La Alcaldía municipal convocó a un diálogo ciudadano para encontrar soluciones sobre el uso del mercado campesino el sábado 24 de junio. En frente de la estructura y en plena mañana de compras, la administración instaló una carpa en la que recogieron las preocupaciones de la ciudadanía frente a los vendedores que actualmente se ubican a las afueras del mercado.

Al evento fueron invitados líderes de la Asociación Única de Campesinos (Anuc) que recientemente iniciaron conversaciones con la alcaldía de Hamilton García para recuperar el mercado que prestaron a la administración municipal hace ocho años. Con esto buscan poner fin a uno de los problemas más grandes que enfrentan los agricultores y productores locales: no tener dónde vender su mercancía. 

El mercado campesino, que se construyó hace más de 40 años para que los productores pudieran vender sus cosechas los fines de semana, está ocupado actualmente por los comerciantes que ocupaban el mercado público de Fonseca, quienes también piden garantías para no quedar a la deriva.

Al evento fueron convocados también campesinos de las zonas rurales y comerciantes del mercado municipal, sin embargo la idea ha generado tensión en el gremio. Muchas organizaciones campesinas rurales no se sienten representadas por la Anuc, consideran que no las han tenido en cuenta en este proceso y aseguran que en el medio hay intereses políticos

¿Qué pasó con el mercado?

El mercado campesino fue construido con recursos públicos hace más de 40 años  y pertenece al municipio. Tiene 29 locales, un centro de acopio, una sala de reuniones, dos oficinas y una cafetería. Sin embargo, los campesinos de Fonseca no utilizan esta sede desde hace casi 12 años. 

Entre el 2003 y el 2012 la oleada de inseguridad y conflicto obligó a muchos de ellos a desplazarse, incluso, decidieron no volver más al mercado después de que, según dicen en el pueblo, los paramilitares mataran y amenazaran a varios líderes del gremio. La estructura duró cuatro años prácticamente abandonada, hasta que en 2016 la organización Abriendo Campo, que tenía el lugar en comodato, cedió el edificio en préstamo al alcalde Misael Vélasquez. Una decisión que dividió a los campesinos.

En ese momento el alcalde Velásquez vendió el lote donde estaba el mercado municipal a los Char para inaugurar un supermercado Olímpica. El acuerdo con los campesinos fue que el alcalde usaría la estructura como un lugar de paso para los comerciantes que estaban en el mercado municipal. Con el dinero de la compra conseguiría un lote para construir una nueva plaza de mercado y devolver el mercado a los campesinos, pero eso nunca pasó. Hasta el momento, la edificación sigue ocupada por los comerciantes y diferentes vendedores que se han apropiado, incluso, del espacio público.

Las consecuencias de no tener dónde vender

Varios agricultores de las veredas Puerto López, Marimondas, Las Colonias y Las Bendiciones, del corregimiento de Conejo, no han tenido más opción que vender sus productos en otras ciudades con plazas de mercado. Algunos van a Barrancas, a 15 minutos de Fonseca, donde funciona un mercado campesino todos los viernes en la plaza principal. Y otros, como Jairo Barajas, llevan sus productos a otras plazas de ciudades intermedias como Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha y Maicao, pero los costos de transporte son demasiado altos. 

Según Jairo, por ejemplo, un viaje de 400 canastillas de tomate de Fonseca a Barranquilla cuesta entre 800.000 y un millón de pesos, por lo que, junto a otros gastos de la cosecha, no termina siendo rentable. “Acabo de terminar un cultivo de tomate en el que perdí más de 30 millones de pesos. Hubo buena producción pero no hubo venta. Lo que ofrecían solo daba para pagar la recolección, por eso dejé perder más de mil canastillas, porque me daba más dejarlo perder que agarrarlo”, cuenta Jairo.

A Yurleixis Gámez, campesina de Puerto López, le sucede algo similar. Yurleixis cultiva malanga, fique, lulo y varias hortalizas. Aunque tiene un contrato con una empresa que le asegura la compra de algunos de sus productos, con el resto muchas veces pierde ganancias vendiendo a los comerciantes que actualmente están ubicados en el mercado público  o yendo a otros municipios.

“Esto es una lucha porque aquí no hay liga de precios y viene mucha mercancía de otros departamentos a vender mucho más barato. En el mercado ellos no le abren a uno un espacio, sino que toca revenderle a ellos a precios más bajos. O ir a Barrancas o San Juan”, dice Yurleixis. Según la productora, un bulto de malanga podría venderse en 45.000 pesos, pero en estos lugares le toca venderlo a hasta en 20.000 pesos.

Otros campesinos están a merced de los intermediarios que son los que terminan teniendo mayores ganancias. "Tenemos que valernos de los intermediarios porque no hay dónde llegar con el producto. Y con eso uno deja de ganar, porque si vendiéramos directamente a consumidores, sería más barato para el consumidor y uno como productor ganaría más", cuenta Edison Marulanda, productor de pollo y pescado de la vereda El Hatico, y fiscal de la Anuc.

Otra de las soluciones que han encontrado es moverse por las plazoletas de los diferentes barrios del municipio. Pero esto no les garantiza las ventas y suele ser un proceso muy rudimentario.

Opiniones encontradas

Esta iniciativa de los dirigentes del Anuc ha generado, nuevamente, divisiones entre muchos de los campesinos. Algunos ven con buenos ojos estas conversaciones con la alcaldía “Hay que recuperarlo porque es un deber, es un derecho ganado con tanta lucha desde hace 40 años. Hemos hecho comisiones con campesinos que vienen desde las veredas a hablar del tema con el alcalde”, cuenta Leoncio Torres, líder de la iniciativa y Vocal de la Anuc.

Aunque todos están de acuerdo en que los campesinos necesitan dónde vender sus productos, hay otros productores que no se sienten parte del proceso, asegurando incluso que en la mitad hay intereses políticos. “Conocemos que se hizo una mesa técnica con una organización campesina en el municipio y con el ente gubernamental y ellos coartaron los derechos de participación directa en el área de comercialización para que no tuvieran acceso a los campesinos como tal  a la organización interna del mercado local”, dice Yurleixis Gámez, quien también es líder de desarrollo rural del municipio y representa organizaciones campesinas rurales.

Cuenta que en el proceso se han incluido principalmente personas con tinte político. “Son alrededor de 75 asociaciones internas en territorio rural que actualmente no se identifican con la Anuc ya que dentro del territorio se hizo una monopolización política, es decir, que aquí actualmente el gobierno local es quien coordina las acciones de Anuc y restringe el derecho de participación directa de los campesinos”, agrega la líder.

Lo que sigue

Esta nueva iniciativa de la alcaldía para reformar el mercado tiene apoyo de la embajada Suiza y el programa Foincide, un proyecto de la cooperación internacional sueca. Según Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno del municipio, los recursos que reciban serían invertidos en la adecuación del mercado campesino que actualmente no cuenta con los requerimientos de salubridad, mientras se resuelve el tema de fondo. “La idea es adecuar para que los vendedores ingresen a las instalaciones y vendan productos aptos para el consumo humano y a la vez, se libere el espacio público y la movilidad”, comenta el secretario.  Sin embargo, no está claro en caso de adecuar la estructura, quiénes ocuparán los locales: comerciantes o campesinos.

Mientras tanto, los líderes campesinos que no se sienten parte del proceso, piden una reestructuración de la mesa técnica de desarrollo rural del municipio. “Que realmente se implemente la política de atención rural para que desde ahí se coordinen las acciones de intervención comercial y las otras que puedan llevar a la administración de ese espacio de venta que tienen los campesinos y que es ancestral”, solicita Yurlexis. Así como la reestructuración de la junta directiva de la Anuc.

A finales de mayo, Aurora Vergara, ministra de Educación, firmó un decreto con el que autorizó que las asociaciones de padres de familia (APF) o las juntas de acción comunal (JAC), de las zonas rurales dispersas del país, operen el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en su área de influencia. Este es uno de los primeros pasos que ha tomado el Gobierno nacional para cumplir con una de las promesas del presidente Gustavo Petro: mejorar el servicio de alimentación escolar en las regiones.

A pesar de que ha pasado casi un mes desde la firma del documento, aún hay varias dudas sobre cómo funcionará el modelo. Entre los representantes y miembros de las juntas hay poca información. Pocos saben que el proyecto piloto empezó en el segundo semestre de 2022 en Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Arauca y Norte de Santander. Varios presidentes de juntas de las zonas rurales del Chocó y La Guajira anticipan varios retos para llevar a la realidad este nuevo modelo. A continuación, Consonante le explica qué se sabe de este asunto, cómo funcionará esta nueva forma de contratación y cuáles son las preocupaciones de la gente.

1. ¿Cómo funciona el proceso de contratación?

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar, determina el monto de los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar en cada entidad territorial certificada en educación. Luego, las alcaldías abren un proceso de licitación pública para que los posibles operadores se presenten, o en el caso del PAE indígena, contratan directamente con la comunidad. Este proceso debe ocurrir todos los años entre diciembre y febrero (antes del inicio de clases del calendario A), pero suele sufrir retrasos. Adicionalmente, en los últimos años se han hecho frecuentes las denuncias públicas sobre asuntos que van desde redes de corrupción, mala calidad de los alimentos o raciones que no cumplen con los requisitos nutricionales de los estudiantes. 

Ahora, el nuevo decreto abre la puerta a que esta contratación sea más directa y sean las rectoras y rectores los encargados de contratar a los operadores, quienes deberán estar constituidos como JAC o APF. Así las cosas, el Ministerio transferirá los recursos asignados a cada municipio (o departamento en el caso de los municipios que no estén certificados) y estos, a su vez, los transferirán a las cuentas de las instituciones educativas, llamadas formalmente fondos de servicios educativos.

Las juntas y las asociaciones contratadas deberán cumplir las mismas funciones que cualquier otro operador. Según la norma, las juntas también podrán subcontratar a los padres de familia de la zona para que sean ellos quienes presten el servicio. De cualquier manera, los operadores comunitarios deben cumplir con las normas sanitarias del Ministerio de la Salud y Protección Social (si desea consultarlas, puede ingresar acá). 

Sin embargo, los municipios y departamentos seguirán siendo los encargados de planear la contratación. Esto resulta problemático pues a pesar de que el Gobierno afirma que esto se debe hacer con suficiente anticipación para que el servicio de alimentación escolar se preste desde el primer día y sin interrupciones durante todo el calendario escolar, la realidad es que en varios municipios este proceso se retrasa. Inclusive, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa) del Ministerio de Educación Nacional define y publica con antelación un valor de referencia de los recursos que le asignará a la entidad territorial para que se pueda hacer la proyección de los recursos para el año siguiente.

2. ¿Cuándo entra en vigencia esta medida? ¿Será para todo el país?

Según Juan David Vélez, subdirector de la Uapa, esta alternativa sólo está vigente en las regiones definidas para el plan piloto: Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, Arauca y Norte de Santander. Pero, explica que más adelante la aplicación será gradual en las instituciones educativas de las zonas rurales dispersas del país que manifiesten interés en participar. Sin embargo, no hay estipulada una fecha, ni un listado de los municipios en los que se aplicará la nueva modalidad. 

Vélez explica que las JAC y APF que quieran operar el PAE, deben estar formalizadas y bancarizadas. Es decir, deben tener las actas de elección de dignatarios, personería jurídica, registro único tributario actualizado (RUT), Registro Único Comunal (RUC), actas de las comisiones de conciliación empresarial, libros registrados y con información actualizada, actas de inventario, movimientos contables, libro de registro actualizado para el ingreso de los afiliados al Ministerio del Interior y cuenta bancaria.

Así como atender las formalidades que se le exija por parte de los Fondos de Servicios Educativos para la suscripción del contrato o convenio correspondiente.

3. ¿Quién vigilará que el servicio de alimentación que se preste cumpla con las normas?

La vigilancia seguirá a cargo de las entidades territoriales certificadas que deberán programar visitas de inspección. Es decir, las gobernaciones y/o alcaldías. Sin embargo, Vélez afirma que la Uapa definirá un protocolo e instrumentos de verificación para que sean utilizados durante estas revisiones. Pero esto aún no se ha hecho.

Al mismo tiempo, el rector o rectora deberá coordinar con estas entidades para garantizar que exista una instancia independiente y objetiva en la institución educativa que pueda ejercer el rol de control social y vigilar que: no se efectúen pagos asociados por complementos no preparados o no servidos a los beneficiarios y garantizar la calidad de los alimentos.

Según Vélez, la Unidad fortalecerá el Comité de Alimentación Escolar (CAE) presente en cada institución para que sirva como un mecanismo de control social. También pedirán audiencias periódicas de rendición de cuentas.

4. ¿Qué sucede en aquellos lugares donde no hay juntas de acción comunal o asociaciones de padres de familia?

En los lugares donde no hay JAC o Asociaciones con las que pueda contratar la institución educativa, el PAE seguirá funcionado como lo ha hecho hasta ahora, así lo asegura Juan David Vélez. En Tadó, por ejemplo, actualmente no hay ninguna Junta de Acción Comunal en la zona rural por una vieja disputa con los Consejos Comunitarios Afro. Y el PAE, urbano y rural, lo maneja una misma fundación. 

Sin embargo, según la UApA, en el marco del Conpes 4086 de 2022-2024, se adelanta un ejercicio de caracterización de la alimentación escolar de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para que sean las mismas organizaciones colectivas las encargadas de la operación en sus territorios.

En instituciones que atienden mayoritariamente población indígena, o están en territorio indígena, los operadores del PAE seguirán siendo los Cabildos indígenas y sus autoridades tradicionales, a no ser que la comunidad manifieste el interés por cambiar la modalidad.

En el caso de que haya JAC y Consejos comunitarios, o JAC dentro del territorio indígena, la comunidad deberá concertar quién podría ser el operador en esta nueva modalidad.

5. ¿Era necesario hacer este cambio?

Las irregularidades del servicio de alimentación escolar son conocidas. En Tadó y El Carmen de Atrato, por ejemplo, este programa se ha suspendido al menos cuatro veces en los últimos 13 meses: en febrero, agosto y septiembre de 2022. y marzo de 2023. A esto se le suman las denuncias porque algunos alimentos que se les brindan a los estudiantes no responden al contexto cultural o porque el menú y las porciones de comida entregadas no corresponden a lo estipulado y terminan siendo insuficientes.

Según Juan David Vélez, esta nueva modalidad de contratación busca resolver los problemas logísticos del transporte de la alimentación hasta las zonas rurales más apartadas y, con eso, garantizar alimentos de mejor calidad, más pertinentes para el contexto geográfico y un servicio más constante. “Ya no estamos buscando operar a través de estos operadores que llevan los alimentos desde los centros urbanos, sino que el nuevo modelo busca incentivar las compras dentro de las mismas veredas de las sedes educativas”, asegura Vélez. Es decir, esta alternativa también pretende dinamizar la producción local.

Además, el Gobierno nacional también espera que con la inclusión de los padres de familia en el proceso se solucionarán las quejas por las raciones pequeñas y la calidad de los alimentos, pues estos se preocuparán más por el alimento que reciban sus hijos. “La lógica nos dice que nadie se preocupa más por la alimentación de sus hijos que los mismos padres, entonces ahora que los padres de familia participarán de manera activa ya sea cocinando, o como veedores, podemos garantizar una mejor calidad”, agrega Vélez. Sin embargo, esta nueva modalidad no aumentaría necesariamente el presupuesto, por lo que no está claro cómo podrían aumentar las raciones por plato.

6. ¿Cuáles son las críticas?

El anuncio de la Ministra ha generado opiniones encontradas. Hay quienes ponen en duda las capacidades de las JAC o APF para la operación del servicio. Sobre todo, argumentan falta de experiencia en manipulación de alimentos.

Sin embargo, los presidentes de varias JAC consultados por Consonante aseguraron que actualmente en las instituciones hay madres de familia de los estudiantes prestando este tipo de servicios, por lo ya tienen experiencia. “En la manipulación de alimentos ya hay gente de la comunidad que participa en este proceso. Porque nosotros actualmente le exigimos a la Fundación que viene (al operador) que contrate gente de la comunidad, tenemos gente capacitada para eso”, dice Carlos Caicedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Confuso, en Fonseca.

7. ¿Tienen las comunidades capacidad para manejar los recursos del PAE?

Otro de los puntos que preocupa a los especialistas es la capacidad de las JAC para manejar los millonarios recursos que mueve el PAE a nivel nacional. Sin embargo, las sumas de dinero que llegarán a las JAC o las APF no son tan altas. Según cálculos de la Uapa, serían aproximadamente dos salarios mínimos al mes, y al año, 773 millones de pesos.

Esto porque la prestación del servicio no será para todas las instituciones del municipio, como lo hacen actualmente los operadores, sino para la institución educativa que esté en su territorio. Un volumen que según Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, ya han manejado antes. 

“Vamos a manejar solo lo que tiene que ver con la escuela rural. En una escuela hay pocos estudiantes. Nosotros como acción comunal inicialmente éramos los que manteníamos la alimentación en los centros poblados, por ejemplo, cuando se creó el Programa las madres comunitarias en Colombia, o ahora con las ollas comunitarias. Ya hemos trabajado esas cantidades”, cuenta Mosquera.

8. ¿Cuáles son las preocupaciones de los presidentes de las JAC?

Los presidentes piden al gobierno capacitaciones para contratar con el Estado, así como aprender a formular y ejecutar un proyecto. “Es algo nuevo, no podemos echar mentiras. Contratar con el Estado es bastante delicado y necesitamos capacitación en lo que se refiere a documentaciones”, comenta Carlos Caicedo.

“Muchos tenemos miedo a contratar y equivocarnos.No queremos perjudicar a la Junta de Acción Comunal, ni a la comunidad, por eso solicitamos capacitaciones”, confiesa Jhon Guerra, presidente de Asojuntas Rural del municipio de Fonseca.

Otro de los retos para contratar es estar legalizados, algo que muchas juntas no han logrado. Según Ceferino Mosquera, en el país hay más de 43.000 JAC rurales y urbanas legalizadas. Sin embargo, aún faltan por lo menos 22.000 más. 

“Nos hacen falta los requisitos que tienen desde el Ministerio del Interior para que podamos participar en convocatorias, porque uno ve que ahora sí las más grandes, las que lograron organizarse, consiguieron apoyo y se pudieron organizar, van a lograr contrataciones, pero nosotros no hemos podido”, dice Sandra Noriega, expresidenta de JAC de Pondores, en Fonseca.

Lo mismo pasa en Tadó; de las nueve juntas que hay, solamente tres están legalizadas. Las otras seis están en un proceso que no ha sido fácil. Desde el 2022 intentan reunir los documentos, pero denuncian que hay un “cuello de botella” en entidades como la Dian. “La dificultad es que no se ha podido conseguir el RUT en la Dian, y sin eso no se termina el proceso de legalización. Lo he escuchado en otros municipios también, la plataforma de la Dian generalmente está caída, por eso estamos optando por ir a Quibdó. Pero ha sido imposible”, dice Adonice Copete, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en Tadó.

Otras juntas, aunque están legalizadas, no tienen cuentas bancarias. Por ejemplo, las 28 juntas de acción comunal rurales de Fonseca apenas están en proceso de bancarización.

Otra de las preocupaciones es la corrupción. “Los que han venido manejando el PAE hoy quieren ofrecerle a las Juntas opciones de “apoyo” porque no quieren perder lo que vienen haciendo. Pero nosotros estamos claros con que no podemos dejarnos infiltrar de esas personas que han venido haciendo tanto daño a la alimentación escolar”, explica Ceferino Mosquera.

9. ¿Los integrantes de las JAC o de las Asociaciones van a recibir capacitación y pago?

De acuerdo con el subdirector de la Uapa, la Unidad tiene programadas capacitaciones en convenio con el Sena en los municipios incluidos en el plan piloto en temas administrativos, técnicos, financieros y de manipulación de alimentos. 

En el proceso, las manipuladoras de alimentos, o quienes sean contratados, deben recibir todos los pagos legales. Sin embargo, a nivel de organización, las JAC o APF no recibirán ningún beneficio. “Lo que nosotros buscamos es que las JAC administren el recurso como un operador más, si ellos logran eficiencias manteniendo las calidades, podrían llegar a tener (ganancias), pero estas son entidades sin ánimo de lucro, por lo que el beneficio va más orientado un buen servicio para la comunidad, que es para lo que fueron creadas”, explica Vélez.

10. ¿Cómo evitar que haya corrupción o se politicen estas organizaciones populares?
Andrés Hernández, director de Transparencia Colombia, una organización civil que le hace seguimiento a los recursos públicos, recomienda:

1. Que el Gobierno determine de manera muy clara cuáles serán los criterios para elegir los actores sociales que van a contratar. Una tarea que todavía está pendiente.
   
   “El gobierno tiene que dar los criterios para garantizar que esos actores realmente son de la economía popular, para evitar que esta sea una figura que pueda ser capturada por otros actores interesados en la contratación, por aquellos carteles o  redes de de contratistas que sabemos que existen en el país”, asegura el experto.

2. Total transparencia y apertura sobre la contratación para que cualquier persona que desee hacer veeduría, pueda hacerlo. “Todos los contratos deben estar publicados en Secop, deben ser accesibles para cualquiera que quiera ejercer control social, así como cumplir todos los requerimientos de la contratación pública, como la experiencia del contratista”, agrega Hernández.

3. Establecer procesos de seguimiento e interventoría.

Pedro Elí Pérez se fue de Fonseca hace más de diez años. En 2011, viajó hasta Ocaña, Norte de Santander, a estudiar tecnología agropecuaria en la Universidad Francisco de Paula Santander. Dos años después regresó a su pueblo a hacer las prácticas en el desaparecido Centro Ranchería. Su plan de vida siempre fue regresar. “Tengo que brindarle algo a mi pueblo”, decía. Pero al terminar sus prácticas no logró encontrar trabajo entonces decidió continuar estudiando. Volvió a Ocaña y estudió Ingeniería ambiental en la misma universidad. Se graduó e hizo sus prácticas en 2018. Ya como profesional volvió a enviar su hoja de vida a varias bolsas de empleo virtuales, y entregó copias físicas en las sedes de varias empresas de Fonseca como el Instituto Colombiano Agropecuario o el Cerrejón, pero tampoco obtuvo respuestas. 

En el 2021 terminó otro curso sobre formulación de proyectos, esta vez en el Sena, con la esperanza de poder conseguir trabajo ahí mismo, pero no lo logró. Ese año decidió irse. Pasó por Curumaní y Aguachica, en el Cesar, y San Roque, en el sur del Bolívar, pero terminó de nuevo en Norte Santander trabajando como docente de biología y química. Así logró ahorrar lo suficiente para montar un restaurante en Fonseca, que ahora administra a sus 33 años.

El caso de Pedro Elí se repite cientos de veces en Fonseca. La última publicación sobre el panorama laboral en el municipio fue realizada en 2010 por la Universidad de La Guajira para la secretaría departamental de Desarrollo Económico. Según este estudio, cerca de 9.768 personas, de un total de 36.447, no tenían un trabajo estable. Es decir, cerca de tres de cada 10 fonsequeros no tenían un trabajo formal al momento de la investigación.

Otras cifras más recientes permiten inferir que poco ha cambiado desde entonces. Por ejemplo, según datos entregados por la Universidad de La Guajira a Consonante, de 120 estudiantes que se gradúan en promedio cada año, en el municipio, solamente el 32 por ciento consigue ubicarse durante los primeros dos años de graduados. Esta institución ofrece actualmente dos carreras profesionales y una técnica en Fonseca: Ingeniería ambiental, Trabajo Social y Gestión de comercio internacional. 

Varios jóvenes consultados por Consonante coinciden en que es muy difícil conseguir un trabajo formal y bien remunerado. Especialmente, uno que vaya en línea con su preparación académica o técnica. Y ante esa situación, dicen, es mejor probar suerte en otro lugar. 

