Dos años y medio le han costado a la Universidad Tecnológica del Chocó encontrar rumbo. Durante este tiempo, siete rectores han intentado liderar una institución atravesada por problemas financieros y de calidad educativa y que ha perdido más de 4.000 estudiantes. Ahora, en medio de varias polémicas, el Consejo Superior de la Universidad definió que el próximo viernes 22 de mayo se dará por terminado el desfile de encargados y finalmente, se elegirá un nuevo rector en propiedad.
Aunque las clases comenzaron el 14 de enero, la universidad siguió durante meses en anormalidad académica. Un fallo de tutela ordenó en febrero reactivar de inmediato las actividades académicas y administrativas, pero no fue sino hasta hace poco más de tres semanas, el 20 de abril, que se volvió a la normalidad académica.
Mientras esto pasaba, se han tomado varias decisiones clave para la universidad: en marzo el Ministerio de Educación aprobó el Plan de Mejoramiento de la institución, documento indispensable para subsanar los 109 hallazgos identificados durante 2023-2024 y que han llevado a la institución a la peor crisis de su historia.
Después de más de un año de retraso, se iniciaron las elecciones de consejeros superiores, quienes serán los encargados de elegir al nuevo rector. Los procesos han estado rodeados de polémicas, falta de confianza y un vaivén de decisiones judiciales.
Aunque la elección del representante de los estudiantes estaba planeada para el 6 de marzo, el 27 de marzo fue elegido Wilmer Serna como representante de los estudiantes, a pesar de la anormalidad académica y en medio de polémicas por falta de garantías para las elecciones. Juan Tulio Córdoba Lemus fue elegido como representante de los exrectores en abril de 2026. Gentil Ayala Vivas es el representante de los docentes y José Lorenzo Bejarano Pinilla es representante de las directivas académicas.
En un principio, el Ministerio de Educación ordenó a la universidad abstenerse de realizar las elecciones que estaban previstas para febrero de 2026, hasta verificar presuntas irregularidades. Entre esas la inexistencia de un convenio formalmente suscrito con la Universidad Distrital para el uso del software de votación, la falta de una auditoría externa independiente, la ausencia de resultados en las pruebas de carga y estrés del sistema virtual y el hecho de que la Universidad Distrital manifestó en estrados judiciales que no tenía un vínculo jurídico vigente con la UTCH para soportar el proceso electoral.
A esto se suma el debate, aún vigente, sobre si las elecciones pueden realizarse de manera virtual o no. Quienes defienden la virtualidad aseguran que la comunidad cuenta con cerca de 36.000 egresados dispersos en todo el país y en el exterior, y que exigir el voto presencial únicamente en Quibdó y algunos municipios del Chocó excluye, en la práctica, a quienes no residen allí. Además, sostienen que la modalidad virtual había sido establecida desde 2024 y que los egresados ya habían actualizado sus datos y recibido sus credenciales digitales.
Sin embargo, desde el otro sector aseguran que el censo electoral ha dejado por fuera a varios egresados y que las limitaciones de conectividad en el departamento representarían un gran obstáculo para unas elecciones virtuales.
De los nueve miembros del Consejo Superior Universitario, CSU, falta por elegir el representante de los egresados. La elección, prevista inicialmente para el 12 de mayo, quedó suspendida por decisiones judiciales cruzadas: un juez ordenó frenarla por cuatro meses, pero el fallo fue anulado días después y el proceso deberá reiniciarse mientras se toma una nueva decisión.
La tensión escaló y los sindicatos de la Universidad se declararon en “estado de máxima alerta”, exigiendo que la elección del representante de egresados se haga de manera presencial. Cuestionan la insistencia del gobierno universitario, encabezado por Héctor Aurelio Mosquera Mosquera, el Consejo Superior y el Ministerio de Educación, en mantener un mecanismo de votación virtual pese a las fallas de conectividad que enfrenta el Chocó, uno de los departamentos con mayores brechas digitales del país.
En el oficio recuerdan que la propia universidad sufre interrupciones constantes de internet e inestabilidad tecnológica que afectan procesos académicos y administrativos, y señalan que desde 2021 hasta 2024 han advertido formalmente sobre los riesgos del voto electrónico sin recibir una respuesta de fondo. Además, anunciaron que revisarán la suspensión provisional de la jornada de reflexión y la asamblea permanente decretada el 20 de abril de 2026, y advirtieron que podrían retornar a la anormalidad académica si así lo decide la Asamblea.
Mientras todo esto pasa, a docentes y administrativos aún se les deben primas, los salarios se pagan tarde y no se ha logrado solucionar el problema de la contratación de los profesores ocasionales. Los estudiantes siguen sin respuestas claras, de fondo y con limitaciones en la infraestructura y el bienestar universitario. Y fuera de Quibdó, en los Centros de Desarrollo Subregionales, las necesidades se duplican. Hablamos con Wilmer Adolfo Serna, elegido como consejero superior de los estudiantes, sobre los retos urgentes que deberá enfrentar el próximo rector de la Utch.
Wilmer Serna: Las elecciones del representante estudiantil fueron el 27 de marzo, de manera presencial. Sin embargo, la noche anterior al proceso electoral, incluso el mismo día, un grupo de personas externas y de la misma universidad quemó llantas, hizo disturbios, desórdenes, para evitar que se desarrollaran las elecciones en Quibdó.
Esto hizo que la gobernadora adelantara un puesto de mando unificado; tuvimos acompañamiento de la Fuerza Pública y se tuvo que trasladar el sitio de votación. Inicialmente las elecciones se estaban haciendo en la ciudadela universitaria, pero tocó moverlas al Consultorio Jurídico de la Universidad.
En los CDS, Centros de Desarrollo Subregional, en Istmina, Tadó, Río Sucio y Bahía Solano se desarrollaron con normalidad.
W.S.: Aquí hay manos oscuras. La universidad viene pasando hace tiempo por una crisis institucional y las personas que la llevaron a ese estado son las que se oponen al cambio, a la transformación. Aquí se ha instrumentalizado a muchos estudiantes para que sean un obstáculo en este proceso electoral.
Pero gracias a Dios el proceso se llevó a cabo, así fuera con presencia de la Fuerza Pública. Los estudiantes votaron contundentemente y nos eligieron con la mayor votación: alrededor de 1.606 votos; la persona que quedó de segunda logró solo 77 votos. Ganamos en todas las mesas y en todos los centros de desarrollo regional.
W.S.: Después de las elecciones del representante de los estudiantes, se realizó la elección del representante de los exrectores; ellos tienen también un asiento, voz y voto en el Consejo Superior.
Falta la elección del representante de los egresados, que estaba programada para el día 13 de mayo, pero todavía no se ha podido hacer. Esa es la única que falta.
Una vez ese asiento también esté definido, se podrá elegir rector. Posiblemente lo elijamos al finalizar el mes de mayo, antes de la primera vuelta presidencial.
W.S.: Tener siete rectores ha sido un punto grave de esta crisis. Es imposible que una universidad con esa inestabilidad, interinidad, institucional pueda avanzar.
Cada rector tiene una idea, una forma de gobernar, de hacer las cosas. Y eso lo que hace es que no exista una ruta clara, que no exista un derrotero claro hacia la construcción de un proyecto universitario en el que podamos ayudar.
El profesor Héctor es una persona con trayectoria en la universidad, que tiene una buena visión, pero realmente lo que necesitamos ahora es que se pueda dar la elección y pueda haber alguien en propiedad que pueda trazar una ruta clara.
W.S.: La universidad está en un proceso de transformación y lo que necesitamos ahora es volver a generar confianza ante la comunidad, que hoy no nos ve con buenos ojos. El tema de los paros, asambleas y demás, ha hecho que muchos se vayan porque sienten que están perdiendo mucho tiempo. Porque sienten que su proyecto de vida se puede demorar más en esta universidad.
Muchos compañeros y parte de la comunidad chocoana prefieren que sus hijos se vayan a otras universidades. Es culpa de la crisis en la que estamos hoy.
Quibdó es muy complejo, como estudiantes estamos inmersos en zonas de conflicto y somos propensos a ser reclutados por grupos armados fuera de la ley. Eso es muy preocupante; es más fácil cooptar a un estudiante que no esté en el aula, que no esté haciendo nada. Aquí hay unos barrios marginados que se están volviendo presas fáciles de muchos grupos armados. En ese sentido, tenemos que aunar todos los esfuerzos posibles para que la comunidad universitaria confíe nuevamente en la Utch.
W.S.: Ellos han suspendido las reuniones. La asamblea asegura que no se han levantado, solo hubo una suspensión. Hay unos acuerdos de corto, mediano y largo plazo que hay que dar. Lo que nosotros hemos dicho es que cada una de las partes debe ceder y cumplir con lo que se compromete para evitar que volvamos a un cese de actividades.
Pero la verdad es que eso ya nos tocaría con el próximo rector, que trace una ruta en el marco del diálogo y la concertación con las organizaciones sindicales. Y en términos de sus convenciones colectivas, que el rector acuerde de manera clara y categórica los puntos con la organización sindical, que no permita que esta situación se vuelva a repetir.
W.S.: Hay muchas cosas por mejorar. Hay que hacer un proceso de socialización en términos de los recursos, de cara a la comunidad universitaria. Se debe socializar con cada uno de los departamentos: docentes, estudiantes y administrativos, el plan operativo anual de inversión, en qué se van a invertir los recursos. Eso se debe construir conjuntamente, porque es importante que cada uno de los que hacemos parte de la universidad tengamos claridad. Hace parte de la transparencia de la administración pública y ayuda a evitar la corrupción.
Solicitamos que los estudiantes puedan tener buenos ambientes escolares, una buena infraestructura educativa, pero también sanitaria. Que haya garantías para ir a las prácticas profesionales, a las pasantías, a los intercambios académicos, que se destinen los recursos pertinentes para eso. También se requieren recursos para los temas de investigación, de extensión y proyección social, para los temas deportivos y culturales.
Hay una parte que es muy importante para nosotros: la seguridad. En la universidad no hay; todos deberíamos estar carnetizados. Se necesita un restaurante estudiantil en el que los estudiantes puedan tener el desayuno, el almuerzo y la cena. Que exista una real beca de transporte, una ruta universitaria donde los buses puedan transportar desde las 5-6 de la mañana hasta las 10 de la noche, que circule por todo Quibdó. Estrategias que apunten a la permanencia del estudiante, teniendo en cuenta la crisis económica y social que vivimos en el municipio de Quibdó y en los CDS.
W.S.: En los CDS hay un total abandono por parte de la universidad. Esa es una realidad; los estudiantes están abandonados a su suerte.
Allá no hay bienestar universitario, no hay acompañamiento estudiantil. Todas las necesidades están. No hay registro y control, no hay oficina financiera. Para que un estudiante pueda hacer un trámite, tiene que venir de Río Sucio, de Tadó, de Bahía Solano, a Quibdó. Están centralizados todos los procesos administrativos en Quibdó. Lo único que se da allá son algunas clases. El tema de la infraestructura sanitaria también está mal. Mi lugar como representante también va a ser para que mis compañeros de allá también sean tratados con dignidad.
W.S.: Aquí hay muchos factores que se deben revisar, que son más de fondo que de forma. La Universidad para los índices de los Ecaes ha venido mejorando, pero es necesario fortalecer los procesos. Hay que fortalecer la academia y la investigación.
Este departamento es rural; hay que mirar las condiciones de un estudiante de Río Sucio, de Belén de Bajirá, del Darién, de Unguía o de Acandí, donde muchas veces pasan semanas sin energía, donde hay falta de conectividad de redes Wi-Fi y de nuevas tecnologías. No se nos puede mirar y medir igual que la Nacional de Bogotá o que universidades del Valle o de Antioquia. Porque las condiciones que tiene la Utch no son las mismas que tiene la Nacional, o que tienen otras universidades públicas. Hay que empezar por inyectarle recursos; hay que hacer muchas cosas todavía.
Bajo un sol que no daba tregua, los habitantes de San Juan del Cesar comenzaron a aglomerarse frente a las vallas que rodeaban el nuevo Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) mucho antes de las dos de la tarde. En el aire se sentía la expectativa: por fin se entregaba la obra que prometía ser el corazón del comercio local. Sin embargo, la ilusión de conocer el recinto se chocó de frente con el rigor de los anillos de seguridad y una espera que se prolongó mucho más de lo previsto.
El pasado 30 de abril, San Juan fue la sede del Encuentro de Economías por la Vida y la entrega del primer PAS del país. La jornada, organizada por el Gobierno Nacional y Prosperidad Social, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y el director del DPS, Mauricio Amaya.
A pesar de que la entrega estaba programada para las 3:00 de la tarde, el presidente Petro no llegó al lugar sino hasta pasadas las cinco. Durante esas dos horas y media de retraso, las personas insistieron en ingresar, pero el acceso permaneció restringido a un listado previo que incluía únicamente a funcionarios, prensa oficial y tres representantes por cada red de asociaciones.
“No podían ingresar más personas ese día”, explica Laura Guerra, secretaria de Desarrollo Económico, al señalar que las limitaciones del espacio obligaron a restringir incluso el acceso de las asociaciones locales. En medio de esa exclusión, solo un grupo de mujeres vestidas con faldas de cumbia y camisetas con el rostro del mandatario logró cruzar el cerco. El resto de la comunidad, incluidos líderes del barrio La Victoria, a quienes se les había prometido que serían los principales beneficiarios, tuvo que conformarse con observar la llegada del presidente desde la distancia.
Mientras la tensión crecía en el PAS por la espera y los filtros, en la Plaza Santander emprendedores, campesinos y artesanos de toda La Guajira se instalaron en stands para mostrar sus productos. Al caer la tarde, la plaza se desbordó de visitantes de otros municipios, quienes recibieron al presidente con danzas.
Petro permaneció en este encuentro alrededor de una hora y media, conversando con los delegados y recorriendo los puestos, para finalmente partir cerca de las siete de la noche. La jornada cerró con un balance dual: una plaza vibrante que demostró la fuerza de la economía local y una infraestructura nueva que, en su día inaugural, mantuvo las puertas cerradas para gran parte de su propia gente.
Más allá de los protocolos y las vallas del evento, queda la pregunta sobre la utilidad real de esta obra para el municipio. Consonante explica cuáles son los alcances de este nuevo proyecto y qué impacto podría tener, una vez abierto al público, en San Juan del Cesar.
PAS son las siglas de “Puntos de Abastecimiento Solidario”, una estrategia del gobierno nacional planteada para fortalecer la seguridad alimentaria y la economía popular en los municipios más vulnerables del país.
Hace parte del programa Hambre Cero, reglamentado por el Decreto 0684 de 2024, que busca erradicar el hambre y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada, sostenible y culturalmente apropiada. Así como cerrar brechas de desigualdad en territorios marginados y excluidos que enfrentan barreras para el acceso físico y económico a los alimentos y fortalecer los sistemas alimentarios locales, potenciando las capacidades de producción y abastecimiento de las economías populares.
Todo esto a través de una infraestructura que contiene, según lo propuesto en la página del DPS, 10 locales comerciales, 40 módulos de venta, un centro de acopio para productos campesinos, un espacio “multipropósito” con capacidad para 12 puestos de “venta de artesanías”, una cocina comunitaria, un comedor comunitario, baños, un “punto bienestarina” y el espacio de administración.
A nivel nacional se había anunciado la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), iniciativa para la cual el Gobierno Nacional anunció una inversión de 500.000 millones de pesos. Sin embargo, en el último comunicado del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se habla de que la proyección es de 115 puntos, sin claridad si la inversión cambió.
Para la selección de los beneficiarios, el DPS abrió una convocatoria dirigida a municipios PDET, ciudades capitales y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Inicialmente, los entes territoriales postularon sus proyectos ante la entidad; posteriormente, se aplicaron criterios de elegibilidad y priorización basados en las características del territorio y los objetivos del programa Hambre Cero.
Se dio preferencia a zonas con brechas de desigualdad que limitan el acceso al derecho a la alimentación, así como a municipios con comunidades en riesgo de pobreza extrema, sujetos de especial protección constitucional, víctimas del conflicto armado y pequeños productores locales.
En el departamento de La Guajira resultaron beneficiados los tres municipios PDET: Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar. Pero a la fecha solo este último ha sido finalizado.
La construcción de los PAS se gestionó a través de bloques regionales. El proyecto en San Juan del Cesar se incluyó en el contrato de obra No. PAF-DPS-O-143-2024, que incluía también a los municipios de Dibulla y Fonseca en La Guajira, y a Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pueblo Bello, Valledupar y San Diego, en el Cesar.
Sobre los recursos, el DPS reportó una inversión de 3.657 millones de pesos para la sede de San Juan, cifra con la que se proyectó beneficiar a 912 personas de forma directa y a más de 10.000 de manera indirecta. Sin embargo, en los registros de contratación el valor de la obra figuran $2.754 millones de pesos.
El cronograma oficial fijó el inicio de actividades el 18 de febrero de 2025. El contrato establecía un plazo de siete meses, con un periodo de ejecución de obra de cinco meses tras la aprobación de los diseños. Sin embargo la entrega se realizó en mayo de 2026.
La obra estuvo a cargo del Consorcio OHB, conformado por las empresas Técnicas Unidas Infraestructura SAS y Construcciones Barsa SAS, cada una con una participación del 50 por ciento.
En el municipio persiste un dilema histórico en torno al uso del espacio público. Desde hace cerca de 26 años, vendedores informales se han instalado en las calles del centro para ofrecer de todo, desde frutas y verduras hasta teléfonos celulares. Hoy ocupan “El Hoyito”, una solución improvisada que surgió ante la falta de un espacio adecuado para desarrollar sus actividades.
En febrero de 2025, la administración de Urbina desalojó a varios vendedores de El Hoyito con la promesa de que un nuevo proyecto de alcance nacional, ubicado en el colegio José Eduardo Guerra, resolvería de fondo esta problemática. Aunque el proyecto se concretó con la construcción del PAS, la realidad es que no representará una solución para los vendedores ambulantes.
Según Laura Guerra, secretaria de Desarrollo Económico, a pesar de que “fue una iniciativa de parte de la administración proponer al DPS que se escogiera ese PAS para poder organizar a los vendedores ambulantes”, ese no era el objetivo del proyecto planteado desde el Gobierno Nacional, en Bogotá. “Este punto estará a cargo de productores campesinos y también de artesanas o cualquier otro tipo de emprendimiento, pero tienen que estar asociados”, enfatiza.
La plaza de mercado y terminal de transportes es el mayor elefante blanco del municipio: una obra inconclusa desde hace más de diez años en la que se invirtieron $1.700 millones de pesos. La infraestructura nunca contó con los servicios básicos necesarios para funcionar (agua, alcantarillado y energía) y tampoco fue entregada oficialmente. Hoy es usada como hogar de paso.
El desalojo de vendedores informales en la zona céntrica, especialmente en la carrera sexta, ha sido una estrategia recurrente de varias administraciones. Sin embargo, ninguna ha logrado ofrecer soluciones definitivas. Durante la gestión del exalcalde Álvaro Díaz se intentó reubicarlos en el terminal de transportes, pero las condiciones del lugar eran precarias. También se adelantó la remodelación de la Plaza Santander, entonces ocupada por vendedores de comida, zapateros y verduleros. Mientras duraron las obras, los comerciantes fueron desalojados y se les permitió vender temporalmente en la calle. Sin embargo, una vez finalizada la intervención, no pudieron regresar.
Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente el 60 por ciento de la población económicamente activa en San Juan del Cesar se dedica al comercio informal. Hoy muchos de los vendedores ambulantes retornaron a El Hoyito, y viven con la zozobra de que los vuelvan a desalojar.
Aún no está claro quiénes ocuparán los locales del PAS. Hasta el momento, se ha conformado una red de 24 asociaciones de campesinos, artesanos y emprendedores, pero no existe un listado definitivo de beneficiarios ni un manual de funciones claro.
