Aunque el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) tiene su sede en Bogotá, desde hace ocho años su equipo de antropólogos y abogados han viajado alrededor del país acompañando la implementación del test de proporcionalidad. El objetivo de esos recorridos: garantizar la preservación y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades étnicas en el país. Por eso, cuando se va a desarrollar algún proyecto minero-energético o de otro tipo, el Icanh asesora y busca que se tengan en cuenta la cultura, costumbre e identidad de los pueblos que serían afectados.
El Icanh, una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, es, además, la principal autoridad sobre el patrimonio arqueológico. Desde allí se decide qué es patrimonio, se declaran las áreas de protección, se dice qué piezas arqueológicas pueden salir del país y se realizan investigaciones que den cuenta de la historia cultural de la nación.
Carlos Meza Ramírez, antropólogo especialista en Ambiente y Desarrollo Local de la Universidad Nacional y Distrital, es uno de los funcionarios del Icanh. Ha trabajado desde hace 15 años en investigaciones sobre conflictos socioambientales y estudios afrocolombianos. Uno de sus intereses de investigación ha sido la desviación del arroyo Bruno por la actividad minera de Cerrejón. Además, desde 2013 ha acompañado la implementación de doce test de proporcionalidad alrededor del país, y es tal vez una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de este mecanismo. El último de estos ha sido el de Cañaverales, donde el Icanh ha sido la voz discordante de las entidades del Estado sobre el proyecto minero.
En junio de 2022, el Ministerio del Interior comenzó a ejecutar el test de proporcionalidad en Cañaverales argumentando que el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales se negaban a desarrollar la consulta previa. La comunidad afirmaba que hasta que no hubiera garantías de participación y acceso a la información sobre la mina que se iba explotar no se podía desarrollar el proceso consultivo. El test, que es un mecanismo que se realiza cuando no se logra desarrollar la consulta, se llevó a cabo para ponderar los derechos de la gente que se verían afectados con la explotación de carbón en ese corregimiento del sur de La Guajira.
Consonante habló con Meza, quien evaluó el documental del estudio de impacto ambiental del proyecto que hizo la empresa minera Best Coal Company (BCC), realizó entrevistas con habitantes y visitó la zona para identificar los posibles impactos y alcances de la explotación de carbón que hará la compañía.
Consonante: ¿Qué ha hecho el Instituto de Antropología en el proceso de la consulta previa en Cañaverales?
Carlos Meza:. El 15 de junio fuimos citados al test de proporcionalidad para el proyecto minero Cañaverales. En esa reunión concluimos que era necesario hacer una visita en terreno, dado que había un afán importante de la empresa por sacar adelante el test y ellos aducían la renuencia de (la comunidad de) Cañaverales a continuar en el proceso consultivo.
Aunque la pretensión era que el test de proporcionalidad se avalara mediante una revisión de una matriz de impactos en las oficinas de Bogotá de la Dirección de Consulta Previa, sostuvimos que era necesario ir a terreno y conocer de primera mano cuál era la visión de las comunidades y particularmente de Cañaverales con respecto al proyecto minero, en contraste con toda la documentación ya revisada que nos había allegado la empresa. Pero también incluir al menos dos consejos comunitarios que sí protocolizaron: Sitio Nuevo y Tiama en Corraleja.
C: ¿Qué encontraron en esa visita?
CM: Encontramos que los consejos que sí implementaron la consulta previa tenían tanto temor, aunque no más que Cañaverales que es el directamente afectado, por el desarrollo del proyecto, y que en buena medida la protocolización en Sitio Nuevo y Corraleja se debió a afanes e incluso a presiones de BCC para que se adelantara la consulta. Con Cañaverales evidenciamos que la comunidad realmente lo que quiere es vetar el proyecto.
C: ¿De qué forma se dio esa presión a los consejos comunitarios?
CM: Los representantes legales de Sitio Nuevo y de Tiama en Corralejas, y otras personas que participaron en esa diligencia expresaban que el proceso de consulta no fue tan transparente y hubo presión para lograr protocolizar. Lo que fue la entrega de información, el reconocimiento de impactos, el recorrido por las áreas que la comunidad consideraba de influencia, no BCC, no se hizo. Durante la consulta hubo muchos momentos tensos y la gente escuchaba que si esos desacuerdos no se lograban saldar en las reuniones, podría darse la figura del test de proporcionalidad. Esas afirmaciones no son aisladas y vemos con mucha preocupación que en la praxis, el test de proporcionalidad se utiliza como una forma de amedrentar, de amenazar, a las comunidades.
