En Colombia la temporada de lluvias, más conocida como fenómeno de La Niña, hizo estragos. Durante lo que fue catalogado como el ‘peor invierno en los últimos cuarenta años’, desde el 1 agosto de 2021 al 28 octubre de 2022, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)  reportó 3 569 eventos de emergencia, en 864 municipios de 32 departamentos, con afectaciones a 645 930 personas, 196 109 familias, 45 desaparecidos, 266 personas fallecidas, 5 207 viviendas destruidas y 106 574 viviendas afectadas. Niños heridos, familias separadas, casas averiadas, carreteras inundadas, puentes caídos fueron algunas de las consecuencias que dejó el invierno más intenso de la historia reciente del país. 

La gravedad del fenómeno llevó a que el presidente Gustavo Petro declarara situación de desastre nacional el 1 de noviembre del año pasado. Además, en 390 municipios en 21 departamentos se declaró la calamidad pública, lo que significó que los alcaldes y entidades municipales ya no tenían capacidad para atender la emergencia y necesitaban apoyo nacional.

Lo más grave de todo, en palabras del director de la Ungrd, es que los damnificados siempre han sido las poblaciones más vulnerables: “Los damnificados año tras año siempre son los mismos, son poblaciones que están expuestas a los extremos, en las zonas con suelos mucho más baratos, a orilla de las quebradas, de los ríos, en las montañas deterioradas donde el suelo puede valer nada”, dijo Javier Pava, director de la Unidad durante una entrevista en el diario El País.

Ante esto, el Ministerio de Agricultura expidió el Decreto 387 de 2023 para reglamentar los planes de reasentamiento de familias y asociaciones rurales damnificadas en tierras productivas y zonas estables. El proceso estará a cargo del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Cuáles son los beneficios?

Además del acceso gratuito a la tierra, los y las beneficiarias podrán recibir un proyecto productivo con inversión de hasta $34 millones por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Durante la temporada de lluvias, según el Plan de Prevención y Adaptación Frente a la variabilidad Climática en el Sector Agropecuario- fenómeno de La Niña 2022-2023 de la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria - UPRA, se estimaba una probable afectación de cerca de 193 000 hectáreas de cultivos permanentes y 37 046 transitorios, que corresponden a una producción estimada de 975 000 toneladas de productos permanentes y 235 000 transitorios.

¿Cómo aplicar a las ayudas?

Según el decreto 387 de 2023, podrán ser beneficiarios del programa familias o personas que sean campesinos o miembros de comunidades étnicas (negras e indígenas) afectadas por la Situación de Desastre de Carácter Nacional declarada el año pasado (Decreto 2113 de 2022). 

Para acreditar su afectación, las personas deben estar registrados en el Registro Único de Damnificados, o en el Registro Único Nacional de Damnificados, que es manejado por los alcaldes municipales.

¿Cuáles son los requisitos?

Además de ser damnificados registrados, las personas que deseen hacer parte del proceso de reubicación deben cumplir los siguientes requisitos consignados en el Artículo 4 Decreto Ley 902 de 2017:

1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a tierras.

2. No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.

3. No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.

4. No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la ejecución de la pena.

5. No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando la indebida ocupación.

También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito quienes además de lo anterior, sean propietarios, poseedores u ocupantes despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras según el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

También podrán ser beneficiarias las asociaciones u organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria, afectadas por situaciones de desastre o calamidad pública declaradas.

Sí cumplo los requisitos, ¿qué debo hacer?

Según el decreto, las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas deben manifestar su interés voluntario de ser reubicados. Sin embargo, la ANT aclaró a Consonante que el proceso es, en principio, de oficio. Esto quiere decir que se hace a través de información institucional: en un inicio serán ellos quienes solicitarán a la UNGRD la remisión del registro de las zonas que sean priorizadas para atender por los desastres naturales causados por la temporada de lluvias.

Una vez recibida la base de datos del registro, la ANT contacta a las personas a través de vía telefónica o en campo de manera presencial y utilizando cualquier medio tecnológico para capturar la información necesaria con el fin de validar su condición de sujeto de acceso a tierras a título gratuito que establece el Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017. 

Si cumple los requisitos, el beneficiario es ingresado en el Registro de Sujeto de Ordenamiento -RESO- de la ANT que permite, en orden de puntaje, realizar las adjudicaciones de los predios teniendo en cuenta de los más afectados en orden descendente de puntaje. Estar inscritos en el RESO los hará beneficiarios también de un proyecto productivo viable técnica, ambiental y financieramente que podrá tener una inversión de hasta $34 millones. 

Ya con esta información la ANT verificará, de oficio o a petición de parte, mediante consulta de bases de datos institucionales, si las personas registradas en el Registro Único de Damnificados o en el instrumento que haga sus veces, cumplen los requisitos del artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017.

¿Cuánto tiempo se puede demorar la entrega de la tierra? 

Según la ANT, el proceso, conforme a lo establecido en el Decreto 0387 de 2023, está diseñado para que en 45 días se realice la adjudicación de los predios a las personas afectadas por los desastres o calamidades públicas naturales, una vez se haga la validación de sujetos de acceso a tierras a título gratuito del Artículo 4 del Decreto Ley 902 de 2017 de los afectados inscritos en el registro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- y el ingreso al Registro de Sujeto de Ordenamiento -RESO-. 

Todavía hay cosas pendientes

Según el decreto, si las personas postuladas superan la cantidad de tierras disponibles para este fin, la ANT entrará a priorizar a la población objeto del beneficio por el nivel de afectación y por el puntaje que le otorgue el RESO. Sin embargo, hasta la fecha no está definida la disponibilidad total de tierras.

La ANT aseguró que de acuerdo con el Decreto 0387 de 2023, la Agencia compra los predios según la demanda de solicitudes en la base de datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero la compra se hace con el dinero que se encuentra en el Fondo de Adaptación, y aunque no está definido el valor, los recursos son limitados. 

A la fecha la ANT ha enviado información de 42 predios ubicados en la zona influencia de la Mojana al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, con el fin de atender a los damnificados.

Si desea más información, puede comunicarse a la línea gratuita de atención al ciudadano de la UNGRD: 01-8000-113200.

Los y las estudiantes con discapacidad auditiva de San Juan del Cesar no han podido iniciar clases en este nuevo año lectivo. Aunque la Institución Educativa Normal Superior inició clases desde el 6 de febrero, los ocho estudiantes sordos que están en el colegio no han podido recibir las clases por la demora en la contratación de intérpretes de lengua de señas. Ante esta situación, 12 estudiantes, dos padres de familia y cuatro docentes conformaron un comité para suspender las clases desde el 3 de marzo. Casi un mes después siguen sin recibir clases ni una respuesta a sus peticiones. 

“Este paro se inició para ver si podíamos llegar a algún acuerdo y que se pudieran suplir las necesidades que tenemos. Porque el colegio estaba atravesando una crisis: no teníamos profesores, no tenemos intérpretes, no estaba en óptimas condiciones, no había agua para las jornadas y no había aseadora tampoco", cuenta Juan José Plaza, estudiante del grado once A y uno de los líderes de la protesta.

Más de 20 días de promesas incumplidas

El 3 de marzo los y las estudiantes se reunieron con el rector del plantel educativo, Westin Vega, representantes de la Secretaría de Educación Municipal y un comisionado de la Secretaría Departamental. Ese día se firmó un acta en donde quedaron plasmadas las peticiones, y las autoridades se comprometieron a darle solución en un plazo de una semana, pero no fue así. 

El 28 de marzo, más de 30 estudiantes y algunos padres de familia realizaron un plantón en las instalaciones de la Alcaldía Municipal para exigir respuestas a los acuerdos incumplidos. Los y las estudiantes aseguran que ese día la Secretaría de Educación les informó que el 29 de marzo, a primera hora, llegarían los intérpretes a la institución, pero esto tampoco pasó.

Son más de 15 días, de idas y venidas, en los que los 800 estudiantes de la institución no han recibido clase. Aunque saben que se están atrasando, dicen que no retomarán hasta que sus compañeros no tengan los intérpretes: “El año recién inicia y el periodo se acaba dentro de poco, todos los colegios están adelantados y pues nosotros por culpa de la mala administración tenemos que protestar, parar las clases y atrasarnos todos”, asegura el estudiante Juan Plaza.

Orlando Rendón cursa octavo grado y es uno de los estudiantes con discapacidad auditiva afectado por la falta de intérpretes y asegura que a veces es mejor no ir a la institución: "Muchos no estamos asistiendo a las aulas de clases porque no hay intérpretes, y por eso nos hemos atrasado, nuestros demás compañeros van más adelantados".

"Los profesores no nos han tomado ni siquiera una nota de las actividades asignadas, ni de las evaluaciones, ni nada y pues los docentes están a la espera de ver cómo se puede recuperar el tiempo que no hemos asistido a las clases por la falta del intérprete", relata Katiusca Nuñez, otra estudiante afectada. 

Por su parte, el rector de la institución se adhiere a varias de las peticiones de los y las estudiantes: “La falla de uno atasca lo de otro, yo estoy atascado por esa situación, porque si yo tuviera mi personal al pie de la letra como lo hemos pedido no estaríamos así. Necesito mis seis aseadoras, celadores adicionales, una persona de ciencias contables, un conductor, nada nos han solucionado. Me dijeron un mes y el mes terminó el 28 de febrero, por eso los pelaos hacen el paro”.

Un problema repetitivo

Los estudiantes y docentes han denunciado que esta situación se repite cada año, los procesos de contratación resultan ser lentos y a los estudiantes con discapacidad auditiva  les toca esperar casi dos meses para poder iniciar las clases. En lo que va de este año ya van tres meses de espera. "Siempre se vive la experiencia de que los dos primeros meses vulneran nuestros derechos y no nos garantizan la llegada de los intérpretes, y este año es lo mismo", sentencia Katiusca Nuñez. 

A los estudiantes les ha tocado optar por el cese de actividades en varias ocasiones. En abril de 2015, por ejemplo, una protesta por el mismo problema terminó en enfrentamientos con la Policía. Los estudiantes y padres habían sellado las puertas de la entrada principal a la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar y del claustro educativo en protesta por la falta de tres intérpretes para los estudiantes sordos.

Los intérpretes son clave para el proceso de aprendizaje de los estudiantes sordos. "Cuando tenemos un intérprete nos sentimos cómodos, porque tenemos una buena  comunicación  de todo lo que pasa en el medio. Además nos garantizan nuestro ambiente adecuado para poder cumplir con las actividades y tareas", cuenta Orlando. Además, esto garantiza la igualdad de oportunidades. "Ellos (los intérpretes) nos ayudan a tener un buen rendimiento, a una mejor comunicación en nuestra aula. Los derechos deben ser iguales ", comenta Katiusca.

Y este no es el único problema que aqueja a los estudiantes con alguna discapacidad del municipio. “Se supone que desde el primer día de clase deben tener intérprete. Y no solamente eso, tampoco tienen instructor de braille, ni el seguimiento psicosocial para los niños con discapacidad cognitiva. Muchos docentes no le dan el manejo que deben darle. Cuando hablan de las leyes suena muy bonito, pero nadie nos las garantiza. Lo que hay que exigir es que sean contratados de planta”, denuncia Maureen Aragón, enlace de Discapacidad en la Alcaldía de San Juan del César.

Aunque en 2020 fue aprobada la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social en el municipio de San Juan del Cesar, con esto solo se ha logrado los certificados de personas con alguna discapacidad especial y la contratación del enlace de discapacidad.

¿Por qué se ha demorado la contratación?

Desde Secretaría de Educación Municipal explicaron que el proceso de contratación de los intérpretes le compete al departamento de La Guajira y que ellos ya hicieron las respectivas gestiones. Aunque no especificaron cuándo ni de qué forma.

“Nos causa mucha preocupación porque realmente está es una educación de inclusión y están siendo vulnerados los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Hemos realizado la gestión con la secretaría de educación departamental”, explica la secretaria.

Westin Vega manifiesta que “nosotros hemos hecho varias solicitudes y el secretario nos dijo que para el día martes llegarían los intérpretes, yo estuve hasta las 5 de la tarde esperando pero nada”. El rector aseguró además que  la respuesta que le dieron por parte de la secretaria departamental es que ya el contrato está listo, pero que hay dificultades para subirlos al Secop.

Consonante intentó comunicarse reiteradamente con la Secretaría de Educación Departamental para preguntar por la demora en el contrato, pero no obtuvo respuesta.

Otras peticiones 

Aunque el punto principal del paro es la contratación de intérpretes en lengua de señas,  los estudiantes reconocen que esta no es la única necesidad que tienen en la institución. Se suma la falta de personal de aseo, transporte escolar y mejoramiento de la infraestructura de la planta física de la institución. 

“No solamente estamos protestando por nuestros compañeros sordos, sino por las condiciones en las que está el colegio. Nosotros estamos en jornada única, las aulas de los grados 10 y 11 no están aptas para dar clases, el calor es insoportable, hay pisos dañados y no hay agua. Son muchas cosas que le faltan a la institución y que deben mejorar”, cuenta Sharon Ballesta, estudiante de la institución.

El rector de la institución aseguró que están autogestionando ante la falta de contratación desde el departamento. “Desde la Secretaría nos sugirieron buscar una aseadora mientras se dan los contratos, la buscamos y estamos viendo como le pagamos, porque de la plata del colegio no podemos pagar ni aseadeadora, ni vigilancia porque esto es responsabilidad de la entidad territorial, tocará pagarla de mi sueldo porque ahora el 7 de abril cumple un mes”.

"Con respecto al mejoramiento de infraestructura la institución con el dinero que recibe por parte de calidad educativa se van a mejorar algunas instalaciones, el municipio también va hacer algunas adecuaciones y por parte del departamento todavía estamos a espera de una respuesta", asegura Angelica Maestre, secretaria de gobierno y educación del municipio.

Lo que sigue 

Luego de una reunión realizada el día 30 de marzo en las instalaciones de la alcaldía, en presencia de padres de familia, estudiantes, docentes y secretaria de educación municipal, se realizó una llamada a secretaria departamental y les aseguraron que desde este lunes  3 de marzo estarían los intérpretes en la institución. A pesar de esto, los estudiantes se mantienen firme en su decisión de no volver a clases hasta que no haya presencia de este personal. 

Mientras esto pasa, el rector de la institución aseguró que ampliará el primer periodo académico para reponer algunas clases. “Este paro influye en la planeación, el periodo termina el 15 de abril y nos tocará alargarlo una semana más. Y no sé cómo vamos hacer en los otros períodos porque no alcanza el tiempo”, dice Vega.

Al día de hoy Jesús Eduardo Oñate trata de no hacer amigos. Va de su casa, ubicada entre La Junta y Potrerito, en San Juan del Cesar, a visitar a sus hermanos, o a hacer los mandados y se devuelve; no se desvía, no habla con nadie. Sabe que todavía, entre murmullos, algunos los vecinos tildan a su familia de guerrilleros o de paracos. 

Los asesinatos de sus hermanos —Luis Eduardo Oñate en 2004  y Yajaira Nieves Oñate en 2006— no solo lo aisló de su comunidad, sino también de su familia. Los siete hermanos que quedaron del núcleo Nieves Oñate viven cada uno por su lado. Aunque en el pueblo Wiwa, al que pertenecen, se acostumbra a que cada familia construya su casa una al lado de la otra, para ellos esa no es una posibilidad. El miedo a que lleguen hasta allí y los maten a todos juntos los persigue desde hace 20 años. Los sobrinos de Jesús Eduardo, hijos de Yajaira Nieves Oñate, viven una situación parecida. 

En 2002, la familia Nieves Oñate se desplazó de Potrerito, su lugar de origen. Cinco integrantes de la familia tuvieron que salir corriendo de su casa en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla. Para salvarse, su madre y su hermana se escondieron en una cueva, y Jesús Eduardo y su hermano Juan Carlos, se plantaron debajo de un helicóptero que no dejaba de “dar plomo”. Allí, se pusieron una bata blanca, la vestimenta tradicional del pueblo wiwa, y batieron en el aire un Poporo para que supieran que eran civiles. Así sobrevivieron. Del susto solo quedó una herida superficial en la pierna de uno de los hermanos Nieves Oñate.

Asustados, los miembros de la familia llegaron al centro poblado de Curazao, a solo unos minutos del corregimiento de La Junta, pero horas antes los paramilitares les habían ordenado a todos los habitantes salir de allí. Por eso, tuvieron que seguir  hasta San Juan del Cesar. Allí, en una sola habitación, vivieron Yajaira con su hijo Alison, Luis Eduardo, Osmayra, Cheli, Jacqueline, Jesús Eduardo, y su madre, Ana Julia, durante dos años.

En 2004 la situación volvió a agravarse. Juan Carlos Oñate estaba en la Sierra Nevada trabajando como profesor y, cuenta Jesús Eduardo, que allí estaban rumoreando que era guerrillero. Tenía los días contados. En un intento por salvarle la vida, Jesús se fue con su mamá para traerlo de vuelta a San Juan del Cesar. Mientras estaban ausentes se enteraron de que militares bajo el mando del sargento (r) José de Jesús Rueda, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, bajaron a Luis Eduardo de un bus en “la ye” de San Juan del Cesar, donde se dividen los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar; y Corral de Piedras, zona rural de San Juan, lo asesinaron y posteriormente lo presentaron como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) abatido en combate con el Ejército.

Después del asesinato de Luis Eduardo, Jesús y su madre volvieron a Curazao, y Yajaira, junto a tres de sus cuatro hijos, se fueron para Villanueva. Pensaron que lo peor había pasado, pero dos años después —en marzo de 2006— Ana Julia recibió la noticia de que Yajaira, quien estaba embarazada, había sido asesinada por miembros del Batallón Rondón en frente de sus tres hijos. Betsy Cristina Nieves, la hija menor de Yajaira, había resultado herida por un disparo en su pie derecho.

“Mis hermanos y yo estábamos sentados esperando el desayuno cuando de repente sonaron disparos, balas de aquí para allá, sin ningún enfrentamiento. Solamente pararon cuando mi mamá cayó al suelo. No hubo más nada, sólo silencio. Sacaron a mi hermana herida y se la llevaron. Todo fue un falso positivo”, recuerda Alison, el hijo de Yajaira. 

Hoy, 17 años después, la familia Nieves Oñate todavía no sabe por qué fueron víctimas de tantos hechos violentos. “Mi mamá no fue guerrillera, fue una madre luchadora, trabajadora, del campo, con ganas de salir adelante con sus hijos, con ganas de encontrarnos profesionales. Quién sabe qué fuera de nosotros hoy en día si mi mamá estuviera viva, todos esos sueños se fueron al piso”, dijo Alison durante la segunda audiencia con víctimas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tuvo lugar el 23 de marzo en San Juan del Cesar. 