Pocas opciones laborales por fuera de la minería y la alcaldía municipal

En Fonseca las principales fuentes de empleo son la mina El Cerrejón, el Hospital San Agustín y la Alcaldía. Estas plazas las disputan, según un informe socioeconómico publicado por la cámara de comercio de La Guajira en 2022, 31.698 personas en edad de trabajar, es decir,  mayores de 15 años.

El Cerrejón, según un comunicado publicado por la empresa en 2021, genera más de 11.000 empleos en todo el departamento, entre trabajadores directos y contratistas, de los que más del 60 por ciento son guajiros. Sin embargo, las plazas de trabajo disponibles suelen ser codiciadas por trabajadores de los nueve municipios del sur de La Guajira y hasta Valledupar.  Por lo que las opciones para los fonsequeros se reducen. 

A esto se le suma que según el portal de Elempleo, la  fuerza laboral directa de El Cerrejón está integrada en un 83 por ciento por personal técnico y 17 por ciento profesionales.  Ante este panorama, Samuel Zambrano, docente investigador en el área de mercados fronterizos, negocios internacionales, comercio exterior e internacionalización empresarial de la Universidad de La Guajira, agrega que los puestos que requieren preparación profesional no suelen ser ocupados por personas del departamento. “Estas multinacionales prefieren contratar a personas que no son profesionales para hacer un trabajo específico y técnico. Al profesional en Ingeniería de Minas, por ejemplo, no lo necesitan porque para esa labor ya tienen personas que no son del departamento”, asegura Zambrano.

En la Alcaldía, hay pocos empleos directos. “Aquí (en la alcaldía) solamente hay 16 cargos más el alcalde, eso es lo que podemos ofrecer”, dice Eder Huguez, secretario de Gobierno. Sin embargo, la mayoría de los contratos del ente territorial son  de prestación de servicios. Según Elmis Robles, profesional de apoyo en el área contable en la oficina de talento humano de la alcaldía, actualmente hay 21 puestos de planta y 92 empleos de prestación de servicios.

En menor medida está el sector agro y la manufactura, que está compuesto por pequeñas y medianas empresas que no necesariamente buscan conocimientos especializados.  “Para la manufactura necesitan personas que solamente aplican para algunas actividades básicas y no actividades especializadas, porque es una empresa básica, una empresa que es para el diario vivir, para generar pocos ingresos y que no necesita ningún tecnicismo”, dice Zambrano.

En esta situación se ve reflejado Pedro, quien en varias ocasiones ha intentado acceder a un trabajo en la mina y otras empresas. “Hay puestos en Postobón y Coca-Cola pero de repartidor o vendedor puerta a puerta. O como cajero en el Ara o el D1. O en la mina manejando un tractor y mecánico soldador. Pero no hay una fuente de empleo con la que puedas vivir bien, que te ayude a ahorrar y crecer económicamente. En La Guajira no hay empleo”, opina el joven.

En Fonseca, según un informe empresarial de la cámara de comercio de La Guajira de 2020, hay 1.363 empresas. De esa cantidad, solamente hay dos empresas grandes, es decir, que según su nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales, superan entre los 20 mil y 91 mil millones de pesos al año dependiendo del sector (manufactura, servicios y comercio). Seis empresas medianas y 16 pequeñas. En contraste, hay 1.339 microempresas, en su mayoría dedicadas al comercio al por mayor y menor.

Esta ausencia de grandes empresas, que se traduce en la poca oferta laboral, es consecuencia de la falta de inversión en el municipio. “En ciudades capitales uno vincularía que la dificultad de conseguir empleo está relacionada con la falta preparación para el trabajo de los jóvenes, o sea que hay empresas que necesitan trabajadores y que los trabajadores no reúnen los perfiles. Pero aquí (en Fonseca) el problema es que ni siquiera hay demanda porque no hay inversiones. Entonces los que necesitan trabajar se dedican al trabajo de subsistencia”, explica Juan Perilla, director del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe colombiano.

Para Perilla, lo preocupante de este panorama es que trasciende los límites del departamento de La Guajira. “Los jóvenes concursan por los pocos empleos locales que hay, se dedican a algún tipo de emprendimiento o se van donde les aparezcan mejores oportunidades. Muchachos brillantes que logran sobresalir en alguna profesión se van para Riohacha, Barranquilla, Cartagena o la capital, y esto es un fenómeno recurrente, no es un problema solo de Fonseca, sino de muchos municipios en el país”, dice.

La palanca le gana a la preparación

Varias fuentes consultadas por Consonante coinciden en que los pocos puestos de trabajo que ofrece el sector público suelen quedar en manos de los amigos, familiares o simpatizantes del mandatario de turno.

Para Yanis Mirleth Manjarrez, licenciada en Pedagogía Infantil del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) de San Juan del César, esta situación es evidente.  Tiene 35 años y nació en San Juan del César, pero vive desde hace dieciséis en Fonseca.

Yanis tiene nueve años de experiencia laboral como docente y 14 en otros cargos del sector educativo. Ha trabajado con organizaciones internacionales como monitora de campo para ayudas humanitarias con migrantes venezolanos. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, actualmente está desempleada. Para ella, la influencia de las amistades es evidente en el sector público. “Yo gané el concurso pasado y aunque la Secretaría de Educación me llamó, fui a la entrevista e hice todo el proceso, me dijeron que no había una plaza donde me pudieran ubicar”, cuenta. “La verdad es que si no es por recomendaciones de personas allegadas a los políticos, no se puede conseguir nada”, agrega.

Para Pedro Elí la palanca se nota hasta en el sector privado. “Yo quería volver a Fonseca para aportar a la economía, pero en ese proceso me di cuenta de que si no tenía una recomendación de alguien influyente no era nada. Uno dice: ‘uff, tanto que estudié y me maté para nada’. Busqué la ayuda de personas o instituciones que quisieran apoyarme para montar un proyecto, pero siempre encontré negativas por no tener una persona que me apadrinara”, sostiene.

A los jóvenes que terminan la universidad y los programas técnicos les suelen pedir entre uno y cinco años de experiencia laboral a la hora de buscar su primer trabajo. En contraste, las prácticas sólo son de seis meses, por lo que muchos quedan en el limbo.

Ese es el caso de Luz Estela Caro Gonzáles. Tiene 28 años, y hace nueve se graduó como asistente administrativa del Centro Agroempresarial y Acuícola del Sena en Fonseca. Sin embargo, desde que salió del Sena no pudo conseguir un trabajo donde pudiera aplicar lo que estudió. Trabajó como vendedora de ropa en almacenes y de ventas por catálogo, y como mesera en restaurantes, hasta que decidió viajar al centro del país. Sin embargo, su suerte no mejoró. En Cajicá logró ejercer como asesora de ventas de una empresa de comunicaciones. “En el 2021 decidí viajar hacia la ciudad de Cajicá en busca de trabajo, pero por poca experiencia se me hizo difícil conseguir un puesto de acuerdo a mi perfil”, dice. 

Luz Estela, quien hoy es madre de dos niños de cinco y nueve años de edad, cuenta que escuchó la misma razón al ser rechazada en varios procesos de selección:  “No tienes suficiente experiencia laboral”. Eso le dijeron  cuando se postuló a un cargo en la Fundación de la Mujer y a otro en Bancolombia antes de irse del municipio. Luz Estela regresó a Fonseca hace un año, y desde entonces se dedica a vender postres de casa en casa para poder sostener económicamente a su familia. Dice que quiere conseguir el dinero para estudiar administración de empresas y montar su propio negocio. “Yo pienso que además de que Fonseca está muy poblada, hay muchas empresas que no contratan por la poca  experiencia laboral que tienen las personas recién graduadas. Más bien voy a estudiar otra vez para ver si esta vez tengo suerte de un buen trabajo”, dice Luz.

Luz Estela no es la única que tiene esta percepción. Yelenka Hernández, joven desempleada y profesional de Geología de la Universidad de Pamplona, coincide. “En el municipio hay pocas oportunidades para jóvenes y exigen muchos requisitos para obtener un primer trabajo”.

Sobre este tema, Aura Oliva Gómez, coordinadora de la agencia pública de empleo del Sena regional La Guajira, explica que aunque las empresas reciben incentivos por parte del Gobierno para contratar jóvenes entre 18 y 28 años, gracias a la ley del primer empleo, y las prácticas deben tenerse en cuenta como experiencia laboral, esto no se cumple en su cabalidad. La agencia ha tenido que mediar para que esta contratación se dé.

“Nosotros como agencia pública de empleo negociamos con las empresas el tema de la experiencia. Si encontramos una mano de obra muy buena que cumple con el perfil y le faltan dos o tres meses de experiencia, ellos están cediendo”, asegura Gómez. Sin embargo, no siempre se puede: “También hay que tener en cuenta el tipo de empleo, porque hay proyectos que por su envergadura requieren de personas que tengan un alto conocimiento y experiencia porque ponen en juego muchísimas cosas como son las infraestructuras o las maquinarias que utilizan”, agrega.

El resultado del éxodo

Que los jóvenes terminen yéndose del municipio no solo perjudica sus planes de vida sino que, según explica Perilla, lleva a que la economía y desarrollo del municipio se estanquen. “Nosotros a eso lo llamamos un círculo de pobreza. En las familias no hay vías de escape de esa situación. Las vías de escape son la capacitación, el mejoramiento de las oportunidades para las personas, su vinculación al mercado laboral y el incremento de los ingresos. Pero si las oportunidades para las familias son pocas, entonces los que se van educando buscan otros lugares donde les pueda ir mejor y el municipio sigue estancado aunque produzca profesionales universitarios o  con algún nivel de educación superior”, dice. 

Por otro lado, está la falta de seguridad económica que tienen los jóvenes que se dedican a empleos informales como el mototaxismo o la venta de postres de Luz Estela. El dinero que obtienen de este tipo de actividades no les alcanza para ahorrar para su futuro.  “En el largo plazo es un gran reto, puesto que un gran porcentaje de jóvenes hoy no está cotizando ni salud ni pensión. En unos 20 años esta carga laboral caerá en la población joven de ese momento que, al igual que la actual, enfrentará grandes desafíos en el mercado laboral”, afirma Roberto Luis Hernández, magíster en economía y docente de la Corporación Universitaria Latinoamericana con sede en Barranquilla.

Esta situación no se da solo en Fonseca. En la Guajira la mayoría del empleo es informal. Riohacha tiene la más alta tasa de informalidad del país. Entre enero y marzo de este año, el 67,3 por ciento de los ocupados en esta ciudad eran informales. Es decir, casi 7 de cada 10 personas con empleo pertenecían al sector informal de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Sin soluciones a la vista

En este contexto, el número de personas sin empleo en toda La Guajira continúa aumentando de acuerdo con las últimas cifras del Dane. En el último año la cantidad de ocupados pasó de 449 mil a cierre del 2021, a 414 mil a corte de 2022. Es decir, hubo una disminución de 36 mil puestos de trabajo.

La única opción que les quedó a Pedro, Yanis y Luz fue emprender. Pedro se dedicó a su restaurante de comidas rápidas, Yanis a la venta de productos de belleza por catálogo y Luz a vender postres puerta a puerta. Y aunque emprender es una opción que los expertos consideran viable, para el caso de Fonseca no es una tarea fácil: en el municipio son pocas las iniciativas que apoyan el emprendimiento. Existen algunos programas de apoyo a emprendedores como: el Fondo Emprender del Sena, el Fondo Mixto y capacitaciones de la Cámara de Comercio. Sin embargo, sus cupos son limitados y no ofrecen un acompañamiento desde el comienzo. 

Esto hace que estos emprendimientos no generen mayores ingresos ni puestos de trabajo, por lo que poco se distancia del trabajo informal. “El problema es que entre más pobres los municipios, como es el caso de Fonseca, los emprendimientos terminan siendo de subsistencia: el comercio de la señora que sale a la puerta de su casa y prepara unas arepas para vender y con eso resuelve los ingresos que necesita para el día, pero este emprendimiento es simplemente para subsistir” explica Juan Perilla.

Por su parte, la alcaldía municipal de Fonseca no tiene ningún programa o política de gobierno dirigido a fomentar el empleo de los jóvenes. Así lo confirmó Eder Huguez, secretario de Gobierno. La Cámara de Comercio tampoco ofrece ningún programa de empleabilidad en el municipio, solamente en Riohacha y Maicao. Las únicas opciones para encontrar trabajo son la bolsa de empleo de la Universidad de La Guajira y la agencia pública de empleo del Sena.

El 29 de abril, miles de familias en situación de pobreza estaban a la expectativa del primer pago de Renta Ciudadana, el nuevo programa de subsidios anunciado por el gobierno de Gustavo Petro desde su llegada a la presidencia. Sin embargo, dificultades con la actualización de datos en el Sisbén y algunos cambios en la manera en que se desembolsarían los pagos llevaron a que se retrasara el inicio de los pagos. A continuación, le explicamos la causa  de los inconvenientes de este nuevo paquete de subsidios. 

En pocas palabras, ¿qué es Renta Ciudadana?

Es una ayuda económica destinada a ayudar a las familias colombianas que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. La renta ciudadana es una de las apuestas centrales incluidas por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, que discutirá el Congreso de la República hasta el 7 de mayo. Su objetivo es mejorar y unificar otros programas de transferencias monetarias que ya existían como Familias en Acción con el fin de reducir los índices de pobreza y desnutrición infantil en todo el país. 

Mientras se aprueba el PND en el Congreso, el Departamento de Prosperidad social (DPS), la entidad encargada de este programa, empezó a implementar una primera etapa llamada “Tránsito a Renta Ciudadana”. Para este proceso de transición, el DPS está usando la base de datos de los beneficiarios del programa Familias en Acción.

¿Cuál es la diferencia con Familias en Acción?

Hay dos diferencias centrales: la renta ciudadana cubre una porción más amplia de la población. En total, abarca tres millones de familias (es decir, 1,4 millones de hogares más de los que tuvo Familias en Acción en la fase tres de operación). En segundo lugar, contempla entregar subsidios de mayor valor. Sin embargo, todavía no se conocen detalles sobre cómo se seleccionarán a los nuevos beneficiarios.

Para implementarlo, el gobierno invertirá más recursos. En entrevista con El Tiempo, Cielo Rusinque, la directora del DPS, aseguró que para el primer pago el Gobierno nacional destinó 796.435 millones de pesos, y para la propuesta completa de los próximos cuatro años solicitó siete billones de pesos, cinco billones más que el presupuesto de Familias en Acción.

Sin embargo, Natalia Galvis, especialista en Políticas Públicas y quien trabaja para una firma consultora en política social especializada en reducción de pobreza, advierte que todavía no se sabe si el presupuesto proyectado será suficiente. “Con los otros programas había más claridad sobre los desembolsos, ahora no las hay. Aún no conocemos en detalle muchas cosas, como el monto promedio por familia, y eso dificulta la estimación del costo por año. No hay un manual operativo que nos permita comprender el detalle de los giros”, advierte Galvis.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria?

Para este primer pago, los beneficiarios son los integrantes de las mismas familias que recibían, hasta el año pasado, el programa Familias Acción. Es decir, las personas que se inscribieron en la cuarta fase de Familias en Acción, en las convocatorias realizadas en 2021 y 2022, y las familias indígenas de la tercera fase de Familias en Acción que superaron los procesos de validación que aplica Prosperidad Social.

Además de tener los datos actualizados en el Sisben, los niños, niñas y adolescentes deben cumplir con estos compromisos de educación y salud:

1. Los niños y las niñas menores de seis años deben estar registrados en una IPS y contar con asistencia en cualquiera de las atenciones en salud para la primera infancia, de acuerdo con la ruta de atención integral vigente, establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
   
2. Tener asistencia al inicio del rango de edad del menor, antes de culminar el ciclo de verificación. La IPS debe reportar el cumplimiento en los periodos establecidos por el programa.
   
3. Estar matriculado/a en una Institución Educativa.
   
4. Cumplir con una asistencia del 80 por ciento de clases.

Para saber si una familia es beneficiaria, debe ingresar a la página de Prosperidad Social. Allí debe registrarse o, en caso de estar registrada, iniciar sesión y  hacer clic en la opción “Consultar giros y beneficios”. Allí aparecerá si es beneficiaria del programa.

¿Cuál es el valor del subsidio que recibe cada familia y cómo se determina?

No hay un valor fijo para todas las familias. La cantidad de dinero que se entrega depende de tres criterios: el nivel de priorización del municipio, el grupo del Sisben al que pertenece y la cantidad de niños, niñas y/o adolescentes que haya en el núcleo familiar. Lo mínimo que puede recibir una familia son 60 mil pesos cada dos meses y lo máximo, un millón.

El DPS priorizó 470 municipios, incluidos aquellos que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), de esta forma:

• Muy alta prioridad: 263 municipios con muy alta prevalencia de desnutrición infantil y alta incidencia de pobreza multidimensional

• Alta prioridad: 203 municipios con alta prevalencia de desnutrición infantil y municipios PDET que no quedaron en el grupo 1 (excepto Valledupar, Florencia y Santa Marta, que están clasificados como grupo 3, por ser grandes ciudades)
  
• Demás municipios: 639 municipios con una incidencia media o baja de prevalencia de desnutrición infantil

Por ejemplo: Una familia en Tadó, Chocó, que pertenezca al grupo A del Sisbén y tenga un niño o niña menor de seis años y otro en edad escolar (de 6 a 18 años), recibirá un millón de pesos cada dos meses. Mientras que, si la familia tiene un solo niño, niña o adolescente en edad escolar, recibirá 320.000 pesos bimestralmente. 

Para calcular cuánto recibiría puede consultar este enlace.

¿Cómo se recibe el dinero?

Rusinque anunció el 14 de abril que el operador encargado de entregar las transferencias de Renta Ciudadana sería el Banco Agrario. “La entidad financiera tiene 793 oficinas en todo el país y en 471 municipios el banco es la única entidad financiera presente. Tiene 115 oficinas extendidas o módulos de atención bancaria, llamadas Banco Agrario más Cerca. Con este modelo garantizará la entrega de los recursos en las plazas rurales y rurales dispersas”, dijo la directora en un comunicado.  Las modalidades planteadas fueron los giros por ventanilla y las transferencias a las personas que ya tenían cuenta en el banco.

¿Cuáles son las causas de los retrasos del primer pago?

• Cambios a última hora: A pesar de que la directora del DPS había anunciado el inicio desde el 29 de abril, el 27 de abril, dos días antes, en Tadó la coordinadora del programa Luz Yage aseguró que no habían recibido la instrucción de cómo iban a ser los pagos. Y no fue sino hasta un día antes, el viernes 28, que les notificaron que los giros ya no serían a través del Banco Agrario, como lo había anunciado Rusinque hace unas semanas, sino por Efecty. Lo mismo sucedió en Fonseca. “En mi municipio no empezó el 29 de abril. No teníamos definido qué entidad bancaria iba a pagar. Sabíamos que el operador es Banco Agrario pero no sabíamos de qué manera le iban a cancelar a las familias del municipio. Si era por el banco o por giros. Los preparativos para que este pago iniciara no se habían hecho”, aseguran desde la parte logística del subsidio en el municipio.
  
  A esto se suma que la implementación de este programa tuvo que hacerse inmediatamente después de haber desmontado el subsidio Ingreso Solidario en diciembre de 2022. Este programa beneficiaba a cuatro millones de familias con 160.000 pesos mensuales. En ese sentido, Galvis asegura que hay varios vacíos que el gobierno está intentando solucionar sobre la marcha. “Ingreso solidario tenía una cobertura cercana a los cuatro millones de hogares en pobreza y vulnerabilidad, y cuando el gobierno decidió no darle continuidad hizo que esas familias durante enero, febrero, marzo y abril, no tuvieran ningún tipo de asistencia para adquirir la canasta básica alimentaria”, dice Galvis.

• El Sisben está en proceso de transición: Estar inscrito en el Sisben es el primer requisito para acceder al subsidio, sin embargo, desde hace varios meses este sistema enfrenta un aumento en el volumen de trámites, demoras en sus tiempos de respuesta y, en general, un desbordamiento de sus capacidades, como lo contó Consonante en este artículo. Por este problema, se calcula que en un municipio como Fonseca unas 3.000 personas no podrán recibir este primer giro.
  
  Esto preocupa a los coordinadores, madres líderes y sobre todo, a los beneficiarios, que aseguran que los más afectados son las familias más necesitadas. “Es doloroso porque más de la mitad (de los potenciales beneficiarios) se encuentran en estado aplazado y suspendido lo que indica que no van a hacer uso de esos recursos que el gobierno tiene disponibles”, dice una de las trabajadoras del DPS en el municipio. Una situación similar se vive en otros lugares, donde también quedarán algunas personas por fuera. En San Juan del Cesar son cerca de 350 beneficiarios que no recibirán este primer giro, de 4.460 inscritos, y en Tadó, Chocó, más de 198 de un total de 1.887.

• Las oficinas del Sisben no dan abasto para actualizar la información: La única opción que les queda a las familias para cambiar su estado en el Sisbén y recibir el próximo giro en junio, es subsanar los problemas acercándose a las oficinas locales. Sin embargo, en Fonseca los funcionarios no alcanzan a atender todas las solicitudes: solamente revisan 70 casos por día, así que atender a 2.689 antes del siguiente corte para registrar las novedades y recibir el segundo subsidio, es prácticamente imposible. 
  
  “Las oficinas de Fonseca  no tienen la capacidad de atender a las familias durante el tiempo estipulado por Prosperidad Social para arreglar las novedades. En teoría ellos tienen hasta el 31 de diciembre para arreglar la situación con el Sisbén, pero se sabe que hasta que no se levanten las medidas de suspensión, hasta que ellos no solucionen sus inconvenientes, Prosperidad Social no les liquida ningún pago, entonces la gente quiere hacerlo lo más rápido posible. En todo el departamento hay cerca de 56 mil suspendidos”, cuenta una fuente del municipio.

Entonces, ¿qué sigue pendiente? 

• Los subsidios que se unificarán: aún no está claro cuáles son los subsidios que se van a unificar en el marco de la renta ciudadana. Los potenciales beneficiarios se preguntan, por ejemplo, si recibir la renta ciudadana hará que los integrantes de su familia no puedan recibir ‘Jóvenes en Acción’, o los adultos mayores el subsidio Colombia Mayor.

• El rol del Banco Agrario: No está claro por qué los giros se hicieron en algunos lugares a través de Efecty y cuál terminará siendo el papel del Banco Agrario, un banco que según Natalia Galvis, no tiene la capacidad técnica para atender a tantas personas. “Siento que es un error pasar de muchos operadores a un único operador. Al asignar a un único operador genera ineficiencias y sobrecostos y cualquier tipo de ineficiencias se terminan trasladando a los usuarios. Ya los usuarios tenían cuentas en Daviplata, Nequi, Movii, pero ahora es un reproceso. Ahora como único operador el Banco Agrario va a tener que subcontratar con ellos y eso implicará un costo tradicional, o tendrán que abrir otros productos financieros y el banco tiene poca capacidad tecnológica”, asegura Galvis.

• Los otros beneficios del programa: Según Cielo Rusinque, la apuesta que se está haciendo en el nuevo gobierno no es solamente entregar el subsidio, sino acompañarlo con una oferta institucional en materia de educación y empleo Pero aún no han dejado claro cuáles son las acciones específicas que pretenden hacer.

Ana Mindiola vive sola en su casa en el barrio Chapinero desde hace más de 50 años. A su casa llega mensualmente la factura de la energía eléctrica por 160.000 pesos. Ana fue una de las primeras habitantes del barrio a quien la empresa Air-e le cambió el contador antiguo por un nuevo medidor inteligente hace aproximadamente un mes. Esto, como parte de un proyecto de modernización de redes eléctricas en el sector que se inició a finales de febrero. Desde entonces, la principal preocupación de Ana es que se aumente el cobro de la factura de energía que recibe cada mes.

