Madres comunitarias llevan más de un año pidiendo al Icbf pensiones, estabilidad laboral y presupuesto

Desde el 6 de febrero del año pasado las madres comunitarias le han pedido al gobierno que se dignifique su trabajo y se dé atención inmediata a sus reclamos: acceder a una pensión digna, dotación para los centros de atención, capacitación y reconocimiento de sus estudios y el aumento de la minuta alimenticia.

El 28 de octubre, luego de un paro de tres días -entre el 21 y el 23 de octubre-, se llegó a varios acuerdos que fueron firmados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi) y el ICBF. También estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Trabajo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Educación Nacional y Fiduagraria.

Estos fueron los principales acuerdos:

• Subsidio pensional: Sintracihobi solicitó al ICBF que atiendan los procesos de postulación de subsidio pensional, que están en los decretos 325 de 2022 y 2182 de 2023.  Actualmente hay madres comunitarias que tienen la edad de pensión y no han podido hacerlo.

• Presupuestos: El ICBF se comprometió a garantizar el presupuesto para la gestión de recursos para la atención en primera infancia hasta el 31 de diciembre de 2024.

• Estabilidad laboral: Las madres comunitarias reclaman que se están quedando sin cupos en los servicios de atención tras la apertura de los Centros de Educación Inicial. El ICBF se comprometió a articular a las madres comunitarias. 

• Entregas de raciones: Se darán orientaciones para entregar los alimentos con valores nutricionales. 

Para el 2025 debe haber un gestor de alimentos contratado por el ICBF que apoye a las madres comunitarias. 

¿Qué piden las madres comunitarias? 

Reclaman que no está claro qué pasará con las demoras en la contratación y los retrasos que se dan en el ingreso a los centros cada año. Piden ser contratadas por el ICBF a término indefinido y que no se les excluya de los nuevos programas.

Nelcy Erazo, madre comunitaria del centro Pasito de Amor en Villa Hermosa y presidenta del sindicato de madres comunitarias Sintracihobi de Fonseca, cuenta que el 11 de febrero de 2023 llegaron a unos acuerdos con el ICBF, pero hasta la fecha no ninguno se ha materializado. “Una de las cosas que nos llevó a retomar este paro es que el 11 de febrero del 2023 llegamos a unos acuerdos con el ICBF y no se cumplieron. Se habló de  la alimentación de los niños, el bono pensional, la dotación de los CDI, la dotación a las madres comunitarias y no se han cumplido. Por eso entramos a paro”, cuenta Erazo.

Las madres comunitarias han sido las pioneras de estos programas y le piden al ICBF ser tenidas en cuenta y que se les dé un trato justo. “Nosotras hemos sido creadoras y hemos sostenido esos programas por más de treinta años. No es justo que con este nuevo tránsito las madres comunitarias prácticamente nos vamos (con las manos) vacías a las casas. No hay formalización para las madres comunitarias, ¿qué pasará con nosotras que hemos entregado nuestra juventud y ahora estamos enfermas? Le pedimos al Gobierno del cambio que no se nos vulneren más nuestros derechos”, agrega Erazo.

¿Qué pasará con nosotras que hemos entregado nuestra juventud y ahora estamos enfermas? Le pedimos al Gobierno del cambio que no se nos vulneren más nuestros derechos

Nelcy Erazo, madre comunitaria del centro Pasito de Amor en Villa Hermosa

Yohelis Medina Amaya, madre comunitaria desde hace 14 años y quien labora en el hogar comunitario Travesuras de El Hatico, nos cuenta: “Estamos en paro porque en febrero de 2023 se hicieron esas peticiones y siguen sin cumplirnos. Las madres comunitarias hemos sido vulneradas en nuestros derechos tanto laborales como personales. Estamos exigiendo algunas garantías para los niños que son los más afectados cuando hacemos cese de actividades”, agrega.

Medina cuenta que antes los contratos de las madres comunitarias eran de dos años y ahora son de cuatro meses. “Con los contratos de cuatro meses hay un mes muerto y afecta la seguridad social (...) El paro es para que el Gobierno entienda que las madres comunitarias somos indispensables para la formación de nuestra niñez”, concluye.

Marelvis Ariza, de 54 años y habitante de San Juan del Cesar, advierte que les preocupa que nunca tendrán pensión. “A las madres comunitarias no nos quieren tener en cuenta para el bono pensional. Sí nos contratan cada dos o tres meses cuándo vamos a alcanzar a cotizar todas las semanas que necesitamos para pensionarnos. No nos quieren dar una continuidad en la contratación y necesitamos un contrato indefinido. Queremos también la dotación de las unidades de servicio y de talento humano. Ni uniformes nos han entregado”, dice Ariza con indignación.