Durante la audiencia, las víctimas hicieron observaciones a 36 versiones voluntarias que han brindado integrantes y exintegrantes del Batallón Rondón y la Fured ante esta justicia especial. Además de Allison, Betsy y Jesús Eduardo tomaron la palabra para exigir la verdad: “¿Cuándo se había visto que una madre embarazada con tres hijos se hubiera metido en un combate?. Quiero que aquí ellos digan que eso fue un falso positivo. Quiero que se limpie el nombre de mi mamá para que la sociedad se dé cuenta de quiénes eran los verdaderos criminales en esos momentos”, sentenció Betsy.

La violencia contra los wiwa

El pueblo wiwa ha sido una de las comunidades indígenas más golpeadas por el conflicto armado en el país. La violencia contra este grupo ha sido tal que la Corte Constitucional advirtió en 2009 que estaba a punto de extinguirse.

Según cifras de la organización indígena, al menos 2.000 personas fueron desplazadas, 68 asesinadas y 45 desaparecidas. Además, hubo dos masacres que cobraron la vida de 13 indígenas y varios bombardeos. Por parte de la fuerza pública, este pueblo tiene registro de 23 ejecuciones extrajudiciales. 

Frente a las motivaciones de los militares para cometer estos asesinatos, las autoridades tradicionales y abogados de las víctimas wiwa tienen al menos tres posibles razones que permitieron y propiciaron las ejecuciones y otros crímenes que, para ellos, buscaron desaparecer al pueblo wiwa. La primera tiene que ver con el estigma que pesaba sobre los indígenas. 

A esto se suma que, parte de la aplicación de la doctrina militar rezaba que había que “quitarle el agua al pez, aludiendo al supuesto soporte o base social que tendrían las insurgencias en el territorio, pues se justificaba por ejemplo el exterminio personas que pertenecían a estas a estas comunidades y que pues que además se han venido organizando activamente”.

Además, según Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos y autoridad tradicional del pueblo wiwa, los jóvenes fueron los más señalados. “Los asesinaron para engendrar miedo entre los jóvenes, pero posiblemente también para que no se transmitiera la cultura, para atacar lo más preciado que tiene un pueblo, para que los viejos más rápidamente los maté una gripa y los jóvenes lo mate el plomo”, explica. Así, anulando el futuro de un pueblo indígena, “el camino es más fácil para poder extraer toda la riqueza que hay dentro de los territorios de los pueblos indígenas”.

Esto último se conecta con la segunda razón que han identificado, que es la importancia del territorio. Y es que precisamente en la época en la que estaban asesinando a los jóvenes wiwa (2002-2008), se empezaba a construir la represa El Cercado, es decir, la hidroeléctrica que represó el río Ranchería. 

“A nosotros nos construyeron la represa del río Ranchería sin un proceso de consulta previa en el corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa, y con esta serie de asesinatos que venía cometiendo el Batallón con los paramilitares ¿qué tipo de organización social o indígena o joven iba a tener fuerza para levantarse y exigir el derecho a la consulta?”, afirma Loperena. 

Para Sebastián Escobar, además, en estos casos quedó clara una tendencia que continúa hasta hoy: calificar a las comunidades que se oponen a grandes proyectos como obstáculos para el desarrollo. Esto termina por justificar “su desplazamiento o eliminación y se les etiqueta como cercanos a grupos armados”.

A todo esto se sumó la situación de vulnerabilidad material e histórica en la que se encontraba el pueblo wiwa. Esta vulnerabilidad también fue reconocida por la Corte Constitucional como un factor dentro de la posibilidad de pérdida cultural por cuenta del conflicto. Para Pedro Loperena, era claro que los militares pensaban que los jóvenes wiwa no eran importantes. “Posiblemente ellos pensaban que jóvenes sin documentos no tenían quienes los reclamaran y los podían hacer pasar por ‘N.N’ (ningún nombre)”, afirma. 

Estas violencias impactaron las formas tradicionales de vida del pueblo indígena. “A medida que iban asesinando a los jóvenes y los iban estigmatizando, pues no había concentración, no había momento para estar en armonización con la madre tierra debido al temor”, explica Loperena. Y agrega, “no estar consolidado en lo físico con el pueblo va debilitando la comunidad poco a poco”.

El proceso ante la JEP

El asesinato de Yajaira Nieves Oñate fue reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de un antiguo integrante de la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). El comandante del pelotón, Nelson Pavón, contó que a Yajaira la encontraron y asesinaron en un lugar cerca a la frontera con Venezuela y que posteriormente, en los informes de la operación, informaron falsamente que la operación había sido en Montecristo, La Guajira. Hoy no hay coordenadas exactas de dónde sucedió el asesinato.

Según el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, quien defiende a varias de las víctimas del pueblo wiwa, esta era una práctica frecuente en los casos de ejecuciones extrajudiciales que han sido reconocidos ante la JEP. Es decir, los antiguos integrantes del Ejército solían presentar información falsa sobre las operaciones para darle la apariencia de legalidad necesaria en ese momento. 

El caso de la ejecución extrajudicial de Yajaira es uno de los 538 asesinatos que la JEP busca esclarecer en la costa Caribe. Estos hacen parte del subcaso que esta justicia adelante sobre  los mal llamados “falsos positivos”. La primera fase de esta investigación se inició en el 2021 y se concentró en revisar 135 ejecuciones cometidas por el Batallón La Popa. Esta parte del subcaso, que constituye el número 03 en la JEP, ahora está en manos del Tribunal para la Paz de la JEP, que deberá emitir condenas contra 12 militares de La Popa. 

Durante la revisión del material del caso 03 los magistrados recibieron por lo menos cinco informes de las víctimas y organizaciones que documentaban decenas de ejecuciones que decidieron abrir un subcaso dedicado exclusivamente a investigar lo sucedido durante las ejecuciones extrajudiciales en este territorio. Es decir, esclarecer cómo se cometieron estos crímenes y quiénes son los máximos responsables. Entre las pruebas conocidas por la JEP está un informe titulado “La historia cierta del pueblo wiwa”, que detalla asesinatos, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros hechos violentos.

A partir de esta información, desde 2021 la JEP llamó a más de cien militares que operaron en el Caribe y, tras escucharlos, abrió una segunda fase para investigar los crímenes cometidos por el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured) y otras unidades militares. 

Luego, trasladó las versiones de estos militares a las víctimas acreditadas para que hicieran sus observaciones a través de tres audiencias en Valledupar, San Juan del Cesar y Barranquilla. En la segunda audiencia con víctimas, realizada en San Juan del Cesar, cerca de 80 militares miembros y exmiembros de estas unidades militares estuvieron conectados a través de internet. Durante las casi ocho horas que tardó la diligencia se escucharon preguntas de las víctimas. “¿Por qué no los investigó? Tenía el deber de investigar y tuvieron tiempo de investigar al muchacho. ¿Por qué tomaron la decisión de matar a los muchachos? ¿Los muchachos qué les habían hecho a ellos?”, dijo Manuel Salvador Daza, familiar de Robinson Daza, Pedro Daza y Manuel Enrique Flores Daza, asesinados en El Molino  el 25 de julio de 2004. “¿Por qué se lo llevan de su casa para matarlo?”, preguntó Gabriel Montaño Loperena, hermano de Laudelino Montaño, también ejecutado extrajudicialmente.

Al final, la petición fue la misma: que los militares digan la verdad. Esto, según los abogados de las víctimas, no está pasando. Sebastián Escobar califica el aporte como “deficiente”, pues algunos incluso negaron su participación o responsabilidad en los hechos. “Casi que el reconocimiento se da en los casos en los que hay una sentencia judicial o un procedimiento avanzando, pero en aquellos casos en los que la jurisdicción ordinaria sólo avanzó hasta las fases más preliminares de la investigación, ahí el reconocimiento se reduce sustancialmente, a veces hasta llegar a cero”, explica el abogado.

Es eso lo que sienten los hijos y familiares de Yajaira. Durante su intervención, Allison le pidió al comandante de la unidad operativa que asesinó a su madre que le contara por qué la mataron. “No está diciendo la verdad. Solamente ha mentido. En el momento en que mataron a mi mamá, no había uniforme ni nada. Solo tenía una bata blanca. No es como dice él, que tenía una camisa negra y una pantaloneta de las que usan los guerrilleros. Solo tenía una bata porque estaba embarazada. Quiero que diga la verdad para que se limpie el nombre de mi mamá. Que se ponga la mano en el corazón y acepte que eso fue un falso positivo”.

Las autoridades del pueblo wiwa le pidieron a la JEP que les “ponga un poco de mano dura a los comparecientes para que en lo posible digan la verdad, porque sino se podría convertir este espacio en un falso positivo de argumentos”. Puntualmente, los abogados de las víctimas le pidieron a la magistratura que ascienda en las investigaciones de la cadena de mando de cada unidad operativa, así como en las investigaciones de los hechos cometidos por los miembros de la Fured. 

Además, le pidieron a Óscar Parra, magistrado de la JEP y correlator de este caso, que tenga en cuenta una doble calificación jurídica a la hora de imputar los crímenes a los militares: crímenes de lesa humanidad (homicidios y desapariciones) y crímenes de guerra (asesinato en persona protegida). Para esto, pidieron tener como punto de partida el enfoque étnico y diferencial frente a crímenes cometidos contra mujeres. 

En respuesta a estos llamados, Óscar Parra afirma que en las siguientes etapas de la investigación los militares aún pueden aportar la verdad. Sin embargo, aclara que es responsabilidad de la JEP evaluar el nivel de verdad de los aportes hechos por los comparecientes y cuál fue el rol de cada uno en los crímenes. A esto se le llama la determinación de responsabilidad e imputación. Según Parra, esta imputación se debería dar en el segundo semestre de este año.

“Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional”, dice el magistrado.

El peligro que sigue latente

A pesar de que algunos de los hechos que están siendo investigados por la JEP sucedieron hace más de 20 años, la situación actual en los territorios cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá sigue siendo parecida en algunos sentidos. A inicios de año, Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, lanzó una alerta por la presencia de actores armados y sus dinámicas en el territorio. De acuerdo con Dimas, los miembros de los pueblos wiwa y wayuú enfrentan principalmente tres riesgos: reclutamiento forzado, violencia sexual e invasión de sus territorios sagrados. 

En la franja de la frontera de la Serranía del Perijá hasta La Guajira, hay presencia de las AGC, los Pranes, la segunda Marquetalia y del Eln. Estos grupos han aumentado los casos de reclutamiento forzado, violencia sexual y la invasión de territorios sagrados en los últimos meses.

Además, según los líderes indígenas, la presencia de los militares activos continúa generando temores entre las nueve comunidades aledañas al cerro del oso, uno de los lugares sagrados del pueblo wiwa. Tras la visita de la Jurisdicción Especial para la Paz a San Juan del Cesar en marzo, las autoridades wiwa pidieron “bajar las tropas del cerro del oso, que está en medio del corazón del territorio ancestral del pueblo wiwa y desarticular la represa del río Ranchería”, explica Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo.

Por eso, el pueblo wiwa espera que se implemente una política para el adecuado relacionamiento entre la Fuerza Pública y  los pueblos indígenas, una política “que reafirme la neutralidad de los pueblos indígenas frente a los actores armados y su postura como pueblos de paz. Lo anterior, con la finalidad de evitar la repetición de la fuerte estigmatización de las que han sido víctimas los integrantes del Pueblo Wiwa y que les causó graves violaciones a sus derechos humanos”, afirma Loperena.

Mientras tanto, Jesús Eduardo, Ana Julia, Betsy Cristina, Allison y toda la familia Nieves Oñate espera que así como en el caso de Luis Eduardo, para Yajaira la verdad también salga a la luz y que la justicia reconozca las afectaciones diferenciadas a su pueblo: familias rotas, miedo de caminar por las montañas y caminos, lugares sagrados manchados de sangre u ocupados por militares y el dolor de crecer sin madre.

Durante los últimos dos años, el magistrado Óscar Parra Vera ha escuchado a más de 100 militares implicados en los mal llamados falsos positivos en la costa Caribe. Durante ese tiempo, este juez les ha pedido detalles a estos hombres sobre cientos de casos: dónde ocurrieron, quién era su superior, por qué participó de esa operación, qué recuerda sobre la víctima. También, junto a sus magistrados auxiliares, ha tenido que analizar cada relato y compararlo con los informes que han entregado las víctimas, con sus observaciones, con las versiones de otros militares y con las sentencias antes emitidas por la justicia ordinaria. De esa tarea ya salió un primer resultado: la determinación de que 12 militares del Batallón La Popa fueron responsables por 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Óscar Parra es un abogado con más de 20 años de experiencia en instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Instituto Internacional de Derecho Humanitario sede Sanremo, en Italia. Tiene un máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y otro en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Sin embargo, su trabajo como juez de la JEP lo ha desempeñado en ciudades como Valledupar, Barranquilla y San Juan del Cesar. Desde San Juan, en el sur de La Guajira, Parra presidió la segunda audiencia de observaciones de víctimas a las versiones de los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de los pueblos indígenas wiwa y wayúu. Detrás de una mesa, vestido con su toga, el magistrado escuchó a las familias, mientras más de 80 militares estaban conectados a través de internet. 

“Los comparecientes están mintiendo, le están mintiendo a los magistrados”, sentenció Pedro Loperena, autoridad tradicional del pueblo wiwa durante la audiencia de observaciones de las víctimas a 36 versiones voluntarias integrantes y exintegrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). Según Loperena, y los 14 familiares que intervinieron en la audiencia, los militares no están diciendo la verdad sobre los asesinatos de sus familias, ocho integrantes del pueblo wiwa y tres del pueblo wayúu, que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate y acusados de pertenecer a grupos ilegales.

Es tarea de la JEP definir si efectivamente los militares están mintiendo o no. Esta es la misión de Óscar Parra, correlator del caso 03 de la JEP y quien está al frente del subcaso de la costa Caribe. En San Juan del Cesar, Parra habló con Consonante sobre los desafíos de este proceso y qué pueden esperar las víctimas de ahora en adelante.

Consonante: Las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz indican que la mayoría de las víctimas étnicas de ejecuciones extrajudiciales están en La Guajira. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué los militares asesinaron a tantos indígenas de esta región?

Óscar Parra: Este año esperamos emitir un auto donde cerramos la investigación y, por motivos de imparcialidad, no quisiera adelantar algunas ideas. Hemos hecho más de 100 interrogatorios a comparecientes (militares) de la Costa Caribe, y a la luz de esto lo que uno puede resaltar es que hubo estigmatización y señalamientos contra pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de La Guajira. Estos pueblos indígenas quedaron atrapados en el marco de la dinámica del conflicto armado en la región, entre varios actores armados ilegales que incursionaron arbitrariamente en sus territorios. 

En el auto que emitimos hace dos años con respecto al Batallón La Popa señalamos como se empezó a señalar a miembros de la comunidad como milicianos. Incluso hubo una estigmatización particular con el apellido Arias. Entonces este tipo de violencia social, los falsos positivos, hizo parte de la violencia global y de las victimizaciones contra los pueblos étnicos. Y por eso hay mucha relación de este caso con lo que se va a trabajar en el caso 09 sobre la victimización a pueblos étnicos. 

C: ¿Qué casos ilustran más claramente esta violencia?

O.P.: Está el asesinado de Yahaira Cristina Nieves Oñate, que es una mujer wiwa de 25 años que en el momento de los hechos estaba embarazada y vivía con tres de sus cuatro hijos. Una de sus hijas incluso resultó herida en la acción militar que condujo a su muerte. Entonces es un caso que ilustra el tipo de impactos desproporcionados generados por el Ejército al cometer este tipo de hechos: incursionar en las comunidades, en las viviendas, en los territorios, y el daño que eso le hacía a individuos, familias y comunidades. 

También tenemos un caso como el de Elibeth Vega Izquierdo, una mujer wiwa que era menor de edad cuando fue asesinada. Tenía 16 años. Esto también muestra impactos diferenciados de este tipo de violencia. Y tenemos también un caso como el de la víctima Cirilo Caldera Uriana, una persona del pueblo wayúu, quien fue víctima de las acciones del Grupo Mecanizado Rondón. Estos casos están en el marco de la contrastación y haremos las determinaciones que correspondan. 

C: Las víctimas del pueblo wiwa señalan que hay comparecientes que no están diciendo la verdad ni aceptando su responsabilidad. ¿Ustedes pueden volver a llamar a los comparecientes después de escuchar a las víctimas?

O.P.: Primero, nosotros exhortamos a los comparecientes a que atendieran a esta audiencia de manera virtual, a lo que muchos de ellos manifestaron por escrito que querían estar. Hace dos semanas en Valledupar les dijimos que esta audiencia también era para que reflexionen sobre esos daños generados a las víctimas, para que escuchen su voz, y a partir de eso, evalúen lo que nos han dicho, más allá del plazo formal.

Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional.

C: ¿Ha ocurrido que algunos comparecientes hayan contado más detalles sobre sus acciones tras escuchar a las víctimas?

O.P.: Lo que ha ocurrido es que algunos han profundizado en su responsabilidad con los hechos, particularmente porque tenían que comprometerse para las audiencias de reconocimiento. Nosotros tenemos que determinar quiénes tienen las máximas responsabilidades, aunque hemos hecho una versión voluntaria con más de 100 comparecientes, probablemente las máximas responsabilidades se concentran solamente en 20 o 15 personas. Con ellos seguirá una tarea concentrada en el reconocimiento público de responsabilidad. En estas audiencias es donde han surgido complementos en el pasado. 

Yo he escuchado en audiencias públicas de reconocimiento manifestaciones que jamás había escuchado previamente como magistrado instructor, ni en la versión voluntaria ni en la documentación judicial… porque  en la misma audiencia se genera un compromiso especial con la verdad que no se da previamente. Algunos comparecientes han dicho: lo que a mí me llevó al reconocimiento pleno (de la verdad) fue escuchar de la voz de las víctimas los daños que se habían generado por los hechos. Inclusive a pesar de las mentiras que hubiera dicho antes o la negación que hubiera hecho. 

La voz de las víctimas ha interpelado a muchos comparecientes y lo hemos visto en las audiencias de reconocimiento. Pero hay que esperar. Puede ser que muchos comparecientes sigan en una postura de no reconocer o de considerar unas manifestaciones en torno a los hechos que podrían ser muy diferentes de las que plantean las víctimas y ya le corresponderá la JEP determinar cuáles son las bases suficientes de lo que ocurrió, la determinación de los hechos y conductas, y los patrones de macrocriminalidad.

C: Hay dos víctimas de estas divisiones militares, pertenecientes al pueblo Wiwa, que siguen desaparecidas. ¿Cómo van a actuar en estos casos?

O.P.: Nosotros estamos avanzando con fuerza en diálogos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para actuar conjuntamente. Lo que queremos es hacer una articulación organizada y estratégica con las prioridades que tiene la Unidad de Búsqueda en la región, que está buscando a cientos de miles de desaparecidos y está construyendo una estrategia global. Queremos respetar esa estrategia, pero visibilizando algunas particularidades de las desapariciones forzadas de las que hemos tomado nota en el marco de nuestro trabajo.

