El chorrito que gotea del grifo de la familia de Nidia Maestre es un recordatorio constante de una realidad dura: el agua es un lujo que no todos pueden darse en La Guajira. Desde el corregimiento Curazao, en el municipio de San Juan del Cesar, Maestre se ve obligada a recoger cada gota en una ponchera, un esfuerzo cotidiano para que la cocina y el baño no se queden sin el líquido. La situación se vuelve aún más crítica cuando el río San Mateo, fuente de vida de la comunidad, se reduce a un hilo durante el verano.
Como ocurre en el hogar de la familia Maestre, cientos de familias en San Juan del Cesar hacen maromas para conseguir agua. En el casco urbano, con horarios intermitentes del servicio y cuestionando su potabilidad; en zonas rurales, con la asistencia de carrotanques que surten —pocos días al mes— el líquido o caminando con baldes para recoger agua de ríos o fuentes subterráneas.
Actualmente el municipio cuenta con un sistema de acueducto, cuya captación se realiza en el corregimiento de Corral de Piedra, a 20 minutos del casco urbano. La infraestructura permite llevar agua principalmente a la zona urbana, pero solo durante 11 horas diarias. La zona rural enfrenta aún más limitaciones.
En las 18 veredas del municipio, la prestación del servicio se realiza a través de sistemas de acueductos rurales que funcionan con captaciones locales, y ninguna cuenta con alcantarillado sanitario formalmente constituido, según le precisó Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación municipal, a este medio en una respuesta escrita.
“En todos los casos, la operación, mantenimiento y administración del servicio de acueducto es asumida directamente por las comunidades, mediante esquemas comunitarios, sin que exista un operador formal designado por el municipio”, señaló la entidad.
La situación es similar en los corregimientos, algunos de los cuales adelantan obras para mejorar el servicio. Estos proyectos han traído esperanza a una parte de la comunidad, pero para otros las expectativas son bajas: temen que, como a comunidades vecinas, también les incumplan. “Claro, mejoraría nuestra calidad de vida, pero la verdad hay temores de que ese proyecto venga acompañado de algunas deficiencias”, expresa Diana Calderón, habitante del corregimiento de los Pondores donde se firmó uno de los proyectos recientes de acueducto rural.
Estos temores no son infundados y el corregimiento de Zambrano es ejemplo de ello. El 27 de septiembre de 2024, en esta comunidad se inauguró el acueducto, que se surte de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap) ubicada en Corral de Piedras. Sin embargo, debido a fallas técnicas, sólo empezó a operar hasta el 17 de julio del año pasado. Desde entonces se han presentado varias fallas en las tuberías, que afectan la prestación continua del servicio en ese corregimiento.
A inicios de este año, la empresa Veolia debía entregar la operación del acueducto municipal a Sur Azul —empresa constituida por varios exalcaldes del departamento—, pero antes de mejorar el servicio para las familias de Zambrano, el agua dejó de llegar a las casas. Jaime Rangel, comunicador social y habitante del corregimiento, explica que, debido a las intensas lluvias, el suministro fue suspendido en la comunidad desde el 4 de enero. “Luego, el agua fue restablecida para San Juan, pero pasaron siete días y en Zambrano no nos la pusieron. La razón que nos dieron fue que el conducto estaba tapado por aire y esa situación llevó a la comunidad a protestar”.
Un grupo de habitantes del corregimiento se movilizó hasta la válvula que dirige el agua hacia la cabecera municipal y cortó el servicio, lo que provocó la intervención de la Policía y la atención de la institucionalidad. Zambrano ganó el pulso: se restableció el agua y se acordó convocar una mesa técnica para abordar las deficiencias del acueducto, entre ellas tuberías de mala calidad y la falta de una entrega formal de la obra por parte del contratista a la comunidad. Pero, a la fecha, siguen esperando ese espacio.
Actualmente se están ejecutando varios proyectos en zona rural del municipio que pretenden garantizar el acceso al servicio de acueducto y alcantarillado de calidad para miles de familias, sin embargo, de telón de fondo continúa la represa del río Ranchería —con millones de metros cúbicos de agua sin utilizar— y las promesas de hacer —al fin— realidad un proyecto de conexión para garantizar el suministro ininterrumpido de agua para el municipio.
En los últimos cuatro años, Consonante identificó siete contratos que tienen el objetivo de llevar agua a las familias del municipio, pero solo uno de estos se ha entregado. La conexión del embalse y los cinco proyectos en zona rural para la construcción de acueductos y alcantarillados que siguen pendientes suman más de $80.000 millones de pesos.