Como Marelvis varias madres comunitarias de Hato Nuevo, Barrancas, San Juan del Cesar, El Molino, y Villanueva, municipios del sur de La Guajira, se reunieron el 22 de octubre en las instalaciones del ICBF de Fonseca para reclamar por sus derechos.

Otro caso es el de Arelis Contreras. Es madre comunitaria desde hace 22 años y trabaja en el centro de atención Carmen y Medina del barrio El Centro. “Venimos con una lucha constante con el ICBF, tenemos un pliego de peticiones para mejorar nuestros salarios y la atención en los centros de desarrollo. No queremos ser tercerizados y queremos que los contratos sean directos con el ICBF (...) Este paro fue una continuidad de los reclamos de 2023 porque no han dado respuesta al 100 por ciento al pliego de peticiones. Esperamos que esta vez sí nos cumplan”, dice.

Las madres comunitarias también buscan espacios para la formación. “Con la revolución de la educación en el 2014 salió el Conpes donde motivan a las madres a formarse profesionalmente para mejorar el programa, pero fuimos engañadas en cuanto a los salarios porque a las madres comunitarias que no tuvieron la oportunidad de ser profesionales les bajaron el sueldo. Eso es una injusticia”, afirma Arelis Contreras.

Arelis pide mejores condiciones laborales y un salario digno: “Necesitamos transitar al Ministerio de Educación Nacional porque están implementando un nuevo programa en el cual los niños y las niñas de cuatro o cinco años van a pasar a la escuela. Nosotras estamos capacitadas para que transitemos con ese nuevo programa, hay muchas madres comunitarias que somos licenciadas en pedagogía y que tenemos las capacidades y la experiencia. Ser profesional es importante, pero tener la experiencia para el cuidado también lo es”, puntualizó.

Madres de familia molestas por un mal servicio 

En las Unidades de Cuidado (UCAS) hay un servicio intermitente debido a que la  contratación no se garantiza durante todos los días del año. Cada vez que las madres comunitarias entran en paro, los niños son enviados a sus casas y los padres deben mirar qué hacen para alimentarlos, cuidar de ellos y dejarles actividades de aprendizaje para que no pierdan el hábito.

Kendry Aragon Martinez tiene 37 años de edad y vive en El Hatico con su esposo y sus 4 hijos. Kendry es madre usuaria de la UCA Flores de Mi Jardín, en El hatico,  donde tiene un niño de tres años que estuvo sin clases por 20 días: “Las clases comenzaron el 9 de mayo cuando debieron iniciar  los primeros días de febrero. Comenzó tarde y en septiembre volvió y se paralizó el servicio a causa de que la contratación la hicieron hasta julio”.

“Cuando llegaron a hacer la concertación nos encontramos con la sorpresa de que le habían firmado el contrato del 17 de octubre hasta el 30 de noviembre donde la contratación tenía que haber sido hasta el 15 de diciembre. Entonces nuestros niños quedarán desamparados esos 15 días de diciembre”, cuestiona Aragón.

Wendy Paz es ama de casa y tiene 29 años. Vive en El Hatico y tiene un hijo de 19 meses que asiste a la UCA Flores de Mi Jardín. “No sabemos por qué el ICBF llegó a estas instancias porque la verdad es un tema muy delicado. Ellos (ICBF) nos hablan de que primero se debe salvaguardar la integridad y los derechos de los niños y les privan a ellos de estar en un lugar donde tengan con quién relacionarse, cómo desestresarse y cómo aprender. No entendemos por qué a ellos se les privó de ese beneficio y de ese derecho que tienen”.

Ante la ausencia del servicio, las madres se han visto en la obligación de aprender a realizar algunas labores del UCA. “Ellos están guiados por una nutricionista que les dice el número de porciones para que no estén en sobrepeso o desnutridos. Para ir a trabajar tengo que buscar quién lo cuide y estar pendiente de que esa persona lo esté cuidando bien”, dice Wendy.

Lo que sigue

Antes de que se acabe este año, el ICBF deberá brindar estabilidad laboral a sus empleados, garantizar el ingreso al subsidio pensional, asignar los presupuestos para la atención a la primera infancia, capacitar al personal y entregar las raciones de alimento adecuadas, entre otros acuerdos.

Mientras tanto las madres comunitarias esperan que no haya irregularidades que afecten las actividades en los hogares comunitarios.