La administración local ha advertido que no tiene plena autonomía sobre las reglas de funcionamiento del proyecto. “Todo nos toca coordinarlo con Prosperidad Social (DPS); ellos prácticamente definen las reglas de operación y sostenibilidad”, explica Guerra. Bajo el modelo planteado, nadie tendrá un local asignado de manera permanente. La apuesta es implementar un sistema rotativo en el que los espacios se distribuyan según la disponibilidad de los productos. Sin embargo, este esquema aún no ha sido formalizado, lo que mantiene a los productores en una etapa de incertidumbre que, según las últimas estimaciones oficiales, podría extenderse entre cuatro y seis meses más.
Para los campesinos de zonas como Caracolí, la apertura del PAS no es solo un tema logístico, sino de supervivencia económica. Máximo Luna, de la asociación Asoprohcar, denuncia que durante décadas han sido víctimas de los intermediarios: “Nos compraban el kilo de maracuyá en 3.000 pesos y en el mercado costaba 9.000. Ellos, sin sembrar, duplicaban la ganancia del campesino”.
Pese a que San Juan del Cesar cuenta con varias despensas agrícolas, los vendedores de El Hoyito y los vendedores ambulantes se abastecen de otros territorios. Pero la expectativa es que esto cambie con la llegada PAS:“Todo eso que viene de la Sierra Nevada, por ejemplo, de la despensa agrícola de San Juan del Cesar ya no va a salir para Valledupar, ni para otros mercados, sino que va a estar aquí en ese centro. Le vamos a vender al consumidor directamente nosotros, los agricultores; esto nos permitirá bajar los costos en todo el municipio”, explica Luna.
Esta misma percepción la comparte Yanith Mendoza, fundadora de la Asociación de Campesinos sin tierras: “Este punto va a tener un impacto muy positivo en nuestro municipio, para nuestros campesinos representa la oportunidad de vender directamente sus productos a un precio justo eliminando depender del trueque o de los revendedores, eso les permitirá cambiar sus vidas”, dice.
A pesar de ser una potencia agrícola que cultiva yuca, maíz, patilla y tomate, San Juan del Cesar ha carecido de un centro de acopio eficiente. Los altos costos de transporte desde el campo y la falta de un mercado campesino local obligaban a los vendedores del municipio a abastecerse en otros territorios, ignorando la producción de sus propios vecinos.
En la Plaza Santander se reunieron más de 40 emprendedores de artesanías y gastronomía para dar vida a la feria de economía popular, en el marco de la entrega del PAS. Para mujeres como Mary Araujo, la jornada fue un alivio: “Me sentí valorada y reconocida; pudimos vender nuestros productos y todos nos sentimos contentos porque recibimos apoyo”, afirma. Destacando la armonía entre sus compañeros y el deseo de generar empleo para otras mujeres cabeza de hogar.
Pero no todos compartieron ese entusiasmo. Mientras Mary celebraba las ventas, otras emprendedoras, especialmente mujeres con discapacidad, observaban desde afuera. “La información nos llegó demasiado tarde; no pudimos organizarnos ni exhibir nuestros productos, y aún no sabemos si tendremos un espacio en el punto solidario”, cuenta una de las afectadas. Para ellas, la inclusión prometida por el proyecto sigue sin traducirse en espacios reales de participación.
Ante estos reclamos, las autoridades explicaron los filtros que rigen el proceso. Natalia Matiz, enlace territorial nacional, detalló que la selección no es abierta, sino que responde a un proceso de focalización: “Nos llega un listado de la gerencia regional; ellos hacen un filtro, revisan documentación y, una vez aceptados, nuestro equipo contacta a los seleccionados”.
Marian Serrano, directora de Economía Popular de Prosperidad Social, reconoció que las bases de datos para identificar a la población con discapacidad son insuficientes y que están trabajando para actualizarlas. Sobre la exclusión de otros sectores, fue directa: “Los recursos siempre van a ser limitados, por lo que la acción de las entidades tiende a focalizar o priorizar a quienes están en ciertas condiciones”.
Pese a las barreras, la intención es que la red de asociaciones no se cierre. Según Guerra, cualquier asociación puede acercarse aún a la secretaría de la red, presidida por Máximo Luna, para intentar integrarse.
Además, se planteó una estrategia de fortalecimiento económico liderada por la coordinadora territorial Deris Cecilia Paz, que consiste en un incentivo de un millón de pesos por emprendedor. La idea es que cada participante organice un "combo" de productos para la venta y rifas que asegure esa suma. No obstante, este dinero aún no ha llegado a las manos de los artesanos, ya que está sujeto a una capacitación previa que todavía no se ha realizado.
Fonseca aún no tiene alcalde. En menos de cuatro años sus habitantes han tenido que ir a las urnas tres veces, en medio de una disputa judicial que sigue abierta incluso después de la segunda elección atípica, realizada el pasado 3 de mayo.
La incertidumbre, que ya lleva casi tres años, parece haber agotado la paciencia de los fonsequeros. Durante la jornada se registraron altercados con las autoridades encargadas de custodiar el proceso, en un municipio convertido en un amplio dispositivo de seguridad. La presencia de 1.300 uniformados de la Policía, el Ejército y otras entidades incrementó la tensión entre los habitantes.
Cinco candidatos se inscribieron para disputar el cargo. Sin embargo, la contienda se concentró en dos nombres: Micher Pérez Fuentes, de la Alianza Social Independiente (ASI), y Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa, del Partido de la U, quienes lideraron la intención de voto. Después del preconteo, Pérez logró 10.547 votos y Rodríguez 5.635. Pero aún no se sabe quién será el alcalde.
Para aclarar los hechos que llevaron al municipio a esta situación, Consonante reconstruyó las decisiones judiciales que ocurrieron las últimas dos semanas y que serán clave para la decisión final.
Después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes, la incertidumbre alrededor de los nuevos comicios se instaló en Fonseca. Aunque sobre él pesaba un limbo jurídico, a Pérez se le permitió inscribir nuevamente su candidatura en marzo, y la campaña arrancó otra vez en medio de controversias y cuestionamientos.
No fue sino hasta el 25 de abril, una semana y media antes de las elecciones, que se tomó una decisión de fondo. El Consejo Nacional Electoral colombiano declaró a Pérez inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Fonseca, centrándose principalmente en dos causales:
Esta es la causal central del debate. La ley prohíbe la inscripción de quien, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, haya ejercido como empleado público o autoridad política, civil o administrativa en el mismo municipio. Aunque la defensa de Pérez argumentó que la elección fue declarada nula el 22 de enero de 2026, y en la teoría es como si nunca hubiera sido alcalde, la realidad es que él ejerció materialmente el poder desde el 1 de enero de 2024 hasta el 11 de febrero de 2026, durante este tiempo, firmó contratos, ordenó gastos y nombró funcionarios.
El CNE concluyó que la nulidad del título no borra el hecho histórico y real de que Micher ejerció la autoridad hasta apenas tres meses antes de la nueva elección atípica del 3 de mayo de 2026.
Micher Pérez es hermano de Óscar José Pérez Álvarez, actual presidente del Concejo Municipal de Fonseca para el periodo 2026. El CNE consideró que el Presidente del Concejo no solo tiene funciones deliberativas, sino que ejerce autoridad administrativa real al actuar como ordenador del gasto de la corporación, representar legalmente al Concejo y administrar su personal. Como su hermano ejerció esta autoridad desde el 1 de enero de 2026, se cumple el presupuesto de la inhabilidad dentro del año previo a la elección.
Aunque la decisión de inhabilitar a Micher fue apelada, la Sala Plena del CNE decidió mantener en firme la revocatoria. En una nueva resolución, el tribunal retiró uno de los cargos, el relacionado con el parentesco, pero sostuvo la sanción al considerar que el candidato había ejercido como alcalde apenas tres meses antes de la nueva contienda electoral. La decisión fue adoptada y notificada en audiencia pública el mismo 29 de abril de 2026. Hasta esa mañana, Micher seguía inhabilitado.
Mientras esto pasaba el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, en cabeza de la jueza Adriana Marcela Lopez Lopez, recibió una tutela que, en tiempo exprés, fue objeto de respuesta por el despacho. Ese mismo día fue admitida y además respaldada con una medida cautelar que habilitó al candidato, mientras se revisaba de fondo el caso. En la tarde Micher volvió a ser candidato.
El jueves a las 5:00 de la tarde, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha admitió otra tutela que apelaba la decisión de la jueza Adriana López. Esto dejó sin efecto la decisión del Juzgado de San Juan del Cesar, por lo que el candidato volvió a quedar inhabilitado dos días antes de las elecciones.
El Tribunal consideró que la orden habría sido emitida sin competencia funcional y en posible desconocimiento de las garantías procesales. Por lo que, incluso, se denunció ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira para investigar a la jueza.
Tras la confirmación de la inhabilidad de Micher Pérez, el viernes 1 de mayo sus simpatizantes se agolparon en un plantón pacifico frente a las instalaciones de la Registraduría de Fonseca. “Estamos cuidando que no saquen los tarjetones, estamos peleando pacíficamente el derecho al voto, que nuestros votos cuenten”, explicó Luz Gil, una de las asistentes.
En la noche de ese mismo día, la comunidad fonsequera se vio sacudida por una serie de hechos violentos que sembraron preocupación y zozobra entre sus habitantes. Un artefacto explosivo fue detonado frente al comando central del candidato Micher Pérez, ubicado en la calle 14 entre carreras 14 y 15. Además, un vehículo fue incinerado frente a la institución educativa Juan Jacobo Aragón García, uno de los principales puestos de votación del municipio.
Con preocupación, rectores de las diferentes instituciones en donde se llevan a cabo las votaciones emitieron un comunicado alertando lo que podría suceder en los recintos educativos. “El comunicado lo emitimos por dos aspectos, uno, el antecedente sucedido en el 2023 en las elecciones a alcaldía en donde hubo alteración del orden público y destrucción del material electoral y el segundo los hechos registrados en las últimas horas en donde quemaron un carro frente al portón de la institución”, dijo Leonel Rizo Gnecco, rector de la I.E. Juan Jacobo Aragón. Solicitaban, principalmente, garantías de seguridad para las elecciones.
El sábado en la tarde se levantó el plantón frente a la Registraduría, tras rumores que aseguraban la participación de Micher Pérez. En un comunicado, la entidad explicó que los votos serían contabilizados. Como las tarjetas electorales ya estaban impresas y los kits sellados, los jurados debían realizar el conteo en mesa de manera habitual.
La instrucción legal, sin embargo, indicaba que las comisiones escrutadoras —integradas por jueces— debían computar esos sufragios como “votos no marcados”, ya que, al estar revocada la inscripción, el aspirante técnicamente no era candidato. Pero tras la votación, se produjo un fuerte desacuerdo sobre cómo contabilizar estos votos, en medio del vaivén de decisiones judiciales.
La preocupación por los hechos ocurridos en 2023 y el riesgo de alteraciones del orden público en estas nuevas elecciones modificaron las rutinas de votación en las zonas rurales. Habitualmente, los votantes acudían a las urnas desde muy temprano, pero esta vez el temor a posibles hechos de violencia cambió ese comportamiento.
Conforme calentaba el sol, la gente fue saliendo y las carpas que instalaron los grupos de campaña a una cuadra de la escuela, en Conejo, empezaron a llenarse a medida que avanzaba el día. El modelo de atraer a los electores mediante compra de votos y refrigerios esta vez fue moderado. Como si fuera una fiesta clandestina, se trasladó a casas particulares en las calles aledañas al punto de votación. Después de votar, las personas pasaban por grupos a tomar su plato de sopa y a quedarse en el puesto de campaña a esperar los resultados.
El flujo de gente aumentó con la llegada de la tarde. Los influyentes de las campañas más fuertes como la de los candidatos Micher Pérez y Oswaldo Rodríguez llegaban como caciques a animar y movilizar a la gente. La jornada se vivió en paz a pesar del temor de las personas por alguna revuelta. Yulexi Fernández era una de las habitantes preocupadas: "Fue una jornada llena de tensión por todo lo que estaba pasando. Es la primera vez que vivimos esto", contó la habitante de Quebrachal. "Los líderes se mantuvieron convenciendo a la gente de votar, pero la gente no salía porque como yo, pensaban que se iba a formar el desmadre”, agregó.
En Quebrachal también hubo compra de votos, como de costumbre, pero la jornada inició a las dos de la tarde: "Los compradores de votos se situaron arribita, en la placa huella, por allá escondidos. Aunque todo el mundo sabía dónde estaban”, dijo Fernández.
La motivación para votar, comentaban muchos, es el desencanto con toda la situación judicial que viene desde 2023. “Yo represento una asociación de campesinos de Fonseca y soy miembro de la JAC del barrio Nueva Esperanza, salí a ejercer mi derecho como ciudadano deseando que sea un proceso claro y transparente. Pero es preocupante todo lo que ha sucedido en materia de seguridad, que nos ha puesto en el radar nacional. Nosotros no somos un pueblo violento y debemos ser respetuosos en la toma de decisiones. Le corresponde a los líderes y dirigentes llamar al respeto y la cordura”, dijo Wilfredo Hernández Peñaranda.
El corregimiento de El Hatico, de donde es oriundo Micher Pérez, registró una alta participación durante la jornada electoral. Los habitantes acudieron de manera masiva a las urnas para respaldar al candidato de su preferencia. Al cierre del escrutinio, con el 100 % de las mesas contabilizadas, Micher obtuvo 935 votos en el corregimiento, frente a los 462 que alcanzó Oswaldo Rodríguez.
El resguardo indígena Mayabangloma, una de las comunidades wayuu más importantes de Fonseca, también tuvo un peso decisivo en las elecciones. Sus habitantes suelen unificar criterios al momento de apoyar candidatos, lo que representa una ventaja para quienes logran captar su respaldo. Allí Micher Perez obtuvo 460 votos y Oswaldo Rodriguez 226.
“Vinimos a ejercer el voto con toda libertad y por eso traigo una camiseta blanca representando la dignidad y la paz. Espero que el nuevo alcalde logre una mejor salud, educación, un buen sector productivo, y avances en los programas y subsidios para el pueblo wayuu, que están atrancados”, dijo José Julián Solano Ipuana.
Hoy, en Fonseca, los resultados dejan una lectura política clara. Micher Pérez, respaldado por la ASI, sectores del conservatismo, el grupo Avanzar, buena parte de las juntas de acción comunal y una minoría del Concejo municipal, se consolidó como el candidato con mayor respaldo electoral. En las últimas elecciones comunales, su sector logró además el apoyo de 48 líderes de JAC.
En contraste, el bloque político del ex alcalde Hamilton García reunió además al exalcalde Pedro Manjarrez; a José Manuel Moscote, conocido como “Chema”; al excandidato Junior Romero y a la mayoría de concejales del municipio. Su apuesta, Oswaldo Rodríguez, obtuvo 5.635 votos. La diferencia frente a los 10.547 votos alcanzados por Micher Pérez evidencia el debilitamiento electoral de ese grupo político, históricamente influyente en el municipio.
Al finalizar la jornada, los jurados de votación contaron los votos mesa por mesa y diligenciaron las actas E-14, cuyos resultados fueron transmitidos por la Registraduría como parte del preconteo. Pero la última palabra no estaba en esas cifras preliminares. La validez de los votos debía definirse después, en las comisiones escrutadoras integradas por jueces de la república.
Fonseca fue dividida en 89 mesas y dos comisiones escrutadoras auxiliares. Allí comenzó un nuevo enredo judicial. Los dos jueces no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál decisión debía prevalecer: la revocatoria de la candidatura emitida por el CNE o las medidas cautelares que permitían la participación de Micher Pérez en la contienda electoral.
El desacuerdo terminó escalando a la instancia departamental, conocida como Comisión General e integrada, entre otros, por delegados del Consejo Nacional Electoral. En esa etapa los funcionarios de la Registraduría quedaron limitados a un papel de secretaría, sin voz ni voto, mientras la discusión sobre el futuro político de Fonseca seguía abierta.
Mediante un comunicado emitido en la tarde del 4 de mayo, la jueza Adriana Marcela Lopez Lopez decidió apartarse del caso. Al caer la noche Fonseca seguía sin alcalde.
La entrega de la credencial que debía oficializar al ganador de las elecciones quedó en manos de la comisión escrutadora departamental, en Riohacha, después de que los desacuerdos jurídicos bloquearan el cierre del conteo en el municipio. Uno a uno, los formularios electorales, las cintas y el material de escrutinio fueron embalados y enviados desde Fonseca hacia la capital de La Guajira por los integrantes de la comisión escrutadora municipal y los claveros encargados de custodiar el proceso.
La tensión no solo se vivía en los despachos judiciales. En el casco urbano y en corregimientos como Conejo, Quebrachal y la vereda Pondores, la presencia masiva de fuerza pública preocupó a las comunidades. En Pondores el 4 de mayo llegó un expreso lleno de policías y en Conejo, un tanque de guerra apareció en medio del corregimiento.
En medio de ese ambiente, el caso escaló a la comisión departamental integrada por delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero cuando esa instancia apenas comenzaba a instalarse, una nueva decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira volvió a cambiar el rumbo del proceso: una medida provisional suspendió la revocatoria de la candidatura de Micher Pérez y, al menos temporalmente, le devolvió su condición de candidato durante el escrutinio.
En la mañana del 5 de mayo la movilidad se interrumpió, seguidores del candidato Micher Pérez cerraron la vía nacional, que tiene salida del municipio de Barrancas. Le pedían al CNE que le entregara la credencial que lo acredita como alcalde electo del municipio de Fonseca.
Pasadas las 7 de la noche de ese mismo día, los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) seguían revisando el entramado de tutelas, revocatorias y medidas provisionales para decidir si declaraban la elección o frenaban nuevamente el proceso. Tras una jornada entera de discusiones, no lograron llegar a un acuerdo.
El caso regresó nuevamente a Bogotá, a la Sala Plena del CNE, donde un magistrado deberá definir cómo termina un escrutinio que, en Fonseca, parece no acabarse nunca.
Primero está el murmullo: “otra vez se fue”. Después, como hormiguitas por la ciudad, las personas se mueven por las calles buscando señal. Es una rutina colectiva. Algunos se dirigen al aeropuerto; otros caminan hacia puntos específicos del parque Santander, lugares donde, con algo de suerte, alcanza a salir una llamada o entra un mensaje de WhatsApp. La escena se repite varias veces en un mismo día o se alarga durante días enteros.
En el mejor de los casos, queda la opción de conectarse a una red wifi en algún local comercial, algo que no es tan común porque tener wifi en Leticia es un privilegio. Las alternativas para adquirir el servicio son escasas y por eso muy costosas; suelen depender de servicios como Starlink, Global y StarClic, cuya conectividad exige la compra de equipos que pueden costar más de $1.600.000 pesos. A esto se suma una mensualidad que puede oscilar entre $150.000 y $200.000 pesos, una cifra elevada para gran parte de la población de la región. Este tipo de servicios funciona en zonas remotas gracias a una gran constelación de satélites en órbita baja (LEO), lo que reduce la latencia y no depende de infraestructura terrestre.
Este panorama no es sorpresivo. En 2024 el 65,6 por ciento de los hogares colombianos contaba con conexión a internet, pero en el Amazonas esa cifra es muy inferior: el 41,3 por ciento de los hogares del casco urbano tenía acceso, y en las zonas rurales no se superó ni el 24 por ciento. Muy por debajo del promedio rural nacional, que alcanza el 41,9 por ciento.
“Acá hemos estado en un letargo durante todos estos años. Realmente nunca ha habido una conectividad estable, siempre se han presentado intermitencias”
Pedro Nariño Martínez, secretario de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Leticia y encargado de gestionar todo lo relacionado con las tecnologías de la información.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la región de Orinoquía-Amazonía presenta la brecha más alta del país en habilidades digitales (0,682 en el IBD), lo que significa que la población carece de las competencias necesarias para aprovechar internet de forma productiva. A esto se suma que existe un bajo interés o percepción de utilidad de internet en la vida cotidiana y productiva, sumado a una alta informalidad laboral que no incentiva la digitalización.