Otros habitantes de los barrios Chapinero, El Carmen, y Las Delicias comparten la angustia de Ana. Por este motivo, a finales de marzo varios decidieron impedir que funcionarios de Air-e continuaran instalando nuevos transformadores, postes, redes y contadores. “Tenemos pleno conocimiento de que en municipios como Palomino lo implementaron con la misma mentira de mejorar el servicio y las facturas son exageradas”, dice Rosalba Daza, habitante del barrio El Carmen. 

Rosalba Daza cita el caso de Palomino pues asegura que a la hora de empezar los trabajos en su barrio la empresa tampoco fue clara sobre los alcances del proyecto. Afirma que únicamente les comentaron que instalarían postes y transformadores para mejorar el servicio eléctrico, y no mencionaron el cambio de contadores. “Contrataron personas para visitar casa a casa a los usuarios y decirles que ese proyecto era para mejorar el servicio de energía en los barrios Las Delicias, Chapinero y el Carmen. En ningún momento hablaron de redes trenzadas ni de medidores inteligentes”, asegura. 

El proyecto

De acuerdo con una respuesta formal enviada por la empresa a Air-e a Consonante, el proyecto de Air-e consiste en instalar 33 transformadores, 157 postes, cerca de 12 kilómetros de redes nuevas de media y baja tensión, y nuevos contadores en los barrios Chapinero, El Carmen, y Las Delicias. En total, la empresa invertirá 1.117 millones de pesos de recursos propios para adelantarlo. El objetivo de esta intervención es “aumentar la capacidad energética para atender la demanda de los suministros comerciales, teniendo en cuenta que el sector actualmente cuenta solo con 10 transformadores”, afirma la compañía. En otras palabras, mejorar la infraestructura para poder prestar un mejor servicio. 

Según Air-e, el proyecto nació a raíz de una solicitud hecha por Álvaro Diaz Guerra, quien le pidió a la empresa que se instalara el servicio de energía en la infraestructura del mercado Nuevo, una infraestructura que está abandonada desde hace mas de 13 años. Esta solicitud de Díaz iba en línea con el plan que hizo público el mandatario de trasladar a más de 70 comerciantes del sector conocido como El Hoyito al mercado. A pesar de que el alcalde anunció este traslado el 23 de enero, los vendedores aseguraron que la estructura no tenía los mínimos para que se pudieran instalar ahí: agua, luz, seguridad, etc.

“Por solicitud de la alcaldía municipal para energizar el mercado, inicia este proyecto que se amplió para beneficiar a más usuarios con un mayor número de transformadores en la zona. Esto permite además de tener un mejor servicio contar con la capacidad suficiente a mediano y largo plazo en caso de la apertura de nuevos comercios”, explica la empresa. 

Para que la empresa pudiera instalar la energía en el mercado debía hacer una intervención en todo el sector, que incluye los barrios Chapinero, El Carmen, y Las Delicias, pues las líneas de alta tensión que salen de la carrera 15 ya no soportan más capacidad. Por eso se hacía necesario cambiar las líneas de alta tensión e instalar más transformadores. A esto le llama la empresa, aplicar un paquete centralizado, pues implica la instalación de transformadores, postes, nuevas redes y nuevos contadores. 

“Las líneas de alta tensión llevan más de 15 años, cuando se instalaron se habían proyectado para la demanda de energía de ese momento, pero San Juan del Cesar ha crecido mucho, tanto que si le metemos más potencia sin llevar a cabo todas las mejoras a la infraestructura eléctrica, afectaría de gran manera la calidad del servicio de las casas del sector: habrían cortes de energía y esto acarrea posibles afectaciones en los electrodomésticos de los hogares”, explica un ingeniero de Air-e.

Por otro lado, la instalación de medidores inteligentes hace parte de una iniciativa nacional: de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía, a 2030 el 75 por ciento de los usuarios en Colombia deberán tener instalados en sus domicilios un sistema inteligente de medición avanzada para el consumo de energía eléctrica.

La controversia por el cobro

Más allá de la priorización de los barrios a intervenir, lo que ha estado en el centro de la discusión pública ha sido el impacto que podrían tener los contadores inteligentes en el costo de las facturas recibidas por los usuarios. 

Los contadores inteligentes se diferencian de los tradicionales, en términos técnicos, por la forma en la que hacen la medición. Ya no se usan discos que de manera mecánica contabilizan el consumo, sino que la medición la hace un sensor. Además, por medio de conexión a internet o fibra óptica, se envían los datos en tiempo real y detallados del consumo de energía.

Los contadores digitales implican que el registro del consumo deje de ser mecánico, es decir, que ya no deba ser verificado por un operario cada mes. Con este sistema, explica Air-e, la medición del consumo será más precisa y, además, es posible obtener otros datos como la calidad de la energía que recibe el usuario. Air-e sostiene que esta información podrán consultarla los usuarios desde una aplicación de celular.

Según la Ley 2099 de 2021, no es obligatorio para los consumidores reemplazar su contador por uno inteligente; cada usuario tiene derecho a adquirir el medidor inteligente por su propia cuenta y, sí desea, con un proveedor diferente a su empresa de energía. Sin embargo, no existe prohibición que le impida a las empresas de energía asumir o implementar formas de negociación con los usuarios para financiar los costos de los medidores inteligentes sin que necesariamente sean trasladados a los usuarios, las partes pueden negociar la titularidad del medidor pero de ninguna manera pueden las empresas de energía obligar a los usuarios a pagar un medidor que no sea de propiedad del consumidor.

Sobre el cobro, Air-e asegura que la instalación de estos medidores, cuyo costo está siendo asumido enteramente por la empresa, no genera un aumento en los valores cobrados en las facturas “La instalación de este sistema de medición no implica aumento en el consumo de energía, ni en las tarifas asociadas al servicio”, dice la empresa. Y agrega que este contador “le ofrece al usuario la posibilidad de gestionar eficientemente su consumo al tener un mayor control de la medida”.

Adriana Arango es la directora del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Norte, hace parte del grupo de Investigación en Sistemas de Energía Eléctrica y es experta en integración de Generación Distribuida, Planeamiento y Política Energética. Arango explica que los contadores inteligentes deben darle más tranquilidad a los usuarios, pues estos garantizan que la  lectura del consumo sea más exacta. “Si la empresa ha sido juiciosa no debería tener un cambio bastante notorio (en la factura), pero si el operador que estaba revisando la medida no ha sido responsable y ha hecho cosas que no debe (como la estimación), con el contador inteligente sí se registraría el verdadero consumo y eso podría reflejarse en la factura”, explica Arango.

Arango se refiere a una situación que ha sido denunciada por algunos usuarios en el sur de La Guajira, y es que en algunas ocasiones los operarios de Air-e no revisan el consumo en los contadores antes de enviar la factura. Por eso, aseguran, la empresa termina haciendo estimaciones altas para calcular el cobro por el servicio. “Vivo en un apartaestudio. Hay un contador y cuando fui a realizar el pago me doy cuenta que los supuestos cobros estimados son muy altos. Viajé en diciembre y regresé en febrero, dejé los tacos abajo y en esos tres meses me llegó un cobro por un millón de pesos, eso es un fraude que fácilmente lo pudieron hacer ellos porque son los únicos que tienen acceso al contador”, dijo Kelly Liceth Mesa Brito, en una reunión sostenida a comienzos de marzo en el vecino municipio de Fonseca. 

En ese mismo encuentro, Henry Díaz, asesor jurídico de la Superintendencia de Servicios Públicos, dijo que los cobros estimados solo están permitidos para un solo periodo de facturación siempre y cuando la empresa justifique la razón. Esto en concordancia con el artículo 146 de la ley 142 de 1994 que establece que “la falta de la falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio”. 

Pero Arango afirma que esta es una práctica común en toda la región: “En muchas partes esos técnicos lo que hacen es replicar la misma tarifa, mientras que con los medidores inteligentes y con toda esta infraestructura va a ser en tiempo real la transmisión o la lectura de esos datos”, dice.

Por eso, insiste en los beneficios del contador inteligente. “Actualmente la calidad con la que llega la energía en muchísimas partes de la Costa es muy mala, no cumple con los estándares, pero nosotros no sabemos porque no tenemos cómo verlo. Cuando tengamos medidores inteligentes vamos a saber cómo nos llega esa energía y ya el usuario puede ir hasta la Superintendencia y quejarse para que a la empresa la penalicen. Con eso ya tienen ellos que mejorar estos índices de calidad como lo dice la norma”, comenta la experta.

Aún así, no es fácil que se disipe el temor que continúen aumentando las tarifas por el costo del servicio. En La Guajira y el resto de la Costa Caribe se cobra una de las tarifas de energía más caras del país. Según datos del Dane, las siete capitales de los departamentos de la Costa Caribe fueron las que presentaron mayor variación anual de la inflación en el servicio de energía a cierre de 2022, por encima de las demás ciudades del país.

La desconfianza hacia Air-e y los rumores 

La implementación de este proyecto ha estado plagada de quejas de los barrios Chapinero, El Carmen y Las Delicias. Por ejemplo, Ana Mindiola asegura que al cambiar su contador, los operarios de Air-e hicieron procedimientos que ella considera sospechosos: “Los contadores viejos tienen un sello de seguridad que pone la empresa, entonces él (trabajador de A-ire) rompió el sello y cuando abrió el contador dijo que había un puente, que era un alambre de cobre. Me dijo que eso estaba ahí porque había un fraude para que el medidor no corriera normalmente. A mi me causa curiosidad como va haber un fraude si eso tiene un sello de la empresa que no estaba roto. Si no lo puso ese día, lo puso el que instaló eso antes porque eso nadie lo manipula”, denuncia Ana Mindiola.

Los reclamos de la gente llevaron a que la Alcaldía intentara mediar entre la empresa y la comunidad. Rafael Vega, dijo durante una reunión de socialización el 4 de abril que la empresa solo les entregó información sobre el cambio de redes e instalación de postes y no habló de los nuevos medidores. Sin embargo, la empresa aseguró que la información completa del proyecto fue socializada después de que el alcalde solicitara la energía en la estructura del nuevo mercado, pues el presupuesto para esto incluía el “paquete completo”. Esta respuesta de Air-e aumentó la desconfianza entre la comunidad, que ha insistido en mantener firme la decisión de no permitir la instalación de medidores inteligentes.

El problema es que la desconfianza no es solo con el nuevo proyecto, sino con la empresa que no ha logrado recuperar la credibilidad entre sus usuarios después de la liquidación de Electricaribe. Air-e recibe constantes quejas por los persistentes cortes de luz, altos cobros y otros “procedimientos dudosos”. Por ejemplo, en enero de 2022 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alertó que el servicio de energía eléctrica fue el que registró el mayor número de reclamaciones en 2021 y que, entre las empresas con mayores reclamos ante la Superservicios, estaban Air-e, Afinia, Codensa y EPM.

Además, San Juan del Cesar no es el único municipio en el que los usuarios se han negado a la instalación de estos contadores por parte de Air-e. En varios sectores de Barranquilla, los usuarios se manifestaron en contra de la instalación por la angustia de una posible alza de precios. 

Por otro lado, tres funcionarios de Air-e le aseguraron a Consonante que algunas personas con intereses políticos han aprovechado la desconfianza que la población tiene hacia Air-e para desinformar a la gente del sector y, de paso, perjudicar al alcalde Díaz.

“Hay intereses políticos, personas que tienen aspiraciones al concejo y alcaldía  y quieren ser estrellas en esta situación. Aprovechan estos momentos porque la gente está reunida y quieren darse a conocer”, le dijo una fuente a Consonante.

En este contexto, Air-e intenta continuar con el proyecto. En la respuesta formal enviada a Consonante, a compañía asegura que actualmente mantiene diálogo con líderes, usuarios y autoridades locales, y que el personal del área de Valor Social está socializando con los usuarios beneficiados de los barrios la importancia de este proyecto puerta a puerta. “Se han hecho mesas de trabajo con los beneficiarios y autoridades, en donde la empresa con claridad ha explicado el alcance del proyecto”, dice la empresa.

Las comunidades negras de Santa Cecilia, el Tabor, Playa de Oro, Corcovado, El Tapón, Tadó y Unión Panamericana, ubicadas a lo largo de la vía que comunica los departamentos del Chocó y Risaralda, están en paro desde hace 20 días. A pesar de que el bloqueo de la vía fue intermitente durante las primeras semanas, desde el miércoles 18 de abril la carretera se encuentra totalmente cerrada entre los corregimientos Santa Cecilia y Guarato. Los manifestantes únicamente permiten el paso de vehículos en misión médica.

Los reclamos de la gente

El motivo del bloqueo son las demoras del Invías para cumplir los acuerdos establecidos y subsanar las afectaciones que tienen 350 predios y viviendas como consecuencia de las obras de mejoramiento de esta vía nacional que se iniciaron en 2016.

En el comunicado en el que las comunidades anunciaban el paro, que fue publicado el 6 de abril, las comunidades pedían “una solución definitiva a la vulneración de Ios derechos fundamentales que se les ha desconocido de manera sistemática y repetitiva a lo largo de los últimos 12 años”. Para levantar el paro exigían, además, la presencia de funcionarios o representantes del viceministerio de Transporte, de la vicepresidenta Francia Márquez y del Director nacional de Invias, así como de otros representantes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior. 

Los reclamos no son nuevos. Poco tiempo después del inicio de las obras y cuando se hicieron evidentes las afectaciones, los líderes del sector empezaron a pedirle al Invias que compensara los daños que estaban sufriendo en sus viviendas. “Acá las casas se han construido como se puede, sin columnas, con los materiales que haya y al pasar una máquina de esa magnitud, es lógico que el movimiento cause afectaciones”, asegura Jorge Fidel Murillo Mosquera, concejal de Unión Panamericana.

De acuerdo con imágenes compartidas a Consonante, por periodistas de la zona y algunos afectados, varias de las viviendas ubicadas en el eje de la vía Quibdó-Pereira tienen las paredes cuarteadas, grietas en los pisos y problemas de filtraciones en los techos. Una de estas viviendas pertenece a Carlos Alberto Sánchez, quien vive desde hace siete años con su esposa en una casa de bahareque. Al lado de la casa tenía su propio negocio: un quiosco hecho en mampostería en el que su esposa y su madre vendían comida. 

Ambas estructuras resultaron afectadas por la pavimentación, pues al momento de las obras los trabajadores instalaron un filtro en el patio que quedó sin terminar. Hoy, el agua se filtra constantemente hacia el patio y la casa está asentada pues las bases de madera se pudrieron. El quiosco, por su parte, se cayó después de la intervención de la maquinaria pesada. “En la parte de atrás teníamos perros, gallinas, varios animales. Cuando metieron el filtro tocó sacar los animales, muchos murieron y el patio ahora es inhabitable porque siempre hay agua”, cuenta.

Los reclamos de las comunidades no se deben únicamente a los daños ocasionados por la construcción, sino también porque hay inconsistencias en la obra. Por ejemplo, en el corregimiento el Tapón la distancia entre las viviendas y la vía es de siete metros y medio pero según la Ley de Caminos, esta debería ser de 25 metros del centro de la vía. Por otro lado, en Corcovado las viviendas se inundan cada vez que llueve pues quedaron por debajo del nivel de la vía. Y, por otra parte, algunos líderes aseguran que todavía hace falta que se terminen los  andenes en algunos tramos y se instalen tapas en las alcantarillas. 

Las afectaciones a las viviendas llevaron a que varias familias tuvieran que desplazarse. “Apenas llueve, las casas se inundan. La empresa no ha dado ninguna solución a eso”, sostiene Jhon Eduardo Torres, líder comunitario de Mumbú.

Las demoras del Invías

Para la intervención del corredor, el Invias ha firmado varios contratos: en 2016 con el consorcio Vías Equidad 050 por 83.225 millones de pesos para la intervención de 23 kilómetros entre Las Ánimas y Pueblo Rico. Luego, en 2017, adjudicó a la firma Ingeniería y Vías S.A.S - Ingevías S.A.S otro contrato por 81.892 millones de pesos para el mejoramiento de los tramos sin pavimentar desde El Tabor hasta el corregimiento Santa Cecilia y otros temas operativos.

A la fecha, la obra, que implica la pavimentación de 220 kilómetros, aún no está culminada. En junio de 2021 el entonces director nacional del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, anunció que el cronograma de ejecución de esta vía debía finalizar en su totalidad en junio de 2022. Sin embargo, el Instituto aseguró a Consonante que todavía se está ejecutando la pavimentación de 8.94 kilómetros que estaban pendientes.

El Invias ha reconocido parcialmente que la pavimentación de los 220 kilómetros del corredor vial ha causado algunas afectaciones a los habitantes de la zona. Sin embargo, el proceso para acceder a las compensaciones económicas ha sido, en palabras de los habitantes, un viacrucis.

Las primeras respuestas de la entidad se dieron a partir de abril de 2021, luego del primer paro. En ese momento Invias pagó 1.300 millones de pesos en compensaciones por 55 viviendas afectadas en el sector de Corcovado. Pero muchos habitantes quedaron pendientes, por lo que se acordaron nuevas visitas técnicas para revisar daños y más reuniones que se postergaron una y otra vez.

“Llamaron a decir que no podían venir y que se postergaba del 20 al 24, pero el día 24 mandaron un oficio anunciando que no habían podido asistir por la ola invernal, y la postergaron del 27 al 30. Para esa fecha mandaron otro comunicado diciendo que no podían venir y no había fecha de reprogramación. Ahí fue que la gente dijo ya no más”, ejemplifica Jorge Fidel Murillo Mosquera, concejal de Unión Panamericana. 

No fue sino hasta mayo de 2022, y con otro paro de por medio, que Invias realizó las visitas a las que se había comprometido en abril del 2021. De ese recorrido resultó un pago de 227 millones por 18 afectaciones en la comunidad de Guarato. El problema es que, según el presidente del Consejo local del corregimiento, Liver Rentería, solo en esta comunidad hay más de 40 dueños de predios que todavía no tienen respuesta. Además, según denuncian, en varias reuniones funcionarios del instituto han dicho que no conocía el acta de las visitas,ni muchos de los acuerdos que han quedado de los paros.

El Invias dice que la demora en las respuestas a estas visitas, que terminaron clasificadas por el instituto como PQR, se deben a que las reclamaciones primero deben ser aprobadas por la interventoría del proyecto y después por el instituto. Aseguraron que actualmente la interventoría está revisando 225 casos más (PQR) como resultado de las visitas hechas hace ya casi un año. Y que el instituto ha recibido un informe parcial de 97, pertenecientes a las comunidades de Guarato, el Tabor, Playa de Oro, Corcovado, El Tapón, Tadó y Unión Panamericana.

En la comunidad de Mumbú, por su parte, reclaman el cumplimiento de algunos acuerdos pactados en la consulta previa a la intervención de la vía. Aseguran que la empresa se comprometió en ese momento (hace casi 12 años) a dejar un lote apto para la construcción de 40 viviendas, pero esto no se cumplió.

El Invias aseguró a Consonante que actualmente los compromisos y acuerdos a los que le están dando cumplimiento no corresponden a acuerdos de Consulta Previa. “Aquellos acuerdos de las Consultas Previas realizados en otra oportunidad, en el Corredor Quibdó – Pereira, fueron cumplidos a satisfacción y estos procesos fueron cerrados por el Ministerio del Interior, en su momento”, dice el instituto. Y aunque este tema pareciera que ya está cerrado, la comunidad no está de acuerdo.

Además de los desembolsos por las afectaciones, el Instituto entregó a las unidades sociales del CCCN de Santa Cecilia $3.980 millones de pesos.

Este es el cuarto bloqueo de estas comunidades

Esta es la cuarta vez que las comunidades negras protestan por las afectaciones en las viviendas, una situación que ha empeorado los constantes paros que cortan el flujo vehicular en esta carretera. Solo en 2022 se registraron más de 28 bloqueos en esta carretera por diversos motivos. El más largo se dio en octubre cuando fue en octubre cuando una protesta iniciada por comunidades afro e indígenas, a la que luego se sumaron camioneros, dejó incomunicado a todo el departamento por más de 15 días. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.

La vía Quibdó-Pereira es la segunda más importante para el departamento. Por esta carretera se transportan productos, alimentos, maquinaria y pasajeros. Por su ubicación geográfica es un importante corredor de integración regional y nacional, que conecta la costa pacífica con el eje cafetero y el interior del país. Según el Invías, el corredor beneficia a cerca de un millón de habitantes de los departamentos de Chocó y Risaralda.

Lo que sigue

Desde el inicio de la protesta, los líderes de las comunidades se han reunido virtualmente con representantes del Ministerio de Transporte e Invias. Algunas comunidades han llegado a acuerdos con el Instituto tras acordar la visita de funcionarios, mientras que otras han insistido en que no están conformes. 

Según lo acordado en la reunión virtual el pasado 12 de marzo, representantes del Invias, Procuraduría, Contraloría, Defensoría y el alcalde de Tadó, visitarán el 22 y 23 de abril las comunidades de Piedras de Bachichi, Guarato, Gingarabá, Mumbú, El Tapón, Playa de Oro, Corcovado, Charco Negro y La Unión para buscar soluciones a las afectaciones de las viviendas. Los líderes están a la expectativa y aseguran que, de no verse reflejadas acciones concretas, el paro continuará hasta nuevo aviso.

“Profe, aquí tenemos que construir nuestros propios ventiladores porque sino el calor nos va a acabar”, le dijo un estudiante de séptimo A a la profesora de informática de la Institución Educativa Normal Demetrio Salazar Castillo, Vilma Edith Perea, cuando apenas empezaba el 2022. A la profesora le pareció un comentario ocurrente de un pequeño de 13 años, hasta que el niño le mostró un carrito que se movía construido por él mismo. Fue en ese momento cuando la profesora Vilma se dio cuenta del ingenio del niño y de sus compañeros de curso quienes también jugaban a “inventarse cosas”. Así nació ‘Robo Tic’.

El proyecto empezó en 2022 con 29 estudiantes del séptimo grado, bajo la tutoría y acompañamiento de la profesora Vilma. El primer paso fue la creación de campañas de reciclaje para conseguir la materia prima que se transformaría en diferentes prototipos tecnológicos. Todo era útil: cartón, alambres, baterías, tarros, palitos, caucho, pintura, llantas, tapas de gaseosa, fomi, cd 's, corchos y hasta botellas plásticas. Con todos estos elementos entró a jugar el ingenio de los niños y niñas que terminaron convirtiendo lo que antes era ‘basura’ en aires acondicionados, licuadoras, carros en movimiento, ventiladores, linternas, arañas tipo robot y lámparas. Hoy ya son más de 100 estudiantes vinculados al proyecto.

“Nosotros decidimos iniciar esta investigación porque hay muchos niños que no tienen juguetes, en el colegio no se cuenta con elementos tecnológicos y además queríamos contribuir en el cuidado y conservación del medio ambiente”, cuenta Lauren Sofía Marulanda Córdoba, estudiante del grado octavo y participante del proyecto. 

Con ‘Robo Tic’ se inscribieron al programa Ondas, una iniciativa de la Dirección de Mentalidad y Cultura para la CTel, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se interesen por la investigación y la ciencia para dar solución a sus necesidades. Con este programa ganaron el año pasado dos concursos, uno en Tadó y el otro en Quibdó, del programa Ondas para representar a Chocó en el encuentro nacional que se realizará en Bogotá. Sí ganan, tendrían  un cupo para competir  en Brasil.

