Anitalia podría ser un jaguar, una mariposa morfo de alas iridiscentes o un vendaval. Pero es una mujer. 

—Antes de que inicie el invierno aquí todo está lleno de flores. Flores chiquitas, flores grandes, flores blancas, flores moradas, flores azules. Y yo digo que estoy en mi bosque encantado. Eso no solamente existe en los cuentos de hadas y de princesas, es mi selva. Es real— Dice mientras se cambia la ropa mojada y llena de barro por otra más desgastada, pero seca. Caminó durante una hora por la selva para llegar a esa cocina, a la Shibavaña, y aunque las hojas de plátano atenuaron la lluvia, no fueron suficientes.

El pirarucú que compró en el mercado de Leticia a las ocho de la mañana, hace un par de horas ya, está esperando sobre una larga tabla de madera que sirve de mesón de cocina y de comedor para una docena de personas. Está en el centro de su cocina circular, de techos altos y paredes de madera. Una cocina abierta que permite ver un caldero gigante, la rayadora que procesa la yuca para hacer fariña, un fogón más pequeño y, al fondo, el río. 

Se vuelve a colgar el machete en la cintura, el canasto en la espalda y sale por la yuca. Camina poco menos de 10 minutos entre frutales de açai, guama, limón, manzanita y plantas medicinales que sembró desde hace siete años. Llega a su chagra, en 2017 era solo una y hoy ya son diez, una para cada familia Pijachi Kuyuedo, chagras nuevas, chagras secas, ocho hectáreas en total. 

Donde hoy hay ayahuasca, pimentones, yuca, piña y camu camu, hace más de tres décadas se cultivaba coca. La finca, que hoy le pertenece a Anitalia Claxi Pijachi Kuyuedo y a su familia, está ubicada en el kilómetro 21 de la vía Leticia-Tarapacá, pasó por varias manos antes de llegar a ellos.

—Nos desenglobalizaron el resguardo entre el kilómetro siete, el nueve y el once. Y del 17 para acá nadie lo quería porque ellos decían "¿Quién va a ir por allá?”, el seis dijo “pues nosotros". Y nos dejaron encartados con la finca

—¿Cómo lo pueden a uno encartar con una  finca?

—Claro, porque los curacas anteriores habían malgastado la finca y a los que cuidaban no les pagaron. El nueve se llevó sus vacas. El siete se llevó sus vacas. El once se llevó sus vacas. Y ahí sí como dijo Shakira, nos dejaron la deuda en Hacienda— dice entre risas.

Tiene un gran sentido del humor, y entre chiste y enseñanza, saca los tallos de la tierra sin mucho esfuerzo. Con la parte de atrás del machete quita la tierra y después hace  un corte milimétrico para separar la yuca del tallo. Si en el proceso una se parte dentro de la tierra, ella escucha el sonido, casi imperceptible para alguien que nunca ha cosechado, y la saca. No deja ningún pedazo porque dice que se quedan llorando. También son gente y los defiende.

Anitalia podría ser un jaguar. Nació en Leticia el 11 de mayo de 1979 y pertenece al clan jaguar del pueblo Okaina-Huitoto M+N+KA. El jaguar, protagonista de un sinnúmero de relatos  de la Amazonía, suele representar el cuidado y la sabiduría. En la cultura Okaina, por ejemplo, el jaguar representa “gente artista, de belleza y muy cuidadora o protectora”.

Después de organizar metódicamente las yucas en su canasto, las más grandes del lado de la espalda y las más pequeñas en el otro extremo, le agradece a su chagra y le explica que lo que cosechó va a alimentar a su familia y a los que vienen a visitarla. Ahora empieza otro ritual: preparar la Patarashca.

—Es que la defensa del territorio empieza por el estómago.

Anitalia y su madre, Eufrasia Kuyuedo Fusiñoteriza, ganaron en 2017 el Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales. Prepararon, en Bogotá, el Iy+Ko, un plato de la cultura Huitoto y emblemático del Amazonas que tiene como base el pescado y derivados de la yuca. Asegura que antes de ella el concurso lo protagonizaban otras regiones del país, nunca la Amazonía.

El concepto que presentaron era el “Iy+ko como expresión de la construcción de cuerpo social”, para ellas hablar de comida es hablar de política pública. En el concurso solamente estaba presente el Ministerio de Cultura, y Anitalia recuerda que durante su intervención pidió la presencia de los  ministerios de Ambiente, Educación y Salud. 

—¿De dónde salen los peces? del río. ¿Quién debe proteger los ríos y la tierra? Tarea del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Dónde están estas entidades? Para que esté ese animalito aquí tiene que existir en nuestro territorio. Y no es en un monocultivo, ni en un criadero, tiene que estar en su entorno natural.

El acta del jurado resumió su participación: "Los sabores fueron memorables, muy bien logrados, la mezcla y el equilibrio que brindaron todos los ingredientes fue reproducida de manera excelente. La oralidad en la presentación resultó auténtica. Cuando se habla de lo que se ama y se conoce, se transmite su sabor".

Ya en la cocina, su cuñada Erika Holanda, doña Marina Marquez y don Aurelio Jordan, que le ayudan en la finca, empiezan a pelar la yuca que luego será fariña y almidón. Ella se cambia la ropa por segunda vez y pone en el fogón a hervir otra yuca para hacer el casabe que va acompañar la Patarashca. Camina unos metros atrás de la cocina y de una pequeña huerta saca pimentones de todos los colores, verdes, rojos, amarillos. También un par de ajíes y las hormigas que ya tenía listas. Dice que entre más colores haya en el plato, más nutritivo es.

Aprendió el amor por la cocina de su mamá. Eufrasia Kuyuedo siempre se debatió entre el amor por sus costumbres indígenas y la vergüenza que le hizo sentir la iglesia católica por tenerlas. Es oriunda de La Chorrera, de la comunidad Lago Grande, cerca al río Igara Paraná, a por lo menos dos semanas de recorrido en lancha desde Leticia. Vivió su infancia en un internado cuando la iglesia “acogió” a los niños y niñas indígenas después del genocidio del caucho, que casi extermina a los pueblos Huitoto, Bora, Munaire y Ocaina, con al menos 60.000 asesinatos según cifras oficiales.

En ese momento era también una especie de política de Estado “llevar a los salvajes a la vida civilizada“, así que en el internado le enseñaron a coser, a cocinar y a mantener un hogar.Aunque de allá las mujeres solamente podían salir casadas, Eufrasia fue la excepción. Eso sí, aprendió a hacer “comida de blanco” y hace mejores fríjoles que los paisas, dice Anitalia.

—He viajado, he estado en diferentes escenarios y siempre encuentran una manera de minimizar a los indígenas, hacer que la gente esconda su comida y que se avergüence de sí misma […] Y yo, no sé, dice mi marido que tengo un nivel de autoestima bien tremenda.

Anitalia sólo conoció la historia de su familia hasta hace unos años, cuando convenció a su mamá de que le contara su vida a Violeta, una amiga suya que se había ganado una beca del Ministerio de Cultura para un proyecto fotográfico. Así como su mamá lo hace, en su comunidad poco se habla del dolor y de lo que pasó en la fiebre del caucho. Los abuelos le dicen “el canasto de la escasez” y no le cuentan la historia a todo el mundo. Antes de hablar de eso enfrían la palabra y evitan a toda costa promover el odio, incluso sobre los que les hicieron tanto daño.

—Mi mamá me negó la lengua, pero no fue su culpa. Ella la habló, pero no lo transmitió por miedo a que nosotros sufriéramos castigo. En el internado a los que hablaban la lengua les ponían un palo en la boca atravesado, o los ponían de rodillas encima de piedras o de maíz. Entonces ella decía: "¿Para qué quieren hablar la lengua? Si a mí me dieron duro por eso. Si quieren pues que ellos les enseñen”.

Anitalia, con la fuerza del jaguar, les reclamó. En su entrevista para entrar a la Universidad Pontificia Bolivariana, de la que se graduó como licenciada en etnoeducación, le dijo al padre rector de ese entonces que no le preguntara si hablaba la lengua porque fueron precisamente ellos los que se la quitaron.

Después de picar todos los pimentones, la cebolla, los tomates y el ají, empieza a partir las hojas de plátano para hacer el envuelto. Sobre cada hoja pone primero una cama con todas las verduras y, ahora sí, el pirarucú. Termina con otra capa de verduras y envuelve como si fuera un regalo, lo es. Pone cada envuelto encima del fogón de leña y espera.

Anitalia podría ser una mariposa. Dicen los abuelos que alguna vez existió una mujer indígena tan poderosa que tuvieron que encantarla para que no la mataran. La convirtieron en una mariposa, una de las mariposas más grandes del mundo. Una mariposa que suele volar sola, con alas que parecen azul brillante, pero que en realidad son iridiscentes y logran reflejar la luz. Una mariposa que tiene poco tiempo de vida y que es casi milagroso verla volar en medio de tantos depredadores. Una mariposa que hace maravillas mientras vive. Una mariposa morfo.

Desde niña iba con su papá, Arcesio Pijachi Neicase, a las asambleas de su comunidad y escuchaba atentamente. Ya entrada la noche, cuando terminaba el diálogo, salían de la selva a oscuras, contando las lomas y las raíces que les indicaban cuánto les faltaba para llegar a su casa, ubicada en ese entonces a 15 minutos, selva adentro, del kilómetro seis. A los 13 años ya era promotora de lectura del Banco de la República. Llevaba un baúl lleno de libros hasta su comunidad y después de leer el cuento de Blancanieves, reflexionaba sobre las narraciones de los abuelos que eran parecidas.

A los 19 trabajó en una granja como auxiliar contable. Renunció después de que su jefe la humillara a ella y a sus compañeros por escuchar música de la emisora "Mañanitas Leticianas” en una pequeña radio. El pretexto fue la radio, la humillación era por ser indígenas. Sin embargo, de ese lugar aprendió que cosechar y criar animales también podría ser un negocio.

Mientras estudiaba en el Sena sobre el manejo de las hortalizas para vender, cómo mantener gallinas de engorde y hasta cómo cuidar cabras, se dio cuenta de que a pesar de toda la comida que la rodeaba en su comunidad había 40 niños desnutridos. Así que empezó proyectos de siembra con semillas nativas (no aceptó o las transgénicas), y un trabajo fuerte con las mujeres. Las hortalizas no solo le dieron para pagar los cinco años de universidad en Medellín sino que, poco a poco, le mostraron su propósito.

—Me dio pena porque teníamos todo, pero la gente se volvió perezosa. La tradición dice que a las cinco de la mañana ya debemos estar despiertos y a las seis dándole el desayuno a los hijos. No esperando que desayunen en la escuela.

En 2017 hizo parte del Cabildo y logró con su padre, después de 28 años de búsqueda, la ampliación del resguardo: casi 50 mil hectáreas que recibieron en 2019. También fue el primer cabildo que usó correo electrónico y, dice, el primero que descubrió que las mujeres de su comunidad solamente se dedicaban a trabajar en casa y al cuidado de la chagra. Un trabajo esclavo, afirma, en dónde no hay pensión, seguridad social, ni acceso a la salud. “A ella le gusta ayudar a las personas, a los niños. Es la única que lucha por las mujeres de su comunidad, a las otras ni les importa. Ella es la que saca la cara por las mujeres. Lo mismo que su papá”, dice Erika Holanda, cuñada de Anitalia.

Cuando la Patarashca ya lleva un buen rato en el fogón, empieza a hacer el casabe. Con la yuca molida, y seca, filtra la harina con una de las ranitas que tiene en la cocina (un cernidor que sirve para filtrar la masa de la yuca y que simultáneamente, hace parte de un ejercicio espiritual y tradicional, en el que se depura lo ligero y se retiene las cosas con mayor potencial). No pueden quedar grumos. Cuando el sartén ya está caliente, pone la harina que ya es fina y espera a que se ase para voltearla. Hace ese proceso dos veces.

Después de ganar el premio de cocina tradicional, trabajar como cabildo, y contar la historia de su madre, en su comunidad empezaron a acusarla de querer robarse el conocimiento de las abuelas. De querer figurar con una historia que no había sido la suya y viajar contándola. Eso no la detuvo. Hoy tiene una asociación de mujeres que se dedica a producir pulpa, a pesar de no querer asociarse por la falta de organización de su comunidad y la desconfianza que siente por  los procesos colectivos.

—Empezaron a decir que yo me robó el conocimiento de las abuelas, pero lo que estaba haciendo era un trabajo de empoderamiento. Porque a mí no me interesa vivir fuera de aquí, me interesa viajar, sí, para conocer (entre risas). Pero mi vida es aquí y con las mujeres. ¿Por qué a los hombres cuando viajaban no les hacían lo mismo? Y ellos viajando y hablando de nosotras las mujeres, hablando de la chagra, cuando esa es la palabra de nosotras.

Cuando el casabe ya está listo lo divide en porciones triangulares y así, tibio, lo entrega a cada uno de sus invitados para que acompañen la Patarashca. El pirarucú ya absorbió todo el sabor de las verduras y tiene el gusto ahumado de las hojas de plátano y el fogón. Sobre la tabla de madera –el comedor– también hay jugo de borojó, limón partido y ají triturado en un plato pequeño. Casi a las cinco de la tarde, comemos.

Anitalia podría ser un vendaval. Hay una canción que cuenta una historia de amor entre una mujer indígena y un hombre español que llega a Leticia. Cuenta que cuando la vio por primera vez, un rayo de luz atravesó el cielo para mostrarle que ella era su amor eterno. En cambio, ella lo ignoró varias veces, no confíaba en lo que decía y mantuvo la distancia. Al final,contra el pronóstico de muchos, se enamoraron. El coro dice algo así: “Anitalia, a tu lado quiero vivir/ siempre reir y compartir/ pescado, ají, yuca, açai”

La canción la compuso él, Carlos Suárez Álvarez, el esposo de Anitalia desde hace 17 años. La canta en la cocina de su casa –su otra casa– en el kilómetro seis de la vía Leticia-Tarapacá mientras toca la guitarra. Anitalia saluda a Carlos,  a sus cinco gatos: Pipirolo, Aurea, Aris, Jony ,Chumy; y a su perro: Joyama. Después, sigue cocinando, pero ahora se ve diferente, su mirada en la intimidad de la casa se ha enternecido. Ya no es la jefa que tiene que mantener su chagra andando, ese vendaval que irrumpe para hablar por las mujeres, ahora es la brisa suave después de la lluvia, la que reverdece todo y anuncia el canto de los pájaros.

Tiene dos hijos, seis hermanos y 14 sobrinos. A casi todos, hijos, sobrinos y hermanos, los ha criado, los ha cuidado. Es una mujer de familia, estricta pero amorosa. “Es tronchatoro– dice Angy Pijachi entre risas– es una hermana muy exigente. A nosotros nos cuidaban mi hermano Frank y ella. Frank siempre fue muy pasivo, en cambio con ella sí salía doña Eufrasia. Pero siempre fuimos unos hermanitos muy unidos”. Angy es la quinta de siete hermanos, entre cada uno se llevan dos años de diferencia.

En la canción, Carlos también habla sobre un huracán. Puede ser ella para él, puede ser él para ella o pueden ser los dos. Pero sobre Anitalia su familia coincide en que es alegre pero obstinada, terca. Como un viento fuerte: hay un antes y un después de su paso. “Ella es un vendaval de alegría. Es muy extrovertida pero tiene los pies en la tierra”, dice su esposo.

Ha practicado casi todos los deportes, baloncesto, voleibol, microfútbol y hasta taekwondo. Nunca le han gustado los cuadrados. La marean las camisas de cuadros y los cuadernos de matemáticas. Le cuesta no salirse de las líneas, en la escritura y en la vida. Una profesora de primaria se lo dijo una vez, tiene una letra linda, dedicada, incluso perfeccionista, pero no sigue las reglas. –En la naturaleza no hay cuadros– dice.

Anitalia podría ser un jaguar, una mariposa morfo, o un vendaval. Pero es una mujer.

La sede “Carlos Hernán Perea Gómez”, de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, tiene que ser demolida: “Por su antigüedad y calidad de la construcción es un riesgo para los estudiantes y docentes”, dice el documento que se envió a la entonces ministra de Educación Aurora Vergara desde la Alcaldía de Tadó a inicios de 2024. Una lista que incluye otras reconstrucciones de escuelas, construcción de restaurantes escolares, baños y aulas, la dotación de computadores, pupitres, elementos de laboratorio y otras decenas de necesidades que tienen las 28 sedes de las cuatro instituciones educativas que hay en el municipio.

Los 3.787 alumnos del municipio estudian en condiciones precarias. En la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo solo hay 10 computadores para 1.212 estudiantes, en la Institución Técnico Agroambiental (I.T.A) el transporte escolar pone en riesgo a los y las estudiantes por la antigüedad de los buses, y en Nuestra Señora de Fátima hacen falta baños. Un panorama que se ha sostenido en los últimos años y que ha causado que padres de familia, veedores y la comunidad educativa se pregunten en qué se invierte el dinero de la educación en Tadó.

Hoy ni los rectores, ni la alcaldía, saben cuál es el costo que tiene atender todas estas necesidades, pero todos tienen una respuesta en común: la plata no alcanza. “Tenemos una problemática de infraestructura educativa en Tadó en todas las instituciones, pero el municipio no cuenta con los recursos para responder a  la situación. Hoy hemos atendido algunas escuelas urbanas y rurales pero ya no tenemos de donde seguir mejorando”, comenta Brenda Yulieth Mosquera, coordinadora de educación y alcaldesa encargada.

La plata no es suficiente, pero tampoco hay cuentas claras

Según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la alcaldía de Juan Carlos Palacios invirtió en su primer año de gobierno (vigencia 2024) $1.679.919.225 para la educación. 

Los recursos para atender a nivel general la educación en Tadó entran por dos fuentes provenientes del Gobierno nacional: recursos para mejoramiento de la calidad, que reciben las alcaldías; y los de gratuidad, que reciben los rectores de cada institución educativa. La cantidad depende del número de estudiantes matriculados. 

Este dinero se puede invertir en dotaciones como mobiliario, textos, bibliotecas, materiales didácticos y audiovisuales. En la construcción, mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos y en servicios públicos. En casos especiales, como el de Tadó, que es un municipio no certificado, el dinero también se puede invertir en el pago de transporte escolar. 

Del dinero que recibió directamente la alcaldía en 2024, la inversión más grande fue precisamente para el transporte escolar, en el que se invirtieron 266 millones de pesos, una situación común en varios municipios del Chocó. “Los alcaldes hoy tienen una gran responsabilidad por asumir que no les alcanza con los recursos que la nación envía. Hacen un gran esfuerzo por cubrir el transporte escolar de los estudiantes en sus municipios, pero realmente quedan como en una encrucijada porque es casi que apoyar el transporte escolar en los municipios o apoyar las obras de mejoramiento”, explica Yina Paola Reales, secretaria de educación departamental.

A pesar de que es la inversión más alta, en Tadó solamente dos instituciones educativas tienen este servicio: el ITA y Nuestra Señora de Fátima. Y los dos rectores aseguran que los buses no están en buenas condiciones e incluso ponen en riesgo la vida de los estudiantes: “Atendemos la mayoría de estudiantes de la zona rural y el transporte que tenemos hoy es precario. Solo tenemos un bus que recoge no solo a los estudiantes de Tadó, sino a estudiantes del municipio Unión Panamericana que estudian en nuestra institución”, explica Enoel Mosquera Florez, rector del ITA.

“Priorizamos el transporte porque ninguna familia con uno, dos o tres hijos podría sostener el transporte. Los estudiantes más lejanos vienen de Mumbú y serían 16.000 pesos diarios. Si no hubiéramos garantizado eso tendríamos deserción escolar”, agrega Carlos Copete, rector del colegio Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro.

Aunque la alcaldía se comprometió a pagar el chofer de los dos buses, el mantenimiento y la gasolina, el rector Mosquera asegura que en su institución pagó la reparación del bus, pero la gasolina solamente llegó hasta octubre, dejando dos meses sin el combustible: “la reparación la hizo directamente el alcalde con el conductor, pero yo como rector no tengo conocimiento sobre esa inversión”, agrega.

Sin embargo, falta claridad sobre el total de recursos que recibió el municipio para educación en 2024. En la respuesta al derecho de petición aseguraron que se recibieron $872.502.473 pesos, pero cuando especifican cuánto recibieron por cada fuente el total aumenta a 1.400 millones de pesos. 

Tampoco concuerda con el presupuesto general de rentas y recursos para 2024, aprobado por el Concejo Municipal a finales de 2023, en donde la participación para educación era de 1.300 millones de pesos, provenientes calidad y gratuidad.

A esto se suma que en el municipio hoy no existe avalúo presupuestal de las necesidades en infraestructura de todas las Instituciones educativas. Y que, según la alcaldía, no recibieron un empalme de la administración anterior. Sin embargo, se sabe que tanto la alcaldía de Cristian Copete como la de Arismendi García firmaban convenios directamente con los rectores, pero nunca se rindieron cuentas sobre las inversiones.

“De los convenios que firmaron los anteriores alcaldes con los rectores no se evidencia un buen proceso de ejecución, por ello el alcalde Juan Carlos Palacios optó porque la misma alcaldía atienda la situación de los planteles educativos”, dice Mosquera.

El estado es crítico 

La sede principal de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza necesita, por lo menos, 10 aulas nuevas porque hoy los estudiantes están en hacinamiento y los salones ya no dan abasto. Tampoco tienen internet en ninguna de sus instalaciones y necesitan adecuar la infraestructura que, según explica su rector Marcial Blandón Rivas, es insegura:

“La inversión hecha por la alcaldía en el año 2024 ayudó a resolver el problema que teníamos en la sede del barrio San Pedro, donde el municipio logró construir dos aulas con baterías sanitarias con una inversión de más de 520 millones de pesos. Pero hoy la infraestructura es muy antigua y no cumple con las normas, la sede principal y la escuela Carlos Hernán necesitan reconstrucción y la sede de El Esfuerzo necesita encerramiento”, dice Blandón.

El ITA necesita conexión a internet y equipos electrónicos, mejoramiento de las 11 sedes, dotaciones para el laboratorio, aires acondicionados para los salones y un bus nuevo. “En el 2024 la alcaldía nos hizo una unidad sanitaria en la sede principal, pero quedó con deficiencia de agua porque el nivel de la tina no da presión, se le insistió a los ingenieros pero nunca escucharon. Pero lo más urgente es el transporte escolar”, comenta el rector Mosquera.