Esto no solo refleja una desventaja estructural frente al promedio nacional, sino que restringe los servicios públicos digitales, como educación, salud y empleo, ampliando las desigualdades sociales y territoriales que ya existen en el departamento.
En el 2013 el Mintic lanzó el Proyecto Nacional de Conectividad Alta Velocidad, que buscaba llevar redes de alta velocidad a 28 cabeceras municipales y 19 áreas no municipalizadas (47 puntos en total) que, por sus limitaciones geográficas o de orden público, no habían sido incluidas en el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El contrato, por más de 373.000 millones de pesos, fue adjudicado a la empresa Andired, encargada del diseño, instalación, inversión y mantenimiento de la red de conectividad de alta velocidad para estos lugares de la Amazonía, Orinoquía y el Pacífico.
La meta para el Amazonas era conectar a Leticia, Puerto Nariño y las zonas no municipalizadas. La red partiría desde Solano, Caquetá, y se extendería a través de antenas repetidoras distribuidas por el lecho amazónico: a lo largo del río Putumayo, en corregimientos y territorios apartados como La Chorrera, Puerto Arica, Tarapacá y San Martín de Amacayacu, hasta cubrir la cuenca del río Amazonas y llegar finalmente a Leticia.
El problema es que hoy, más de 10 años después, el proyecto, además de que no funciona bien, sigue sin terminarse. Según un informe con corte a diciembre de 2025, todavía restan 10 cabeceras por conectar (2 municipios y 8 áreas no municipalizadas), principalmente en Amazonas, Guainía y Vaupés. En el Amazonas faltan La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná y Puerto Santander.
El atraso supera los ocho años. Según la información oficial del proyecto, en 2017 debían quedar conectados los 32 municipios y corregimientos restantes —en 2016 se habían conectado 15—, con fechas de corte el 31 de julio, el 30 de septiembre y el 30 de noviembre de ese año. Los accesos de banda ancha debían entregarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y los Kioscos Vive Digital, en zonas rurales, a más tardar en marzo de 2018.
Pero toda clase de inconvenientes han retrasado el proyecto y debido a controversias contractuales, las partes acudieron a un Tribunal de Arbitramento. El 7 de julio de 2021 se aprobó un Acuerdo Conciliatorio que entró en vigencia en agosto de ese mismo año. En este acuerdo se pactó un nuevo cronograma para completar la instalación en los municipios faltantes, con una duración aproximada de 24 meses a partir de marzo de 2022. La nueva fecha de terminación quedaba proyectada para marzo de 2024, pero tampoco se cumplió.
Hoy el MinTIC adelanta procesos administrativos sancionatorios, los cuales están actualmente suspendidos por orden del Tribunal de Arbitramento mientras se resuelve una nueva demanda interpuesta por Andired en diciembre de 2023.
En Leticia aseguran que el proyecto nunca fue viable por diversas razones. Una de ellas era el alto costo de mantener las antenas y trasladar al personal hasta estos puntos para hacer reparaciones. A eso se sumaban las afectaciones en terreno: la presencia de grupos armados que cortaban los cables y los hurtos de equipos por parte de civiles. Cuando una antena fallaba, el sistema entero colapsaba.
“Por otro lado, los operadores locales que se encontraban en la región, como Claro y Movistar, tienen algunas antenas propias, pero no alcanzaban a suplir la demanda de la población, por lo que empezaron a anclarse a las antenas de Andired. No obstante, las fallas continuaron y la conectividad, que buscaba integrar a toda la Amazonía con el resto del país, cada día se veía más cerca de convertirse en un fracaso que en una realidad”, menciona Nariño.
Esa precariedad en la conectividad terminó por imponer otro ritmo en la vida cotidiana. Conectarse dejó de ser un acto inmediato para convertirse en una espera larga. En lo urbano la dinámica era una; en la ruralidad y sus alrededores, en cambio, la falta de señal no solo significaba incomunicación, sino reorganizar el día entero en función de la posibilidad, incierta, de que en algún momento el servicio de internet regresara. Algunos recorrían largas distancias, a pie, en moto o por río, hasta encontrar un punto donde fuera posible enviar un mensaje, hacer una llamada o descargar información básica. Lo cotidiano se volvía un esfuerzo.
En la comunidad de Nazareth, ubicada a una hora en bote desde el puerto de Leticia, esa rutina se hacía aún más exigente. Allí, Gildardo Laulate Benítez, curaca de la comunidad, describe días enteros marcados por la intermitencia: estar atento a los momentos en que regresaba la energía para encender rápidamente el celular, buscar señal en los alrededores, coordinar con otros habitantes quién había logrado conectarse o decidir si valía la pena desplazarse hacia otro punto, intentar una y otra vez, levantar el celular en distintos puntos, caminar unos metros más, subir a un lugar más alto.
En ocasiones, la comunicación dependía de subirse a una canoa y avanzar por el río hasta un lugar donde, con suerte, el teléfono lograra captar algo de red. “El internet era pésimo, pues en el territorio en el que nos encontramos, y al estar alejados del pueblo, la energía no era constante; entonces se iba a cada rato o se caía un palo en los postes, lo que ocasionaba que nos quedáramos sin energía por días. Esto afectaba nuestro quehacer y la comunicación con nuestros familiares que no se encontraban en la comunidad”.
Berta Gonzáles tiene 72 años, es abogada y vive en el municipio desde hace más de 50 años. Durante la pandemia vivía sola, en el barrio Victoria Regia Alta, y todos los días atravesaba la angustia de no poder comunicarse con sus hijos, que estaban en Bogotá y en comunidades sobre el río, en Leticia. En medio de las cifras de muertes por covid-19, la zozobra le dejó claro el nivel de desprotección del territorio en materia de tecnología y comunicación.
En 2022, Berta tomó la decisión de interponer una acción popular contra el MinTIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claro, Movistar, la Andired y otras autoridades nacionales y regionales. Buscaba la protección del acceso al servicio público de telecomunicaciones y la garantía de un acceso a internet eficiente y oportuno. Lo hizo junto a otras personas de la comunidad —Mercy Luz Bernal, William Ramírez López, Laureano Roa Bonilla y Alirio Torre Martínez—, también inconformes con lo que estaba ocurriendo.
Solicitaron, de manera puntual, la garantía y protección de los derechos colectivos consagrados en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que hacen referencia al “control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”, al derecho a un adecuado servicio de comunicación vía telefónica e internet, por cuanto los demandados no garantizaban, ni prestaban, un servicio eficiente y oportuno.
“La conectividad no es un derecho particular, sino un derecho colectivo, y al ser esto así, se protege mediante acciones populares y acciones de grupo. Se estaban vulnerando los derechos a la conectividad, a la comunicación no solo celular sino telefónica, al internet y a los mensajes”
Berta Gonzáles
Solicitaban también establecer tarifas de cobro que fueran justas y coherentes con la efectividad y calidad real de los servicios prestados, incluso se solicitó la suspensión del cobro de facturas por los servicios deficientes, o que los cobros se redujeran al 20 por ciento de la tarifa habitual.
Y a pesar de que han pasado cuatro años en proceso, han sido pocos los avances. Inicialmente un juez dictaminó medidas cautelares —una orden judicial— que enfatizaba en que los entes regularan y vigilaran los servicios de los prestadores y que los operadores invirtieran para mejorar la conectividad.
Sin embargo, esta demanda fue tutelada y apelada por los operadores, extendiendo el proceso pues, como lo cuenta González, fue solo hasta el año pasado que salió la sentencia, pero como fue apelada, actualmente se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
A pesar de esto, González asegura que la decisión motivó parcialmente la inversión en mantenimiento e instalación de nuevas antenas, pues los operadores debían demostrarle al juez con hechos lo que se estaba realizando para garantizar los derechos colectivos. Si esto no pasaba, el juez podía tomar la decisión de sacarlos de operar en la región. Sin embargo, la mejoría ha sido poca y las intermitencias continúan.
“Las herramientas de protección de los derechos las encontramos en la Constitución; allí están, solo que debemos saber utilizarlas. Los derechos se defienden, y la sentencia muestra que al reclamar por lo que se vulnera, en este caso la conectividad, se está haciendo una justicia parcial que tanto reclamaba y necesitaba el Amazonas”, recalca Berta con seguridad.
A la fecha, los retrasos y las fallas en la ejecución han escalado a escenarios judiciales, donde se discuten posibles sanciones, incumplimientos contractuales y responsabilidades frente a los recursos invertidos. Mientras estos procesos avanzan, en territorios como Leticia y sus comunidades cercanas, las promesas de conectividad continúan sin materializarse plenamente, dejando en evidencia una brecha que no sólo es tecnológica, sino también institucional.
Los estudios previos realizados por organismos como el Banco Mundial, la CAF y el BID, junto con los diagnósticos del Ministerio TIC, identifican que los retos para conectar al Amazonas no son solo tecnológicos, sino de naturaleza geográfica, económica, social y regulatoria
Lo primero que se nombra es la “geografía extrema”, el territorio está densamente cubierto por selva, con numerosas lagunas y zonas pantanosas, lo que hace que el despliegue de infraestructura terrestre convencional sea físicamente complejo y excesivamente costoso. A esto se suma la baja densidad poblacional y las grandes distancias entre centros poblados, que dificultan la logística para el transporte de equipos y el mantenimiento de las redes.
El despliegue debe cumplir con estrictas normativas ambientales y obtener permisos de autoridades que protegen áreas de especial importancia ecológica, lo que en el pasado ha llevado al retiro de proyectos en zonas como Parques Nacionales Naturales. Además, las condiciones de orden público en ciertas zonas rurales pueden dificultar la instalación y poner en riesgo la integridad de la infraestructura frente a posibles actos de vandalismo.
Esto hace que la inversión requerida para conectar al Amazonas no sea “atractiva” en términos de mercado. El despliegue en selva densa eleva los costos de inversión y operación, en contraste con el reducido tamaño del mercado local, limita el retorno de la inversión para los operadores privados. El Amazonas representa apenas el 0,08 por ciento del PIB nacional, lo que se traduce en una menor capacidad de pago de los hogares y una escasa demanda empresarial de servicios avanzados. Todo esto genera un círculo vicioso: el bajo PIB genera poca inversión digital, lo que a su vez mantiene baja la productividad y perpetúa la pobreza.
Reconocen también que las condiciones atmosféricas y climáticas de la región afectan la estabilidad de las señales inalámbricas (microondas y satelitales) que se han usado hasta ahora, lo que genera las constantes interrupciones que han denunciado los habitantes.
En el medio están los habitantes de lugares como Leticia o Puerto Nariño. Aunque ya se pueden hacer transacciones virtuales y durar más tiempo respondiendo mensajes, la conectividad se ve interrumpida en algún momento de la semana. “La señal ha mejorado un poco después de la pandemia, pero sigue siendo intermitente, porque hay muchas antenas, pero ninguna funciona. Esto ha ocasionado que algunas personas opten por comprar antenas satelitales, pero sigue siendo difícil para muchas otras, ya que no cuentan con los recursos suficientes”, explica Charlie Rivas, concejal del municipio de Puerto Nariño.
Hoy el gobierno del presidente Petro tiene una ambiciosa propuesta en medio de la actitud escéptica de los analistas. En 2024 Colombia y Brasil firmaron un Memorando de Entendimiento en donde acordaron ampliar la colaboración en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto dio nacimiento al proyecto “Fortalecimiento del acceso y/o uso de servicios de telecomunicaciones para cerrar la brecha digital en las regiones del país”, aceptado y publicado el 17 de octubre de 2025.
Su objetivo es conectar a los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia, así como las áreas no municipalizadas, a la red nacional e internacional de fibra óptica mediante el programa InfoVías de Brasil. Esto mediante una tecnología que no se ha implementado nunca en Colombia: llevar la fibra óptica por los ríos amazónicos.
Este esquema ha permitido extender redes de alta capacidad a municipios de difícil acceso, donde las condiciones geográficas limitan el despliegue terrestre en la Amazonía brasileña. Por tal razón, Colombia, con una inversión de $970.000 millones de pesos, generó una ruta de redundancia de este cable mediante la extensión de la conexión hasta Buenaventura, lo que permitirá conectar a toda la región.
“Actualmente, Colombia ya tiene el nodo instalado, que es la troncal donde estarán todos los equipos, y además cuenta con el cable principal de fibra óptica desplegado. Tabatinga, de igual forma, también tiene el cable, pero hay un retraso por parte de Brasil, ya que no ha concretado la empresa que va a administrar y generar la conexión con nosotros”, comenta Pedro Nariño.
Colombia lanzó la licitación para que los operadores obtengan la licencia y sean ellos quienes brinden el servicio para que Leticia empiece a estar conectada. Teniendo en cuenta que habrá regulaciones en los precios del servicio, donde el Estado financiará únicamente a la población de los estratos 1 y 2.
“Se espera que esto empiece a funcionar en agosto del presente año, con una conectividad que alcance hasta el kilómetro 7. Pero por el río y las comunidades es complicado, principalmente por los recursos y el difícil acceso. No obstante, a mediano plazo, es decir, en un horizonte de cuatro años, se proyecta conectar todas las comunidades hasta Puerto Nariño”, agrega Pedro.
Sin embargo, el proyecto no está exento de riesgos. El país carece de experiencia en este tipo de despliegues tecnológicos, en particular en la instalación de fibra óptica subfluvial, lo que aumenta la incertidumbre. Nicola Stornelli, comunicador social, periodista y analista de políticas públicas en telecomunicaciones, explica que “a diferencia de los cables submarinos en el mar, en los ríos no suelen ser necesarios pesos adicionales para fijarlos, ya que su propio peso es suficiente. Sin embargo, la sedimentación puede arrastrar vegetación u otros materiales, lo que exige un diseño robusto y protecciones específicas”.
A esto se suman las condiciones cambiantes de los ríos amazónicos: variaciones en el caudal, acumulación de sedimentos, vegetación en movimiento y fenómenos extremos como las recientes sequías del río Amazonas. Todos estos factores no solo complejizan la instalación, sino que también generan dudas sobre la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
“Al hacer el acuerdo con Brasil el proceso puede tardar más de lo previsto, ya que la distancia desde Manaos hasta Leticia es de aproximadamente 1100 kilómetros por el río Amazonas, lo que retrasaría aún más su implementación. Técnicamente, es inviable que en dos o tres meses toda Leticia esté conectada. Por eso, debieron realizarse estudios previos donde primara el pragmatismo sobre la ideología al tomar decisiones de tal magnitud, así como una licitación de carácter internacional”, comenta Stornelli.
A esto se suma que la empresa designada para que analice las alternativas de despliegue en el río Putumayo es Internexa, que ha enfrentado cuestionamientos por incumplimientos y retrasos en otros proyectos de conectividad, con investigaciones abiertas en la Contraloría y la Procuraduría. “Lo ocurrido en el Chocó es un claro ejemplo de lo que podría salir mal y funciona como una alerta para este caso”, concluye Stornelli.
Las expectativas en el territorio persisten. La mejora en la conectividad se proyecta como una oportunidad para que las comunidades accedan a nuevas posibilidades sin tener que abandonar su lugar de origen. “Lo que está sucediendo es que muchos de nuestros jóvenes, al no encontrar oportunidades aquí, deciden marcharse. Pero al llegar se enfrentan a otro mundo, donde algunos terminan involucrándose en actividades ilícitas. Si el mundo avanza, las comunidades también deben avanzar”, afirma Charlie Rivas. En ese sentido, la promesa de conexión no solo habla de cables y tecnología, sino de la posibilidad de transformar el rumbo de toda una región.
Este año al menos 54 personas, en su mayoría mujeres, que se dedicaban al cuidado de niños y niñas en Fonseca, se quedaron sin trabajo. Marta* iba a cumplir 10 años en este oficio. A pesar de la zozobra año tras año, a finales de 2025 le aseguraron que nuevamente sería contratada. Estaba acostumbrada a que los primeros meses del año no recibía sueldo, y que en marzo la vida se normalizaba. Pero este marzo, dos días antes de que los niños ingresaran al programa, le dijeron que su puesto de trabajo ya no existía.
“El Icbf sacó un comunicado hablando sobre la reducción de cupos, que algunas UCA tenían que desaparecer porque no contaban con la cantidad de niños, ni el presupuesto para pagarle al personal. En mi barrio había dos UCA y desapareció una. Es triste jugar con los sentimientos de una persona, con la manutención de una familia, con los sueños y proyectos de una persona”, dice Marta*. Como ella, otras ocho personas de la Unidad de Atención Comunitaria (UCA) en la que trabajaba quedaron sin empleo.
Para el 2026 el Icbf disminuyó en un 29,35 por ciento la contratación en las UCA de Fonseca. Según datos del Instituto, en la vigencia 2025 se generaron 184 empleos “directos” para trabajar en estas Unidades, mientras que en 2026 se contrataron solamente 130 personas. Esto, sin contar la reducción de personal de otros programas de atención a la primera infancia como los Centros de Desarrollo Infantil, que también se vieron afectados.
“La disminución en el número de UCA está relacionada con la reducción de cupos en la zona urbana, lo que ha llevado a la reubicación y reorganización de las unidades de servicio, concentrándolas en puntos más cercanos y con una mayor capacidad de atención, estimada en aproximadamente 40 usuarios por unidad. En cuanto a la zona rural, las unidades continúan operando con una capacidad promedio de 20 usuarios, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión geográfica y acceso de la población”, informa la Secretaría de Educación del municipio.
La crisis que enfrentan las trabajadoras de primera infancia del Icbf se agravó este año porque no hay suficientes niños para atender. En las UCA hay 251 niños menos: en 2025 se atendieron a 1.453 niños y niñas, mientras que este año solamente a 1.202, 798 en la zona urbana y 404 en la zona rural.
En los CDI la situación no es diferente. A pesar de que no se ha cerrado ningún centro, ya se redujeron los cupos asignados por el ICBF y, con ellos, muchos empleos: “Trabajé como docente hasta diciembre del año anterior en el CDI del barrio 12 de octubre; este año no me llamaron y las cosas se tornaron bastante difíciles. No quedé yo ni ninguna de mis cuatro compañeras de cocina y aseo. Yo tengo cuatro hijos, tres a mi cargo, no recibo ayuda de nadie”, cuenta Elexis Bolaño, esteticista de profesión y cuidadora por oficio.
A partir de este año escolar los niños de tres a cinco años, que eran población objetivo de los programas del Icbf, pasaron a ser atendidos por el Ministerio de Educación a través de las escuelas públicas, dejando a los otros programas con menos población. Hoy existe una crisis de cobertura que genera una gran preocupación e incertidumbre. En las trabajadoras se generó una especie de "competencia" por los niños, y por mantener el empleo.
Hoy las Madres Comunitarias deben responder por metas de asistencia que son difíciles de cumplir, mientras viven con la preocupación de si su puesto también será cancelado: “A mí se me acercan varias compañeras dentro de los CDI y me preguntan qué vamos a hacer. Me dicen que si su cupo de atención es de 20 niños, en realidad les llegan 10 ó 12, algunas siete, algunas cinco. Una realidad que se está viviendo dentro del municipio. Y no debería ser así porque a mí no me pagan por niño”, explica Nelcy Erazo, presidenta del sindicato de madres comunitarias en Fonseca.
El inicio de cada año para el gremio dedicado al cuidado está lleno de angustia por la falta de garantías laborales. El modelo de contratación tercerizado no les garantiza la continuidad cada final de año y el ciclo de preocupación vuelve a iniciar. Esto sumado a los retrasos continuos: los cinco CDI que existen en el municipio sólo atendieron niños hasta el día 25 de marzo, cuando debían empezar el 9 de febrero.
Las demoras en la contratación no solo impactan a los niños de familias de bajos recursos, quienes son los principales beneficiarios de estos centros, sino también a las madres comunitarias, los profesionales de la salud como nutricionistas y psicólogos, e incluso a vigilantes y aseadoras de los distintos centros. Todos ellos dependen de esta actividad económica y se ven obligados a esperar cada año más tiempo del previsto para que se formalicen sus contratos.