Contrarrestar el calor

A las 12 del día, el momento más caluroso de la jornada, la sensación térmica  en Tadó es de, por lo menos, 33 grados celsius. En La Normal cada salón de clases tiene de 28 a 34 estudiantes y, quitando el de la sala de informática, no hay un solo ventilador en las aulas. 

El presupuesto es limitado para comprar un ventilador que cuesta mínimo 150 000 pesos y  menos un aire acondicionado, que puede costar mínimo 800 000 pesos. “En el colegio no hay plata, hay mucha pobreza. El presupuesto no alcanza y hay otras necesidades prioritarias. Por lo menos en la sala de informática no teníamos ni un computador, entonces la rectora hizo el sacrificio de conseguir tres y ahora tenemos que dictar clases a 26 estudiantes en estos tres, y a veces (los niños) ni alcanzan a trabajar”, cuenta la profesora Vilma Edith Perea.

Entre el desespero por la temperatura y la falta de presupuesto, los niños y niñas encontraron la idea para el proyecto de tecnología e investigación: construir su propio aire acondicionado.

El proceso de creación duró tres sesiones de clase, seis horas en total. Lo primero que hicieron fue reunirse para definir los materiales que iban a necesitar y recolectarlos: una caja de icopor, tubos de PVC, un estabilizador, hélices de un ventilador viejo, pintura y un cargador que serviría para conectarlo a la energía. Cada grupo debía hacer su propio prototipo.

Después de tener todos los materiales empezó el proceso de construcción. Con la guía de la profesora Vilma y los consejos que habían recibido del programa, conectaron la hélice a un estabilizador, le hicieron huecos al recipiente de icopor para conectar los pedazos de tubo PVC por los que sale el aire frío y le agregaron hielo al recipiente. Luego crearon el sistema eléctrico e hicieron las pruebas. La primera versión fue un éxito: enfriaba un salón de clase.

Al comprobar que funcionaba, los y las estudiantes grabaron videos de demostración para presentar su prototipo. Por ahora, esta es solamente una primera versión que, esperan, pueda mejorarse. “Lo reciclable no vale, pero para que se mueva cuesta plata, entonces ellos quieren otra versión pero no han conseguido el dinero. Se necesitan unas placas para tecnificar y todo eso cuesta”, confiesa Perea. Para tecnificar su aire acondicionado necesitan, por lo menos, 150 000 pesos.

Además del aire, para saciar esta misma necesidad, construyeron ventiladores de mesa y de mano. La estructura está hecha de cajas de cartón recicladas y para sostener las hélices, que pertenecían a otros ventiladores que ya no funcionaban, utilizaron una tapa de botella y un cargador de celular viejo que se conecta a un interruptor. Para el de mano usaron un pedazo de madera, una hélice reciclada y dos baterías.

La ciencia en las aulas

En las instituciones educativas de Tadó la investigación se limitaba a buscar un libro y consultar un tema, o a enseñar las partes del método científico. Sin embargo, con la llegada de la ‘educación 4.0’, “una propuesta educativa que intenta adaptarse a la nueva realidad, caracterizada por la conectividad y la tecnología”, la capacitación de varios profesores y las creación de nuevas políticas educativas en el municipio, se empezaron a crear grupos de investigación en las escuelas y colegios.

Actualmente la mayoría de los estudiantes están investigando sobre las propiedades y uso de algunas plantas medicinales de la región, la elaboración de algunos remedios y ungüentos caseros a base de plantas medicinales y la elaboración de vinos, vinetes y aromáticas, con el objetivo de recuperar varios saberes ancestrales. 

En la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza, por ejemplo, los y las estudiantes están trabajando en la fabricación de jabones, a través de la reutilización del aceite de cocina. Así como la investigación del poder curativo de plantas tradicionales. Y en la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental de Tadó están fabricando perfumes a base de plantas aromáticas. 

La clave, aseguran los guías del programa Ondas, es que los inventos de los niños resuelvan una necesidad que ellos mismos han encontrado, y a partir de ahí, construyan respuestas propias a través de la investigación. Los parámetros que deben seguir sus investigaciones son:

• Que les permita cuestionar el mundo físico, social e individual y construir respuestas propias a partir de la investigación. Así como aportar a la generación y promoción de ideas innovadoras desde la ciencia y la tecnología que les permitan solucionar problemas de su entorno.
  
• Los niños, niñas y jóvenes están vinculados afectivamente con el problema. Sufren en su vida cotidiana, por ejemplo, la falta de suficientes ventiladores para mitigar el calor y les interesa hallar una solución para ellos y su comunidad. No es algo ajeno, impuesto o lejano.
  
• Al solucionarlos benefician a un público real, que va más allá del salón de clase. Es decir, que los resultados de la investigación no son solo de interés de quienes la llevaron a cabo, sino que resultan útiles para un grupo humano real. Puede ser replicado para su comunidad.

Los estudiantes no quieren perder clases

Los docentes y la rectora de la institución aseguran que la apuesta por la tecnología y la robótica tiene motivados a los estudiantes. “Una madre de familia iba a sacar al niño de La Normal, pero él le suplicó que no lo hiciera porque estaba aprendiendo a reciclar y construir elementos tecnológicos, fue tal la emoción del estudiante que logró convencer a su madre a que lo dejara continuar estudiando aquí”, cuenta la rectora de la institución, Eudes Celina Ramírez Mosquera.

Además, los profesores cuentan que han fortalecido las relaciones con los  estudiantes. “Este proyecto está ayudando a que haya mucha más empatía entre docentes y estudiantes, dado que es una actividad de mucho agrado y esto hace que haya como una especie de simbiosis entre estudiantes y profesores dando como resultados clases mucho más amenas y dinámicas”, dice el profesor Pacho Misael.

Además la creación de estos prototipos ha hecho que los estudiantes estén mucho más activos y pendientes de su proceso de autoaprendizaje, ha disminuido la deserción estudiantil y les ha permitido conocer prácticas tecnológicas artesanales y de programación necesaria para los artefactos robóticos. 

El impacto no solo ha sido para los estudiantes, los docentes también se han interesado en formarse en este nuevo campo. “En este momento tenemos un grupo de seis maestros que están en capacitación virtual de ciencia y tecnología con la UTCH. Y para que los profesores quieran ir a clase los sábados o por las tardes después de las jornadas es porque están animados”, cuenta entre risas Eudes Celina Ramirez. Incluso la misma universidad les donó dos laboratorios para continuar con las investigaciones.

“Nosotros nos sentimos muy felices y disfrutamos cuando estamos elaborando estos elementos porque estamos aprendiendo a crear cosas nuevas y es un aprendizaje que se quedará en nuestras vidas”, dice Brayan Andrés Perea Mosquera, estudiante de la institución.

Aunque el grupo inició solo con estudiantes de séptimo grado, los alumnos de los otros cursos le pidieron a la profesora que los vincule en el desarrollo de más elementos tecnológicos. Hoy la escuela está institucionalizando este proyecto para que todos los estudiantes normalistas participen de manera activa en el proceso de reciclaje y transformación de la materia prima recolectada en artefactos tecnológicos.

Los docentes aseguran que estos procesos también han aumentado la conciencia social y ambiental de las niñas y niños. “Encuentra uno a niños con una conciencia ambiental muy importante, ellos pueden llevar respuesta a sus comunidades y unir esfuerzos con diferentes entidades para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida y otros temas como el cuidado de los ríos”, cuenta Evangelina Murillo, coordinadora del programa Ondas en el Chocó.

Además, aseguran que el promedio académico de los niños que participan en actividades de investigación ha mejorado, así como su comportamiento. “Cuando los niños se dedican a esta actividad investigativa hemos venido evidenciando una mejora sobre todo con sus resultados de las pruebas Saber 11. Estos chicos son ganadores también de las becas para acceder a la educación superior”, agrega Murillo. 

Los límites del proyecto 

Aunque la llegada del programa Ondas ha incentivado la investigación en la institución, la falta de recursos económicos ha frenado en varias ocasiones el trabajo con los estudiantes. “En ocasiones los niños no consiguen dinero para los materiales mecánicos que no son reciclados: alambres, motores, los primeros días uno lo suministra, pero el resto de días es difícil”, cuenta la profesora Vilma. 

Las cuentas aumentan dependiendo de la complejidad del prototipo: la batería más barata cuesta 8 000 pesos, y un motor 18 000 pesos, hay inventos que necesitan, por lo menos, dos de cada uno. Los carros son los más costosos, una sola placa cuesta 136 000 pesos y el bluetooth no vale menos de 50 000 pesos. Se pueden gastar hasta 200 000 pesos en los elementos no reciclados de un solo invento.

La profesora Vilma confiesa que para lograr seguir con la investigación, ha tenido que usar su propio dinero: “A mi me tocó meterme la mano al bolsillo para comprar los motores, o darles refrigerio, porque a veces está por fuera de la jornada. Ondas dio un millón de pesos pero no era suficiente. Incluso en la convocatoria que aplicamos ellos exigían unas cosas y se necesitaba dinero para cumplir con esos requisitos”.

Aunque varios docentes están en proceso de capacitación para que los prototipos sean más sofisticados, sin el dinero que se requiere, es difícil continuar. “Los niños están muy motivados, necesitamos ayuda de alguna Fundación u ONG que nos ayude a conseguir recursos”, dice la profesora.

Otros inventos

Además de dar solución al problema de la temperatura en los salones de clase, los y las estudiantes de la Normal Demetrio Salazar Castillo han creado otros prototipos para solucionar la falta de juguetes de algunos niños y niñas, o simplemente, por la curiosidad de crear cosas nuevas. Estos son algunos de ellos:

Carros en movimiento

Para los diferentes carros los y las estudiantes han usado cajas de cartón, pilas, llantas y chips. Algunos son manejados por aplicaciones de celular que al conectarse a un dispositivo con bluetooth instalado en el carro, funciona como control remoto.

Licuadora casera

Se construyó en dos sesiones de clase. Primero se recogieron los materiales y se armó con un tarro reciclado de 15 centímetros, una hélice de licuadora vieja y dos pilas. Los estudiantes no quieren que trabaje con pilas, así que están pensando conectarle cables para la energía.

Asador de carbón

Para construirlo abrieron un tarro a la mitad, le instalaron una bisagra y pedazos de varillas para formar la parrilla y las patas que sostienen el asador.

Reloj de pared

Para su elaboración recortaron un pedazo de cartón paja, pintaron cada espacio para los números y luego dibujaron pequeños círculos donde irían los números. Le instalaron una manecilla reciclada y una pila.

Lámpara navideña

Para elaborar esta lámpara usaron seis cd’s y una extensión eléctrica navideña a la que le repararon los bombillos que tenía dañados.

Actualmente los estudiantes están haciendo un dron y hay una propuesta para construir un panel solar. También esperan poder perfeccionar su aire acondicionado y sueñan con viajar a Brasil a representar su institución.

En Colombia la temporada de lluvias, más conocida como fenómeno de La Niña, hizo estragos. Durante lo que fue catalogado como el ‘peor invierno en los últimos cuarenta años’, desde el 1 agosto de 2021 al 28 octubre de 2022, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)  reportó 3 569 eventos de emergencia, en 864 municipios de 32 departamentos, con afectaciones a 645 930 personas, 196 109 familias, 45 desaparecidos, 266 personas fallecidas, 5 207 viviendas destruidas y 106 574 viviendas afectadas. Niños heridos, familias separadas, casas averiadas, carreteras inundadas, puentes caídos fueron algunas de las consecuencias que dejó el invierno más intenso de la historia reciente del país. 

La gravedad del fenómeno llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara situación de desastre nacional el 1 de noviembre del año pasado. Además, en 390 municipios en 21 departamentos se declaró la calamidad pública, lo que significó que los alcaldes y entidades municipales ya no tenían capacidad para atender la emergencia y necesitaban apoyo nacional.

Lo más grave de todo, en palabras del director de la Ungrd, es que los damnificados siempre han sido las poblaciones más vulnerables: “Los damnificados año tras año siempre son los mismos, son poblaciones que están expuestas a los extremos, en las zonas con suelos mucho más baratos, a orilla de las quebradas, de los ríos, en las montañas deterioradas donde el suelo puede valer nada”, dijo Javier Pava, director de la Unidad durante una entrevista en el diario El País.

Ante esto, el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 387 de 2023 para reglamentar los planes de reasentamiento de familias y asociaciones rurales damnificadas en tierras productivas y zonas estables. El proceso estará a cargo del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Cuáles son los beneficios?

Además del acceso gratuito a la tierra, los y las beneficiarias podrán recibir un proyecto productivo con inversión de hasta $34 millones por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Durante la temporada de lluvias, según el Plan de Prevención y Adaptación Frente a la variabilidad Climática en el Sector Agropecuario- fenómeno de La Niña 2022-2023 de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria - UPRA, se estimaba una probable afectación de cerca de 193 000 hectáreas de cultivos permanentes y 37 046 transitorios, que corresponden a una producción estimada de 975 000 toneladas de productos permanentes y 235 000 transitorios.

¿Cómo aplicar a las ayudas?

Según el decreto 387 de 2023, podrán ser beneficiarios del programa familias o personas que sean campesinos o miembros de comunidades étnicas (negras e indígenas) afectadas por la Situación de Desastre de Carácter Nacional declarada el año pasado (Decreto 2113 de 2022). 

Para acreditar su afectación, las personas deben estar registrados en el Registro Único de Damnificados, o en el Registro Único Nacional de Damnificados, que es manejado por los alcaldes municipales.

¿Cuáles son los requisitos?

Además de ser damnificados registrados, las personas que deseen hacer parte del proceso de reubicación deben cumplir los siguientes requisitos consignados en el Artículo 4 Decreto Ley 902 de 2017:

1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.

2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.

3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito quienes además de lo anterior, sean propietarios, poseedores u ocupantes despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras según el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

También podrán ser beneficiarias las asociaciones u organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria, afectadas por situaciones de desastre o calamidad pública declaradas.

Sí cumplo los requisitos, ¿qué debo hacer?

Según el decreto, las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas deben manifestar su interés voluntario de ser reubicados. Sin embargo, la ANT aclaró a Consonante que el proceso es, en principio, de oficio. Esto quiere decir que se hace a través de información institucional: en un inicio serán ellos quienes solicitarán a la UNGRD la remisión del registro de las zonas que sean priorizadas para atender por los desastres naturales causados por la temporada de lluvias.

Una vez recibida la base de datos del registro, la ANT contacta a las personas a través de vía telefónica o en campo de manera presencial y utilizando cualquier medio tecnológico para capturar la información necesaria con el fin de validar su condición de sujeto de acceso a tierras a título gratuito que establece el Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017. 

Si cumple los requisitos, el beneficiario es ingresado en el Registro de Sujeto de Ordenamiento -RESO- de la ANT que permite, en orden de puntaje, realizar las adjudicaciones de los predios teniendo en cuenta de los más afectados en orden descendente de puntaje. Estar inscritos en el RESO los hará beneficiarios también de un proyecto productivo viable técnica, ambiental y financieramente que podrá tener una inversión de hasta $34 millones. 

Ya con esta información la ANT verificará, de oficio o a petición de parte, mediante consulta de bases de datos institucionales, si las personas registradas en el Registro Único de Damnificados o en el instrumento que haga sus veces, cumplen los requisitos del artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017.

¿Cuánto tiempo se puede demorar la entrega de la tierra? 

Según la ANT, el proceso, conforme a lo establecido en el Decreto 0387 de 2023, está diseñado para que en 45 días se realice la adjudicación de los predios a las personas afectadas por los desastres o calamidades públicas naturales, una vez se haga la validación de sujetos de acceso a tierras a título gratuito del Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017 de los afectados inscritos en el registro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- y el ingreso al Registro de Sujeto de Ordenamiento -RESO-. 

Todavía hay cosas pendientes

Según el decreto, si las personas postuladas superan la cantidad de tierras disponibles para este fin, la ANT entrará a priorizar a la población objeto del beneficio por el nivel de afectación y por el puntaje que le otorgue el RESO. Sin embargo, hasta la fecha no está definida la disponibilidad total de tierras.

La ANT aseguró que de acuerdo con el Decreto 0387 de 2023, la Agencia compra los predios según la demanda de solicitudes en la base de datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero la compra se hace con el dinero que se encuentra en el Fondo de Adaptación, y aunque no está definido el valor, los recursos son limitados. 

A la fecha la ANT ha enviado información de 42 predios ubicados en la zona influencia de la Mojana al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, con el fin de atender a los damnificados.

Si desea más información, puede comunicarse a la línea gratuita de atención al ciudadano de la UNGRD: 01-8000-113200.

Los y las estudiantes con discapacidad auditiva de San Juan del Cesar no han podido iniciar clases en este nuevo año lectivo. Aunque la Institución Educativa Normal Superior inició clases desde el 6 de febrero, los ocho estudiantes sordos que están en el colegio no han podido recibir las clases por la demora en la contratación de intérpretes de lengua de señas. Ante esta situación, 12 estudiantes, dos padres de familia y cuatro docentes conformaron un comité para suspender las clases desde el 3 de marzo. Casi un mes después siguen sin recibir clases ni una respuesta a sus peticiones. 

“Este paro se inició para ver si podíamos llegar a algún acuerdo y que se pudieran suplir las necesidades que tenemos. Porque el colegio estaba atravesando una crisis: no teníamos profesores, no tenemos intérpretes, no estaba en óptimas condiciones, no había agua para las jornadas y no había aseadora tampoco", cuenta Juan José Plaza, estudiante del grado once A y uno de los líderes de la protesta.

Más de 20 días de promesas incumplidas

El 3 de marzo los y las estudiantes se reunieron con el rector del plantel educativo, Westin Vega, representantes de la Secretaría de Educación Municipal y un comisionado de la Secretaría Departamental. Ese día se firmó un acta en donde quedaron plasmadas las peticiones, y las autoridades se comprometieron a darle solución en un plazo de una semana, pero no fue así. 

El 28 de marzo, más de 30 estudiantes y algunos padres de familia realizaron un plantón en las instalaciones de la Alcaldía Municipal para exigir respuestas a los acuerdos incumplidos. Los y las estudiantes aseguran que ese día la Secretaría de Educación les informó que el 29 de marzo, a primera hora, llegarían los intérpretes a la institución, pero esto tampoco pasó.

Son más de 15 días, de idas y venidas, en los que los 800 estudiantes de la institución no han recibido clase. Aunque saben que se están atrasando, dicen que no retomarán hasta que sus compañeros no tengan los intérpretes: “El año recién inicia y el periodo se acaba dentro de poco, todos los colegios están adelantados y pues nosotros por culpa de la mala administración tenemos que protestar, parar las clases y atrasarnos todos”, asegura el estudiante Juan Plaza.

Orlando Rendón cursa octavo grado y es uno de los estudiantes con discapacidad auditiva afectado por la falta de intérpretes y asegura que a veces es mejor no ir a la institución: "Muchos no estamos asistiendo a las aulas de clases porque no hay intérpretes, y por eso nos hemos atrasado, nuestros demás compañeros van más adelantados".

"Los profesores no nos han tomado ni siquiera una nota de las actividades asignadas, ni de las evaluaciones, ni nada y pues los docentes están a la espera de ver cómo se puede recuperar el tiempo que no hemos asistido a las clases por la falta del intérprete", relata Katiusca Nuñez, otra estudiante afectada. 

Por su parte, el rector de la institución se adhiere a varias de las peticiones de los y las estudiantes: “La falla de uno atasca lo de otro, yo estoy atascado por esa situación, porque si yo tuviera mi personal al pie de la letra como lo hemos pedido no estaríamos así. Necesito mis seis aseadoras, celadores adicionales, una persona de ciencias contables, un conductor, nada nos han solucionado. Me dijeron un mes y el mes terminó el 28 de febrero, por eso los pelaos hacen el paro”.

Un problema repetitivo

Los estudiantes y docentes han denunciado que esta situación se repite cada año, los procesos de contratación resultan ser lentos y a los estudiantes con discapacidad auditiva  les toca esperar casi dos meses para poder iniciar las clases. En lo que va de este año ya van tres meses de espera. "Siempre se vive la experiencia de que los dos primeros meses vulneran nuestros derechos y no nos garantizan la llegada de los intérpretes, y este año es lo mismo", sentencia Katiusca Nuñez. 

A los estudiantes les ha tocado optar por el cese de actividades en varias ocasiones. En abril de 2015, por ejemplo, una protesta por el mismo problema terminó en enfrentamientos con la Policía. Los estudiantes y padres habían sellado las puertas de la entrada principal a la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar y del claustro educativo en protesta por la falta de tres intérpretes para los estudiantes sordos.

Los intérpretes son clave para el proceso de aprendizaje de los estudiantes sordos. "Cuando tenemos un intérprete nos sentimos cómodos, porque tenemos una buena  comunicación  de todo lo que pasa en el medio. Además nos garantizan nuestro ambiente adecuado para poder cumplir con las actividades y tareas", cuenta Orlando. Además, esto garantiza la igualdad de oportunidades. "Ellos (los intérpretes) nos ayudan a tener un buen rendimiento, a una mejor comunicación en nuestra aula. Los derechos deben ser iguales ", comenta Katiusca.

Y este no es el único problema que aqueja a los estudiantes con alguna discapacidad del municipio. “Se supone que desde el primer día de clase deben tener intérprete. Y no solamente eso, tampoco tienen instructor de braille, ni el seguimiento psicosocial para los niños con discapacidad cognitiva. Muchos docentes no le dan el manejo que deben darle. Cuando hablan de las leyes suena muy bonito, pero nadie nos las garantiza. Lo que hay que exigir es que sean contratados de planta”, denuncia Maureen Aragón, enlace de Discapacidad en la Alcaldía de San Juan del César.

Aunque en 2020 fue aprobada la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social en el municipio de San Juan del Cesar, con esto solo se ha logrado los certificados de personas con alguna discapacidad especial y la contratación del enlace de discapacidad.

¿Por qué se ha demorado la contratación?

Desde Secretaría de Educación Municipal explicaron que el proceso de contratación de los intérpretes le compete al departamento de La Guajira y que ellos ya hicieron las respectivas gestiones. Aunque no especificaron cuándo ni de qué forma.

“Nos causa mucha preocupación porque realmente está es una educación de inclusión y están siendo vulnerados los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Hemos realizado la gestión con la secretaría de educación departamental”, explica la secretaria.

Westin Vega manifiesta que “nosotros hemos hecho varias solicitudes y el secretario nos dijo que para el día martes llegarían los intérpretes, yo estuve hasta las 5 de la tarde esperando pero nada”. El rector aseguró además que  la respuesta que le dieron por parte de la secretaria departamental es que ya el contrato está listo, pero que hay dificultades para subirlos al Secop.

Consonante intentó comunicarse reiteradamente con la Secretaría de Educación Departamental para preguntar por la demora en el contrato, pero no obtuvo respuesta.

Otras peticiones 

Aunque el punto principal del paro es la contratación de intérpretes en lengua de señas,  los estudiantes reconocen que esta no es la única necesidad que tienen en la institución. Se suma la falta de personal de aseo, transporte escolar y mejoramiento de la infraestructura de la planta física de la institución. 

“No solamente estamos protestando por nuestros compañeros sordos, sino por las condiciones en las que está el colegio. Nosotros estamos en jornada única, las aulas de los grados 10 y 11 no están aptas para dar clases, el calor es insoportable, hay pisos dañados y no hay agua. Son muchas cosas que le faltan a la institución y que deben mejorar”, cuenta Sharon Ballesta, estudiante de la institución.

El rector de la institución aseguró que están autogestionando ante la falta de contratación desde el departamento. “Desde la Secretaría nos sugirieron buscar una aseadora mientras se dan los contratos, la buscamos y estamos viendo como le pagamos, porque de la plata del colegio no podemos pagar ni aseadeadora, ni vigilancia porque esto es responsabilidad de la entidad territorial, tocará pagarla de mi sueldo porque ahora el 7 de abril cumple un mes”.

