Después de cinco horas de negociación con representantes del gobierno departamental y nacional, el gremio de camioneros levantó este jueves los bloqueos que mantenía en las dos vías que conectan el departamento del Chocó con el resto del país. Ambos corredores viales permanecieron cerrados dos semanas. La situación generó aumento de precios y escasez de bienes básicos en Quibdó y otros municipios del Chocó.
En esta entrega de El Explicador, Consonante presenta un resumen de la crisis que sacudió el departamento en los últimos días.
1. Los bloqueos fueron realizados por distintas comunidades de manera espontánea. No fueron simultáneos
Las protestas se iniciaron el 25 de septiembre en Tutunendo, Ichó, La Troje y Guadalupe, comunidades afro cercanas a la ciudad de Quibdó. En estos puntos, los consejos comunitarios exigieron una mesa de diálogo con la Alcaldía de Quibdó para discutir una serie de peticiones específicas. Pedían, por ejemplo, alternativas para mejorar el acceso a la salud, aumentar la inversión en infraestructura vial y de educación, potenciar los proyectos de turismo, y mejorar la conectividad, entre otras. Luego, indígenas embera de otros lugares del departamento decidieron manifestarse y bloquear las vías en varios puntos: El Dieciocho, La Mansa, El Siete y Mirlas en El Carmen de Atrato; El Tabor, Tadó, y en el municipio de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda.
El 27 de septiembre, los resguardos indígenas agrupados en la Asociación Orewa bloquearon simultáneamente tres puntos de la vía Quibdó-Medellín y Pereira-Quibdó: El Tabor, en Tadó, y El Dieciocho y El Fiera, en El Carmen de Atrato. Previamente, en cada uno de los municipios se había convocado a una minga para definir las necesidades urgentes que debían ser atendidas por las autoridades y que se iban a plantear durante las mesas de diálogo. Ese mismo día, y al encontrar las vías cerradas, los transportadores que cubren las rutas desde Risaralda y Antioquia hacia el Chocó se declararon en paro. ¿Su razón? Presionar al Gobierno nacional y departamental y solucionar, de una vez por todas, los problemas de las comunidades indígenas y afro del departamento.
El 30 de septiembre, los consejos comunitarios levantaron los bloqueos sobre la vía al llegar a acuerdos con la Alcaldía de Quibdó y la Defensoría del Pueblo. El 7 de septiembre, la minga indígena convocada por las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó levantó el bloqueo en la vía que conduce hacia Risaralda tras negociar algunos puntos con la administración municipal. El 10 de septiembre, las comunidades embera de El Carmen de Atrato llegaron a acuerdos y definieron compromisos a corto, mediano y largo plazo con los distintos actores nacionales, departamentales y municipales, para hacerle seguimiento.
En la mesa de diálogo que se instaló en el resguardo embera katio El Dieciocho estuvieron, además, representantes del campesinado y de la comunidad afro de El Carmen de Atrato. Una vez terminada la reunión, los transportadores hicieron público un comunicado en el que manifestaron no estar conformes con los acuerdos, pues no se encontraban los voceros del gremio. Por eso, continuaron los bloqueos hasta el 13 de septiembre, cuando hicieron una mesa de concertación aparte en la que participó Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos; William Palomeque, gobernador (e) del Chocó; los alcaldes de Tadó, El Carmen y Quibdó; y representantes de la Procuraduría y la Defensoría. En esa negociación, se levantó el paro.
2. Las peticiones de las comunidades son diversas, y no son nuevas
Los reclamos son tan variados como el número de comunidades que se declararon en paro o se sumaron a las mesas de diálogo en las últimas dos semanas. Sin embargo, todas tienen un origen común: la falta de inversión y atención a las necesidades básicas. Y es que casi todas estas comunidades exigen inversiones en salud o educación, o trabajo y reparación a víctimas del conflicto armado. “Lo que estamos exigiendo no son peticiones que nacieron ayer, vienen desde el gobierno de Uribe, Santos y Duque. Durante este año llevamos alrededor de 30 protestas sobre la carretera porque no ha habido respuesta del gobierno departamental y nacional”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. “Cuando al movimiento indigena no se le da una respuesta clara, nos toca tomar las vías de hecho para que nos puedan escuchar”, agrega.
Uno de los principales puntos de negociación fue el resguardo embera katio El Dieciocho, que incluye a la comunidad de El Palmar. Humberto Tequia, rector del colegio y uno de los líderes comunitarios que participó de la mina, explica que sus peticiones ya habían sido expuestas en otras protestas pero los avances son nulos o lentos. “Solicitamos la construcción de una escuela para los 200 niños y niñas, una casa administrativa comunitaria y un puesto de salud para los 300 habitantes”. Además, “se deben invertir recursos para continuar el proyecto de ganadería pero nos dijeron que están embargados en el municipio de Condoto. También, se solicita a la Agencia Nacional de Tierra la ampliación de tierra, al Ministerio de Educación que nombre a los docentes, al Ministerio del Interior que fortalezca la guardia indígena, y exigimos que traigan un proyecto productivo para la comunidad”.