Por su parte, la Normal tiene la cubierta en mal estado, no cuenta con los materiales tecnológicos para docentes y estudiantes, las aulas son insuficientes y no tienen auditorio. “En el año 2024 nuestras instituciones no tuvieron inversiones por parte de la alcaldía. Necesitamos hacerle mantenimiento a las baterías sanitarias porque la sede principal tiene pozos sépticos, además, cuando llueve los estudiantes de quinto de primaria se inundan”, asegura la rectora Eude Celina Ramírez.

La escuela Nuestra Señora de Fátima también tiene la infraestructura en estado crítico. En Mumbú los estudiantes están recibiendo las clases en la caseta comunal desde hace varios años. Tampoco tienen materiales didácticos y también aseguran que necesitan garantizar el transporte escolar. “El año pasado la alcaldía pagó el transporte escolar y construyó una unidad sanitaria nueva en Gingarabá. Pero la infraestructura educativa se construyó hace más de 30 años, sin las normas técnicas que se está exigiendo ahora, por lo tanto son construcciones obsoletas. Con los recursos que nos llegan hacemos remiendos, pero no hay dinero que alcance”, dice Carlos Copete, rector del colegio.

A esto se suman las dos instituciones educativas indígenas que tiene el municipio: Tarena y Mondó, que funcionan con operadores propios, pero que también están en malas condiciones: “Estas instituciones las atiende la secretaría de educación departamental mediante unos operadores, pero de acuerdo a las visitas que hemos hecho, si en el casco urbano tenemos falencias, en la zona rural tenemos más. Ya le pedimos a la Secretaría que nos pueda decir cuáles son esos operadores y cuáles son los compromisos contractuales para hacerle seguimiento”, asegura Brenda Yulieth Mosquera.

¿Qué va a pasar en 2025?

Para este año la secretaría de Educación departamental aseguró que desde el Gobierno nacional aumentaron los recursos para la educación y las instituciones educativas recibirán más recursos de gratuidad. Por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, recibió en 2023 solamente 90 millones de pesos, en el 2024 fueron 152 millones de pesos y este año, según la Secretaría de Educación, son más de 240 millones de pesos.

“Como Secretaría, a través de la profesional que nos apoya con la gestión de estos recursos de gratuidad, le hemos solicitado también a los rectores que se enfoquen y que cumplan con las dos rendiciones de cuentas que deben hacer: una iniciando el año y otra finalizando”, agrega Yina Paola Reales.

En el departamento, además de los problemas de infraestructura, desde mitad del 2024 la comunidad educativa del Chocó se venía manifestando por la falta de docentes en varias instituciones educativas del departamento. Actualmente hay 647 puestos administrativos y 3.853 docentes, un cupo que no ha aumentado desde 2017, cuando la educación estuvo intervenida y manejada directamente por el Ministerio de Educación. 

Hoy el departamento sigue dando la discusión con el Ministerio de Educación Nacional para que aumente la planta docente, que según un diagnóstico realizado por la secretaría de Educación, necesita 160 docentes nuevos. “La única forma que ellos tienen para proveer de docentes a los departamentos es a través del aumento de nuestra matrícula. Y nuestra matrícula en el departamento del Chocó no ha aumentado, sino que se ha dispersado”, explica Reales.

Ya sea por dinámicas de conflicto armado, u otras causas, las familias se están desplazando y los niños y niñas se cambian de escuela. Y aunque aumentan los estudiantes en el nuevo lugar, los docentes se tienen que quedar en la escuela a la que fueron asignados. A esto se suma las condiciones médicas de algunos docentes:

“Muchos docentes, directivos y demás, presentan algún tipo de condición médica particular que no les permite estar alejados más de 10 o 20 minutos del casco urbano y por medio de acciones de tutela instauradas por los jueces, no nos permiten ubicarlos donde realmente tenemos la necesidad. Eso también nos genera la ausencia de docentes en el departamento porque nos toca trasladar al docente, pero nos deja la necesidad en el otro municipio y ese traslado no nos genera un cupo nuevo, porque la planta es estática. Así que de la institución de la que salió, queda el hueco sin cubrir”, agrega la secretaria.

La historia del origen del territorio del pueblo Ticuna comienza con Mowíchina, el dios creador de los creadores; Ngṵtapa, el primer inmortal creado por Mowíchina y destinado a crear seres mortales; y sus hijos Yoí e Ípi. Estos últimos decidieron acabar con la vida del árbol Wone, que cubría todo el territorio de Ngṵtapa. Sin embargo, como el árbol no quería morir, tuvieron que extraerle el corazón. El último en quedarse con él fue Tintín, quien lo sembró en la cima del cerro Moroapú. De allí creció el árbol de Umarí y su primer fruto dio origen a la mujer.

"Por eso las mujeres Ticuna somos tan dulces como el Umarí", dice Albertina Silva. "Tan dulces que se puede oler nuestra presencia a metros de distancia, esa es la dulzura que le ponemos a la chagra”. Albertina tiene 47 años y ha dedicado su vida a defender la importancia de la chagra en su comunidad: el resguardo San José, ubicado en el Kilómetro seis de Leticia. La chagra, además de proveer el alimento para las familias indígenas, es un espacio de enunciación política de las mujeres amazónicas, desde allí se posiciona y sitúa su participación.

Mujeres como Albertina son herederas de una tradición ancestral que aprendieron de sus madres y abuelas, tradición que ha contribuido a la conservación de la selva y la pervivencia de la lengua. En Consonante hablamos con ella sobre su rol como docente intercultural, mujer y encargada de seguir replicando esta tradición en medio de los retos que enfrentan con las nuevas generaciones.

Consonante: ¿Cuál es la importancia de la chagra?

Albertina Silva Manrique: La chagra es el entorno principal de una mujer indígena. Nosotras las mujeres indígenas no podemos hablar cuando tenemos el canasto vacío. La chagra es la fuerza mayor que tiene la mujer indígena, porque desde ahí es que nos identificamos como mujeres empoderadas del territorio.

Yo soy muy clara en mis cosas, y lo digo así porque en mi rol como mujer tengo que tener el presente vivo de la chagra, tengo a cargo la educación de mis tres hijos y con la chagra mantengo a mi familia.

C.: Además de ser el lugar para sembrar, entiendo que ahí se transmite conocimiento, ¿de qué manera?

A.S.M.: La chagra sirve para muchas cosas. Por ejemplo, allí hacemos juegos autóctonos, o practicamos nuestros bailes tradicionales, como La Pelazón (la tradición más importante del pueblo Ticuna). Pero para hacer un baile tradicional con nuestra niñez y nuestra juventud, tenemos que tener una chagra inmensa que pueda también ofrecer el alimento a nuestros invitados.

Hacer chagra es algo del núcleo familiar de cada casa. Pero cuando hacemos chagra grande, hacemos la minga, para socalar y tumbar más rápido. Eso lo hacen los hombres. Y nosotras, las mujeres, echamos candela a la chagra, empezamos a juntar los palitos para hacer la hoguera y sembramos.

Mis hijos también colaboran para sacar almidón, para sacar fariña, porque no desperdiciamos nada de la yuca.

C.: ¿Por qué es la mujer la encargada de la chagra?

A.S.M.: Mi mamá decía: hay que tener mucho cuidado con la chagra y el hombre no es de cuidado. La mujer con su cuidado mantiene la chagra limpia, aseada, y la producción es prácticamente dulce, porque nosotras endulzamos con amor todo lo que tenemos en la chagra. Tenemos la esencia del Umarí. Todas las mujeres de la etnia Ticuna somos dedicadas, somos chagreras.

Por ejemplo, no sembramos cuando tenemos el periodo porque ahí dañamos los árboles frutales, la yuca, el plátano, el ñame y todo lo que vamos a sembrar. Tenemos que estar en reposo mientras nos sanamos. Tampoco sembramos en luna menguante, esperamos que sea luna llena para poder tener una buena producción y que nos garantice para todo el año la producción de todo lo que sembremos.

C.: ¿Qué otras reflexiones salen de este espacio?

A.S.M.: Hay muchas […] hoy en día somos pocas las familias que tenemos chagra, y desde ahí hago muchas reflexiones con mis hijos. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué se está acabando esto que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nos dejaron? Si hay mucho territorio ¿por qué ya no nos gusta?

Al final eso es de cada familia, de cada hogar. Pero como lideresa y como autoridad en mi comunidad, yo siempre he recalcado que la mujer tiene que tener su canasto lleno. Yo no podría entrar en diálogo con una mujer indígena que no tenga chagra.

C.: ¿Por qué no podría hablar con una mujer sin chagra?

A.S.M.: Porque ella ¿qué me ofrece?. Yo, por ejemplo, le estoy ofreciendo mi saber sobre las semillas. Y yo le podría preguntar:: “si yo le doy esta semilla usted me va a garantizar que de aquí a seis meses me podrá dar un casabe, o un masato, o el payavarú? Si esa mujer no me garantiza eso, yo estaría desgastandome.

C.: ¿Qué relación hay entre la chagra y el mantenimiento de la lengua?

A.S.M.: Es muy importante porque entre familias, cuando estamos cerca de la chagra del otro, estamos conversando. Igual en las mingas, tanto hombres y mujeres, hay mucha conversación, hay mucha recocha, mucha anécdota, mucho cuento. Los abuelos hablan y los jóvenes van aprendiendo. Entre recocha y recocha ellos van diciendo cómo tienen que ser las cosas.

C.: ¿Este trabajo de las mujeres en la chagra cómo ayuda a la conservación del bioma amazónico?

A.S.M.: La chagra solamente dura hasta la segunda cosecha y de ahí empezamos a sembrar muchos árboles frutales que nos van a garantizar que en ocho o diez años nuevamente podamos hacer nuestra chagra con buena tierra.

Nosotras, por ejemplo, sembramos mucha guama porque eso da abono. O también el Umaríi, o la uva caimarona. Son muchos árboles frutales con los que garantizamos que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener, a gozar y a comer.

C.: Hay personas que creen que la quema y tala para la chagra es contradictorio con el cuidado de la selva ¿cómo aporta la chagra para el mantenimiento del ecosistema?

A.S.M.: Le decíamos a las entidades territoriales acá en el Amazonas que nosotros garantizamos siempre las fuentes hídricas. Tenemos viveros tanto frutales como maderables, y para hacer la chagra calculamos entre 30 y 40 metros de distancia de las fuentes hídricas. No estamos tumbando a la orilla.

Y ahí empezamos a sembrar plantas que nos garanticen también que la fuente hídrica no se nos seque. Entonces sembramos açsaí, chontaduro, aguaje y otras palmas que tenemos aquí en la Amazonía. En donde ya no se requiere más la chagra, nosotros garantizamos que se den nuevos árboles.

C.: ¿Qué cree que hace falta para proteger el rol de las mujeres en este cuidado de la vida?

A.S.M.: Aquí se necesita una motivación para que muchas mujeres realmente se empoderen. Necesitamos que alguien nos apoye y nos ayude a fortalecer a las mujeres de nuestra comunidad, a nuestra niñez más que todo, para que después del estudio tengan la mente ocupada en prácticas de este sistema propio.

C.: ¿Qué retos se han encontrado para transmitir este conocimiento tradicional con las nuevas generaciones?

A.S.M.: Hoy la tecnología nos está llevando a un dilema entre los jóvenes y es que ya no quieren lo propio. Ahora solo quieren usar el móvil, el computador, y a la mayoría no le interesa lo que es de nosotros.

Por eso empecé a trabajar con el ICBF sobre ese tema. Vamos a empezar a implementar lo propio, vamos a enseñar a hablar y a escribir nuestra lengua como profesora intercultural. Eso también lo tengo que garantizar yo como mujer.

Nilson Alviar, líder comunitario y presidente de la organización Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona – Trapecio Amazónico (Azcaita), nació y creció en la vía que conduce de Leticia a Tarapacá, una de las 11 áreas no municipalizadas del departamento del Amazonas.

Toda su infancia, hace poco más de 40 años, la pasó recorriendo la carretera desde el kilómetro 11, en ese momento llegar hasta Leticia tomaba medio día y se necesitaba una ‘chacarera 150’, una moto diseñada para pasar por el barro. “Uno se enterraba de barro hasta la rodilla para poder salir”, recuerda entre risas. Hoy, ir de Leticia al kilómetro 11 implica solamente diez minutos, incluso se puede ir hasta el kilómetro 25. Sin embargo, de ahí para adelante, no hay más que selva. 

La obra que le permitió a Nilson y a más de 3.000 personas de comunidades indígenas ir del kilómetro 25 hasta Leticia, realmente fue planteada para conectar a la capital del Amazonas con Tarapacá, 175 kilómetros de los que hoy no hay pavimentados ni la mitad. La ruta 8501, una carretera nacional, ha sido una “promesa de desarrollo” que se ha mantenido durante el último medio siglo y de la que hoy no se tiene respuesta.

Una idea que lleva 64 años

Germán Ignacio Ochoa es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Leticia y, además, es usuario de la vía; sobre esto explica que la razón por la que se quiere conectar a Leticia con el asentamiento Tarapacá es para reducir costos del transporte de mercancías. Dado que por Tarapacá pasa el río Putumayo, y es el primer río grande que se encuentra bajando del centro del país hacia Leticia: “Las embarcaciones que llevan la mercancía a Leticia tienen que bajar por el río Putumayo, entrar a Brasil y luego sí subir por el río Amazonas. Entonces la carretera fue pensada para evitar el paso por territorio brasilero. Se tenía la intención de que los barcos llegaran hasta Tarapacá y por la carretera la mercancía bajara hasta Leticia”, explica. 

Sobre esta vía se está hablando desde 1961, cuando la entonces Comisaría Especial de la Amazonía buscaba “fomentar el desarrollo” en la región. Según el trabajo de investigación “Apropiación Científica de la Amazonia” publicado por Yohana Alexandra Pantevis Girón.

“En el cumplimiento de estas funciones, la Comisaría llevó a cabo la exploración y reconocimiento en los ríos Puré y Cotuhé en 1961, con el propósito de abordar diversos aspectos considerados importantes para el desarrollo de la región. Uno de ellos, era trazar una carretera que conectaría a Leticia, Buenos Aires y Tarapacá, para unir el Trapecio Amazónico con el resto del país a través del río Putumayo, lo que impulsa la colonización y el progreso. Aunque cada año se realizaron pequeñas inversiones para avanzar en la apertura de esta vía, la falta de una inversión estatal sólida seguía siendo una limitación”, dice el texto.

Y aunque hubo construcciones antes, las inversiones más grandes se empezaron a ver con el Plan 2500, lanzado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Para diciembre de 2008 el Invías estaba afirmando que había pavimentado hasta el kilómetro 17.

Sin embargo, solo fue hasta el 2022 que se llegó hasta el kilómetro 25. En noviembre de ese año el Gobierno hizo entrega de la pavimentación de cinco kilómetros y el mejoramiento de dos. Una inversión de más de 20.000 millones de pesos. “Vamos a apoyar los caminos ancestrales, esos caminos que tanto necesitan esas comunidades en Colombia y en esta región del Amazonas, sin destruir la selva, sin destruir el medioambiente, sin dañar la ecología”, aseguró el entonces ministro Reyes.

“Para que eso pasara nosotros tuvimos que presionar mucho, porque allá hay una comunidad asentada que fue reubicada, que es Castañal de los Lagos. Y la realidad es que ese es el mejor tramo de esa carretera, porque el resto ya está dañado. Es la mejor ejecutada en términos de embellecimiento”, dice Nilson.

Según le dijo el Invias a Consonante, de esta carretera solamente 20 km están a su cargo y 5 kilómetros están bajo la administración del municipio. "Los tramos restantes son vías departamentales bajo la responsabilidad de la Gobernación del Amazonas", dice el documento de respuesta.

Lo que dice la gente: “es una necesidad innecesaria”

Alrededor de esta vía hay muchas preguntas y preocupaciones; entre esas un posible aumento de la inseguridad al contar con otra vía de acceso al centro del país diferente a la fluvial y aérea. “Es una necesidad innecesaria. Necesidad porque nos conectaríamos con el resto del país de una manera más directa. Los productos que llegarían aquí podrían ser mucho más baratos, aunque por estar cerca a Brasil y Perú eso no nos golpea tan duro. Innecesaria porque correríamos el riesgo de ser un catatumbo más en el tema de la violencia, porque ya no habría un control de seguridad por esa carretera”, opina Alviar.

En la Amazonía colombiana hay presencia de las disidencias de las Farc, agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa del territorio. Sin embargo, el líder asegura que las acciones de estos grupos en contra la población son reducidas porque “no hay una forma inmediata” de salir del territorio.

A esto se suma el punto más problemático del proyecto: el impacto medioambiental. Sofía Cordero Romero, vive en el kilómetro 14.5 y hace parte de la Reserva Natural Acapu. Lleva 14 años viviendo sobre la vía y asegura que es la misma selva la que ha detenido el avance de la obra.

“Hay cuerpos de agua a un lado y al otro de la carretera y con la vía se convierten en pequeños laguitos cuando llueve porque necesitan continuar el flujo de su movimiento, pero no hay el cauce adecuado, entonces se desbordan y algunas partes de la carretera quedan inundadas por varias horas. Aunque eso se drena, podría estar alertando de un movimiento de agua que requiere ser mejor orientado para que el movimiento del propio del ecosistema tenga mejor calidad”, explica Cordero.

Por lo que hay de la vía pasan manadas de monos, bandadas de pájaros, osos, serpientes y roedores que tienen que bordear la carretera. Sin embargo, no hay señalización que advierta de su presencia. “El tema ambiental se tuvo muy poco en cuenta para realizar la carretera y la deforestación que trajo con la construcción y los accesos a lo que dio, ha propiciado e incentivado la deforestación y el tráfico ilegal de madera, por el poco control de parte de las autoridades”, comenta Kevin Murillo, veedor ciudadano.

La preocupación es que suceda lo mismo que pasó en Brasil con la construcción de la carretera transamazónica, un megaproyecto que causó grandes problemas de deforestación pero que incluso no puede garantizar el paso constante: “Nosotros que hemos vivido aquí y conocemos las cosas que ha hecho Brasil en las carreteras amazónicas, sabemos que son unos esfuerzos impresionantes para hacer cualquier carretera en la Amazonía. Inclusive en la transamazónica hay partes en que solo se pueden transitar en verano, a pesar de que los brasileños llevan haciendo esas carreteras más de 50 años. Entonces lo veo realmente complicado y con unos impactos ambientales que pueden ser muy fuertes”, agrega Ochoa.

Según un estudio de investigadores de Brasil, EE. UU., Bolivia, Colombia y Suecia publicado en 2020, 75 proyectos viales que se plantearon en cinco países de la cuenca del Amazonas ocasionarían 2.4 millones de hectáreas de deforestación. Además de que el 17 por ciento de estos proyectos violaba la legislación medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas.

Con la construcción de la carretera también se han presentado nuevos conflictos de tierras: “Hay personas que han tenido allí su reserva durante más de 20 años, pero la expansión de los territorios de los resguardos indígenas que vienen desde el río Amazonas para arriba está empezando a entrar en conflicto con los territorios de las personas de las reservas. Ahora que se tiene acceso a la vía se están empezando a crear otros usos y otras personas interesadas en tener parte de esos recursos”, dice Germán Ignacio Ochoa.

Malos manejos y corrupción

La carretera ha estado en el ojo público desde hace varios años. En primer lugar Felix Franco Acosta, gobernador del Amazonas en dos ocasiones, fue condenado a seis años de cárcel por el delito de celebración indebida de contratos en el 2009. Según el fallo, el mandatario fraccionó en 68 partes un negocio de 1.000 millones de pesos para la construcción de la carretera Leticia – Tarapacá. Con eso buscaba contratar directamente a quién quisiera, sin necesidad de hacer licitación pública. 

A esto se suma que en 2009 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desaprobó la construcción de cuatro kilómetros de vía (una inversión de 1.500 millones de pesos) porque aunque el proyecto llegó hasta estas instancias, en la realidad ya se había ejecutado.

“En el primer periodo Uribe cuando hicieron la carretera Leticia kilómetro 17, se hizo la aprobación pero dejaron claro que la carretera Leticia - Tarapacá solamente llegaría hasta el kilómetro 25 con pavimento, que de ahí no le ponían un peso más porque en los archivos aparecía esa carretera pavimentada como cinco veces. Parecía una carretera extensa, pero resulta que nunca nunca fue reflejado con la realidad”, recuerda Nilson Alviar.

Desde la primera intervención hubo problemas. Germán Ignacio Ochoa cuenta que antes de la intervención de 2009 se pavimentó en un material que no era el adecuado. Del kilómetro 10 hacia arriba solamente se podía transitar si no llovía. La comunidad tenía que poner palos atravesados en medio de la vía para que los carros pudieran pasar. Por eso se tuvo prácticamente que cambiar de lugar y construir desde cero.

“La primera parte era lo que nosotros conocíamos desde Leticia hasta el kilómetro 18-19 más o menos. Pero uno eventualmente podía llegar bien en un día de verano hasta el kilómetro 12 o 13 y con muchas dificultades porque habían unos pasos en el kilómetro 10 que eran horribles, entonces si llovía pues no se podía ni pasar”, explica el profesor.

Hay otras urgencias

Otro de los propósitos de la carretera era darle una vía de acceso a las comunidades indígenas que viven sobre la carretera, especialmente en los kilómetros cuatro, seis, siete, nueve, once, doce, catorce y diecisiete. Sin embargo, hoy la comunidades de San Pedro de los Lagos no tiene una vía que los saque a la carretera, y deben caminar hasta media hora desde el kilómetro 8.5 hacía adentro. “La comunidad de San Pedro está fundada hace 63 años y tiene reconocimiento institucional desde hace 28 años, pero como la comunidad no cuenta con un colegio, los niños sufren demasiado caminando todos los días una hora (de ida y vuelta) para llegar a la carretera”, cuenta el líder ticuna Jaime Parente. En la misma situación están los habitantes de San Antonio de los Lagos, que además necesitan un puente para poder llegar a su resguardo.

Hoy la vía también está deteriorada en varios puntos, incluyendo box culvert que se han caído. Además denuncian que la vía es muy estrecha: “realmente les faltó tomar un poquitico más de precaución y de prevención porque la carretera sigue siendo una carretera estrecha cuando pasan un camión y un carro pequeño tienen problemas y cuando pasan dos camiones, peor”, comenta Ochoa.