"Con respecto al mejoramiento de infraestructura la institución con el dinero que recibe por parte de calidad educativa se van a mejorar algunas instalaciones, el municipio también va hacer algunas adecuaciones y por parte del departamento todavía estamos a espera de una respuesta", asegura Angelica Maestre, secretaria de gobierno y educación del municipio.

Lo que sigue 

Luego de una reunión realizada el día 30 de marzo en las instalaciones de la alcaldía, en presencia de padres de familia, estudiantes, docentes y secretaria de educación municipal, se realizó una llamada a secretaria departamental y les aseguraron que desde este lunes  3 de marzo estarían los intérpretes en la institución. A pesar de esto, los estudiantes se mantienen firme en su decisión de no volver a clases hasta que no haya presencia de este personal. 

Mientras esto pasa, el rector de la institución aseguró que ampliará el primer periodo académico para reponer algunas clases. “Este paro influye en la planeación, el periodo termina el 15 de abril y nos tocará alargarlo una semana más. Y no sé cómo vamos hacer en los otros períodos porque no alcanza el tiempo”, dice Vega.

Al día de hoy Jesús Eduardo Oñate trata de no hacer amigos. Va de su casa, ubicada entre La Junta y Potrerito, en San Juan del Cesar, a visitar a sus hermanos, o a hacer los mandados y se devuelve; no se desvía, no habla con nadie. Sabe que todavía, entre murmullos, algunos los vecinos tildan a su familia de guerrilleros o de paracos. 

Los asesinatos de sus hermanos —Luis Eduardo Oñate en 2004  y Yajaira Nieves Oñate en 2006— no solo lo aisló de su comunidad, sino también de su familia. Los siete hermanos que quedaron del núcleo Nieves Oñate viven cada uno por su lado. Aunque en el pueblo Wiwa, al que pertenecen, se acostumbra a que cada familia construya su casa una al lado de la otra, para ellos esa no es una posibilidad. El miedo a que lleguen hasta allí y los maten a todos juntos los persigue desde hace 20 años. Los sobrinos de Jesús Eduardo, hijos de Yajaira Nieves Oñate, viven una situación parecida. 

En 2002, la familia Nieves Oñate se desplazó de Potrerito, su lugar de origen. Cinco integrantes de la familia tuvieron que salir corriendo de su casa en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla. Para salvarse, su madre y su hermana se escondieron en una cueva, y Jesús Eduardo y su hermano Juan Carlos, se plantaron debajo de un helicóptero que no dejaba de “dar plomo”. Allí, se pusieron una bata blanca, la vestimenta tradicional del pueblo wiwa, y batieron en el aire un Poporo para que supieran que eran civiles. Así sobrevivieron. Del susto solo quedó una herida superficial en la pierna de uno de los hermanos Nieves Oñate.

Asustados, los miembros de la familia llegaron al centro poblado de Curazao, a solo unos minutos del corregimiento de La Junta, pero horas antes los paramilitares les habían ordenado a todos los habitantes salir de allí. Por eso, tuvieron que seguir  hasta San Juan del Cesar. Allí, en una sola habitación, vivieron Yajaira con su hijo Alison, Luis Eduardo, Osmayra, Cheli, Jacqueline, Jesús Eduardo, y su madre, Ana Julia, durante dos años.

En 2004 la situación volvió a agravarse. Juan Carlos Oñate estaba en la Sierra Nevada trabajando como profesor y, cuenta Jesús Eduardo, que allí estaban rumoreando que era guerrillero. Tenía los días contados. En un intento por salvarle la vida, Jesús se fue con su mamá para traerlo de vuelta a San Juan del Cesar. Mientras estaban ausentes se enteraron de que militares bajo el mando del sargento (r) José de Jesús Rueda, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, bajaron a Luis Eduardo de un bus en “la ye” de San Juan del Cesar, donde se dividen los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar; y Corral de Piedras, zona rural de San Juan, lo asesinaron y posteriormente lo presentaron como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) abatido en combate con el Ejército.

Después del asesinato de Luis Eduardo, Jesús y su madre volvieron a Curazao, y Yajaira, junto a tres de sus cuatro hijos, se fueron para Villanueva. Pensaron que lo peor había pasado, pero dos años después —en marzo de 2006— Ana Julia recibió la noticia de que Yajaira, quien estaba embarazada, había sido asesinada por miembros del Batallón Rondón en frente de sus tres hijos. Betsy Cristina Nieves, la hija menor de Yajaira, había resultado herida por un disparo en su pie derecho.

“Mis hermanos y yo estábamos sentados esperando el desayuno cuando de repente sonaron disparos, balas de aquí para allá, sin ningún enfrentamiento. Solamente pararon cuando mi mamá cayó al suelo. No hubo más nada, sólo silencio. Sacaron a mi hermana herida y se la llevaron. Todo fue un falso positivo”, recuerda Alison, el hijo de Yajaira. 

Hoy, 17 años después, la familia Nieves Oñate todavía no sabe por qué fueron víctimas de tantos hechos violentos. “Mi mamá no fue guerrillera, fue una madre luchadora, trabajadora, del campo, con ganas de salir adelante con sus hijos, con ganas de encontrarnos profesionales. Quién sabe qué fuera de nosotros hoy en día si mi mamá estuviera viva, todos esos sueños se fueron al piso”, dijo Alison durante la segunda audiencia con víctimas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tuvo lugar el 23 de marzo en San Juan del Cesar. 

Durante la audiencia, las víctimas hicieron observaciones a 36 versiones voluntarias que han brindado integrantes y exintegrantes del Batallón Rondón y la Fured ante esta justicia especial. Además de Allison, Betsy y Jesús Eduardo tomaron la palabra para exigir la verdad: “¿Cuándo se había visto que una madre embarazada con tres hijos se hubiera metido en un combate?. Quiero que aquí ellos digan que eso fue un falso positivo. Quiero que se limpie el nombre de mi mamá para que la sociedad se dé cuenta de quiénes eran los verdaderos criminales en esos momentos”, sentenció Betsy.

La violencia contra los wiwa

El pueblo wiwa ha sido una de las comunidades indígenas más golpeadas por el conflicto armado en el país. La violencia contra este grupo ha sido tal que la Corte Constitucional advirtió en 2009 que estaba a punto de extinguirse.

Según cifras de la organización indígena, al menos 2.000 personas fueron desplazadas, 68 asesinadas y 45 desaparecidas. Además, hubo dos masacres que cobraron la vida de 13 indígenas y varios bombardeos. Por parte de la fuerza pública, este pueblo tiene registro de 23 ejecuciones extrajudiciales. 

Frente a las motivaciones de los militares para cometer estos asesinatos, las autoridades tradicionales y abogados de las víctimas wiwa tienen al menos tres posibles razones que permitieron y propiciaron las ejecuciones y otros crímenes que, para ellos, buscaron desaparecer al pueblo wiwa. La primera tiene que ver con el estigma que pesaba sobre los indígenas. 

A esto se suma que, parte de la aplicación de la doctrina militar rezaba que había que “quitarle el agua al pez, aludiendo al supuesto soporte o base social que tendrían las insurgencias en el territorio, pues se justificaba por ejemplo el exterminio personas que pertenecían a estas a estas comunidades y que pues que además se han venido organizando activamente”.

Además, según Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos y autoridad tradicional del pueblo wiwa, los jóvenes fueron los más señalados. “Los asesinaron para engendrar miedo entre los jóvenes, pero posiblemente también para que no se transmitiera la cultura, para atacar lo más preciado que tiene un pueblo, para que los viejos más rápidamente los maté una gripa y los jóvenes lo mate el plomo”, explica. Así, anulando el futuro de un pueblo indígena, “el camino es más fácil para poder extraer toda la riqueza que hay dentro de los territorios de los pueblos indígenas”.

Esto último se conecta con la segunda razón que han identificado, que es la importancia del territorio. Y es que precisamente en la época en la que estaban asesinando a los jóvenes wiwa (2002-2008), se empezaba a construir la represa El Cercado, es decir, la hidroeléctrica que represó el río Ranchería. 

“A nosotros nos construyeron la represa del río Ranchería sin un proceso de consulta previa en el corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa, y con esta serie de asesinatos que venía cometiendo el Batallón con los paramilitares ¿qué tipo de organización social o indígena o joven iba a tener fuerza para levantarse y exigir el derecho a la consulta?”, afirma Loperena. 

Para Sebastián Escobar, además, en estos casos quedó clara una tendencia que continúa hasta hoy: calificar a las comunidades que se oponen a grandes proyectos como obstáculos para el desarrollo. Esto termina por justificar “su desplazamiento o eliminación y se les etiqueta como cercanos a grupos armados”.

A todo esto se sumó la situación de vulnerabilidad material e histórica en la que se encontraba el pueblo wiwa. Esta vulnerabilidad también fue reconocida por la Corte Constitucional como un factor dentro de la posibilidad de pérdida cultural por cuenta del conflicto. Para Pedro Loperena, era claro que los militares pensaban que los jóvenes wiwa no eran importantes. “Posiblemente ellos pensaban que jóvenes sin documentos no tenían quienes los reclamaran y los podían hacer pasar por ‘N.N’ (ningún nombre)”, afirma. 

Estas violencias impactaron las formas tradicionales de vida del pueblo indígena. “A medida que iban asesinando a los jóvenes y los iban estigmatizando, pues no había concentración, no había momento para estar en armonización con la madre tierra debido al temor”, explica Loperena. Y agrega, “no estar consolidado en lo físico con el pueblo va debilitando la comunidad poco a poco”.

El proceso ante la JEP

El asesinato de Yajaira Nieves Oñate fue reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de un antiguo integrante de la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). El comandante del pelotón, Nelson Pavón, contó que a Yajaira la encontraron y asesinaron en un lugar cerca a la frontera con Venezuela y que posteriormente, en los informes de la operación, informaron falsamente que la operación había sido en Montecristo, La Guajira. Hoy no hay coordenadas exactas de dónde sucedió el asesinato.

Según el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, quien defiende a varias de las víctimas del pueblo wiwa, esta era una práctica frecuente en los casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido reconocidos ante la JEP. Es decir, los antiguos integrantes del Ejército solían presentar información falsa sobre las operaciones para darle la apariencia de legalidad necesaria en ese momento. 

El caso de la ejecución extrajudicial de Yajaira es uno de los 538 asesinatos que la JEP busca esclarecer en la costa Caribe. Estos hacen parte del subcaso que esta justicia adelante sobre  los mal llamados “falsos positivos”. La primera fase de esta investigación se inició en el 2021 y se concentró en revisar 135 ejecuciones cometidas por el Batallón La Popa. Esta parte del subcaso, que constituye el número 03 en la JEP, ahora está en manos del Tribunal para la Paz de la JEP, que deberá emitir condenas contra 12 militares de La Popa. 

Durante la revisión del material del caso 03 los magistrados recibieron por lo menos cinco informes de las víctimas y organizaciones que documentaban decenas de ejecuciones que decidieron abrir un subcaso dedicado exclusivamente a investigar lo sucedido durante las ejecuciones extrajudiciales en este territorio. Es decir, esclarecer cómo se cometieron estos crímenes y quiénes son los máximos responsables. Entre las pruebas conocidas por la JEP está un informe titulado “La historia cierta del pueblo wiwa”, que detalla asesinatos, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros hechos violentos.

A partir de esta información, desde 2021 la JEP llamó a más de cien militares que operaron en el Caribe y, tras escucharlos, abrió una segunda fase para investigar los crímenes cometidos por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) y otras unidades militares. 

Luego, trasladó las versiones de estos militares a las víctimas acreditadas para que hicieran sus observaciones a través de tres audiencias en Valledupar, San Juan del Cesar y Barranquilla. En la segunda audiencia con víctimas, realizada en San Juan del Cesar, cerca de 80 militares miembros y exmiembros de estas unidades militares estuvieron conectados a través de internet. Durante las casi ocho horas que tardó la diligencia se escucharon preguntas de las víctimas. “¿Por qué no los investigó? Tenía el deber de investigar y tuvieron tiempo de investigar al muchacho. ¿Por qué tomaron la decisión de matar a los muchachos? ¿Los muchachos qué les habían hecho a ellos?”, dijo Manuel Salvador Daza, familiar de Robinson Daza, Pedro Daza y Manuel Enrique Flores Daza, asesinados en El Molino  el 25 de julio de 2004. “¿Por qué se lo llevan de su casa para matarlo?”, preguntó Gabriel Montaño Loperena, hermano de Laudelino Montaño, también ejecutado extrajudicialmente.

Al final, la petición fue la misma: que los militares digan la verdad. Esto, según los abogados de las víctimas, no está pasando. Sebastián Escobar califica el aporte como “deficiente”, pues algunos incluso negaron su participación o responsabilidad en los hechos. “Casi que el reconocimiento se da en los casos en los que hay una sentencia judicial o un procedimiento avanzando, pero en aquellos casos en los que la jurisdicción ordinaria sólo avanzó hasta las fases más preliminares de la investigación, ahí el reconocimiento se reduce sustancialmente, a veces hasta llegar a cero”, explica el abogado.

Es eso lo que sienten los hijos y familiares de Yajaira. Durante su intervención, Allison le pidió al comandante de la unidad operativa que asesinó a su madre que le contara por qué la mataron. “No está diciendo la verdad. Solamente ha mentido. En el momento en que mataron a mi mamá, no había uniforme ni nada. Solo tenía una bata blanca. No es como dice él, que tenía una camisa negra y una pantaloneta de las que usan los guerrilleros. Solo tenía una bata porque estaba embarazada. Quiero que diga la verdad para que se limpie el nombre de mi mamá. Que se ponga la mano en el corazón y acepte que eso fue un falso positivo”.

Las autoridades del pueblo wiwa le pidieron a la JEP que les “ponga un poco de mano dura a los comparecientes para que en lo posible digan la verdad, porque sino se podría convertir este espacio en un falso positivo de argumentos”. Puntualmente, los abogados de las víctimas le pidieron a la magistratura que ascienda en las investigaciones de la cadena de mando de cada unidad operativa, así como en las investigaciones de los hechos cometidos por los miembros de la Fured. 

Además, le pidieron a Óscar Parra, magistrado de la JEP y correlator de este caso, que tenga en cuenta una doble calificación jurídica a la hora de imputar los crímenes a los militares: crímenes de lesa humanidad (homicidios y desapariciones) y crímenes de guerra (asesinato en persona protegida). Para esto, pidieron tener como punto de partida el enfoque étnico y diferencial frente a crímenes cometidos contra mujeres. 

En respuesta a estos llamados, Óscar Parra afirma que en las siguientes etapas de la investigación los militares aún pueden aportar la verdad. Sin embargo, aclara que es responsabilidad de la JEP evaluar el nivel de verdad de los aportes hechos por los comparecientes y cuál fue el rol de cada uno en los crímenes. A esto se le llama la determinación de responsabilidad e imputación. Según Parra, esta imputación se debería dar en el segundo semestre de este año.

“Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional”, dice el magistrado.

El peligro que sigue latente

A pesar de que algunos de los hechos que están siendo investigados por la JEP sucedieron hace más de 20 años, la situación actual en los territorios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá sigue siendo parecida en algunos sentidos. A inicios de año, Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, lanzó una alerta por la presencia de actores armados y sus dinámicas en el territorio. De acuerdo con Dimas, los miembros de los pueblos wiwa y wayuú enfrentan principalmente tres riesgos: reclutamiento forzado, violencia sexual e invasión de sus territorios sagrados. 

En la franja de la frontera de la Serranía del Perijá hasta La Guajira, hay presencia de las AGC, los Pranes, la segunda Marquetalia y del Eln. Estos grupos han aumentado los casos de reclutamiento forzado, violencia sexual y la invasión de territorios sagrados en los últimos meses.

Además, según los líderes indígenas, la presencia de los militares activos continúa generando temores entre las nueve comunidades aledañas al cerro del oso, uno de los lugares sagrados del pueblo wiwa. Tras la visita de la Jurisdicción Especial para la Paz a San Juan del Cesar en marzo, las autoridades wiwa pidieron “bajar las tropas del cerro del oso, que está en medio del corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa y desarticular la represa del río Ranchería”, explica Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo.

Por eso, el pueblo wiwa espera que se implemente una política para el adecuado relacionamiento entre la Fuerza Pública y  los pueblos indígenas, una política “que reafirme la neutralidad de los pueblos indígenas frente a los actores armados y su postura como pueblos de paz. Lo anterior, con la finalidad de evitar la repetición de la fuerte estigmatización de las que han sido víctimas los integrantes del Pueblo Wiwa y que les causó graves violaciones a sus derechos humanos”, afirma Loperena.

Mientras tanto, Jesús Eduardo, Ana Julia, Betsy Cristina, Allison y toda la familia Nieves Oñate espera que así como en el caso de Luis Eduardo, para Yajaira la verdad también salga a la luz y que la justicia reconozca las afectaciones diferenciadas a su pueblo: familias rotas, miedo de caminar por las montañas y caminos, lugares sagrados manchados de sangre u ocupados por militares y el dolor de crecer sin madre.

Durante los últimos dos años, el magistrado Óscar Parra Vera ha escuchado a más de 100 militares implicados en los mal llamados falsos positivos en la costa Caribe. Durante ese tiempo, este juez les ha pedido detalles a estos hombres sobre cientos de casos: dónde ocurrieron, quién era su superior, por qué participó de esa operación, qué recuerda sobre la víctima. También, junto a sus magistrados auxiliares, ha tenido que analizar cada relato y compararlo con los informes que han entregado las víctimas, con sus observaciones, con las versiones de otros militares y con las sentencias antes emitidas por la justicia ordinaria. De esa tarea ya salió un primer resultado: la determinación de que 12 militares del Batallón La Popa fueron responsables por 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Óscar Parra es un abogado con más de 20 años de experiencia en instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Instituto Internacional de Derecho Humanitario sede Sanremo, en Italia. Tiene un máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y otro en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Sin embargo, su trabajo como juez de la JEP lo ha desempeñado en ciudades como Valledupar, Barranquilla y San Juan del Cesar. Desde San Juan, en el sur de La Guajira, Parra presidió la segunda audiencia de observaciones de víctimas a las versiones de los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de los pueblos indígenas wiwa y wayúu. Detrás de una mesa, vestido con su toga, el magistrado escuchó a las familias, mientras más de 80 militares estaban conectados a través de internet. 

“Los comparecientes están mintiendo, le están mintiendo a los magistrados”, sentenció Pedro Loperena, autoridad tradicional del pueblo wiwa durante la audiencia de observaciones de las víctimas a 36 versiones voluntarias integrantes y exintegrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). Según Loperena, y los 14 familiares que intervinieron en la audiencia, los militares no están diciendo la verdad sobre los asesinatos de sus familias, ocho integrantes del pueblo wiwa y tres del pueblo wayúu, que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate y acusados de pertenecer a grupos ilegales.

Es tarea de la JEP definir si efectivamente los militares están mintiendo o no. Esta es la misión de Óscar Parra, correlator del caso 03 de la JEP y quien está al frente del subcaso de la costa Caribe. En San Juan del Cesar, Parra habló con Consonante sobre los desafíos de este proceso y qué pueden esperar las víctimas de ahora en adelante.

Consonante: Las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz indican que la mayoría de las víctimas étnicas de ejecuciones extrajudiciales están en La Guajira. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué los militares asesinaron a tantos indígenas de esta región?

Óscar Parra: Este año esperamos emitir un auto donde cerramos la investigación y, por motivos de imparcialidad, no quisiera adelantar algunas ideas. Hemos hecho más de 100 interrogatorios a comparecientes (militares) de la Costa Caribe, y a la luz de esto lo que uno puede resaltar es que hubo estigmatización y señalamientos contra pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de La Guajira. Estos pueblos indígenas quedaron atrapados en el marco de la dinámica del conflicto armado en la región, entre varios actores armados ilegales que incursionaron arbitrariamente en sus territorios. 

En el auto que emitimos hace dos años con respecto al Batallón La Popa señalamos como se empezó a señalar a miembros de la comunidad como milicianos. Incluso hubo una estigmatización particular con el apellido Arias. Entonces este tipo de violencia social, los falsos positivos, hizo parte de la violencia global y de las victimizaciones contra los pueblos étnicos. Y por eso hay mucha relación de este caso con lo que se va a trabajar en el caso 09 sobre la victimización a pueblos étnicos. 

C: ¿Qué casos ilustran más claramente esta violencia?

O.P.: Está el asesinado de Yahaira Cristina Nieves Oñate, que es una mujer wiwa de 25 años que en el momento de los hechos estaba embarazada y vivía con tres de sus cuatro hijos. Una de sus hijas incluso resultó herida en la acción militar que condujo a su muerte. Entonces es un caso que ilustra el tipo de impactos desproporcionados generados por el Ejército al cometer este tipo de hechos: incursionar en las comunidades, en las viviendas, en los territorios, y el daño que eso le hacía a individuos, familias y comunidades. 

También tenemos un caso como el de Elibeth Vega Izquierdo, una mujer wiwa que era menor de edad cuando fue asesinada. Tenía 16 años. Esto también muestra impactos diferenciados de este tipo de violencia. Y tenemos también un caso como el de la víctima Cirilo Caldera Uriana, una persona del pueblo wayúu, quien fue víctima de las acciones del Grupo Mecanizado Rondón. Estos casos están en el marco de la contrastación y haremos las determinaciones que correspondan. 

C: Las víctimas del pueblo wiwa señalan que hay comparecientes que no están diciendo la verdad ni aceptando su responsabilidad. ¿Ustedes pueden volver a llamar a los comparecientes después de escuchar a las víctimas?

O.P.: Primero, nosotros exhortamos a los comparecientes a que atendieran a esta audiencia de manera virtual, a lo que muchos de ellos manifestaron por escrito que querían estar. Hace dos semanas en Valledupar les dijimos que esta audiencia también era para que reflexionen sobre esos daños generados a las víctimas, para que escuchen su voz, y a partir de eso, evalúen lo que nos han dicho, más allá del plazo formal.

Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional.

C: ¿Ha ocurrido que algunos comparecientes hayan contado más detalles sobre sus acciones tras escuchar a las víctimas?

O.P.: Lo que ha ocurrido es que algunos han profundizado en su responsabilidad con los hechos, particularmente porque tenían que comprometerse para las audiencias de reconocimiento. Nosotros tenemos que determinar quiénes tienen las máximas responsabilidades, aunque hemos hecho una versión voluntaria con más de 100 comparecientes, probablemente las máximas responsabilidades se concentran solamente en 20 o 15 personas. Con ellos seguirá una tarea concentrada en el reconocimiento público de responsabilidad. En estas audiencias es donde han surgido complementos en el pasado. 

Yo he escuchado en audiencias públicas de reconocimiento manifestaciones que jamás había escuchado previamente como magistrado instructor, ni en la versión voluntaria ni en la documentación judicial… porque  en la misma audiencia se genera un compromiso especial con la verdad que no se da previamente. Algunos comparecientes han dicho: lo que a mí me llevó al reconocimiento pleno (de la verdad) fue escuchar de la voz de las víctimas los daños que se habían generado por los hechos. Inclusive a pesar de las mentiras que hubiera dicho antes o la negación que hubiera hecho. 

La voz de las víctimas ha interpelado a muchos comparecientes y lo hemos visto en las audiencias de reconocimiento. Pero hay que esperar. Puede ser que muchos comparecientes sigan en una postura de no reconocer o de considerar unas manifestaciones en torno a los hechos que podrían ser muy diferentes de las que plantean las víctimas y ya le corresponderá la JEP determinar cuáles son las bases suficientes de lo que ocurrió, la determinación de los hechos y conductas, y los patrones de macrocriminalidad.

