Desde el 20 de febrero inició en el municipio la construcción del plan de desarrollo, la hoja de ruta de la administración de Jaime Arturo Herrera para destinar recursos a los proyectos priorizados y alineados con los objetivos territoriales durante los próximos cuatro años.
Aunque se hicieron mesas de diálogo con diferentes sectores, el proceso ha tenido varios tropiezos. En la primera convocatoria de la Alcaldía no fue incluido el Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano, ni algunas veredas del sector conocido como La Trocha. La administración sólo accedió a hacer una concertación en la vereda El 15 cuando las comunidades enviaron un derecho de petición. Además, tampoco se convocó a la Mesa Social y Ambiental.
A esto se suma que los líderes de varios sectores del municipio han manifestado que no se sienten representados por las personas que conforman el Consejo Territorial de Planeación. Éste es el encargado, según la Ley 152 de 1994, de revisar, discutir, analizar y formular recomendaciones sobre el Plan Desarrollo Territorial y servir como instancia de participación ciudadana para garantizar que se reflejen las necesidades de la comunidad. Los líderes aseguran que los consejeros están desconectados de las organizaciones y de los gremios, además de ser apoyo político del alcalde.
El próximo 27 de abril, Asocomunal se reunirá en asamblea ampliada con siete miembros de cada una de las juntas de acción comunal del municipio, para evaluar el proceso de la construcción del Plan de Desarrollo, pues aseguran que el borrador que revisaron no refleja lo concertado en las mesas de trabajo con la comunidad.
Este año el Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental a más tardar el 31 de mayo. Consonante habló con distintos líderes y presidentes de las JAC para visibilizar las principales propuestas y necesidades planteadas por las comunidades.
Solucionar el problema de tierras y los conflictos interétnicos de La Trocha
El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de titulación de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que viven a lo largo de la vía Quibdó-Medellín. Aunque la mayor parte de estas acciones están en manos de organizaciones estatales con carácter nacional, como la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades piden mayor acompañamiento de las autoridades locales y que el papel de la nueva administración sea de mediador.
El principal problema es el conflicto por la tierra en el municipio. Por una parte están los siete resguardos indígenas que aseguran que no tienen suficiente espacio. Según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y El Dieciocho, necesitan por lo menos 10.000 hectáreas más. Además, piden ayuda para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “Eso no es competencia de la Alcaldía pero ellos nos pueden ayudar en la gestión. Para Sabaleta se requieren 2.000 hectáreas, para la Puria 4.000, la proyección en total son cerca de 10.000”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.
“Eso no es competencia de la Alcaldía pero ellos nos pueden ayudar en la gestión. Para Sabaleta se requieren 2.000 hectáreas, para la Puria 4.000, la proyección en total son cerca de 10.000”
Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.
Por otra parte, la lucha del Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano es la recuperación de sus tierras ancestrales. A pesar de que a través de una sentencia lograron recuperar 24 hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras aún no realiza la entrega oficial de estos predios.
Adicionalmente, a los líderes afrodescendientes les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos asegurando que están traslapados dentro de las hectáreas que pertenecen al resguardo.
Desde Asocomunal proponen “la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de El Carmen de Atrato, teniendo en cuenta la inclusión de los corregimientos El Dieciocho, El Doce y Guaduas como está registrado en los mapas del IGAC y en los registros territoriales de la Gobernación del Chocó”. Además, la inclusión de veredas nuevas y la legalización del asentamiento del barrio La Paz, cuyos pobladores son familias campesinas víctimas del conflicto armado.
Así como la actualización del catastro multipropósito “es más que preocupante que a pesar de que hay una oficina municipal para este propósito el avance es muy poco en esta tarea fundamental de ordenamiento de los baldíos nacionales, territorios colectivos y propiedad privada”, dice el documento con las propuestas que Asocomunal le envió a la alcaldía.
A esto se suma que en todo el municipio hay problemas con la titulación de tierras por la “falsa tradición”; algo que ocurre cuando la venta de la tierra es realizada por personas que no son los propietarios legítimos, o que no tienen los documentos para demostrarlo. Para una lideresa de la vereda El 15, cuyo nombre no quiere que se publique, esta es una prioridad porque “en su mayoría las compras son de boca y algunos ni siquiera cuentan con un papel de compra venta”, explica.
Algo similar pasa en el Pueblo de la Memoria Histórica donde los pobladores carecen de títulos de propiedad de sus parcelas a pesar de que se asentaron allí hace 27 años como una estrategia de resistencia contra la guerra.
Además del saneamiento del territorio, los líderes y lideresas de estas comunidades piden acompañamiento psicosocial para la solución de los conflictos interétnicos que se presentan en la zona. Y que la Alcaldía dé continuidad a los diálogos interétnicos que se plantearon desde el año pasado.
Proyectos productivos y apoyo para la comercialización
El Carmen de Atrato es el único municipio del Chocó en el que se produce café. Sin embargo, los caficultores no tienen quién les compre el producido en el municipio, pues las dos cooperativas cerraron el año pasado. Los campesinos tienen que ir hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su café o acomodarse al precio de los particulares, que no es favorable. A esto se suma el alto costo de los insumos. Su petición es que la Alcaldía incluya en el Plan de Desarrollo Municipal un verdadero apoyo para la comercialización de los productos del municipio.
