Primero llegaron los mensajes: los trabajadores de Cerrejón comenzaron a recibir, por WhatsApp y a través de sus supervisores, notificaciones que les informaban que sus contratos quedarían suspendidos. Luego el anuncio oficial “las operaciones mineras, férreas y portuarias de Cerrejón serán suspendidas a partir de hoy. En consecuencia, la mayoría de los contratos de trabajo quedan suspendidos”.
La noticia se difundió rápidamente en los medios nacionales, donde comenzaron a circular versiones y especulaciones sobre un posible cierre definitivo de la compañía. Poco después, el debate llegó a las calles de Albania, La Guajira. Mientras algunos respaldaban el bloqueo como una forma legítima de exigir el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades afectadas por la minería, otros reclamaban el restablecimiento inmediato de las operaciones debido a los impactos económicos que la paralización de Cerrejón generaba en el departamento. En medio de la controversia, varios habitantes salieron a manifestarse para exigir el despeje de la línea férrea y la continuidad de las actividades de la empresa.
El 1 de junio, Cerrejón anunció el cierre de sus operaciones mineras, férreas y portuarias por fuerza mayor. Según la compañía, el bloqueo que desde el 23 de mayo mantenía la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir sobre la línea férrea, en Albania, había provocado un desabastecimiento de combustible que impedía continuar con las actividades. No obstante, la medida perdió vigencia pocas horas después, cuando la comunidad levantó el paro tras acordar con el Gobierno nacional la visita de altos funcionarios y la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional el 4 de junio.
Mientras se negociaba la salida a la crisis, también se abrió una discusión sobre la legalidad de la decisión empresarial. Cerrejón sostuvo que el bloqueo había impedido el suministro de bienes esenciales para la operación, incluido el combustible, y que por esa razón se configuraba una situación de fuerza mayor que justificaba la suspensión de las actividades y de la mayoría de los contratos de trabajo.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo llegó a una conclusión distinta. Tras una visita de verificación realizada el 1 de junio, la Dirección Territorial de La Guajira señaló que el bloqueo ya había sido superado mediante el diálogo con las comunidades y que la línea férrea se encontraba despejada y operando con normalidad. Por esa razón, concluyó que no existían elementos suficientes para configurar una situación de fuerza mayor que justificara la suspensión de los contratos y exhortó a la empresa a abstenerse de materializar o mantener esa medida.
El 2 de junio, Cerrejón anunció el reinicio de sus operaciones y el levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor. La empresa informó que retomaría las actividades operativas a partir del turno de la mañana del 3 de junio, apenas dos días después de haber anunciado la suspensión. Aunque los trabajadores recibieron la instrucción de permanecer en sus casas a la espera de un nuevo llamado mientras se normalizaban las operaciones, el episodio dejó incertidumbre entre miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.
Pero el conflicto no comenzó con la toma de la vía férrea. Según líderes comunitarios, sus raíces se remontan a décadas atrás, cuando la expansión de la mina provocó la desaparición de pueblos afrodescendientes y campesinos como Tabaco, Chancleta, Oreganal, Las Casitas y Manantialito. Desde entonces, las comunidades han reclamado medidas de reparación y la acumulación de incumplimientos y desacuerdos con la empresa.
Para entender cómo se desarrolló el paro, cuál fue su impacto sobre los trabajadores y qué lecturas deja esta crisis para La Guajira, Consonante habló con Juan Carlos Solano Guillén, directivo nacional de Sintracarbón. Solano cuenta con 22 años de experiencia en la representación de los trabajadores y una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos laborales y a la discusión sobre una transición energética justa para el sector carbonífero.
Consonante: ¿De qué forma actúa el sindicato en las mesas de negociación que se plantearon con la comunidad y el gobierno para salir del paro reciente?
Juan Carlos Solano: Lo primero que hay que establecer es que nosotros siempre hemos estado del lado de la comunidad, pero la función del sindicato no es establecer vínculos directos de negociación con las comunidades, sino servir de apoyo.