C: Hay dos víctimas de estas divisiones militares, pertenecientes al pueblo Wiwa, que siguen desaparecidas. ¿Cómo van a actuar en estos casos?

O.P.: Nosotros estamos avanzando con fuerza en diálogos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para actuar conjuntamente. Lo que queremos es hacer una articulación organizada y estratégica con las prioridades que tiene la Unidad de Búsqueda en la región, que está buscando a cientos de miles de desaparecidos y está construyendo una estrategia global. Queremos respetar esa estrategia, pero visibilizando algunas particularidades de las desapariciones forzadas de las que hemos tomado nota en el marco de nuestro trabajo.

C: ¿La JEP ha contemplado un tratamiento diferencial para el proceso judicial, teniendo en cuenta que son tantas víctimas étnicas? Por ejemplo, medidas de reparación acordes con su cultura…

O.P.: Sí, estamos pensando en cómo desarrollar esos procesos diferenciales. Por ejemplo, el involucramiento de autoridades tradicionales políticas y espirituales de los pueblos étnicos en el desarrollo de las sanciones restaurativas, que puede ser por la vida de los trabajos obras o actividades con contenido reparador o restaurador (Toar) que pueden desarrollarse en un corto plazo sin necesidad de la resolución de conclusiones. O los proyectos de sanción propia que estarían en la resolución de conclusiones. 

Esto implica que tenemos que empezar diálogos con las autoridades en algunos pueblos. Por ejemplo, hemos dialogado con el pueblo kankuamo, pues ellos están pensando algunas iniciativas de proyectos restaurativos que mencionamos en la resolución de conclusiones. Lo mismo habría que hacer con las autoridades del pueblo wayúu y del pueblo wiwa, lo que pasa es que esto está muy mediado por el reconocimiento, porque involucrar en actividades restaurativas a personas que no reconocen sería complicado. Por eso es importante avanzar lo más rápido posible con la imputación. 

C: ¿Qué sigue después de esta audiencia? ¿Cuándo tendrán noticias las víctimas sobre las imputaciones a los militares?

O.P.: El gran producto de este año sería la imputación a los responsables de estos crímenes, algo que yo esperaría que suceda el próximo semestre. Después hay que ver quienes reconocen o no reconocen su responsabilidad. Por eso el proceso entre la imputación y la audiencia de reconocimiento tarda algunos meses, a veces seis o más. En el 2024 sería la audiencia de reconocimiento, y después habría que esperar unos tres o cuatro meses para desarrollar la resolución de conclusiones. Entonces todavía nos falta un año y medio de trabajo con la Costa Caribe. 

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Los y las estudiantes de Tadó completan una semana sin recibir las comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, hasta la fecha, no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. El coordinador de educación de Tadó, Michael Córdoba, envió un oficio esta semana a los rectores de las Instituciones educativas del municipio, y dirigido a la secretaría de Integración social del Chocó, asegurando que desde el 13 de marzo se había cumplido los 30 días que cubría el primer acuerdo de transferencia del año para la contratación de la alimentación, y que a partir de esa fecha se suspendía el servicio de alimentación escolar. 

“Mediante el presente informamos a ustedes que el Programa de Alimentación Escolar firmado mediante convenio suscrito por 30 días (...) llega hasta el día 13 de marzo de 2023, poniendo en conocimiento que los actores de derecho del municipio no recibirán dicha razón después de esa fecha”, dice el comunicado, en el que solicitan al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, hacer las gestiones necesarias para reanudar el servicio.

El gobierno departamental dice que todo debería estar funcionando

En los 30 municipios no certificados del Chocó es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar). Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.

Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó un primer acuerdo de transferencia con las alcaldías, incluyendo la de Tadó, desde el 7 de diciembre del año pasado, esto cubría los primeros 30 días del calendario escolar. En Tadó el servicio de Alimentación Escolar inició el 27 de enero de 2023.

Para asegurar los siguientes 30 días, desde la Secretaría de Integración dicen que enviaron el segundo acuerdo el 7 de marzo y así prorrogar el servicio hasta el 28 de abril.  

“Si en la municipalidades no realizan su contratación interna en el tiempo que se debe hacer pues tendríamos que entrar a revisar qué es lo que está sucediendo, pero no conozco ese oficio. Hoy en el departamento del Chocó ningún municipio que dependa del departamento en el PAE tiene excusa para decir que va a suspender el servicio de alimentación escolar”, le dijo Boris Peña a Consonante.

Peña aseguró que a la fecha de la entrevista (martes 14 de marzo) no había recibido ningún oficio por parte de la alcaldía del municipio notificando la interrupción del servicio.

Por su parte, Michael Córdoba, coordinador de Educación municipal, indicó que desde el 5 de marzo enviaron desde la Gobernación el convenio interadministrativo, firmado por el alcalde Cristian Copete. Según contó, Copete solicitó al Concejo Municipal las facultades para suscribir contratos y convenios con entidades gubernamentales, pero el Concejo no las ha aprobado.

“Es por eso que los recursos que fueron enviados desde la Gobernación departamental para el programa de alimentación no se les ha podido hacer la incorporación y adición”, dijo. Por lo anterior, el alcalde Copete solicitó a los concejales nuevamente las facultades.

La única opción es reducir la jornada escolar

En varias instituciones del municipio los rectores han disminuido las horas de clase. “No podemos tener estudiantes acá aguantando hambre a esas horas”, dice Yuselfi Ampudia, personera de la Institución Nuestra Señora de la Pobreza. Allí, por ejemplo, los estudiantes de todos los grados hasta noveno de bachillerato, salen a las doce del mediodía. Y los de décimo y once a la una de la tarde. Normalmente, cuando tienen alimentación, la jornada termina de dos y media a tres de la tarde.

La situación es más grave en los colegios que reciben estudiantes de las zonas rurales. A la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental de Tadó llegan niños y niñas de El Tapón, Salero, La Ye, La Unión, Las Ánimas, entre otras veredas. “El bus los está recogiendo a las cinco de la mañana, son varios viajes, entonces ya no podemos trabajar en la jornada continua porque a las nueve de la mañana los niños ya tienen mucha hambre”, cuenta Luz Francisca Andrade, encargada del PAE en la institución. 

Cuando el servicio se presta, los niños y niñas reciben un refrigerio a las 9:30 de la mañana, el almuerzo a las 12:30 y la jornada se acaba a las 2:40 de la tarde. Sin embargo, sin la comida, la opción que tienen es tener clases solo hasta las 12 del mediodía.  “Muchos pelaos son muy pobres y vienen de la zona rural. Como no desayunan a las 9:30 de la mañana ya tienen hambre. Nosotros estamos lejos de Tadó, no tenemos tienda escolar ni nada de eso”, explica Luis Enrique Guido, coordinador de la institución. 

Los padres de familia también están preocupados

La situación se vuelve más complicada para las comunidades indígenas. En Mumbú hay niños que deben desplazarse a instituciones más alejadas y no tienen cómo desayunar. “Tenemos indígenas que no tienen terrenos para cultivar y no tienen cómo sostenerse, entonces les hace falta la comida. Los niños que van desde acá a la institución de Playa de Oro tienen que irse a las 5 de la mañana y no todo el tiempo tienen plata o tienen la oportunidad de llevar comida al colegio”, dice Martha Eugenia, madre de familia.

“No se justifica todo el sacrificio que hacemos para mandar a nuestros hijos al plantel estudiantil y salgan con que recortan la jornada, el aprendizaje de los niños porque no hay restaurante escolar. Si lo más fundamental e importante es la alimentación de nuestros niños, no hay excusa alguna para que se les niegue ese derecho”, denuncia otra madre de familia que prefiere no ser identificada.

Lo que sigue

Hasta la fecha no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. Sin embargo, el secretario de Integración Social, Boris Peña, aseguró que de recibir el oficio, enviará la copia del acuerdo que ya se había enviado desde marzo, y sería responsabilidad de la administración municipal la reanudación de la alimentación. “Sí es así, yo les contestaré enviándole copia de cuándo se le envió el último acuerdo de transferencia en donde se le estaba garantizando la continuidad por otros 30 días más”, dice Peña.

Mientras tanto, los niños, niñas, padres y madres de familia hacen un llamado a la administración municipal para que el servicio pueda ser más continuo y sin tantos traumatismos. Además, piden aumentar la ración de comida que, según varias denuncias, es insuficiente.

Un mes después del inicio de clases en Fonseca y toda La Guajira, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dio a conocer la adjudicación presupuestal para las instituciones educativas oficiales del departamento, entre ellas las nueve del municipio. En total, este año los colegios recibirán 628,8 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones que serán desembolsados en los próximos quince días a cada institución.

Los recursos asignados por el MEN a cada colegio corresponden al número de estudiantes que asisten a cada institución. Por ejemplo, la I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Mientras que la Institución Etnoeducativa del resguardo indígena wayuú Mayabangloma, ubicado en la zona rural del municipio, recibió: 25 millones de pesos. Esta última tiene cerca de 375 estudiantes matriculados para este año. 

Sin embargo, la asignación presupuestal no fue bien recibida por varios de los rectores y rectoras pues afirman que los recursos no son suficientes. “Los problemas que hay en las instituciones no son de bajo, ni medio presupuesto; son de un alto presupuesto y no nos alcanzaría ni aunque nos doblaran el presupuesto actual”, dice Esther Guerra, rectora de la I.E. Vicente Roig y Villalba.

¿Por qué no alcanza el dinero destinado a cada institución?

Yolima Araújo Uriana, rectora de la institución etnoeducativa del resguardo indígena Mayabangloma, cree que el Ministerio no está haciendo bien las cuentas. “Para decidir el presupuesto del año siguiente ellos (el Ministerio de Educación Nacional) miran el sistema de matrícula SIMAT, pero hacen el corte con el número de estudiantes matriculados en noviembre, no con los del inicio de año. Para ese momento (finales de año) algunos niños ya se han retirado”, explica. Araújo Uriana agrega que el número de estudiantes al comienzo de año suele ser mayor porque se matriculan migrantes que en el transcurso del año lectivo salen del territorio.

Además, varios rectores y docentes aseguran que el gobierno nacional tiene deudas históricas con la educación de la región y debería ponerse al día asignando presupuestos más elevados. Entre los pendientes, mencionan que hace falta cubrir arreglos a daños estructurales en casi todas las instituciones, nombrar nuevos docentes y mejorar la calidad educativa. 

Antes de iniciar las clases los rectores y docentes alertaron sobre aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas, salones sin pintura y hasta hacinamiento. 

Según cifras oficiales, a corte de febrero de 2023 la población estudiantil había crecido 13 por ciento en los últimos tres años. Sin embargo, el número de plazas disponibles para maestros en todo el departamento no ha aumentado desde 2019.

El presupuesto para algunas instituciones educativas se redujo

Los directivos entrevistados por Consonante cuestionan que, en varios casos, el presupuesto asignado haya sido menor al del año pasado. Por ejemplo, la institución etnoeducativa del resguardo indígena de Mayabangloma este año obtuvo  25,7 millones de pesos, mientras que en 2022, recibió 37 millones. Es decir, 12 millones menos. 

El MEN le asignó este año a la Institución Agrícola de Fonseca 95 millones de pesos, un millón menos que el año pasado. Este valor deben utilizarlo para pagar los gastos de sus dos sedes, a las que asisten más de 400 estudiantes. “Manifiesto mi asombro ante la irrisoria cifra que nos corresponde como institución cuando sabemos que las necesidades cada vez son más. La institución agrícola es una institución antiquísima en su infraestructura, cada día presenta nuevos daños. La sede de Cardonal que es rural, tiene incluso muchas más necesidades”, asegura Solano.

La I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Aunque la rectora no dio el dato exacto, estima que fue por lo menos siete millones de pesos menos en comparación con lo recibido en 2022.

Las preocupaciones de los y las rectoras

Entre las prioridades de la rectora de la institución etnoeducativa de Mayabangloma está la construcción de salas de física, química, una sala administrativa, una biblioteca, una sala de audiovisuales y una sala de informática. Además, tenía proyectado comprar 10 computadores portátiles, pues actualmente solo tiene 10. Pero tendrá que dejarlo para otro momento. “Uno haciéndose ilusiones para poder trabajar y vivir sabroso pero con base a la misión, visión, objetivos como etnoeducativos necesitaríamos unos 100 millones de pesos para cubrir lo más apremiante y esto sería dejándole al Ministerio y a la Gobernación lo que tiene que ver con infraestructura”, dice Araújo. 

En la práctica, Yolima Araújo tiene menos de 20 millones para invertir en lo que tiene proyectado. Con esto solo podrá comprar productos de higiene, papelería y hacer algunas actividades culturales. “Tengo que pagar los servicios de un contador que me cobra siete millones de pesos al año. Restando lo del contador, la póliza de seguro y los descuentos que realiza el banco nos vienen quedando aproximadamente 16 millones de pesos con los que hay que trabajar todo un año. Con esos recursos no se puede construir, solo alcanza para actividades culturales, para lo que siempre aparto un rubro y lo demás se va en suministros para las matrículas”, cuenta la rectora. 

Aunque para la Institución Agrícola de Fonseca el presupuesto es más alto, tampoco es suficiente. En la sede Mary Luz Álvarez han sido los docentes quienes han aportado de su propio salario para arreglar fallas de infraestructura que no dan espera. “Las necesidades básicas las cubrimos con aportes que hacen los docentes de su propio salario. Compraron la pintura, pagaron la mano de obra para que se le echara una manito de gato, y compramos tuercas y tornillos para arreglar los pupitres que se deterioraron”, cuenta Leonarda Solano, coordinadora de la sede.

Entre otras cosas, la Institución necesita un espacio para que los estudiantes hagan educación física y señalización para regular el tránsito de quienes recogen a los estudiantes.

Lo que sigue:

Las y los rectores esperan recibir, a medida que avance el año, inversiones del departamento o de la alcaldía para solventar la crisis económica que, aseguran, atraviesa el sector de la educación. Pero el alcalde Hamilton García dejó ver que no está en los planes de la administración invertir en cada uno de los colegios. Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca contó que a finales de enero les dijo a los rectores que “los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”.

El Carmen de Atrato está en la mitad de la Transversal Medellín - Quibdó, una vía que está en obras desde hace aproximadamente 15 años. El camino hacia el pueblo, ya sea desde Medellín o desde Quibdó, siempre es complicado. Hay varios “pare y siga” y puntos críticos en los que siempre se desliza tierra cuando llueve, o huecos en los que se ha quedado más de una llanta.

La intervención de la vía está a cargo de dos consorcios y un contratista, que han cambiado a lo largo de los años. El proyecto es en toda la ruta Quibdó – Medellín, y hasta el momento, según datos del Invías entregados a Consonante, se han ejecutado 39,1 kilómetros y todavía faltan 15,1 kilómetros más. En la jurisdicción de El Carmen de Atrato se interviene desde el Km 40 al Km 114 (75 km), de este total, se está ejecutando 12,8 km que estaban  sin pavimentar. El último contratista en entrar al proyecto, en el 2022, fue el consorcio Conexión Antioquia, que ya empezó a tener problemas. A finales de febrero, una de las empresas que lo conforman -Explanan S.A.S- terminó el contrato a varios de sus trabajadores y abandonó las actividades por unos días. Esto, aseguran varias personas del municipio, alegando grandes pérdidas económicas  por no poder trabajar ante  los constantes paros y las peticiones de las comunidades indígenas. 

Estas afirmaciones también las secunda el Invias, que le aseguró a Consonante que las demoras en las obras también se deben a “los diferentes bloqueos de las comunidades indígenas al proyecto”.

Está no es la primera vez que hay problemas con las empresas. Desde el inicio de la obra en 2009 ha habido toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y montones de obstáculos que han retrasado la entrega de la vía más importante del Chocó. Según el Invias, para el 2022 la obra llevaba un avance físico del 82 por ciento y la fecha estimada de terminación era diciembre de 2022, pero esto no pasó.

Decenas de paros: las consecuencias de acuerdos sin cumplir

En el municipio hay 28 comunidades indígenas, quienes en su mayoría viven en la vía Quibdó-Medellín, por lo que las empresas que están interviniendo han hecho acuerdos con cada una de ellas para resarcir los inconvenientes que podía causar la obra. Que sean compromisos individuales y no globales con todas las comunidades es uno de los factores que ha causado problemas, retrasos y varios paros. 

“Ha habido competencias internas, porque la empresa se compromete con una comunidad a tal infraestructura y con otras no, a unos les dan más, a otros menos, eso causa disgustos e impacta organizativamente”, opina Julio César Queragama, representante de la mesa municipal de las comunidades indígenas del municipio. Cuenta además que después de tanto tiempo y con cada paro, se han creado acuerdos nuevos sobre los viejos, por lo que se ha dilatado el cumplimiento. Aseguran que falta voluntad.

“Como hay compromisos con tantas comunidades, con tantas familias, las empresas alegan que el recurso no alcanza para tanto, que hay que esperar. Por eso es que hay compromisos de dos, tres años atrás, los escriben en papel, hasta cinco seis ocho compromisos, hasta con el Ministerio y es la hora en que no se cumplen”, dice el líder.

Las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal Medellín - Quibdó, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del INVIAS de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020. El Alcalde ha tenido que convocar a una reunión a varias entidades locales y nacionales, la empresa y líderes indígenas para darle solución a las peticiones. Pero no ha sido fácil, aunque acuerdan unos compromisos, en varias ocasiones han dicho que las solicitudes de la población de Fieras no son asequibles ni para la administración, ni para el Invías.

Entre los acuerdos de Fieras está la construcción de una casa de paso en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero con el paso del tiempo aseguraron que el monto no era suficiente y estimaban que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos. La entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos, sin embargo, durante la reunión realizada en el Ministerio del Interior en Bogotá en noviembre de 2022, después de los paros que tuvieron bloqueado el Chocó por casi 20 días, se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.

Invías aseguró que los compromisos que actualmente están en ejecución con la comunidad Indígena El Fiera son la intervención de infraestructura educativa, la construcción de la casa comunal, una placa deportiva, una casa de paso en Quibdó y dos Casas de Paso en El Carmen de Atrato.

Entre los compromisos con la comunidad de Alto Bonito está el dinero para la construcción de una escuela, la construcción de una vía desde la transversal hasta la comunidad, la construcción de un polideportivo, darle dotación a la guardia indígena, ayudar a la construcción de un acueducto artesanal, entre otros. “Hasta el momento se cumplió lo de la guardia y la manguera del acueducto, pero falta cumplir lo más grande: la escuela y la cancha”, cuenta Belisario, gobernador de la comunidad. 

Con la comunidad indígena de El Consuelo los compromisos son similares. También se acordó una escuela, un polideportivo y la limpieza de vías alternas, pero el avance ha sido poco. “No están cumpliendo con los compromisos, cada vez que nos dan una fecha salen con otras excusas y cada vez que llegamos a hacer reuniones, pasa lo mismo. Por eso hace más o menos unos 10 días la comunidad subió a bloquear la vía, porque no damos espera, es que ya fueron muchas reuniones, muchos compromisos, muchos acuerdos para el mismo proyecto”, denuncia Jorge Luis Queragama, integrante de la comunidad.

La preocupación de las comunidades indígenas es que finalmente ya están viendo el avance de las obras y muchos de los acuerdos siguen sin iniciar. “A nuestra manera de ver la obra está muy avanzada y muchos compromisos aún no se han cumplido, entonces ese es el miedo que tienen las comunidades, que los dejen sin nada, y por eso es que a cada rato salen a las vías de hecho”, cuenta Queragama.

Pero las comunidades indígenas no han sido las únicas que han protestado. El año pasado la comunidad campesina de la vereda Habita realizó un plantón en la vía para reclamar por  la calidad de los materiales que estaba utilizando la empresa Latinco para la pavimentación. Los manifestantes aseguraban que los obreros estaban colocando asfalto y no cemento rígido que, según los pobladores, es mejor para el clima de la región. "Después del plantón si empezaron a poner el buen material. La gravilla para los filtros era la misma que sacaban del filtro viejo, pero luego sí trajeron material bueno. El detalle es que uno tiene que estar encima de ellos para poder que cumplan", asegura Mari Fontanera, líder de la vereda.

Las demoras han cobrado vidas 

Aunque transportistas, habitantes y la misma comunidad indígena tiene la percepción de que en los últimos dos años las obras han avanzado a otro ritmo, los retrasos en la intervención han dejado varias consecuencias. 

Según un especial del medio alternativo ‘La Cola de Rata’, el ingeniero chocoano experto en políticas públicas, Leyner Mosquera, calculó que más de cien personas murieron entre 2012 y 2018 tan sólo en un tramo de veinte kilómetros de la vía Medellín – Quibdó, esto por los constantes derrumbes, accidentes y deslizamientos por el mal estado de la carretera y del lento avance del proyecto. Asegura que, según datos de Medicina Legal, hay demandas de entre 5.000 mil y 8.000 millones de pesos a causa de estos hechos.

Otros de los afectados han sido los transportadores de carga pesada del Chocó que transitan constantemente por la vía. “Hemos tenido daños mecánicos, pérdidas económicas y hemos puesto en  riesgo nuestra propia integridad física”, asegura Édgar Gómez, vocero de los camioneros. “Hay tramos dónde no han podido trabajar que están totalmente deteriorados, huecos impresionantes. Dañan llantas, dañan rines, hay que halar a los compañeros, es impresionante”, agrega. Denuncia también que pierden mucho tiempo en los recorridos porque dicen que cada noche puede cerrarse la vía. “Son lugares donde baja material frecuentemente, en el chocó el clima es húmedo, llueve todos los días, entonces a las 8 o 9 de la noche puede estar la vía cerrada”.

Además, los paros continuos generan toda clase de implicaciones. En noviembre de 2022, la entrada y salida al departamento estuvo bloqueada por casi 20 días. Entre las causas del paro estaban los incumplimientos de Invias en los acuerdos con las comunidades indígenas. En varios municipios del departamento hubo desabastecimiento total de supermercados y legumbrerias.

Problemas con los contratos

Los paros no han sido la única causa de los retrasos.Problemas con algunos de los consorcios han detenido tramos de la obra por varios meses. El proyecto inicial tenía 64 kilómetros en el departamento del Chocó (en el Carmen de Atrato) y 12 kilómetros en el departamento de Antioquia (Ciudad Bolívar). La Transversal Medellín-Quibdó se dividió en dos fases mediante los contratos de obra 851 de 2009 otorgado a Metrocorredores 8 para la fase I y el 544 de 2012 adjudicado al consorcio corredores LAX 051 para la fase II. Aunque las obras tenían que terminar en el 2018, esto no pasó.

En 2016 se otorgaron otros $80.735 millones más para la Fase II del tramo Quibdó – La Mansa – Medellín a la empresa SONACOL, de Carlos Solarte, salpicado en las investigaciones del caso Odebrecht. Y desde el 2017, con el paro cívico, se firmaron, por lo menos, tres contratos más grandes para el proyecto: 

• El contrato 1432 de 2017, a cargo de Latinco, que inicialmente tenía una meta de pavimentación de 23 km, pero que en 2021 se aumentó a 32 km y se adicionaron $99.500 millones para cumplirlo.
  
  
• El contrato 1456 de 2017 del programa Vías para el Chocó, que ha sido uno de los más problemáticos. Esta intervención estaba a cargo del consorcio Vías para el Chocó, que incluía dos de las empresas involucradas en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento).
  
  Después de que el problema salió a la luz, en agosto de 2021 el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones emitió una resolución en la que inhabilitó a los integrantes de la Unión Temporal, incluyendo las dos empresas que también trabajaban en la vía Medellín-Quibdó. Por esto el Tribunal Superior de Cundinamarca suspendió cualquier trámite relacionado  con este contrato y el Invías, suspendió el contrato, además solicitó el levantamiento parcial, temporal y específico de la medida cautelar para poder cederlo. Pero esto no fue posible sino hasta el 28 de marzo de 2022, por lo que la obra duró siete meses sin avances.
  