C: ¿La JEP ha contemplado un tratamiento diferencial para el proceso judicial, teniendo en cuenta que son tantas víctimas étnicas? Por ejemplo, medidas de reparación acordes con su cultura…

O.P.: Sí, estamos pensando en cómo desarrollar esos procesos diferenciales. Por ejemplo, el involucramiento de autoridades tradicionales políticas y espirituales de los pueblos étnicos en el desarrollo de las sanciones restaurativas, que puede ser por la vida de los trabajos obras o actividades con contenido reparador o restaurador (Toar) que pueden desarrollarse en un corto plazo sin necesidad de la resolución de conclusiones. O los proyectos de sanción propia que estarían en la resolución de conclusiones. 

Esto implica que tenemos que empezar diálogos con las autoridades en algunos pueblos. Por ejemplo, hemos dialogado con el pueblo kankuamo, pues ellos están pensando algunas iniciativas de proyectos restaurativos que mencionamos en la resolución de conclusiones. Lo mismo habría que hacer con las autoridades del pueblo wayúu y del pueblo wiwa, lo que pasa es que esto está muy mediado por el reconocimiento, porque involucrar en actividades restaurativas a personas que no reconocen sería complicado. Por eso es importante avanzar lo más rápido posible con la imputación. 

C: ¿Qué sigue después de esta audiencia? ¿Cuándo tendrán noticias las víctimas sobre las imputaciones a los militares?

O.P.: El gran producto de este año sería la imputación a los responsables de estos crímenes, algo que yo esperaría que suceda el próximo semestre. Después hay que ver quienes reconocen o no reconocen su responsabilidad. Por eso el proceso entre la imputación y la audiencia de reconocimiento tarda algunos meses, a veces seis o más. En el 2024 sería la audiencia de reconocimiento, y después habría que esperar unos tres o cuatro meses para desarrollar la resolución de conclusiones. Entonces todavía nos falta un año y medio de trabajo con la Costa Caribe. 

Puede escuchar esta noticia acá:

Los y las estudiantes de Tadó completan una semana sin recibir las comidas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y, hasta la fecha, no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. El coordinador de educación de Tadó, Michael Córdoba, envió un oficio esta semana a los rectores de las Instituciones educativas del municipio, y dirigido a la secretaría de Integración social del Chocó, asegurando que desde el 13 de marzo se había cumplido los 30 días que cubría el primer acuerdo de transferencia del año para la contratación de la alimentación, y que a partir de esa fecha se suspendía el servicio de alimentación escolar. 

“Mediante el presente informamos a ustedes que el Programa de Alimentación Escolar firmado mediante convenio suscrito por 30 días (...) llega hasta el día 13 de marzo de 2023, poniendo en conocimiento que los actores de derecho del municipio no recibirán dicha razón después de esa fecha”, dice el comunicado, en el que solicitan al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, hacer las gestiones necesarias para reanudar el servicio.

El gobierno departamental dice que todo debería estar funcionando

En los 30 municipios no certificados del Chocó es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar). Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.

Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó un primer acuerdo de transferencia con las alcaldías, incluyendo la de Tadó, desde el 7 de diciembre del año pasado, esto cubría los primeros 30 días del calendario escolar. En Tadó el servicio de Alimentación Escolar inició el 27 de enero de 2023.

Para asegurar los siguientes 30 días, desde la Secretaría de Integración dicen que enviaron el segundo acuerdo el 7 de marzo y así prorrogar el servicio hasta el 28 de abril.  

“Si en la municipalidades no realizan su contratación interna en el tiempo que se debe hacer pues tendríamos que entrar a revisar qué es lo que está sucediendo, pero no conozco ese oficio. Hoy en el departamento del Chocó ningún municipio que dependa del departamento en el PAE tiene excusa para decir que va a suspender el servicio de alimentación escolar”, le dijo Boris Peña a Consonante.

Peña aseguró que a la fecha de la entrevista (martes 14 de marzo) no había recibido ningún oficio por parte de la alcaldía del municipio notificando la interrupción del servicio.

Por su parte, Michael Córdoba, coordinador de Educación municipal, indicó que desde el 5 de marzo enviaron desde la Gobernación el convenio interadministrativo, firmado por el alcalde Cristian Copete. Según contó, Copete solicitó al Concejo Municipal las facultades para suscribir contratos y convenios con entidades gubernamentales, pero el Concejo no las ha aprobado.

“Es por eso que los recursos que fueron enviados desde la Gobernación departamental para el programa de alimentación no se les ha podido hacer la incorporación y adición”, dijo. Por lo anterior, el alcalde Copete solicitó a los concejales nuevamente las facultades.

La única opción es reducir la jornada escolar

En varias instituciones del municipio los rectores han disminuido las horas de clase. “No podemos tener estudiantes acá aguantando hambre a esas horas”, dice Yuselfi Ampudia, personera de la Institución Nuestra Señora de la Pobreza. Allí, por ejemplo, los estudiantes de todos los grados hasta noveno de bachillerato, salen a las doce del mediodía. Y los de décimo y once a la una de la tarde. Normalmente, cuando tienen alimentación, la jornada termina de dos y media a tres de la tarde.

La situación es más grave en los colegios que reciben estudiantes de las zonas rurales. A la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental de Tadó llegan niños y niñas de El Tapón, Salero, La Ye, La Unión, Las Ánimas, entre otras veredas. “El bus los está recogiendo a las cinco de la mañana, son varios viajes, entonces ya no podemos trabajar en la jornada continua porque a las nueve de la mañana los niños ya tienen mucha hambre”, cuenta Luz Francisca Andrade, encargada del PAE en la institución. 

Cuando el servicio se presta, los niños y niñas reciben un refrigerio a las 9:30 de la mañana, el almuerzo a las 12:30 y la jornada se acaba a las 2:40 de la tarde. Sin embargo, sin la comida, la opción que tienen es tener clases solo hasta las 12 del mediodía.  “Muchos pelaos son muy pobres y vienen de la zona rural. Como no desayunan a las 9:30 de la mañana ya tienen hambre. Nosotros estamos lejos de Tadó, no tenemos tienda escolar ni nada de eso”, explica Luis Enrique Guido, coordinador de la institución. 

Los padres de familia también están preocupados

La situación se vuelve más complicada para las comunidades indígenas. En Mumbú hay niños que deben desplazarse a instituciones más alejadas y no tienen cómo desayunar. “Tenemos indígenas que no tienen terrenos para cultivar y no tienen cómo sostenerse, entonces les hace falta la comida. Los niños que van desde acá a la institución de Playa de Oro tienen que irse a las 5 de la mañana y no todo el tiempo tienen plata o tienen la oportunidad de llevar comida al colegio”, dice Martha Eugenia, madre de familia.

“No se justifica todo el sacrificio que hacemos para mandar a nuestros hijos al plantel estudiantil y salgan con que recortan la jornada, el aprendizaje de los niños porque no hay restaurante escolar. Si lo más fundamental e importante es la alimentación de nuestros niños, no hay excusa alguna para que se les niegue ese derecho”, denuncia otra madre de familia que prefiere no ser identificada.

Lo que sigue

Hasta la fecha no se sabe cuándo se volverá a restablecer el servicio. Sin embargo, el secretario de Integración Social, Boris Peña, aseguró que de recibir el oficio, enviará la copia del acuerdo que ya se había enviado desde marzo, y sería responsabilidad de la administración municipal la reanudación de la alimentación. “Sí es así, yo les contestaré enviándole copia de cuándo se le envió el último acuerdo de transferencia en donde se le estaba garantizando la continuidad por otros 30 días más”, dice Peña.

Mientras tanto, los niños, niñas, padres y madres de familia hacen un llamado a la administración municipal para que el servicio pueda ser más continuo y sin tantos traumatismos. Además, piden aumentar la ración de comida que, según varias denuncias, es insuficiente.

Un mes después del inicio de clases en Fonseca y toda La Guajira, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) dio a conocer la adjudicación presupuestal para las instituciones educativas oficiales del departamento, entre ellas las nueve del municipio. En total, este año los colegios recibirán 628,8 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones que serán desembolsados en los próximos quince días a cada institución.

Los recursos asignados por el MEN a cada colegio corresponden al número de estudiantes que asisten a cada institución. Por ejemplo, la I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Mientras que la Institución Etnoeducativa del resguardo indígena wayuú Mayabangloma, ubicado en la zona rural del municipio, recibió: 25 millones de pesos. Esta última tiene cerca de 375 estudiantes matriculados para este año. 

Sin embargo, la asignación presupuestal no fue bien recibida por varios de los rectores y rectoras pues afirman que los recursos no son suficientes. “Los problemas que hay en las instituciones no son de bajo, ni medio presupuesto; son de un alto presupuesto y no nos alcanzaría ni aunque nos doblaran el presupuesto actual”, dice Esther Guerra, rectora de la I.E. Vicente Roig y Villalba.

¿Por qué no alcanza el dinero destinado a cada institución?

Yolima Araújo Uriana, rectora de la institución etnoeducativa del resguardo indígena Mayabangloma, cree que el Ministerio no está haciendo bien las cuentas. “Para decidir el presupuesto del año siguiente ellos (el Ministerio de Educación Nacional) miran el sistema de matrícula SIMAT, pero hacen el corte con el número de estudiantes matriculados en noviembre, no con los del inicio de año. Para ese momento (finales de año) algunos niños ya se han retirado”, explica. Araújo Uriana agrega que el número de estudiantes al comienzo de año suele ser mayor porque se matriculan migrantes que en el transcurso del año lectivo salen del territorio.

Además, varios rectores y docentes aseguran que el gobierno nacional tiene deudas históricas con la educación de la región y debería ponerse al día asignando presupuestos más elevados. Entre los pendientes, mencionan que hace falta cubrir arreglos a daños estructurales en casi todas las instituciones, nombrar nuevos docentes y mejorar la calidad educativa. 

Antes de iniciar las clases los rectores y docentes alertaron sobre aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas, salones sin pintura y hasta hacinamiento. 

Según cifras oficiales, a corte de febrero de 2023 la población estudiantil había crecido 13 por ciento en los últimos tres años. Sin embargo, el número de plazas disponibles para maestros en todo el departamento no ha aumentado desde 2019.

El presupuesto para algunas instituciones educativas se redujo

Los directivos entrevistados por Consonante cuestionan que, en varios casos, el presupuesto asignado haya sido menor al del año pasado. Por ejemplo, la institución etnoeducativa del resguardo indígena de Mayabangloma este año obtuvo  25,7 millones de pesos, mientras que en 2022, recibió 37 millones. Es decir, 12 millones menos. 

El MEN le asignó este año a la Institución Agrícola de Fonseca 95 millones de pesos, un millón menos que el año pasado. Este valor deben utilizarlo para pagar los gastos de sus dos sedes, a las que asisten más de 400 estudiantes. “Manifiesto mi asombro ante la irrisoria cifra que nos corresponde como institución cuando sabemos que las necesidades cada vez son más. La institución agrícola es una institución antiquísima en su infraestructura, cada día presenta nuevos daños. La sede de Cardonal que es rural, tiene incluso muchas más necesidades”, asegura Solano.

La I.E Roig y Villalba, que cuenta con casi dos mil estudiantes matriculados, recibió 114 millones de pesos para distribuir entre sus cuatro sedes. Aunque la rectora no dio el dato exacto, estima que fue por lo menos siete millones de pesos menos en comparación con lo recibido en 2022.

Las preocupaciones de los y las rectoras

Entre las prioridades de la rectora de la institución etnoeducativa de Mayabangloma está la construcción de salas de física, química, una sala administrativa, una biblioteca, una sala de audiovisuales y una sala de informática. Además, tenía proyectado comprar 10 computadores portátiles, pues actualmente solo tiene 10. Pero tendrá que dejarlo para otro momento. “Uno haciéndose ilusiones para poder trabajar y vivir sabroso pero con base a la misión, visión, objetivos como etnoeducativos necesitaríamos unos 100 millones de pesos para cubrir lo más apremiante y esto sería dejándole al Ministerio y a la Gobernación lo que tiene que ver con infraestructura”, dice Araújo. 

En la práctica, Yolima Araújo tiene menos de 20 millones para invertir en lo que tiene proyectado. Con esto solo podrá comprar productos de higiene, papelería y hacer algunas actividades culturales. “Tengo que pagar los servicios de un contador que me cobra siete millones de pesos al año. Restando lo del contador, la póliza de seguro y los descuentos que realiza el banco nos vienen quedando aproximadamente 16 millones de pesos con los que hay que trabajar todo un año. Con esos recursos no se puede construir, solo alcanza para actividades culturales, para lo que siempre aparto un rubro y lo demás se va en suministros para las matrículas”, cuenta la rectora. 

Aunque para la Institución Agrícola de Fonseca el presupuesto es más alto, tampoco es suficiente. En la sede Mary Luz Álvarez han sido los docentes quienes han aportado de su propio salario para arreglar fallas de infraestructura que no dan espera. “Las necesidades básicas las cubrimos con aportes que hacen los docentes de su propio salario. Compraron la pintura, pagaron la mano de obra para que se le echara una manito de gato, y compramos tuercas y tornillos para arreglar los pupitres que se deterioraron”, cuenta Leonarda Solano, coordinadora de la sede.

Entre otras cosas, la Institución necesita un espacio para que los estudiantes hagan educación física y señalización para regular el tránsito de quienes recogen a los estudiantes.

Lo que sigue:

Las y los rectores esperan recibir, a medida que avance el año, inversiones del departamento o de la alcaldía para solventar la crisis económica que, aseguran, atraviesa el sector de la educación. Pero el alcalde Hamilton García dejó ver que no está en los planes de la administración invertir en cada uno de los colegios. Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca contó que a finales de enero les dijo a los rectores que “los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”.

El Carmen de Atrato está en la mitad de la Transversal Medellín - Quibdó, una vía que está en obras desde hace aproximadamente 15 años. El camino hacia el pueblo, ya sea desde Medellín o desde Quibdó, siempre es complicado. Hay varios “pare y siga” y puntos críticos en los que siempre se desliza tierra cuando llueve, o huecos en los que se ha quedado más de una llanta.

La intervención de la vía está a cargo de dos consorcios y un contratista, que han cambiado a lo largo de los años. El proyecto es en toda la ruta Quibdó – Medellín, y hasta el momento, según datos del Invías entregados a Consonante, se han ejecutado 39,1 kilómetros y todavía faltan 15,1 kilómetros más. En la jurisdicción de El Carmen de Atrato se interviene desde el Km 40 al Km 114 (75 km), de este total, se está ejecutando 12,8 km que estaban  sin pavimentar. El último contratista en entrar al proyecto, en el 2022, fue el consorcio Conexión Antioquia, que ya empezó a tener problemas. A finales de febrero, una de las empresas que lo conforman -Explanan S.A.S- terminó el contrato a varios de sus trabajadores y abandonó las actividades por unos días. Esto, aseguran varias personas del municipio, alegando grandes pérdidas económicas  por no poder trabajar ante  los constantes paros y las peticiones de las comunidades indígenas. 

Estas afirmaciones también las secunda el Invias, que le aseguró a Consonante que las demoras en las obras también se deben a “los diferentes bloqueos de las comunidades indígenas al proyecto”.

Está no es la primera vez que hay problemas con las empresas. Desde el inicio de la obra en 2009 ha habido toda clase de adiciones, nuevas licitaciones y montones de obstáculos que han retrasado la entrega de la vía más importante del Chocó. Según el Invias, para el 2022 la obra llevaba un avance físico del 82 por ciento y la fecha estimada de terminación era diciembre de 2022, pero esto no pasó.

Decenas de paros: las consecuencias de acuerdos sin cumplir

En el municipio hay 28 comunidades indígenas, quienes en su mayoría viven en la vía Quibdó-Medellín, por lo que las empresas que están interviniendo han hecho acuerdos con cada una de ellas para resarcir los inconvenientes que podía causar la obra. Que sean compromisos individuales y no globales con todas las comunidades es uno de los factores que ha causado problemas, retrasos y varios paros. 

“Ha habido competencias internas, porque la empresa se compromete con una comunidad a tal infraestructura y con otras no, a unos les dan más, a otros menos, eso causa disgustos e impacta organizativamente”, opina Julio César Queragama, representante de la mesa municipal de las comunidades indígenas del municipio. Cuenta además que después de tanto tiempo y con cada paro, se han creado acuerdos nuevos sobre los viejos, por lo que se ha dilatado el cumplimiento. Aseguran que falta voluntad.

“Como hay compromisos con tantas comunidades, con tantas familias, las empresas alegan que el recurso no alcanza para tanto, que hay que esperar. Por eso es que hay compromisos de dos, tres años atrás, los escriben en papel, hasta cinco seis ocho compromisos, hasta con el Ministerio y es la hora en que no se cumplen”, dice el líder.

Las comunidades de Fieras, Eborro y Mirlas, agrupadas en el resguardo indígena ‘El Fiera’, ubicado en la transversal Medellín - Quibdó, han detenido en varias ocasiones los vehículos del consorcio Vías y Equipos Pacifico 2021 (Latinco) para exigir el cumplimiento por parte del INVIAS de los compromisos de compensación por la intervención en la vía adquiridos con la comunidad en el 2020. El Alcalde ha tenido que convocar a una reunión a varias entidades locales y nacionales, la empresa y líderes indígenas para darle solución a las peticiones. Pero no ha sido fácil, aunque acuerdan unos compromisos, en varias ocasiones han dicho que las solicitudes de la población de Fieras no son asequibles ni para la administración, ni para el Invías.

Entre los acuerdos de Fieras está la construcción de una casa de paso en Medellín. En 2020 se acordó que esta obra tendría un valor de 330 millones de pesos, pero con el paso del tiempo aseguraron que el monto no era suficiente y estimaban que para construirla se necesitan unos 2 000 millones de pesos. La entidad estatal ya había asegurado que no se podían desembolsar más recursos, sin embargo, durante la reunión realizada en el Ministerio del Interior en Bogotá en noviembre de 2022, después de los paros que tuvieron bloqueado el Chocó por casi 20 días, se acordó que el dinero que estaba destinado para construir otras estructuras en el resguardo, como un salón comunitario y una cancha, serán destinados para la construcción de la casa.

Invías aseguró que los compromisos que actualmente están en ejecución con la comunidad Indígena El Fiera son la intervención de infraestructura educativa, la construcción de la casa comunal, una placa deportiva, una casa de paso en Quibdó y dos Casas de Paso en El Carmen de Atrato.

Entre los compromisos con la comunidad de Alto Bonito está el dinero para la construcción de una escuela, la construcción de una vía desde la transversal hasta la comunidad, la construcción de un polideportivo, darle dotación a la guardia indígena, ayudar a la construcción de un acueducto artesanal, entre otros. “Hasta el momento se cumplió lo de la guardia y la manguera del acueducto, pero falta cumplir lo más grande: la escuela y la cancha”, cuenta Belisario, gobernador de la comunidad. 