En este caso, Sintracarbón participó en el levantamiento del bloqueo por parte de las comunidades como mediador del proceso. La situación que ameritó la intervención urgente del sindicato fue que la multinacional Glencore tomó la decisión de declarar un cierre por fuerza mayor y para mí cometió un error. Porque antes debe dar veredicto un juez de si existe la causa para declarar fuerza mayor, pero la empresa envió las cartas antes de tener el concepto.
Nos mandó a casa, yo tengo dos cartas, una con 24 horas de diferencia de la otra. Esto ya lo ha hecho en más de una ocasión, pero lo único que había que hacer era sentarse en una mesa con los interlocutores, así se logró levantar el bloqueo.
C.: La empresa comunicó que en lo corrido del año van 80 paros, ¿a qué cree que se debe esta decisión de suspender contratos a raíz de este?
J.C.S.: Voy a ser sincero, me toca ser responsable porque hablo como directivo sindical. La multinacional está jugando un doble juego. En un momento político tan controversial como este, donde el país está polarizado, mandó este mensaje. La multinacional llevó a uno de los candidatos de ultraderecha a las instalaciones, los administrativos se fotografiaron y filmaron con él haciendo gestos de su campaña.
Somos del concepto de que, más que un cierre por una inminente fuerza mayor, lo que se hizo fue una acción política. Ya el ministerio había dado el concepto de que ya no había fuerza mayor y, sin embargo, la empresa mandó un mensaje diciendo que continuaba de manera indefinida con el cese de actividades hasta tanto no se le dieran las garantías por parte del Gobierno nacional. Se institucionalizó el paro de manera unilateral.
C.: Esto causó una fuerte división entre los que pedían que se levantara el paro, y los que lo estaban realizando. ¿Usted como trabajador de Cerrejón, que también se vio afectado, cómo cree que se puede llegar a un consenso?
J.C.S.: Hay comunidades que en su justa lucha hacen el reclamo de indemnización; esto inició con el proceso de desalojo de las comunidades afro como la de Tabaco cuando llegó la mina. Existen documentos legales y fílmicos con reclamaciones desde hace 40 años donde dicen que no han tenido reparación.
Además, existe una causal ambiental grave. Las traviesas del tren están impermeabilizadas con creosota, una sustancia altamente cancerígena. Toda la línea férrea está rodeada de postes sobresaturados de esta sustancia y, cuando llueve, esa agua de corriente va a las lagunas donde los nativos Wayúu toman agua y su ganado también. A esto se suma el material particulado de carbón que suelta el tren. Los nativos tienen muchas reclamaciones y sentencias a su favor, pero el poder de la multinacional es tan grande que no ha permitido que hagan uso de sus triunfos jurídicos para restablecer sus derechos.
Pero también es verdad que recientemente se inician paros en la vía férrea por cualquier motivo, tenga que ver o no con la empresa. Hay que ser justos y muchas veces dos, tres personas agarran una rama, la tiran a la línea férrea o a la carretera y ya bloquean el paso. Y pues nadie se quiere enfrentar precisamente a este tipo de situaciones.
Pero realmente lo preocupante es que en este caso fue la multinacional la que de una u otra forma propició este enfrentamiento. Estuvimos a punto de tener lesionados, e incluso fatalidades, cuando los pobladores de los municipios aledaños se enfrentaron a las comunidades nativas que estaban en la protesta.
C.: ¿Por qué se habló también, en ese momento, del cierre de Cerrejón?
J.C.S.: La multinacional ya mandó un mensaje perentorio: nos vamos en 2034 y no vamos a pedir prórroga. Pero cuando nosotros como organización sindical le pedimos que dialogue sobre cuál es la política que va a utilizar y cuáles son las estrategias para darle manejo a la salida de la multinacional de la minería, ahí termina la conversación.
Dicen que el documento de cierre de mina es un documento en construcción y que no lo han terminado. Pero el documento de cierre debe entregarse al solicitar la licencia ambiental. ¿Cómo es que después de 43 años no tienen claro cómo van a manejar el medio ambiente, las comunidades y los trabajadores activos?
