selección y ejecución de estas obras deberá ser concertada entre la administración departamental, el gestor del PDA y Corpoamazonía.
El diputado Wilmar Fierro menciona que “los proyectos en saneamiento básico y agua potable por parte de la población solamente se radican en esta figura o en el viceministerio de aguas –si es a nivel nacional–, pero aún no se tiene certeza de la parte tributaria o económica. Ellos son los que abren espacios en las diferentes secretarías y ministerios para tratar de sacar adelante esos proyectos de acueductos comunitarios. Para los proyectos de agua potable nosotros vigilamos que esos recursos sean 100 por ciento invertidos y necesariamente sean direccionados donde están las grandes necesidades”, afirma.
El Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027, titulado Amazonia para el Mundo y liderado por Corpoamazonía, pretende ser la hoja de ruta para la gestión ambiental en la región sur de la Amazonía colombiana durante los próximos cuatro años. En teoría, podría convertirse en una herramienta clave para avanzar en el acceso al agua potable en municipios como San Vicente del Caguán. Sin embargo, en la práctica, lo único que contempla para esta población es la entrega de un carro compactador en 2026. Nada más.
Mientras tanto, en San Vicente —tanto en la zona rural como en el casco urbano— el acceso a agua potable sigue siendo una promesa lejana. La gente lo sabe, porque lo ha vivido generación tras generación. Y frente a la ausencia del Estado, como ha ocurrido históricamente con tantas otras necesidades básicas, no les ha quedado más opción que organizarse, resistir y buscar sus propias soluciones. Porque el agua, como la vida misma, no puede seguir esperando.