Con la comunidad indígena de El Consuelo los compromisos son similares. También se acordó una escuela, un polideportivo y la limpieza de vías alternas, pero el avance ha sido poco. “No están cumpliendo con los compromisos, cada vez que nos dan una fecha salen con otras excusas y cada vez que llegamos a hacer reuniones, pasa lo mismo. Por eso hace más o menos unos 10 días la comunidad subió a bloquear la vía, porque no damos espera, es que ya fueron muchas reuniones, muchos compromisos, muchos acuerdos para el mismo proyecto”, denuncia Jorge Luis Queragama, integrante de la comunidad.

La preocupación de las comunidades indígenas es que finalmente ya están viendo el avance de las obras y muchos de los acuerdos siguen sin iniciar. “A nuestra manera de ver la obra está muy avanzada y muchos compromisos aún no se han cumplido, entonces ese es el miedo que tienen las comunidades, que los dejen sin nada, y por eso es que a cada rato salen a las vías de hecho”, cuenta Queragama.

Pero las comunidades indígenas no han sido las únicas que han protestado. El año pasado la comunidad campesina de la vereda Habita realizó un plantón en la vía para reclamar por  la calidad de los materiales que estaba utilizando la empresa Latinco para la pavimentación. Los manifestantes aseguraban que los obreros estaban colocando asfalto y no cemento rígido que, según los pobladores, es mejor para el clima de la región. "Después del plantón si empezaron a poner el buen material. La gravilla para los filtros era la misma que sacaban del filtro viejo, pero luego sí trajeron material bueno. El detalle es que uno tiene que estar encima de ellos para poder que cumplan", asegura Mari Fontanera, líder de la vereda.

Las demoras han cobrado vidas 

Aunque transportistas, habitantes y la misma comunidad indígena tiene la percepción de que en los últimos dos años las obras han avanzado a otro ritmo, los retrasos en la intervención han dejado varias consecuencias. 

Según un especial del medio alternativo ‘La Cola de Rata’, el ingeniero chocoano experto en políticas públicas, Leyner Mosquera, calculó que más de cien personas murieron entre 2012 y 2018 tan sólo en un tramo de veinte kilómetros de la vía Medellín – Quibdó, esto por los constantes derrumbes, accidentes y deslizamientos por el mal estado de la carretera y del lento avance del proyecto. Asegura que, según datos de Medicina Legal, hay demandas de entre 5.000 mil y 8.000 millones de pesos a causa de estos hechos.

Otros de los afectados han sido los transportadores de carga pesada del Chocó que transitan constantemente por la vía. “Hemos tenido daños mecánicos, pérdidas económicas y hemos puesto en  riesgo nuestra propia integridad física”, asegura Édgar Gómez, vocero de los camioneros. “Hay tramos dónde no han podido trabajar que están totalmente deteriorados, huecos impresionantes. Dañan llantas, dañan rines, hay que halar a los compañeros, es impresionante”, agrega. Denuncia también que pierden mucho tiempo en los recorridos porque dicen que cada noche puede cerrarse la vía. “Son lugares donde baja material frecuentemente, en el chocó el clima es húmedo, llueve todos los días, entonces a las 8 o 9 de la noche puede estar la vía cerrada”.

Además, los paros continuos generan toda clase de implicaciones. En noviembre de 2022, la entrada y salida al departamento estuvo bloqueada por casi 20 días. Entre las causas del paro estaban los incumplimientos de Invias en los acuerdos con las comunidades indígenas. En varios municipios del departamento hubo desabastecimiento total de supermercados y legumbrerias.

Problemas con los contratos

Los paros no han sido la única causa de los retrasos.Problemas con algunos de los consorcios han detenido tramos de la obra por varios meses. El proyecto inicial tenía 64 kilómetros en el departamento del Chocó (en el Carmen de Atrato) y 12 kilómetros en el departamento de Antioquia (Ciudad Bolívar). La Transversal Medellín-Quibdó se dividió en dos fases mediante los contratos de obra 851 de 2009 otorgado a Metrocorredores 8 para la fase I y el 544 de 2012 adjudicado al consorcio corredores LAX 051 para la fase II. Aunque las obras tenían que terminar en el 2018, esto no pasó.

En 2016 se otorgaron otros $80.735 millones más para la Fase II del tramo Quibdó – La Mansa – Medellín a la empresa SONACOL, de Carlos Solarte, salpicado en las investigaciones del caso Odebrecht. Y desde el 2017, con el paro cívico, se firmaron, por lo menos, tres contratos más grandes para el proyecto: 

• El contrato 1432 de 2017, a cargo de Latinco, que inicialmente tenía una meta de pavimentación de 23 km, pero que en 2021 se aumentó a 32 km y se adicionaron $99.500 millones para cumplirlo.
  
  
• El contrato 1456 de 2017 del programa Vías para el Chocó, que ha sido uno de los más problemáticos. Esta intervención estaba a cargo del consorcio Vías para el Chocó, que incluía dos de las empresas involucradas en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados: ICM Ingenieros S.A.S. (con el 50 por ciento) e Intec de la Costa S.A.S. (con el 20 por ciento).
  
  Después de que el problema salió a la luz, en agosto de 2021 el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones emitió una resolución en la que inhabilitó a los integrantes de la Unión Temporal, incluyendo las dos empresas que también trabajaban en la vía Medellín-Quibdó. Por esto el Tribunal Superior de Cundinamarca suspendió cualquier trámite relacionado  con este contrato y el Invías, suspendió el contrato, además solicitó el levantamiento parcial, temporal y específico de la medida cautelar para poder cederlo. Pero esto no fue posible sino hasta el 28 de marzo de 2022, por lo que la obra duró siete meses sin avances.
  
  El contrato finalmente fue cedido al consorcio Conexión Antioquia, integrado por las empresas Explanan S.A.S. (con un 74%), Trainco S.A.S. (25%) y una persona natural (con el 1%), identificada como Harold Fernando Rozo Zapata.

• El contrato 1723 de 2020 con el consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 como parte del programa Concluir y Concluir, una propuesta del gobierno para adelantar tramos inconclusos de proyectos claves. Este último tenía como meta finalizar las obras el 19 de septiembre de 2022, pero esta meta tampoco se cumplió.

Lo que sigue:

El próximo 15 de marzo la empresa Explanan S.A.S. se reunirá con las comunidades indígenas para intentar llegar a acuerdos nuevamente. Mientras tanto, desde el lunes 6 de marzo estarán trabajando a media marcha con el personal que quedó. En el ambiente queda la duda de si la empresa dejará la obra o no, qué va a pasar con los compromisos y si, nuevamente, se retrasará la entrega de la carretera que llevan esperando por más de una década. Por ahora, el Invías aseguró que los diferentes contratos que están en ejecución en la zona tienen prevista su culminación para el segundo semestre del presente año.

El Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno Nacional el pasado seis de febrero incluye una de las propuestas que más ha sonado desde su posesión: incorporar a las Organizaciones de Acción Comunal en la contratación pública. Aunque esta propuesta no es nueva, pues desde el 2012 una ley autorizó a las gobernaciones y alcaldías contratar con las juntas, es la primera vez que se abandera de esta forma desde el gobierno.

El primer anuncio lo hizo a través de su cuenta de twitter el 12 de julio de 2022.  “Las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina serán contratadas con las Juntas de Acción Comunal campesinas”, publicó en su cuenta sin más detalles No fue sino hasta el 26 de febrero, durante los diálogos comunales en Duitama, que aseguró que el gobierno daría alrededor de dos billones de pesos para contratar con las Juntas de Acción Comunal del país en la construcción de vías terciarias, que representan el 69 por ciento del total de carreteras del país. 

“Con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos de construcción de vías mediante la suscripción de convenios solidarios con las organizaciones de acción comunal. Estas obras mejorarán la conectividad de las personas, generarán empleo y servirán como una herramienta de fortalecimiento de las capacidades comunitarias ", resaltan las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

El segundo anuncio fue el 29 de octubre en Barranquilla, durante los Dialogos Regionales Vinculantes para la política contra el hambre. Allí propuso, a través de las Juntas de Acción Comunal, llevar comida a los barrios más pobres del Caribe. “No vamos a contratar pulpos empresariales, vamos a contratar directamente a las Juntas de Acción Comunal en los barrios pobres a quienes les entregaremos un dinero mensual para organizar a las mujeres del barrio y se pueda dar un desayuno, almuerzo y cena al día”, señaló el mandatario.

El tercer anuncio ha sido uno de los más polémicos. El 16 de febrero de 2023, en Cúcuta, Petro planteó que las Juntas de Acción Comunal sean las encargadas de llevar las redes de fibra óptica a las regiones y barrios para mejorar la conectividad. Sugirió organizar a las comunidades, e integrar a la juventud, en cada barrio donde no llegan operadores como Claro o Movistar, para que sean ellos quienes gestionen sus propias conexiones. Además propuso que sean los presidentes de las juntas quienes contraten energías limpias para  reducir los costos de energía eléctrica, implementando elementos como los paneles solares.

Estas propuestas han calado en distintas comunidades de La Guajira que ven en el gobierno un discurso contra las desigualdades. En Consonante hablamos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas La Unión, El Confuso, El Trigo, Pondores, el corregimiento de Sitio Nuevo y el barrio 12 de Octubre, de Fonseca, para saber qué opinan sobre estos anuncios y qué necesitarían para cumplir las nuevas funciones de contratación

Los beneficios

Los y las presidentas de las Juntas de Acción Comunal ven positivamente las propuestas. Aseguran que son ellos quienes conocen las necesidades de sus comunidades y por eso pueden responder más acorde: “Yo diría que es mejor porque ya tú conoces la problemática que tiene tu comunidad y ya tú sabes dónde puedes ir a gestionar directamente, no como ahora que le toca a uno es llegar a tocar puertas”, cuenta Noira Argote, presidenta de la JAC de El Trigo. Estos son los beneficios que resaltaron:

• No dependerán del alcalde o gobernador de turno: Una de las ventajas que ven los presidentes es que al contratar ellos las obras, no depende del alcalde o gobernador de turno para su ejecución. Aseguran que actualmente en este proceso la mayoría de alcaldes realizan las obras dependiendo del equipo político al que pertenezcan y necesiten beneficiar, ya sea por favores políticos o simpatía.  “Siempre se quedan en lo urbano (los recursos) y como las comunidades no tienen el conocimiento necesario, entonces los alcaldes hacen con esos recursos los que a ellos mejor les convenga”, reclama Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC de Sitio Nuevo.
  
  Además, los y las presidentes dijeron que la mayoría de los alcaldes y gobernadores priorizan proyectos que les generen rentabilidad y poco tienen en cuenta las necesidades reales de las comunidades: “Vivimos el desengaño de los mandatarios que siempre hacen lo que les conviene a ellos, a su bolsillo, porque no hacen en sí lo que la comunidad necesita”, agrega Villalobos.
  
  
• Se generará empleo en la comunidad: Dicen que ahora como presidentes no solamente identificarán los problemas, sino que realmente pueden hacer algo con las mismas personas de la comunidad. “Están dando participación porque anteriormente no teníamos, como dice uno, directamente ni voz, ni voto; pues todo lo hacían por un tercero”, dice Noira Argote, presidenta de la JAC de El Trigo.
  
  “Hoy en día se está construyendo la vía terciaria que conduce al corregimiento de Sitio Nuevo y no hemos tenido participación, tenemos los profesionales y no participamos porque la administración es quien ha colocado todo el personal y por más que nos hemos manifestado, no nos han tenido en cuenta”, dice Wilfredis.
  
  “Es lo mejor que el presidente ha hecho, darle oportunidad a las comunidades, porque nosotros los presidentes conocemos la necesidad de los barrios, de los compañeros, entonces vamos a tener en cuenta al talento humano de nuestro barrio” relata Jose Ramirez presidente de JAC del barrio 12 de octubre

• Los proyectos serán más eficientes: Los presidentes conocen las problemáticas que aquejan a sus comunidades, les afecta directamente a ellos y esto hace que, según afirman, a la hora de ejecutar los proyectos lo hagan con mucho más entusiasmo y eficiencia. “Cuándo se contrata cualquier obra con una Junta de Acción Comunal, se hacen las obras con mayor esfuerzo y con muchas más ganas porque somos los que vamos a beneficiarnos de esa obra”, explica Sandra Noriega, expresidenta de JAC de Pondores.
  
  Además, aseguran que supervisarán que las obras se realicen correctamente, con los mejores materiales, el personal calificado y en el tiempo pertinente.

Los retos

En su discurso el presidente Petro aún no deja claro cuál será la ruta de acción para que las Juntas de Acción Comunal puedan ejecutar estas propuestas, ni el alcance que tendrían. Aunque tienen la disposición, los presidentes piden capacitaciones en contratación pública y apoyo de las diferentes entidades del Estado para agilizar su constitución legal.

• No están constituidos legalmente: Uno de los retos que afrontan los presidentes para poder contratar es estar legalizados, algo que muchas juntas no han logrado. “Nos hacen falta los requisitos que tienen desde el Ministerio del Interior para que nosotros podamos participar en convocatorias, porque uno ve que ahora sí las más grandes, las que lograron organizarse y consiguieron apoyo y se pudieron organizar van a lograr contrataciones, pero nosotros no hemos podido”, dice Sandra Noriega.
  
  Desde el Ministerio del Interior, a través de la dirección de la democracia y la participación ciudadana, les exigen: actas de elección de dignatarios, Personería Jurídica, Rut, Cuenta bancaria, RUC (lo emite MinInterior después del cumplimiento de requisitos) actas de las comisiones de conciliación empresarial, libros registrados y con la información actualizada, actas de inventario, movimientos contables y  libro de registro actualizado para el ingreso de los afiliados al Ministerio del Interior.
  
  
• Falta preparación y experiencia en contratación pública : Los presidentes piden capacitaciones para contratar con el Estado, así como aprender a formular y ejecutar un proyecto. “Hay que tener mucho cuidado al momento de contratar, porque como puede ver en este país casi la mayoría que contrata está investigado”, expresa Carlos Caicedo Cardenas, presidente de la JAC de El Confuso.
  
  Una opinión similar tiene Wilfredis Villalobos, quien dice que tiene que asesorarse mejo: “Buscaré tener el asesoramiento adecuado para no caer en  el error de dejarme llevar por algún contratista que quiera venir a meterme los dedos a la boca, como decimos coloquialmente, a engañarme”.
  
  
• No saben cuál es el alcance de su trabajo: La mayoría de los presidentes tienen varias peticiones a solucionar que no están dentro de las propuestas que planteó el presidente. Necesitan distritos de riego, alcantarillado, salones comunales, parques, servicios públicos, transporte escolar, proyectos de vivienda, y fortalecimiento en el sector salud.
  
  “Esta región tiene una gran necesidad y es de agua. Nosotros no contamos con agua suficiente para poder cultivar y producir aquí en nuestra tierra. Nos hace falta un distrito de riego o acueducto”, afirma Rosa Guerrero, presidenta de la JAC de La Unión.

Lo que sigue:

Mientras los presidentes esperan más claridad del gobierno, 40  líderes y lideresas de la  zona urbana y rural del municipio se están capacitando desde el 10 de febrero a través de  la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El taller cuenta con 10 jornadas en el que los presidentes aprenderán los procesos de contratación de sus propias obras y elaboración de proyectos.

Los dueños de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados de La Guajira tienen pocas opciones para seguir con su trabajo este nuevo año lectivo. Aunque los y las estudiantes iniciaron clases el 6 de febrero, y el contrato con el operador estaba “listo” desde diciembre de 2022, no han podido empezar a trabajar porque la mayoría de vehículos son “muy antiguos". Ante esto, es el Ministerio de Transporte en Bogotá quien tiene en sus manos la decisión final: prorrogar, o no, el plazo para que los dueños cambien sus vehículos por modelos más nuevos.

Sea cual sea la decisión del Ministerio, la inversión que tienen que hacer los transportadores es alta. Sí la resolución es prorrogada, para que la Unión Temporal Caribe los contrate deben tener todos los documentos al día, así como tener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas. Si no es ampliada, tienen que comprar un carro de modelo más actual, una opción que los líderes indígenas ven imposible. Estas son las cuentas:

Los gastos para obtener el contrato

Según la ley, una parte de los carros y busetas que transportan a los y las estudiantes, deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio, esto para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. Año tras año, en los resguardos indígenas, los dueños de las ‘copetrans’, deben invertir en varios documentos que son requisito para ser contratados como transportadores.

Víctor Fernando Epiayu Molero, gobernador de cabildo del resguardo indígena Trupio Gacho, en La Meseta, Barrancas, ofrece su vehículo para el transporte escolar desde el año pasado: una Toyota Copetran 4.5, full equipo, modelo 2004, de placa venezolana. Víctor transporta normalmente a 16 alumnos desde La Meseta a las Instituciones Educativas Eloy Hernández, Montea Albernia y Pablo VI. Cuatro kilómetros por recorrido, ocho kilómetros ida y vuelta.

Para que lo contraten el carro de Víctor tiene que pasar la revisión técnico mecánica, pagar el seguro y tener los impuestos al día, una cuenta que da, aproximadamente: 1’ 700 000 pesos.

• Póliza/seguro: $1´060 000
• Revisión técnico mecánica: $250 000
• Impuestos: $390 000
• TOTAL: $1 700 000

Además de estos documentos, el carro de Víctor tiene que estar en perfectas condiciones mecánicas, por lo que aproximadamente cada tres meses debe hacer inversiones de mantenimiento que cuestan aproximadamente $750 000. 

• Cambio de aceite: cada 5 000 kilómetros (dos a tres meses) $250 000 
• Rodaje/mantenimiento de frenos: cada tres o cuatro meses $500 000
• TOTAL: $750 000

Y cada dos años debe realizar el cambio de llantas que puede costar en promedio $3’ 200 000. Adicionalmente, cuando el carro ya está transportando niños y niñas, debe pagar la gasolina, que según sus cuentas son $320 000 semanalmente, $1 100 000 al mes.

Como Víctor, muchos conductores hicieron esta inversión para estar listos para la contratación, antes de saber que posiblemente no podrían trabajar este año con su vehículo. Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González;  y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. Sin embargo, apenas hace dos semanas la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio.

“A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan a actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura Estelló.

A 20 minutos de Barrancas, en Hatonuevo, José Carlos, alquila su Toyota Copetran modelo 2007, de placas colombianas, en el resguardo indígena de Lomamato. El carro de José Carlos cubre la ruta de Guaimarito-Guamachito desde hace tres años. Aunque los requisitos son los mismos, asegura que varios de sus gastos, por ser carro colombiano y otros factores, son más altos.