“El funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil se ha visto afectado por el retraso en la contratación de los operadores por parte del Icbf. Esta situación provoca interrupciones que impactaron negativamente en el desarrollo integral de los niños y niñas”, aseguran desde la Secretaría de Educación.
El trabajo que realizan Marta, Elexis, Nelcy, otras madres comunitarias y las demás funcionarias de los centros de atención es trabajo de cuidado; es decir, implica atender y acompañar a niños, niñas y personas mayores. Estas labores han sido históricamente asignadas a las mujeres y, en la mayoría de los casos, no son remuneradas. Cuando sí lo son, como ocurre en su caso, las condiciones laborales suelen ser precarias.
“En Colombia, según el DANE, las mujeres dedican en promedio casi ocho horas diarias al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres apenas dedican tres. Y quienes se dedican al cuidado de manera remunerada —como las trabajadoras domésticas— enfrentan condiciones laborales precarias: extensas jornadas, bajos salarios, falta de afiliación al sistema de salud o pensiones, y tratos indignos”, resalta Dejusticia en el Informe “Reflexiones sobre el cuidado como derecho en Colombia”.
Esta falta de condiciones dignas para ejercer su trabajo tiene impactos graves en la vida de las mujeres, de sus familias y en sus comunidades: “Limita sus posibilidades de acceso a la educación, al desarrollo profesional, a oportunidades económicas y a participar en escenarios públicos como la política. Además, las hace más proclives a la pobreza y la exclusión social”, agrega el informe. Condiciones que se agravan con otros factores como la pertenencia étnica, la pobreza y la migración forzada.
El Icbf atendió durante 2025 a 12.132 niños y niñas en el departamento de La Guajira, a través de 952 hogares comunitarios y 43 unidades de servicio para la primera infancia. El departamento tiene las cifras más altas de feminización de los trabajos de cuidado remunerado, esto sin contar que la informalidad también es mayor en las mujeres cuidadoras en comparación a los hombres ocupados en el sector, lo cual profundiza la brecha en estabilidad laboral, ingresos y acceso a la seguridad social.
“La distribución territorial del empleo en el cuidado está estrechamente relacionada con los patrones de feminización regional, que se mantienen como una de las características estructurales más persistentes del sector. En la mayoría de los departamentos, las mujeres representan más del 70 por ciento del total de personas ocupadas en actividades de cuidado, con máximos en La Guajira (82,3 por ciento), Arauca (80,4 por ciento), Nariño (78,4 por ciento) y Atlántico (78,0 por ciento)”, dice el informe “Análisis del Cuidado Remunerado en Colombia”, publicado por el Servicio Público de empleo el 29 de octubre de 2025.
Este patrón, asegura el informe, reafirma la existencia de una doble desigualdad; por un lado, la sobrerrepresentación femenina en el sector, y por otro, su mayor exposición a condiciones laborales precarias.
Los incumplimientos del Icbf en Fonseca vienen desde 2023, tanto que en varias ocasiones las madres comunitarias han hecho paros tratando de que las escuchen. En 2024 el cese de actividades duró tres días y en la lista hay varios reclamos que persisten: demoras en las contrataciones, falta de formalización, pensión digna, dotación en centros de atención, capacitaciones, aumento de la minuta alimenticia, entre otros.
En enero de este año el gobierno anunció que más de 2.000 madres comunitarias aceptaron, firmaron y se vincularon a la planta del Icbf como las primeras trabajadoras oficiales en todo el país. Y aunque es un avance, el proceso ha sido lento.
En La Guajira existen 15.504 madres comunitarias, según la Caracterización de las madres y padres comunitarios que forman parte del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar en el ICBF. De ellas, solo hay 17 madres formalizadas, cuenta Nelcy Erazo.
Según la misma caracterización, en Fonseca hay 430 madres comunitarias y solo una de ellas, explica Erazo, ha logrado la formalización o contratación directa con Icbf. El resto de las que lograron contratos siguen bajo el modelo de "tercerización" a través de entidades administradoras de servicio.
A esto se suma la precariedad en los salarios. En el mismo informe del Servicio Público de Empleo explican que aunque ha tenido pequeños aumentos, la estructura salarial del cuidado sigue siendo predominantemente de baja remuneración, lo que refleja la limitada valoración económica en el trabajo de cuidado. Más de la mitad de los puestos de trabajo de este sector (59,6 por ciento) se ubicaron en el rango salarial entre $1.000.000 y $1.500.000.
Sobre los sueldos, el Icbf le respondió a Consonante que de acuerdo con el manual operativo, las entidades que administran los servicios de Bienestar Familiar deben realizar convocatorias públicas para seleccionar al personal más idóneo, conforme a los requisitos establecidos. “La responsabilidad de la vinculación recae en estas entidades, quienes deben garantizar la contratación y el cumplimiento de sus obligaciones con el talento humano. El pago se define según los perfiles requeridos y está establecido en la canasta de costos que Bienestar Familiar fija para cada vigencia”, explican.
Estas mujeres, además, trabajan con pocos recursos. En Fonseca, la Secretaría de Educación ha llamado la atención sobre el mal estado y la falta de materiales pedagógicos e infraestructura idónea para prestar los servicios en los Centros de Desarrollo Infantil: “La limitación de recursos dificulta la adecuada operación de los CDI, restringiendo la disponibilidad de insumos, materiales pedagógicos y personal necesario para garantizar estándares óptimos de atención. Asimismo, se presentan dificultades en la infraestructura, evidenciadas en espacios que requieren mantenimiento, adecuaciones o mejoras, lo cual puede afectar las condiciones de seguridad, salubridad y bienestar de los beneficiarios”.
Las elecciones del próximo tres de mayo en Fonseca ya tienen protagonistas. Según el orden de inscripción, el quinteto aspirante está conformado por el abogado Marco Antonio Jaramillo Daza con el aval del Nuevo Liberalismo, el médico Hirohito Almanza Barcasnegras por el Pacto Histórico, el ingeniero y empresario Nelson José Álvarez Obregón por el Partido Liberal Colombiano, el odontólogo Oswaldo Rodríguez Figueroa por la U y el exalcalde Micher Pérez por el partido Alianza Social Independiente (ASI).
Quien resulte elegido asumirá el rumbo del municipio durante 18 meses, hasta octubre de 2027, cuando se celebrarán las próximas elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, de acuerdo con el calendario electoral colombiano. Esto ocurre luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes para el periodo 2024-2027.
Hoy, el limbo jurídico que rodea la candidatura de Micher Pérez y la incertidumbre de la ciudadanía, en un momento clave para recuperar la gobernabilidad del municipio, reconfiguran las fuerzas políticas que aspiran a llegar al palacio municipal.
Nelson Álvarez Obregón, nuevo en el panorama político del municipio, es el más joven de los aspirantes. Álvarez es ingeniero industrial con énfasis en fomento empresarial, cuenta con experiencia en el desarrollo integral de empresas, planificación estratégica y gestión de equipos de trabajo.
Sus aspiraciones son respaldadas por un grupo de amigos, en su mayoría jóvenes, que pertenecen al Partido Liberal. En las elecciones del pasado 8 de marzo apoyaron a Yesid Enrique Pulgar Daza, quien obtuvo 1.217 votos en Fonseca y resultó electo como senador. No obstante, el Partido Liberal quedó por debajo de La U, el Partido Conservador y el Pacto Histórico en la votación al Senado.
Entre sus apoyos más reconocidos están Francisco Acosta, anterior candidato a la alcaldía por el grupo Podemos (antes de que abandonara el grupo por “falta de garantías”); Vicente Velázquez, exconcejal y director del tránsito municipal; y Lino Rincones, exconcejal y líder social.
Marco Jaramillo Daza es abogado litigante especialista en derecho laboral, seguridad social, derechos humanos, docente universitario y magíster en promoción y protección de los DD.HH. Llegó a Fonseca en el año 2005 y se le conoce por sus denuncias sobre diferentes temas del municipio. No cuenta con estructura política tradicional y dice que su mejor arma es su voz, ya que participa en programas radiales en donde ha sido centro de grandes debates. Obtuvo el aval del Nuevo Liberalismo.
Jaramillo enfrenta actualmente una investigación por el presunto delito de violencia intrafamiliar y actos de maltrato. Ya había aspirado en las primeras elecciones atípicas, en diciembre de 2023, pero retiró su candidatura ante la falta de respaldo político.
Por segunda vez también se presentó Hirohito Almanza Barcasnegras, médico que ha utilizado su profesión como plataforma política. Almanza va avalado por el Pacto Histórico, una de las grandes sorpresas de las elecciones a senado y cámara. En Fonseca fue el tercer partido más votado, alcanzando 2.884 votos al senado y 3.151 votos a la cámara, lo que ha despertado gran expectativa entre los simpatizantes del partido progresista.
El médico también tiene el apoyo de las bases del sindicalismo, un amplio sector del gremio de los educadores, trabajadores mineros, independientes y un sector del comercio. Ha sido contratista del Hospital San Agustín.
Oswaldo Rodríguez Figueroa, más conocido como “Osvaldito”, es odontólogo de profesión. Ha construido una importante trayectoria empresarial destacándose en el sector arrocero, actividad que ha desarrollado su familia durante más de 50 años. No es la primera vez que su nombre se escucha en las esferas políticas de Fonseca, pero sí la primera vez que logra consolidar su aspiración a la alcaldía. Está avalado por el partido de la U y cuenta con el respaldo del grupo significativo “Si podemos”, liderado por el exalcalde Hamilton Raúl García Peñaranda. Así como el de Junior Romero, quien también fue candidato a la alcaldía en dos ocasiones.
El partido de la U fue el principal ganador en las elecciones pasadas. Dando como resultado la elección del representante ‘Nenon’ Figueroa con más de tres mil votos, quien apoyará a Rodríguez, y el también electo senador Alfredo Deluque, que alcanzó 2.800 votos en el municipio. El candidato ha centrado su aspiración en tres líneas gruesas: salud, seguridad y manejo eficiente de la economía.
Por su parte, el exalcalde Micher Pérez Fuentes regresa a la contienda con el aval del partido ASI. Cuenta además con el respaldo del grupo político Avanzar, así como de concejales y líderes políticos y sociales del municipio. También lo apoya el exdiputado Pablo Parra, quien aspiró a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones y, aunque no resultó electo, demostró un importante caudal electoral en el municipio.
En las primeras elecciones atípicas, celebradas en diciembre de 2023, Pérez alcanzó la Alcaldía con 9.763 votos, apenas 609 más que su entonces contrincante, Enrique Luis Fonseca Pitre.
Hoy, el panorama electoral en el municipio es complejo y la aspiración de Micher Pérez se ha convertido en el “florero de Llorente” de la contienda. La pregunta que concentra la controversia es clara: ¿está o no inhabilitado para aspirar?
Por un lado, José Abuchaibe Escolar, abogado que promovió la demanda contra la elección de Micher Pérez, sostiene que sí existe una inhabilidad y que el candidato estaría aprovechando un vacío jurídico. “Esto puede defraudar la confianza de los electores y la moralidad administrativa. Él ejerció autoridad administrativa, civil y política en el año anterior y, si se declara la nulidad de las elecciones atípicas, se configura la inhabilidad. Además, se rompe el derecho a la igualdad entre los candidatos”, enfatiza el jurista.
En contraste, el exmagistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes Barreiro asegura que no está inhabilitado: “Desde el 2016, en una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, se manifestó un cambio de la jurisprudencia con efectos jurídicos que provienen del código civil en donde se dice que los actos nulos declarados por el contencioso administrativo deben tenerse en principio como si nunca hubiesen existido. De acuerdo con ese entendimiento el criterio imperante es que el acto no existió, por lo tanto, se considera que nunca fue alcalde, ni ejerció autoridad administrativa. Por eso puede volver a ser elegido”, afirma el ex magistrado.
La incertidumbre de qué pasará con la candidatura ha cambiado el panorama político de Fonseca. Por ejemplo, el ex alcalde José Manuel Moscote Pana, quien en el pasado le brindó apoyo a Micher Perez y fue una pieza clave para que lograra la alcaldía, hoy apoya a Oswaldo Rodríguez. Chema, como se le conoce, hace parte de la directiva del Partido de la U en La Guajira. Estas fueron las razones por las que el compositor y político decidió no inscribir su nombre a la alcaldía después de haber anunciado sus aspiraciones públicamente.
Por su parte el grupo político Avanzar, quienes también manifestaron al inicio hacer parte de la contienda electoral con Lewis Moya Vega, manifestaron en un pronunciamiento oficial el apoyo total a Micher Pérez, corroborando que el compromiso asumido en las pasadas elecciones continúa firme. El grupo “Poder de Cambio”, liderado por el ex alcalde y hoy secretario de gobierno departamental Misael Velázquez Granadillo, también respalda las aspiraciones de Micher Pérez.
Otros grupos emergentes estudian el panorama con vista a definir a quienes de los aspirantes deciden apoyar.
Quien llegue a ocupar el cargo de alcalde tiene el tiempo en su contra. Después de las elecciones quien quede elegido tendrá solo dos años para sacar adelante su programa de gobierno. La nueva designación se encuentra justo en el límite establecido para el cambio de alcalde o alcaldesa antes de las próximas elecciones establecido en la Constitución. Es decir, 18 meses antes de las nuevas elecciones.
Desde el inicio de las pugnas legales, que se remontan a casi tres años, la atención pública se concentró en sí Micher Pérez saldría o no de su cargo. El bienestar del municipio, y de sus habitantes, pasó a un segundo lugar.
La tarea de encontrar soluciones para problemas como el caos del Tránsito y los retos del campo quedó relegada. “Cuando un alcalde está inmerso en un proceso judicial muchas veces se concentra más en la defensa y esto afecta el desarrollo de los proyectos de inversión social”, ha advertido la MOE sobre otros procesos similares.
“La política de nuestros pueblos parece involucionar hacia el reciclaje de nombres y estructuras que ya le han fallado al pueblo. En esta nueva contienda, los candidatos parecen repetir el mismo viejo libreto. Fonseca parece detenida en el tiempo; los administradores de turno planean alternativas de solución a problemas identificados desde 1990 y principios del 2000. Los candidatos ofrecen soluciones a temas que deberían estar resueltos hace años, y lo peor del caso es que casi ninguno especifica de dónde saldrá el dinero, ni cómo ejecutará las transformaciones estructurales en el escaso año y medio de gobierno que resta”
José Armando Olmedo Ávila, economista y analista político.
Dieciséis aspirantes compitieron por las dos curules a la Cámara que le corresponden al Chocó. A pesar de los ocho partidos que componían la lista, en estas elecciones se reafirmó el poder del partido Liberal en todo el departamento: alcanzaron más de 83.000 votos. Una cifra histórica según líderes del territorio.
“Logró una cifra nunca antes vista; en las anteriores sacaron alrededor de 40.000 votos. Hoy más que nunca se confirma el poder que tiene el Partido Liberal, el dominio que tiene al interior del departamento del Chocó y que con toda seguridad se verá reflejado en las elecciones regionales”
Edwin Mosquera, politólogo y líder social de Istmina.
Para la Cámara votaron 197.814 personas de las 363.743 habilitadas, lo que representa una participación del 54,38 por ciento. Entre los tres aspirantes del Partido Liberal Colombiano, quien ocupará la curul es Omar Francisco Vidal, que en el preconteo obtuvo 41.424 votos.
En el departamento su triunfo no resultó sorpresivo, pues su candidatura contaba con el respaldo del llamado Cordobismo, el mismo grupo político que apoyó a la actual gobernadora Nubia Carolina Córdoba.
La cercanía era evidente: el hermano de la gobernadora, Camilo Córdoba, fue el gerente de la campaña de Francisco Vidal en Quibdó. Además, Jhovanny Arias, su esposo, anunció el apoyo a Vidal públicamente. Incluso se le conocía como el candidato de la Gobernación. “Con este triunfo la gobernadora Nubia Carolina, el exgobernador Ariel Palacios y el director de Codechocó, Arnold, se consolidan como los nuevos líderes políticos a nivel departamental”, agrega el politólogo.
Omar Francisco Vidal es abogado y oriundo de Bahía Solano. No era tan conocido en el territorio y se ha movido desde hace varios años en el sector público. En el Secop se registran seis contratos públicos de prestación de servicios como abogado para la Contraloría de Bogotá, la Auditoría General de la República y la Defensoría del Pueblo; este último es el más alto por 148 millones de pesos. Todos ellos en Bogotá.
La segunda curul de la Cámara la ocupa, por tercer periodo consecutivo, Astrid Sánchez Montes de Oca, que con esta nueva elección cumplirá 12 años en el poder. Sánchez logró 21.486 votos en el preconteo, de los 37.411 que alcanzó su partido, el de la U.
Es hija del patriarca Rafael Sánchez Montes de Oca, cabeza del clan Sánchez Montes de Oca, un grupo político con fuerte influencia en el departamento. Desde esa estructura han llegado al poder figuras como Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien se desempeñó como gobernador entre 2008 y 2010.
Actualmente, Patrocinio Sánchez enfrenta un proceso judicial tras ser imputado por presuntamente haber direccionado de manera irregular dos contratos para la producción, distribución y comercialización de licores en el Chocó a favor de una industria licorera del interior del país. Según las investigaciones, estos hechos habrían ocasionado la pérdida de 14.154 millones de pesos correspondientes a recursos públicos del departamento.
A pesar de que quien llegará a la Cámara es Astrid Sánchez, los análisis de los chocoanos dicen que el verdadero triunfo se lo llevó Oliver Moreno, el segundo de la lista del partido de la U. El candidato de los mineros, como se le conocía, obtuvo 12.555 votos que finalmente lograron dar el pase gol para que el partido tuviera una curul.
La segunda persona más votada fue Sandra Tatiana Palacios, también del partido Liberal, quien alcanzó 32.154 votos. A pesar de la cifra tan alta, no logró la segunda curul por la forma en la que se define el umbral electoral en los lugares donde solamente hay dos escaños.
Palacios es esposa de Nilton Córdoba Manyoma, quien se desempeñó como representante a la Cámara del departamento del Chocó desde mediados de julio del 2014 hasta el 2022. Córdoba se encuentra hoy privado de la libertad después de que la Corte Suprema lo condenara por su participación en el denominado Cartel de la Toga.
Además del apoyo político de su esposo, Sandra Palacios también contó con el respaldo de Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, conocido como “Domingo”. Quien fue gobernador del departamento del Chocó en el periodo 2016-2019, actual representante a la Cámara y sobre el que pesan más de 20 investigaciones. La última de ellas por parte de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la contratación pública durante su gestión como gobernador del Chocó y representante a la Cámara.
El tercer bloque más votado fue la coalición “Esperanza Chocó”, integrada por el Partido Conservador Colombiano y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que obtuvo 35.956 votos, muy cerca de alcanzar al Partido de la U.
En contraste, las opciones de los partidos considerados alternativos tuvieron una votación reducida: el Pacto Histórico alcanzó 8.400 votos; MIRA, 3.844; y el Centro Democrático, 3.514.
“Hay que decir que se sostiene el continuismo, porque estos dos partidos, el Partido Liberal Colombiano y el Partido de la U, ya venían ocupando estas curules con anterioridad. Que continúen en el poder significa que se consolidan los poderes de casas políticas fuertes”, comenta Mosquera.
El 8 de marzo también estuvo protagonizado por la compra de votos. En municipios como Tadó, mientras unos acudían masivamente a las urnas a votar, otros se quedaban en el bahareque de la política: no en busca de oro, sino de efectivo. El pago alcanzaba los 100.000 pesos para el voto en Cámara y Senado. Frases como “si no me dan para una arroba de arroz, no voto” se escuchaban en los alrededores de la Institución Educativa Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, lugar donde estaban instaladas las mesas de votación del casco urbano.