Nos preocupa porque hemos visto lo que pasó con Prodeco (Glencore) en el Cesar: cerró las minas, abandonó los títulos y despidió a 7.000 personas. Y hoy Glencore exporta más carbón que antes.
Nosotros estamos muy preocupados porque ya faltan siete u ocho años para ese posible cierre y no han dado ninguna respuesta a los trabajadores.
C.: Conociendo la dependencia tan alta del departamento de La Guajira con Cerrejón, ¿qué propuestas tienen ustedes para que se haga una transición justa si la empresa se va?
J.C.S.: Nosotros creemos que una persona, un candidato, no puede garantizar que la minería va a seguir indiscriminadamente porque la salida del carbón no es por voluntad de los sindicatos, no es por voluntad del presidente, ni de la misma compañía, sino de la tierra. Y en cualquier momento, ya sea por el medio ambiente o porque se encuentre otra materia que desplace al carbón, vamos a quedar por fuera de la matriz laboral.
Por eso hemos hecho varias propuestas: inicialmente, la creación de un fondo para la diversificación económica del departamento de La Guajira, a cargo del Gobierno Nacional. También una central de energía para el departamento, que tenga valores diferenciales para que nuevas empresas se establezcan y La Guajira se empiece a industrializar.
Estamos pidiendo seguridad social para los adultos mayores; estimamos que casi el 50 por ciento de los trabajadores tienen enfermedades profesionales por la exposición al carbón. Indemnizaciones por encima de lo mínimo que propone la ley, porque una persona con 15 años de servicio sale con 60 o 70 millones de pesos en el bolsillo y esa plata no alcanza para iniciar un nuevo proyecto de vida. Condonaciones a los créditos de vivienda y que los chicos que están estudiando puedan terminar sus carreras universitarias sin que se vean truncados.
Que los activos de la empresa (puerto, aeropuerto, vía férrea) sean administrados por el gobierno bajo tutela de los trabajadores para que funcionen como un sistema integrado multipropósito (turismo, exportación e importación)
Hemos explorado el tema de transición energética en otros países del mundo y es bastante complicado. Basados en estos modelos, también pedimos, por ejemplo, una pensión anticipada para los trabajadores que les falten hasta 10 años.También incluimos a las comunidades, a la mujer como centro que ha tomado importancia en el proceso de transición y que tiene una protección especial.
Pero para sorpresa de todos, el primer contradictorio de la transición es el mismo trabajador. Suelen responsabilizar al sindicato por la posibilidad de un cierre anticipado de mina, pero quiero dejar claro que nosotros no estamos pidiendo cierre de mina, estamos pidiendo las garantías mínimas para que en el evento de que suceda algo inusual, como es lo que acaba de suceder aquí, la multinacional no vaya a hacer lo que hizo con Prodeco y deje a los trabajadores desprotegidos.
C.: ¿Cómo unir a la comunidad cuando hay divisiones tan fuertes de fondo?
J.C.S.: Hay que tener claro que nosotros no solo somos trabajadores, también somos comunidad. Seríamos doblemente revictimizados: perderíamos el empleo y nuestras inversiones locales se afectarían porque mucho de la economía de La Guajira depende de la minería y el salario de los trabajadores. Y esto se ha demostrado cada vez que se ha hecho huelga, o ha habido paro por alguna circunstancia, todo el comercio queda deprimido. No hay ventas, no se mueven los vehículos, nada.
Entonces, cuando nosotros como comunidades tengamos claro lo que puede suceder en el evento de un cierre anticipado de mina, vamos a exigir más. El problema es que los gobiernos locales (gobernadores, alcaldes) no se han preocupado por exigir diálogos de transición. Tengo entendido que mandatarios locales se reunieron con Glencore en Panamá, pero ¿por qué hablar de esto sin nuestra participación?
Necesitamos una articulación entre comunidades y trabajadores, que se cree una oficina en las alcaldías para estructurar el diálogo de transición energética justa. A mí sí me preocupa porque ahora con las elecciones el mensaje que se ha mandado abiertamente es que no quieren diálogo con sindicatos, y que el respaldo va a ser para las multinacionales y las empresas.