Desde hace 34 años Luz Elina Mejía no duerme lo suficiente. Cuando estaba embarazada de Luis Gabriel lo sintió convulsionar durante los nueve meses, algo que sigue pasando, especialmente en las noches. Hoy la diferencia es que si Luis se toma tres dosis diarias de Clobazam de 20 miligramos, las crisis disminuyen y los dos pueden dormir.

Sin embargo, desde hace siete meses –casi el tiempo que duraría otro embarazo– la EPS Cajacopi dejó de entregarle el medicamento para tratar su epilepsia refractaria. Cada mes, Luis debe tomarse 90 tabletas, una cada ocho horas, pero en julio le quedaron debiendo 10. A la fecha son cerca de 500 pastillas las que le debe la EPS y las convulsiones son cada vez más frecuentes. Las noches se convirtieron en una angustia familiar en la que el miedo a un mal golpe durante los episodios interrumpen el descanso.

Cada cierto tiempo Luz Elina va al dispensario de Cajacopi, en San Juan del Cesar, esperando buenas noticias, pero la respuesta sigue siendo la misma: “el medicamento está desabastecido”. Aunque para hacerle frente a la situación la neuróloga aumentó la dosis de otro de sus medicamentos, sigue sin lograr controlar las convulsiones. Hoy la salud de los dos está deteriorada y sienten que poco pueden hacer al respecto. 

Según el último reporte del Invima publicado el 29 de enero, en el país hay 188 medicamentos “en monitorización”, entre ellos el Clobazam de Luis. No está desabastecido totalmente, ni en riesgo, pero está en seguimiento permanente porque las cantidades disponibles reportadas son limitadas para los siguientes tres meses de comercialización. Sin embargo, en siete meses no ha recibido ni una sola pastilla. También se registran cuatro medicamentos desabastecidos, esto significa que hay ausencia total y durante un tiempo prolongado. Otros cuatro en riesgo de desabastecimiento, es decir, que existe alguna contingencia o situación que pueda llevar en el corto o mediano plazo a que la oferta del medicamento sea insuficiente para satisfacer las necesidades del país. 

El doctor Juan Carlos García, experto en salud pública y docente de la Universidad Nacional, confirma que en todo el país hay una situación delicada respecto al desabastecimiento de medicamentos, especialmente para las enfermedades “huérfanas“ como la de Luis: “Hay desabastecimiento en ciertos medicamentos sobre todo con las “enfermedades raras”, en las que una suspensión del tratamiento puede ser muy complicada y muy difícil de manejar. Allí están anticoagulantes, medicamentos que se usan para control de la respuesta inmunológica en trasplantes, anticonvulsivantes, para la salud mental”. 

Además del contexto en el país, tener una enfermedad crónica en La Guajira y acceder al tratamiento y los medicamentos necesarios se convierte en un reto mucho mayor. Desde 2017 la Corte Constitucional dictó la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales en el departamento, entre esos el derecho a la salud. 

Estas cifras, junto con hallazgos de inspección y vigilancia, llevaron a la Superintendencia a tomar medidas de control, incluyendo órdenes de cumplimiento inmediato para el departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, así como para las EPS que operan en el departamento, por la “no articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo y la garantía de la calidad en la prestación de los servicios”.

El problema de fondo: el dinero sobre la salud

Rodolfo Daza fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide hace tres años. Xiomara Guerra, su esposa, lo cuida desde que tuvo que dejar su empleo como transportador del personal de El Cerrejón debido a su enfermedad. Para el tratamiento, Rodolfo debe inyectarse cada mes Paliperidona y tomar todos los días varias tabletas de Clozapina y Paroxetina, sin embargo, la EPS Sanitas no le entrega esos medicamentos desde hace tres meses.

La respuesta que le dan a Xiomara en el dispensario es similar a la que ha recibido Luz Elina desde hace varios meses, que el medicamento no ha llegado. Esto ha causado que la intranquilidad se apodere de la vida de Rodolfo y su familia, incluyendo a sus dos hijas. “Él está ansioso, más nervioso y me afecta porque yo tampoco duermo, no estoy tranquila. No tenemos dinero para decir que voy a ir a la farmacia a comprar una paliperidona que cuesta un millón de pesos”, comenta.

De los tres medicamentos, solamente la Clozapina aparece en la lista del Invima de medicamentos desabastecidos y, al igual que en el caso de Luis, está “en monitorización”. Sin embargo, Rodolfo no recibe ninguno de sus medicamentos. Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, explica que el desabastecimiento suele ser una excusa para no entregar el medicamento y en el fondo todo se debe a temas económicos:

“Esta ha sido una práctica ya de hace tiempo, en la que los dispensarios no entregan a tiempo medicamentos porque están bloqueados por los laboratorios o por las mismas EPS por temas de pagos, por temas económicos. Por ejemplo, el Hospital de San José (de Maicao) que ha estado intervenido por la superintendencia, ha tenido muchos problemas con la entrega y dispensación de medicamentos e incluso intrahospitalarios porque no les despachan las cantidades suficientes también con el argumento de que no les han pagado a los laboratorios o a los operadores farmacéuticos que les dispensan. De fondo aquí siempre hay un tema económico”, explica.

Sandra Brochero, secretaría de salud de San Juan del Cesar, asegura que no había recibido ninguna notificación de las EPS sobre el desabastecimiento de medicamentos hasta que hizo un requerimiento: “Las EPS me dijeron que muchísimos medicamentos que están desabastecidos son a nivel nacional. Pero ellas son las encargadas de llamar al usuario para cambiarle los medicamentos por otros que contengan los mismos componentes que tienen los que consumían normalmente, es deber de ellos ”, señala. También asegura que la mayoría de las quejas son sobre la EPS Sanitas.

El problema es que, según explica Juan Carlos García, los cambios en la medicación enfermedades como la epilepsia puede tener consecuencias graves: “Son medicamentos para lo que una suspensión abrupta, una cambio de dosificación, o incluso a veces de proveedor, porque hay pequeñas y ligeras diferencias, puede resultar crítico”.

Al final, pacientes como Rodolfo son quienes verdaderamente terminan afectados. “Nosotros lo que hemos denunciado y el llamado que hemos hecho durante muchos años es que esos temas económicos no pueden prevalecer sobre la salud y la vida de las personas, pero infortunadamente el modelo sigue permitiéndolo”, agrega el experto.

A esto se suma que en este momento el presupuesto que envía el Gobierno a las EPS está restringido. Desde 2024 el Ministerio de Salud decidió no aumentar el dinero que entrega por cada afiliado por encima de la inflación: “En este momento hay un control sobre la disponibilidad de recursos del sistema de salud, la Corte ha dicho que la restricción que el Gobierno Nacional intentó hacer en la unidad de pago por captación (UPC) ha sido excesiva, y eso se ha reflejado en el tema de medicamentos porque la industria farmacéutica no fía más allá de lo necesario. Pero siempre que haya quien pague y que pague las tarifas que ellos han considerado, los medicamentos fluyen sin ningún problema”, comenta García.

A pesar de que Xiomara ha interpuesto tres quejas ante la Supersalud no ha obtenido ninguna solución: "ellos lo que hacen es mandarle la solicitud a Sanitas y Sanitas lo que responde es que ya  se venció la orden. Entonces, ¿qué nos dicen?, que hay que esperar que el médico lo atienda y le manden otra vez nuevos medicamentos para que nos la entreguen", señala. Su única opción fue pedir prestado a una de sus amigas 40 pastillas de Clozapina.

Desde octubre de 2024 la EPS Sanitas empezó la implementación de un nuevo sistema de dispensación que ha generado numerosas quejas por parte de los usuarios. Desde septiembre, la EPS ha enfrentado una situación compleja, especialmente en La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Córdoba, donde se han reportado dificultades significativas en el acceso a medicamentos esenciales.

El panorama de acceso a salud es crítico en todo el departamento

En la misma situación está Josefina Villeros Coronado, de 71 años de edad. Josefina tiene diabetes mellitus y debe tomar Glibenclamida, Metformina y Sitagliptina. Pero la EPS Sanitas lleva tres meses sin entregarle sus medicamentos. La única opción que ha encontrado es pedirle prestado medicamentos a su hermano, que también sufre de diabetes, o comprarlos en la farmacia. “No sé por qué tengo que estar comprando si a mí me descuentan más de 200.000 pesos para la salud. No me alcanza la pensión”, cuenta.

En La Guajira hay “una oferta de servicios fragmentada, segmentada, insuficiente e inequitativa entre los ámbitos rural y urbano, que no responde a las condiciones sociales y de dispersión geográfica del departamento, ni reconocen los saberes propios de los pueblos indígenas y las comunidades que lo habitan, afectando principalmente a la población más vulnerable del territorio y poniendo en inminente riesgo la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, lactantes y personas mayores”, consigna el decreto 1085, con el que el Gobierno declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento.

De las 437 sedes que prestan servicios de salud en el departamento, solamente 87 son rurales. Esto a pesar de que según el Dane, en el departamento más de la mitad de la población (51 por ciento) vive en el área rural. La situación se agrava por la falta de médicos: mientras el promedio de todo Colombia son 2,5 profesionales en medicina por cada 1.000 habitantes, en el departamento solamente hay disponibles 1,26 médicos por la misma cantidad.

**Si usted tiene problemas para acceder a los servicios de salud, puede buscar orientación en la Organización para la Defensa del Paciente. WhatsApp +57 312 592 1361 Correo electrónico contacto@defensadelpaciente.net

Desde finales de enero la Organización Nacional Indígena de Colombia– Onic tuvo que parar parte de su trabajo en Nariño, La Guajira, El Valle del Cauca, Chocó y el Amazonas. Sus proyectos para fortalecer a los pueblos indígenas en temas económicos, de diplomacia, paz y género, se detuvieron por una decisión que se tomó a miles de kilómetros de estos territorios: cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló por 90 días toda la ayuda exterior. Hoy no está claro cómo se va a continuar con estos procesos que buscaban fortalecer a las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto armado. 

Hoy 82 programas relacionados con el trabajo humanitario, el apoyo al proceso de paz, sustitución de cultivos, seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional a nivel regional, medio ambiente, entre otros temas, están a la deriva en todas las regiones del país.

“El Estado no tiene la capacidad económica, ni institucional, para hacer presencia en todo el territorio colombiano. En ese sentido el rezago en materia de implementación de política social y de presencia tradicional en el territorio es bastante grande y la cooperación internacional ayudó a que de alguna manera se hiciera presencia a través de ciertas políticas sociales. Hoy no logro dimensionar cómo podrían cubrir ese hueco”, explica Ivonne Elena Díaz, coordinadora en el área de regionalización de Dejusticia.

Según la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), en 2023 se registraron 518 iniciativas de cooperación internacional de varios países del mundo, que sumaban recursos por aproximadamente 1.338 millones de dólares. La región Pacífico fue una de las principales receptoras de este dinero, especialmente en áreas clave como el desarrollo económico y la superación de la pobreza. A nivel departamental Norte de Santander fue el receptor de la mayor cantidad de recursos, principalmente para atender la migración. Por su parte, Bogotá, Villavicencio, Florencia, Tibú y Montería están en el top de municipios con mayor cooperación. De toda esta inversión, Estados Unidos entregó más de la mitad: 652 millones de dólares.

A continuación, le explicamos qué repercusiones tienen las decisiones del presidente Trump en estos municipios y, en general, en las regiones alejadas del centro del país.

Hay incertidumbre sobre la implementación del Acuerdo de paz

Según un estudio de la APC, Estados Unidos fue el principal emisor de los recursos de la Cooperación Internacional destinados a la paz desde el año 2018 al 2021 . Recursos que se invirtieron fundamentalmente en atender la línea de Reforma Rural Integral y en menor proporción en otras cinco líneas: participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, reparación de víctimas e implementación, verificación y refrendación. Fue el responsable del 38,33 por ciento del total de la cooperación en ese periodo.

En total, Estados Unidos ha aportado casi la mitad de todos los recursos de cooperación internacional destinados para la paz en Colombia desde el 2018 hasta el año pasado. Fueron 1.260 millones de dólares, que corresponden al 42 por ciento del total de la cooperación en este tema. Además, Ivonne Díaz explica que a través de Usaid se fortalecieron otros procesos en las regiones, adicionales al acuerdo de paz firmado con las Farc: “ayudó a que después de la movilización paramilitar muchas organizaciones volvieran a reunirse, a fortalecer el movimiento social y ha venido impulsando en las distintas etapas de los procesos transicionales en el territorio; no solamente con el acuerdo de paz firmado entre la Farc y el Estado”.

Con este panorama, la afectación en la implementación de proyectos ligados al tema del acuerdo de paz todavía es muy difícil de dimensionar, pero hay mucha incertidumbre.

“Afecta la inversión a nivel territorial para poder entregar territorios baldíos y con ello permitir que la gente que regresó al campo tenga la capacidad y la posibilidad de invertir, para poder levantar esos territorios y producir. Pero también afecta, por ejemplo, programas de sustitución de cultivos ilícitos especialmente en un momento en el que también hay una crisis de producción de coca y que lleva a que, eventualmente, la situación de la población en territorios tan afectados como el Cauca o el Catatumbo termine siendo mucho peor”, dice Alejandro Chala, Investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad de Pares Colombia.

También están en riesgo la investigación de tres macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la jurisdicción, son 15.000 millones de pesos los que están en vilo con la decisión de Trump de detener la cooperación. Estos recursos iban para  el caso 06 que investiga el genocidio de la Unión Patriótica, el caso 11 que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva y el caso 09, que investiga crímenes contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado.

¿En qué queda la conservación de la Amazonía?

Desde el primer día que Trump llegó a la presidencia decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, un tratado internacional adoptado en el 2015 que busca reforzar el compromiso de los distintos gobiernos frente al cambio climático. Para esto, propone un plan de acción para todos los gobiernos en tres puntos principales, entre estos, la mitigación o reducción de emisiones de CO2.  

La salida del país de este tratado preocupa porque Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero. Pero, además, porque el presidente norteamericano niega la crisis climática, por lo que aportar recursos para detenerla no hace parte de sus prioridades. 

Para la conservación de la Amazonía, por ejemplo, la retirada de la cooperación internacional pausa programas específicos en el tema de la contención de delitos ambientales y estrategias de contención de la deforestación, como los pagos por servicios ambientales. Natalia Escobar, coordinadora de la línea de Justicia Ambiental en Dejusticia, explica que aunque hay otros aportantes, hay incertidumbre sobre qué decisiones tomarán estos países con la salida de Estados Unidos:

Además de los proyectos directamente ambientales, también quedan interrumpidos otros procesos relacionados con el tema de tierras y proyectos de conservación con comunidades campesinas en parques ambientales. “Son agendas que parecen más agrarias, pero que tienen impacto ambiental también. Por ejemplo en temas de reforma rural integral y los apoyos a tierras, proyectos como catastro multipropósito, que tenían efectos también colaterales en materia ambiental porque son fundamentales para el tema de contención a la deforestación y para la definición de áreas deforestadas como tal”, agrega Escobar.

Aunque casi el 70 por ciento de la mitigación en materia climática está en la región amazónica, hay otros frentes de trabajo que también quedan suspendidos. Entre esos, el cuidado de los páramos en la región andina, especialmente en lo relacionado con conflictos socioambientales de población campesina en estos territorios. 

Se reduce la atención humanitaria en zonas de conflicto

La operación de varias organizaciones internacionales que trabajaban en Colombia gracias al dinero de la cooperación de Usaid también está suspendida. Save the children, Oxfam y el Consejo Noruego para Refugiados implementaban programas sociales  en zonas donde hay presencia de grupos armados, la mayor parte de estos lugares no tienen acceso a políticas sociales del Estado que protejan sus derechos fundamentales.

Al suspenderse los programas, expertos como Sergio Chaparro, coordinador internacional en Dejusticia, y encargado de incidencia y política internacional en la Tax Justice Network, dicen que es inevitable el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales: “Se suspende casi que inmediatamente buena parte de esas actividades en lugares como el Catatumbo, una zona donde con esta ola reciente de violencia han muerto más de un centenar de personas y se estima que 50.000 personas han sido desplazadas. Al tener que cancelar los contratos de las personas que trabajaban en estas organizaciones locales y tener que cerrar las oficinas, porque no pueden pagar los arriendos de las instalaciones, repercute directamente en la población víctima que puede beneficiarse del trabajo que estaban haciendo estas organizaciones”.

Adicionalmente, Usaid también entregaba recursos al Estado para el sector defensa. Aunque no se conoce el monto, por ser información clasificada, también tendría repercusiones en temas de armamento. “Había recursos que llegaban para, por ejemplo, la puesta en operación de aviones y helicópteros, que es muy costoso elevarlos del suelo. Porque estos aviones y estos helicópteros utilizan todo un sistema de radares y todo una especie de coordinación tierra-aire que es necesario pagar, también por el combustible. Colombia trata de sostener, actualizar y recolectar estas armas para poder confrontar los riesgos de seguridad que tiene a nivel interno, pero la puesta en operación de muchos de estos elementos de seguridad dependía precisamente de la cooperación internacional”, agrega Chala.

Se acaba el fortalecimiento institucional en las alcaldías locales 

Entre los lineamientos de Usaid estaba el programa de Gobernabilidad Regional (RGA) que buscaba mejorar la gobernabilidad de 40 municipios en nueve departamentos que fueron afectados por el conflicto armado en Colombia. Con su suspensión, este y varios programas que buscaban fortalecer la democracia y los movimientos sociales en municipios de sexta categoría se detuvieron. 

Alejandro Chala explica también que la inversión buscaba impulsar políticas como el catastro multipropósito, la recuperación de distritos de mini riego, la instalación de comités, procesos de acceso a la justicia, programas con enfoque de género, entre otras formas de llegar a los municipios donde el Estado históricamente no ha llegado. Incluso el apoyo a los concejos municipales de juventud que buscaba el fortalecimiento de la participación política y procesos anticorrupción.

“En la región Pacífico hay varios procesos que se estaban llevando por fondos de Usaid, que iban precisamente al fortalecimiento de la participación ciudadana y de la transparencia, hay una cuenta anticorrupción bastante fuerte y una incidencia por ese lado. Pero también el financiamiento de organizaciones centrales que tienen esa capacidad de precisamente hacer seguimiento a temas de transparencia y corrupción a nivel nacional y a nivel también territorial, como son los medios”, agrega.

Menos oportunidades para los campesinos, la agricultura y la seguridad alimentaria

La cooperación de Estados Unidos también financiaba procesos de proyectos productivos en varias regiones. Según datos de ForeignAssistance.gov, el sitio web del gobierno americano sobre los datos de asistencia exterior, en 2024 la agricultura fue el tercer sector que más recibió cooperación de Usaid en Colombia: una inversión de 17.05 millones de dólares. 

En cambio, en 2023 la asistencia alimentaria fue la actividad en la que más invirtió Usaid, fueron 40 millones de dólares. “Muchas comunidades tenían procesos de proyectos productivos que les permitían dos cosas, por un lado satisfacer alimentos de pancoger, pero de otro lado también en algunas ocasiones les permitía a esas comunidades comercializar”, dice Ivonne Diaz

En el Cauca, por ejemplo, estaba el proyecto Finanzas para la Equidad que ofrecía acceso a servicios financieros para proyectos productivos. En coordinación con Finagro, Usaid buscaba la implementación de iniciativas que facilitaran la profundización financiera desde la oferta y demanda de crédito agropecuario y rural en los municipios PDET y corredores de intervención priorizados. 

¿Y ahora?

A pesar de la importancia de la inversión que ha tenido Usaid en Colombia, no todo ha sido color de rosa. Inicialmente su llegada a las regiones causó mucha desconfianza por su relación con el Plan Colombia y una de las críticas ha sido su mirada centralista: “Este tipo de programas de cooperación se acercaron a los territorios con ciertos sesgos centralistas. La forma de aplicarlos eran muy verticales y no tenían en cuenta en principio esas necesidades que las comunidades como tal tenían. Los intereses de este tipo de cooperación no siempre están alineados directamente con los intereses de las regiones y de los territorios”, comenta Ivonne Diaz.

Una de las reflexiones que plantea la salida de estos recursos, explica Natalia Escobar, es la falta de fortalecimiento de los procesos de gobernanza local que ya existen, y reducir la dependencia de los recursos externos. Así como tener en cuenta el contexto local que queda por fuera de la agenda internacional, como el conflicto armado interno y un proceso de negociación suspendido con el ELN:

“Esto nos pone de presente una pregunta, que sigue siendo una deuda vigente, y es ¿cómo fortalecemos los procesos de gobernanza ambiental que ya existen en los territorios?. Porque las demandas que existen no muchas veces están asociadas con la agenda del norte global, sino que hay una agenda propia con unos intereses de conservación muy particulares que no necesariamente tienen que ver con la deforestación, pero tienen que ver con otros aspectos internos como la protección del agua”.

Adicionalmente, plantea Alejandro Chala, la necesidad de fortalecer los procesos de cooperación en latinoamérica: “Esto pone de manifiesto la urgencia y la necesidad de que se planteen procesos reales de integración continental y que tengan como efecto precisamente la consolidación de procesos de cooperación sur-sur que funcionen precisamente por un lado para el fortalecimiento de capacidades territoriales dentro del continente, que también alivien situaciones humanitarias que se van a presentar en el futuro y que cubran precisamente todo ese hueco que la cooperación internacional está dejando atrás”.

La Universidad Tecnológica del Chocó–Diego Luis Córdoba hoy adeuda a la mayor parte de los profesores y administrativos el salario de los meses de octubre, noviembre, diciembre, el 25 por ciento de la prima de Navidad, la totalidad de la prima de vacaciones y los compromisos sindicales. La deuda, para casos como el de Leovigildo García Mosquera, llega a los 40 millones de pesos.

Leovigildo es profesor de planta adscrito a la Licenciatura en Ciencias Sociales. Está en la institución desde 2004 y ha dictado materias como Filosofía Política, Teoría del Estado y Competencias Ciudadanas. Hoy las llamadas de los bancos no paran y asegura que en los 21 años que lleva en la institución la situación nunca había sido tan grave.

“Uno tiene que sostener una familia, yo tengo dos hijas que viven en Cali y me toca colaborarles. Estoy estudiando en Bogotá y me ha tocado gestionar recursos para pagar una matrícula de casi 11 millones de pesos. Nos toca hacer gestiones para tratar de solventar esas vicisitudes y lo más complejo es que los bancos nos están llamando para decirnos que tenemos que pagar mora y a pesar de que los créditos son de libranza, la Universidad no responde por ello”, comenta.