En el departamento hay una tendencia muy marcada: desde el 2014 no hay un chocoano en el Senado. La última persona del departamento en ocupar una silla en este espacio fue la misma Astrid Sánchez Montes de Oca, quien estuvo en el congreso desde octubre de 2012 hasta julio de 2014, en reemplazo del destituido Eduardo Carlos Merlano, sancionado por la Procuraduría.
“El departamento sigue sin tener una voz propia de un chocoano en el Senado de la República y esto lo que significa es que no tenemos un doliente que pueda proponer, aprobar legislativamente y gestionar para que desde este recinto puedan ver al departamento del Chocó como prioritario”, explica Edwin Mosquera.
En cuanto al Senado, la participación de los chocoanos fue ligeramente menor: votaron 192.408 de las 363.743 personas habilitadas. Nuevamente, el Partido Liberal Colombiano obtuvo la mayor votación en el departamento con 41.673 sufragios. De ellos, 6.292 —la mayoría— fueron para Leonardo Gallego Arroyave, oriundo de Medellín, actual representante a la Cámara por Valle del Cauca, quien logró una curul en el Senado.
La candidata chocoana con mayor respaldo fue Gisela Palacios, esposa del exgobernador Ariel Palacios Calderón. Palacios obtuvo 19.075 votos y estaba avalada por la coalición Alianza por Colombia, integrada por los partidos Alianza Verde, En Marcha, Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente y Alianza Social Independiente (ASI). Aunque esta coalición logró diez curules en el Senado, Palacios no alcanzó a obtener un lugar dentro de la lista.
“Lo que están diciendo los chocoanos es que a ella se le cobró el hecho de que, aun siendo del Partido Liberal en su momento con Ariel Palacios, cuando Milton Córdoba se lanzó al Senado a nivel nacional, ella no lo apoyó, y eso fue público. En cambio, trajo a otro senador de afuera y aquí le buscaron votos. Por eso, el Partido Liberal en general y gran parte del departamento del Chocó le cobraron el hecho de no apoyar a otro chocoano”, comenta el politólogo.
Palacios se suma a la larga lista de chocoanos que han intentado llegar al Senado sin éxito. Según un recuento del medio El Baudoseño, desde 1991 solamente dos candidatos han ganado en elecciones un puesto directo en el recinto, los dos indígenas. Francisco Rojas Birry, en 1998, por Alianza Social Indígena y en 2002, con el movimiento Visión Étnica. Y Luis Evelis Andrade Casamá, quien fue elegido en el 2014 por la circunscripción indígena representando el Movimiento Alternativo Indígena y Social – Mais.
“Los demás candidatos que han llegado al Senado han sido por períodos más cortos y por circunstancias específicas. Darío Córdoba Rincón en 1999, quien reemplazó a Arístides Andrade quien vino al Chocó bajo el patrocinio de Edgar Eulices Torres; Ismael Aldana Vivas, senador por el partido conservador, en reemplazo de Omar Yepes Álzate entre junio 2004 y septiembre de 2005; Heladio Mosquera Borja, senador 1999 a 2001 en reemplazo de Piedad Córdoba que tuvo que abandonar el país y exiliarse en Canadá; Rufino Córdoba quien después de la renuncia de más de seis personas que estaban delante en la lista de Colombia Democrática de Mario Uribe, ingresó entre el 17 de julio de 2008 al 20 de julio de 2010 y Astrid Sánchez Montes de Oca se posesionó como senadora, integrante de la lista del partido de la U, en octubre de 2012 hasta julio de 2014 en reemplazo del destituido Eduardo Carlos Merlano, sancionado por la Procuraduría”, explica el columnista Alter Onesis Mosquera.
En la Citrep repite el cuestionado James Hermenegildo Mosquera. Alcanzó 21.178 votos, una mayoría que arrasó con su principal contrincante, Blasney Mosquera, quien logró solamente 9.760 votos. El aumento de la votación frente a hace cuatro años fue radical; la victoria en ese momento la logró con poco más de 7.000 votos, una tercera parte de lo que alcanzó en estas elecciones.
El Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, a pesar de los cuestionamientos de varios de sus miembros al aval otorgado a James, fue el movimiento más votado en todos los municipios de la circunscripción número 6: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, más dos de Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó).
En el departamento se le conoce a Mosquera por su cercanía a la casa política Sánchez Montes de Oca. Líderes locales señalan que contó con apoyo de la maquinaria de La U en 2023 y que lo mantuvo en estas elecciones. La Corte Suprema lo investiga por el certificado que avaló su condición de víctima antes de las elecciones de 2022. Y varios líderes de víctimas del departamento han demostrado su desencanto y frustración por la falta de articulación con el territorio en su representación en el Congreso.
“Estos cuatro años de implementación de las circunscripciones los perdimos. Los perdimos porque se eligió un representante de manera fraudulenta y no hizo nada”, sentencia el defensor y ex comisionado de la verdad Leyner Palacios, sobre el espacio que se contempló para darles voz directa a las víctimas del conflicto, en un departamento en el que todo el mundo es víctima. El 94 por ciento de los habitantes del Chocó han sido afectados por el conflicto: de un estimado de 605.000 personas, 569.021 hacen parte del Registro Único de Víctimas.
A pocos días de que se elija por segunda y última vez al representante que ocupará la llamada curul de paz en el Congreso, diez de esas víctimas chocoanas cuentan cómo se vive la puja desde el desencanto.
Hace cuatro años, la emoción era la expectativa y la esperanza. “Yo participé en las negociaciones en este proceso en La Habana y cuando salieron las circunscripciones las recibimos con mucha esperanza porque entendimos que era la oportunidad para que ese acuerdo se materializara en procesos y derechos para las comunidades”, continúa diciendo Palacios.
“Hace cuatro años se vivió un ejercicio muy bonito, se inscribieron líderes reconocidos del departamento, se inscribió José Valencia, se inscribió Blasney, que era el coordinador de la Mesa de Víctimas, algunas mujeres del Atrato, mujeres que reconocemos que han sido lideresas al interior del proceso. Pero también se inscribió James Mosquera Torres, que no era conocido para nosotros en territorio”, recuerda un líder político de Istmina, quien, como la mayoría de fuentes de esta historia, prefiere no ser nombrado por el miedo que implica hablar sobre política en un territorio donde la mayor fuente de empleo son las alcaldías y la Gobernación.
James Mosquera, quien hoy busca la reelección, lleva más de tres años con una indagación en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón, por el origen del certificado que recibió para avalar su condición de víctima en 2023 (requisito fundamental para participar por esta curul). Cuestionan que además de recibirlo de manera exprés —en 20 días, a pesar de ser un trámite que puede demorar años— hay inconsistencias en los hechos victimizantes relatados. A punto de que se le venza el periodo, aún la gente del departamento no tiene claridad sobre el asunto.
En el Chocó es ampliamente conocida la cercanía del congresista Mosquera con la casa política Sánchez Montes de Oca, debido a que ha trabajado como abogado de Patrocinio Sánchez, veterano político de esta familia poderosa que está condenado por irregularidades en contratos durante su gestión como gobernador. Líderes del territorio, por aparte, afirman que, por la vía de esa relación, James Mosquera obtuvo el apoyo de esta maquinaria y del Partido de La U para las elecciones de 2023
Mientras en esa primera elección hubo 11 listas y más de 20 candidatos, para las de este domingo las víctimas de los municipios: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto, más dos de Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó), deben elegir solamente entre seis aspirantes.
Avalados por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita están James Hermenegildo Mosquera y Georgina Portocarrero, una lideresa de Riosucio. Por la Corporación Magia y Desafío “Corpomades”, que tiene poco más de un año de creada y de cuyos candidatos se sabe poco, están Leyman Javier Mosquera y Yuledis Viera. Y por la organización de víctimas Revivir Sipí están Blasney Mosquera Hurtado, excoordinador de la mesa de víctimas, y Ana Rosalba Mosquera Palacios, que ya se habían lanzado con la misma organización.
En el marco de las sombras sobre Mosquera se entiende la frustración de ahora de algunos. “Vemos que es una representación más en la Cámara, el impacto que esperábamos a través de nuestro representante de paz realmente no ha tenido el eco necesario para nosotras las víctimas”, comentó Giovanny Mena, líder comunitario de Condoto.
“Durante estos cuatro años no se sentó a hablar en algún momento con la Mesa Indígena del Chocó. Solamente ha venido cuando viene alguien de Bogotá a acompañar y hablar. Nada más”, aseguró un representante de la Mesa que prefiere no ser nombrado por seguridad, pues ha sido amenazado en varias ocasiones.
“Sería bueno que ese representante pudiera ayudar a mediar en ese conflicto que hay entre las comunidades negras y las comunidades indígenas. O la atención urgente en salud mental por el aumento de los suicidios. Pero pues no tenemos ese respaldo para estos trabajos”
agregó el líder indígena.
“Si uno mira los informes, ha participado de algunos proyectos como autor y coautor, pero hacia el territorio no hay vinculación, no nos sentimos representados. Él vivía en Bogotá, es alguien que ha sido más político que líder social”, comentó el líder de Istmina.
Mosquera tuvo un desempeño promedio, en comparación con los otros representantes de estas curules en materia de proyectos en el congreso. Para la legislatura de 2022-2023 y 2023-2024 fue autor y/o coautor de 47 proyectos. En la primera legislatura más de la mitad estaban relacionados con la paz, mientras que en la segunda solamente el 23 por ciento de ellos.
En palabras del congresista, los mayores logros de su gestión en estos cuatro años fueron la ponencia de la ley que aumentó por 10 años los PDET, el apoyo a la ley que amplía los plazos para declararse como víctima y la “gestión de más de seis mil cartacheques de indemnización”.
Pero en el Chocó no sienten estos avances: “Para nosotros era vital que se adelantara bastante la indemnización pero hay un estancamiento en ese proceso. También ha estado demasiado lenta la implementación de la reforma rural integral. Los recursos incluso para las iniciativas priorizadas también han tenido un estancamiento, al igual que la implementación de obras y proyectos PDET”, agrega Mena.
Hoy la disputa electoral parece estar solamente entre James Mosquera y Blasney Mosquera. Líderes del territorio afirman que James sigue teniendo el apoyo de los Sanchez y del Partido de La U. “Acá el partido Liberal, el Partido de La U, que son las casas fuertes, y por ahí que se suma Cambio Radical, ya decidieron. La alianza de James con La U sigue ahí y tengo entendido que los otros partidos que han resultado golpeados de esta alianza han buscado rodear al otro candidato”, explica el líder de Istmina, que es conocedor de la movida.
En territorio reconocen una campaña política muy desigual y sienten desconfianza: “Blasney es una víctima que no tiene recursos para hacer esos movimientos y desplazamiento a los 14 municipios que votan. Aquí una sola bomba de gasolina vale más o menos 120.000 pesos y en un desplazamiento se gasta cuatro y cinco. En cambio, el representante James tiene todas las posibilidades porque hasta proyectos ha logrado para financiar su campaña. Llega a los pueblos ofreciendo hasta contratos. De cierta manera ese poder que adquirió lo están utilizando para constreñir también al electorado”, dice Leyner Palacios.
Esto también es evidente en redes sociales. James Mosquera cuenta con un gran equipo de comunicaciones, su presencia en redes sociales ha sido fuerte con publicaciones diarias mostrando los recorridos por los municipios. La semana pasada estuvo en gira de medios en Bogotá, en medios como El Espectador, Caracol y Red +. En comparación, el líder Blasney Mosquera ha hecho un par de publicaciones pagas en medios locales como “Publimovil Chocó”, y recientemente abrió un instagram que tiene siete publicaciones.
A esto se suman otros cuestionamientos: integrantes del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, la organización social que avala a James Mosquera, aseguran que el aval lo entregó el entonces representante legal del Consejo Comunitario, Tulio Hurtado, sin autorización de la junta directiva y presuntamente a cambio de dádivas. Frente a los cuestionamientos del aval, el representante Mosquera aseguró en entrevista a este medio que todo fue de manera consensuada.
Entre los apoyos políticos cuestionados de Mosquera está también la del exalcalde de Bojayá, Joaquín Palacios Asprilla, quien está condenado por su relación con paramilitares en la región del Atrato. El político publicó en redes sociales que su movimiento “Minga para el desarrollo de Bojayá” había decidido apoyar a Mosquera. Un capital de votos que podría ascender a los 2.500, después de que en las elecciones a la alcaldía de 2019 su candidato ocupara el segundo puesto con 2.234 votos.
En medio del desencanto, el llamado también es a la articulación: “Nuestro grupo llegó a una conclusión que queremos dejar clara: la presencia del congresista en el territorio no puede ser simbólica, debe ser constante, articulada y orientada a resultados. Necesitamos representantes que lleven nuestras preocupaciones al nivel donde se toman las decisiones y que regresen con respuestas y no con silencio”, dijo Ana Julia Hidalgo Ruiz, integrante del comité cívico, durante un evento que reunió a los candidatos y a los voceros de las organizaciones sociales en Quibdó el pasado 17 de febrero.
Al final, en el aire no queda flotando la pregunta de quién ganará, sino si, con quien gane, dejarán de sentir la frustración y el abandono desde un espacio de participación que se convirtió en un botín más de la política de siempre.
En Tadó el dinero de las cuentas bancarias de la alcaldía pasa de estar disponible, a congelado, de un día para otro. Cuando eso ocurre, áreas completas dejan de funcionar, incluidos programas esenciales como la alimentación escolar. En julio, la administración advirtió públicamente que se habían embargado, nuevamente, las cuentas destinadas a financiar la pequeña parte del PAE que le corresponde a la Alcaldía. Y con eso, otra vez, se puso en riesgo su continuidad para cientos de niños y niñas.
La escena no es nueva en Tadó. De hecho, la administración municipal lleva años aprendiendo a trabajar con las manos atadas. La información que el propio municipio entregó a Consonante revela la verdadera dimensión del problema: aunque el embargo sobre la cuenta del PAE —y sobre las destinadas a los resguardos indígenas— logró levantarse después de varias semanas de tensión, el resto del panorama es desolador.
Según la respuesta al derecho de petición, casi todas las cuentas de la alcaldía han sido embargadas al menos una vez en lo que va del año. Algunas, incluso, han quedado atrapadas en ciclos repetidos de congelamiento: bloqueos que van y vienen, recursos inmovilizados durante días o semanas mientras los procesos judiciales avanzan lentamente. En ese vaivén financiero se juega cada decisión pública del municipio.
Estas medidas provienen, en su mayoría, de despachos administrativos de Quibdó y de juzgados civiles de Istmina, en procesos ejecutivos que ya tienen sentencia y liquidación de crédito aprobada. A esto se suman los cobros coactivos del Ministerio de Educación Nacional por cuotas pensionales y prestaciones sociales de docentes que en su momento pertenecieron a la planta municipal.
“En los últimos años han sido afectadas casi la totalidad de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio de Tadó, por cuentas de los diferentes procesos judiciales que se adelantan en contra del ente territorial, ocasionando con esto una grave afectación a las finanzas y la funcionalidad de la administración municipal”, responde Jhonnar Mauricio Parra, asesor jurídico de la alcaldía.
Pero ni siquiera la administración tiene un cálculo preciso de cuánto dinero está realmente atrapado. El reporte que enviaron a Consonante reconoce que varios embargos siguen activos y que los montos congelados superan ya los mil millones de pesos. “Dichos recursos hacen parte del plan de inversiones establecido por el señor alcalde para ejecutar su plan de desarrollo”, añaden en el documento, dejando ver que no se trata de cifras abstractas: es dinero que debería estar pavimentando calles, fortaleciendo escuelas, sosteniendo programas sociales, y que en cambio permanece inmóvil en cuentas marcadas por procesos judiciales.
Los extractos del Banco Agrario, enviados por la alcaldía, permiten identificar el alcance de estas órdenes: al menos 38 notas de débito por embargo judicial entre 2014 y 2024, emitidas por diversas autoridades. El Ministerio de Educación aparece como demandante o ejecutor en nueve de ellas, siendo la entidad que más se repite en los documentos. El resto corresponde a decisiones adoptadas por los despachos judiciales y administrativos que hoy concentran la mayoría de los procesos en curso.
Cuentas del municipio que se han embargado desde enero de 2024. Fuente: Alcaldía de Tadó.
Nadie sabe con certeza cuánto debe hoy el municipio ni cuántas de sus cuentas bancarias permanecen embargadas. La administración de Juan Carlos Palacios lo admite: en un primer derecho de petición, respondió que la deuda “no está consolidada”, pero la estimó por encima de los 50.000 millones de pesos. Semanas después, en una nueva comunicación oficial, la cifra descendió a 48.000 millones.
La falta de claridad alcanza incluso al número de cuentas bancarias que maneja el municipio. Guillermo Panesso Córdoba, personero municipal, explica que ni los entes de control locales tienen un registro completo: “No sabemos cuántas cuentas existen ni en qué bancos están aperturadas. Cuando se embarga una cuenta, el reporte llega a todas las entidades financieras donde podría haber recursos”. Señala, además, que los procesos ejecutivos acumulados contra administraciones anteriores han generado una cadena de órdenes de embargo que afecta a todas las cuentas posibles. “Esto paraliza la administración. Sin recursos no se pueden ejecutar presupuestos, contratos, nóminas ni inversiones”, afirma.
Aunque la Personería no ha recibido quejas formales de los tadoseños por este tema, Panesso asegura que los efectos sobre la comunidad son evidentes: obras detenidas, programas sociales suspendidos y atrasos en pagos a trabajadores.
Ni siquiera el Concejo Municipal tiene un mapa claro de las finanzas embargadas de Tadó. Su presidente, Dani Jesús Perea Moreno, reconoce que el órgano de control político avanza sin mucha información: “No sabría decirle cuántas cuentas tiene el municipio embargadas, porque unas se embargan, otras se desembargan y luego vuelven a embargarlas”, admite.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado explica que las medidas cautelares sobre municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, como el caso de Tadó, tienen efectos profundos en su sostenibilidad fiscal, debido a que dependen casi por completo de los giros de la Nación. Cuando sus cuentas quedan bloqueadas, se detiene la ejecución de programas y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
En la práctica, esa inestabilidad financiera ya se siente en Tadó. El concejal Luis Eduardo Moreno recuerda que, a finales del año pasado, la administración tuvo que frenar varias actividades programadas porque múltiples cuentas habían sido embargadas.
“Esta sucesión de embargos lleva a los municipios a una situación de insostenibilidad fiscal, lo que significa que no pueden ejecutar sus labores misionales básicas, como financiar la educación o pagar la nómina de los profesores, afectando directamente los derechos sociales de la población. A menudo, las solicitudes de insostenibilidad fiscal presentadas por los municipios se demoran años en resolverse”, explican desde la Agencia.
El Concejo Municipal asegura que han pedido informes constantes y otorgan facultades al alcalde sólo cuando presenta reportes claros. También confirmaron que se está impulsando la creación de un fondo especial para pagar embargos, alimentado con parte de los recursos que ingresan cuando las cuentas son liberadas. Sin embargo, ni siquiera se sabe cuánto dinero tiene hoy ese fondo. “Solicitamos esa información al alcalde y creemos que el martes nos la entregará”, dice Perea.
Según la Ley colombiana existen varios tipos de recursos que están protegidos contra estas medidas. Por regla general, los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y aquellos con destinación específica para derechos sociales (como educación, salud y agua potable) están protegidos contra los embargos, salvo en situaciones muy específicas. Sin embargo, la preocupación principal de la Agencia es que en el Chocó, en muchas ocasiones, los funcionarios judiciales y administrativos no hacen consideración sobre si la cuenta es embargable o inembargable.
“Tenemos inconvenientes en este momento con el Sistema General de Participaciones. El desarrollo jurisprudencial ha permitido que se embargue una parte de ellos cuando, por ejemplo, en educación el municipio usa su transferencia para construir una escuela y luego es demandado por incumplir esa obra. En ese caso puede haber embargo, pero no debería aplicarse a otros temas”, comentan expertos jurídicos de la Agencia.
