¿Qué pasó en el evento? En el evento estuvo Luis Fernando Velasco, consejero para las Regiones; Catalina Velasco, ministra de Vivienda; Cielo Runsique, directora del Departamento de Prosperidad Social; la senadora Martha Peralta; Jaime Vega, gobernador (e) y más de 2.000 de los once municipios que conforman la subregión del centro y sur de La Guajira participaron: Villanueva, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Hatonuevo, San Juan del Cesar, Urumita y Fonseca.
Durante el encuentro hubo presentaciones culturales, intervenciones de los representantes del gobierno nacional. Luego, se hicieron mesas de trabajo sobre ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación y transición energética. También se habilitaron mesas para mujeres, jóvenes, comunidades LGBTIQ, campesinos y grupos étnicos. El encuentro cerró con una lectura de las conclusiones de cada mesa.
Las propuestas: Al evento asistieron representantes de víctimas, presidentes de las juntas de acción comunal, líderes juveniles, étnicos y del campesinado, integrantes de partidos políticos y del comité de discapacidad, y docentes. Las propuestas fueron variadas pero se centraron en desarrollo de vías terciarias, acceso a tierra, educación, fortalecimiento de la agricultura, implementación de un plan de acción contra la corrupción, ejecutar el sistema de riego y desarrollar proyectos productivos.
¿Qué dice la gente? Los habitantes del municipio reclaman atención para las víctimas e inversión a través de los PDET. “Queremos proponer que no se le exija tanta documentación a las víctimas para acceder a créditos, porque no tienen vida crediticia y fueron despojadas de sus tierras. Pedimos, además, que se acelere el proceso del plan retorno a todas esas comunidades y se brinde protección. También, que se le entreguen tierras, maquinarias, bienes en extinción de dominio a las organizaciones de víctimas”, dice Janner Martínez, integrante de la mesa departamental de víctimas de La Guajira y de la mesa municipal de Fonseca.
Por su parte, los integrantes del equipo motor de los PDET y los firmantes de paz se enfocaron en retomar los proyectos planteados en los PDET. “Hoy no vemos el mejoramiento de la calidad de vida porque no hay proyectos productivos en el territorio. Solamente se ha hecho inversión en infraestructura”, dice Jesús Cobo, encargado de infraestructura del equipo motor. “Lo principal que hay que recuperar del PDET es su esencia. Los alcaldes se tomaron los PDET y decidieron a espaldas de las comunidades”, comenta Benedicto Gonzales, firmante de paz de Pondores. “Todavía en las comunidades hay conflictos con las multinacionales y no está claro cómo se va a enfrentar ese tema de las multinacionales y ponerles unas prohibiciones en algunos territorios donde la gente ha dicho que no quiere minería, para que se respete esa voluntad”, añade.
Los PDET en Fonseca: Desde que comenzaron a implementarse los PDET en la administración de Hamilton García, el equipo motor ha denunciado que no ha sido tenido en cuenta a la hora de estructurar proyectos. Cuestionan que la mayoría de los recursos se han invertido en paneles solares, pavimentación con placa huella y proyectos de vivienda. Si bien son iniciativas fundamentales, se han dejado de lado el acceso a agua potable y proyectos productivos.
Por otro lado, varias de las obras realizadas con recursos PDET están en la mira de los entes de control. Este mes, por ejemplo, la Contraloría anunció que iniciaría una auditoría a los proyectos de vivienda que está haciendo el mandatario en Conejo y El Hatico. Ambos proyectos de infraestructura fueron denunciados por la congresista Catherine Juvinao, quien asegura que el consorcio Fonvivir es un monopolio de la familia Cayón Medina del Cesar
Lo que sigue: Este es el décimo Diálogo Regional Vinculante que ha hecho el gobierno en la segunda etapa de encuentros, que concluirá el 3 de diciembre en Ibagué. Una vez se recojan terminen las reuniones en las distintas regiones del país, el Departamento Nacional de Planeación analizará y organizará las propuestas y necesidades de en cada uno de los grandes capítulos que tendrá el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. El 7 de febrero, el gobierno Petro espera radicar el documento en el Congreso para su aprobación.