  El contrato finalmente fue cedido al consorcio Conexión Antioquia, integrado por las empresas Explanan S.A.S. (con un 74%), Trainco S.A.S. (25%) y una persona natural (con el 1%), identificada como Harold Fernando Rozo Zapata.

• El contrato 1723 de 2020 con el consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 como parte del programa Concluir y Concluir, una propuesta del gobierno para adelantar tramos inconclusos de proyectos claves. Este último tenía como meta finalizar las obras el 19 de septiembre de 2022, pero esta meta tampoco se cumplió.

Lo que sigue:

El próximo 15 de marzo la empresa Explanan S.A.S. se reunirá con las comunidades indígenas para intentar llegar a acuerdos nuevamente. Mientras tanto, desde el lunes 6 de marzo estarán trabajando a media marcha con el personal que quedó. En el ambiente queda la duda de si la empresa dejará la obra o no, qué va a pasar con los compromisos y si, nuevamente, se retrasará la entrega de la carretera que llevan esperando por más de una década. Por ahora, el Invías aseguró que los diferentes contratos que están en ejecución en la zona tienen prevista su culminación para el segundo semestre del presente año.

El Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno Nacional el pasado seis de febrero incluye una de las propuestas que más ha sonado desde su posesión: incorporar a las Organizaciones de Acción Comunal en la contratación pública. Aunque esta propuesta no es nueva, pues desde el 2012 una ley autorizó a las gobernaciones y alcaldías contratar con las juntas, es la primera vez que se abandera de esta forma desde el gobierno.

El primer anuncio lo hizo a través de su cuenta de twitter el 12 de julio de 2022.  “Las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina serán contratadas con las Juntas de Acción Comunal campesinas”, publicó en su cuenta sin más detalles No fue sino hasta el 26 de febrero, durante los diálogos comunales en Duitama, que aseguró que el gobierno daría alrededor de dos billones de pesos para contratar con las Juntas de Acción Comunal del país en la construcción de vías terciarias, que representan el 69 por ciento del total de carreteras del país. 

“Con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos de construcción de vías mediante la suscripción de convenios solidarios con las organizaciones de acción comunal. Estas obras mejorarán la conectividad de las personas, generarán empleo y servirán como una herramienta de fortalecimiento de las capacidades comunitarias ", resaltan las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

El segundo anuncio fue el 29 de octubre en Barranquilla, durante los Dialogos Regionales Vinculantes para la política contra el hambre. Allí propuso, a través de las Juntas de Acción Comunal, llevar comida a los barrios más pobres del Caribe. “No vamos a contratar pulpos empresariales, vamos a contratar directamente a las Juntas de Acción Comunal en los barrios pobres a quienes les entregaremos un dinero mensual para organizar a las mujeres del barrio y se pueda dar un desayuno, almuerzo y cena al día”, señaló el mandatario.

El tercer anuncio ha sido uno de los más polémicos. El 16 de febrero de 2023, en Cúcuta, Petro planteó que las Juntas de Acción Comunal sean las encargadas de llevar las redes de fibra óptica a las regiones y barrios para mejorar la conectividad. Sugirió organizar a las comunidades, e integrar a la juventud, en cada barrio donde no llegan operadores como Claro o Movistar, para que sean ellos quienes gestionen sus propias conexiones. Además propuso que sean los presidentes de las juntas quienes contraten energías limpias para  reducir los costos de energía eléctrica, implementando elementos como los paneles solares.

Estas propuestas han calado en distintas comunidades de La Guajira que ven en el gobierno un discurso contra las desigualdades. En Consonante hablamos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas La Unión, El Confuso, El Trigo, Pondores, el corregimiento de Sitio Nuevo y el barrio 12 de Octubre, de Fonseca, para saber qué opinan sobre estos anuncios y qué necesitarían para cumplir las nuevas funciones de contratación

Los beneficios

Los y las presidentas de las Juntas de Acción Comunal ven positivamente las propuestas. Aseguran que son ellos quienes conocen las necesidades de sus comunidades y por eso pueden responder más acorde: “Yo diría que es mejor porque ya tú conoces la problemática que tiene tu comunidad y ya tú sabes dónde puedes ir a gestionar directamente, no como ahora que le toca a uno es llegar a tocar puertas”, cuenta Noira Argote, presidenta de la JAC de El Trigo. Estos son los beneficios que resaltaron:

• No dependerán del alcalde o gobernador de turno: Una de las ventajas que ven los presidentes es que al contratar ellos las obras, no depende del alcalde o gobernador de turno para su ejecución. Aseguran que actualmente en este proceso la mayoría de alcaldes realizan las obras dependiendo del equipo político al que pertenezcan y necesiten beneficiar, ya sea por favores políticos o simpatía.  “Siempre se quedan en lo urbano (los recursos) y como las comunidades no tienen el conocimiento necesario, entonces los alcaldes hacen con esos recursos los que a ellos mejor les convenga”, reclama Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC de Sitio Nuevo.
  
  Además, los y las presidentes dijeron que la mayoría de los alcaldes y gobernadores priorizan proyectos que les generen rentabilidad y poco tienen en cuenta las necesidades reales de las comunidades: “Vivimos el desengaño de los mandatarios que siempre hacen lo que les conviene a ellos, a su bolsillo, porque no hacen en sí lo que la comunidad necesita”, agrega Villalobos.
  
  
• Se generará empleo en la comunidad: Dicen que ahora como presidentes no solamente identificarán los problemas, sino que realmente pueden hacer algo con las mismas personas de la comunidad. “Están dando participación porque anteriormente no teníamos, como dice uno, directamente ni voz, ni voto; pues todo lo hacían por un tercero”, dice Noira Argote, presidenta de la JAC de El Trigo.
  
  “Hoy en día se está construyendo la vía terciaria que conduce al corregimiento de Sitio Nuevo y no hemos tenido participación, tenemos los profesionales y no participamos porque la administración es quien ha colocado todo el personal y por más que nos hemos manifestado, no nos han tenido en cuenta”, dice Wilfredis.
  
  “Es lo mejor que el presidente ha hecho, darle oportunidad a las comunidades, porque nosotros los presidentes conocemos la necesidad de los barrios, de los compañeros, entonces vamos a tener en cuenta al talento humano de nuestro barrio” relata Jose Ramirez presidente de JAC del barrio 12 de octubre

• Los proyectos serán más eficientes: Los presidentes conocen las problemáticas que aquejan a sus comunidades, les afecta directamente a ellos y esto hace que, según afirman, a la hora de ejecutar los proyectos lo hagan con mucho más entusiasmo y eficiencia. “Cuándo se contrata cualquier obra con una Junta de Acción Comunal, se hacen las obras con mayor esfuerzo y con muchas más ganas porque somos los que vamos a beneficiarnos de esa obra”, explica Sandra Noriega, expresidenta de JAC de Pondores.
  
  Además, aseguran que supervisarán que las obras se realicen correctamente, con los mejores materiales, el personal calificado y en el tiempo pertinente.

Los retos

En su discurso el presidente Petro aún no deja claro cuál será la ruta de acción para que las Juntas de Acción Comunal puedan ejecutar estas propuestas, ni el alcance que tendrían. Aunque tienen la disposición, los presidentes piden capacitaciones en contratación pública y apoyo de las diferentes entidades del Estado para agilizar su constitución legal.

• No están constituidos legalmente: Uno de los retos que afrontan los presidentes para poder contratar es estar legalizados, algo que muchas juntas no han logrado. “Nos hacen falta los requisitos que tienen desde el Ministerio del Interior para que nosotros podamos participar en convocatorias, porque uno ve que ahora sí las más grandes, las que lograron organizarse y consiguieron apoyo y se pudieron organizar van a lograr contrataciones, pero nosotros no hemos podido”, dice Sandra Noriega.
  
  Desde el Ministerio del Interior, a través de la dirección de la democracia y la participación ciudadana, les exigen: actas de elección de dignatarios, Personería Jurídica, Rut, Cuenta bancaria, RUC (lo emite MinInterior después del cumplimiento de requisitos) actas de las comisiones de conciliación empresarial, libros registrados y con la información actualizada, actas de inventario, movimientos contables y  libro de registro actualizado para el ingreso de los afiliados al Ministerio del Interior.
  
  
• Falta preparación y experiencia en contratación pública : Los presidentes piden capacitaciones para contratar con el Estado, así como aprender a formular y ejecutar un proyecto. “Hay que tener mucho cuidado al momento de contratar, porque como puede ver en este país casi la mayoría que contrata está investigado”, expresa Carlos Caicedo Cardenas, presidente de la JAC de El Confuso.
  
  Una opinión similar tiene Wilfredis Villalobos, quien dice que tiene que asesorarse mejo: “Buscaré tener el asesoramiento adecuado para no caer en  el error de dejarme llevar por algún contratista que quiera venir a meterme los dedos a la boca, como decimos coloquialmente, a engañarme”.
  
  
• No saben cuál es el alcance de su trabajo: La mayoría de los presidentes tienen varias peticiones a solucionar que no están dentro de las propuestas que planteó el presidente. Necesitan distritos de riego, alcantarillado, salones comunales, parques, servicios públicos, transporte escolar, proyectos de vivienda, y fortalecimiento en el sector salud.
  
  “Esta región tiene una gran necesidad y es de agua. Nosotros no contamos con agua suficiente para poder cultivar y producir aquí en nuestra tierra. Nos hace falta un distrito de riego o acueducto”, afirma Rosa Guerrero, presidenta de la JAC de La Unión.

Lo que sigue:

Mientras los presidentes esperan más claridad del gobierno, 40  líderes y lideresas de la  zona urbana y rural del municipio se están capacitando desde el 10 de febrero a través de  la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El taller cuenta con 10 jornadas en el que los presidentes aprenderán los procesos de contratación de sus propias obras y elaboración de proyectos.

Los dueños de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados de La Guajira tienen pocas opciones para seguir con su trabajo este nuevo año lectivo. Aunque los y las estudiantes iniciaron clases el 6 de febrero, y el contrato con el operador estaba “listo” desde diciembre de 2022, no han podido empezar a trabajar porque la mayoría de vehículos son “muy antiguos". Ante esto, es el Ministerio de Transporte en Bogotá quien tiene en sus manos la decisión final: prorrogar, o no, el plazo para que los dueños cambien sus vehículos por modelos más nuevos.

Sea cual sea la decisión del Ministerio, la inversión que tienen que hacer los transportadores es alta. Sí la resolución es prorrogada, para que la Unión Temporal Caribe los contrate deben tener todos los documentos al día, así como tener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas. Si no es ampliada, tienen que comprar un carro de modelo más actual, una opción que los líderes indígenas ven imposible. Estas son las cuentas:

Los gastos para obtener el contrato

Según la ley, una parte de los carros y busetas que transportan a los y las estudiantes, deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio, esto para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. Año tras año, en los resguardos indígenas, los dueños de las ‘copetrans’, deben invertir en varios documentos que son requisito para ser contratados como transportadores.

Víctor Fernando Epiayu Molero, gobernador de cabildo del resguardo indígena Trupio Gacho, en La Meseta, Barrancas, ofrece su vehículo para el transporte escolar desde el año pasado: una Toyota Copetran 4.5, full equipo, modelo 2004, de placa venezolana. Víctor transporta normalmente a 16 alumnos desde La Meseta a las Instituciones Educativas Eloy Hernández, Montea Albernia y Pablo VI. Cuatro kilómetros por recorrido, ocho kilómetros ida y vuelta.

Para que lo contraten el carro de Víctor tiene que pasar la revisión técnico mecánica, pagar el seguro y tener los impuestos al día, una cuenta que da, aproximadamente: 1’ 700 000 pesos.

• Póliza/seguro: $1´060 000
• Revisión técnico mecánica: $250 000
• Impuestos: $390 000
• TOTAL: $1 700 000

Además de estos documentos, el carro de Víctor tiene que estar en perfectas condiciones mecánicas, por lo que aproximadamente cada tres meses debe hacer inversiones de mantenimiento que cuestan aproximadamente $750 000. 

• Cambio de aceite: cada 5 000 kilómetros (dos a tres meses) $250 000 
• Rodaje/mantenimiento de frenos: cada tres o cuatro meses $500 000
• TOTAL: $750 000

Y cada dos años debe realizar el cambio de llantas que puede costar en promedio $3’ 200 000. Adicionalmente, cuando el carro ya está transportando niños y niñas, debe pagar la gasolina, que según sus cuentas son $320 000 semanalmente, $1 100 000 al mes.

Como Víctor, muchos conductores hicieron esta inversión para estar listos para la contratación, antes de saber que posiblemente no podrían trabajar este año con su vehículo. Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González;  y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. Sin embargo, apenas hace dos semanas la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio.

“A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan a actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura Estelló.

A 20 minutos de Barrancas, en Hatonuevo, José Carlos, alquila su Toyota Copetran modelo 2007, de placas colombianas, en el resguardo indígena de Lomamato. El carro de José Carlos cubre la ruta de Guaimarito-Guamachito desde hace tres años. Aunque los requisitos son los mismos, asegura que varios de sus gastos, por ser carro colombiano y otros factores, son más altos.

Gastos documentos

• Póliza/seguro: $1´250 000
• Revisión técnico mecánica: $280 000
• Impuestos: $500 000
• TOTAL: $2 030 000

Gastos de mantenimiento:

• Cambio de aceite:  cada 5 000 kilómetros (dos a tres meses) $250 000 
• Revisión de frenos: (depende del recorrido y la fricción, lo hace cada año más o menos) $600 000 
• TOTAL: 850 000

Para combustible, según sus cuentas, gasta seis galones de gasolina al día, es decir $60 000. Al mes calcula $1 500 000. Además, un cambio de llantas, cada dos años, le puede costar  $3’ 600 000.

El dinero para invertir no es fácil de conseguir, en muchos casos el contrato de transporte escolar es su único ingreso, y con tantos problemas en la contratación, difícilmente reciben pago en el primer trimestre del año. “La empresa debió habernos facilitado préstamos para la inversión, que lo descontaran después, porque si no hemos trabajado de dónde vamos a sacar el dinero”, explica José Carlos.

La plata no alcanza para comprar un nuevo vehículo

Si el Ministerio de Transporte no amplía el plazo de la resolución 3018, los dueños de los vehículos que sean de modelos más antigüos al 2006 y quieran seguir prestando el servicio de transporte escolar, tendrían que comprar un carro nuevo, una opción que no ven posible.

Según los transportadores, una ‘copetran’ modelo más nuevo cuesta entre 150 y 190 millones de pesos. Lo ideal sería comprar una de últimos modelos para que no tengan que renovar nuevamente en poco tiempo. “Un carro como el mío (modelo 2007) vale 110 millones de pesos, uno venezolano, que es más barato porque solo puede circular en el departamento de La Guajira, está valorado en 70 millones de pesos. Y ya un carro modelo 2012, o 2014 está saliendo entre 150 y 180 millones de pesos”, dice Jose Carlos.

La única opción para comprar un carro de este valor es pedir un préstamo, una posibilidad que no ven viable. “No estamos en condiciones nosotros como Wayuú de buscar unos préstamos al banco para comprar un vehículo de casi 200 millones de pesos”, confiesa Víctor. Además de la dificultad para que un banco les preste el dinero, el sueldo como transportadores no les alcanza para su sostenimiento y el pago del préstamo.

Por el alquiler de su vehículo, Víctor, José Carlos y cualquier transportista contratado en La Guajira recibe 220 000 el día trabajado. Si no hay festivos, o paros en las vías, trabajan en promedio 22 días al mes. Si no, en promedio 18 días. En el mejor de los casos, al mes reciben $4’ 840.000. A esto deben restarle la gasolina y los otros gastos de mantenimiento que mencionamos arriba. “El que se ponga a buscar un préstamo para pagarlo con este trabajo, eso no le va a alcanzar. Este trabajo no da para mucho”, comenta Jose Carlos.

Otra de las razones por las que prestar el dinero no es una opción, es que los transportadores consideran que el trabajo no es estable. Cada año lo inician con la incertidumbre de saber si serán contratados nuevamente. “Uno cómo va a buscar un préstamo si no está segura la contratación para el año siguiente”, agrega Jose Carlos. Además, el servicio no suele empezar con el inicio del año escolar, nunca hay una fecha definida que realmente se cumpla.

Lo que sigue

La semana pasada la secretaría territorial del Ministerio de Transporte, junto a los líderes indígenas, propusieron a todos los alcaldes del departamento firmar una carta para solicitar la prórroga de la ley 3018 y enviarla a Bogotá. A última hora, y después de varias negativas de algunos mandatarios que no quisieron dar respuesta, la mayoría firmaron la solicitud. Hasta la fecha el Ministerio no ha entregado una respuesta.

El viernes 24 de febrero varias comunidades indígenas convocaron al Secretario Departamental, la representante legal de la Unión Temporal Caribe y los secretarios de cada uno de los municipios a una reunión el resguardo Rodeito El Pozo para revisar un plan de respuesta ante la falta de respuesta del Ministerio.

Mientras tanto,  7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira siguen sorteando toda clase de obstáculos para poder llegar al colegio. Hoy se cumplen 15 días del nuevo año escolar sin servicio de transporte.

Dalia Pacheco, de 52 años, lleva ocho años viviendo en la manzana número 15 de la urbanización Villa Hermosa, al oeste de Fonseca. Para tener agua en su casa, compra canecas de agua al menos tres veces a la semana en el centro de Fonseca. Se transporta en motocarro y en la diligencia se gasta al menos 16 mil pesos. Al mes, en promedio, se le van unos 240 mil pesos para tener agua para tomar, cocinar o hasta bañarse. 

Si está de suerte, Dalia logra recibir agua del acueducto durante una hora cada día, pero poco puede hacer con ella. El agua suele ser salada, turbia o llegar con olor a alcantarilla. Solo la usa para los quehaceres de la casa: “Es para lo único que sirve”, asegura. Por este servicio, mensualmente paga 13 500 pesos.

En Villa Hermosa viven 718 familias, y la mayoría es víctima del conflicto armado. Las casas de interés social de la urbanización nunca han estado conectadas al acueducto municipal de Fonseca. El proyecto fue construido hace nueve años y tiene su propio sistema de acueducto de pozos subterráneos para llevar agua a sus 3 500 habitantes, un agua que según denuncian, es de mala calidad.

El acueducto del barrio es administrado por Veolia, actual operadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Fonseca. A pesar de las constantes quejas de los habitantes, desde la empresa aseguran que en los dos años que llevan administrando el servicio solamente han recibido una queja por el olor del agua. “Solo era una calle en la que se presentaba un rebose de una alcantarilla y presuntamente pudo haber un cruce de aguas, el cual fue atendido de forma inmediata, pero no es nada del otro mundo”, dice Luis Baloco, ingeniero de la compañía.

Pero varios líderes del barrio contradicen la versión de la empresa. "Llevamos años luchando para que se nos conecte el servicio de acueducto a las redes municipales ya que esta agua, que nos toca recibir media hora cada dos días, está contaminada  y tiene olores fétidos. No sirve ni para preparar alimentos, ni mucho menos para el consumo humano", sostiene Avelino Solano Solano, presidente de Junta de Acción Comunal.

Además de la mala calidad del agua, la presión es baja, por lo que para poder recolectarla los habitantes deben usar turbinas, lo que aumenta el costo del servicio de luz. “Por ejemplo en mi manzana llega a las dos y media de la tarde y a las tres de la tarde se va. Media hora de agua y si no coloco la turbina no puedo recoger ni una gota”, cuenta Avelino.  A esto se suma el costo de desplazamiento a otros barrios para comprar agua. La gente asegura que la plata no les alcanza.

Brotes en la piel y problemas estomacales

Dalia reconoce que no todas las personas de Villa Hermosa pueden comprar agua. Muchos tienen que usar la que viene de los pozos. Esto les ha causado brotes en la piel y hasta diarrea. “El agua no es apta para el uso en el hogar, ya no podemos seguir enfermándonos, no es justo que no podamos recibir el servicio del acueducto municipal”, asegura Enelis Vega, líder de la Urbanización. 

Enelis cuenta que a su nieto le salieron hongos en la piel y tuvo que llevarlo a recibir atención médica. “Le salían sarpullidos cada vez que se bañaba con esa agua, tuve que ir a buscar a otros barrios para tener agua para el uso doméstico”.

Los constantes problemas de salud que han sufrido ha llevado a qua muchos desconfíen del sistema. “La alberca está a nivel del suelo y muchas veces se han encontrado toallas sanitarias y pañales desechables, porque está destapada. Si llenas un recipiente con esa agua a los cuatro días está baboso. A muchos les da erosión en la piel”, dice Delis Sardo, habitante del barrio.

"Por eso exigimos a la empresa Veolia que tome cartas en el asunto, porque no aguantamos vivir esta situación un día más, no conforme con eso es un servicio con tarifas muy altas razón por que la gente no quiere pagar esa plata", afirma Avelino. 

Por la operación del acueducto, Veolia cobra una tarifa estimada: “Lastimosamente no hemos podido instalar un equipo de medición. Estimamos un consumo de acuerdo al que tienen otros usuarios en condiciones similares”, explica el ingeniero Baloco. Los precios varían, a Dalia la factura le llega normalmente por 13 500 pesos; a Omaira Villa, otra habitante del barrio, por 20 mil pesos; a Zeuris Barranco por 24 mil. En los últimos meses, confiesan, son pocas las personas que pagan la factura, aseguran que no son coherentes con el servicio.

Un acueducto insuficiente

En 2014, cuando el Ministerio de Vivienda entregó la obra, el acueducto era responsabilidad de la empresa Aguas de La Guajira S.A.S.E.S.P, que desde el 24 de marzo de 2021 cedió el contrato a Veolia. Aunque desde su construcción la urbanización no pudo abastecerse del sistema urbano, a Delia, por ejemplo, nunca le dijeron eso cuando le entregaron la casa. 

La urbanización Villa Hermosa tiene un “sistema de pozo profundo que tiene un sistema de captación superficial”, explica el ingeniero Baloco. Es decir, una bomba superficial extrae el agua con una velocidad de tres litros por segundo. De allí el agua es distribuida a unos tanques en los que pasa por un proceso de desinfección, que aseguran “es lo único que necesita”. Luego, el personal de la empresa desinfecta el agua con hipoclorito de sodio o de calcio. Finalmente, el agua es bombeada nuevamente y se distribuye a las viviendas. Veolia asegura que el agua es potable y es apta para el consumo humano.

Frente a las quejas de la intermitencia del servicio, Veolia asegura que la comunidad desperdicia el agua y por eso no es posible prestar el servicio por más de una hora al día. “Es un pozo que tiene un caudal bajo y por eso funciona en las condiciones actuales de operación. Es decir, una hora al día, todos los días" cuenta el ingeniero. “La gente desperdicia mucho el agua por lo que la demanda que requiere la población es mucho mayor a la que teóricamente debe ser”, agrega.

Por su parte, el sistema de acueducto de Fonseca funciona por gravedad a presión, por lo que no cuenta con estaciones de bombeo de agua potable. El agua que llega al casco urbano viene de la planta ‘Metesusto’, una línea de alimentación que tiene varias fugas de agua, por lo que en el camino se pierde presión del líquido. Esto hace que en algunos barrios sea intermitente el servicio y que aunque a Villa Hermosa los conectaran, no llegaría el agua. 