En el Chocó, explican, la situación es aún más compleja porque muchos jueces no atienden los requerimientos de la defensa del Estado ni de las entidades sectoriales. “Les reiteramos varias veces qué recursos son inembargables y, aun así, el juez insiste una y otra vez en ordenar el embargo. Es sordo a los argumentos del Estado y a los argumentos de ley que estamos usando”, puntualizan los expertos.
La presión ha ido en aumento. “El Chocó nos empezó a levantar la mano: los municipios están presentando incidentes de insostenibilidad fiscal, que en palabras castizas es un escrito que dice: ‘Venga, es que si usted me embarga eso, yo no tengo con qué trabajar’”.
Hoy la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso - CGP) establece un protocolo claro para proteger las cuentas inembargables de los municipios. Cuando llega una orden de embargo, el banco debe avisar a la entidad pública para que ésta certifique que los recursos no pueden ser embargados. Luego, el banco debe informar al juez y, si aun así insiste en mantener la medida, los recursos deben congelarse por separado y generar intereses hasta que haya una sentencia que autorice —o niegue— el embargo. Esa es la ruta legal.
Sin embargo, en muchos municipios del Chocó ese procedimiento no se cumple. Las entidades financieras ejecutan los embargos sin verificar el origen de los recursos ni el propósito de la cuenta, y los jueces rara vez retroceden cuando las administraciones les advierten que los fondos son inembargables. El resultado es una cadena de medidas que afecta con mayor fuerza a los municipios de sexta categoría, como Tadó, cuya operación depende casi por completo de los giros nacionales.
A todo esto se suma un problema igual de grave: la pérdida de información en los procesos ejecutivos. Durante años, las alcaldías han cambiado de manos sin dejar un registro claro de las deudas vigentes ni de las obligaciones que están en litigio. Ese vacío documental ha provocado que muchos municipios se enteren de los procesos en su contra solo cuando reciben nuevas órdenes judiciales, como si cada administración heredara una caja negra llena de sorpresas financieras que nadie sabe exactamente cómo se armó.
La Agencia también identificó un nuevo problema: acciones de grupo presentadas de manera idéntica en varios municipios por supuestos perjuicios derivados de fallas en los servicios de alcantarillado y acueducto. Son demandas con cuantías tan altas que, de prosperar, podrían desestabilizar por completo las finanzas locales. La entidad cuestionó que se acuda a acciones de grupo en estos casos, cuando lo adecuado sería tramitarlas como acciones populares.
Frente a este panorama, la Agencia adelanta mesas de litigio estratégico con todas las administraciones municipales del Chocó. El enfoque central es la defensa de la inembargabilidad de los recursos —tanto los laborales como los de funcionamiento—, porque hoy ese se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los gobiernos locales.
La Alcaldía de Tadó afirma que conformó un equipo jurídico para responder a las medidas cautelares que pesan sobre el municipio. Ese equipo está presentando incidentes de desembargo ante los despachos judiciales y ante el Ministerio de Educación, además de revisar los procesos que originaron las deudas para, si es necesario, buscar acuerdos de pago con los demandantes. Según la administración, estas acciones han permitido levantar varias órdenes y liberar recursos que estaban bloqueados.
Sin embargo, la Alcaldía reconoce que el panorama no estaba claro desde el inicio del mandato. En el empalme con el gobierno anterior —dice la administración actual— no se entregó información completa sobre los procesos judiciales que venían acumulándose desde hace varias administraciones.
Y aunque la Agencia Jurídica del Estado coincide en que la mayoría de los embargos tienen su origen en obligaciones antiguas, incluidas sentencias y conciliaciones que no se pagaron a tiempo, su recomendación principal es generar una cultura de pago: las deudas son del municipio, no de las personas que ocupan los cargos, y cada retraso aumenta los intereses de mora.
Las acciones que pueden tomar las alcaldías se dividen en tres frentes: estrategias jurídicas inmediatas, gestiones administrativas internas y solicitudes de apoyo a entidades nacionales. En lo jurídico, la Agencia recuerda que los municipios deben verificar la jurisdicción de la orden para determinar si aplica el Código General del Proceso y qué respuesta procede.
También deben oponerse a embargos sobre recursos inembargables, como los del SGP o las rentas de destinación específica, cuando la orden no sustenta la excepción legal. Así como alegar la revocatoria tácita, informando a la autoridad sobre el no cumplimiento de la medida. Si en tres días no hay pronunciamiento, la medida se entiende revocada por ley.
Así como exigir la congelación de fondos con rendimientos cuando la autoridad insista en la medida con fundamento legal, para que los recursos queden separados y generen intereses hasta que haya decisión final y oponerse a entregas anticipadas de dinero, de modo que los recursos solo se trasladen al juzgado cuando la sentencia esté en firme.
En lo administrativo, la recomendación es fortalecer el recaudo propio para enfrentar las obligaciones pendientes. Eso implica reorganizar la gestión interna y aumentar la eficiencia en ingresos como el impuesto predial, una fuente que podría ayudar a reducir la dependencia de los giros nacionales.
Cada cierto tiempo el Chocó regresa a los titulares con la misma sentencia: “los peores colegios del país están en este departamento”. La frase reaparece cada vez que el Icfes publica un nuevo ciclo de resultados de las Pruebas Saber 11 y, con ella, se instala la idea de que el problema es únicamente el puntaje.
En el más reciente informe, el instituto evaluó 12.253 instituciones del calendario B en todo el país. Los datos volvieron a señalar al Chocó: los 30 colegios con menor desempeño son públicos, indígenas y están en este departamento. La lista la encabezan la Institución Chimía de Miacora, el Centro Educativo Indígena de Vacal (las dos del Alto Baudó) y la Institución Educativa Indígena Embera Ame de Chirrinchao, del municipio de Medio Atrato.
Pero esa frase —la de “los peores colegios del país”— oculta una historia mucho más profunda: la de una desigualdad estructural que atraviesa quién estudia, dónde estudia y en qué condiciones lo hace. En Colombia estudiar en la zona rural, pertenecer a una comunidad étnica o ser mujer, ya representa una desventaja en el acceso a educación de calidad.
Los datos del último análisis de las Pruebas Saber 11 de 2024 lo confirman: los estudiantes de zonas rurales obtuvieron, en promedio, 25 puntos menos que los de zonas urbanas; quienes estudian en colegios públicos quedaron 30 puntos por debajo de quienes asisten a colegios privados; las mujeres fueron evaluadas 10 puntos por debajo de los hombres, y los estudiantes más vulnerables registraron puntajes 78 puntos inferiores a los de quienes tienen mejores condiciones socioeconómicas.
Escuelas como la Chimía de Miacora aplica un modelo de educación que no mide el Icfes. En el país los grupos étnicos reciben una educación especial que busca integrar los saberes ancestrales, las tradiciones, los conocimientos multiculturales y la conexión con el entorno dentro del currículum escolar. Esto significa que las competencias estándares como matemáticas o ciencias deben ser adaptadas a las costumbres de los pueblos étnicos, al mismo tiempo que se incluyen conocimientos propios de sus culturas.
El modelo educativo colombiano intenta responder a estas brechas con la implementación de los Planes Educativos Comunitarios (PEC), creados para adaptar los contenidos curriculares a las realidades y tradiciones de cada territorio. Hoy, estos planes cobijan a casi un millón de estudiantes en más de 6.500 sedes educativas del país.
En el caso de los pueblos indígenas, existe además el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que —mucho antes de ser reconocido como Política Pública de Estado en julio de este año— ya funcionaba como un instrumento fundamental de desarrollo dentro de la Etnoeducación. Su apuesta ha sido siempre la misma: garantizar la autodeterminación y una formación verdaderamente pertinente para las comunidades.
El Seip ya estaba en marcha de manera progresiva. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, para 2023 el Sistema se había implementado en 4.005 sedes educativas, lo que representaba el 60 por ciento de las sedes etnoeducativas. Sin embargo, su aplicación ha tenido retos históricos que van desde su financiamiento, la logística, la falta de concordancia con el sistema educativo nacional y la inestabilidad y falta de formación docente.
Uno de los ejemplos más claros de esta desconexión está en las lenguas. Muchas de estas escuelas enseñan en la lengua materna de sus comunidades —una de las 69 lenguas nativas del país— porque es allí donde se tejen la identidad y el aprendizaje. Pero las Pruebas Saber 11 solo se aplican en castellano y están diseñadas desde referentes urbanos. Para estudiantes cuya primera lengua no es el español, o que nunca han vivido las situaciones que describen las preguntas, la evaluación se convierte en un doble desafío: responder no solo a un examen, sino a un idioma y a un mundo que les resulta ajeno.
“Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso”, reflexiona Lino Membora, subcomisionado de educación de la mesa indígena del departamento del Chocó. Consonante conversó con él sobre las posibles razones detrás de estos resultados y la falta de garantías del Estado para el acceso a la educación de comunidades indígenas.
Lino Membora: Esa información se ha viralizado y mucha gente ha tratado de minimizar a los pueblos indígenas por eso, pero realmente deberíamos hacernos varias preguntas.
Lo primero es que los modelos educativos que se implementan en las comunidades indígenas son modelos propios, modelos que buscan la pervivencia de estos pueblos en el tiempo. El Icfes no nos puede medir con el mismo rasero por la forma en la que está diseñada la educación. Si nosotros empezáramos a preguntarle a los estudiantes no indígenas ¿qué tipo de plantas sirven para curar?, esos niños no van a responder, porque no están preparados para eso.
Segundo, ¿cómo se puede medir a un niño indígena que está en la ruralidad? Si carece de todos los servicios que tienen los colegios de las cabeceras municipales, no tenemos condiciones dignas. No hay infraestructura, nuestros niños no acceden a internet y los que pueden acceder tienen limitaciones porque en algunos puntos es inestable.
Hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta. Entonces no nos preocupa que de pronto se diga "ay, es que son los peores". No, nosotros no estamos en ese paseo. Sin embargo, sabemos que nuestros estudiantes deben ir preparándose y nosotros tenemos la apuesta con los prestadores del servicio educativo de establecer criterios para que accedan a esta forma de evaluación, que eso es otra cosa.
L.M.: Nosotros no tenemos solo 30 colegios; tenemos cerca de 90, y muchos de ellos quedaron mejor posicionados que varios de comunidades afro, pero eso no lo miran. En las ciudades, un salón de grado 11 puede tener 25 o 30 estudiantes, que son los que se evalúan en las pruebas. “En cambio, nosotros tenemos grupos de nueve o diez estudiantes. Si comparas esos 30 estudiantes con nuestros 10, ¿quién tiene más posibilidades de que le vaya bien en un promedio?
En cabeceras municipales hay padres de familia que pagan por el pre-icfes y son siempre costosos: 700, 800 mil, hasta un millón de pesos. Pero en nuestras comunidades indígenas casi ningún padre tiene ese dinero. El año pasado hablamos de este tema con la Secretaría de Educación y manifesté la necesidad de tener un pre-icfes, ella me decía que dentro de las canastas educativas debíamos dejar presupuestos para atender eso, de tal manera que los docentes pudiesen capacitar o llevar empresas dedicadas a eso, pero es super costoso, porque no toda entidad va a sitios donde la situación de orden público no da garantía de vida. También trasladar a nuestros niños es costoso, el difícil acceso, todo está en contra.
L.M.: Nosotros tenemos una formación distinta, de vida y de cultura; nuestro horizonte es diferente al del sistema educativo nacional. Y todas esas cosas son las que se deben entender antes de decir: “Listo, nuestros niños están fallando en este punto”. En los últimos años, las comunidades se han adentrado más en lo propio: en valorar y rescatar los conocimientos antiguos, para que los jóvenes puedan proyectarse sin perder la esencia de ser indígenas.
Todo esto no significa que no se deba aprender lo otro, pero el Icfes también es cultural. Las preguntas que hacen ahí son más generales y tratan de responder a una medición internacional. Y nosotros no hemos ahondado en eso. Estamos concentrados en la preservación cultural y en la sostenibilidad.
L.M.: Lo primero es que el Estado debe brindar seguridad. Es muy difícil la situación en el departamento del Chocó por su misma dispersión geográfica y de orden público. También tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo. Aquí no hay reducción de la brecha de desigualdad.
"Tenemos muchos casos de suicidios y muchos casos de desplazamientos, todo esto hace que la educación también tenga esos desequilibrios. El Estado debe entender que estas comunidades prácticamente carecen de todo"
También hay una deuda que nosotros venimos pidiendo hace rato y es que la tipología aplicada a la educación indígena del departamento de Chocó debería ser un poco diferente, por lo menos, a la de las comunidades andinas. Acá el costo de transporte de gasolina es muy alto, eso hace que todo sea caro, tampoco hay facilidad de vehículos o de lanchas permanentes por el mismo tema de orden público. En medio de la zozobra, en medio del miedo de los estudiantes y de los docentes mismos, las condiciones psicológicas no son buenas. Hasta a la dirigencia misma también a veces se nos dificulta poder entrar a algunos territorios.
También tenemos colegios que son solo de nombre, hubo un tiempo en el que existieron y por la ola invernal ya se cayeron. Y el Estado no tiene cómo atender comunidades que tienen 500 ó 600 estudiantes que reciben clase en casas de familia. No tenemos condiciones dignas para la educación.
L.M.: La educación se contrata con la gobernación del Chocó porque los municipios no son certificados, el único certificado es Quibdó. En ese proceso hay varios errores y uno de ellos es que el decreto que aplica para la administración del servicio educativo lo han manipulado en el departamento, y eso es algo evidente.
En el Chocó hay seis grupos étnicos y, en ese sentido, debería haber solamente seis modelos educativos. Pero la Secretaría de Educación ha sido muy permisiva y en este momento hay 17 operadores indígenas, a pesar de que el decreto 2500 es muy claro sobre la idoneidad y las experiencias. Eso hace que la revisión de informes por parte del equipo supervisor se demore y si el operador se demora también entregar la información, pues también se presentan estos inconvenientes.
L.M.: Nosotros en un tiempo creo que le escribimos al Icfes como para que miraran la posibilidad, por lo menos, de tener como un tipo de prueba específica para poblaciones indígenas, pero creo que no hubo respuesta. Nuestra apuesta es que tenemos que formar nuestros propios educadores que vayan tratando de reducir esas brechas. Pero al final el problema es el lenguaje y cómo están orientadas las preguntas.
L.M.: Afecta a las personas que vayan a necesitar un puntaje alto porque quieren estudiar una carrera, y también dependiendo de lo que la universidad les exija. Pero lastimosamente de nuestros estudiantes que terminan bachillerato, muy poquitos van a la universidad.
La educación superior ha mejorado bastante por la posibilidad de la gratuidad educativa, sin embargo, todavía sigue el nivel de pobreza de los padres y es muy difícil sostener a sus hijos con alimentación y un arriendo en las ciudades. Es un limitante para que la persona pueda seguir estudiando, aunque quiera hacerlo.
En la vereda Piscinas, el aire huele a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El verde del Yarí se extiende como un mar sin orillas. Desde temprano, por los caminos de barro, comenzaron a llegar los primeros niños y niñas: traían en la espalda maletas cargadas con hamacas, toldillos y carpas. Venían desde El Recreo, Alto Morrocoy, La Sombra, Playa Rica. Algunos habían viajado toda la noche.
Cuando el bus o la canoa se detenían, las risas rompían el silencio del monte. Se oían saludos, gritos, abrazos que parecían no terminar nunca. Era como si cada llegada confirmara algo más grande que una simple reunión. El Festival del Jaguar había comenzado.
Durante dos días —el 5 y 6 de noviembre— este pequeño centro poblado de San Vicente del Caguán se convirtió en un territorio de música, juegos y colores. Pero bajo la alegría se movía también una memoria compartida: la de un pacto hecho seis años atrás, cuando las comunidades del Yarí decidieron cuidar al jaguar y al bosque que lo abriga. Lo llamaron el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar. Desde entonces, cada fiesta no solo celebra al felino más grande de América, sino la promesa de proteger el lugar donde aún camina.
Al amanecer, el campamento despertó con el sonido del agua cayendo en las duchas y el murmullo de los niños preparándose. A las diez de la mañana comenzó el gran desfile: los estudiantes, disfrazados de chigüiros, dantas, venados, paujiles y jaguares, avanzaron por la calle principal del centro poblado mientras las familias los aplaudían desde los costados.
“El festival es un espacio lleno de emociones, conciencia y esperanza”, cuenta Juan Esteban Zamora, de la Asociación Empresarial Campesinos del Yarí (Asecady), organización que lidera el evento junto a las instituciones educativas rurales.
“Para nosotros es una conmemoración a la majestuosidad del jaguar, pero también una reafirmación del compromiso con nuestro territorio”
Juan Esteban Zamora, Asecady
El Festival del Jaguar ya suma cuatro ediciones desde aquel primer encuentro en 2019. Nació como una promesa: recordar que en las sabanas del Yarí la vida humana y la del bosque son una sola. Por eso, cada noviembre, el canto de los niños se mezcla con el rumor del viento y el rugido lejano del felino que da nombre a la fiesta.
En la tarde, el escenario comenzó a latir. Sobre una tarima improvisada, entre banderas y hojas secas, las delegaciones presentaron danzas, poemas y pequeñas obras inspiradas en la selva. Una de las más esperadas fue la danza del jaguar y la danta. Los niños aparecieron con máscaras de cartón pintadas a mano y trajes que imitaban el pelaje dorado del felino. Se movían despacio, marcando el suelo con los pies descalzos, girando con una mezcla de fuerza y delicadeza. En cada gesto parecía repetirse una vieja historia: la del jaguar que cuida el bosque y del hombre que intenta arrebatárselo.
El segundo día, el bullicio cambió de ritmo. Llegó la Copa Deportiva Jaguar: torneos de microfútbol, partidas de ajedrez bajo los árboles, carreras que levantaban polvo en el aire caliente del mediodía. Entre juego y juego, las comunidades recorrían las rutas de aprendizaje en las fincas demostrativas. Allí, campesinos, maestros y estudiantes compartían un mismo propósito: descubrir cómo sembrar, cazar y vivir sin miedo al jaguar. Cómo convivir con él sin poner en riesgo ni los cultivos ni la vida.
En las sabanas del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá, el jaguar no solo es un símbolo de poder, sino también de resistencia. Su presencia recuerda que la selva sigue viva, aunque amenazada por la caza, la deforestación y la expansión agrícola.
Por eso, desde hace seis años, campesinos, maestros, niños y jóvenes impulsan el Acuerdo Intergeneracional por la Conservación del Jaguar, una apuesta colectiva que busca conciliar la protección ambiental con la producción rural. El acuerdo incluye ocho compromisos entre los que se resalta la importancia de dejar corredores biológicos, organizar las áreas de cultivo, fortalecer la educación rural y garantizar que los niños permanezcan en el territorio aprendiendo a cuidarlo.
“El festival es un espacio donde los adultos dan cuenta de sus avances y los niños homenajean al gran felino con sus bailes y cuentos”, explica Viviana Robayo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que ha acompañado el proceso desde el inicio. “Hoy abrazamos este proceso y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando estas comunidades y continuar el proceso de conservación del jaguar en el país”.
A la sombra de un árbol, mientras los niños jugaban con máscaras de cartón, Edwin Guzmán, director rural del Centro Educativo Las Brisas, observaba en silencio el movimiento del festival. Dijo que estos encuentros son algo más que una fiesta: “Nos garantizan la posibilidad de tener espacios de acercamiento y de concientización para las futuras generaciones”, explicó, mirando cómo los pequeños corrían detrás de una pelota que llevaba dibujado un jaguar.
Para él, ese es el verdadero sentido del festival: no solo enseñar a convivir con la naturaleza, sino recordar que la vida en el Yarí depende de mantener el bosque en pie. Cada canto, cada baile, cada actividad se convierte en una lección sobre cómo cuidar el territorio y convivir con quienes lo habitan, humanos o no.