Gastos documentos

• Póliza/seguro: $1´250 000
• Revisión técnico mecánica: $280 000
• Impuestos: $500 000
• TOTAL: $2 030 000

Gastos de mantenimiento:

• Cambio de aceite:  cada 5 000 kilómetros (dos a tres meses) $250 000 
• Revisión de frenos: (depende del recorrido y la fricción, lo hace cada año más o menos) $600 000 
• TOTAL: 850 000

Para combustible, según sus cuentas, gasta seis galones de gasolina al día, es decir $60 000. Al mes calcula $1 500 000. Además, un cambio de llantas, cada dos años, le puede costar  $3’ 600 000.

El dinero para invertir no es fácil de conseguir, en muchos casos el contrato de transporte escolar es su único ingreso, y con tantos problemas en la contratación, difícilmente reciben pago en el primer trimestre del año. “La empresa debió habernos facilitado préstamos para la inversión, que lo descontaran después, porque si no hemos trabajado de dónde vamos a sacar el dinero”, explica José Carlos.

La plata no alcanza para comprar un nuevo vehículo

Si el Ministerio de Transporte no amplía el plazo de la resolución 3018, los dueños de los vehículos que sean de modelos más antigüos al 2006 y quieran seguir prestando el servicio de transporte escolar, tendrían que comprar un carro nuevo, una opción que no ven posible.

Según los transportadores, una ‘copetran’ modelo más nuevo cuesta entre 150 y 190 millones de pesos. Lo ideal sería comprar una de últimos modelos para que no tengan que renovar nuevamente en poco tiempo. “Un carro como el mío (modelo 2007) vale 110 millones de pesos, uno venezolano, que es más barato porque solo puede circular en el departamento de La Guajira, está valorado en 70 millones de pesos. Y ya un carro modelo 2012, o 2014 está saliendo entre 150 y 180 millones de pesos”, dice Jose Carlos.

La única opción para comprar un carro de este valor es pedir un préstamo, una posibilidad que no ven viable. “No estamos en condiciones nosotros como Wayuú de buscar unos préstamos al banco para comprar un vehículo de casi 200 millones de pesos”, confiesa Víctor. Además de la dificultad para que un banco les preste el dinero, el sueldo como transportadores no les alcanza para su sostenimiento y el pago del préstamo.

Por el alquiler de su vehículo, Víctor, José Carlos y cualquier transportista contratado en La Guajira recibe 220 000 el día trabajado. Si no hay festivos, o paros en las vías, trabajan en promedio 22 días al mes. Si no, en promedio 18 días. En el mejor de los casos, al mes reciben $4’ 840.000. A esto deben restarle la gasolina y los otros gastos de mantenimiento que mencionamos arriba. “El que se ponga a buscar un préstamo para pagarlo con este trabajo, eso no le va a alcanzar. Este trabajo no da para mucho”, comenta Jose Carlos.

Otra de las razones por las que prestar el dinero no es una opción, es que los transportadores consideran que el trabajo no es estable. Cada año lo inician con la incertidumbre de saber si serán contratados nuevamente. “Uno cómo va a buscar un préstamo si no está segura la contratación para el año siguiente”, agrega Jose Carlos. Además, el servicio no suele empezar con el inicio del año escolar, nunca hay una fecha definida que realmente se cumpla.

Lo que sigue

La semana pasada la secretaría territorial del Ministerio de Transporte, junto a los líderes indígenas, propusieron a todos los alcaldes del departamento firmar una carta para solicitar la prórroga de la ley 3018 y enviarla a Bogotá. A última hora, y después de varias negativas de algunos mandatarios que no quisieron dar respuesta, la mayoría firmaron la solicitud. Hasta la fecha el Ministerio no ha entregado una respuesta.

El viernes 24 de febrero varias comunidades indígenas convocaron al Secretario Departamental, la representante legal de la Unión Temporal Caribe y los secretarios de cada uno de los municipios a una reunión el resguardo Rodeito El Pozo para revisar un plan de respuesta ante la falta de respuesta del Ministerio.

Mientras tanto,  7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira siguen sorteando toda clase de obstáculos para poder llegar al colegio. Hoy se cumplen 15 días del nuevo año escolar sin servicio de transporte.

Dalia Pacheco, de 52 años, lleva ocho años viviendo en la manzana número 15 de la urbanización Villa Hermosa, al oeste de Fonseca. Para tener agua en su casa, compra canecas de agua al menos tres veces a la semana en el centro de Fonseca. Se transporta en motocarro y en la diligencia se gasta al menos 16 mil pesos. Al mes, en promedio, se le van unos 240 mil pesos para tener agua para tomar, cocinar o hasta bañarse. 

Si está de suerte, Dalia logra recibir agua del acueducto durante una hora cada día, pero poco puede hacer con ella. El agua suele ser salada, turbia o llegar con olor a alcantarilla. Solo la usa para los quehaceres de la casa: “Es para lo único que sirve”, asegura. Por este servicio, mensualmente paga 13 500 pesos.

En Villa Hermosa viven 718 familias, y la mayoría es víctima del conflicto armado. Las casas de interés social de la urbanización nunca han estado conectadas al acueducto municipal de Fonseca. El proyecto fue construido hace nueve años y tiene su propio sistema de acueducto de pozos subterráneos para llevar agua a sus 3 500 habitantes, un agua que según denuncian, es de mala calidad.

El acueducto del barrio es administrado por Veolia, actual operadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Fonseca. A pesar de las constantes quejas de los habitantes, desde la empresa aseguran que en los dos años que llevan administrando el servicio solamente han recibido una queja por el olor del agua. “Solo era una calle en la que se presentaba un rebose de una alcantarilla y presuntamente pudo haber un cruce de aguas, el cual fue atendido de forma inmediata, pero no es nada del otro mundo”, dice Luis Baloco, ingeniero de la compañía.

Pero varios líderes del barrio contradicen la versión de la empresa. "Llevamos años luchando para que se nos conecte el servicio de acueducto a las redes municipales ya que esta agua, que nos toca recibir media hora cada dos días, está contaminada  y tiene olores fétidos. No sirve ni para preparar alimentos, ni mucho menos para el consumo humano", sostiene Avelino Solano Solano, presidente de Junta de Acción Comunal.

Además de la mala calidad del agua, la presión es baja, por lo que para poder recolectarla los habitantes deben usar turbinas, lo que aumenta el costo del servicio de luz. “Por ejemplo en mi manzana llega a las dos y media de la tarde y a las tres de la tarde se va. Media hora de agua y si no coloco la turbina no puedo recoger ni una gota”, cuenta Avelino.  A esto se suma el costo de desplazamiento a otros barrios para comprar agua. La gente asegura que la plata no les alcanza.

Brotes en la piel y problemas estomacales

Dalia reconoce que no todas las personas de Villa Hermosa pueden comprar agua. Muchos tienen que usar la que viene de los pozos. Esto les ha causado brotes en la piel y hasta diarrea. “El agua no es apta para el uso en el hogar, ya no podemos seguir enfermándonos, no es justo que no podamos recibir el servicio del acueducto municipal”, asegura Enelis Vega, líder de la Urbanización. 

Enelis cuenta que a su nieto le salieron hongos en la piel y tuvo que llevarlo a recibir atención médica. “Le salían sarpullidos cada vez que se bañaba con esa agua, tuve que ir a buscar a otros barrios para tener agua para el uso doméstico”.

Los constantes problemas de salud que han sufrido ha llevado a qua muchos desconfíen del sistema. “La alberca está a nivel del suelo y muchas veces se han encontrado toallas sanitarias y pañales desechables, porque está destapada. Si llenas un recipiente con esa agua a los cuatro días está baboso. A muchos les da erosión en la piel”, dice Delis Sardo, habitante del barrio.

"Por eso exigimos a la empresa Veolia que tome cartas en el asunto, porque no aguantamos vivir esta situación un día más, no conforme con eso es un servicio con tarifas muy altas razón por que la gente no quiere pagar esa plata", afirma Avelino. 

Por la operación del acueducto, Veolia cobra una tarifa estimada: “Lastimosamente no hemos podido instalar un equipo de medición. Estimamos un consumo de acuerdo al que tienen otros usuarios en condiciones similares”, explica el ingeniero Baloco. Los precios varían, a Dalia la factura le llega normalmente por 13 500 pesos; a Omaira Villa, otra habitante del barrio, por 20 mil pesos; a Zeuris Barranco por 24 mil. En los últimos meses, confiesan, son pocas las personas que pagan la factura, aseguran que no son coherentes con el servicio.

Un acueducto insuficiente

En 2014, cuando el Ministerio de Vivienda entregó la obra, el acueducto era responsabilidad de la empresa Aguas de La Guajira S.A.S.E.S.P, que desde el 24 de marzo de 2021 cedió el contrato a Veolia. Aunque desde su construcción la urbanización no pudo abastecerse del sistema urbano, a Delia, por ejemplo, nunca le dijeron eso cuando le entregaron la casa. 

La urbanización Villa Hermosa tiene un “sistema de pozo profundo que tiene un sistema de captación superficial”, explica el ingeniero Baloco. Es decir, una bomba superficial extrae el agua con una velocidad de tres litros por segundo. De allí el agua es distribuida a unos tanques en los que pasa por un proceso de desinfección, que aseguran “es lo único que necesita”. Luego, el personal de la empresa desinfecta el agua con hipoclorito de sodio o de calcio. Finalmente, el agua es bombeada nuevamente y se distribuye a las viviendas. Veolia asegura que el agua es potable y es apta para el consumo humano.

Frente a las quejas de la intermitencia del servicio, Veolia asegura que la comunidad desperdicia el agua y por eso no es posible prestar el servicio por más de una hora al día. “Es un pozo que tiene un caudal bajo y por eso funciona en las condiciones actuales de operación. Es decir, una hora al día, todos los días" cuenta el ingeniero. “La gente desperdicia mucho el agua por lo que la demanda que requiere la población es mucho mayor a la que teóricamente debe ser”, agrega.

Por su parte, el sistema de acueducto de Fonseca funciona por gravedad a presión, por lo que no cuenta con estaciones de bombeo de agua potable. El agua que llega al casco urbano viene de la planta ‘Metesusto’, una línea de alimentación que tiene varias fugas de agua, por lo que en el camino se pierde presión del líquido. Esto hace que en algunos barrios sea intermitente el servicio y que aunque a Villa Hermosa los conectaran, no llegaría el agua. 

“Yo estuve en esa zona cuando se estaban instalando la redes para el agua y las tuberías quedaron muy profundas, si se conecta a las redes municipales no se va a solucionar el problema de fondo: la línea de alimentación de agua que abastece al municipio de Fonseca es muy obsoleta, hay muchas fugas y se pierde presión del líquido siendo esta la razón principal por lo que se agudiza el problema en muchos barrios como el 12 de Octubre, Cristo Rey, El Retiro Nueva Esperanza, Brisas del Ranchería y Villa Jardín”, explica Luis Fernando Peñaranda Palacio exconcejal, y quien por año fue operario del acueducto municipal.

Marla Zuñiga, secretaria de Planeación de Fonseca, reconoce los problemas de los habitantes, pero asegura que la Alcaldía nunca ha recibido una “solicitud formal” para conectar a Villa Hermosa al acueducto municipal. “De manera oficial no hemos recibido requerimiento por parte de la comunidad, cuando te digo oficial es escrito y formal”, dice para dar a entender por qué no han solucionado el problema.

Zuñiga asegura que en los próximos meses se iniciará en el municipio el proyecto de Guajira Azul, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se planteó optimizar la red de acueducto del casco urbano. El proyecto, por un valor de 50 mil millones de pesos, contempla también que Villa Hermosa quede dentro del acueducto del casco urbano. Con esto se pretenden solucionar también las deficiencias en los otros barrios. 

La Secretaria no explicó cuánto tiempo podría tardar que esto suceda, pero a la comunidad le preocupa que este proyecto está planteado desde 2019, y aunque estaba planeado que las obras empezaran en junio del 2020, aún no se ha puesto la primera piedra.

La espera continúa

El 7 de febrero la junta de acción comunal de Villa Hermosa convocó una reunión con la empresa Veolia y representantes de la administración municipal para buscar una solución pronta al problema.  Eder Hugues Peñaranda, secretario de Gobierno municipal,, le pidió a Veolia hacer el trámite correspondiente para la conexión de las redes al acueducto municipal. “El acuerdo fue que se iban a hacer unas pruebas con el acueducto de Fonseca, colocar el agua del acueducto y hacer unas pruebas a ver si el servicio llega”, dice Avelino Solano. Pero no es suficiente.

Hoy, poco más de una semana después, el agua del acueducto de Fonseca no ha podido llegar a muchos hogares como se tenía previsto, por lo que siguen bombeando agua de los pozos. Por ahora, los habitantes de Villa Hermosa no tienen muchas opciones.

“Mire: aquí se llevaron a mi sobrino, a estos jóvenes, ellos estaban pastoreando. Los convencieron de que se fueran y se fueron con ellos”. Esta frase se la han dicho más de una vez a Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada, en una especie de confesión que pocas veces alcanza a ser denuncia. Entre los vecinos se escuchan decenas de historias similares y aunque la institucionalidad no tiene registro, lo cierto es que en La Guajira, el riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es cada vez más alto.

De enero a junio de 2022 la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) registró 42 eventos que afectaron por lo menos a 85 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Si bien para ese año no se pudieron comprobar casos de reclutamiento para el caso específico de La Guajira, varias organizaciones sociales han lanzado alertas sobre este delito ante el movimiento y expansión de los grupos armados en el departamento.

“En el 2021 pudimos verificar en La Guajira un evento relacionado a reclutamiento. Para 2022 no se logró identificar eventos, pero la información que nos llegaba era ‘hay riesgo de reclutamiento, a los chicos y se los están llevando, les están pagando para que se vayan’. Se les ofrecía entre un millón y un millón doscientos para que hicieran parte de las Agc pero esa información no fue verificable”, cuenta Julia Castellanos Medina, integrante de la secretaría Técnica de Coalico.

En Maicao, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana desde el 2019 por reclutamiento forzado y/o uso o utilización de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales como el contrabando de gasolina, el tráfico de armas, narcotráfico y microtráfico. Los responsables serían el Eln y los grupos de delincuencia organizada transnacional como los ‘Pranes’ de Venezuela.

“El Eln, como estrategia para el reclutamiento forzado de adolescentes, indígenas y venezolanos se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de la población, por lo que ofrece dinero para quienes hagan parte de sus filas o actúen como informantes. Los valores ofrecidos oscilan entre los $500.000 pesos colombianos hasta los $3.000.000 de pesos, hechos que se han venido presentando en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura”, asegura el documento.

Organizaciones sociales como la Corporación Social y Cultural Manos a la Paz (Mapaz) de Fonseca, trabajan por crear escenarios de esparcimiento y ayudar a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en lugares sanos. “Queremos mejorar su calidad de vida llevándoles jornadas culturales, artísticas, de salud mental y apoyo psicosocial en ocasiones articular con las entidades encargadas”, comenta Eimer Ariño, director de Mapaz.

La organización ha beneficiado a cerca de 40 jóvenes, niños y niñas en las veredas de Conejo y El Confuso. “Podemos ver que hay niños en La Guajira que se están muriendo de hambre, se les vulnera el derecho a la salud, a la educación y viendo todas esas necesidades comunitarias nació esta idea de constituirnos como corporación”, agrega Ariño.

Mapaz realizará un evento este domingo 12 de febrero, para conmemorar el “Día Internacional en contra del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados ilegales”, en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, La Guajira.

Los riesgos

A pesar de que no hay denuncias formales, en el departamento los grupos armados han creado varias estrategias para el reclutamiento de menores. En el Norte de La Guajira, por ejemplo, los niños que son reclutados ya no abandonan necesariamente su casa o su escuela, sino que hacen “tareas esporádicas” con las que su vida termina controlada por los actores armados. “Al actor armado en sus estrategias de reacomodación le sale más barato no tener el niño dentro de las filas y tener que pagar su manutención, sino más fácil darle a la familia un dinero: 50 000, 30 000, 40 000 pesos mensuales como ayuda para mantener al niño en la estructura y que el niño haga todo lo que él designe y en el momento que designe”, explica Castellanos. Entre las tareas está el tráfico de estupefacientes, entregar información, llevar armas, y/o movilizar a otros niños y niñas para que entren a la estructura.

Según el Informe Final de La Comisión de la Verdad, los factores de riesgo de reclutamiento persisten en el país. Entre ellos están: las condiciones de precariedad en las que viven los niños y las pocas opciones para desarrollar sus capacidades; la presencia de grupos armados que controlan y definen las dinámicas de los territorios; la negligencia o imposibilidad de las familias y la sociedad de protegerlos, y la indiferencia del Estado para prevenir la violencia que los afecta.

En La Guajira, según Coalico, la situación se agrava por estos factores:

• Es una zona fronteriza y de alto flujo migratorio: 

Con la oleada migratoria que recibió el departamento, llegaron también estructuras armadas que establecen dinámicas muy fuertes en la región, sobre todo por la disputa del territorio con las estructuras armadas que ya existían. En la búsqueda de engrosar sus filas y capacidad de reacción, se genera un riesgo para los niños, niñas y adolescentes.

Además, el observatorio aseguró que los cierres iniciales de frontera incrementaron las situaciones de riesgo para los niños que entraban y salían del país por trochas y sin acompañamiento. 

• Hay gran influencia de narcotráfico y grupos armados: 

La Guajira es uno de los focos de estructuras armadas “post- desmovilización paramilitar”. Son estructuras que tienen una línea directa con el paramilitarismo y que tienen nexos directos con el narcotráfico, además controlan la frontera. “Hay una presencia muy fuerte de estas estructuras armadas locales, que además mutan constantemente de nombre, lo que hace que sea aún más difícil su identificación en la participación de eventos”, cuenta Castellanos.

La organización ha identificado que dentro de las dinámicas que han utilizado el Eln y las Agc es su entrada y salida constante de los departamentos, dejando una sensación de inseguridad entre las comunidades y así poder ejercer mayor control. “Esto genera una tensa calma permanente porque hay amenazas muy fuertes y luego hay un momento de letargo o de quietud con el ánimo de manejar rutas de narcotráfico”, agrega.

• Es difícil verificar la información y la gente tiene miedo a denunciar:

Aunque a la organización llega información de casos de explotación sexual y violencia sexual contra niñas menores de 18 años y menores de 14 años asociados a temas de reclutamiento, la verificación de estos hechos es compleja por la falta de información.

En primer lugar las víctimas o sus familias no denuncian porque conviven directamente con el actor armado, lo que implica riesgos para su integridad. 

• Las comunidades terminan “naturalizando” los hechos

En el departamento, particularmente las comunidades wayuu de la Alta Guajira, terminan aceptando las dinámicas de control por parte de los grupos armados. Esto por la cultura patriarcal machista o las condiciones socioeconómicas que les hacen creer que dentro de estos grupos armados tendrán una mejor calidad de vida. “Se naturalizan cosas como ‘por algo sería’ o ‘mejor que se lo lleven para allá’ o ‘así va a aprender a ser hombre”, cuenta la investigadora Castellanos.