“Yo estuve en esa zona cuando se estaban instalando la redes para el agua y las tuberías quedaron muy profundas, si se conecta a las redes municipales no se va a solucionar el problema de fondo: la línea de alimentación de agua que abastece al municipio de Fonseca es muy obsoleta, hay muchas fugas y se pierde presión del líquido siendo esta la razón principal por lo que se agudiza el problema en muchos barrios como el 12 de Octubre, Cristo Rey, El Retiro Nueva Esperanza, Brisas del Ranchería y Villa Jardín”, explica Luis Fernando Peñaranda Palacio exconcejal, y quien por año fue operario del acueducto municipal.

Marla Zuñiga, secretaria de Planeación de Fonseca, reconoce los problemas de los habitantes, pero asegura que la Alcaldía nunca ha recibido una “solicitud formal” para conectar a Villa Hermosa al acueducto municipal. “De manera oficial no hemos recibido requerimiento por parte de la comunidad, cuando te digo oficial es escrito y formal”, dice para dar a entender por qué no han solucionado el problema.

Zuñiga asegura que en los próximos meses se iniciará en el municipio el proyecto de Guajira Azul, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se planteó optimizar la red de acueducto del casco urbano. El proyecto, por un valor de 50 mil millones de pesos, contempla también que Villa Hermosa quede dentro del acueducto del casco urbano. Con esto se pretenden solucionar también las deficiencias en los otros barrios. 

La Secretaria no explicó cuánto tiempo podría tardar que esto suceda, pero a la comunidad le preocupa que este proyecto está planteado desde 2019, y aunque estaba planeado que las obras empezaran en junio del 2020, aún no se ha puesto la primera piedra.

La espera continúa

El 7 de febrero la junta de acción comunal de Villa Hermosa convocó una reunión con la empresa Veolia y representantes de la administración municipal para buscar una solución pronta al problema.  Eder Hugues Peñaranda, secretario de Gobierno municipal,, le pidió a Veolia hacer el trámite correspondiente para la conexión de las redes al acueducto municipal. “El acuerdo fue que se iban a hacer unas pruebas con el acueducto de Fonseca, colocar el agua del acueducto y hacer unas pruebas a ver si el servicio llega”, dice Avelino Solano. Pero no es suficiente.

Hoy, poco más de una semana después, el agua del acueducto de Fonseca no ha podido llegar a muchos hogares como se tenía previsto, por lo que siguen bombeando agua de los pozos. Por ahora, los habitantes de Villa Hermosa no tienen muchas opciones.

“Mire: aquí se llevaron a mi sobrino, a estos jóvenes, ellos estaban pastoreando. Los convencieron de que se fueran y se fueron con ellos”. Esta frase se la han dicho más de una vez a Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, en una especie de confesión que pocas veces alcanza a ser denuncia. Entre los vecinos se escuchan decenas de historias similares y aunque la institucionalidad no tiene registro, lo cierto es que en La Guajira, el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es cada vez más alto.

De enero a junio de 2022 la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) registró 42 eventos que afectaron por lo menos a 85 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Si bien para ese año no se pudieron comprobar casos de reclutamiento para el caso específico de La Guajira, varias organizaciones sociales han lanzado alertas sobre este delito ante el movimiento y expansión de los grupos armados en el departamento.

“En el 2021 pudimos verificar en La Guajira un evento relacionado a reclutamiento. Para 2022 no se logró identificar eventos, pero la información que nos llegaba era ‘hay riesgo de reclutamiento, a los chicos y se los están llevando, les están pagando para que se vayan’. Se les ofrecía entre un millón y un millón doscientos para que hicieran parte de las Agc pero esa información no fue verificable”, cuenta Julia Castellanos Medina, integrante de la secretaría Técnica de Coalico.

En Maicao, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana desde el 2019 por reclutamiento forzado y/o uso o utilización de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales como el contrabando de gasolina, el tráfico de armas, narcotráfico y microtráfico. Los responsables serían el Eln y los grupos de delincuencia organizada transnacional como los ‘Pranes’ de Venezuela.

“El Eln, como estrategia para el reclutamiento forzado de adolescentes, indígenas y venezolanos se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población, por lo que ofrece dinero para quienes hagan parte de sus filas o actúen como informantes. Los valores ofrecidos oscilan entre los $500.000 pesos colombianos hasta los $3.000.000 de pesos, hechos que se han venido presentando en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura”, asegura el documento.

Organizaciones sociales como la Corporación Social y Cultural Manos a la Paz (Mapaz) de Fonseca, trabajan por crear escenarios de esparcimiento y ayudar a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en lugares sanos. “Queremos mejorar su calidad de vida llevándoles jornadas culturales, artísticas, de salud mental y apoyo psicosocial en ocasiones articular con las entidades encargadas”, comenta Eimer Ariño, director de Mapaz.

La organización ha beneficiado a cerca de 40 jóvenes, niños y niñas en las veredas de Conejo y El Confuso. “Podemos ver que hay niños en La Guajira que se están muriendo de hambre, se les vulnera el derecho a la salud, a la educación y viendo todas esas necesidades comunitarias nació esta idea de constituirnos como corporación”, agrega Ariño.

Mapaz realizará un evento este domingo 12 de febrero, para conmemorar el “Día Internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados ilegales”, en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, La Guajira.

Los riesgos

A pesar de que no hay denuncias formales, en el departamento los grupos armados han creado varias estrategias para el reclutamiento de menores. En el Norte de La Guajira, por ejemplo, los niños que son reclutados ya no abandonan necesariamente su casa o su escuela, sino que hacen “tareas esporádicas” con las que su vida termina controlada por los actores armados. “Al actor armado en sus estrategias de reacomodación le sale más barato no tener el niño dentro de las filas y tener que pagar su manutención, sino más fácil darle a la familia un dinero: 50 000, 30 000, 40 000 pesos mensuales como ayuda para mantener al niño en la estructura y que el niño haga todo lo que él designe y en el momento que designe”, explica Castellanos. Entre las tareas está el tráfico de estupefacientes, entregar información, llevar armas, y/o movilizar a otros niños y niñas para que entren a la estructura.

Según el Informe Final de La Comisión de la Verdad, los factores de riesgo de reclutamiento persisten en el país. Entre ellos están: las condiciones de precariedad en las que viven los niños y las pocas opciones para desarrollar sus capacidades; la presencia de grupos armados que controlan y definen las dinámicas de los territorios; la negligencia o imposibilidad de las familias y la sociedad de protegerlos, y la indiferencia del Estado para prevenir la violencia que los afecta.

En La Guajira, según Coalico, la situación se agrava por estos factores:

• Es una zona fronteriza y de alto flujo migratorio: 

Con la oleada migratoria que recibió el departamento, llegaron también estructuras armadas que establecen dinámicas muy fuertes en la región, sobre todo por la disputa del territorio con las estructuras armadas que ya existían. En la búsqueda de engrosar sus filas y capacidad de reacción, se genera un riesgo para los niños, niñas y adolescentes.

Además, el observatorio aseguró que los cierres iniciales de frontera incrementaron las situaciones de riesgo para los niños que entraban y salían del país por trochas y sin acompañamiento. 

• Hay gran influencia de narcotráfico y grupos armados: 

La Guajira es uno de los focos de estructuras armadas “post- desmovilización paramilitar”. Son estructuras que tienen una línea directa con el paramilitarismo y que tienen nexos directos con el narcotráfico, además controlan la frontera. “Hay una presencia muy fuerte de estas estructuras armadas locales, que además mutan constantemente de nombre, lo que hace que sea aún más difícil su identificación en la participación de eventos”, cuenta Castellanos.

La organización ha identificado que dentro de las dinámicas que han utilizado el Eln y las Agc es su entrada y salida constante de los departamentos, dejando una sensación de inseguridad entre las comunidades y así poder ejercer mayor control. “Esto genera una tensa calma permanente porque hay amenazas muy fuertes y luego hay un momento de letargo o de quietud con el ánimo de manejar rutas de narcotráfico”, agrega.

• Es difícil verificar la información y la gente tiene miedo a denunciar:

Aunque a la organización llega información de casos de explotación sexual y violencia sexual contra niñas menores de 18 años y menores de 14 años asociados a temas de reclutamiento, la verificación de estos hechos es compleja por la falta de información.

En primer lugar las víctimas o sus familias no denuncian porque conviven directamente con el actor armado, lo que implica riesgos para su integridad. 

• Las comunidades terminan “naturalizando” los hechos

En el departamento, particularmente las comunidades wayuu de la Alta Guajira, terminan aceptando las dinámicas de control por parte de los grupos armados. Esto por la cultura patriarcal machista o las condiciones socioeconómicas que les hacen creer que dentro de estos grupos armados tendrán una mejor calidad de vida. “Se naturalizan cosas como ‘por algo sería’ o ‘mejor que se lo lleven para allá’ o ‘así va a aprender a ser hombre”, cuenta la investigadora Castellanos.

¿Cómo prevenirlo?

El Informe Final de la Comisión de la verdad recoge varias recomendaciones para enfrentar el uso de menores en el conflicto. Estas son algunas:

• Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, empezando por la educación.
• Generar oportunidades para los jóvenes, que muy a menudo se ven seducidos por las economías ilegales que los terminan metiendo de lleno en la guerra.
• Revisar y ajustar la ruta para el restablecimiento pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, así como las condiciones necesarias para su efectiva reintegración a la vida civil, de manera tal que se atienda y responda a las particularidades de esta población.
• Desarrollar un enfoque diferencial e interseccional, y una política general que atienda las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales de cada territorio y que esté dirigida a garantizar sus derechos y a dotarles de las capacidades necesarias para desarrollar sus planes de vida en paz. 

Los y las estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira iniciaron las clases el 6 de febrero igual que como terminaron el año pasado: sin transporte escolar. A pesar de que la secretaría de Educación departamental firmó el contrato en diciembre del año pasado por más de 18 mil millones de pesos con la Unión Temporal del Caribe y todo parecía estar listo para el nuevo año escolar, el comienzo del servicio se retrasó y apenas la semana pasada salió a la luz pública el obstáculo: una serie de requisitos técnicos por los que los vehículos que tienen los transportadores de la zona no podrían ser utilizados por el contratista. 

Los vehículos serían demasiado antiguos

Según la ley, una parte de los carros y busetas que prestan el servicio de transporte escolar deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. El problema es que muchos de los vehículos que tienen los transportadores, quienes en su mayoría pertenecen a comunidades étnicas, no cumplen con las condiciones técnicas que exige el Ministerio de Transporte.

Según la resolución 3018 del 4 de agosto de 2017 que expidió el Mintransporte los vehículos antiguos , los vehículos debían ser sustituidos por modelos más nuevos con plazo máximo hasta el 1 de enero de 2024. Esta transición se planteó bajo el siguiente esquema: los modelos 1986 y anteriores deberán ser reemplazados por vehículos modelo 2006 o posterior a más tardar el primero de enero de 2020. Los vehículos modelo 1987 a 1992 deberán ser reemplazados por vehículos modelo 2007 o posterior a más tardar el primero de enero de 2021. Los modelos 1992 a 1998, por modelos 2008 o posterior a más tardar el primero de enero de 2022. Los modelos 1999 a 2005 por modelo 2009 o posterior a más tardar el primero de enero de 2023. Los modelos 2006 y posteriores por modelos 2010 o posteriores a más tardar el primero de enero de 2024.

Sin embargo Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González  y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. “Hicimos mesas de trabajo, firmamos y radicamos en Uribia el documento de la solicitud de la prórroga y se la llevó el secretario de Gobierno que estaba en el departamento. Luego nos notificaron que nos habían aprobado dos años más para la circulación de esos vehículos que están en cada uno de los territorios”, cuenta Estelló. 

Estelló, quién ha liderado las mesas de trabajo para la reanudación del servicio, afirma que apenas el viernes de la semana pasada la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio. “A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura. 

En Rodeito El Pozo hay, por ejemplo, ocho vehículos cuyos modelos oscilan entre 2002, 2003 y 2004. Según las condiciones del Ministerio de Transporte ninguno de estos podría prestar el servicio este año. “Si ellos sabían que esto iba a pasar tenían que notificarnos para haber hecho esa socialización en cada uno de los territorios resguardados y no resguardados en el sur de La Guajira y poder iniciar el servicio normalmente”, dice el gobernador.

El secretario de Educación se lava las manos

En una entrevista emitida en la emisora Cardenal Estéreo el miércoles 8 de febrero, el secretario de Educación Adaulfo Manjarrés optó por culpar a las comunidades indígenas por el retraso del transporte escolar: “Ellos exigen que los vehículos que presten el servicio sean de ellos mismos, pero los que tienen no cumplen con las características mecánicas conforme a la resolución 3018 de 2017”, aseguró. 

A pesar de que Manjarrés tiene a su cargo la contratación del servicio, el Secretario insiste en que la Gobernación no tiene nada que hacer. “Ellos mismos están obstaculizando el inicio del contrato y nosotros aquí no tenemos nada que hacer”, agregó el funcionario que asumió funciones el 20 de octubre del año pasado. Según la Secretaría, la Unión Temporal del Caribe habría notificado el inconveniente por el que no ha dado cumplimiento al contrato. Sin embargo, no precisan cuándo se dio el aviso.

Las declaraciones del Secretario generan desconcierto entre los líderes indígenas, quienes afirman que Manjarrés asume una actitud constructiva en reuniones internas y luego los señala públicamente. “Después de una mesa de trabajo que tuvimos ayer dice en los medios de comunicación que el transporte escolar en La Guajira no ha iniciado por culpa de las autoridades tradicionales y eso es totalmente falso. Ellos han generado aquí conflicto interno, porque si desde un principio hubiesen dicho que no se había prolongado la resolución 3018, que se tenían que buscar vehículos nuevos, pues nosotros habríamos tomado una decisión”, puntualiza Estelló.

Hasta el momento no queda claro por qué si desde la Secretaría tenían el inventario de los vehículos que han prestado el servicio por tantos años, solo notificaron a los transportadores hasta el viernes 3 de febrero, tres días antes de iniciar las clases. Los líderes indígenas aseguran que esta dependencia de la Gobernación conoce desde hace mucho tiempo los modelos de los vehículos que no cumplen los requisitos del Mintransporte. 

¿Por qué apenas se encontró que los vehículos no son aptos según la resolución 3018 de 2017. Esta pregunta fue enviada por Consonante a la oficina de comunicaciones de la Gobernación. “La verdad en este momento no tenemos respuesta, el tema se está analizando y discutiendo con las comunidades indígenas y los operadores del servicio”, respondieron desde la oficina de Comunicaciones de la secretaría de Educación departamental*.

Qué dicen las familias de las y los estudiantes afectados:

En medio de este enredo se encuentran los 7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira que necesitan el servicio de transporte escolar para llegar a clases. Al igual que registramos el año pasado en Consonante, muchos caminan largas distancias para ir a la escuela, han sido víctimas de la inseguridad y, en algunos casos, han optado por abandonar el colegio. 

• “Los papitos que pueden están trayendo a los niños, pero hay niños que no han podido venir porque no hay forma para transportarlos. Esperamos que la próxima semana pueda iniciar el servicio”, cuenta Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal de la vereda Los Toquitos. 
• “Yo tengo un niño de nueve años y el colegio está muy lejos. Yo no tengo cómo llevarlo, se va caminando, lo mando en colita o me hacen el favor de llevarlo. Acá hay varios niños que están afectados con este problema”, cuenta Ingris Vergara, madre de familia que vive en el sector de La Laguna.

Para protestar por la falta del servicio, el miércoles 8 de febrero las comunidades indígenas bloquearon en el sector de Alto Pino, en Manaure, La Guajira.

Las soluciones que proponen ambas partes

Desde la Secretaría de Educación y la Unión Temporal Caribe han propuesto que el servicio lo presten “vehículos de afuera”. Esta solución, además de que afectaría la economía de los dueños de los vehículos y sus familias, ha sido problemática en el pasado. 

“Una vez sucedió que trajeron vehículos de afuera y los conductores no quisieron penetrar hasta la comunidad por la dificultad en las vías de acceso. Tuvimos muchas dificultades y hasta agresiones porque los conductores querían dejar a los niños hasta donde ellos podían entrar, pero no hasta el punto real donde tenía que ir”, confiesa Ángel Estelló.

Por otro lado, comprar un vehículo nuevo está por fuera de las posibilidades de muchos de los conductores. “Salir ahora a buscar un vehículo con las condiciones que se están exigiendo sale muy costoso, este tipo de vehículos, camionetas y camperos, son para zona rural, trochas. Además comprar un vehículo nuevo de este tipo para meter en trochas también es correr un riesgo de que lleguen los ladrones y le quiten el vehículo a uno. Estamos esperando que la empresa nos notifique cuál es el paso siguiente para ver de qué manera podemos trabajar”, cuenta Yesney Tarifa, conductor del servicio de transporte escolar en la zona rural de Fonseca.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT y la Secretaría de Educación Departamental solicitaron esta semana al Ministerio de Transporte la ampliación del periodo transitorio para prestar el servicio escolar bajo la supervisión técnica de la DATT Guajira. Además, se acordó en una comisión que se reunió el 7 de febrero que representantes de las comunidades indígenas y la institucionalidad del departamento visitarán las instalaciones del Ministerio de Transporte en Bogotá para dar celeridad a la prórroga. 

Lo que sigue

Los líderes indígenas solicitan la visita del ministro de Transporte Guillermo Reyes y del ministro de Educación Alejandro Gaviria a La Guajira para llegar a acuerdos y así poder reanudar el servicio lo más pronto posible. 

Mientras tanto, los rectores de varias instituciones del sur de La Guajira siguen esperando la contratación de más docentes, solucionar la prestación del servicio de aseo y vigilancia, mejorar la infraestructura de los colegios y atender los problemas de rendimiento académico.

*Consonante contactó a Adaulfo Manjarrés, secretario de Educación departamental, en varias ocasiones antes de la publicación de esta noticia, pero Manjarrés no respondió la solicitud.

Cerca de 1400 estudiantes de las dos Instituciones Educativas de El Carmen de Atrato y sus sedes rurales llevan más de dos semanas sin recibir el desayuno o el almuerzo que garantiza el Programa de Alimentación Escolar. Las clases iniciaron el 16 de enero, pero los colegios no han podido prestar el servicio porque la Alcaldía no ha firmado el contrato con un operador especializado.

La situación tiene preocupada a docentes, rectores, padres y madres de familia, que aseguran que el rendimiento académico no es el mismo. “Algunos menores vienen de sus casa sin desayunar y llegan aquí y su desempeño académico se ve muy afectado por la falta de alimentación”, cuenta Aura Tatiana Valencia, docente orientadora de la Institución Educativa Corazón de María.

Además del impacto en el rendimiento académico, el bolsillo de madres y padres no está dando abasto. Monica Patricia Pérez es madre de cuatro niños que estudian en la IE Corazón de María y cuenta que en estas tres semanas ha sido difícil sacar el dinero para la alimentación de los cuatro. “Yo tengo ya niños que sufren de gastritis, los tengo en tratamiento en Medellín, entonces es aún más grave. Todas las semanas dicen que el servicio iniciará la próxima semana, pero no pasa nada más”, puntualiza.

Dora López, madre de Maria Clara Ríos, estudiante de grado octavo en el Liceo Marco Fidel Suárez, cuenta que los mismos niños se han dado cuenta de la dificultad que pasan algunos de sus compañeros: “Mi hija gracias a Dios tiene cómo, pero me cuenta que hay compañeritos que no llevan casi nada y eso afecta mucho el rendimiento escolar. Ayer me dijo que le había regalado un bonyurt que llevó a una compañerita, me dijo: “Mamá yo le mandé a preguntar que si tenía algo de media mañana a esa hora y me dijo que no”.

El alza de precios agrava la situación, los padres y madres que pueden comprar lonchera para sus hijos están gastando más de lo presupuestado: “Le echo un sándwich, una malta, un yogurth y se le dan todos los días cuatro mil pesos, son 20 mil semanales solo de la mera plata”, recalca Dora López.

¿Por qué no ha empezado a funcionar el PAE?

Aunque los estudiantes volvieron a clase desde el 16 de enero, la Alcaldía aún no ha firmado el contrato para la prestación del servicio y no tienen definido el operador. Aseguran que aunque ya están los recursos, no les han aprobado el plan de alistamiento, que consiste en la aprobación de la minuta patrón (la ración de comida) y la fumigación de las instituciones y los restaurantes escolares. 

Boris Peña, secretario de Integración Social, recalca que el retraso es responsabilidad de la Alcaldía, y que el plan de alistamiento debía estar listo antes del inicio de clase. “Me parece muy extraño que el alcalde manifieste que, para iniciar la operación, se requiera la aprobación de la minuta, porque nosotros desde el año pasado les suscribimos los acuerdos de transferencia con vigencia futura para que ellos iniciaran su proceso de contratación a tiempo”, asegura Peña.

Lo que debe hacer cada municipio es enviar la propuesta de ración diferencial a la gobernación para que la aprueben, pero no es un requisito indispensable para que inicien la operación: “Ellos pueden trabajar con la minuta que viene del año inmediatamente anterior hasta que nosotros les hagamos las observaciones de la minuta diferencial, porque eso es un tema flexible, pero hoy ninguna administración municipal puede curarse en el hecho de no tener la minuta aprobada, eso es inaceptable”, cuestiona Peña. “Hoy la única excusa que puede tener un alcalde para no operar es que la Gobernación no le haya hecho el acuerdo de transferencia y convenio, y con todos hicimos eso el año pasado, por eso hay 20 municipios que sí han logrado empezar clase con el servicio”, agrega.

Sin embargo, desde la alcaldía de El Carmen aseguraron a Consonante que uno de los inconvenientes que ha retrasado la contratación es que se le debía dinero del año pasado a los proveedores y manipuladores, y que ese pago apenas se hizo el lunes anterior. 

El dinero no es suficiente 

En el Chocó hay 30 municipios no certificados, eso quiere decir que es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar) en estas ciudades. El departamento recibió para la vigencia de este año 29 593 millones de pesos a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para este servicio, un dinero que según el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, no es suficiente. Para aumentar la ración y poder operar todos los días del calendario escolar necesitan, por lo menos, 10 000 millones de pesos más.

“Para la vigencia del año 2022 nos asignaron 24 000 millones de pesos, lo que nos generó dificultades operacionales el año pasado. Lo que requiere realmente el departamento es una cifra mucho mayor para operar los 180 días, y aunque este año aumentó, no alcanza”, explica el secretario de Integración Social. 

Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.

Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó convenios y contratos con las alcaldías desde diciembre del año pasado. Para El Carmen de Atrato se firmó un convenio por 184 000 millones de pesos para los primeros 30 días del calendario escolar. Y aunque este trámite se hizo con tiempo, solamente 20 de los 30 municipios empezaron con el servicio el primer día de clase. El Carmen de Atrato no es uno de ellos.

Lo que sigue

Además del pronto inicio de la prestación del servicio, los padres de familia esperan que este año la alimentación sea mejor y alertan que el año pasado también hubo quejas. “A finales del año pasado, aunque estábamos agradecidos por tener la alimentación, el almuerzo era muy poco, muchas veces no les daban carne, era por ejemplo fríjoles con arroz y ya, y la porción era reducida”, cuenta Viviana Villaviejo, madre de familia de dos niños.

Sobre este tema, la secretaría de Integración Social del Chocó aseguró que están en conversaciones para aumentar el valor que desembolsa el Ministerio de Educación y poder mejorar las raciones de comida. “Este mes vamos a adicionar los otros 30 días para que no estemos colgados y esperar la adición que nos haga el Ministerio de Educación para que podamos garantizar por lo menos unos 170 o 160 días de operación este año”, asegura Boris Peña.

Aunque la administración de Jaiberth Ríos aseguró que para este lunes entregarían información sobre la contratación de los operadores, y que están haciendo lo posible para iniciar el servicio de alimentación pronto, entre las instituciones educativas hay poca esperanza de un inicio cercano.