El incumplimiento en los pagos ha sido uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo de las negociaciones en la asamblea. Docentes y administrativos aseguran que en diciembre de 2024, después de cinco meses de asamblea permanente, la administración de la Universidad se había comprometido a pagar por lo menos el mes de octubre y la totalidad de la prima de Navidad, pero esto no pasó. Desde ese momento las negociaciones del pliego de peticiones quedaron suspendidas.

“Dijeron que a los que estamos en la asamblea no se les podía pagar porque la ley establece que en condiciones normales al que no trabaja no se le paga, y con ese argumento supuestamente no le iban a pagar a algunos. Pero a los que efectivamente sí trabajaron tampoco se les ha pagado. Tengo compañeros celadores que estaban en asamblea pero prestaban sus turnos normales, y tampoco les han pagado”, dice Jose Eduar Espinoza Cuesta, quien se desempeña como técnico administrativo desde hace ocho años.

A Eduar le deben noviembre, diciembre y el 25 por ciento de la prima de Navidad. “Yo tengo cuatro hijos, tengo a mi señora, tengo a mi mamá, tengo personas bajo mi cargo y dependo del salario que devengo en la Universidad. Me toca acudir a familiares o a personas naturales que me prestan dinero. Ahora mismo estoy endeudado porque me ha tocado hacer de todo para sostener por lo menos lo principal, que es la alimentación. Son cosas que uno no sabe ni explicar, pero que son bastante complicadas”, agrega.

El Ministerio de Educación dió la orden a la Universidad para que realizaran el pago de los salarios efectivamente devengados desde el 20 de diciembre de 2024, y el 10 de enero envió un oficio pidiendo que en máximo cinco días enviara el registro de todo lo que había hecho para cumplir con la solicitud. Pero no ha cambiado nada. Incluso Leovigildo y otros funcionarios aseguran que hay corrupción en los pagos: “Solo aquellos que son amigos de la administración le pagaron la prima completa y el mes de octubre”.

En contraste, el rector encargado Fabio Asprilla asegura que el retraso ha sido por tema de trámites. “Tuvimos una situación muy compleja a fin de año y es que el tiempo no nos dio, porque todo se empezó a analizar a partir del entre el 20-22 (de diciembre). La fiducia nos permitía radicar el tema de los pagos hasta el 24 de diciembre y algunos archivos relacionados con el proceso de pago no se cargaron. Pero el pago de los docentes que en su momento fueron certificados con base en la medida y en la comunicación que nos hizo el Ministerio está autorizado pero dado que tuvimos plazo hasta el 24 de diciembre para enviar la información a la fiducia, eso no se no se materializó”.

¿Hay dinero para pagar?

Hoy nadie conoce a ciencia cierta la información financiera de la Utch. Ni siquiera la administración de la Universidad tiene claro cuánto suman sus deudas. La información se sabrá, según Asprilla, en tres meses:

“Ya se conformó una comisión de la misma institución para poder determinar a cuánto asciende la deuda, no solamente con nuestros funcionarios, sino también a terceros. Creeríamos que en unos tres meses la comisión podría entregarnos ese estudio al 100 por ciento”.

Por otra parte, la institución se enfrenta a un presunto desfalco de cerca de 38.000 millones derivados del Proyecto de Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria para el mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó “Proyecto Madera Chocó”. Las presuntas irregularidades en el proyecto son las que llevaron a la captura del ex rector David Emilio Mosquera el pasado 18 de noviembre.

Tampoco concuerdan las cifras financieras en los informes que se le entregó al Ministerio de Educación durante la visita de seguimiento preventivo realizada del 22 al 24 de abril de 2024. En los pasillos se habla de una crisis financiera que excede las capacidades de la institución.

“Hasta mediados del año pasado no se conocía que la Universidad estaba en una situación de déficit bastante alto, hasta que llegó una nueva rectora que intentó tomarla. Ahí nos dimos cuenta que la institución no estaba bien. Incluso a finales de 2023 estaba sobreviviendo con unos empréstitos bancarios para cubrir algunas obligaciones como la nómina, la prima”, puntualiza Eduar Espinoza.

Sin embargo, por ahora, la promesa es pagar los salarios y bonos de los funcionarios en un plazo de tres meses: “La propuesta de cronograma de pagos es para avanzar con lo que tiene que ver con octubre y noviembre en febrero. El pago del mes de diciembre está programado para marzo, al igual que las bonificaciones sindicales tanto de administrativos como de docentes. Y para el mes de abril están programados excedente de prima, prima de vacaciones de docentes y coordinaciones de docentes”, explica el rector.

Aunque este es el momento más crítico con el tema de los pagos, los retrasos no son nuevos. Desde hace varios años los funcionarios recibían su salario con 15 días de retraso. “Desde que David Mosquera llegó a la administración empezaron a pagarnos 15 días después de terminado el mes. Eso no se había vivido en la Universidad antes. Por ejemplo, septiembre me lo pagaron a finales de octubre y ya estaban las alarmas encendidas de que algo pasaba con el presupuesto aunque nos lo negaban siempre”, asegura Leovigildo García.

Varios funcionarios atribuyen esta situación a una presunta contratación innecesaria de personal, también le han asegurado a Consonante que hace parte de una estrategia para ganar las elecciones de la rectoría, las mismas que se aplazaron por la situación de anormalidad académica. “Nosotros alcanzamos a trabajar casi dos meses del semestre anterior y cuando ya había avanzado más de un mes, ahí hicieron el nombramiento de nuevos docentes porque se aproximaban las elecciones, sabiendo que la carga académica ya se había distribuido entre los profesores que cumplimos la labor en la institución”, explica García.

Hoy, según el rector, en la Universidad hay 520 docentes, 433 administrativos y 899 catedráticos. Un total de 1.852 funcionarios para trabajar con 14.416 estudiantes. Un aumento de 1.306 funcionarios en 10 años, que fue la última vez que la Universidad hizo pública esta información. En 2014 la Utch tenía 94 docentes de planta y 186 ocasionales, así como 266 administrativos de planta y contratados. Un total de 546 funcionarios.

Lo que sigue

Desde el 16 de enero los integrantes de la asamblea triestamentaria volvieron a sentarse con la administración de la Universidad para hablar sobre las condiciones para retomar la negociación del pliego de peticiones, pero aún falta mucho por definir. Esperan la firma del acta de compromisos para los pagos de los salarios y, ahora sí, empezar a discutir el pliego por el que originalmente empezó la asamblea en septiembre de 2024. La fecha de regreso a clases aún es incierta.

Por su parte, funcionarios como Leovigildo García le siguen pidiendo al Ministerio de Educación tomar el control de la Universidad: “En este momento tenemos consejeros que están esperando elegir rector, porque votar por un rector implica un bono de por lo menos 800 millones a 1.000 millones de pesos. Ahí ya empezamos con un problema porque la elección del rector se volvió un negocio, por eso el control lo debería tener el Ministerio por un tiempo”.

También recuerdan el compromiso de toda la comunidad universitaria: “yo siempre digo bueno, y después de que se acabe la Asamblea y la Universidad vuelva a la normalidad, ¿cuál es el compromiso de cada funcionario?, creo que ahí también va a haber una tarea importante por hacer”, propone Jose Eduar Espinoza.

Rodeada de ríos cristalinos, donde el agua se convierte en un lienzo vivo pintado de verdes y azules, vive Valdys Rentería. Aunque llegó a Guarato hace más de tres décadas, habla de este lugar con el mismo entusiasmo y asombro que los turistas. Conoce la singularidad de cada charco que forma el río y guarda todas sus historias. A sus 60 años es el corazón del esfuerzo colectivo en Guarato, un corregimiento de Tadó que está emergiendo como destino turístico gracias a la visión y dedicación de un grupo de ocho mujeres comprometidas con el turismo comunitario.

Valdys trabajó como auxiliar de enfermería, pero no pudo pensionarse debido a la inestabilidad de los contratos. Hoy hace del turismo comunitario una nueva oportunidad para salir adelante y aportar a su comunidad. “Todos nos beneficiamos,” dice la matrona: cada visitante que compra una botella de agua, una gaseosa o un plato típico está contribuyendo al sustento de varias familias.

El proyecto nació hace tres años, inspirado por un taller sobre turismo comunitario que la alcaldía llevó a Tadó. La formación motivó a un grupo de mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia, a buscar una alternativa sostenible para aprovechar las maravillas naturales que las rodean. “Cuando los turistas empezaron a preguntar por lo que teníamos aquí, decidimos organizarnos", agrega. 

El primer charco que se encuentra en Guarato, y el más conocido, es “el charco del amor”. Antes se llamaba “Guineo”, pero desde que se convirtió en un lugar de encuentro se cambió el nombre. “Hubo muchas parejas que se conocieron ahí y se enamoraron, se casaron. El río es muy bueno para eso”, cuenta entre risas.

El plan, además de ofrecer la caminata por el río, incluye la comida. Todo lo que llega a la mesa proviene de sus manos: las mujeres cultivan cilantro, poleo, orégano y albahaca en sus propias huertas, y crían pollos y cerdos de manera tradicional. Entre los platos se destacan el pescado, el pollo criollo, el arroz atollado, el sancocho y la sopa de queso. “Nosotros hacemos todo con lo que tenemos aquí, natural y sin químicos", explica.

Para ellas, el turismo comunitario no solo es una forma de ingreso, sino también una manera de dar a conocer su corregimiento. “El país ni sabe dónde queda Guarato", lamenta. Sin embargo, confía en su propuesta: “Cuando alguien viene, no solo ve paisajes hermosos, también se lleva una experiencia única". Además, es una prueba del compromiso de su comunidad con la sostenibilidad y la conservación de su entorno: “Aquí mostramos cómo vivimos, cómo cultivamos la tierra, cómo cuidamos el medio ambiente”.

Por ahora, el grupo recibe a los visitantes en sus casas, pero su propósito es tener una caseta comunal para que todos se sientan cómodos. Además, piden apoyo a la alcaldía para organizar los senderos ecológicos que ellas mismas han abierto.

¿Cómo llegar?

San José de Tadó queda a una hora y media de Quibdó. Desde el parque Rey Barule, en el centro de Tadó, se puede tomar una mototaxi o un bus que salga hacia la vía nacional, pasando por Pueblo viejo (antiguo Tadó), El Tapón, Santa Bárbara, Yerecüy, Corcovado, Angostura, Playa de Oro, Bochoromá, La Boca de Brubata, El Tabor, Mumbú, y Gingarabá. El recorrido dura aproximadamente 35 minutos.

Valdys extiende una invitación a quienes deseen vivir una experiencia diferente. “Vengan a Guarato. Les prometo que se irán enamorados. Y si vienen una vez, seguro querrán volver”.

En las cuatro iglesias de Tadó la novena se reza a las cinco de la mañana y a las cuatro de la tarde, mientras que en las casas se vive de noche, después de las siete, cuando los vecinos se juntan para compartir la alegría.

Cada Espacio tiene su toque único: desde la devoción en la iglesia, hasta el calor humano de las casas o la chispa juvenil de la Novenitón. ¡Prepárense para escuchar cómo se vive esta tradición que une a toda la comunidad tadoseña!

Los 14.416 estudiantes de la universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba solamente recibieron clases un semestre este año. El 2024 inició con una asamblea permanente y terminará de la misma forma en medio de problemas financieros, administrativos y de calidad educativa. En el segundo semestre del año, la sede de Quibdó estuvo activa brindando clases durante un poco menos de un mes.

La crisis escaló hace dos semanas cuando un grupo de encapuchados incendió las oficinas de la vicerrectoría administrativa y financiera. Este hecho ocurrió luego de que Mosquera Valencia fuera capturado por estar presuntamente involucrado en un caso de corrupción y con una marcada opacidad del uso de los recursos en su administración.

El ataque causó daños significativos en equipos y documentos clave sobre la gestión económica de la institución, lo que profundiza la incertidumbre sobre el manejo de los recursos y la polarización en la comunidad educativa. Hoy la universidad se encuentra paralizada, y los estudiantes y docentes que integran la asamblea permanente denuncian amenazas e intimidaciones por parte de actores desconocidos.

La Utch es la única universidad pública del Chocó, la única con sede física en el departamento y la que recibe más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior del territorio. En medio de este panorama sigue siendo una de las cinco instituciones de educación superior con el menor promedio en las Pruebas Saber Pro 2023 de todo el país. 

Aunque la comunidad universitaria le exige acciones contundentes al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas, desde la cartera aseguran estar “maniatados”. Hoy las únicas acciones que están implementando son las “medidas de prevención” designadas desde el 6 de octubre de 2023. Mientras tanto, docentes, estudiantes y administrativos piden estudiar con dignidad.

La situación financiera y administrativa es crítica

La institución se enfrenta, entre otras cosas, a un presunto desfalco de cerca de 38.000 millones derivados del Proyecto de Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria para el mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó “Proyecto Madera Chocó”. Las presuntas irregularidades en el proyecto, que fue financiado con 15.500 millones de pesos provenientes de regalías, son las que llevaron a la captura del exrector Mosquera el pasado 18 de noviembre.

A esto se suman varios hallazgos del Ministerio de Educación durante las visitas de seguimiento preventivo después de la medida dictada en 2023; entre ellos que no recibieron evidencia sobre el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de varios contratos, “motivo por el cual no existe certeza de su ejecución”. Así como informes de actividades sin evidencia de su cumplimiento y pagos a contratistas como auxilios o bonificaciones por visitas de campo, sin su debida justificación. 

Adicionalmente, no hay concordancia en las cifras financieras de la institución. “Se repite en el periodo de diciembre lo enunciado en la primera conclusión financiera de corte septiembre en el sentido que la universidad presenta cambios importantes en los reportes de información contable evidenciando variaciones significativas en el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos”, dice el informe de visita de seguimiento preventivo realizada por el Ministerio del 22 al 24 de abril de 2024.

Consonante consultó al rector (e) Asprilla sobre la situación financiera de la universidad, pero aseguró que no podía dar información al respecto: “Frente a ese tema no me quiero pronunciar porque precisamente es un tema que estamos hoy socializando con la asamblea triestamentaria, y uno de los acuerdos es que no habrá un pronunciamiento de esos procesos, sino de manera concertada”.

Mientras tanto, estudiantes y administrativos denuncian que los recursos de bienestar universitario no se ven reflejados dentro de la institución: “Los recursos para los estudiantes no existen. La universidad en diciembre del año pasado dijo que a los estudiantes se les entregó unos bonos navideños, unos morrales personalizados, lapiceros y agendas de la universidad, y la Contraloría dijo que cuando iniciaron a llamar a las personas que la universidad tenía en los listados, manifestaron no haber recibido nada. Eso da a entender que los recursos de bienestar universitario no están llegando a los estudiantes. Hay una presunta corrupción al interior de la universidad”, dice Wilmer Serna, líder estudiantil e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –Aceu–.

La situación tiene a algunos funcionarios sin recibir sueldo desde agosto. “El pago de agosto lo hicieron a mediados de septiembre y solo a algunos funcionarios, otros tuvieron que hacer reclamaciones a través de derechos de petición para que les terminaran de pagar. En septiembre se presentó exactamente lo mismo. Tampoco se nos ha pagado el sueldo de octubre y noviembre. Hoy estamos llegando a mediados de diciembre y no se sabe nada sobre el pago del salario y tenemos hasta en duda el pago de la prima”, dice Raúl García Mosquera, empleado de carrera de la universidad y representante legal de la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Chocó.

García cuenta que el problema con los pagos no es nuevo. En diciembre de 2023 la universidad entró en asamblea permanente por el mismo tema, con el agravante de que también había retrasos en el pago de la seguridad social y las EPS dejaron de prestar el servicio a muchos funcionarios.

En 2023, a través de la negociación colectiva, se había acordado que a los docentes de cátedra se les debía pagar cada dos meses, pero la universidad tampoco cumplió con eso y los profesores recibían su sueldo más de seis meses después. Además, la universidad no les pagó seguridad social argumentando que no eran empleados públicos ni trabajadores oficiales y su vinculación a la entidad se realizaba mediante contrato de prestación de servicios.

También se evidenció que la administración incumplió los acuerdos colectivos 2016 a 2019 y 2020 a 2023 y que desde el año 2018 no se han transferido recursos al Fondo de Bienestar Profesoral. 

“No estamos pidiendo otra cosa sino dignidad para estudiar” 

Estudiantes y administrativos se unieron en un solo pliego de peticiones para presentar ante el rector. Entre los puntos más importantes está la seguridad dentro de la universidad, pues aseguran que cualquier persona puede entrar y no tienen un carnet que los identifique. También denuncian que no tienen restaurante estudiantil, ni enfermería, a pesar de que fue un compromiso que había hecho el exrector Mosquera.

“Uno ingresa en el primer semestre y cuando usted va por el carnet le dicen “la máquina, está mala”, y por allá en octavo semestre, cuando la máquina está buena, le dicen “no hay material” y así lo llevan a uno todos los semestres. Y peor que no le entregan a uno tampoco el carnet de seguro estudiantil, no sabemos si tenemos seguro dentro de la universidad”, dice Serna.

Otra preocupación son las condiciones en las que reciben las clases los estudiantes de la subregión del San Juan, y solicitan la construcción de la sede. Así como un estudio socioeconómico de los estudiantes que permita crear mecanismos de prevención de la deserción escolar. Según el informe del Ministerio de Educación, la Utch certificó que en 2023-1 y 2023-2 se presentaron 2.705 deserciones.

Desde el lado de los funcionarios, organizados en la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Chocó, piden garantías para la sostenibilidad y permanencia de la universidad.

“Estamos hablando de que se organice un plan para que la universidad se ponga al día con todas las deudas para que de una u otra forma pueda garantizarnos a futuro la estabilidad”, explica Raúl García. También proponen un estudio técnico que identifique cuál es la necesidad real de funcionarios y docentes “con ese tema de las cuotas burocráticas la universidad se desbordó, pasamos de tener 84 funcionarios de contrato hace siete años a tener hoy casi 300. Entonces lo que estamos diciendo es que revisemos las necesidades reales y con base en eso tomamos decisiones de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley”, agrega.

También solicitan el pago de los salarios y aportes a los profesores de cátedra, el cumplimiento a los compromisos pactados en enero durante la negociación colectiva para el período 2024-2026 con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Sintraunicol Subdirectiva Quibdó, Sintrautch, Asemntra-Utch, Sintraunal Subdirectiva Chocó, y la administración de la universidad. Y el regreso a la normalidad académica.

El rector (e) Fabio Asprilla asegura que actualmente están en conversaciones para empezar una eventual negociación con la asamblea. “Yo no quiero tampoco entrar en esa tónica de del espejo retrovisor, yo creo que hoy los que nos toca es pararnos en el presente y proyectar el futuro sin desconocer, lógicamente, que si no tomamos las medidas necesarias en estos momentos, pues las consecuencias serían peor a futuro”, dice Asprilla.

El enredo para designar un nuevo rector

La Utch ha tenido tres rectores en seis meses. La exministra de Educación, Aurora Vergara, destituyó a David Mosquera el 6 de julio y nombró como rectora encargada a Vanessa Sánchez. Sin embargo, en un proceso que algunos estudiantes y administrativos llamaron “amañado”, Yeferson Romaña Tello, Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, ordenó el reintegro de Mosquera; quien terminó su periodo el 18 de noviembre.

“Este es un juez (Romaña) que en diversas ocasiones, bajo sus providencias judiciales, ha venido haciendo fallos cuestionables”, dice el estudiante Wilmer Serna. Hoy el juez Romaña está en un lío judicial con la Agencia Nacional de Minería (ANM) por, presuntamente, haber tomado una decisión contraria a la ley al pedir el embargo de más de $370.000 millones que, según la entidad, pertenecen al Sistema General de Regalías (SGR), que son dineros públicos que le llegan a la Nación y que son fondos constitucionalmente inembargables.

Hoy Fabio Asprilla, quien fungía como vicerrector académico, es el rector encargado. Y por ahora, aunque integrantes de la asamblea permanente piden un “verdadero cambio de administración”, por la situación de anormalidad académica el periodo de Asprilla es indefinido. 

“El estatuto si contempla un mes (del periodo de rector encargado), tiempo que se le da al Consejo Superior para que pueda hacer el proceso de elección en tiempos normales, pero en estas condiciones, mi resolución dice a partir del 22 de noviembre y va hasta que se surta el proceso de elección de esos consejeros”, explica Asprilla. 

Las elecciones se iban a realizar el 4 y 10 de noviembre, sin embargo, la comunidad universitaria alegó que no había garantías para realizar el proceso. Aunque no está definido, lo más probable es que las elecciones se hagan finalmente en 2025.

“Alrededor de 10 candidatos solicitaron la suspensión de las elecciones del Consejo Superior, eran unas elecciones virtuales que no ofrecían un mínimo de garantías, no había un software responsable y tampoco había una auditoría externa que pudiera de alguna manera garantizar la transparencia de las elecciones. Diversos peritos que fueron contratados por la triestamentaria y por los profesores, ratificaron que hubo manipulación en las elecciones pasadas virtuales en las que se escogió al consejo superior, no podía pasar lo mismo”, agrega Serna. 

La administración de Mosquera amplió el período de los Consejeros de 3 años a 4 años, al igual que el período del Rector. Un tema que según el Ministerio “infringe la normatividad constitucional y el precedente jurisprudencial”. Hoy hay tres integrantes del Consejo Superior a los que se les venció el periodo.

Algunos estudiantes y administrativos presentes en la asamblea le solicitan al Ministerio de Educación que tome medidas “drásticas” y elija a un nuevo rector encargado. "Estamos pidiendo que ayude a un proceso de transición armónica porque está muy polarizada la Universidad y que pueda regresar Vanessa o el que sea, pero que el Ministerio lo designe”, comenta Raúl García Mosquera. Además, han alegado que la orden del juez Romaña Tello ya no tiene validez, pues en el fallo dice que la medida iba hasta que terminara el periodo de Mosquera. 

“En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, debe retirar de manera urgente e inmediata todas las barreras administrativas que pudieran impedir el regreso del demandante al cargo de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, hasta cuando se adopte una decisión definitiva en este asunto, o hasta cuando termine el periodo para el que fue elegido el actor, lo que ocurra primero”

Sin embargo, desde el Ministerio aseguran que no pueden hacer nada hasta tener una respuesta del juzgado: “Las competencias de inspección y vigilancia son facultades regladas en la Ley 1740 de 2014, y como servidores públicos sólo se puede hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, en ese sentido, y hasta tanto no se decida el recurso de apelación interpuesto por este Ministerio frente a la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que dejó sin efectos la medida de reemplazo de directivos, debemos ser respetuosos de las órdenes judiciales y de las etapas de los procesos que deben surtirse, en ese sentido, de momento nombrar un rector encargado no es una alternativa jurídicamente viable”.