¿Cómo prevenirlo?

El Informe Final de la Comisión de la verdad recoge varias recomendaciones para enfrentar el uso de menores en el conflicto. Estas son algunas:

• Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, empezando por la educación.
• Generar oportunidades para los jóvenes, que muy a menudo se ven seducidos por las economías ilegales que los terminan metiendo de lleno en la guerra.
• Revisar y ajustar la ruta para el restablecimiento pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, así como las condiciones necesarias para su efectiva reintegración a la vida civil, de manera tal que se atienda y responda a las particularidades de esta población.
• Desarrollar un enfoque diferencial e interseccional, y una política general que atienda las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes rurales de cada territorio y que esté dirigida a garantizar sus derechos y a dotarles de las capacidades necesarias para desarrollar sus planes de vida en paz. 

Los y las estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira iniciaron las clases el 6 de febrero igual que como terminaron el año pasado: sin transporte escolar. A pesar de que la secretaría de Educación departamental firmó el contrato en diciembre del año pasado por más de 18 mil millones de pesos con la Unión Temporal del Caribe y todo parecía estar listo para el nuevo año escolar, el comienzo del servicio se retrasó y apenas la semana pasada salió a la luz pública el obstáculo: una serie de requisitos técnicos por los que los vehículos que tienen los transportadores de la zona no podrían ser utilizados por el contratista. 

Los vehículos serían demasiado antiguos

Según la ley, una parte de los carros y busetas que prestan el servicio de transporte escolar deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. El problema es que muchos de los vehículos que tienen los transportadores, quienes en su mayoría pertenecen a comunidades étnicas, no cumplen con las condiciones técnicas que exige el Ministerio de Transporte.

Según la resolución 3018 del 4 de agosto de 2017 que expidió el Mintransporte los vehículos antiguos , los vehículos debían ser sustituidos por modelos más nuevos con plazo máximo hasta el 1 de enero de 2024. Esta transición se planteó bajo el siguiente esquema: los modelos 1986 y anteriores deberán ser reemplazados por vehículos modelo 2006 o posterior a más tardar el primero de enero de 2020. Los vehículos modelo 1987 a 1992 deberán ser reemplazados por vehículos modelo 2007 o posterior a más tardar el primero de enero de 2021. Los modelos 1992 a 1998, por modelos 2008 o posterior a más tardar el primero de enero de 2022. Los modelos 1999 a 2005 por modelo 2009 o posterior a más tardar el primero de enero de 2023. Los modelos 2006 y posteriores por modelos 2010 o posteriores a más tardar el primero de enero de 2024.

Sin embargo Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González  y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. “Hicimos mesas de trabajo, firmamos y radicamos en Uribia el documento de la solicitud de la prórroga y se la llevó el secretario de Gobierno que estaba en el departamento. Luego nos notificaron que nos habían aprobado dos años más para la circulación de esos vehículos que están en cada uno de los territorios”, cuenta Estelló. 

Estelló, quién ha liderado las mesas de trabajo para la reanudación del servicio, afirma que apenas el viernes de la semana pasada la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio. “A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura. 

En Rodeito El Pozo hay, por ejemplo, ocho vehículos cuyos modelos oscilan entre 2002, 2003 y 2004. Según las condiciones del Ministerio de Transporte ninguno de estos podría prestar el servicio este año. “Si ellos sabían que esto iba a pasar tenían que notificarnos para haber hecho esa socialización en cada uno de los territorios resguardados y no resguardados en el sur de La Guajira y poder iniciar el servicio normalmente”, dice el gobernador.

El secretario de Educación se lava las manos

En una entrevista emitida en la emisora Cardenal Estéreo el miércoles 8 de febrero, el secretario de Educación Adaulfo Manjarrés optó por culpar a las comunidades indígenas por el retraso del transporte escolar: “Ellos exigen que los vehículos que presten el servicio sean de ellos mismos, pero los que tienen no cumplen con las características mecánicas conforme a la resolución 3018 de 2017”, aseguró. 

A pesar de que Manjarrés tiene a su cargo la contratación del servicio, el Secretario insiste en que la Gobernación no tiene nada que hacer. “Ellos mismos están obstaculizando el inicio del contrato y nosotros aquí no tenemos nada que hacer”, agregó el funcionario que asumió funciones el 20 de octubre del año pasado. Según la Secretaría, la Unión Temporal del Caribe habría notificado el inconveniente por el que no ha dado cumplimiento al contrato. Sin embargo, no precisan cuándo se dio el aviso.

Las declaraciones del Secretario generan desconcierto entre los líderes indígenas, quienes afirman que Manjarrés asume una actitud constructiva en reuniones internas y luego los señala públicamente. “Después de una mesa de trabajo que tuvimos ayer dice en los medios de comunicación que el transporte escolar en La Guajira no ha iniciado por culpa de las autoridades tradicionales y eso es totalmente falso. Ellos han generado aquí conflicto interno, porque si desde un principio hubiesen dicho que no se había prolongado la resolución 3018, que se tenían que buscar vehículos nuevos, pues nosotros habríamos tomado una decisión”, puntualiza Estelló.

Hasta el momento no queda claro por qué si desde la Secretaría tenían el inventario de los vehículos que han prestado el servicio por tantos años, solo notificaron a los transportadores hasta el viernes 3 de febrero, tres días antes de iniciar las clases. Los líderes indígenas aseguran que esta dependencia de la Gobernación conoce desde hace mucho tiempo los modelos de los vehículos que no cumplen los requisitos del Mintransporte. 

¿Por qué apenas se encontró que los vehículos no son aptos según la resolución 3018 de 2017. Esta pregunta fue enviada por Consonante a la oficina de comunicaciones de la Gobernación. “La verdad en este momento no tenemos respuesta, el tema se está analizando y discutiendo con las comunidades indígenas y los operadores del servicio”, respondieron desde la oficina de Comunicaciones de la secretaría de Educación departamental*.

Qué dicen las familias de las y los estudiantes afectados:

En medio de este enredo se encuentran los 7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira que necesitan el servicio de transporte escolar para llegar a clases. Al igual que registramos el año pasado en Consonante, muchos caminan largas distancias para ir a la escuela, han sido víctimas de la inseguridad y, en algunos casos, han optado por abandonar el colegio. 

• “Los papitos que pueden están trayendo a los niños, pero hay niños que no han podido venir porque no hay forma para transportarlos. Esperamos que la próxima semana pueda iniciar el servicio”, cuenta Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal de la vereda Los Toquitos. 
• “Yo tengo un niño de nueve años y el colegio está muy lejos. Yo no tengo cómo llevarlo, se va caminando, lo mando en colita o me hacen el favor de llevarlo. Acá hay varios niños que están afectados con este problema”, cuenta Ingris Vergara, madre de familia que vive en el sector de La Laguna.

Para protestar por la falta del servicio, el miércoles 8 de febrero las comunidades indígenas bloquearon en el sector de Alto Pino, en Manaure, La Guajira.

Las soluciones que proponen ambas partes

Desde la Secretaría de Educación y la Unión Temporal Caribe han propuesto que el servicio lo presten “vehículos de afuera”. Esta solución, además de que afectaría la economía de los dueños de los vehículos y sus familias, ha sido problemática en el pasado. 

“Una vez sucedió que trajeron vehículos de afuera y los conductores no quisieron penetrar hasta la comunidad por la dificultad en las vías de acceso. Tuvimos muchas dificultades y hasta agresiones porque los conductores querían dejar a los niños hasta donde ellos podían entrar, pero no hasta el punto real donde tenía que ir”, confiesa Ángel Estelló.

Por otro lado, comprar un vehículo nuevo está por fuera de las posibilidades de muchos de los conductores. “Salir ahora a buscar un vehículo con las condiciones que se están exigiendo sale muy costoso, este tipo de vehículos, camionetas y camperos, son para zona rural, trochas. Además comprar un vehículo nuevo de este tipo para meter en trochas también es correr un riesgo de que lleguen los ladrones y le quiten el vehículo a uno. Estamos esperando que la empresa nos notifique cuál es el paso siguiente para ver de qué manera podemos trabajar”, cuenta Yesney Tarifa, conductor del servicio de transporte escolar en la zona rural de Fonseca.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT y la Secretaría de Educación Departamental solicitaron esta semana al Ministerio de Transporte la ampliación del periodo transitorio para prestar el servicio escolar bajo la supervisión técnica de la DATT Guajira. Además, se acordó en una comisión que se reunió el 7 de febrero que representantes de las comunidades indígenas y la institucionalidad del departamento visitarán las instalaciones del Ministerio de Transporte en Bogotá para dar celeridad a la prórroga. 

Lo que sigue

Los líderes indígenas solicitan la visita del ministro de Transporte Guillermo Reyes y del ministro de Educación Alejandro Gaviria a La Guajira para llegar a acuerdos y así poder reanudar el servicio lo más pronto posible. 

Mientras tanto, los rectores de varias instituciones del sur de La Guajira siguen esperando la contratación de más docentes, solucionar la prestación del servicio de aseo y vigilancia, mejorar la infraestructura de los colegios y atender los problemas de rendimiento académico.

*Consonante contactó a Adaulfo Manjarrés, secretario de Educación departamental, en varias ocasiones antes de la publicación de esta noticia, pero Manjarrés no respondió la solicitud.

Cerca de 1400 estudiantes de las dos Instituciones Educativas de El Carmen de Atrato y sus sedes rurales llevan más de dos semanas sin recibir el desayuno o el almuerzo que garantiza el Programa de Alimentación Escolar. Las clases iniciaron el 16 de enero, pero los colegios no han podido prestar el servicio porque la Alcaldía no ha firmado el contrato con un operador especializado.

La situación tiene preocupada a docentes, rectores, padres y madres de familia, que aseguran que el rendimiento académico no es el mismo. “Algunos menores vienen de sus casa sin desayunar y llegan aquí y su desempeño académico se ve muy afectado por la falta de alimentación”, cuenta Aura Tatiana Valencia, docente orientadora de la Institución Educativa Corazón de María.

Además del impacto en el rendimiento académico, el bolsillo de madres y padres no está dando abasto. Monica Patricia Pérez es madre de cuatro niños que estudian en la IE Corazón de María y cuenta que en estas tres semanas ha sido difícil sacar el dinero para la alimentación de los cuatro. “Yo tengo ya niños que sufren de gastritis, los tengo en tratamiento en Medellín, entonces es aún más grave. Todas las semanas dicen que el servicio iniciará la próxima semana, pero no pasa nada más”, puntualiza.

Dora López, madre de Maria Clara Ríos, estudiante de grado octavo en el Liceo Marco Fidel Suárez, cuenta que los mismos niños se han dado cuenta de la dificultad que pasan algunos de sus compañeros: “Mi hija gracias a Dios tiene cómo, pero me cuenta que hay compañeritos que no llevan casi nada y eso afecta mucho el rendimiento escolar. Ayer me dijo que le había regalado un bonyurt que llevó a una compañerita, me dijo: “Mamá yo le mandé a preguntar que si tenía algo de media mañana a esa hora y me dijo que no”.

El alza de precios agrava la situación, los padres y madres que pueden comprar lonchera para sus hijos están gastando más de lo presupuestado: “Le echo un sándwich, una malta, un yogurth y se le dan todos los días cuatro mil pesos, son 20 mil semanales solo de la mera plata”, recalca Dora López.

¿Por qué no ha empezado a funcionar el PAE?

Aunque los estudiantes volvieron a clase desde el 16 de enero, la Alcaldía aún no ha firmado el contrato para la prestación del servicio y no tienen definido el operador. Aseguran que aunque ya están los recursos, no les han aprobado el plan de alistamiento, que consiste en la aprobación de la minuta patrón (la ración de comida) y la fumigación de las instituciones y los restaurantes escolares. 

Boris Peña, secretario de Integración Social, recalca que el retraso es responsabilidad de la Alcaldía, y que el plan de alistamiento debía estar listo antes del inicio de clase. “Me parece muy extraño que el alcalde manifieste que, para iniciar la operación, se requiera la aprobación de la minuta, porque nosotros desde el año pasado les suscribimos los acuerdos de transferencia con vigencia futura para que ellos iniciaran su proceso de contratación a tiempo”, asegura Peña.

Lo que debe hacer cada municipio es enviar la propuesta de ración diferencial a la gobernación para que la aprueben, pero no es un requisito indispensable para que inicien la operación: “Ellos pueden trabajar con la minuta que viene del año inmediatamente anterior hasta que nosotros les hagamos las observaciones de la minuta diferencial, porque eso es un tema flexible, pero hoy ninguna administración municipal puede curarse en el hecho de no tener la minuta aprobada, eso es inaceptable”, cuestiona Peña. “Hoy la única excusa que puede tener un alcalde para no operar es que la Gobernación no le haya hecho el acuerdo de transferencia y convenio, y con todos hicimos eso el año pasado, por eso hay 20 municipios que sí han logrado empezar clase con el servicio”, agrega.

Sin embargo, desde la alcaldía de El Carmen aseguraron a Consonante que uno de los inconvenientes que ha retrasado la contratación es que se le debía dinero del año pasado a los proveedores y manipuladores, y que ese pago apenas se hizo el lunes anterior. 

El dinero no es suficiente 

En el Chocó hay 30 municipios no certificados, eso quiere decir que es la Gobernación la que maneja el dinero de los servicios educativos complementarios (como el Programa de Alimentación Escolar) en estas ciudades. El departamento recibió para la vigencia de este año 29 593 millones de pesos a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para este servicio, un dinero que según el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, no es suficiente. Para aumentar la ración y poder operar todos los días del calendario escolar necesitan, por lo menos, 10 000 millones de pesos más.

“Para la vigencia del año 2022 nos asignaron 24 000 millones de pesos, lo que nos generó dificultades operacionales el año pasado. Lo que requiere realmente el departamento es una cifra mucho mayor para operar los 180 días, y aunque este año aumentó, no alcanza”, explica el secretario de Integración Social. 

Después de que el dinero llega a la gobernación, la Secretaría de Integración Social transfiere los recursos a una bolsa común con las alcaldías. De esta forma son los alcaldes quienes deben contratar con esos recursos un operador especializado que preste el servicio de alimentación escolar.

Para la vigencia de 2023 la secretaría firmó convenios y contratos con las alcaldías desde diciembre del año pasado. Para El Carmen de Atrato se firmó un convenio por 184 000 millones de pesos para los primeros 30 días del calendario escolar. Y aunque este trámite se hizo con tiempo, solamente 20 de los 30 municipios empezaron con el servicio el primer día de clase. El Carmen de Atrato no es uno de ellos.

Lo que sigue

Además del pronto inicio de la prestación del servicio, los padres de familia esperan que este año la alimentación sea mejor y alertan que el año pasado también hubo quejas. “A finales del año pasado, aunque estábamos agradecidos por tener la alimentación, el almuerzo era muy poco, muchas veces no les daban carne, era por ejemplo fríjoles con arroz y ya, y la porción era reducida”, cuenta Viviana Villaviejo, madre de familia de dos niños.

Sobre este tema, la secretaría de Integración Social del Chocó aseguró que están en conversaciones para aumentar el valor que desembolsa el Ministerio de Educación y poder mejorar las raciones de comida. “Este mes vamos a adicionar los otros 30 días para que no estemos colgados y esperar la adición que nos haga el Ministerio de Educación para que podamos garantizar por lo menos unos 170 o 160 días de operación este año”, asegura Boris Peña.

Aunque la administración de Jaiberth Ríos aseguró que para este lunes entregarían información sobre la contratación de los operadores, y que están haciendo lo posible para iniciar el servicio de alimentación pronto, entre las instituciones educativas hay poca esperanza de un inicio cercano.

La liquidación de la Cooperativa de Caficultores de los Andes dejó a Fabián Betancur de brazos cruzados. El café que sacaba de sus dos hectáreas ya no tenía dueño seguro y los insumos agrícolas que compraba a buenos precios ya no era fácil conseguirlos. Además, nadie le daba respuesta sobre sus ahorros en la cooperativa que alcanzaban los siete millones de pesos. Fue un momento crítico. 

La esperanza llegó cuando en julio del año pasado el punto que ocupaba Cooperandes lo tomó la Cooperativa de Caficultores de Salgar y los campesinos tuvieron quien les asegurara la compra nuevamente. Sin embargo, esta semana y sin avisar, siete meses después de su apertura, la cooperativa cerró las puertas del punto de compra y venta. Ahora Fabián y los otros 220 caficultores del municipio ya no tienen quién les compre el café que producen.

¿Qué pasó con las cooperativas?

En marzo de 2022 la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) ordenó liquidar la Cooperativa de Caficultores de Andes, que tenía una sede en El Carmen de Atrato, por considerarla económicamente inviable. La decisión fue tomada  tras dos años del inicio de la intervención de Cooperan por supuestos malos manejos.

“Las ventas de café bajaron de 28 millones de kilos en 2020 a 11 millones en 2021, es decir una disminución de más del 50 por ciento, lo que desarmó todas las proyecciones y los principios de acuerdo que habíamos elaborado con los acreedores”, le dijo en ese momento el interventor Alejandro Revollo al periódico El Colombiano. Sin embargo, para la cooperativa aún hay esperanza: los acreedores tienen dos meses para decidir sí se ajustan algunos intereses de las deudas y se reactiva, de lo contrario la liquidación terminaría en marzo de 2023.

En julio de 2022 llegó la Cooperativa de Caficultores de Salgar para llenar el vacío. En ese momento llamaron a Julián Echeverry para que administrara el punto, hasta enero de este año, cuando se acabó el contrato. “Cuando cerraron la Cooperativa de los Andes nos llamaron y nos ofrecieron el puesto por un contrato de seis meses. Ahora en enero nos dijeron que no nos renovaban el contrato porque no tenían plazas para nosotros, pero no sabemos por qué cerró”, confiesa Echeverry. Sin embargo, cuenta que en el punto atendían a más de 150 personas, pero el local era arrendado y el café era muy poco.

Según un comunicado firmado por el gerente de la cooperativa, Jaime Alexander Henao, el cierre del punto en el municipio fue “acorde a lo establecido en las proyecciones que la Cooperativa de Caficultores de Salgar tenía planteadas para brindar acompañamiento en la región” y aseguraron que pronto informarán sobre la garantía de compra por parte de la institucionalidad cafetera.

¿Qué dicen los caficultores?

Los caficultores del municipio quedaron sorprendidos con el cierre y, otra vez, no saben qué va a pasar con sus cultivos. “A mi no me han dicho nada, no especificaron el motivo. La cooperativa estaba como por contrato y cuando se les acabó el contrato recogieron. Pero no nos dieron ninguna explicación, cuando menos pensamos el muchacho dijo que la iban a recoger”, cuenta Fabián de Jesús Madrid Castañeda, que lleva más de 25 años cultivando café en El Carmen.