Como en años anteriores, la jornada sirvió también para hacer cuentas de lo logrado. En esta edición participaron delegados de Corpoamazonia, los ministerios de Ambiente, Educación y Agricultura, la Gobernación del Caquetá, el PNUD y la Embajada de Noruega. Todos reafirmaron su apoyo al proceso, conscientes de que en estos parajes alejados la conservación se sostiene más con voluntad que con presupuesto.
Raúl Ávila, de Corpoayarí, lo resumió de manera sencilla: “El evento permite a los jóvenes comprender la importancia del territorio y la biodiversidad, fomentando la unión y la conciencia ambiental”.Y luego, como si respondiera a una pregunta que nadie hizo, Guzmán agregó: “No se trata de temerle al jaguar, sino de verlo como un símbolo de fuerza y esperanza”.
Al caer la tarde, entre música, bailes y risas, el jaguar volvió a rugir en el Yarí. No como una sombra perdida en la selva, sino como una voz que une a quienes aprendieron a vivir con el bosque y a cuidarlo.
El festival termina, pero deja su huella: los niños que hoy danzan con máscaras de cartón serán mañana los guardianes del territorio. Así, generación tras generación, el jaguar sigue caminando, no solo entre los árboles, sino en la memoria de quienes lo celebran.
En Tadó, las principales obras de infraestructura siguen paralizadas, sin fechas claras de entrega y con dificultades financieras y administrativas. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea Collazos, actualmente se ejecutan cuatro proyectos impulsados por la administración de Palacios: el mantenimiento del puente del Tabor —que conecta con la comunidad de Mondó Mondocito—, el alcantarillado sanitario del barrio Escolar (sector Chambacú), la entrega de un tramo pavimentado en Jingarabá la semana pasada y la instalación del alumbrado navideño en el corregimiento de El Tabor.
Pero los mayores tropiezos están en las obras que dejó contratadas el exalcalde Cristian Copete: la cancha de Mondó Mondocito, el parque del barrio Villas de Remolino y el sistema de iluminación de la cancha sintética Emiliano Chaverra. Su retraso ha generado preocupación entre los habitantes, que hoy dudan de la capacidad de la administración de Palacios para culminarlas.
“Tadó tiene todo el potencial para ser una joya turística del Chocó, pero las obras no avanzan y la gente ya no cree en los anuncios”, expresó un líder comunitario durante una sesión del Concejo.
El panorama refleja una constante en el municipio: la distancia entre los anuncios de desarrollo y la ejecución real. A pesar de su riqueza turística, cultural y ambiental, Tadó sigue limitado por la falta de planificación, los incumplimientos contractuales y la debilidad institucional. “Estamos cansados de promesas. Queremos obras, no discursos”, reclama un habitante de la comunidad de Mondó Mondocito.
A pesar de que el exalcalde Copete aseguró que los proyectos fueron entregados con los recursos necesarios para su finalización, hoy la alcaldía dice que las obras están desfinanciadas y enfrentan numerosos inconvenientes.
En la comunidad indígena de Mondó Mondocito, la promesa de una placa deportiva múltiple se quedó en el papel. El contrato, adjudicado en junio de 2023 a la empresa Representaciones EUT S.A.S. por 1.390 millones de pesos, debía entregarse en febrero de 2024. Hoy la obra está detenida: los materiales se deterioran, los pagos están en mora y la ejecución física apenas alcanza el 1,02 por ciento.
Según Perea Collazos “la placa polideportiva de Mondó Mondocito quedó inconclusa por situaciones ajenas al contratista, relacionadas con el orden público y otras dificultades”. Entre las principales causas de retraso, según los informes entregados al concejo municipal, se cuentan bloqueos de la guardia indígena, amenazas y presencia de grupos armados ilegales (Eln), falta de personal y materiales, incumplimientos en la entrega de documentación técnica y condiciones climáticas adversas.
El concejal Álvaro Valencia Valencia, líder del resguardo Mondó Mondocito, califica la situación como “muy preocupante”. Afirma que la obra lleva más de seis meses detenida, después de la compra de materiales como varilla, cemento, arena y piedra. Hoy denuncia que gran parte de esos insumos se encuentran perdidos o dañados. “Hay más de 400 bultos de cemento restrojados, todo se está deteriorando”, lamenta.
De acuerdo con el contrato N° LP-03-2023, la administración municipal del entonces alcalde Cristian Copete, se comprometió a realizar un anticipo del 50 por ciento, equivalente a 695 millones de pesos, tras la firma del acuerdo y la aprobación de las garantías exigidas. Sin embargo, la obra, financiada por el Ministerio del Deporte y Findeter, fue liquidada unilateralmente el 14 de julio de 2025, después de siete prórrogas y tres suspensiones formales.
Según la Secretaría de Planeación, el avance físico debía llegar al 62,62 por ciento, pero apenas alcanzó un 1,02, generando un retraso acumulado superior al 96 por ciento.
El contratista Yanny Mosquera Valencia señaló en una sesión del Concejo Municipal que los atrasos no son su responsabilidad: “No podemos asumir los retrasos generados por la alcaldía. Los pagos no se hicieron a tiempo y no se nos autorizó continuar con la obra”, afirmó.
Ante la parálisis, el Ministerio del Deporte y Findeter revisan actualmente la viabilidad técnica del proyecto. Según el secretario de Planeación, Jixon Perea, se estableció un plan de manejo de cuatro meses para definir cómo reanudar los trabajos, aunque hasta el momento no se ha reiniciado la obra. “Después de la declaratoria de incumplimiento que hizo la alcaldía, una comisión viajó a Bogotá junto a representantes del contratista y de la administración municipal para reunirse con Findeter y el Ministerio del Deporte, pero hasta ahora no hay resultados visibles”, explicó el concejal Luis Eduardo Moreno.
Desde la alcaldía de Tadó no se ha fijado una fecha clara para retomar los trabajos ni para la entrega final, pese a que ya han pasado 21 meses desde el plazo original de culminación. Lo único cierto, insiste Perea, es que los recursos están disponibles: “Yo creo que con esa plata sí se podría terminar la obra”.
Mientras tanto, la comunidad sigue a la espera. Con 988 habitantes, el resguardo indígena de Mondó Mondocito ve en esta obra una oportunidad para sus niños y niñas, que hoy no tienen un espacio adecuado para el deporte ni la recreación. “Estamos muy preocupados. Nadie nos ha informado qué pasará con la cancha”, afirma el concejal Valencia.
El Parque Recreo Deportivo de la Urbanización Villas del Remolino, concebido como un espacio para el encuentro familiar y el esparcimiento de los niños de Tadó, hoy se ve abandonado y sin presencia de obreros. La obra, valorada en 1.662 millones de pesos, fue contratada entre la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones (CORPISSA) y la Corporación Prosperar Social de Colombia, designada como ejecutora por el municipio de Tadó mediante el acto administrativo N.° 1655 del 26 de diciembre de 2023.
El Contrato de Obra N.° 010 de 2024 fijó un plazo inicial de ocho meses, con fecha de inicio el 15 de mayo de 2024 y entrega prevista para enero de 2025. Sin embargo, para el 21 de junio de 2024, los trabajos ni siquiera habían comenzado. Poco después, el proyecto fue suspendido por problemas técnicos, presupuestales y climáticos, lo que prolongó la ejecución por dos meses y seis días.
Las condiciones topográficas del terreno obligaron a realizar confinamientos no previstos en el presupuesto, lo que implicaba una modificación contractual. A esto se sumaron las fuertes lluvias registradas en julio y agosto, que impidieron continuar las labores. La suspensión se formalizó mediante el Acta N.° 01, firmada entre septiembre y noviembre de 2024 (según distintas versiones), y fue avalada por la interventoría.
El Acta de Reinicio N.° 01 se firmó el 7 de enero de 2025, una vez superadas las causas que originaron la suspensión. A partir de entonces, el contratista se comprometió a actualizar las pólizas para reflejar el nuevo plazo contractual. No obstante, pese a los trámites administrativos, las fechas de entrega siguen siendo inciertas. El concejal Luis Eduardo Moreno asegura que no existe una fecha clara de culminación, mientras el personero municipal confirma que las fechas iniciales no se cumplieron “por temas administrativos, técnicos y del clima”.
A pesar de que después de la suspensión el valor final del contrato registrado en el Acta de Reinicio fue exactamente el mismo valor inicial, hoy la respuesta es que la obra está desfinanciada. Fuentes del Concejo municipal dicen que faltan más de 480 millones de pesos para culminar el proyecto. “El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”, advierte el concejal Moreno.
“El parque biosaludable de Villas del Remolino está desfinanciado, está a medias. En las sesiones del Concejo pasado se dijo que estaban revisando el tema presupuestal, pero hasta hoy no se ha puesto una sola piedra más”
Luis Eduardo Moreno, concejal.
Desde la Secretaría de Planeación dicen que la obra presenta un 47 por ciento de ejecución, pero no hay claridad de si se podrá terminar. “Quizás hubo falta de planificación por parte de las personas que en su momento hicieron los estudios y diseño y una mala estructuración del presupuesto”, afirma Perea Collazos. Según su diagnóstico, el proyecto fue dividido en dos fases: la primera muestra avances significativos, pero la segunda carece de los recursos necesarios.
“Como administración estamos evaluando si es posible completar la obra con recursos de regalías. Si el contratista aseguró que con ese dinero alcanzaba para terminarla y luego aparecieron dificultades, eso refleja una mala planificación. Y ahora, con el presupuesto de 2026 en discusión, el municipio difícilmente podrá asumir esa carga con recursos propios”, explica el funcionario.
La decisión sobre una eventual adición presupuestal aún no está tomada y dependerá de lo que determine una mesa técnica de la alcaldía. Desde la Secretaría de Planeación se han hecho requerimientos a la empresa CORPISSA y seguimiento a la ejecución del contrato. “Encontramos varias falencias, elaboramos documentos para conocer el estado real del proyecto y, al no obtener respuesta, reiteramos la solicitud con copia a la Personería y a la Procuraduría”, señala el secretario Perea.
La incertidumbre también preocupa a los líderes comunitarios. Fausi Yurgaky Perea, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villas del Remolino, asegura que la comunidad no ha recibido información clara sobre la suspensión ni sobre el futuro de la obra. “Hay riesgo de que el parque no se culmine como debe ser. Al no terminarlo, se perjudica mucho al sector y se priva a los niños y jóvenes de un espacio para su recreación. El lugar está tan abandonado que algunos lo usan para tender ropa. Necesitamos que los entes de control hagan seguimiento y que esta obra no se pierda”, cuenta.
Una de las obras más visibles de los últimos años se ha convertido también en una de las más controversiales: la cancha de fútbol sintética Emiliano Chaverra, promesa principal de la administración del exalcalde Cristian Copete. Aunque hoy es utilizada por la comunidad, el escenario deportivo sigue inconcluso: no tiene luminarias y la segunda etapa —que incluye graderías, camerinos y zonas de descanso— no se ha empezado a ejecutar.
“La cancha sintética, aunque ya fue entregada, es una obra incompleta. Se puede usar durante el día, pero en la noche es imposible porque no tiene iluminación”, explica el concejal Luis Eduardo Moreno, recordando que la promesa de instalar luminarias fue hecha hace más de seis meses sin resultados visibles.
La incertidumbre también rodea la segunda fase del proyecto. Según Moreno, tanto la Gobernación como la Alcaldía se comprometieron públicamente a aportar recursos para su ejecución, pero hasta el momento “no hay absolutamente nada”.
El secretario de Planeación reconoce fallas en la planificación inicial: “Quizás las personas que recibieron la propuesta no hicieron las observaciones pertinentes. Si uno compara, las luces de la cancha junto a la iglesia son mejores que las instaladas en la sintética. Hubo una muy mala planificación de la iluminación”. La cancha que debía convertirse en símbolo del impulso deportivo de Tadó hoy refleja los vacíos de planificación y seguimiento que marcan buena parte de las obras públicas del municipio.
En una sesión reciente del Concejo Municipal de Tadó, los corporados expresaron su preocupación por los retrasos y la falta de transparencia. El concejal Luis Eduardo Moreno Murillo manifestó su decepción ante los contratistas: “Nunca hay una explicación clara y concreta. Cada vez que los citamos, llegan con excusas”.
Desde el Concejo aseguran tener conocimiento de las gestiones que adelanta la alcaldía para garantizar la entrega de las obras, aunque persisten las dudas sobre su efectividad. “Solo escuchamos que hay voluntad, pero soy escéptico frente a los procedimientos administrativos que se han venido realizando. Ha habido dificultades con las obras que dejó la administración anterior y han argumentado que muchas no quedaron en el empalme. Pero considero que son excusas. No veo claridad, ni la verdadera intención de la administración actual de sacar estos proyectos adelante”, puntualiza el concejal Moreno.
Hoy no existen fechas de entrega para ninguna de estas obras, ni la seguridad de su continuidad. Mientras tanto, el personero Guillermo Andrés Cuesta Paneso, asegura que ha recibido innumerables quejas de la comunidad tanto por obras no entregadas como por aquellas que sí se han culminado. Las principales afectaciones y quejas reportadas incluyen: la afectación a la calidad de vida y ambiental, pues el alargamiento de los plazos de ejecución conlleva afectaciones ambientales y sociales para los residentes que viven cerca de las obras, como calles destapadas, exposición a la inclemencia de la lluvia y problemas de mosquitos.
A esto se suma que algunas obras terminadas han dejado residuos en alcantarillas, lo que provoca represamientos, inundaciones y afectaciones a las viviendas de los ciudadanos. La personería también ha recibido quejas por el no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. El Personero calificó como una "violación suprema" y de “mala costumbre”, que los contratistas no contratan debidamente al personal que trabaja en estos contratos, que son catalogados como de riesgo, incluyendo la falta de vinculación a la seguridad social.
Mientras las obras permanecen inconclusas y las explicaciones se reparten entre administraciones, la comunidad espera que los entes de control intervengan y que, finalmente, los recursos públicos se traduzcan en resultados visibles.
En las vastas tierras de La Guajira, donde el sol abrasa la tierra y el viento susurra los secretos ancestrales de su gente, el pueblo Wayuu lucha por sobrevivir y mantenerse en el tiempo. A lo largo de su historia, el pueblo indígena más numeroso de Colombia —con una población de 380.460 personas según el censo de 2018— ha permanecido en movimiento, resistiendo las adversidades y adaptándose a los cambios.
Yelibeth Uriana, es una joven Wayuu de Fonseca que decidió salir de su comunidad para probar suerte en otro lugar. Terminó el bachillerato hace algunos años y, aunque le habría gustado quedarse en La Guajira, considera que las ciudades más grandes son el único lugar donde puede encontrar trabajo sin tener que depender de influencias o contactos. En su municipio, comenta, conseguir empleo suele estar vinculado a la política: "Si apoyas a alguien, te ofrecen trabajo; si no, te cierran las puertas".
Durante un tiempo, Yelibeth se las arregló como pudo en su comunidad: cocinaba, cuidaba niños o ayudaba en lo que salía. Vivía con sus hermanas, y entre todas reunían lo que podían para sostener la casa. Pero una a una fueron marchándose, buscando mejores condiciones. Su hermana mayor viajó primero a Bogotá, sin hijos y con su título de bachiller recién obtenido, pudo encontrar empleo gracias a su habilidad para coser a máquina. Esa experiencia fue la que finalmente animó a Yelibeth a seguir el mismo camino.
Primero eligió Barranquilla para no alejarse demasiado de su tierra, y allí consiguió empleo como empleada de servicios generales en un hotel-restaurante. Sin embargo, su experiencia resultó difícil debido a los horarios extremos: "Los turnos eran muy irregulares. Tenía que levantarme a las cuatro de la mañana para llegar a las seis al trabajo, y salía a las 11 de la noche. Era muy peligroso", relata.
Yelibeth se quedó un tiempo en Barranquilla, pero los horarios interminables y los malos tratos que veía entre sus compañeros de trabajo la hicieron tomar una decisión difícil. Después de varias semanas, se animó a mudarse a Villavicencio, buscando nuevas oportunidades. "La gente de la tierra ajena es muy diferente", dice al recordar su experiencia. "La señora del hotel-restaurante donde trabajaba a veces era muy amable, pero otras veces se volvía muy grosera". A pesar de sus expectativas, la situación no mejoró.
Su llegada a Villavicencio tampoco fue fácil. "Fui a casa de una hermana, pero me perdí en el camino. Terminé en Boyacá porque la vía estaba en mal estado. Me asusté mucho, había tantos túneles, y cuando me di cuenta, ya había durado casi cuatro días viajando", recuerda entre risas, como si el tiempo hubiera suavizado la dureza de esa travesía. Allí, encontró trabajo durante un par de meses cuidando a adultos mayores, pero cuando el empleo terminó, no tuvo más opción que regresar a Fonseca. Hoy, con nuevos planes en mente, se encuentra gestionando su regreso a Barranquilla, donde espera encontrar mejores oportunidades.
Igual que Yelibeth, miles de migrantes Wayuu cada año se desplazan a diversas partes del país en busca de mejores oportunidades. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, el 97,5 por ciento del pueblo Wayuu sigue viviendo en su tierra natal, en el departamento de La Guajira, distribuidos en 21 resguardos indígenas y también fuera de los territorios étnicos. Los municipios de Uribia (40,7 por ciento), Manaure (18,2 por ciento), Maicao (17,5 por ciento) y Riohacha (13,0 por ciento) albergan a la mayoría de la población Wayuu. Sin embargo, cada vez más personas de esta comunidad se trasladan a otras regiones del país, especialmente a las grandes ciudades. Según el Registro Estadístico del Pueblo Wayuu del DANE, publicado en 2021, también se registra una notable presencia de este pueblo en capitales como Bogotá y Manizales.
La falta de oportunidades laborales, el conflicto armado y la pobreza han obligado a muchos Wayuu a abandonar sus comunidades en busca de empleo en ciudades como Barranquilla, Bogotá o Villavicencio. En su travesía, enfrentan condiciones difíciles e, incluso, peligrosas. Sin embargo, a pesar de los retos, mantienen un fuerte vínculo con su tierra natal y la esperanza de regresar algún día, buscando siempre un futuro mejor para ellos y sus familias.
El desplazamiento de hombres y mujeres Wayuu no es un fenómeno nuevo. Según el sabedor de la comunidad de Mayabangloma, Carlos Ramírez, “el Wayuu siempre ha estado en movimiento”. Sin embargo, estos desplazamientos han estado motivados por la búsqueda de una mejor vida y por las difíciles circunstancias de sus territorios, históricamente asediados por la pobreza y el conflicto.
“Nos desplazábamos del norte al sur de La Guajira, dependiendo de la época de cosecha, porque el norte es árido y el sur es más verde. Nuestros movimientos siempre eran impulsados por la necesidad, buscando una vida mejor. Entre los años 80 y 2000, muchos de nosotros nos fuimos a Venezuela, donde había más oportunidades. Allá, cualquier Wayuu podía ser administrador de una finca o encargado de la ganadería, mientras que aquí en Colombia solo había hambruna y conflicto”
Carlos Ramírez, sabedor Wayuu.
Hoy en día, los desplazamientos continúan ocurriendo por razones similares. Según el Ministerio del Interior, la violencia y las amenazas generadas por grupos armados, junto con las economías ilícitas, han obligado a las comunidades Wayuu a abandonar sus hogares en medio de un clima de miedo e inseguridad.
En julio de este año, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre el desplazamiento masivo de 15 núcleos familiares de la comunidad Wayuu, provenientes del municipio de Riohacha, debido a las amenazas de grupos armados ilegales. Estas familias fueron acogidas en Bogotá, en el Centro de Atención a Víctimas (CAV) de la Procuraduría, donde se les brindó apoyo y asistencia.
En mayo de 2023, la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC denunció que el desarrollo de proyectos comerciales y privados en territorios ancestrales había desplazado a más de 100 familias Wayuu, quienes quedaron sin reubicación, asistencia humanitaria, reparación o investigación. Estas familias vivían en 300 hectáreas en Riohacha, un territorio conectado con la Línea Negra – Seshiza, un sistema de sitios sagrados reconocido por el Decreto Presidencial 1500 de 2018.