El agua ‘presa’ y la ilusión de abastecer a las familias
A mediados de 2024, la Empresa Departamental de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua) y la Gobernación del departamento hicieron público un anuncio importante: después de varias conversaciones, sería una realidad la conexión del embalse El Cercado con el sistema de acueducto de San Juan del Cesar, anhelada por más de 15 años por las familias del municipio. Era una promesa fantasma que cada tanto aparecía en la boca de algún funcionario, pero esta vez los trabajos sí iniciaron.
La represa fue diseñada con un propósito múltiple: abastecer de agua a dos distritos de riego, generar energía eléctrica y suministrar el líquido a nueve municipios. Sin embargo, desde que concluyó la primera fase, en 2010, no se desarrolló ningún proyecto que se conectara a ella. El plan era que durante cuatro años el embalse se llenaría gradualmente y en paralelo se terminarían las obras para el agro, energía y servicio domiciliarios, pero por el fenómeno invernal de La Niña la represa se llenó en cuatro meses y el agua se desbordó hacia zonas cercanas, afectando de varias maneras a las familias que vivían cerca.
Con los años, el gobierno abandonó el proyecto por desequilibrio presupuestal, a pesar de los más de $639.439 millones de pesos que ya le había costado a Nación la construcción de la represa, según detalla la Fundación Pares en un informe de este año. El Estado le respondió a la organización que el único municipio que cuenta con una conexión efectiva para el abastecimiento de agua es el acueducto de Fonseca, sin embargo, cuando los investigadores contrastaron con ese ente municipal solo le confirmaron que la represa está abasteciendo el distrito de riego.
En San Juan, una de las comunidades más afectadas fue Caracolí, pues a la altura del pueblo, para el proyecto, se desvió el río y el corregimiento perdió el acceso a la fuente. Oswaldo Argote, oriundo de allí, recuerda cómo todo en su comunidad giraba alrededor del río Ranchería. Recuerda diariamente ver a las mujeres pasar con las poncheras de ropa en la cabeza, acompañadas por un burro que cargaba de lado a lado canecas de agua. Las familias vivían de la pesca o se servían del agua para sembrar tomate, yuca, papaya, plátano o ají.
La naturaleza era frondosa. La gente veía a Caracolí como la despensa agrícola de San Juan. “Con la represa perdimos la pesca y muchas tierras de riego”, lamenta Argote. Después de varias tensiones y desidia institucional, el proyecto de la represa volvió a tomar un nuevo aire, priorizando el agua para el consumo de las comunidades del sur de La Guajira, pero la falta de coordinación institucional ha retrasado la obra en San Juan.
En abril de 2024, Esepgua dio inicio a la construcción de la línea de conexión desde la válvula de la represa del río Ranchería —administrada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)— a la planta de tratamiento de agua de San Juan del Cesar. El contrato, por más de $10.247 millones de pesos, quedó en manos de un consorcio representado por Jader Gustavo Cuello Cuello, un reconocido ingeniero con varios contratos con el municipio, uno de estos, la construcción del sistema de alcantarillado en Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano.
Las obras debían entregarse en seis meses, pero el contratista solicitó suspensiones y prórrogas del contrato, aduciendo dificultades de los proveedores para cumplir con la entrega de tuberías especializadas y la necesidad de hacer varias reparaciones. Luego, se estrellaron con la inoperancia de la ADR y la empresa de servicios públicos del departamento tomó acciones.
En diciembre del año pasado, Esepgua entuteló a la ADR por no autorizar la conexión del sistema de agua con el embalse, incumplir con las labores de mantenimiento preventivo sobre las líneas de aducción —conjunto de tuberías y estructuras que transportan agua— y desatender mesas de trabajo para avanzar en asuntos técnicos y administrativos. Según la empresa de servicios públicos, desde septiembre del año pasado la finalización de la obra dependía de la voluntad de la ADR.
“Aunque el proyecto está terminado desde hace un año, aún no ha podido entrar en funcionamiento porque la ADR no ha definido un operador ni ha entregado el punto de conexión”, señaló Esepgua en un comunicado de prensa.
A finales de enero de este año, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha falló en contra de la ADR y le ordenó, en un plazo máximo de 48 horas, adelantar los trámites necesarios para la entrega del punto de conexión para que el acueducto entre en funcionamiento y se inicie el suministro de agua a San Juan del Cesar.