"El test de proporcionalidad se utiliza como una forma de amedrentar, de amenazar, a las comunidades"
C: ¿En las visitas encontraron algo más?
CM: Sí, este es el caso de un proyecto minero grande, integral, que incluso plantea en su concepción original una conexión portuaria con Dibulla, replicando el caso de Cerrejón con Puerto Colombia, en donde el proyecto sabemos que ha tenido unos impactos acumulados e irreversibles. Esto precisamente ha llevado a las comunidades de Cañaverales a vetar el proyecto y a otras a temer el desarrollo del mismo en el sur de La Guajira. La empresa niega esta dimensión integral. Siempre hay una compartimentalización (de la información) en función de que el proyecto BCC no tiene nada que ver con los resultados del Cerrejón, pero es imposible. Tengamos en cuenta que si bien hoy la búsqueda de la licencia es de un área mucho menor, sí se plantean ampliar el proyecto con fases sucesivas.
Si hay algo de las particularidades de este proyecto es que, como muchos a finales de la década del 2010, eran otras las compañías pero los inversionistas han sido los mismos. MPX fue la empresa que consiguió la licencia ambiental en ese momento gracias a las concesiones de títulos mineros que les fueron dadas, en una estrategia de compra de predios que limitó después el ejercicio de los consejos comunitarios de consolidarse en territorios colectivos. Mediante la compra de predios y conseguir títulos mineros han ido cercando a la comunidad y limitando la posibilidad de tener un título colectivo para desarrollar sus prácticas de producción y el horizonte cultural que quieren.
C: El manantial y su interconexión con otras fuentes hídricas ha sido la principal preocupación de algunos habitantes del municipio frente al proyecto minero. En la revisión que ustedes hicieron del informe de impacto ambiental de la empresa, ¿habría algún impacto?
CM: En la zona de la baja Guajira hay mucha riqueza hídrica. El manantial de Cañaverales es un ecosistema de bosque seco, que en Colombia es uno de los ecosistemas más amenazados, y hay muchos esfuerzos importantes a nivel de la conservación internacional para mantener y ampliar los parches de bosques secos que hay en el país. En el área que se sustenta el manantial hay una dinámica de fuentes superficiales y subterráneas. La comunidad habla de la formación del río Cañaverales y cómo se va a ver afectado. En la parte alta de Corraleja, la comunidad me mostró una cantidad de ojos de agua que nutren a los acueductos comunitarios.
Desde el momento en el que se crea un tajo, como ocurrió con Cerrejón, se interrumpen las conexiones hídricas subterráneas. La empresa dice que hay una falla geológica que genera una suerte de impermeabilidad y la interrupción no sería un mayor problema. Lo llamo una falsa certeza, porque no se ha abierto un diálogo con entidades competentes y expertas en la materia sobre el supuesto aislamiento de las fallas geológicas naturales. La experiencia con Cerrejón ha demostrado lo contrario, desde los años 80 hasta ahora ha destruido alrededor de 20 arroyos y la modificación del cauce del arroyo Bruno.
C: En corregimientos como Corraleja, que está en la zona de influencia del proyecto, han encontrado restos de vasijas que serían precolombinas. ¿Como Instituto evaluaron eso en la visita a territorio?
CM: No sabría decirle si hay registros arqueológicos. En el plan minero de Cañaverales, ellos no reportaron nada en el área donde se haría el proyecto. En el caso de hallazgos fortuitos, se sigue un plan de manejo arqueológico. Sin embargo, en la zona de la reserva forestal que sustenta al manantial es de alto valor paisajístico. Hay unos abrigos rocosos en la parte más alta, que son de mucho valor para la comunidad y han sido lugares de pagamento. Seguramente habrá lugares arqueológicos importantes porque en la dinámica de las sociedades más antiguas, los abrigos rocosos son evidencia de ocupaciones tempranas.
Con las detonaciones mineras se destruiría todo este paisaje porque son cuevas que se formaron hace mucho tiempo y no las mencionan los estudios técnicos de BCC, pero sí las tienen muy en cuenta las comunidades que conocen la reserva forestal del manantial. Otro aspecto es que los manantiales, las fuentes hídricas, los ríos cristalinos de la región que denominamos la provincia vallenata, sí es un espacio importantísimo. No solamente por los servicios ecosistémicos, sino porque es un espacio simbólico donde los cantautores vallenatos cantan sobre la vida. Entonces, la destrucción de esto es la destrucción de esa cultura.