Ahora la única opción que tienen Fabián de Jesús, Fabian Betancur y los otros caficultores es ir hasta Ciudad Bolívar, a una hora de El Carmen de Atrato, para poder vender su café pergamino seco. Esto les trae costos extra que terminan haciendo el negocio inviable: en el transporte de la carga y los pasajes se gastan entre 30 000 y 40 000 pesos, además de los gastos en comida.

Y es que en El Carmen de Atrato la caficultura es particular, según explica Diego Alberto Restrepo, extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio. La cosecha es “graneadita”, es decir, no hay meses de grandes cosechas, cada mes los caficultores tienen pequeñas producciones que pueden variar normalmente entre media o una arroba de café según el clima y la cantidad de palos de café. Por eso, cuentan, no se justifica el viaje hasta otro departamento.

“Si a uno le resultara la carguita (125 kilos), o de ahí pa’ arriba, se justifica, pero por aquí sacamos arrobitas, kilitos, entonces mejor nos quedamos aquí en el municipio. La plata uno la necesita, pero no se justifica la ida, toca mandar mandados con los carros que van. Por eso el cierre de la cooperativa nos afectó mucho”, cuenta Fabián de Jesús.

Además de los costos extra para poder vender el café, el cierre de la cooperativa tiene otras implicaciones. La organización también les vendía abonos y otros insumos a precios asequibles y servía de reguladora de precios para la venta:  “Cuando uno iba donde un particular y el precio que le pagaban era menor que el de la cooperativa, se podía negociar y ahí el particular no tiene de dónde pegarse, la única forma es que el comprador particular subiera el precio de compra, ahí estaba ganando el cafetero”, dice Restrepo. Ahora, los caficultores están a la merced de los precios que les ofrezcan.

No es el único problema: falta mano de obra y el invierno azota

Las constantes lluvias han dificultado la producción de café. “En este momento no hay mucha producción porque la lluvia no dejó que hubiera una buena floración, y si no hay una buena floración, entonces no hay producción”, explica Restrepo. Cuenta además que llevan dos años en los que el invierno casi no les da tregua. “En noviembre del año pasado un campesino me dijo ‘Diego yo para esta época yo estuviera sacando de diez a siete cargas de café y en este momento no he sacado ni dos’”, agrega.

En el municipio hay aproximadamente 180 hectáreas de café sembradas. Y según la caracterización de la Federación, es una caficultura de pequeños cafeteros con pocas tecnologías, “son muy empíricos”, cuenta Restrepo. Y aunque es poca producción, la mano de obra se queda corta: “La mina acapara a todos los jóvenes y aunque no es una caficultura muy espesa, el caficultor que tenga 10 000 o 12 000 palos de de café a veces se ve a gatas para coger ese café, a veces se le pierde producción porque no tiene como cómo coger ese ese grano”.

Lo que sigue: 

Los caficultores carmeleños tienen la última esperanza puesta en la Federación, esperan que puedan apoyarlos, por ahora, en asegurar la compra de su producción. Mientras tanto Diego Alberto Restrepo asegura que el acompañamiento técnico por parte de la Federación continuará, y que hará lo posible para que las compras vuelvan al municipio. Pero no hay nada seguro.

Por su parte, William Valencia Peña, gerente liquidador de la Cooperativa de Cafeteros de los Andes, no descarta que se pueda recuperar la organización. En máximo dos meses, los acreedores responderán si acceden a algunas solicitudes sobre los intereses y la deuda, en caso de que sí, la cooperativa se reactiva, si no, se tiene previsto que el proceso de liquidación termine en marzo de 2024.

Los estudiantes de La Guajira deben volver a clases el próximo 6 de febrero, pero los preparativos para el regreso a las aulas en el sur del departamento van a media marcha. A pesar de que la Secretaría de Educación ya contrató el transporte y la alimentación para los 12 municipios no certificados, varios rectores y docentes de San Juan del Cesar y Fonseca aseguran que aún hay varios asuntos pendientes.

Entre estos, arreglos a daños estructurales y contratar los servicios de aseo y vigilancia. Este último tema realmente preocupa a los rectores, quienes aseguraron que si no están listos antes del próximo mes, no iniciarán actividades.

En Consonante revisamos qué está listo y qué no para que los estudiantes regresen a las aulas. Esto es lo que encontramos: 

Los contratos firmados

El 15 de diciembre, más de dos semanas después de terminado el año escolar, la gobernación contrató el servicio de transporte por 18,9 mil millones de pesos. El contrato fue firmado con la Unión Temporal del Caribe que está integrada por Transportes Sensación SAS, Lineas Escolares y Turismo SAS- Lidertur SAS. 

Transportes Sensación SAS ya se había presentado a la primera licitación pública abierta para este contrato en agosto de 2022 que fue suspendida por un juez un mes después. Mientras tanto, Lineas Escolares y Turismo SAS-Lidertur SAS es una empresa bogotana que ha contratado con varias entidades públicas en la capital del país. 

Sin embargo, al revisar el contrato lo que llama la atención es que la cantidad de rutas y vehículos contratados es la misma de hace cuatro años. En total, solo habrá 292 rutas y 332 vehículos para las áreas rurales y urbanas.

“Cada vereda merece un vehículo. El año pasado solo había una camioneta por dos. Como solo cabían 10 o 15 niños, y tenemos 16, nos turnábamos. Una semana iba la mitad de aquí y la otra, la mitad de allá. Este año son 20 niños”, dice Sobeida Díaz Epiayú, líder comunal de la vereda Los Toquitos, en Fonseca. 

La comunidad educativa ha denunciado varias veces que los vehículos no alcanzan. Aún así, desde la oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Educación aseguran que al momento de formular el proyecto ante el Departamento Nacional de Planeación no habían recibido estas denuncias.

Por otro lado, el contrato para el apoyo al Programa de Alimentación Escolar (PAE) se firmó otra vez con el Programa Mundial de Alimentos para los próximos 11 meses. Los padres de familia esperan que el servicio no presente intermitencias como el anterior. 

Los asuntos pendientes

• Hace falta contratar más docentes

Desde 2019 no incrementa el número de plazas disponibles para maestros en el departamento a pesar de que la población estudiantil ha aumentado 13 por ciento, según cifras oficiales. Es decir, hoy hay cerca de 10 535 estudiantes más que hace tres años.

“Tuvimos un curso de 84 estudiantes y nunca le nombraron docente. Se mantuvieron en alternancia hasta fin de año y la situación sigue igual”, cuenta Nelvis Peralta, rectora de la institución Clotilde Poveda. Además, según Peralta, hay padres y madres de familia preocupados porque la falta de docentes repercute en los cupos disponibles para sus hijos e hijas. “Faltan aulas, docentes y pupitres. Muchos niños se van a quedar por fuera del sistema”, asegura la rectora. Por esta misma razón, en la Institución Técnica Agropecuaria del corregimiento de Conejo no hay cupos para estudiantes nuevos este año.

En San Juan del Cesar la situación es parecida. Sin mencionar que varios profesores y maestras ya cumplen los requisitos necesarios para retirarse. 

Adaulfo Manjarres, secretario de Educación, reconoce que hacen falta docentes, y asegura que está a la espera de que el Ministerio de Educación apruebe 448 nuevas plazas. “Desde finales de 2021 hemos realizado mesas de trabajo debido a que la planta es insuficiente para atender la población estudiantil matriculada en el SIMAT”.

• Sin personal administrativo ni de aseo o vigilancia

El nuevo contrato del servicio de vigilancia y aseo no se ha firmado, y desde la Secretaría de Educación ya le confirmaron a los rectores en una reunión realizada la semana pasada que no estará listo para el 6 de febrero. 

Algunos rectores de San Juan del Cesar contrataron personal de aseo durante los primeros días del año con recursos propios. “Yo negocié con la aseadora que trabajó el año pasado para poder tener una buena presentación al momento de culminar la jornada de matrícula. No sé cómo haré la semana entrante”, confiesa Clotilde Urbina, rectora de la IED María Auxiliadora.

Pero al rector de la Institución Educativa José Eduardo Guerra el problema que más le preocupa es la inseguridad pues en varias ocasiones han sufrido hurtos.

Por su parte, Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca, asegura que no cuenta con el personal suficiente para administrar la escuela. “Hacen falta administrativos, un coordinador y una psicorientadora para poder atender a 1 700 alumnos”, dice.

• Faltan soluciones para las deficiencias de infraestructura

Aulas en mal estado, baños que funcionan a medias, filtraciones en los techos, conexiones eléctricas obsoletas y salones sin pintura. Este es el escenario que se repite en varios colegios. A pesar de que los rectores han alertado sobre estos daños desde hace varios meses, desde la Secretaría de Educación aseguran que todavía están reuniendo información para hacer los arreglos necesarios. 

“Estamos realizando el levantamiento de información de infraestructura, legalización de predios y titularidad de estos para la formulación de un proyecto que será financiado con recursos de regalías”, respondió la entidad a una solicitud de información enviada por Consonante. La Secretaría, sin embargo, no aclara qué obras se priorizarán en el proyecto ni en qué estado está.

La situación en algunas instituciones no da espera. Por ejemplo, en la IED de El Carmelo, en San Juan, los estudiantes no tienen un restaurante en buenas condiciones. 

Y en el Colegio Clotilde Poveda, en Fonseca, hay hacinamiento: en un salón que fue diseñado para alojar entre 20 y 25 estudiantes, hubo entre 38 y 42 estudiantes durante 2022. Esto, a pesar de que el año pasado la ONG Save the Children y la alcaldía municipal hicieron arreglos en la institución. 

• No hay un plan para mejorar el rendimiento escolar

El año pasado la suspensión del servicio de transporte escolar durante los últimos cuatro meses se tradujo en pupitres vacíos. Aunque no hay cifras, los rectores aseguran que muchos estudiantes dejaron de ir al colegio porque debían caminar largos trayectos, o porque sus padres a veces no tenían el dinero necesario para pagar el transporte. 

“No alcanzaron a lograr todos los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) porque estuvieron ausentes”, dice Nelvis Peralta. “La situación para nivelarlos es complicada, porque un profe alcanza a tener hasta 40 estudiantes. Entonces, los niños quedan con muchas lagunas y esto repercute en su nivel académico”, agrega.

Sin embargo, desde la Secretaría de Educación departamental sostienen que no se reportó deserción escolar por la falta de transporte, por lo que tampoco tienen una  estrategia que les permita a los docentes y rectores enfrentar la situación.

A esto se le suma lo que varios estudios han señalado: la interrupción de clases presenciales por la pandemia de Covid-19 generó un rezago académico que aún no se ha subsanado. Según Unicef, tres de cada cinco niños y niñas de América Latina y el Caribe perdieron un año escolar durante la pandemia.

Entonces, ¿qué se puede esperar?

A quince días del inicio de clases no hay muchas alternativas a la vista. En Fonseca, el alcalde Hamilton García le dijo a los rectores que los 800 millones de pesos del presupuesto municipal no alcanzan “para hacer una obra significativa en cada institución y que la solución sería la construcción de un megacolegio”, cuenta Alexander Martinez, rector de la Institución Agrícola de Fonseca.

El 25 de enero los rectores tendrán una reunión con el secretario de educación departamental Adaulfo Manjarrez en el corregimiento de Papayal, y cada rector debe llevar un oficio con las necesidades de su institución. Apenas ese día esperan tener un plan de acción definido para el inicio de clases.

Las ocho comunidades indígenas que componen el resguardo del Alto Río Bojayá, en Bojayá, Chocó, están confinados desde hace casi tres años. El 25 de julio de 2020, la Fuerza Pública se enfrentó con el Eln a solo 100 metros de las viviendas de la comunidad de Chanó, una de las que componen este resguardo. Las 268 familias que en ese momento estaban en la comunidad escucharon los tiros de fusil y algunas balas fueron a dar a sus viviendas. El miedo se apoderó del territorio.

Apenas seis meses después, el 23 de enero de 2021 Máximo Baquiaza, integrante de la misma comunidad murió después de que una munición sin explotar estallara en sus manos tras ir a buscar comida a su finca. La comunidad dejó de ir a los cultivos. Finalmente, el 30 de enero de 2022, miembros armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) —más conocidas como el Clan del Golfo— entraron a la comunidad y amenazaron de muerte a los maestros. Además, les prohibieron denunciar lo que estaba pasando. En el pueblo, se suspendieron las clases durante algunos meses, pero la zozobra continúa hasta hoy.

Decenas de comunidades indígenas en todo el país, especialmente en el Chocó, enfrentan una situación parecida. El 2022 fue el año más violento para los Pueblos Indígenas en Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Onic. Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas. El confinamiento, según el informe, se concentró en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Este hecho dejó 192.174 víctimas en lo que la organización denomina la Macro Occidente, que comprende la zona que va desde el norte del Chocó hasta Nariño y desde la costa Pacífica hasta Risaralda

En el Chocó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, tienen acorraladas a los indígenas. En el último año, según Alberto Achito, líder Embera Dóbida que apoya a las comunidades de Juradó, Riosucio y en el Alto Baudó en temas de derechos humanos, las víctimas han aumentado porque el narcotráfico cada vez gana más terreno en el departamento. “No hay un área en la que no haya ese negocio. En algunos puntos si bien no hay cultivos, sí son corredores de paso para traficar y sobre todo el Chocó que tiene frontera marítima, con los dos océanos, y también la frontera terrestre. Todos las rutas están encaminadas a llegar a Panamá y de Panamá irse hacia Centroamérica. Es una ruta en la que tienen permanentemente moviendo y vigilando gente”.

Pero no son solo los grupos paramilitares. Según la organización Indepaz, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) está presente en prácticamente todos los municipios del Chocó, a excepción del Carmen del Darién y algunas zonas del Baudó y del Atrato, donde el control es exclusivo de las Agc. Además, en municipios como el Litoral del San Juan hay otros grupos armados que Indepaz califica como narcoparamilitares. Pero es la disputa del Eln y las Agc por el control del territorio la que genera la violencia contra los pueblos indígenas y afro del departamento.

La presencia de la Fuerza Pública tampoco les ha traído tranquilidad. Después de la explosión de la mina, el Ejército arrasó con los cultivos de plátano, banano y cacao en un intento de desminar la tierra, y la comida empezó a faltar.

Los combates entre los grupos, y de estos con la Fuerza Pública, la instalación de minas antipersonal y las amenazas a líderes son los principales hechos que han generado que las comunidades indígenas se mantengan confinadas. Pero la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) también ha registrado hechos de violencia contra mujeres y niñas y amenazas de reclutamiento forzado.

“Mientras más cultivo y más cocina, más producción, entonces necesitan más gente, tanto para que sirvan de mulas, raspachines, o para sembrar y hacer el mantenimiento. Pero están en todas las comunidades indígenas, más o menos en 520 comunidades indígenas, sin contar comunidades campesinas y afro”, explica Achito. Pero el interés no es únicamente el narcotráfico. En zonas como Río Quito y parte del río San Juan los grupos también están detrás de la minería. Según fuentes confidenciales que monitorean el conflicto en el departamento, los grupos también se financian a partir de la trata de personas, el comercio de armas, la venta de especies y la extracción de madera.

Violencia, silencio y hambre

En noviembre del año pasado, antes de que varios grupos anunciaran un cese al fuego durante las fiestas, la Ocha reportó cuatro situaciones de confinamiento en el resguardo Jurubira Chori del Alto Baudó, en la cuenca del río Trubandó en Riosucio, en el asentamiento La Bendición en Quibdó y en 25 comunidades afro e indígenas de Nóvita. En total, 6.670 personas estaban confinadas, según cifras oficiales. Sin embargo, existe un subregistro.

La Onic ha advertido que las autoridades indígenas no reportan muchos de los confinamientos “debido a las consecuencias que esto genera sobre la integridad individual o colectiva, las dificultades de acceso a los territorios ancestrales o la falta de medios de comunicación y acceso a internet”.

La mayoría de las comunidades indígenas afectadas por los grupos armados y la Fuerza Pública viven en lugares a los que solo es posible llegar navegando ríos o después de varias horas de caminata. A su tierra no llegan con frecuencia las autoridades. Las comunidades se sienten desprotegidas y, para cuidar su vida, dejan de ir a las zonas rurales, a pescar, sembrar o cazar sus alimentos.

En la comunidad de Mondó Mondocito, en Tadó, llevan varios meses sin ir a las fincas en las que tienen sus cultivos de pancoger. Recolectar comida implica moverse en la selva, en la que se mueven grupos armados y han sido asesinados varios líderes. “Vivimos asustados. Nos llegan amenazas a todos los líderes. Nos protegen los guardias cuando vamos a ir al río a bañarnos, a divertirnos y a pescar, pero al monte no vamos”, dice un líder de este resguardo que pidió proteger su identidad. La falta de alimento los ha llevado a crear grupos para ir a hacer mercado en Tadó, a poco más de una hora de camino. Pero no siempre tienen el dinero para hacerlo.

En otras comunidades, como la del resguardo Alto Río Bojayá, las personas tampoco van al monte. “Las fincas están a tres o cuatro horas, algunas a dos horitas, por el río. Nosotros no manejamos vehículos de motor, vamos a palanca (remando). Entonces esas fincas hoy prácticamente ya no se encuentran sino las casitas que tenemos construidas. Los cultivos se perdieron”, afirma el líder. Ir caminando tampoco es una opción. “En el camino están las instalaciones de las minas antipersonal”.

La pérdida cultural

El confinamiento ha traído otros problemas para la población indígena, como no poder visitar sus sitios sagrados. Sin embargo, la población resiste. Por ejemplo, en Mondó Mondocito llevan cinco años intentando recuperar la cultura que se debilitó por el desplazamiento que sufrieron en 2012.

En medio del confinamiento, algunas comunidades han buscado estrategias para continuar con sus prácticas culturales, como recoger plantas medicinales. “Al que sabe de las plantas lo lleva la guardia. Si no recogemos plantas, verdaderamente los niños se nos pueden morir. Con ellas hemos curado a muchos porque no todos tienen plata para comprar medicamentos”, cuenta el líder de esta comunidad.

Los líderes explican que los valores también se han perdido. La llegada de los grupos armados ha fraccionado las relaciones entre vecinos y hasta familias enteras. “Como hay personas dedicadas a trabajar con esta gente, entonces son entre las mismas familias que dan dedo (matan) a su primo, o a su tío porque no quieren someterse a ese tipo de negocios o porque no quieren irse a las filas de los paramilitares o del Eln. Ya no hay gestos de solidaridad, que es lo más elemental para la gente del campo”, comenta Achito

En medio de esta situación han decidido salir acompañados como forma de resistencia colectiva, al menos en grupos de 20 personas, y compartir el conocimiento sobre el riesgo de minas antipersonal que algunos líderes han adquirido, como no caminar por fuera del camino demarcado o evitar lugares en los que ha habido accidentes. “Lo que hemos hecho es cerrarnos y también decir nuestras leyes, nuestro gobierno propio y no aceptarles nada y discutir con ellos en asamblea, con toda la comunidad, porque ahí es donde hemos tenido fuerzas de no dejarnos someter”, explica Achito.