“Lo que yo veo que necesitamos es un mejor mercado con mejores precios para lo que producimos. Igualmente que se facilite para los campesinos la compra de los fertilizantes puesto que es muy difícil conseguirlos en el mismo municipio y cuando se consigue es a un precio muy elevado; haciendo que los gastos de producción sean muy altos y el campo sea poco rentable”, comenta Fabián Betancur, caficultor del municipio.
Los caficultores no son los únicos afectados por la situación. Un productor de papa criolla debe vender el kilo del producto a aproximadamente 3.000 pesos para poder recuperar parte de su inversión. Sin embargo, los tenderos casi siempre prefieren comprar la papa en Medellín, donde el kilo puede costar 2.000 pesos, por lo que les resulta mejor negocio. Lo mismo pasa con productos como la cebolla, el plátano y algunas frutas.
A esto se suma la propuesta de otros campesinos que, aunque tienen tierras fértiles, no han podido consolidar un proyecto proactivo por falta de recursos. "Una como campesina lo que necesita es tierra, pero para que una tierra si una no tiene plata pa’ trabajar. Y si, digamos, qué pudiera sembrar y cultivar, sería súper hacer nuestro propio café y nuestra propia marca de café" cuenta una mujer de la vereda La Argelia. Su petición es capacitación y capital semilla para iniciar un nuevo negocio.
"Una como campesina lo que necesita es tierra, pero para que una tierra si una no tiene plata pa’ trabajar"
Mujer de la vereda La Argelia
Desde Asocomunal plantean el fortalecimiento agropecuario que responda a las necesidades, las tradiciones y cultura de los pueblos; que incluya: tecnificación agrícola y fortalecimiento de procesos de transformación, diseños de marca y comercialización. Además de fortalecimiento de propuestas productivas de café, frijol, maíz, aguacate, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol y lulo. Así como apoyo a la producción de especies menores, ganadería sostenible y turismo sostenible.
Esta también ha sido una petición de las comunidades indígenas, quienes piden proyectos productivos que se adapten al suelo.
Atención a los jóvenes
Otra de las prioridades de las comunidades son los jóvenes. Para los delegados y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el incremento de consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución es una preocupación latente y debe de ser una prioridad en el plan de desarrollo. “Los jóvenes son el futuro y tienen que tener la mente ocupada. Acá hay prostitución, drogadicción, pero yo creo que si tienen una meta o un proyecto en qué trabajar puede que las cosas cambien”, comenta una lideresa que pidió reservar su nombre por seguridad.
Para Maria Alejandra Serna, integrante del Consejo de Juventudes y líder Juvenil campesina, la prioridad es aumentar las oportunidades de empleo y encontrar estrategias pedagógicas para hacer frente a la drogadicción: “yo he encontrado muchos jóvenes que dicen que no pueden conseguir trabajo, envían hojas de vida y nada, se necesitan más oportunidades. También el tema de la drogadicción, falta más autoridad, enseñanza, advertencia”, comenta.
También opina que se debe trabajar por aumentar el sentido de pertenencia: “Además de proyectos en los que se puedan incluir jóvenes que no tienen una carrera, o la manera de estudiar, sería bueno tener capacitaciones para tener sensibilidad a lo propio, a veces son los jóvenes quienes dañan el mismo territorio”.
A estas problemáticas se suma el tema de salud mental. En 2023 se suicidaron dos jóvenes, de 22 y 14 años en las comunidades indígenas Santa Isabel y El Doce; y hubo cuatro intentos de suicidio de cuatro mujeres entre los 12 y 20 años.Además, en 2022 hubo siete suicidios en jóvenes y 15 intentos de quitarse la vida. Situación que ha alertado de la urgencia de que la política pública atienda la salud mental en los pueblos indígenas de El Carmen de Atrato.
Al respecto, el alcalde Jaime Arturo Herrera dijo en entrevista con Consonante que su prioridad el primer año sería “recuperar a la juventud”: “porque hoy el 40 o el 50 por ciento en la cabecera municipal se está yendo por el camino de las drogas y el del alcoholismo”. Su propuesta es crear un centro de rehabilitación dentro del municipio.
Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones sociales
Otra de las solicitudes es que la nueva alcaldía fortalezca e incluya en la discusión pública a las diferentes iniciativas de carácter social que existen en el municipio. Entre ellas la Plataforma del Campesinado, la Fundación Mesa Social y Ambiental, los Guardianes del Río Habita, Agroecotur y Asocomunal, que reúne a más de 800 personas.
“Requerimos que en el plan de desarrollo 2024- 2028, se apruebe una partida presupuestal para el funcionamiento de la Asocomunal y con ello garantizar la participación activa de todas las juntas en el proceso, además de que a través de este rubro podamos cumplir con nuestra función de capacitar, apoyar y continuar acompañando el fortalecimiento de las mismas”, solicitan desde Asocomunal.
También piden capacitación y formación; apoyo económico o incentivos y la contratación de las organizaciones para la ejecución de recursos públicos y de compensaciones ambientales o sociales.