Unos días después de la orden judicial, la ADR publicó un video en sus redes sociales en donde se observa a César Augusto Pachón, director de la entidad, visitando el megaproyecto del río Ranchería. En la pieza, Pachón anunció que ahora sí la entidad cumplirá con los convenios y acuerdos pactados con el ente departamental. Según el funcionario, la entidad está revisando las válvulas de conexión para que el agua llegue a la planta de potabilización del municipio de San Juan.
“A la fecha de la presente respuesta, la Administración Municipal no tiene conocimiento de acuerdos, contratos o instrumentos jurídicos suscritos por la Agencia de Desarrollo Rural - ADR relacionados con la operación del Proyecto Multipropósito Río Ranchería o el
suministro de agua potable al municipio de San Juan del Cesar”, le señaló a este medio el ente territorial.
Consonante buscó a la empresa de servicios públicos departamental, así como a la ADR, para conocer a qué acuerdos llegaron y qué documentos se firmaron —según lo expresado por Pachón en el video—, qué comunidades rurales del municipio se verán beneficiadas del proyecto, y qué retos quedan por superar para que la conexión sea una realidad. A pesar de que ambas oficinas de prensa recibieron las preguntas de este equipo periodístico, a la fecha no se obtuvo respuesta.
Actualmente el contrato se encuentra suspendido y según el acta de la última prórroga de tiempo, la ADR prevé terminar con el mantenimiento preventivo en marzo, pero para inicios de febrero el avance de esas labores solo era del 11 por ciento.
Mientras llega el agua de la represa, en el municipio se están realizando obras locales en varias comunidades en donde la solución para acceder al líquido ha sido mediante acueductos propios.
Caracolí, Los Pondores y Veracruz buscan el oasis
Maribel Arrieta aún recuerda las filas de personas esperando su turno, con vasijas, ollas, latas o baldes entre los brazos. Daba igual el recipiente: lo importante era llevarse el oro líquido que alcanzaran a tomar del río Cesar. Lo más difícil venía después, regresar con él durante un kilómetro hasta llegar a sus casas en Los Pondores, un corregimiento a 10 minutos en carro desde el casco urbano. Un día, con la llegada del molino, las largas caminatas en busca de agua terminaron y las familias empezaron a surtirse del líquido por un pozo profundo. Pero es un sistema intermitente, sin tratamiento ni potabilización.
En diciembre del año pasado, la entidad Área Metropolitana de Valledupar celebró un contrato por $34.433 millones de pesos con la empresa Malca Construcciones, representada por Rafael Alberto Castilla Oñate, pero advierte que, si las obras no avanzan pronto, están ante una “bomba de tiempo”.
La falta de un sistema de alcantarillado sanitario ha obligado a la población a recurrir a pozos sépticos improvisados o a verter las aguas residuales directamente en las calles. Esta situación ha derivado en la contaminación del suelo y de las fuentes hídricas, la presencia constante de malos olores y un creciente deterioro ambiental en la zona.
El riesgo gira en torno a los pozos de registro —cámaras de inspección o "fosas" donde debería desaguar el alcantarillado—. Según Arrieta, el alcantarillado “emite olores muy fuertes, lo que ha llevado a la mayoría de los residentes a tapar sus respiraderos e incluso a sellarlos con cemento para evitar que los olores salgan”. El estancamiento de las aguas residuales podría hacer que el sistema se desborde o "explote", dejando en crisis a los 784 hogares del corregimiento, explica Arrieta, habitante de los Pondores.
El proyecto contempla la optimización integral del sistema de acueducto existente, utilizando el pozo profundo actual como fuente de abastecimiento, y la construcción de una planta de tratamiento de agua potable (Ptap). Asimismo, se acordó la construcción de más de 15 kilómetros de redes de tubería para el alcantarillado, sumada a una planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar). De salir como se espera, la obra debe entregarse en abril de 2027.
La comunidad de Caracolí tiene la misma ilusión. Estas familias se abastecen del río Ranchería a través de unas tuberías que se encuentran en mal estado. Este sistema no cuenta con tratamiento de agua ni con alcantarillado, situación que ha impactado en la salud de las familias y el medioambiente. Un segundo factor que los afecta es la disposición del líquido.
“Hemos tenido conflictos internos porque, cuando hay lluvias, se crece el río y no contamos con el servicio. El agua actualmente se suministra de manera sectorizada. Hay tres sectores y se surte un día para cada parte”, señala Klarena González Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Caracolí. Los días en los que se alterna el servicio son más difíciles para los hogares que no tienen acceso a puntos de recolección de agua cercanos.