Por su parte, la minga de las comunidades de Mondó, Bochoroma, Pueblo Nuevo, Alto Bonito, Cañaveral y Sabalatera de Tadó exigió arreglos a los puentes colgantes que conectan a sus resguardos con el municipio, principalmente el puente que cruza el río San Juan y une a las comunidades de El Tabor y Mondó. Además, manifestaron que los docentes indígenas no han recibido el pago del salario y las prestaciones sociales desde hace cuatro meses. Igualmente, denunciaron que no ven retribuidos los recursos del predial indígena para mejorar las condiciones de vida en sus territorios, por lo que le exigieron rendición de cuentas a Cristian Copete, el alcalde de Tadó.
3. Los transportadores se sumaron para protestar por los constantes bloqueos en las vías y presionar al Gobierno nacional
Los conductores bloquearon las vías en rechazo a la protesta de los indígenas y afro. Los camioneros manifestaron estar agotados de los constantes paros de estas comunidades que les dejan pérdidas económicas. “Este es el cierre número 35 de la vía por diferentes comunidades indígenas y afro, y en promedio duran dos días. Le cuento que los camioneros nos cansamos de esta situación y entonces decidimos bloquear mientras estaba bloqueado”, dijo Edgar Gómez, quien desde hace 16 años transporta mercancía desde Antioquia al Chocó.
“Lo más crítico son las pérdidas económicas. Acá hay gente que viene con un viaje de plátano del Urabá y si los coje un cierre de vías, se pierde el viaje totalmente. Cuando llegan a Quibdó ya no sirve y lo tienen que tirar. Además, nos toca dormir en los vehículos y el tiempo perdido nos toca recuperarlo, entonces no tenemos descanso”, afirmó Gómez, uno de los voceros de los transportadores que bloqueó el punto El Siete en El Carmen de Atrato. “No podemos obligar a las comunidades a que no se tomen las vías de hecho pero sí podemos hacer visible este problema para que los gobernantes entren en negociación con ellos y se pongan de acuerdo”, agregó.
Aunque las comunidades indígenas y afro llegaron a acuerdos con las autoridades, para los transportadores esto no garantizaba que no se volverían a presentar cierres. Decidieron continuar con los bloqueos hasta que el Ministerio del Interior se comprometiera a organizar una mesa amplía con la participación de todos los sectores en la que el gremio de transportadores pudiera tener un papel de veeduría. Por eso, en un comunicado público, en el que participaron los 150 conductores, exigieron representación de alto nivel del gobierno nacional, de las organizaciones indígenas nacionales ONIC y AICO y regionales, de los concejos comunitarios del Chocó en los diálogos para levantar el paro. Además, pidieron que se creara una mesa de seguimiento cada vez que se presenten paros compuesta por integrantes de las autoridades locales, regionales, nacionales, comerciantes y del gremio de camioneros.
“No queremos soluciones a corto plazo, ni a tres meses. Necesitamos que se comprometan al desarrollo del departamento, que nos dejen tener nuestro libre desarrollo del trabajo como transportadores”, dijo Julián Acevedo, vocero de los transportadores que bloquearon la vía hacia Risaralda durante la reunión con Judith Salazar, viceministra (e) para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. “A los entes departamentales se les había salido de control con tantos paros que nos estaban llevando o nos llevaron al borde de la quiebra”, agregó Acevedo.
4. Algunos bienes básicos aumentaron de precio y otros escasearon por los bloqueos
Las dos principales vías que conectan al Chocó con el resto del país están a medio terminar. La Transversal Quibdó- Medellín, que es la ruta que mueve más mercancía y transporte de personas, lleva 13 años en proceso de pavimentación y hasta la fecha solo presenta un avance del 82 por ciento, según el Instituto Nacional de Vías (Invias). La vía Quibdó- Pereira, del 60 por ciento. Un viaje en automóvil desde la capital antioqueña hasta El Carmen de Atrato puede tardar desde cuatro horas, si no hay derrumbes, hasta nueve o doce horas, si hay controles del flujo vehicular por derrumbes. Sin embargo, es frecuente que la vía esté cerrada en algunos trayectos.En este caso, las personas se deben desviar por la vía Pereira, lo que implica un viaje de 16 horas.
La débil infraestructura vial hace que cualquier bloqueo o derrumbe en cualquiera de los dos corredores interrumpa la conexión por vía terrestre con el resto del país. Este tema fue el punto nodal de los paros cívicos que se realizaron en el Chocó en 2016 y 2017.
En esta ocasión, los bloqueos generaron escasez de verduras, frutas, carnes, medicamentos y gasolina en Quibdó y en los otros 29 municipios del Chocó. Los productos cárnicos y lácteos fueron los más difíciles de conseguir, seguidos de las legumbres y verduras. El combustible, por su parte, se cotizó en Quibdó a 19 mil pesos el galón de Extra. La falta de gasolina llevó a que el Hospital San José de Tadó suspendiera los traslados de pacientes a otros centros médicos del departamento.