Para llegar al colegio, Cristina Isabel Mendoza Urrutia debía memorizar las cuadras por cómo se sentían al tacto. Al inicio su hermana le enseñó el camino, hasta que ella aprendió a identificar los bordillos y a guiarse pegada a los andenes por los que sí podía pasar. Usando su bastón plegable identificaba las peculiaridades de las calles que le decían si le faltaban dos o tres cuadras para llegar al Infotep.

Cristina tiene ceguera irreversible desde los 11 años y reconoce que San Juan del Cesar es un pueblo poco accesible para personas con discapacidad. Este también es el caso de José Daza, quien es usuario de silla de ruedas desde hace siete años. Para ellos salir a la calle es un desafío: no pueden bajar o subir andenes solos porque son muy altos, no hay rampas adecuadas, no hay control de tráfico, el espacio peatonal es casi nulo y no existen señalizaciones para personas con discapacidad visual.

José tiene 51 años, tuvo un accidente automovilístico hace siete años . Hoy depende de la ayuda de sus hermanas, algo que todavía le incomoda. A veces, cuenta, le gustaría dar una vuelta solo por el barrio, pero su condición y las características del municipio no se lo permiten. Siempre debe salir acompañado.

En San Juan del Cesar no está claro cuántas personas tienen discapacidad. Según el censo del Dane de 2018, había 3.754 personas con discapacidad. Sin embargo, en 2019, la Unidad Generadora de Datos del municipio reportó solo 1.083 personas. Esta cifra aumentó a 2.085 en 2022, según el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, pero según la alcaldía actual hoy solo hay 1.622 personas certificadas en el municipio. Esta discrepancia en las cifras es solamente el inicio de los obstáculos que dificultan el acceso a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.

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La situación inicia con las barreras educativas. Según datos del Plan de desarrollo en el municipio hay 128 niños y niñas con discapacidad atendidos en el sistema educativo, pero es un dato de 2017. Tener ese tipo de registros desactualizados habla de la desatención a la población y de las limitaciones que tienen para acceder a derechos. Por ejemplo, los y las estudiantes con discapacidad auditiva de San Juan del Cesar empiezan sus clases más de un mes después que el resto de los niños cada año, por la demora en la contratación de intérpretes de lengua de señas en los colegios.

Situaciones similares se repiten a lo largo del país, según explica Natalia Moreno Rodríguez ‘Bubulina’, activista por los derechos de las personas con discapacidad desde hace más de 15 años. Una de las solicitudes más prioritarias es la verdadera inclusión de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo regular: "Ya han empezado a ingresar a los colegios regulares con apoyos, sin embargo, si vamos a ver en otros s territorios todavía se sigue limitando el acceso a niños, niñas y adolescentes con discapacidad a las escuelas regulares, en especial a las privadas”.

A esto se suma la falta de recursos. Según Leonardo Gamez Egurrola, enlace de discapacidad de San Juan del Cesar, el rubro general para personas con discapacidad llamado “programas de atención a la población en situación de discapacidad”, fue solamente de 21 millones de pesos el año pasado.

A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Consonante habló con Cristina Mendoza y José Díaz sobre los retos que enfrentan día a día en un lugar que está poco preparado para personas como ellos.

Consonante.: ¿Cuáles son las mayores barreras o dificultades que debe enfrentar en cuanto a la movilidad al salir de su casa?

Cristina Isabel Mendoza: Aquí no hay accesibilidad peatonal, no hay señalizaciones en braille que nos digan dónde nos encontramos, no nos dan seguridad. Siempre hay personas que no tienen en cuenta el desplazamiento de las personas con discapacidad y nos colocan muchos obstáculos en el camino y en los andenes: los carros, las motos, las carretillas, entonces se nos dificulta bastante la movilidad.

José Daza: El transporte es lo más difícil, porque dependo de alguien que me pueda colaborar para llevarme en carro. En silla de ruedas no es fácil ir lejos. Y no todo el tiempo alguien está disponible para acompañarme, incluso a veces pierdo las citas médicas porque vivo con dos hermanas, una trabaja y la otra es sordomuda, también tiene una discapacidad.

Además en muchos lugares no hay rampas para ingresar la silla de ruedas. O si hay un segundo piso, y no hay ascensor, me tienen que cargar entre dos o tres personas, y eso es difícil.

C.: ¿Cómo hace para su manutención? ¿ Es posible para la población con discapacidad conseguir empleo en San Juan del Cesar?

C.I.M.: Yo actualmente estoy desempleada, pero vivo con mi madre y mis hermanos, dependo de ellos y de la misericordia de Dios.

Los empleos para personas con discapacidad se escuchan en otros departamentos y en el centro del país, pero aquí en San Juan se le da más importancia a las personas que no tienen discapacidad. Creo que es necesario más apoyo para las personas con discapacidad visual, que tengan en cuenta a la hora del empleo los ajustes razonables.

J.D.: Yo no trabajo, dependo de mi hermana. Y no tengo conocimiento de personas con discapacidad que trabajen aquí en el municipio, no nos tienen en cuenta para nada. Siento que no nos ven capaces de desempeñarnos, creen que no funcionamos en cualquier campo laboral por el estado en el que nos encontramos.

C.: ¿Qué cree que hace falta en San Juan del Cesar para que sea un municipio más accesible para la población con discapacidad?

C.I.M.: Los andenes deberían tener braille, tener relieve, para que los podamos tocar con el bastón y podamos desplazarnos con mayor facilidad. También deberíamos tener semáforos sonoros, para las personas con discapacidad visual, ya que nosotros somos más auditivos. Así como están en las grandes ciudades, también tendrían que llegar a nuestro pueblo esos avances en las señalizaciones de tránsito.

J.D.: Que nos tengan más en cuenta a las personas que estamos en esta situación. Por lo menos yo no tengo ninguna ayuda de ninguna entidad, y sería bueno una fundación, por ejemplo, en la que uno se afilie y ellos vean por uno. Que al menos tengan un transporte y que cualquier persona que lo necesite se pueda comunicar y le ayuden.

Además, se necesitan ascensores, rampas, baños adecuados para personas con discapacidad. Porque no es solamente poner puertas anchas, porque puede tener la puerta ancha pero adentro son muy incómodos. Todas las facilidades que requiere una persona en ese estado.

C.: ¿Cómo considera que se pueden disminuir las brechas de desigualdad que existen con la población con discapacidad?

C.I.M.: Haciendo campañas de sensibilización a la sociedad, y capacitarlos en cómo debería ser el trato a las personas con discapacidad. Concientizar a la gente de que somos personas capacitadas, que al igual que las demás que no tienen discapacidad podemos ser útiles a la sociedad. Las barreras están en la mente de las personas que nos ponen los límites.

J.D.: Todo depende del gobierno municipal, que es el que tiene que trabajar más por las personas con discapacidad. Buscar la forma de brindar ayuda para que las personas puedan ocuparse en su campo de trabajo.

Alguna vez se ha preguntado ¿Cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones?, y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?

Pues en la tierra de cantores, al sur de La Guajira, la Navidad sabe a gallina guisada y huele a la unión de vecinos en “La casa más dulce”. En esta entrega del Especial de navidad de Consonante le invitamos a conocer la historia y el espíritu que hacen de estas costumbres en Fonseca, un legado vivo.

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“Queremos que nos dejen respirar”, es la consigna de Jazmín Romero Epiayú, activista wayúu conservacionista e integrante del colectivo Guardianas del viento. La frase, además de invocar a Jouktai, el dios del viento y el oxígeno, es una solicitud de tranquilidad para el pueblo wayúu, que hoy está en el epicentro de la transición energética. “Que respiremos, pero entre los mismos wayúu, sin intermediación del gobierno. Este pueblo está tan institucionalizado que ya está desbordado”, agrega.

Jazmin es una de las lideresas que se ha puesto en el medio de la discusión con la llegada de los proyectos energéticos al territorio. Hoy en La Guajira se tienen proyectados 57 proyectos eólicos tanto en la tierra como en el mar, estos tendrían 2833 aerogeneradores y ocuparían 52 mil hectáreas. La mayoría están pensados para construirse en territorio colectivo: en el Resguardo Indígena Ampliado de la Alta y Media Guajira, reconocido legalmente por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), con una extensión total de 1.071.180 hectáreas. 

Según datos de Indepaz estos 57 proyectos provienen de 17 casas matrices, es decir, la compañía principal de la que se desprenden otras empresas, originarias de España. Canadá, Francia, Irlanda, Estados Unidos, Italia, Holanda, Portugal, Brasil y Alemania. Por parte de Colombia hay cuatro empresas con 17 posibles parques: EPM, Argos, Colgeólica y Gualica S.A.S.

La transición energética ha sido un tema central en la agenda del Gobierno Petro y en la COP16 que se termina hoy. El Gobierno colombiano llegó a la conferencia con un ambicioso portafolio de inversión de $160 billones para buscar “la protección del medio ambiente y la descarbonización de la economía”. Más de la mitad de esa inversión (81 millones de pesos) serían destinados al proceso de “Transición energética justa”, con un enfoque en la diversificación de la matriz energética hacia fuentes limpias, con proyectos que incluyen comunidades energéticas, movilidad eléctrica, y el desarrollo de infraestructuras para energías renovables como la eólica costa afuera, es decir, en el mar.

Ese no es el único esfuerzo que ha hecho el gobierno. Mientras la COP se estaba dando en Cali, el 24 de octubre, en la Casa de Nariño, el presidente Petro se reunió con Grupo ENEL, la compañía detrás de los parques solares más grandes del país, y confirmó que invertirá dos billones de euros en el marco de la transición energética.

En contraste, varios sectores del pueblo wayúu, académicos y fundaciones de derechos humanos han venido denunciando el atropello a las comunidades indígenas en medio de este proceso que parece acelerarse: “El potencial eólico en este departamento ha sido promovido sin tomar en consideración de manera responsable al pueblo wayúu, lo que por supuesto ha generado conflictos y retrasos o interrupciones indefinidas para la puesta en marcha de los proyectos y de las líneas de transmisión”, explica Joanna Barney, gerente general de Indepaz y directora del área de ambiente, energía y comunidades, en su libro Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayúu.

Un pueblo dividido

“Hoy se están matando los indígenas entre familias y vecinos por un supuesto desarrollo que no es provechoso para ellos”, dicen abiertamente desde el Consejo Superior de Palabreros, una instancia de resolución de conflictos de las autoridades wayuú. De las 57 intenciones de proyectos eólicos mapeados por Indepaz, por lo menos 37 han presentado algún conflicto socioambiental dentro de las comunidades del área de intervención. 

Según un informe del encuentro de palabreros con delegados del Ministerio de Minas, que se llevó a cabo en Riohacha del 18 al 22 de octubre, la llegada de los proyectos ha desatado una “guerra por el viento”. “Los indígenas wayúu en estos momentos pasan por el peor momento de las guerras interclaniles y desconocimiento de su akuaipa (valores)– su sistema normativo y de principios culturales– a raíz de esos proyectos, en los cuales utilizan a palabreros y profesionales sociales para que los acompañen, pero para decir o repetir lo que ellos quieren que digan, sin importar que va en contra de sus derechos”, dice Anibal Mercado, director del Consejo.

“Es un problema que viene desde la Constitución del 91, cuando a estas comunidades les empezaron a entregar recursos. Para poder darles esas regalías les pidieron hacer un registro y esos son los líderes tradicionales, los que tienen un documento que los amerita para recibir esas transferencias. Pero el problema empieza cuando el Ministerio cree que es con esas certificaciones que se hacen las consultas previas y guía a las empresas a hacer las consultas de esa manera. Pero esos líderes tradicionales no son líderes ancestrales, que son quienes realmente toman las decisiones”, comenta Joanna Barney.

A esto se suma que los territorios ancestrales son extensos, los líderes ancestrales normalmente no son personas políticas y muchos no hablan español. Además, un solo líder no puede tomar decisiones por otro territorio que no sea el suyo. Esta situación ha desencadenado una ola de conflictos y desarmonías en las que se ven involucradas las autoridades tradicionales y las ancestrales. Una situación que también se agudiza con el retorno de los wayúu que vivían en Venezuela.

Algunos incluso aseguran que en el medio hay malas intenciones de los gobiernos locales: “Nosotros venimos diciendo que todos estos grandes tropiezos y todos estos problemas nacen de una sola línea: de las administraciones municipales, que son quienes de manera irresponsable han venido posicionando autoridades ilegítimas, que no son del territorio y ese es el aval que ellos requieren para poder avanzar en los proyectos”, agrega Mercado.

Otro de los problemas es el proceso de consulta previa. Jazmín Romero Epiayú, asegura que contrario al proceso de consulta, lo que realmente hacen las empresas es comprar las decisiones: “Lo que nosotros encontramos son unos procesos de negociación y esos procesos de negociación los surten a través de prebendas, lo hacen como intercambio de regalar alambres, tanques, tejas o lanchas a cambio de la decisión de una autoridad. Eso no se puede interpretar como un proceso de consentimiento”.

Según una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo entregada por los wayúu ancestrales impactados por parques eólicos al Ministerio de Minas y Energía el 28 de diciembre de 2022 en el Cabo de la Vela, en muchos casos no se ha hecho una verdadera capacitación de los impactos de los proyectos en el marco de la transición, no recibieron los estudios de impacto ambiental en wayuunaiki (la lengua wayúu), ni se les permitió relacionarlos con expertos. “En algunos casos, las empresas nos desalentaron a recibir asesoría externa y nos recalcaban: “esto es mejor que lo acordemos entre la empresa y la comunidad; las asesorías externas traen retrasos y complican todo”, dice 

Adicionalmente, manifiestan no estar de acuerdo con que sean las mismas empresas las encargadas de hacer los estudios de impacto ambiental en las comunidades: “Sabemos, ahora, que esas empresas que deben definir dichos impactos son pagadas por las mismas empresas y nunca dirán el riesgo real que corremos nosotros o nuestro medio ambiente. El estudio de impacto ambiental no debe ser realizado por las empresas. Debe buscarse a entidades independientes, académicas, externas, científicas pagadas por el gobierno”, consigna el documento.

Los procesos de “compensación” por el impacto ambiental también han traído división. “Las compensaciones se dan, según las consultas previas que se conocen, en proyectos productivos, o con  la prestación del servicio de agua y otros servicios básicos insatisfechos. En ninguno de los proyectos conocidos por Indepaz se habla de la entrega de dinero en efectivo, pero las comunidades afirman, algunas con pruebas, que las empresas otorgan dinero de manera directa a algunas comunidades para que levanten los paros. Es difícil no percibir que estas situaciones implican una relación delicada entre las comunidades y las empresas, de tal manera que ningún negocio se podría mantener en esa inestabilidad, con el peligro de que también se estigmatice a las comunidades”, explica Barney en su libro Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayúu.

El impacto ambiental y el daño a Jouktai 

Jouktai es el dios del viento y la respiración y es quien da el oxígeno, cuenta Jazmin Romero Epiayú. El viento, además, es sinónimo de abundancia y es un indicador del calendario propio wayúu, cualquier afectación a él implica un desequilibrio de toda la biodiversidad y la vida espiritual. “Sin ese viento ese calendario propio no va a funcionar. La espiritualidad no va a funcionar, porque el viento se comunica con nosotros de distintas formas. La interpretación espiritual es supremamente vital para el equilibrio de una cultura, porque tiene sí o sí una conexión con todo: la tierra, el mar y todas las especies que conviven en nuestro territorio”, asegura la lideresa. 

Jazmin, además, dice que hay un impacto diferenciado para las mujeres que no se está teniendo en cuenta: “Es un modelo de política neoliberal, patriarcal. Es un modelo bastante tenso para nosotras, porque en su mayoría las que estamos resistiendo son las voces de las mujeres”.

Otra afectación es el cambio en las rutas de migración de las aves y los murciélagos. “Donde se están construyendo los parques eólicos son, en muchos casos, precisamente en las rutas de migración de los flamencos, por ejemplo. Pero con un licenciamiento ambiental hecho en un par de meses no tienes la suficiente información para saber cuáles son los impactos y que actos de mitigación se deben hacer”, comenta Alejandro Gómez, integrante del grupo Aktion Guajira, un colectivo que trabaja en torno al diálogo por la diversificación productiva de la Guajira.

En el libro de Joanna Barney se identifica, además, la pérdida de flora: “En ninguna de las licencias estudiadas se lee haber contemplado la pérdida de flora a causa de que se ahuyenta la fauna voladora (aves y murciélagos) que la poliniza. Además, ambas entidades (Anla y Corpoguajira), se limitan a sugerir metodologías para evitar la colisión de esta fauna con las antenas y los aerogeneradores”. Esto al final afecta también de manera grave a la ganadería de ovejas y chivos, fuente principal del comercio wayúu y una extensión de su familia no humana.

Además de las afectaciones de estos parques en tierra, los parques offshore o marítimos, generan otros problemas; entre esos, la disminución de la pesca artesanal y afectaciones al turismo: “Una empresa española llamada BlueFloat tenía la intención de poner un parque eólico en nuestra costa, a menos de 3 kilómetros de la orilla, bordeando la zona de pastos marinos. Dicho parque tiene planeada la instalación de 55 torres eólicas de 261 metros de altura cada una. Nosotros como comunidad hicimos el recorrido y comprendimos que el área del parque abarca toda nuestra zona de pesca artesanal. También comprendimos que el paisaje se vería terriblemente afectado pues ese tamaño de torres en, prácticamente, nuestras playas afectaría el turismo que viene en búsqueda de nuestros originarios paisajes”, resalta el documento entregado por las autoridades ancestrales para el PND.

¿Y la verdadera transición energética justa?

Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el gobierno prometió una “transición energética acelerada”, que aunque preocupa a varios sectores, va todavía a paso lento. Según un estudio de Ser Colombia, Asociación Energías Renovables publicado en 2023, solamente se ha avanzado un 35 por ciento de los 78 proyectos solares y dos eólicos que debían entrar en operación entre el 2023 y 2024. El otro 65 por ciento tiene retrasos por trámites pendientes ante distintas autoridades o han enfrentado conflictos socioambientales, especialmente en La Guajira.

En medio de este panorama una de las propuestas más sonadas del gobierno fue la de convertir a las comunidades indígenas en “co-administradores” de estos parques eólicos. Sin embargo, la figura no está clara y no se sabe cuál es la verdadera ganancia para los wayúu. “De co-administrador no se puede hablar, sería co-propietaria. Porque si a usted le van a usar una parte de su territorio y no le están reconociendo ningún derecho, y no le están protegiendo su diversidad cultural, pues entonces eso va mal, pero si se hacen con los protocolos establecidos y como se ha recomendado, pues ya las cosas cambiarían”, propone Aníbal Mercado.

Inclusive varias comunidades ya han denunciado que los acuerdos económicos actuales, pactados con las empresas carecen de sentido: “Se nos está prometiendo recursos usados solo por medio de proyectos productivos que debemos solicitar a la empresa. Se nos habla de sociedad, pero no sabemos los valores del negocio y solo se nos promete una participación “si no hay paros”, pues, en caso de haberlos, no se nos podrá cumplir con los acuerdos”, dicen las autoridades ancestrales.

Dentro de la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo de los wayúu ancestrales impactados por parques eólicos, las comunidades entregaron, entre otras cosas, varias recomendaciones al Gobierno Nacional para los procesos que se van a desarrollar. La solicitud principal es que se parta de la construcción de un protocolo autónomo por cada territorio, donde deberá estar plasmado el relacionamiento de los clanes asentados, los sitios sagrados, los espacios de pastoreo, los jueyes, ojos de agua, cementerios o íies, o cualquier otro sitio de significada trascendencia territorial, en los que se incluye el viento, las corrientes de juyá (lluvia); kai (sol) que define y marca el tiempo y los puntos cardenales en el territorio, que guían y dan orientación al tiempo y espacio. Y a kashi (luna) que define los tiempos de la visita del padre juyá a derramar el semen para la procreación de la madre tierra.

“Las características de la cosmovisión wayúu están marcadas por la espiritualidad con la naturaleza, la importancia de la familia en su concepción social, la creencia de lo sobrenatural y la tradición oral. Para el diseño de estrategias de innovación social es necesario incluir los saberes culturales de la comunidad indígena ya que permite crear alternativas para la solución de los problemas y la creación de un buen relacionamiento social entre los actores sociales participantes en el proyecto energético”, dice el documento.

Los palabreros son enfáticos en que el Akuaipa (las normas de la comunidad), es un sistema oral y la carga de su grabación, entendimiento y estudio debe ser una función del Estado: “No son los wayúu los que deben explicar su sistema a los funcionarios estatales, sino que es el Estado el que debe formar a sus funcionarios en tal pluralismo jurídico”.

Por otro lado, lideresas como Jazmín, se oponen a la llegada de este tipo de proyectos al territorio: “¿A quién estamos favoreciendo nosotros?, porque la transición energética no es una transición justa para el pueblo wayúu. Nunca nos dijeron “sí, los vamos a dejar soañar para que piensen en un proyecto”.  A mí me han preguntado: ¿qué quieres tú?, pero no soy yo, hay que preguntarle a los sueños qué es lo que quieren mis ancestros para este pueblo, si están de acuerdo en que se hagan 57 parques para acabar con la espiritualidad, a ver qué nos van a decir”.

Mabel Vega tenía 10 años cuando deshilachaba el chinchorro de fique de su papá y usaba las hebras para intentar replicar los tejidos de su mamá, una indígena del pueblo wiwa que se dedicaba a fabricar y vender todo tipo de artículos en ese material. Hoy, a sus 73 años, recuerda cómo ese empeño por aprender a sacar, pintar, trenzar e hilar fique fue la puerta de entrada para fundar ‘Asoplacer’, una asociación de mujeres wiwa cabeza de hogar que trabaja  el fique para tener ingresos económicos conservando la naturaleza y conectando con sus tradiciones. 

‘Asoplacer’ lleva más de cuatro décadas en pie. Ese trabajo sostenido de Vega hizo que su negocio fuera uno de los 600 que tienen un espacio en el marco del evento más importante de biodiversidad del mundo: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16). Los negocios que llegaron a ese evento debían caracterizarse por el aprovechamiento y el uso sostenible de la biodiversidad. El de Vega cumplía con estos requisitos.