El riesgo sigue

A pesar de que la situación de violencia en el departamento no ha disminuido, las comunidades inician el 2023 con la esperanza que ha intentado dar el Gobierno Nacional ante el primer ciclo de diálogos con el Eln. El 18 de enero se desplazó una Caravana Humanitaria al Bajo Calima y Medio San Juan para establecer condiciones que le permitan a los indígenas y afro salir del confinamiento y, en el caso de desplazamiento forzado, retornar a sus territorios voluntariamente.

Sin embargo, los líderes indígenas advierten que hay otras acciones urgentes para que las comunidades puedan empezar a sentirse seguros: piden desminado militar, apoyo con alimentos, brigadas de salud, acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la verificación del cese al fuego y, sobre todo, que los dejen a ellos por fuera de la guerra.

Los saberes de los pueblos de la Sierra, entre esos el wiwa, fueron reconocidos por la Unesco

La Unesco reconoció, el 29 de noviembre, al sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) –arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos– como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Este sistema de prácticas y de conocimiento ancestral reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad está basado en la Ley de Origen. Este es el mandato sagrado que contiene los principios, las funciones y las expresiones que guían las acciones de las comunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana: la agricultura, la medicina tradicional, el manejo de los sitios sagrados e incluso la realización de tejidos y la construcción de viviendas. 

Para los cuatro pueblos de la SNSM el territorio es más que un límite o un espacio definido, es donde está escrita la Ley de Origen y donde se escucha lo que dice la Madre Tierra y los Padres Espirituales. San Juan del Cesar (La Guajira) hace parte del territorio donde habita el pueblo wiwa.

Dwirunney Torres, delegado en temas ambientales de la Confederación Indígena Tayrona del pueblo arhuaco, afirma que aunque este reconocimiento que hace la Unesco es importante pues visibiliza muchos años de lucha de los mamos y de los líderes espirituales, es simbólico y se necesita comenzar a trabajar a nivel interno y externo. “Para llegar a unas verdaderas garantías es necesario que el Estado empiece a implementar unas políticas claras para trabajar en el territorio. También es importante mirar cómo se empieza a fortalecer ese sistema de conocimiento a nivel de los pueblos”, dice. 

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La grabación de la novela de Leandro Díaz dinamizó la economía

San Juan del Cesar se ha posicionado como un lugar ideal para el rodaje de series y telenovelas. En los últimos años, se han grabado cuatro grandes producciones en sus calles y corregimientos: Los Morales, La Cacica, Diomedes y, más recientemente, Leandro Díaz.

La atención que recibió el municipio durante el año pasado por la grabación se tradujo en más oportunidades de empleo directo e indirecto para sus 40 mil habitantes. Con las grabaciones de la telenovela del canal RCN sobre la vida del cantautor vallenato, los corregimientos como Zambrano, Los Pondores, La Junta y La Peña han adquirido otro ambiente. “Se ve emoción, gente en el pueblo. Esto era muy aburrido y ahora se ve la alegría de la gente”, dijo Carmen Rosa, habitante de Zambrano. En La Peña, además, tuvieron la oportunidad de presenciar una parranda de Silvestre Dangond en mayo. 

El canal RCN contrató a más de 300 personas para labores de logística, conducción, actuación y aseo. Asimismo, arrendó casas para grabar algunas escenas y ha copado las habitaciones de los tres hoteles más importantes del municipio. A su vez, generó empleos indirectos en la venta de hielo y fritos.

Con las grabaciones los hoteles volvieron a brillar. La ocupación permanente de varias habitaciones por parte del equipo del canal RCN le ha dado un impulso al sector, uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. Tres de los cinco hoteles que existen en San Juan del Cesar fueron utilizados por el canal. En Casa Murillo se hospedaron los directores y productores; en el Hotel Saraje se alojó el personal técnico, y en el Hotel Arisuan estuvo el elenco. 

También aumentó el empleo para los jóvenes. La empresa contratista GSP Logística y Eventos, gerenciada por Leonardo Zambrano, fue la encargada de contratar personas del municipio para que trabajaran en la logística de las grabaciones: cargar equipos, ayudar a organizar locaciones y garantizar la comodidad de los actores. Background Talento y Logística SAS fue la encargada de coordinar el personal humano. Además de los extra para las escenas.

La cultura y el turismo volvieron a las calles después de dos años en pausa por la pandemia

Las fiestas alrededor de la música vallenata volvieron con fuerza después de dos años de pandemia y las restricciones por los contagios de Covid-19. El calendario cultural en el municipio se inició con el Carnaval, que reunió a unas 14 comparsas que danzaron por las calles de San Juan del Cesar. La reactivación del recorrido turístico de la Ruta del Cacique también logró atraer turistas de Colombia y otras partes del mundo, quienes llegan al corregimiento La Junta atraídos por la historia del fallecido cantante Diomedes Díaz. 

La agenda cultural cerró con la 45 edición del Festival de Compositores, que nuevamente atrajo a escritores de vallenato profesionales, aficionados y verseadores de distintas partes del Caribe colombiano. Además de conectar con la tradición de composición que ha hecho famoso a este municipio del sur de La Guajira, los eventos se convirtieron en una oportunidad de impulsar la economía local.

_{^{Acá le contamos más sobre qué significa ser compositor en el sur de La Guajira}}

“Desde el martes de Semana Santa hasta el domingo vino mucha gente a La Junta. El viernes atendí más de 500 personas pero no todas entraron a mi sitio turístico. Pudieron ser cada día más de 1.000 personas. Las calles no se veían quietas un segundo”, contó Rosa Elvira Díaz, hija de Diomedes Díaz y gestora cultural del corregimiento de La Junta, una vez terminó la Semana Santa.

Se inició el proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado

El 18 y 19 de julio se dio una escena que hasta hace unos años era impensable en San Juan del Cesar. Ese día 12 exmilitares del Batallón La Popa, ubicado en la vía que conduce hacia Valledupar, reconocieron que habían participado en el asesinato de al menos 127 personas del sur de La Guajira y el norte del Cesar, entre enero de 2002 y julio de 2005. Entre los casos estaban incluidos los jóvenes Luis Eduardo Oñate Nieves y Carlos Mario Navarro Montalvo de San Juan. 

La audiencia pública de reconocimiento se dio frente a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y las autoridades indígenas kankuama y wiwa, que fueron dos de los pueblos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales.

Si bien fue un acto incipiente en el proceso de verdad, justicia y reparación en el municipio, permitió que más víctimas se unieran para reclamar por sus derechos, tuvieran visibilidad los hechos de violencia y recibieran apoyo de organizaciones sociales.

 “Una sola golondrina no hace verano. Las dos familias nos hemos apoyado mucho, siempre hemos estado insistiendo en qué pasó, quién fue, cómo fue”, dijo Osmaira Nieves , hermana de Luis Eduardo, al hacer un balance del acto de reconocimiento. 

Sin embargo, los familiares de las personas asesinadas quedaron pendientes de que el aporte de los exmilitares pudiera develar quién dio la orden de cometer las ejecuciones extrajudiciales. Además, aseguraron que aún hace falta convocar, reconocer y reparar muchas más víctimas en San Juan del Cesar.

Estas fueron otras de las deudas que quedaron pendientes en la audiencia.

La Alcaldía finalmente arregló el alumbrado público tras tres años de calles oscuras

La administración municipal comenzó en el mes de noviembre la instalación de 178 luminarias en el casco urbano y la zona rural, después de cobrar el impuesto del alumbrado público durante al menos tres años. Las quejas de la gente por la falta de iluminación en calles y parques eran constantes.

El contrato inició el 19 de julio para la instalación y el mantenimiento del alumbrado. Tiene un valor de 280 millones de pesos y es ejecutado por el contratista Luis Norberto Mosquera Gómez.

La Alcaldía pronosticaba que terminaría la instalación y el mantenimiento del alumbrado público en diciembre. Sin embargo, Mosquera aseguró que hacía falta un nuevo contrato para obtener recursos y así completar el 100 por ciento de la cobertura. "Esperamos que así se puedan reducir los hurtos y la comunidad sienta seguridad en las calles del municipio", dijo Mosquera. Pero en el municipio aún hay preocupación sobre quién se encargará de velar de forma permanente por el mantenimiento oportuno de la red para evitar quedar a oscuras nuevamente. También, les preocupa que aumente el costo de las facturas por el impuesto del alumbrado público.

| Puede conocer la historia del alumbrado público de Tadó aquí.

Yeimar Gómez fue convocado a la Selección Colombia

El deporte también fue motivo de alegrías en el municipio. Este año Yeimar Pastor Gómez se convirtió en el primer tadoseño convocado a la Selección Colombia. Su llamado fue motivo de orgullo para la población de este municipio futbolero del que han salido otros jugadores, como Anderson Perea, quien juega en Bolivia y Yeicar Perlaza, jugador del Atlético Nacional.

El defensor central derecho de Seattle Sounders (USA) fue convocado, por segunda vez, por el técnico Reinaldo Rueda para el partido contra Honduras a inicio de año. Gómez comenzó a jugar a sus seis años de la mano del profesor Dalio Murillo, quien hasta hoy sigue entrenando a los niños de Tadó, y pasó a jugar a las divisiones menores del Boyacá Chicó. Ahí tomó la decisión de migrar a Argentina. Al igual que Carlos Sánchez, jugador oriundo de Quibdó que se inició en el fútbol profesional jugando en Uruguay, Gómez logró una oportunidad para debutar en el sur del continente. En Argentina, Yeimar Gómez jugó en los planteles del Rosario Central, Tiro Federal, Arsenal de Sarandí, Independiente Rivadavia y Unión (Santa Fe).

| Aunque todavía ha jugado con la selección, Gómez dice que ser llamado es un sueño cumplido. Consonante entrevistó al jugador que habló sobre su proceso futbolístico. Puede leer su entrevista aquí.

Por otro lado, tras dos años de interrupción, este año volvieron los Juegos Intercolegiados al municipio. Participaron estudiantes de entre 14 y 16 años de las instituciones Nuestra Señora de Fátima, ITA, Normal Demetrio Salazar Castillo y Nuestra Señora de la Pobreza en fútbol, microfútbol y baloncesto. Además, Tadó fue el pueblo de concentración para la realización de la fase zonal San Juan 2 de estos juegos en el mes de agosto, el municipio recibió a los equipos de las instituciones educativas de: Alto, Medio y Bajo Baudó, Certegui, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana.

Además, los dos equipos del municipio fueron protagonistas: Mineritos Fútbol Club y Club Nueva Generación de Tadó, ambos participaron en el torneo Primera C y aseguraron dos de los tres lugares del Chocó para la fase nacional del campeonato.

Durante las 24 semanas que duró la fase regional del torneo nacional, los clubes tadoseños demostraron su nivel. El Club Nueva Generación se mantuvo en la cima de la tabla producto de cuatro empates, ocho victorias y ninguna derrota. Logró 28 puntos. En la segunda fase del torneo se enfrentó al equipo de segunda división del Club Atlético Nacional, donde ya había jugadores profesionales. El primer partido lo empataron (2-2) en Guarne y el segundo, en Quibdó, tras un resultado de 1-1, se fue a penaltis. Ahí venció Nacional y Nueva Generación quedó por fuera del torneo.

Por su parte, Mineritos Fútbol Club se quedó con el segundo lugar de la tabla final de posiciones del torneo regional, con 22 puntos. En la fase nacional perdió contra el Atlético Urabaense por un estrecho margen.

|Si quiere conocer al equipo ideal del municipio, puede ver nuestro álbum Panini criollo aquí.

La chirimía, los alabaos y las fiestas volvieron después de pandemia

Después de tres años de pausa por la pandemia del Covid-19, los y las tadoseñas salieron a las calles a disfrutar de los eventos que incluyeron desfiles, bundes, comparsas y otras celebraciones. Este año volvieron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Pobreza en el mes de septiembre. Se hicieron actividades religiosas a la medianoche con la tradicional serenata y el bunde en los barrios. También hubo conciertos, muestras gastronómicas y comparsas. Participó un grupo de alabao teatral y se hizo el concurso del barrio mejor decorado en honor a la Virgen. Además, hubo un espacio en las fiestas para conmemorar los 295 años de la gesta libertaria del rey Barule.

|Puede ver cómo se vivieron estas fiestas aquí.

En el municipio también se hizo el Jotatón, un festival que recibió a delegaciones del Valle del Cauca y de otros municipios del Chocó para resaltar la cultura, la ancestralidad y la gastronomía afrocolombiana. El festival recibió cerca de 300 bailarines para resaltar la Jota, un baile ancestral que muestra cómo mitigaban las fatigas los mineros y mineras artesanales del Chocó, que debían ir a los ríos a lavar la tierra con su batea junto a una piedra amarrada en la cintura. El evento tuvo también una feria de emprendimiento y platos típicos en el parque principal.

|Puede conocer la historia del líder esclavizado que gestó la primera lucha libertaria del Pacífico colombiano y se proclamó rey del Palenque de Tadó en esta entrevista con Wilson Murillo, gestor cultural de Tadó.

Además, del 14 hasta el 16 de octubre, un grupo de once intérpretes del municipio llevó en alto el nombre de Tadó a la edición número 25 del Encuentro de Alabaos y Gualíes y Levantamiento de Tumbas. El evento reunió a 40 delegaciones de la región del San Juan, que cada año se congregan para preservar estos rituales mortuorios que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Nación en 2014.

Sory Jordan tiene 32 años y nació en Tadó. Se levanta a las 4:30 de la mañana para alcanzar a llegar a la novena de aguinaldos. Aunque en la mayoría del país la tradición es realizarla en la noche, los tadoseños la empiezan a las 5:00 de la mañana.

Está cayendo un aguacero, como es costumbre. Sory se prepara cada mañana un café para tener la energía suficiente y se dirige a la iglesia de San Pedro. Allí, el padre Yeiler Caicedo comienza puntualmente la novena, una hora a ritmo de la tambora que le da ‘sabor’ al tradicional “Burrito sabanero”. Pasadas las seis de la mañana sale de la iglesia, da una vuelta por el centro para comprar lo del almuerzo -y otras cosas para el día-. Habla con algunos vecinos y llega a la casa a prepararlo justo a las 12.

En la tarde se escucha a los niños jugando en las calles y los adultos esperan a que baje un poco el bochorno para hacer lo mismo: afuera de las casas se ven grupos de mujeres jugando dominó y hablando. En la noche no puede faltar la novela de las ocho, que muchas veces se ve interrumpida por un vecino poniendo chirimía y que termina reuniendo afuera de su casa a más de uno. Así suena un día de diciembre en Tadó:

Este año la Plaza Bolívar de San Juan del Cesar no se iluminó a inicios de diciembre como es costumbre. Para el Festival de Compositores no habían luces que alumbraran los árboles y el ‘espíritu navideño’ no llegó sino hasta después del 16 de diciembre cuando la Alcaldía y la Calle del Embudo fueron adornadas por la administración municipal. Aunque el alcalde Álvaro Díaz dice que aún no hay un valor definitivo de cuánto invirtieron en estos adornos, asegura que es mucho menos que lo que se desembolsó en años pasados.

“Atender la emergencia es mejor que iluminar la población”

El alcalde Álvaro Díaz afirma que este año el dinero que iba para el alumbrado navideño fue invertido en el mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas y rurales en medio de la calamidad pública declarada el pasado 9 de noviembre por la ola invernal. “Hemos querido ser austeros con ese tema porque creemos que hay unas obras que son de mayor relevancia en medio de las circunstancias de la pandemia y la ola invernal. El municipio de San Juan incluso acaba de declarar calamidad pública y la urgencia manifiesta debido a que se deberían priorizar recursos para atender a la población vulnerable y a la población víctima de lo sucedido”, dice el mandatario.

Después de declarada la calamidad pública, el municipio recibió 200 millones de pesos por parte del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastre del departamento de La Guajira. “Esos 200 millones son para el mejoramiento de la vía que conduce de San Juan del Cesar a Caracolí, los demás recursos que se han asignado para la atención de la ola invernal han sido recursos propios”, puntualizó Díaz. Según el plan de acción de la Alcaldía, se necesitarían en total $5.690.000.000 y hasta el momento el municipio no ha recibido recursos de la nación.

En años anteriores las propuestas que recibía la alcaldía para el alumbrado navideño eran de aproximadamente 200 millones de pesos, un gasto que, según la administración, no era respaldada por mucha gente: “Nosotros el primer año logramos iluminar a San Juan de forma, bellísima y encontramos a la comunidad molesta porque no les parecía que se inviertan recursos en alumbrado público, sin embargo, como teníamos un superávit hicimos el alumbrado público y lo mismo para el segundo año”, agrega el alcalde.

Hay opiniones divididas

Ivanna Aragón, estudiante universitaria, opina que no tener alumbrado este año hace que menos turistas lleguen al municipio para estas fechas: “Es bastante decepcionante, somos de los pocos municipios sin alumbrado después de varios años con decoraciones llamativas y teniendo en cuenta que siempre recibimos turistas. Me parece que el dinero del arreglo de vías rurales y urbanas y el alumbrado son proyectos totalmente ajenos y para cada uno se dispone un capital específico”. Muchos jóvenes han ido a municipios cercanos como Fonseca, pagando un pasaje en moto o carro que vale siete mil pesos, a tomarse fotos con los otros alumbrados.

Por su parte Lina Alfaro, habitante del barrio Juan Antonio Araújo, afirma que prefiere que la inversión de ese dinero se realice en otras cosas más urgentes. “Para hacer una inversión tan grande es mejor que le metan arreglos a San Juan en las calles y las vías de los pueblos para que haya más transporte, me gustaría que eso sí se dé y que siga siendo así”, comenta.

Lo mismo opina Angel María Balcazar, habitante de Guayacanal: “A mi me parece muy bien, eso de las luminarias es una cosa temporal, apenas llega enero la quitan, las obras sí quedan para el resto de la vida”, dice.

Desde la administración municipal dicen que la falta del alumbrado este año no va a causar repercusiones a nivel turístico. María Auxiliadora Amaya, secretaria de desarrollo económico, explica que para esto hicieron un concurso del barrio mejor alumbrado con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Así como otros eventos navideños como la novena de aguinaldos.

San Juan es uno de los municipios más visitados en el sur de La Guajira, y aunque no se tienen proyecciones del número de turistas que llegan para esta época, la Secretaría de Desarrollo informa que para Semana Santa se recibieron aproximadamente 300 turistas en el casco urbano y los corregimientos cercanos.

Lo que sigue: El plan de intervención de la alcaldía para hacerle frente a la ola invernal va hasta abril del 2023. En el municipio le harán veeduría a la inversión de todos los recursos, incluyendo al dinero que estaba destinado para el alumbrado navideño.