Para movilizarse dentro del departamento, y hacía Medellín y Pereira, las personas tuvieron que hacer transbordos entre los puntos de bloqueo y contratar transportadores informales. Varios habitantes en Tadó y El Carmen de Atrato perdieron citas médicas que tenían programadas durante esos días en Quibdó, y los dueños de las droguerías estaban preocupados porque tenían varios pedidos de medicamentos e insumos represados.
5. Las soluciones necesitan tiempo, recursos y voluntad política
Las mesas de diálogo, que se dieron de forma descentralizada en el departamento, sirvieron para retomar las necesidades urgentes de las comunidades y marcar una hoja de ruta de quiénes serán los responsables de atenderlas. Se acordaron tres caminos para empezar a resolver las peticiones de las comunidades: la primera, realizar una mesa amplia de diálogo el 1 de noviembre en Bogotá, donde participen organizaciones, gremios, resguardos y consejos comunitarios, y los gobiernos de todos los niveles para definir tiempos, recursos y prioridades. Para Javier Arrieta es importante que a esta mesa lleguen los temas sobre salud, educación y proyectos productivos, que “son la línea gruesa de la conversación”, dice.
Para el encuentro de Bogotá, los voceros de cada comunidad deberán recoger las peticiones. Heiler Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), cuenta que van a consolidar los acuerdos que no han cumplido los gobiernos anteriores y las “desatenciones” que ha tenido el Estado con las comunidades afro. Sin embargo, considera que “siempre van a haber necesidades sin darle soluciones” pero espera que se empiecen a atender los temas de salud, educación y pavimentación de las vías. “Uno entiende que los procesos van a llevar tiempo pero si los compromisos se dan, que se definan los tiempos y se vea que sí se van a cumplir”, afirma Moreno.
Por su parte, los alcaldes deberán condensar en un documento todos los proyectos que generen mayor impacto en sus municipios para llevarlos a los diálogos regionales vinculantes que realiza el gobierno nacional en todo el país.
Sin embargo, Jair Moreno, secretario (e) de Gobierno del Chocó, afirma que el gobierno departamental tiene un margen de acción reducido. Asegura que la mayoría de peticiones no se pueden atender porque carecen de sentido. “Hay una solicitud de un establecimiento educativo pero para hacerlo se requiere de unos diseños y unos presupuestos. Esos estudios, diseños y presupuesto se presentaron pero no cumplieron los requisitos. Entonces la comunidad pensaba que los recursos ya estaban aprobados y el Gobierno departamental no hacía lo propio. En otra comunidad nos solicitaron 100 cabezas de ganado pero no tienen experiencia en ese tipo de actividad. Entonces, son pretensiones exorbitantes y a todas luces es imposible conceder un contrato de esa naturaleza si no vemos un panorama ni unos estudios previos para poder hacerlo”.
La segunda conclusión de los diálogos fue que se estableció que antes de recurrir a las vías de hecho, los resguardos, consejos comunitarios y demás comunidades deberán acudir a la Procuraduría para resolver los conflictos. Por último, la Defensoría y la Procuraduría se comprometieron a darle seguimiento a los acuerdos. Por ejemplo, en El Dieciocho se acordó la entrega de ayuda humanitaria para las familias desplazadas que retornaron al resguardo; Latinoamérica de Construcciones S.A. (Latinco) se comprometió a mejorar la infraestructura de la comunidad; Dispac instalará luminarias en lugares comunitarios y revisará las casas que no cuentan con energía eléctrica.
El seguimiento a los acuerdos será determinante, teniendo en cuenta que hace tan solo una semana, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas deficiencias en el cumplimiento de acuerdos logrados en mingas indígenas y paros cívicos alrededor del país. Según el órgano de control, son cinco mingas indígenas que presentan mayores niveles de retraso en los acuerdos o se cumplieron de forma incompleta. La minga embera del Chocó es la primera con un 90 por ciento y le sigue la de El Carmen de Atrato con un 80 por ciento de demoras y falencias. Si bien el órgano de control no detalla cuáles son los compromisos que presentan inconvenientes, agrega que: “la totalidad de los acuerdos suscritos con mingas indígenas no cuentan con metas suficientes e indicadores para medir su avance y su efectividad”.
Por lo pronto, el Gobierno nacional ya anunció que destinará una bolsa común de recursos para que cada uno de los proyectos se puedan realizar. “Se va a generar desde noviembre para que esos temas macro se atiendan a través de esa bolsa. Allí se deben allegar todos los proyectos para darle viabilidad pero deben cumplir con unos requisitos específicos”, cuenta el secretario Moreno. Con este anuncio, el gobierno de Gustavo Petro, quien fue el candidato más votado en el Chocó, tendría una posibilidad de iniciar las acciones que salden la deuda del Estado con ese departamento y sus habitantes.