En la asociación, la materia prima es el fique, una fibra natural biodegradable que no contamina. Su cultivo y procesamiento no requiere de químicos por lo que el mismo Gobierno Nacional ha incentivado su cultivo y lo ha propuesto como una alternativa para reemplazar los plásticos de un sólo uso. En ‘Asoplacer’, además de contar con cultivos de fique que crecen sin ningún tipo de intervención humana, lo recogen, procesan y tejen de forma manual.

A punta de mochilas, bolsos, individuales para el comedor y otros tantos productos que tejen con fique y a mano, las 50 mujeres wiwa que integran la asociación conectan con sus ancestros y conservan sus saberes por medio del tejido de esta fibra que es una tradición arraigada en la cultura de su pueblo. Además, los productos elaborados son una forma de sostenimiento económico para las mujeres de la asociación al comercializar sus productos por todo el país.

Tocando fibras ancestrales y ambientales

‘Asoplacer’ nació en 1980. Para ese momento, Vega había sido docente de primaria en la vereda El Placer y tenía su propio internado. Allí había notado que la mayoría de sus estudiantes eran hijos de mujeres  wiwa cabeza de hogar. Entonces se le ocurrió que, así como su madre tuvo ingresos económicos y salió adelante con el tejido de fique, ellas también podrían hacerlo. De base tenían el conocimiento ancestral propio de los wiwa, un pueblo indígena que habita en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena.

Aunque la asociación nació en El Placer, las mujeres que la integran también vienen de otras cuatro comunidades vecinas: Ulagos, Loma del Potrero, Piloncito y Hatico de los Indios. Ellas tejen los productos, ponen los precios y se los entregan a Vega que se encarga de comercializarlos a un precio justo. “Si ellas me dicen que la mochila vale 50 mil pesos, yo trato de traerles al menos 70 mil”, cuenta Vega desde el pequeño stand en Cali.

Para ella, los precios no suelen ser rentables, pero dice que son justos y aceptables. Estos varían de acuerdo al tamaño y al tiempo que tardan en tejer las mochilas. Por ejemplo, para tejer una mochila con 10 centímetros de diámetro y 18 de alto puede demorar hasta 15 días y la venden en promedio a 80 mil pesos. Pero solo aumentar cinco centímetros a la base y dos al largo puede implicar hasta siete días más de trabajo.

“De aquí no gano nada, yo tengo mi pensión y con eso estoy bien”, asegura Vega. Su remuneración es la ayuda que brinda a las mujeres wiwa como ella y el aporte a sus tradiciones y a la naturaleza. Los dos últimos son aspectos claves que atraviesan su vida. Por eso, sigue viviendo en la casa de bahareque de su madre, sembrando las semillas ancestrales que ella dejó en la huerta, secando la carne al sol y trabajando el fique de forma natural.

Incluso, Vega separó una hectárea de tierra de su finca en La Guajira para que el cultivo nazca y crezca de forma armónica con la naturaleza. En promedio, el cultivo de fique puede tardar hasta cuatro años para producir la fibra que luego extraen. Hasta el 2021, La Guajira era uno de los 10 departamentos productores que reunían el 99% de los cultivos y la producción nacional según el Ministerio de Agricultura. 

“Nosotras no sembramos el fique — explica Vega —-. Cuando la mata va a morir bota una vara donde está la semilla, cuando ésta cae al suelo, crece y se hace cultivo sola con el sol y la lluvia. Acá no metemos maquinaria ni fumigamos, somos artesanas de fibra de fique 100% natural. Hasta nuestras herramientas son de madera y seguimos usando la macana (una pala de madera) para retirar la corteza y sacar la fibra”.

Los conocimientos ancestrales también se han transformado para que algunas acciones vayan más de acuerdo con el cuidado ambiental. Por ejemplo, antes, la savia que recubre la fibra de fique se lavaba en los ríos, ahora se hace en baldes para evitar que esta se mezcle con agua que puede servir para otros usos. También se han combinado con conocimientos más actuales. Giselle Montaño, la hija de Mabel Vega, es la que ha liderado este cambio en la asociación.

Montaño es quien está pendiente de las tendencias de la moda para dar línea sobre algunos productos, y desde 2020 también es la encargada de impulsar a ‘Asoplacer’ en el mundo digital. Contrario a lo que le pasó a muchos negocios, la pandemia resultó ser clave en la apertura al mercado digital de la asociación. 

Giselle Montaño llevaba al menos tres años acercándose de nuevo a la asociación y al tejido de fique luego de que sus estudios universitarios y secundarios la alejaran físicamente de su casa. Pero en 2020, con las medidas restrictivas por el covid, Montaño se topó con el centro de acopio lleno. Al menos 200 mochilas estaban estancadas.

“Comenzamos a trabajar con las redes sociales y gracias a Dios, en un tiempo de seis meses, vaciamos la bodega. Tuvimos éxito de ventas a nivel nacional. Podemos decir que, para nosotros, la pandemia fue un tiempo de florecimiento, de renacimiento, de darnos a conocer y de crear muchos enlaces que nos han permitido participar en muchas ferias” en Barranquilla, Bogotá, La Guajira, Santander y Magdalena, cuenta Montaño.

El reto de los emprendimientos verdes es la ‘supervivencia’

“Los negocios verdes son los que permiten ese equilibrio entre generar ingresos económicos, ser amigables con el medio ambiente y aportar a la sociedad”, explica María Isabel Rodríguez, funcionaria del programa de Negocios Verdes de Corpoguajira. También cuenta que entre las características de ‘Asoplacer’ para ser considerado como tal está el aporte ambiental, la forma en la que involucran a la sociedad al trabajar con comunidades indígenas y el crecimiento económico que genera utilidades para los socios.

Según el informe “Panorama empresarial y oportunidades para el ecosistema emprendedor en la Amazonía Colombiana”, alineado con el programa Amazonía Siempre, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Lab en el marco de la COP16, en Colombia hay 4.199 negocios verdes registrados entre 2014 y 2022. 

En el país existen tres categorías. La primera es bioproductos y servicios sostenibles, donde están todas las actividades de negocios originados a partir de la transformación y aprovechamiento de recursos de fuente natural renovable. En esta categoría está Asoplacer y la mayoría de negocios verdes en el país.

La segunda son los ecoproductos industriales, negocios que desarrollan procesos de innovación a partir de la transformación y aprovechamiento de residuos, las actividades industriales sostenibles y la sustitución de insumos de origen petroquímico por insumos de fuentes naturales renovables. Y la tercera es productos por la calidad ambiental, es decir, las actividades relacionadas con la disminución de la contaminación y la mitigación y adaptación al cambio climático.

El informe del BID identificó que en los departamentos de la Amazonía colombiana, por ejemplo, las débiles habilidades técnicas y empresariales eran una de las mayores barreras para el crecimiento del tejido empresarial verde. “Más del 99 por ciento de los negocios verdes de la región son micro y pequeñas empresas, con lógicas artesanales y de supervivencia. Estas empresas invierten poco en capacidades y conocimientos que les permitan generar más valor y alcanzar nuevos mercados”, explica el documento. 

Hoy el reto más grande es que Asoplacer se convierta en una empresa. Así contarían con un presupuesto, contratos laborales y salarios. “Ahí vamos creciendo, ya tenemos maquinaria para ampliar e innovar la producción. No nos salimos de nuestros ancestros, pero el mercado nos está pidiendo cosas, entonces toca ayudarnos”, dice. 

La maquinaria llegó con el apoyo económico de 70 millones de pesos que les dio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vía Innpulsa, la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional. Las máquinas ayudarán a ensamblar algunos productos, pues el proceso manual suele retrasar la producción. 

“Es una actualización en el negocio. Con la máquina vamos a ensamblar productos que son de la línea del hogar, nada más. Así agilizamos el proceso y tenemos mayor circulación de nuestros productos en el mercado sin dejar de hacer el trenzado y el hilado de forma manual”, cuenta Giselle Montaño. 

Sin embargo, consolidar este tipo de negocios es más complejo en lugares como La Guajira, donde la pobreza monetaria alcanzó un 65,4 por ciento, posicionando al departamento como el segundo con mayor índice de pobreza en Colombia. Además, en San Juan del Cesar la informalidad laboral alcanza un 91,1 por ciento.

La situación es más crítica para las mujeres. Según datos del Dane, en 2022, la tasa de participación laboral para hombres fue de 78,6 por ciento, mientras que para mujeres fue del 57,4 por ciento. 

Mabel Vega dice que la Alcaldía de San Juan del Cesar no la ha apoyado. “Vienen, toman fotos y piden que cuente mi historia y ya. En 44 años no hemos recibido nada de parte de ellos”, asegura. El apoyo ha venido más de parte del gobierno departamental por medio de Corpoguajira, la autoridad ambiental del territorio que fue la que seleccionó a ‘Asoplacer’ para estar en la COP16 ya que hacían parte de los llamados ‘negocios verdes’. 

A esto se suma la dificultad de las micro y pequeñas empresas para acceder a financiación. En el informe del BID se consigna que entre 2012 y 2022, el costo del crédito comercial fue superior para esas empresas frente a las grandes, y al menos dos puntos porcentuales mayor cuando el deudor era una persona natural en comparación con las personas jurídicas. “De ahí que fomentar el acceso a microseguros y microcréditos es primordial para que estas empresas puedan mitigar sus riesgos y contar con inversión para fortalecer sus capacidades productivas”, recomienda.

El evento internacional más importante sobre biodiversidad, que reúne a casi 200 países, empezó el 21 de octubre en Cali para revisar los avances en los compromisos de hace dos años (en la COP15) con miras a 2030, considerado el año decisivo para frenar la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Pero el evento también tiene voces críticas que consideran que la Conferencia no recoge los intereses de las comunidades; no trata temas claves de la agenda ambiental nacional y tiene una mirada mercantilista sobre la naturaleza. 

Críticos de la COP16 se reunieron inicialmente bajo la sombrilla de la COP DiverGente. La iniciativa nació de organizaciones, colectivos e investigadores ambientalistas que propusieron una COP alternativa. Tras diferencias internas y divisiones — porque una parte del movimiento adhirió al gobierno nacional y otra parte insistía en ser independiente y autónoma—, el espacio pasó a llamarse ‘COP Crítica: la biodiversidad en las voces de los pueblos’ y tendrá agenda propia el próximo 24 y 25 de octubre en la Universidad Nacional.

Consonante habló con Alejandro Mesa; licenciado en ciencias sociales e integrante de Acción colombiana por la soberanía ambiental (Acolsam), una organización que promueve la acción ambiental con enfoque soberano por medio de investigaciones, movilizaciones, litigio, entre otros. Mesa hace parte de la COP Crítica y habló sobre la distancia de esta con la COP16; la oposición al gobierno Petro en temas ambientales y el aporte de estos diálogos alternos en la agenda nacional.

Consonante: Varias organizaciones sociales convocaron a la COP DiverGente que ahora es la COP Crítica, ¿cómo nació esta iniciativa?

Alejandro Mesa: Es un evento que nace con el objetivo de construir una alternativa a la COP oficial que se está llevando a cabo en Cali. También parte de unos elementos que se oponen a la política ambiental del actual gobierno e intenta apostar por una mirada a la problemática ambiental de nuestro territorio desde las comunidades, desde la gente y desde la academia. 

C.:  Y ¿Qué críticas hace a la conferencia oficial?

A.M.:  Las Cumbres de las Partes realmente son un encuentro entre los países firmantes (de La Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas que se firmó en 1992). Es un espacio donde, principalmente, se van a poner sobre la mesa las discusiones, los intereses, los objetivos y las tareas de las grandes empresas, de multinacionales, que están detrás de ONGs de carácter verde. Es un espacio que claramente aboga por la protección de la biodiversidad pero con una mirada que no responde a las necesidades de las comunidades y, sobre todo, a las particularidades que tiene cada territorio. Entonces se van a escapar grandes problemáticas que nosotros queremos reunir y discutir en la COP Crítica.

C.: Teniendo en cuenta que una de las novedades de la COP es que la ‘Zona Verde’ tenga una amplia participación ciudadana, ¿por qué dicen que no incluye las necesidades de las comunidades?

A.M.: No es la primera vez que hay espacios abiertos para la sociedad civil en las COPs. La Conferencia  incluye a las grandes corporaciones, gremios empresariales, bancos (que no son defensores reales del medio ambiente), entre otras. Lo que sí es cierto es que se ha hecho un gasto público monumental en las llamadas “pre-COP” y en esta ‘Zona Verde’ que preparó el gobierno precisamente para controlar y cooptar a las organizaciones sociales.

Por el enfoque se le dio, sin embargo, parece dispuesto para preparar el camino de las campañas electorales de varios funcionarios del sector ambiental. Porque no hubo un mecanismo claro para tramitar las demandas de las organizaciones sociales populares y ambientalistas.

Esta ‘Zona Verde’ está muy lejos de la ‘Zona Azul’, donde realmente están los tomadores de decisiones. El Gobierno Nacional aisló a los movimientos sociales para limitar su capacidad de incidencia, su denuncia y su visibilización ante el mundo, por eso no confiamos en este espacio. Sin embargo, confiamos en el pensamiento crítico de muchos defensores ambientales que buscarán de esa oportunidad la manera para fortalecer las verdaderas causas ambientales.

C.: ¿Qué razones tiene la oposición ambiental al gobierno de Gustavo Petro?

A.M.: Que hay muchas incoherencias y contradicciones en su apuesta ambiental. Este gobierno ha abanderado a Colombia como “potencia mundial de la vida” pero, en la práctica, encontramos que no hay una política real ni una pauta directa hacia ese objetivo. Incluso, el mismo eslogan de la COP no es claro: “Paz con la naturaleza”, que no tiene nada que ver con lo que viene pasando actualmente. 

Un claro ejemplo de esta contradicción e incoherencia es el proyecto militar en la Isla Gorgona. Gorgona es un paraíso de biodiversidad único en el mundo, es nuestra joya del Pacífico. Pero está en riesgo de ser intervenido por un proyecto militar, que no escucha la voz de la ciencia ni de las comunidades y que va a poner en peligro la vida única que hay en este territorio. 

Tampoco hay una pauta real para la protección, por ejemplo, de los recursos hídricos. Hay una violación de la soberanía nacional pero en términos de permitir la intromisión de elementos militares extranjeros a nuestro territorio nacional. La tal ‘paz con la naturaleza’ quedaría más bien como pregunta.

C.: ¿Cómo ven la relación entre la violación de la soberanía nacional y la conservación del medio ambiente?

A.M.: Hemos señalado dos elementos concretos: el primero es el de la Isla Gorgona, un proyecto financiado por Estados Unidos que pretende construir una subestación de Guardacostas en la isla. Esto es clave porque el proyecto responde a uno más grande en todas las zonas del Pacífico tropical: un corredor biológico marino que incluye a las islas de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Gorgona, entonces, sería un entramado más de este proyecto geopolítico por parte de los Estados Unidos. 

Hay un elemento muy importante y es la propuesta insistente de Petro y el Gobierno de llevar o construir una OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) propia del Amazonas. En este momento hay una base transnacional de la Policía operando en Leticia, recogida dentro de este marco de generar un proyecto para salvaguardar la naturaleza o la biodiversidad con  militarización extranjera. 

La semana pasada fue noticia que el gobierno recibió otra flota de helicópteros de Estados Unidos, Helicópteros Black Hawk que, para hacer un ‘lavado verde’, el Gobierno lo llamó “Guacamayas”. Esto no tiene presentación. Es, en pocas palabras, lavado verde a la militarización de territorios. 

C.: Desde la COP Crítica se han opuesto a la “mercantilización y privatización de la biodiversidad”, ¿qué quieren decir con esto?

A.M.: Estas cumbres se traman dentro de un nuevo paradigma que tiene una mirada mercantilista de la naturaleza, como un mercado global detrás de apuestas por la conservación y la protección de la biodiversidad. También hay ciertos intereses de empresas; sobre todo en sectores farmacéuticos, agroalimentarios, de empresas mineras extractivas, entre otras,que están detrás de esta ‘protección’. 

Un caso concreto que se va a discutir en la COP Crítica va a ser el problema que atraviesan las semillas y la soberanía alimentaria en el territorio nacional. Vamos a escuchar discursos de respeto a las comunidades y de protección de su legado ancestral en términos de los cultivos y semillas. Nuestro país atraviesa un gran problema con los Tratados de Libre Comercio (TLC) que inundan el mercado nacional de productos extranjeros y no tiene como prioridad el mercado local, nacional o los productos trabajados por las comunidades en nuestro territorio.

El Amazonas concretamente es una zona de interés de las empresas farmacéuticas por toda la riqueza y biodiversidad que tiene, no solo en nuestro país, sino en todo el continente. Estamos ante un gran peligro, estamos alzando la voz y, sobre todo, organizándonos  para oponernos a esta mirada mercantilista y privatizadora de la naturaleza.

C.: También son críticos con la propuesta reiterada del gobierno Petro de cambiar deuda por acción climática, ¿cuáles son los inconvenientes que ven a esta propuesta? 

A.M.: El presidente Petro ha abogado ante el mundo por esta bandera, bastante cuestionable, que es deuda por naturaleza o deuda por Acción Climática. A primera vista puede llegar a sonar muy progresista y alternativo. Sin embargo hay que ponerle la mirada y la lupa a este elemento porque no ataca el problema de raíz que es el tema de la deuda externa. 

El tema de la deuda de los países como Colombia, es decir, del sur global, es que ante este mecanismo no pueden lograr una ruta soberana a su desarrollo. Básicamente no se excluye la deuda sino que se le apuesta por unos intercambios por medio del control de zonas vastas de territorios a costa de las poblaciones locales. Es como ceder algunos recursos que se destinan al pago de la deuda para orientarla a la conservación y  protección de estos territorios claves en biodiversidad. 

Sin embargo, esta protección y manejo de los recursos muchas veces no es de una manera soberana sino condicionada a ser manejada  por empresas u ONGs extranjeras con intereses. Hay falta de transparencia porque muchas veces no se conoce cómo son estos intercambios. También hay pérdida de soberanía y sobreendeudamiento.

C.: ¿Cuál considera que es el  aporte más importante de la  COP Crítica a la COP16?

A.M.: Que los protagonistas sean las personas que viven en carne propia los temas aquí mencionados. El Gobierno dice que la COP16 es la COP de la gente: vamos a ver si los protagonistas van a ser las comunidades o los grandes magnates y empresarios que se enriquecen de la protección de la biodiversidad. 

La COP Crítica le apuesta a ser un espacio alternativo, independiente y autónomo del gobierno nacional y de esa mirada mercantilista y privatizadora de la naturaleza. Pero la crítica a la COP no se va a quedar ahí, también debe marcar una pauta, una ruta de acción y de movilización ante las comunidades, que logre aglutinar una mirada amplia, participativa y muy rigurosa de los problemas ambientales que atraviesa el país. 

Sobre todo de lo que podemos hacer ante esos problemas: qué hacer para frenar de una vez por todas, aunque esté suspendido, el proyecto militar en la Isla Gorgona; qué hacer para frenar la militarización en el Amazonas; qué hacer para que la transición energética sea realmente con las comunidades; qué hacer para que sean los campesinos quienes puedan tener garantías para producir sus cultivos con una soberanía alimentaria real. Esa respuesta deberá salir de ese espacio alterno.

La Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, la segunda institución con mayor población estudiantil de Tadó, enfrenta un deterioro estructural que compromete la educación de cerca de 1.300 estudiantes. Desde su fundación, el 26 de febrero de 1963, ha sido testigo de varias generaciones formadas dentro sus aulas. Sin embargo, la infraestructura, que alguna vez fue motivo de orgullo para sus estudiantes, hoy refleja falta de planeación y mantenimiento. 

A pesar de que en el año 2016 se inauguró una nueva sede en el barrio escolar, en el sector terminal o Villas del Remolino, tan solo ocho años después la institución ya se ve deteriorada. Las canoeras están dañadas, la pintura y la fachada están en mal estado y los espacios no soportan las constantes lluvias. "Sabemos que desde que fue entregada la institución, la edificación ha presentado problemas, dado que el modelo no coincide con las condiciones geográficas del municipio", advierte la coordinadora de educación, Brenda Yulieth Mosquera. 

La comunidad educativa asegura que el mayor problema es el diseño de la institución: "fue como si miraran un diseño de Bogotá y lo trajeran acá", dice uno de los docentes. Además, carece de condiciones básicas: no tiene aula máxima, ni sala de profesores y sus instalaciones sanitarias dependen de un pozo séptico que requiere mantenimiento cada tres meses.

Esta situación se agrava en un contexto donde, según Mosquera, el 98 por ciento de las infraestructuras educativas de todo el municipio, tanto urbanas como rurales, no cumplen con las normativas exigidas para su funcionamiento y llevan más de 50 años sin recibir intervenciones significativas. En los 50 años de existencia de la infraestructura educativa municipal, las únicas reparaciones han sido "tapar goteras y pintar", dejando de lado aspectos fundamentales como el tamaño de las aulas y la adecuación a las normativas educativas actuales.

La rectora ha solicitado cubiertas para las canchas, el mantenimiento de los pisos y nuevos materiales escolares. Mientras tanto, la falta de una sala de reuniones obliga a que cualquier encuentro de más de 50 personas se realice en la sala de sistemas.

Un proyecto interrumpido

La Normal lleva varios años enfrentando dificultades. Uno de sus momentos más críticos fue durante la alcaldía de Mancio Agualimpia, entre 2012 y 2015, cuando la infraestructura de la sede antigua estaba en condiciones críticas: la cubierta estaba rota, los pisos destruidos, la humedad estaba empeorando y el espacio se estaba quedando pequeño para la cantidad de estudiantes que recibían. “Nos tocó hacer una manifestación pacífica entre estudiantes, docentes y padres de familia. En ese momento el alcalde manifestó que no tenía los recursos para atender la institución sin embargo se unió a una comisión con la que fuimos a buscar solución a la Secretaría de Educación departamental”, recuerda Jesús Adolfo Mosquera, ex docente pensionado de la institución. 

Inicialmente, el secretario de Educación de ese entonces ofreció 1.500 millones de pesos para intervenir el plantel. Sin embargo, cuando los funcionarios de la Gobernación llegaron a evaluar la situación, se encontraron con una sorpresa: el rector había comenzado la construcción de una edificación proyectada para tres pisos sin haber informado a las autoridades. "Eso generó inconformismo porque habían empezado a construir sin ellos estar enterados", explicó Mosquera. 