Cuando es verano, es aún peor. Con la escasez del líquido la comunidad peregrina con baldes hasta la parte alta de Caracolí, donde pasa el río Ranchería. Antes, el afluente también pasaba por la parte baja del corregimiento, pero desde la construcción de la represa esa zona perdió acceso al líquido. Esta situación ha traído desunión y conflicto porque hay sectores en donde el agua llega con más fuerza que en otros.
Según el análisis de Esepgua, para solucionar estos problemas se eligió construir un dique para captar el agua. Se conservará la infraestructura existente porque hidráulicamente sigue siendo óptima; y se construirá un nuevo desarenador, una planta de tratamiento y un tanque de almacenamiento.
Esta solución está plasmada en el tan esperado proyecto que busca mejorar el servicio de la comunidad. El pasado 13 de enero se firmó el acta de inicio del contrato, por un valor cercano a $9.422 millones de pesos, entre Esepgua y la empresa contratista: Consorcio Sonolux, representado por Marcia Lorena Jaraba Anaya. “¡Vamos a tener agua 24 horas al día!”, dice entusiasmada la presidenta de la JAC, recordando que no pudieron hacer nada contra la represa que les quitó el acceso al líquido. “Va a ser agua tratada, va a cambiar nuestro bienestar”, agregó. Según las cláusulas del contrato, las obras se deben entregar en septiembre de este año.
Finalmente, la autoridad municipal le precisó a Consonante que la construcción del acueducto que ejecuta la empresa regional de servicios públicos Sur Azul en el corregimiento de Veracruz presenta un avance del 98 por ciento. Sin embargo, esta obra tiene una mora de entrega de varios años.
“Somos un poblado con un potencial agrícola y ganadero impresionante, y hemos querido compartirlo con el mundo”, dice Jhony Gustavo Molina, representante legal del Consejo Comunitario Pedro Manuel Molina, entre las calles de Veracruz. El líder señala que ese potencial se ha visto limitado para las cerca de 62 familias del corregimiento por la falta de agua.
La obra se asignó en la administración de Álvaro José Díaz Guerra (2020-2023), cuando la Alcaldía firmó un convenio interadministrativo por más de $870 millones con Sur Azul —hoy representada por Hearneldo José Brito Plata— para que en menos de un año el proyecto fuera una realidad. La construcción quedó en manos de un consorcio elegido por la empresa de servicios públicos, pero pasaron los años y a las familias de Veracruz les incumplieron. Además, al contrato se le adicionaron $300 millones de pesos después de que la comunidad frenara las obras y protestara para que se ampliara la red de distribución, más acometidas domiciliarias y el suministro de energía alternativa para el funcionamiento de la planta de tratamiento. Pero otras inconformidades no fueron escuchadas.
Aunque sobre los avances del actual proyecto la comunidad celebra tener un nuevo tanque elevado dado que el anterior estaba al borde del colapso, en otros aspectos sigue cuestionando algunos diseños del proyecto. Aseguran que la obra pudo ser más eficiente si se hubiera planteado captar agua del río Badillo, pero el proyecto se diseñó para seguir extrayendo agua subterránea —como lo hacía la comunidad antes de la obra— y procesar los minerales que lleva el líquido a través de una planta de tratamiento compacta.
A largo plazo, Molina considera inviable y costosa esta obra para la comunidad, considerando el precio de los químicos que demanda para la purificación y el mantenimiento técnico de la maquinaria. “Cuando se dañe un equipo de esos, la comunidad no va a tener el sustento para comprarlo. Podrían llegar a costar 10 o 15 millones de pesos”, señaló el líder.
El pasado 29 de diciembre, Sur Azul presentó una nueva solicitud de prórroga al convenio, señalando que “el hostigamiento por grupos al margen de la ley en el municipio de Villanueva y en el corregimiento de Veracruz continúa, razón por la cual el personal necesario no ve viable el desplazamiento a los sitios de trabajo por miedo a represalias de estos grupos y para salvaguardar su integridad física”, se lee en el oficio.
La administración municipal le concedió la prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio de 2026. Con esta nueva adenda la obra cumpliría tres años de ejecución, cuando inicialmente se habían pactado sólo siete meses.
Más agua, desde Cañaverales a La Junta
Aunque en su respuesta la Alcaldía no relacionó más proyectos en desarrollo encaminados a garantizar el acceso al agua a la población del municipio, Consonante consultó la base de contratación estatal y pudo identificar otras obras.