El manatial "es un espacio simbólico donde los cantautores vallenatos cantan sobre la vida"
C: Entonces, ¿qué pasó con el test de proporcionalidad?
CM: El Icanh se abstuvo de seguir en el test en julio mediante un informe que argumentaba todos los impactos que ya mencioné. El test se protocolizó sin la presencia del Instituto.Las entidades, en cabeza de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sacaron adelante el test que fue demandado por las comunidades y un juez le dio la razón a las comunidades porque las irregularidades fueron bastantes. Ahora se debe retomar la protocolización de la consulta previa.
C: ¿Qué debería hacerse distinto para que esta vez sí prospere la consulta previa en Cañaverales?
CM: La comunidad tiene que ser informada de todas las reuniones que se estén adelantando desde la Dirección de Consulta Previa. Ha habido convocatorias de diálogo por parte del Cinep, que es un centro de investigación acompañante sobre el tema de la escasez hídrica y los megaproyectos en La Guajira, y la autoridad de la Consulta Previa ha declinado esas invitaciones. Al mismo tiempo avanza en otros encuentros sin la comunidad. Claramente se sigue dando un proceder opaco. Este tipo de cosas se vuelven complicadisimas. Se están generando unas condiciones para que avance un nuevo proceso consultivo, respondiendo una sentencia, pero siguiendo el mismo error.
C: Si la comunidad de Cañaverales dice definitivamente que no, ¿puede frenar el proyecto?
CM: La consulta previa tiene que ver con la decisión y el control de los pueblos étnicos frente a decisiones que afectan su bienestar, su visión de desarrollo a futuro. El desarrollo institucional de la consulta en Colombia, me refiero a decretos, creación de dependencias, protocolos y demás, ha ido en contravía de lo que originalmente plantea el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991 por Colombia. Ese es el punto de fondo que lleva a que la consulta desde hace varios años tenga un comportamiento de captura corporativa por parte de las empresas con mucho poder, para lograr sacar en un tiempo récord licencias ambientales.
Hay interpretaciones jurídicas y, seguramente, el Ministerio del Interior dirá que la comunidad no puede. Dentro de la institucionalidad, como se ha venido comportando, se van a citar sentencias o los mismos protocolos. Pero la comunidad tendría que poder a la luz de repensar una serie de elementos que están en juego. Si la comunidad no puede frenar el proyecto, la empresa seguirá adelante con compensaciones sobre todo monetarias, más que en evitar ciertos daños identificados.
"La consulta (previa) desde hace varios años tiene un comportamiento de captura corporativa por parte de las empresas con mucho poder"
C: Desde 2021 se han otorgado licencias a al menos cinco empresas para desarrollar proyectos minero energéticos en La Guajira: Cardones, Max Resource, Carbomás, Energía de Bogotá y BCC. ¿Por qué se siguen aprobando estos proyectos en el departamento a pesar de los conocidos impactos del Cerrejón?
CM: La Guajira se está convirtiendo en una zona de proyectos a gran escala. Si uno lo mira en la integralidad es como sacrificar a la región. Hay alrededor de 60 - 70 parques eólicos en la Media y Alta Guajira. Uno de los argumentos del grupo de Energía de Bogotá es que estamos en la transición energética, pero al mismo tiempo tenemos el comportamiento del Cerrejón y nuevos proyectos extractivos que hacen uso de combustibles fósiles.
Si a eso le sumamos el acaparamiento hídrico con la represa de El Cercado, que represó el río Ranchería limitando su flujo, tenemos una situación muy dramática: un mapa minero energético, y de acaparamiento y destrucción hídrica que no es bueno para las poblaciones. La Guajira es una zona de sacrificio.
C: ¿Con el nuevo gobierno hay garantías para llevar a cabo la consulta previa?
CM: Quiero anotar que en este momento Álvaro Echeverry es el director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Echeverry fue director de la consulta durante la presidencia de Juan Manuel Santos y durante ese gobierno se cambió la idea de que la consulta previa no es para garantizar a las comunidades sus derechos sino para que el empresario tenga la confianza y pueda invertir. Las directivas presidenciales que fueron elaboradas desde otros gobiernos bajo esa lógica van a continuar en este gobierno de cambio, principalmente frente a estos temas. Eso es lo que hay que desnaturalizar, que la consulta previa está capturada corporativamente y el Estado se sesga y se parcializa a favor de grandes empresas.