El rector de ese entonces era Rafael Alberto Jehovo Gutiérrez, quien había recibido de la alcaldía cerca de 100 millones de pesos para hacer arreglos: “nosotros comenzamos a construir una edificación de tres niveles pensando inicialmente en el aula máxima, la biblioteca y la sala de los docentes. La obra no se continuó porque al interventor le gustaba participar solo y hacía las veces de todo cuando la educación en el departamento fue intervenida”, asegura Gutiérrez. 

Finalmente, la Secretaría de Educación aprobó una inversión mayor, alcanzando los 3.400 millones de pesos, con la condición de que no se podía continuar construyendo en la sede original. Aunque oficialmente desde la Secretaría aseguraron que el problema de continuar con la obra en ese terreno era que interfería con una tubería principal, y ponía en riesgo a los estudiantes, Mosquera subraya que "en el fondo la razón fue por la discrepancia entre el rector y el secretario de educación por no avisar".

Hoy, los cimientos de esa construcción incipiente siguen en la sede antigua y el dinero invertido terminó en ruinas. La rectora de la Institución, Eude Celina Ramírez, asegura que ha hecho estudios en ese terreno: “hemos hecho tres estudios de riesgos y nos arrojó que no hay ninguno”.

La nueva sede en Remolino también está incompleta

Para la nueva sede el municipio solamente aportó el terreno, los más de tres mil millones surgieron de un convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la secretaría de Educación departamental. La infraestructura, que se inauguró en 2016, tiene 23 salones, tres baterías sanitarias, dos laboratorios, dos salas de sistemas, un comedor, dos áreas administrativas, y dos canchas.

Aunque la construcción fue proyectada para ser de dos pisos, ocho años después hay una parte que está sin construir, y faltan varios espacios. Según el profesor Mosquera, él fue el encargado de proyectar la segunda etapa de construcción, que contemplaba una biblioteca, siete aulas más y otras dos unidades sanitarias por un valor de dos mil millones de pesos. “El propósito era subir toda la normal allá. El proyecto ya está aprobado en Findeter pero por negligencias administrativas no se ha ejecutado”, asegura el docente. 

Terminar de construir también es un desafío porque cerca a la parte que falta pasa un cable de alta tensión. Además, este año apareció una persona que asegura ser dueño de esa parte del terreno. 

Padres de familia, estudiantes y docentes están preocupados

El reclamo de la comunidad educativa es claro: se necesita inversión urgente para que los estudiantes de la Normal tengan las garantías en infraestructura que sean adecuadas para sus procesos de aprendizaje. “Los rectores venimos apostando a la paz en los planteles educativos, pero se nos sale de las manos cuando los niños nos preguntan por qué el deterioro institucional. Consideramos que eso sería violencia administrativa”, dice Ramírez.

Carmen Copete, madre de una estudiante, señala que "el colegio necesita mejoras. Los salones carecen de ventilación, y los niños se sienten sofocados". Jessica Beti, madre de un estudiante de octavo grado, coincide: "La infraestructura está muy afectada, lo que representa un peligro para los estudiantes. La pintura y los sanitarios no están en las condiciones necesarias".

Zuleima Pino, con tres hijos en la institución, resalta las consecuencias que viven ante la falta de un aula máxima: "Las reuniones tienen que hacerse en la sala de sistemas. Deberían arreglar eso". Ramírez, además, critica la gestión anterior: “ellos hacían unos convenios (con cada rector) pero la institución que menos recursos recibió fue La Normal y La Pobreza, lo que giraban solo alcanzaba para el pago de los servicios públicos".

Hoy le piden al alcalde Juan Carlos Palacios atender las necesidades: “los rectores presentamos al señor alcalde un informe de necesidades y hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna escrita, ni verbal”, agrega.

Por su parte, la coordinadora de educación, Brenda Mosquera, asegura que están realizando un diagnóstico de las instituciones del municipio y ya se han hecho algunos arreglos. "También solicitamos a la gobernadora que incluya en el plan de desarrollo la construcción de un megacolegio en Tadó”, añade Mosquera.

Desde agosto el río Ranchería, el más importante de La Guajira, fue declarado sujeto de derechos. El proyecto de ley que había iniciado su carrera en el Congreso desde septiembre de 2022, fue oficializado el 8 de agosto bajo la ley 2415 de 2024. Su propósito es: “garantizar su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”.

Para que esto sea posible, la ley propone la creación de un “cuerpo colegiado”, es decir, un espacio de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes comunidades que viven a lo largo del territorio. Por cada comunidad que habite la cuenca, habrá dos representantes en el grupo de guardianes del río. Y aunque la participación de la comunidad es central, algunos expertos han señalado la falta de garantías para que la elección de estos representantes sea realmente beneficiosa para las comunidades:

“Los retos son gigantes sobre todo en esa parte: ¿quiénes van a ser realmente los que tomen decisiones sobre el río y cómo se van a tomar?  Esta forma de organización va en contravía de cómo participa y toma decisiones el Pueblo Wayuu. Además, han estado inmersos en un sistema de captura corporativa, de abusos de poder que justamente no permiten que esas decisiones sean libres e informadas”, comenta Rosa Mateus, Coordinadora del del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática de Cajar.

La ley también exige la creación de un plan de acción que deberá ser formalizado en máximo dos años. El documento debe incluir indicadores que permitan medir la eficacia de las acciones y también determinar las entidades responsables de cada acción establecida. 

Para la veeduría institucional estará la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades rendirán un informe semestral a la Comisión de Guardianes del río Ranchería y a la comunidad en general, donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas. 

El río ha regado las tierras semidesérticas de todo el departamento, desde el norte hasta el sur, mientras convive con una de las operaciones mineras más grandes de Latinoamérica: El Cerrejón. La tierra que ha intervenido la empresa es la que antes tenían los más importantes arroyos que nutrían el río en su cuenca media, por lo que el caudal ha disminuido. A esto se suma una represa inconclusa que ha privado del acceso al agua a muchas comunidades. 

Bajo este contexto, la ley dicta que será obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río en todo su trayecto,  “a fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado”.

Consonante habló con Martha Peralta Epiayú, la senadora que impulsó el proyecto de ley en el Congreso, sobre los retos que vendrán para la implementación de la norma.

Consonante: ¿Cómo verá la población de La Guajira el impacto de la declaración del río Ranchería como sujeto de derechos?

Martha Peralta Epiayú: Esta ley busca cuidar el río de cualquier tipo de impacto. Sabemos que en el departamento de La Guajira se desarrolla la minería más grande de Latinoamérica a cielo abierto y que este río ha venido sufriendo las consecuencias. Lo que no queremos es que vuelva a desviarse, que desaparezca o que se lo roben, porque es el afluente más importante que tenemos en el departamento.

En él (el río)  tenemos la solución para abastecer el departamento y las comunidades ribereñas de agua, para los quehaceres del día a día, para el cultivo y para el consumo en total estado potable.

C.: ¿O sea que esta ley también implica que se va a trabajar para llevar agua potable a las comunidades?

M.P.E.: Claro que sí, porque si no cuidamos el agua, se va a acabar. Este gobierno está pensando en continuar con la segunda etapa de la represa, pero si no hay agua, si la seguimos contaminando o sigue desapareciendo, seguiremos siendo parte de una población que se está extinguiendo.

Hoy están falleciendo los niños por causas asociadas a la desnutrición, y eso es un riesgo para la permanencia y la supervivencia del pueblo Wayuu, porque es su niñez, es la continuidad de su existencia. Si no protegemos el agua puede llegar la minería, cualquier otro agente externo, o el mismo gobierno, a impactar el río. Queremos que las comunidades se empoderen para cuidarlo, protegerlo, conservarlo y descontaminarlo.

C.: Parte de la tierra que ha intervenido Cerrejón es la que antes tenía los arroyos más importantes que nutrían el río Ranchería en su cuenca media. Sabiendo que la ley dice que se deben descontaminar y restaurar los ecosistemas de la zona, ¿qué papel entrará a jugar la empresa y cómo se va articular con la ley? 

M.P.E.: El espíritu del proyecto es el cuidado del agua, es buscar todos los mecanismos que vayan dirigidos a su conservación, pero además de ello que las comunidades sean los guardianes del río Ranchería. Realmente la empresa Cerrejón tiene una responsabilidad en esta recuperación, ellos han estado prestos, pero todo tiene que ser de la mano de las comunidades y como ellos lo orienten.

C.: Siguiendo con el tema de la minería, este año el consejo comunitario de Cañaverales se opuso a la entrada de la minera Best Coal Company (BCC) que quiere explotar carbón en su territorio. La declaratoria se dio después de que se archivara la solicitud de licencia ambiental para el proyecto minero. A pesar de que no es un afluente del río Ranchería, la ley declara que también se deben evitar daños adicionales al medio ambiente en toda la región. ¿Cuál es la postura del Gobierno frente a la llegada de esta mina ahora con la declaración?

M.P.E.: Esta ley acaba con cualquier tipo de atentado contra la vida del río Ranchería, ya no pueden priorizar, por ejemplo, “que debajo del río hay más de 50 toneladas de carbón”, pues eso no puede estar por encima de la protección al agua, sus cuencas, sus arroyos, o sus riachuelos. Es una protección que realmente va más allá de una declaratoria, es para que en el departamento de La Guajira no se siga priorizando la minería por encima del agua.

C.: ¿O sea que eso implicaría que posiblemente se les niegue la licencia?

M.P.E.: Este gobierno tiene un compromiso por la protección del recurso hídrico de nuestro país. No creo que se vaya a priorizar la minería por encima de la voluntad popular que exista alrededor de Cañaverales.

En esas circunstancias, así como hemos hecho las iniciativas para la protección del río Ranchería, también lo haremos para esta comunidad si ellos así lo ven pertinente.

C.: ¿Cómo se articulará esta ley con la orden que dio el Consejo de Estado en junio sobre terminar la represa El Cercado?

M.P.E.: El Cercado fue un proyecto que se realizó con una inversión bastante grande y que hoy está ahí como un elefante gris. Este gobierno inició los estudios y hasta donde tenemos conocimiento, se comprometieron en avanzar con una etapa más de las tres que tiene. Estaremos haciéndole veeduría para que se pueda desarrollar de la mejor manera.

También está en curso un proyecto de ley que va más dirigido a la materialización del acceso al agua potable y del saneamiento básico para el departamento de La Guajira. Esto busca crear una institución que se llamará Proaguas, cuyo funcionamiento estará basado en la coordinación de todas estas políticas públicas de soluciones, para que  no estén dispersas en todo el departamento. Y esta es una ley transversal a todo ese tipo de soluciones.

C.:  Eso estaba en el decreto de emergencia que tumbó la Corte. ¿Es lo mismo?

M.P.E.: Sí, ese proyecto de ley es el decreto que tumbó la Corte Constitucional cuando expidió el Presidente de la República el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Ahí estaríamos cumpliendo la petición de la Corte de que se haga vía legislativa. Ya va para segundo debate.

La sede “campus Yarí” de la Universidad de la Amazonía, ubicada en la vía Palestro, ya no es blanca. Sus paredes, después de seis años de abandono, están sucias y llenas de grietas. El cielo raso se ha caído y la humedad hizo que la pintura se levantara. Las cuatro aulas están rodeadas de maleza y el alambre de púa que protege la obra ya está oxidado. 

En 2018 los jóvenes de San Vicente celebraron la inauguración de este proyecto liderado por la alcaldía de Domingo Pérez y el ex rector Gerardo Castrillón, cuyo objetivo era el de  acercar la educación superior a su municipio, pero las clases nunca llegaron. Hoy esta sede es uno de los “elefantes blancos” del municipio.

En el Caquetá solamente hay una universidad, la Universidad de La Amazonía, cuya sede está ubicada en Florencia. Ninguna universidad privada tiene sede en el departamento. El Caquetá, según datos del Sistema Integrado de Matrícula -Simat-, a 2020 tenía 1.883 estudiantes de grado 11 matriculados en las instituciones educativas oficiales y privadas del ente territorial.

Según la información oficial del Ministerio de Educación, la matrícula en educación superior en el Caquetá en 2023 fue de 13.438 estudiantes. El departamento está entre los territorios con menores porcentajes de acceso a educación superior , con un valor inferior al 1 por ciento. 

En las 28 instituciones educativas que tiene San Vicente del Caguán, hay 12.445 estudiantes que hoy no tienen una opción en su municipio para acceder a la universidad.

La historia de un sueño abandonado

En 2014, durante la alcaldía de Domingo Emilio Pérez Cuellar, el municipio donó a la Universidad de La Amazonía un lote de 15 hectáreas para la construcción de una sede en San Vicente del Caguán. Según el acuerdo 025 de 2014 el Concejo Municipal autorizó a Pérez por la situación crítica del municipio en el acceso a la educación superior.

“Actualmente en el municipio solo funciona una sede de los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), en la cual confluyen la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), instituciones que ofrecen programas, particularmente en el campo administrativo y financiero. Muchos de los cuales, así como el acceso a los mismos, no responden completamente a las necesidades de nuestros jóvenes ni a su contexto, pues no tienen la suficiente cobertura. Situación que sumada a la carencia de recursos económicos y condiciones para acceder a programas de educación superior, ha generado un éxodo de nuestros bachilleres hacia Florencia, Neiva y Bogotá, perdiendo el talento humano de nuestro municipio”, dice el documento.

El acuerdo declaraba también que el Consejo Superior de la universidad autorizó al entonces rector, Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga, invertir 300 millones de pesos para la construcción de la sede. Sin embargo, solamente fue hasta junio de 2017 que la universidad empezó los trámites para hacer el contrato, a través de la modalidad de contratación selección simple. Al final fue un contrato de tres meses para construir un área de 345.48 m2, que constaba de cuatro aulas y dos baterías sanitarias. Una obra a la que le asignaron 342.813 millones de pesos.

Finalmente el proyecto se inauguró durante la alcaldía de Humberto Sánchez Cedeño, sin embargo, ese lugar nunca funcionó. La universidad publicó en 2019 en sus redes sociales que se estaba usando la sede para dictar clases de licenciatura en lengua castellana en la modalidad a distancia. Esa es la única foto que hay de estudiantes en la sede y nadie tiene certeza de si hubo una segunda clase en esa sede.

En entrevista con el medio regional “Canal TV5”, Buritica aseguró que nunca hubo un acuerdo del consejo superior de la universidad para que se creara la sede del Yarí de manera formal. Esta política es la que permite que la sede siga funcionando sin importar si el rector cambia, lo que no pasó en 2020: “Fue una voluntad de un rector de turno y no de una institución”, dijo el actual rector. 

Además, desde la universidad aseguran que la sede no se puede usar porque en la parte posterior de la construcción hay un caño que está en peligro de colapsar. También dicen que la infraestructura está en mal estado, por lo que es riesgoso entrar y que los salones “no están adecuados”.

Muchos jóvenes no quieren irse de San Vicente del Caguán

En la I.E Promoción Social este año se van a graduar 127 alumnos y alumnas de educación formal, y 45 personas en la educación de adultos. Gerardo Chacón, rector de la institución, dice que según la trazabilidad que han hecho en su colegio el 80 por ciento de sus estudiantes quiere continuar sus estudios universitarios, sobre todo en carreras relacionadas a las ingenierías, el campo agropecuario, la educación o la salud. “La Universidad de la Amazonía si tuviera una sede aquí tendría una posibilidad de tener 500 estudiantes cada año, que más o menos es la población estudiantil de San Vicente en los grados 11. Sería bueno que esa población pueda estudiar aquí, con programas propios, una universidad propia y con instalaciones propias”, comenta.

Una de las consecuencias que trae la ausencia de una universidad en el municipio es la migración. Quienes quieran continuar con estudios superiores muchas veces no tienen otra opción que irse a Florencia u otras ciudades. “Los jóvenes siempre buscan la manera de salir al pueblo por la sencilla razón de que no tenemos una universidad, una sede en donde podamos construir nuestro proyecto de vida. Eso lleva gastos económicos, tiempo de traslado y otras cosas más. Y hay algunos jóvenes que no cuentan con apoyo familiar, entonces se le hace más complejo”, explica Quevin Estiven Taborda, consejero municipal de juventudes.

Yerson Camilo Muñoz es activista político juvenil y estudia administración pública territorial en la Escuela Superior de Administración Pública en modalidad virtual. Su sueño era ser abogado, pero no pudo hacerlo por falta de oportunidades en el municipio. “Siempre pensé en la carrera de derecho y especializarme en institucional; pero en el territorio  la falta de oportunidades en la educación superior ha sido el mayor obstáculo para  poder seguir ese proyecto de vida”, cuenta. 

Yerson asegura que ver clases virtuales quita gran parte de la experiencia de estudiar una carrera: “la modalidad virtual le quita la oportunidad de estudiar muchas cosas desde lo vivencial, no es lo mismo tener un profesor en un aula, no es lo mismo tener una clase presencial donde se puede interpretar por mejor las cosas”, opina. 

A esto se suma la frustración por tener una sede construida que nunca funcionó: “Ahí hay una plata que literalmente se está perdiendo entre el rastrojo. Le pedimos al rector de la universidad que se ponga la mano en el corazón con los jóvenes de San Vicente del Caguán, para que puedan organizar una sede de la universidad digna para nosotros. No nos debemos conformar con cualquier dos o tres salones que parecen más de una escuela de kinder que una universidad”, finaliza el líder.

Los estudiantes de grado once, como John Steven Chavarro, esperan no tener que irse de su municipio para poder estudiar: “la verdad una universidad sería muy importante y sí quiero que se abra, porque hoy en día la mayoría de estudiantes decidimos ir a buscar nuestro futuro hacia otros municipios, porque actualmente en nuestro propio municipio no hay como tal una sede, o un espacio, en donde podamos continuar con nuestros estudios”.

Lo que sigue

Según explica la Universidad de la Amazonía, la sede Yarí es hoy inutilizable. La esperanza recae en la promesa del Gobierno Nacional de construir una nueva sede de la universidad en el departamento del Caquetá. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo no especifica que esta sede estará en San Vicente del Caguán, en el departamento se da por hecho. Según el diputado Wilman Fierro, la asamblea se ha reunido en varias ocasiones con las directivas de la universidad, quienes les han mostrado un render, es decir, un modelo 3D del nuevo proyecto en el municipio.

Contar con una sede de una universidad pública en el municipio es parte de las iniciativas incluidas en el Pacto Municipal para la Transformación Regional de San Vicente en 2018. Este pacto se incorporó en los Planes de Acción para la Transformación Regional (Patr), que planifican y gestionan el cumplimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

Finalmente, en una apuesta por las carreras técnicas y tecnológicas, así como la formación para el trabajo, el plan también contempló la creación de una nueva sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en San Vicente del Caguán. Sin embargo, este proyecto tampoco ha mostrado avances tangibles.

Custodio Cantillo nació en Fundación, Magdalena, pero vive desde hace 16 años en Fonseca. Toda la vida ha trabajado la tierra atendiendo el ganado, ordeñando vacas y cultivando. Nunca pudo estudiar y solo hasta hace poco aprendió a leer y escribir. Tuvo seis hijos y con esos trabajos ocasionales, cuenta con orgullo, los sacó adelante. “Yo toda mi vida he trabajado en el campo y si vuelvo a nacer volvería a hacer lo mismo, no importa que a los campesinos no nos valoren”, asegura.

En la zona rural de Fonseca las actividades económicas comunes son trabajar la tierra o ganarse el jornal día a día en diferentes oficios que no son empleos fijos, ni formales. Por eso, a pesar de que Custodio ha trabajado toda su vida y está a ocho años de llegar a la edad de jubilación, pensionarse nunca ha sido una opción. Su oficio no implica tener un contrato laboral formal, y menos un salario fijo, por lo que nunca pudo cotizar.

Según el  Estudio Intersectorial Reforma Pensional realizado por la Contraloría, la situación es más grave por fuera de los centros urbanos: “A nivel regional las condiciones se agudizan, ya que hay una gran brecha pensional, adicionalmente, en zonas con predominancia rural la proporción de pensionados es menor que en la urbana y el acceso a los beneficios pensionales es muy difícil”, dice el informe.

La reforma pensional en Colombia fue aprobada el 14 de junio de 2024, pero entrará en vigencia el 1 de julio de 2025. Y aunque promete ser mejor que el sistema anterior, todavía existen varias dudas que inquietan a las personas de la ruralidad. A continuación, le explicamos qué cambió y qué repercusiones tiene para los campesinos, trabajadores informales, mujeres y colombianos retornados.

¿Cuáles son los principales cambios que trae esta reforma?

Hay dos cambios principales. El primero es que se creó un amplio sistema pensional dividido en tres pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. Esto, en otras palabras, es como si el sistema fuera una casa grande con tres cuartos, en los que el Estado ubicará a cada colombiano dependiendo del contexto en el que esté cuando cumpla su edad de pensión. Lo que sucedería así:

• Pilar solidario: el cuarto donde entran las personas mayores de 65 años que están en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad 
• Pilar semicontributivo: el cuarto donde entran las personas que no lograron la cantidad de semanas necesarias para pensionarse, pero sí cotizaron mínimo 150 semanas.
• Pilar contributivo: el cuarto donde entran las personas que lograron cotizar la cantidad de semanas necesarias para pensionarse.

El segundo gran cambio es que dentro del pilar contributivo, las personas ya no podrán elegir si su dinero irá al fondo público (Colpensiones) o a los fondos privados (las sociedades administradoras de fondos de pensiones-AFP) como funciona actualmente, sino que todos los aportes entran inicialmente a Colpensiones. Y sólo si el aporte es mayor a 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el restante podrá entrar en un ahorro individual dentro de las AFP.

¿Por qué era necesaria hacer una reforma?

La razón principal, según varios expertos, era la desigualdad del sistema actual. Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y especialista en derecho de la seguridad social y derecho, explica que la mayor parte del dinero de los aportes se va a pensiones millonarias de las personas más ricas, mientras la mayoría de adultos mayores no tiene ningún ingreso.

 “Con el régimen actual tenemos un problema de inequidad muy grande. Porque ahora se puede llegar a causar pensiones multimillonarias con un alto componente de subsidios, cuando los subsidios deberían estar concentrados en las poblaciones más vulnerables. Con esta reforma los subsidios se concentran en otros lugares como El Pilar Solidario, donde está la gente más vulnerable, como lo ordena la equidad”, explica Morad.