Como se realizó en el corregimiento de Zambrano, desde el pasado 7 de noviembre se dio inicio a la construcción de la línea que conectará el acueducto municipal hacia los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao. El proyecto quedó en manos del Consorcio Ageo219, representado legalmente por Jhon Erik Gámez González. En el contrato, Esepgua destinó más de $24.745 millones de pesos y estableció el término de un año para concluir el proyecto.
La Junta, La Peña y Curazao no solo comparten la pasión por la música, las artesanías y la naturaleza, sino también la escasez de agua. La entidad departamental reconoce en documentos de estudio del proyecto que el servicio se ha prestado a través de un sistema de acueducto precario y obsoleto.
El río Santo Tomás, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, es la fuente principal de agua de este sistema, pero en época de invierno solo permite suministrar agua a los hogares por cuatro horas al día, mientras que su caudal se reduce drásticamente en épocas de verano, dejando a la comunidad sin acceso a este recurso vital durante todo ese periodo. El abastecimiento de la población se realiza durante estos meses a través de carrotanques enviados por el municipio de San Juan del Cesar, con una dotación de 500 litros por vivienda una vez a la semana —a veces menos—; o a través de la venta de agua que terceros captan de acuíferos sin procesar.
La infraestructura del actual acueducto, con más de 50 años de antigüedad y que no realiza ningún tipo de tratamiento al agua captada, es insuficiente para garantizar una prestación adecuada del servicio, afectando a un total de 2.455 habitantes en los tres corregimientos.
La situación empeora con el uso indiscriminado de 'turbinas' por parte de algunos habitantes para drenar la poca agua que queda, dejando a los más vulnerables sin acceso a este derecho básico. Más de diez años de lucha contra la escasez de agua han hecho que comunidades como Curazao vean con esperanza el proyecto, pero personas como Nidia Maestre son escépticas, cansadas de tantas promesas.
En la socialización que se realizó en ese corregimiento sobre el proyecto, se aseguró que este año comenzarán las excavaciones para instalar tubería y prestar un servicio ininterrumpido. “No creo que el servicio de agua sea permanente porque en Riohacha la colocan los viernes en la noche a las 10 de la noche y se va el lunes en la mañana o al mediodía, y otra vez a esperar. Decían que íbamos a tener las 24 horas y no es así”, explica Maestre, quien durante años ha vivido en la capital.
El otro proyecto que identificó este medio fue uno relacionado con los diseños para optimizar el acueducto y alcantarillado del corregimiento de Cañaverales por un valor cercano a los $39 millones de pesos y el cual concluyó a finales del año pasado. La Secretaría de Planeación del municipio otorgó la licitación al único proponente: la empresa Prosumad S.A.S., representada legalmente por Jorge Alberto Ariza Aragón. La empresa cumplió y en dos meses entregó los diseños del proyecto.
Con estos estudios, el municipio espera solucionar la deficiencia de la infraestructura actual de acueducto que no cumple con la capacidad suficiente para abastecer a la comunidad Cañaverales —que sigue en crecimiento— y mejorar la conducción de aguas residuales. “Sumado a esto, se busca evitar problemas de grandes estancamientos de agua como los que se evidenciaron en las pasadas olas invernales”, señaló la alcaldía al preparar el proyecto. Sin embargo, no hay anuncios de la entidad sobre la construcción de la obra.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de Cañaverales, Yemerson Gámez Gámez, señaló que, hasta el momento, la comunidad no tiene conocimiento de las conclusiones de estos estudios y la viabilidad para avanzar en la construcción de la obra. Según les explicaron, el proceso requiere una serie de trámites que están en curso.
“Espero que se realice lo más pronto posible este proyecto ya que lo necesitamos con urgencia y que se haga la inversión que se necesita para que el proyecto sea un éxito y podamos disfrutarlo”, señaló Gámez. Las familias de Cañaverales se abastecen de un importante manantial, por encima del deficiente acueducto que tienen actualmente.
“El sistema de alcantarillado presenta problemas frecuentes de taponamientos y desbordes en los puntos de conexión —explica el presidente de la JAC—. Afortunadamente, disponemos de un motor para bombear la tubería y eliminar así sedimentos, raíces o aire acumulado”. El mantenimiento de la infraestructura es realizado por la propia comunidad. Cada hogar da una cuota de acuerdo a sus posibilidades para adquirir tubos, adhesivos y demás materiales necesarios.
La administración municipal le señaló a Consonante que San Juan del Cesar enfrenta grandes retos para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico por su dependencia de fuentes externas de financiación —departamental y nacional—, y el aumento de la población rural.