La desigualdad, además del dinero, también estaba relacionada con el limitado acceso a la información para decidir cuál de los regímenes (privado o público) era la mejor opción. “Somos el último país, según la Ocde, con el nivel más bajo de educación financiera. Y mucha gente tenía que escoger uno de los dos regímenes sin verdaderamente entender las consecuencias de hacerlo”, agrega Kevin Hartmann, doctor en derecho e investigador en temas de pensiones de la Universidad de Lovaina en Bélgica.

A esto se suma que mantener este modelo le costaba al Estado varios billones de pesos del presupuesto General de la Nación: “En los últimos 10 años llevamos pagando aproximadamente 18 billones de pesos por tener a los cotizantes en el régimen privado de pensiones y a los pensionados en Colpensiones. Es decir, teníamos a todos los pensionados en un sistema cuya sostenibilidad a corto plazo requería de cotizantes que cubrieran esas pensiones, pero los cotizantes no los teníamos ahí, sino en el régimen privado. Entonces ese hueco teníamos que pagarlo de alguna forma”, indica Hartmann.

Además, era urgente incluir un enfoque de género: “Cada vez es más evidente estas brechas de género que existen en el mercado laboral y que se replican en el sistema pensional. Es muy necesario que las políticas públicas estatales tomen decisiones con enfoque de género”, explica Morad.

¿Qué tan grande es la población que no logra pensionarse en municipios como Fonseca, donde predomina el trabajo informal?

En las regiones donde predomina la ruralidad, y el trabajo informal, son muy pocas las personas que logran pensionarse. Según datos del informe de la Contraloría, en la Guajira hay 60.469 personas mayores de 60 años y de esos solo  3.789 son pensionados, es decir, el 6,27 por ciento. Mientras que en regiones como Bogotá, San Andrés o Valle del Cauca, el porcentaje de cobertura en pensión es de 49,32, 44,88 y 39,04 respectivamente.

Según datos actualizados a julio de 2024, el número de fonsequeros pensionados en Colpensiones era solamente de 313 personas. “La informalidad en esos municipios puede llegar incluso al 80 por ciento y la pensión depende enteramente de la formalidad, entonces podríamos estar hablando de una informalidad pensional del 80 por ciento”, dice Juliana Morad.

En el municipio la mayoría de pensionados son docentes que fueron nombrados y trabajaron con el Estado, o son personas que fueron empleados de la mina El Cerrejón. Esto debido a que son trabajos formales, constantes y donde es obligatorio el aporte a la pensión. “La situación pensional es buena en el sector minero, son sectores que tienen la legalización de sus contratos, hacen sus aportes al sistema  y eso le da la opción de pensionarse. A diferencia de las personas del común que no tienen los recursos para aportar: en el sector del comercio, agricultura o la ganadería es casi nulo, no hay esa cultura de aportes al sistema”, explica Adail Alfonso Bolívar Pinto, abogado de Fonseca.

“La cobertura regional de pensiones está más concentrada en los territorios urbanos, mientras que en las zonas con predominancia rural es muy escasa, con lo cual estamos ante una situación inequitativa que debe ser corregida por medio del desarrollo de esos territorios que permita generar empleo formal y formal rural, y mejore los indicadores de cotización pensional y acceso al Sistema de Seguridad Social o a mecanismos de protección de la vejez”, dice la Contraloría.

Entonces si nunca he cotizado a pensión y ya tengo la edad, ¿Qué opciones tengo?

Carmen Elena Daza es una fonsequera de 65 años que ha invertido más de 40 años de su vida trabajando como modista, de forma independiente. A pesar de que ya tiene la edad de pensión, nunca cotizó, y asegura que nunca había pensado en qué iba a hacer cuando no pudiera trabajar más: “Eso nunca me ha llegado a la mente (ríe), voy a trabajar hasta que pueda, hasta que alcance a valerme por mí misma. Mi mamá murió a los 105 años y hasta los 90 trabajó duro y tuvo este arte también”, cuenta.

Con la reforma pensional, las personas como Carmen podrían acceder al pilar solidario. Es decir, podría recibir una renta de 223.800 pesos mensuales. Para esto, los requisitos son: tener 60 años o más si es mujer, y 65 años o más si es hombre, estar en situación de vulnerabilidad y/o pobreza extrema. Esto, aunque no constituye una pensión (se considera pensión cuándo la renta es de por lo menos un salario mínimo), es una ayuda que beneficiaría a más de dos millones de adultos mayores en el país.

Sin embargo, una de las críticas que ha recibido la reforma es que no está explícito qué es pobreza extrema y vulnerabilidad: “Este concepto va a depender de un decreto reglamentario que aún no conocemos, y ese decreto se va a poder cambiar en cada gobierno. Esa es una de los grandes cuestionamientos”, expresa Juliana Morad. 

Las personas que no puedan acceder a este pilar, tienen la opción de acceder al subsidio de Colombia Mayor. Un programa de asistencia social con el que el Gobierno nacional entrega un subsidio de 80.000 pesos a adultos mayores en pobreza extrema. Sin embargo, actualmente menos de la mitad de adultos mayores en estas condiciones pueden acceder a este programa debido a la falta de cupos.

Por su parte, Hartmann asegura que aunque el pilar solidario es un gran avance, es necesario crear otros mecanismos más accesibles para que cualquier persona pueda cotizar: “Se necesitan mecanismos que permitan que las personas que tengan hoy 10.000, pesos extra, por ejemplo, puedan cotizar para su pensión fácilmente. Existen en países de África del Norte las pensiones por Whatsapp, que permite hacer unas cotizaciones a un fondo pequeño, pero que va a permitir hacer capitalización de esa plata para que al final de tu vida tú puedas tener más plata a través del interés compuesto. Eso sirve de cierta manera para solventar algunas necesidades que tengas en tu vejez”. 

Si he cotizado, pero no me alcanzan las semanas, ¿Qué puedo hacer?

Para estos casos está el pilar semicontributivo, en el que se entrega una renta básica durante toda la vejez vitalicia. Esto aplicaría para las personas que tengan mínimo 300 y máximo 1.000 semanas cotizadas. El valor va a depender de las semanas cotizadas y si eres hombre o mujer.

"La mayoría de las personas en Colombia, más o menos el 56 por ciento de la gente no alcanza a cumplir con las semanas mínimas de cotización. Entonces lo que hacen es como una especie de operación imaginaria en donde cogen esas semanas que cotizaste, te la convierten a un capital actualizado con el IPC, suman un interés del tres por ciento anual, más un subsidio del 20 por ciento si eres hombre o 30 por ciento si eres mujer, eso se vuelve como una especie de capital imaginario y lo convierten en una renta hasta el final de tu vida”, explica Kevin Hartmann.

Sin embargo, una de las solicitudes que le hicieron al Gobierno cuando presentó la reforma, fue que se aseguraran de que el valor de la renta del pilar solidario fuera inferior al del pilar semicontributivo, pero esto no pasó. “Si tenemos en cuenta que el 45 por ciento de la población cotiza sobre un salario mínimo, la renta va a ser entre 145.000 y 260.000 pesos si cotizaste entre 300 y 800 semanas. Ese es el desfase entre los dos pilares y eso se convierte en un problema de deslegitimidad del sistema”, agrega el experto.

En el caso de que una persona tenga menos de 300 semanas puede acceder al pilar solidario en caso de que cumpla las condiciones. Si no, cuando cumpla la edad puede solicitar que le devuelvan lo que cotizó, esto se llama una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez.

Si soy campesino, o tengo un trabajo informal ¿la reforma me beneficia en algo?

Para casos como el de Custodio Cantillo, o de cualquier trabajador informal, está la opción de cotizar por semanas o días y pertenecer al sistema semicontributivo, o contributivo si logra cotizar 1.300 semanas a la edad de pensión. Aunque esto está regulado desde 2013, antes de la reforma solamente era posible si se tenía un contrato de trabajo formal. Ahora podrán cotizar de esta forma también las personas que sean independientes.  

Si una persona trabaja de uno a siete días al mes, puede cotizar solo una semana y la base sería un cuarto del salario mínimo. Si trabaja entre ocho y 14 días, cotiza sobre la mitad de un salario mínimo. Y si trabaja desde 15 a 21 días cotiza sobre tres cuartas partes del salario mínimo.  “Es conveniente sumar semanas porque antes decían que iban a devolver la plata y eso no es nada, pero ahora si suma semanas puede acceder a una renta (pilar semicontributivo) que posiblemente no va a ser un salario mínimo, pero sí lo va a acompañar durante toda su vejez”, agrega Juliana Morad.

Dentro de la reforma se plantea también para los campesinos la opción de cotizar de forma anticipada cuando sean las temporadas de venta de su cultivo. Es decir, que cuando llegue la temporada de la cosecha la persona podrá hacer un solo pago que incluya las semanas que quiere cotizar por todo el año, en vez de ser un abono mensual.

Adicionalmente, desde el Gobierno se plantearon condiciones diferenciales para que las personas raizales, palenqueras, afrodescendientes, campesinas e indígenas puedan acceder al pilar solidario. Así como las personas que tengan el rol de cuidadoras o personas en situación de discapacidad. Sin embargo, eso también va a depender de un decreto que aún no ha sido publicado.

¿Cuáles son los cambios para las mujeres y madres de familia?

Belky Adriana Arrieta tiene 29 años, es de la vereda de Conejo pero vive en Fonseca. Belky estudió para ser auxiliar de enfermería, pero sólo ha podido ejercer y cotizar pensión durante seis meses, cuando la contrataron en el hospital: “No trabajé más porque eso fue en circunstancias políticas. Uno aquí encuentra trabajo cuando apoya algún partido, o sea siempre como por favores políticos. Depende mucho de tener alguna palanca para poder encontrar un trabajo formal y poder cotizar”, cuenta.

Hoy se dedica al trabajo de cuidado de manera informal: todos los días cuida a un niño de tres años, y además, cuida a sus tres hijos. Uno de sus propósitos es poder tener una pensión en su vejez, pero no ha sido un camino fácil. En Colombia, según datos de Colpensiones, solamente una de cada 8 mujeres se pensiona.

La nueva reforma plantea dos tipos de reducciones para las mujeres. La primera es la reducción de las semanas de cotización: actualmente para que una mujer (y un hombre) puedan pensionarse tienen que cotizar 1.300 semanas, esto a pesar de las desigualdades de género en el mercado laboral. A partir de 2025 las semanas se reducirán gradualmente hasta que se llegue a 1.000 en 2036.

La segunda es la reducción de semanas por cada hijo. Las mujeres que no estén en régimen de transición, es decir, que no tengan cotizadas todavía 750 semanas, podrán tener la reducción de 50 semanas por cada hijo que tengan, hasta máximo tres hijos. Sin embargo, para poder acceder a este beneficio la mujer tendría que haber cotizado pensión por lo menos por 850 semanas. “Esto probablemente será un fenómeno de mujeres que han tenido la fortuna de estar en el mercado laboral formal, sobre todo en las grandes ciudades”, complementa Juliana Morad.

¿Los jóvenes cómo quedaron?

La posibilidad de cotizar por semanas y días como independiente hace más fácil el camino para formalizarse y empezar a cotizar. Sin embargo, según los expertos las pensiones de las personas que hoy son más jóvenes van a ser mucho menores de las que existen actualmente: “En términos de justicia, somos la generación más preparada, con los salarios más bajos a pesar de incrementar los estudios, y somos la generación que va a recibir las pensiones más bajas, somos algo así como la generación del sacrificio”, plantea Juliana Morad.

“Las pensiones de 15 o 16 millones de pesos que podemos ver hoy no van a existir en un futuro cercano, por lo que los jóvenes van a tener que cargar con el peso de tener que pagar las pensiones del pilar solidario y al mismo tiempo aguantar el hecho de tener pensiones contributivas más bajas. A los jóvenes se les va a hacer cargo de la mayor parte de los costos de la reforma pensional”, agregó Kevin Hartmann.

¿Hay cambios para los migrantes o colombianos retornados que cotizaron en Venezuela?

En otra situación confusa se encuentran los colombianos retornados, que en medio del anuncio de la reforma pensional se pregunta qué beneficios traerá para ellos, que han retornado a Colombia después de haber vivido y trabajado en un país extranjero.

Ese es el caso de Henrique González, un colombiano retornado que trabajó y cotizó 12 años en Venezuela. Allí trabajó formalmente en una empresa como encargado del mantenimiento de tuberías. Hoy Henrique tiene 52 años y trabaja por días como mecánico o albañil en Fonseca. “Trabajé prácticamente 13 años en esa empresa donde cotizaba para mí pensión, pero después como se paró todo por la situación de Venezuela, la cosa se puso dura, todo era escaso y la empresa cerró. No encontraba trabajo así que decidí regresar aquí a Colombia”, cuenta.

Para casos como el de Henrique no hay mucho qué hacer. Actualmente Colombia tiene convenios solamente con 12 países para transferir las pensiones cotizadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Venezuela no está en la lista.

Por su parte, el pilar solidario solamente aplica para colombianos residentes en Colombia. Y la única forma de que las personas migrantes puedan obtener su pensión es si tienen contrato laboral en el país y cotizan las semanas requeridas.

Las puertas de la Universidad Tecnológica del Chocó ”Diego Luis Córdoba” (Utch) están cerradas desde el 29 de julio. Varias personas, incluyendo a funcionarios de la institución, se tomaron la sede impidiendo el desarrollo de las actividades académicas y administrativas propias del cierre de semestre.

El principal motivo del cierre es el debate sobre la autonomía universitaria, es decir, el derecho de las universidades públicas a elegir sus directivas y regirse por sus propios estatutos. Esto ocurrió después de que la exministra de Educación, Aurora Vergara, destituyera a David Mosquera el 6 de julio y nombrara como rectora encargada a Vanessa Sánchez. 

Esta intervención del Ministerio se dio después de que se dictaran medidas preventivas y de vigilancia especial a la institución por presuntos usos inadecuados de los presupuestos y bienes de la universidad, así como por las alertas sobre la baja calidad del servicio educativo.

Hoy, tras una semana de diálogos en los que estuvo restringido el acceso, una parte de la comunidad universitaria fue autorizada a ingresar para realizar actividades específicas, como el pago de la nómina o la presentación de habilitaciones. Sin embargo, el cierre continúa indefinidamente.

Consonante habló con la nueva rectora, Vanessa Sanchez, sobre las peticiones de los manifestantes y el rumbo que tomará la única universidad pública del Chocó, que recibe más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior en el departamento.

Consonante: ¿Cuál fue el contexto de la destitución de David Mosquera y su llegada a la rectoría?

Vanessa Sanchez: Desde el año 2023 la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación inició un seguimiento especial a la Utch y encontró varios hallazgos que hicieron que se dictara una medida preventiva y de vigilancia especial. Allí se estableció que la universidad debía hacer un plan de mejoramiento y debía constituir e implementar una fiducia para el manejo de todos los recursos y rentas de la universidad. 

Sin embargo, en abril de 2024 regresó la visita de inspección y vigilancia y se dio cuenta que esas medidas preventivas no se habían cumplido en su totalidad, especialmente que se seguían manejando los recursos por fuera de la fiducia. Ese fue uno de los principales motivos que dieron lugar al reemplazo del rector, así como la evidencia del reiterativo incumplimiento en algunos procesos de contratación y de vinculación de personal, a nivel financiero. Por ejemplo, se realizaban pagos sin los requisitos.

C.: ¿Por qué era tan importante constituir esa fiducia?

V.S.: La creación e implementación de las fiducias es una de las medidas que tiene el Ministerio de Educación, quien financia la mayor parte de las instituciones de educación superior, para garantizar que las instituciones administren de manera adecuada y transparente todos los recursos. Y así se pueda garantizar que el servicio se preste de manera continua y en condiciones de calidad.

C.: La resolución que expidió el Ministerio el 19 de julio dice que David Mosquera queda fuera del cargo por un año. ¿Qué va a pasar después?

V.S.: Él termina su periodo en octubre o noviembre de este año. Pasado ese tiempo se decidirá a través del Consejo Superior Universitario, y con las normas existentes, cuál es el paso a seguir sobre este caso específicamente.

C.: ¿Cuál será su prioridad durante este año?

V.S.: Lo que debo asegurar es que se cumpla con todo el plan de mejoramiento, con todas las acciones que se han estipulado para que la universidad pueda avanzar en esas medidas. Que los recursos se administren al 100 por ciento dentro de las fiducias y que existan procedimientos claros, ceñidos al sistema de gestión de calidad de la institución, que se cumplan a cabalidad para que esta situación se supere en el menor tiempo posible. Sin embargo, si en ese año no se ha cumplido, es posible que se prorrogue un año más. 

Lo que he hecho desde mi llegada es hacer un reconocimiento del estado en el que está la institución de manera integral. Hemos revisado proceso por proceso para realizar un diagnóstico que será el insumo principal para avanzar en ese plan de mejoramiento institucional. Mi principal propósito es que esta institución, durante el tiempo que yo esté aquí, se distinga por la integridad en sus procesos de gestión y que el servicio de educación se pueda prestar de manera continua y en condiciones de calidad.

C.:¿En qué estado recibió la universidad?, ¿con qué se encontró?

V.S.: Lo primero que encontramos es la desarticulación de algunos procesos clave. Hay incumplimiento en temas de contrataciones, no es muy claro cuál es la responsabilidad de la oficina de contratación. Por ejemplo, el equipo de contratación se encarga de los contratos de prestación de servicios, pero otros equipos al interior de la universidad se encargan de los convenios y otras áreas de las alianzas. No hay una oficina de contratación que garantice que tenemos el control de absolutamente todo. Ese proceso se encuentra fragmentado, no hay una ruta clara para tener el control.

Otro elemento tiene que ver con los temas de calidad. Desafortunadamente en las pruebas Saber Pro, una de las pruebas estandarizadas que tiene el país para medir la calidad de la educación superior, hemos estado en el último lugar durante los últimos siete años. Ese también es un elemento central y que en la administración tiene un impacto directo porque, por ejemplo, hay que articular el presupuesto con los programas para tener una mejora continua en los procesos de calidad. 

Los docentes ponían la alertas sobre ese tema y la invitación que les dejamos abierta es a que sigamos trabajando, a que construyamos conjuntamente una apuesta de educación. Estamos en un momento histórico para esta institución y es cambiar el curso de nuestra alma mater a través de un proyecto que sea colectivo, que sea intergeneracional y que responda a la disminución de las desigualdades. Para eso se requiere la participación de diferentes miradas, voces y saberes. Hay muchas esperanzas de que el futuro puede ser distinto, pero si trabajamos colectivamente.

C.: ¿En qué va a consistir ese cambio de rumbo?

V.S.: Hay tres elementos claves en cuanto a la misión de la educación superior: docencia e investigación, extensión y protección social. Y en ese sentido, esto le apunta a prestar una educación de calidad para crecer y expandirnos por el territorio nacional. Por ejemplo, la universidad está avanzando, en articulación con el Gobierno Nacional, en tres sedes subregionales: una en Istmina, otra en el Medio Baudó y otra para el Darién. Esto nos permite por un lado aumentar la cobertura en estos territorios, y por otro garantizar que la oferta de educación que tengamos en esas subregiones tenga impacto a nivel regional.

Esto busca también posicionar a la universidad bajo otra narrativa, que se distinga por la transparencia de su procesos de gestión administrativa. Es otro de los propósitos y de los desafíos.

C.: ¿Cuáles son las peticiones de las personas que tienen cerrada la universidad?

V.S.: Desde el principio en las conversaciones identifique que hay unos temas que son de resorte de la institución, otros que son de competencia del Ministerio de Educación Nacional y que podemos ir separando esas conversaciones sin tener la instalaciones cerradas. 

Un ejemplo es la discusión sobre la autonomía universitaria, esta no es la primera universidad que atraviesa un proceso de medidas preventivas y de vigilancia especial, esa es una discusión nacional histórica y que podemos hablar con los actores claves que den respuesta al tema. 

También hablaban sobre el avance de la construcción de las sedes subregionales, ese es otro tema donde interviene la Utch (que tiene unos avances significativos) y el Ministerio de Educación Nacional a través del operador que es Findeter, quien también va avanzando.

Otro elemento es sobre la política de gratuidad y cómo la universidad está avanzando en eso. Esa es otra conversación interna, porque es la institución en este caso quien diseña un plan de fomento de educación superior y este es avalado por el Ministerio de Educación.

Esperamos que pronto podamos abrir las puertas de la universidad, hay muchas cosas en juego y entre esas está la vida. En este momento del calendario la institución hace el pago de la seguridad social y de la nómina. La semana pasada los profesores nos decían que tenían vencida la seguridad social y hay docentes que tienen enfermedades graves. Que no exista atención en este momento nos puede poner en un alto riesgo. Esas personas que tienen la universidad cerrada no me hacen daño a mí, ni al Ministerio de Educación, sino que se lo hacen a toda la población chocoana.

Se debe continuar de manera articulada en un diálogo que nos permitan abrir rápidamente las instalaciones. Esta es la única universidad pública del departamento y la más importante, atendemos a más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior en el Chocó.

C.: Desde Consonante hemos hecho seguimiento al tema de matrícula cero, muchos estudiantes manifiestan que cubrir solamente la matrícula no es suficiente y a veces igual terminan por desertar. El ex rector nos dijo que este año la UTCH entregó subsidios a 100 estudiantes, ¿piensan aumentar los subsidios?

V.S.: La universidad viene aportando significativamente a esta meta de ampliación de cobertura y ese es otro tema que debo entrar a revisar con cada uno de los equipos. Hay que establecer cuál va a ser el planteamiento de la institución en adelante. 

A mi llegada ya se había presentado un plan de fomento que debemos revisar esta semana. El próximo se debe presentar a finales de este año, para implementarse en 2025-1. Ahí ya entraríamos a validar con todos los cambios y apuestas estratégicas que tenemos, cómo vamos a avanzar para seguir aumentando la cobertura y brindando educación de calidad, garantizando que las personas que ingresan a la institución se puedan graduar también.

C.: Usted es la primera mujer y egresada en ocupar este cargo. ¿Tiene acciones con enfoque de género pensadas durante su administración?

V.S.: Esa es una pregunta muy importante y creo que no es solamente ser mujer, sino ser mujer negra, y ser una mujer egresada de esta institución. Creo que es una demostración, en primer lugar, de que la educación sí importa. Y es también una posibilidad de abrir la puerta para otras mujeres, porque hubo otras que me abrieron la puerta a mí. 

Hay muchas mujeres negras que históricamente han luchado y han defendido los derechos de las mujeres negras, y en consonancia con eso tengo también la firme convicción de que en el lugar donde esté voy a hacer lo mejor posible para dejar esa misma puerta abierta para quienes vienen atrás.