A esto se suma la grave crisis humanitaria que afecta a la región, agravada por los conflictos intra e intercomunitarios, los factores transfronterizos como la crisis en Venezuela, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al agua y a servicios básicos, así como la escasez de oportunidades laborales. “Informes de ACNUR, ONIC y diversos análisis de académicos y ONG coinciden en señalar que la combinación de violencia, precariedad económica y crisis humanitaria y climática son los principales factores que impulsan el desplazamiento de la comunidad Wayuu”, respondieron desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior a Consonante.
En 2017 La Corte Constitucional dictó la Sentencia T–302 de 2017, en la que llegó a la conclusión de que existe la vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayuu, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, lo cual configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Lo que compromete de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), y arriesga la existencia misma del pueblo indígena.
A pesar de que la sentencia fue dictada hace más de ocho años, poco ha cambiado en el territorio. En 2021, el DANE publicó un registro estadístico sobre el pueblo Wayuu que reveló que el 81,1 por ciento de esta población aún tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Además, más de la mitad, el 53,3 por ciento, vivía en situación de miseria. Esto significa que enfrentan al menos dos o más carencias, como vivir en viviendas inadecuadas, carecer de condiciones sanitarias mínimas, habitar en hogares con hacinamiento crítico o tener niños que no asisten a la escuela, entre otros factores.
En el 2022 la Corte Constitucional tuvo que tomar una medida cautelar luego de concluir que, aunque existían avances en la implementación de la Sentencia, a cinco años de su expedición estos fueron “insuficientes e inefectivos al incumplir los tiempos establecidos y no mostrar avances sustanciales”.
Ramírez agrega que en el departamento no hay oportunidad de empleo y educación para los jóvenes. “¿Qué oportunidad puede tener un joven Wayuu allá en la alta Guajira, donde solo se habla de guerras y contrabando? es una situación crítica y son algunas de las situaciones que se presentan también en Venezuela”, lamenta.
Las familias, además, viven con creciente preocupación por el reciente aumento de casos de personas Wayuu desaparecidas. “En el centro del país hay una situación con los Wayuu, porque ahora hay desaparecidos. Nos dicen que somos nosotros los desordenados, pero nadie se detiene a investigar qué está pasando en nuestros territorios para que nuestros hijos tengan que irse”, comenta el sabedor, reflejando el dolor y la frustración de una comunidad marcada por la incertidumbre.
Según el Ministerio del Interior, la política respecto a la protección y atención de pueblos indígenas que se desplazan de sus territorios se basa en un marco institucional que combina normas generales sobre desplazamiento forzado, con medidas y disposiciones específicas para pueblos étnicos. Sin embargo admite que evaluaciones y ONG han reportado vacíos y limitaciones en su cobertura y pertinencia, especialmente en contexto urbano o para población binacional.
“Existen lineamientos y guías interinstitucionales para la atención con enfoque diferencial (Ministerio del Interior, ICBF, Salud), así como planes de vida y protocolos de consulta previa y participación. En la práctica, se implementan: (a) rutas de atención en salud para la población desplazada y migrante; (b) programas educativos con pertinencia étnica en algunos municipios; y (c) mesas interinstitucionales y consultas previas para diseñar medidas culturalmente pertinentes”, explican desde el Ministerio del Interior.
No es fácil encontrar cifras sobre este fenómeno para la etnia Wayuu. Según la Onic, en el país han sido asesinados 171 indígenas, 9.405 se han desplazado de sus territorios y 14.266 han vivido confinamientos entre las fechas agosto de 2018, y mayo de 2020. Pero no está desagregada la información de las personas que pertenecen a este pueblo indígena..
Consonante solicitó estas cifras a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, sin embargo, aseguraron que la fuente oficial para este tema es el Dane, quienes no publican información sobre la población Wayuu desde 2021 y en donde tampoco hay un análisis de sus desplazamientos.
Según el Ministerio, a nivel nacional existen rutas y programas de atención a población desplazada (incluidos componentes de estabilización y asistencia humanitaria) y disposiciones para programas específicos con enfoque diferencial para pueblos indígenas “además el Ministerio publica lineamientos, planes de vida y procedimientos para asuntos indígenas”. También hay directrices judiciales que ordenaron programas de garantía de derechos para indígenas afectados por el desplazamiento.
Legalmente, las personas Wayuu desplazadas tienen derecho a un tratamiento con enfoque diferencial, dado su estatus como pueblo indígena. Esto incluye la protección de su identidad cultural, participación en procesos decisionales, acceso al Registro Único de Población Desplazada, y medidas de reparación y estabilización, conforme a la Ley 387, la Ley de Víctimas y los autos constitucionales. Sin embargo, en la práctica, la implementación de estos derechos requiere una estrecha coordinación entre el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, los sectores de salud y educación, las autoridades locales y regionales, y la Defensoría del Pueblo.
La historia de marchar a otras tierras en busca de un futuro mejor se repite en cada municipio del departamento de La Guajira, desde el norte hasta el sur. Aunque cada relato es distinto, todos se entrelazan en un mismo sentimiento: la nostalgia por la tierra natal.
Cristian González, de 27 años, dejó su hogar para probar suerte en Bogotá. En Maicao trabajó durante seis años en un almacén de baterías para automóviles, mientras estudiaba un técnico en auxiliar administrativo. A finales del año pasado decidió cerrar ese capítulo de su vida: renunció a su trabajo, se despidió de su familia —su madre, su padre y sus abuelos— y emprendió un nuevo rumbo. En febrero de este año llegó a la capital del país.
Todos los cambios que implicó su salida han sido un desafío: desde adaptarse a la comida hasta sobrellevar la distancia con su familia. “Lo más difícil es estar lejos. Sobre todo, extraño a mi familia, extraño estar en casa, extraño el calorcito”, cuenta.
El inicio no fue fácil. El clima de la capital afectó tanto su salud como su estado de ánimo, al punto de pensar en regresar: “El cambio de clima fue muy duro. Cuando llegué aquí, en febrero de este año, el frío me quemaba; no podía salir porque la cara se me pelaba por completo. No sabía si regresar a casa. No fue fácil, no conocía nada, no sabía cómo funcionaban las cosas”, recuerda.
A pesar de las dificultades, Bogotá sigue siendo una de las principales opciones para aquellos que buscan nuevas oportunidades. Las diversas fuentes de empleo y la posibilidad de “empezar de cero” atraen a cientos de Wayuu que, como Cristian, migran en busca de estabilidad.
Este camino, muchas veces está marcado por experiencias difíciles y peligrosas. Las condiciones de trabajo y de vida en otras ciudades suelen ser duras y muy distintas a las de La Guajira. Y aunque la movilidad ha sido una estrategia de supervivencia para muchos Wayuu, también trae consigo una consecuencia dolorosa: la pérdida progresiva de su cultura. Según el ACNUR, en su informe "Perder nuestra tierra es perdernos todos", el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas constituye una amenaza grave. El documento advierte: “Destruye modos de vida ancestrales, estructuras sociales, lenguas e identidades. En última instancia, puede llevar a la desaparición de grupos enteros”.
El sabedor Carlos Ramírez ha identificado este tipo de situaciones, como la pérdida de respeto y reconocimiento hacia las autoridades tradicionales de muchos migrantes. “Se ha perdido el respeto a la autoridad tradicional. Las personas llegan de otros lugares, aprenden un lenguaje y una cultura distinta, y se olvidan de lo propio. Esa es la mayor perdición que podemos sufrir como pueblo Wayuu”, lamenta.
La vida lejos de su territorio implica aprender a adaptarse, pero también resistir para no olvidar quiénes son. El llamado de los Wayuu es claro: sobrevivir no debería implicar huir. La historia de su desplazamiento es también la de un Estado ausente que todavía les debe garantías para vivir en su propio territorio.
Casi nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió las dos primeras sentencias judiciales de su historia. Estos fallos marcan un hito: por primera vez se condena a los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, bajo un enfoque en la macrocriminalidad.
La sentencia TP-SeRVR-RC-ST-001-2025 (caso 01) condena a siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos se incluyen la toma de rehenes, privaciones graves de la libertad, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud, cometidos entre 1993 y 2012 en distintas regiones del país. Estos hechos estuvieron vinculados con las políticas de financiación, canje de prisioneros y control social de la guerrilla.
Por su parte, la sentencia TP-SeRVR-RC-ST-002 (caso 03) condena a 12 miembros de la Fuerza Pública adscritos al Batallón La Popa por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegalmente como bajas en combate. La JEP los declaró culpables de crímenes de lesa humanidad —asesinato, desaparición forzada, tortura y persecución— y del crimen de guerra de homicidio en persona protegida. Estos hechos ocurrieron entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar, en municipios como Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, así como en el sur de La Guajira, en San Juan del Cesar y Urumita.
Los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP recibieron la sanción máxima contemplada en el régimen de sanciones propias: ocho años. Esta medida no equivale a cárcel ni a prisión ordinaria, ni tampoco a medidas de aseguramiento, pero sí implica una restricción efectiva de derechos y libertades, en particular los relacionados con la residencia y el libre movimiento.
Durante esos ocho años, los sancionados deberán cumplir la pena mediante la ejecución directa de Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (Toar), orientados a la reparación de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social.
Los 12 exmilitares también recibieron una condena de ocho años. Sin embargo, la JEP les descontó parte de ese tiempo, teniendo en cuenta los periodos de detención que algunos de ellos ya habían cumplido en la justicia ordinaria o en la penal militar por los mismos hechos.
La publicación de estas sentencias volvió a encender el debate sobre la supuesta “impunidad” en el proceso de justicia transicional. Si bien muchas víctimas reconocen como un avance el hecho de que haya una condena penal y un reconocimiento explícito de los crímenes, persiste la insatisfacción. La principal crítica está en que la justicia restaurativa aún no se concreta y en que la verdad ofrecida por los responsables se percibe como incompleta o parcial.
En el Caso 01, por ejemplo, varias víctimas expresan su inconformidad porque la sentencia no detalla con precisión qué sanción recibirá cada uno de los siete excomandantes, ni en qué consistirán esas medidas o bajo qué condiciones se cumplirán. También persiste la duda sobre de qué manera los Toar realmente reparan los daños ocasionados.
En este explicador, Consonante aclara cuáles son las implicaciones de estas decisiones judiciales y responde a las principales preguntas que surgieron de nuestra audiencia durante la construcción de este contenido.
Las dos sentencias marcan un precedente inédito en el marco de la justicia transicional en Colombia. Por ejemplo, en el caso 01 se marca un precedente histórico: es la primera vez que, después de un acuerdo de paz, la cúpula de una guerrilla se somete a un tribunal penal. En los procesos de los años noventa —con el M-19, una parte del ELN y el EPL— no se incluyeron juicios penales, lo que dejó por fuera los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
“Es muy importante en términos prácticos porque demuestra que cumplen con lo que pactaron, y eso no es menor. Antes de que existieran estos mecanismos de justicia transicional —e incluso hoy en algunos países— lo común era que en las negociaciones se otorgaran amnistías generales para todas las partes”, explica Paola Molano, coordinadora del equipo de justicia transicional de Dejusticia. La amnistía, en términos prácticos, implica que se “borra” el carácter delictivo de ciertas conductas, por lo que no hay acción penal, no se reconoce la responsabilidad y no hay sanción para un grupo de personas y un tipo de delitos.
A esto se suma que Colombia es el primer país en el que se establece una sanción distinta a la pena de prisión para los máximos responsables. Aunque esta decisión ha generado opiniones encontradas, lo cierto es que combina un enfoque restaurativo con uno retributivo, centrado en la reparación a las víctimas. “Bajo este enfoque, la sanción penal no se basa únicamente en el castigo o en la restricción de derechos —lo retributivo—, sino en la reparación del daño y la restauración del tejido social”, explica Laura Rivera Revelo, investigadora de la Universidad Justus-Liebig de Giessen y del Instituto Colombo Alemán para la Paz (Capaz). En este marco, la cárcel como pena privativa de la libertad quedó excluida del Acuerdo de Paz.
Además de la importancia del reconocimiento sobre los impactos del conflicto: “por primera vez hay un reconocimiento del daño ocasionado por el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales a las víctimas y a su entorno familiar y social, eso en Colombia no se había logrado antes”
Laura Rivera, investigadora de la Universidad Justus-Liebig de Giessen y del Instituto Capaz
La propia JEP lo califica como un “hito judicial”: “los comparecientes nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Además, la jurisdicción señaló que hasta ahora “la justicia no había documentado la magnitud de los crímenes, la evolución de las prácticas, las dinámicas que alimentaron las atrocidades, los impactos psicosociales en las víctimas y sus familias, el daño a comunidades y territorios y las políticas que los hicieron posibles”.
En la sentencia contra el último exsecretariado de las Farc-ep no solamente se reconoció la práctica del secuestro, los comparecientes también aceptaron delitos como esclavitud y violencia sexual. “Esto es un hito, porque estos delitos tienen una connotación muy fuerte simbólicamente en la representación política de lo que fue este grupo subversivo. La violencia sexual, en particular, ha sido uno de los crímenes más difíciles de probar, y de reconocer, tanto por parte de la guerrilla como de los militares y/o Fuerza Pública”, señala la experta.
Por su parte, la sentencia sobre el caso 01 también marca un hito al reconocer las violencias cometidas contra personas Lgbtq+. Organizaciones como Caribe Afirmativo celebraron que, en su primer fallo, la JEP confirmara lo que ya se había planteado en La Habana: que el conflicto armado golpeó de manera específica a esta población debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, y que esa violencia fue ejercida de forma deliberada.
“La Jurisdicción reconoció que la orientación sexual e identidad de género de la víctima fueron usadas por las Farc como justificación para cometer secuestros, bajo la creencia de que sus vidas tenían menos valía para la sociedad”, resalta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Además, en relación con las ejecuciones extrajudiciales, es la primera vez que un tribunal penal reconoce la sistematicidad de estos crímenes, es decir, que se dieron en el marco de una política y una necesidad de mostrar resultados operacionales. Para Rivera, este precedente resulta clave frente al “negacionismo y/o la justificación de estos crímenes” en el país.
A pesar de los esfuerzos de la JEP, y su insistencia sobre el papel fundamental de las víctimas en todo el proceso, las opiniones sobre la sentencia están divididas.
En la construcción del subcaso Costa Caribe, 252 víctimas fueron acreditadas y participaron mediante mesas técnicas junto a distintas entidades, además de coordinaciones con cada municipio vinculado a los proyectos restaurativos ordenados en la sentencia.
“Se llevó a cabo un diálogo y participación estrecho con víctimas individuales, pueblos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes, que le permitieron a la magistratura definir el contenido de los proyectos restaurativos donde los comparecientes cumplirán la sanción propia”, dice la sentencia.
Sin embargo, persisten casos de insatisfacción y escepticismo. Pedro Loperena, líder del pueblo Wiwa, afirma que en su comunidad todavía hay muchas dudas sobre el alcance de la justicia lograda y una fuerte sensación de impunidad frente a las sanciones restaurativas. Su reclamo se centra en el caso de Nohemí Pacheco, una niña de 13 años víctima de ejecución extrajudicial a manos de integrantes del Batallón La Popa.
“Los comparecientes que asesinaron a Nohemí gozan de plena libertad, lo que genera una profunda sensación de impunidad. La duda que nos queda es: ¿estos 12 comparecientes jamás pagarán por el asesinato de Noemí?”, cuestiona el líder.
Situaciones como la de Nohemí, en las que los responsables materiales no están entre los máximos responsables que incluye la sentencia, se repiten en casi todos los casos de la jurisdicción. Y en palabras de Paola Molano, esa sensación de insatisfacción era un efecto colateral esperable.
“La idea de la respuesta uno a uno es algo que sale de este modelo, que se enfoca solamente en unas personas y en unos hechos. Eso necesariamente va a dejar un universo grande de responsables, y en consecuencia de víctimas, por fuera del esclarecimiento puntual. Esa es una de las primeras dificultades de la respuesta de la JEP, porque unas personas se sienten incluidas y otras personas, por supuesto, se sienten excluidas. Y eso es inevitable por la manera como la JEP operó”.
Paola Molano, coordinadora del equipo de justicia transicional de Dejusticia.
Desde el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), quienes representaron a 12 víctimas directas de este subcaso, celebran que la JEP hizo muchos esfuerzos para incluir a las víctimas, pero dicen que es pronto para hablar de las reparaciones.
“Yo creo que se hizo un esfuerzo grande, pero habrá que ver en su desarrollo si realmente cumplen, al menos en parte, las expectativas de las víctimas. No se puede pensar en la participación de las víctimas en el componente de sanción como un asunto que ya finalizó. La propia sentencia abre, con la imposición de las sanciones, una fase de monitoreo y seguimiento donde es clave también la participación de las víctimas”, explica Sebastian Escobar, líder de la estrategia de litigio del Colectivo ante la JEP.
En el caso 001, al 30 de mayo de 2025, la JEP registró un total de 4.186 víctimas acreditadas: 1.905 víctimas directas y 2.107 víctimas indirectas. Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes representan a más de 1.400 de ellas, celebran la condena y valoran que no se limita solo a los secuestros y tomas de rehenes, sino que también incluye la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado o esclavitud.
Sin embargo, persiste la inconformidad por la falta de claridad en las sanciones. “Hay una gran preocupación de las víctimas porque la sentencia no especifica qué sanción corresponde a cada uno de los siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Tampoco queda claro cómo los cuatro proyectos restaurativos mencionados en la sentencia se relacionan con los crímenes que padecieron. No es fácil comprender de qué manera trabajar en temas como minas antipersonales o medio ambiente puede resultar reparador para víctimas de delitos tan específicos como los que sufrieron”, señala Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
A esto se suma que muchas de estas víctimas sienten que no se las tuvo lo suficientemente en cuenta al momento de definir cuáles serían esos proyectos de sanciones restaurativas. Algo que también se había previsto: “Es entendible que muchas víctimas sientan que su participación fue limitada o poco significativa, pero eso no quiere decir que mirándola con distancia y por fuera del procedimiento, no haya sido importante. También porque por razones de tiempos, recursos y plazos, si hay miles de víctimas acreditadas en un caso, pues las miles de víctimas no van a poder participar”, explica Paola Molano.
“Hay una gran preocupación de las víctimas porque la sentencia no especifica qué sanción corresponde a cada uno de los siete miembros del antiguo Secretariado de las Farc. Tampoco queda claro cómo los cuatro proyectos restaurativos mencionados en la sentencia se relacionan con los crímenes que padecieron. No es fácil comprender de qué manera trabajar en temas como minas antipersonales o medio ambiente puede resultar reparador para víctimas de delitos tan específicos como los que sufrieron”
Ana María Rodríguez, directora CCJ.
El debate sobre las verdades pendientes en la JEP sigue abierto. Para la investigadora Laura Rivera Revelo, hay limitaciones estructurales que vienen desde el mismo Acuerdo de Paz: “La JEP no tiene competencia para juzgar a expresidentes ni a ministros de Defensa, que al final son los mandos políticos de la Fuerza Pública. Esto ya genera una verdad fragmentada dentro y fuera del proceso penal”. Algo similar ocurre con actores internacionales, como algunas multinacionales que financiaron grupos armados, que también quedaron fuera del alcance de esta justicia.
En casos como el de Nohemí Pacheco, la Procuraduría pidió a la JEP diseñar un protocolo de atención para responder a las demandas específicas de verdad de las víctimas, en especial frente a comparecientes que no han sido identificados como máximos responsables por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Consonante consultó a la JEP sobre el estado de estas solicitudes y los tiempos de respuesta, pero la Jurisdicción únicamente señaló que “estas demandas están en trámite y serán resueltas conforme lo ordenó la sentencia”.
Sobre el alcance de esta sala hay pocas claridades. “Es una sala a la que le corresponde prácticamente el trabajo residual de la jurisdicción, es definir la situación jurídica de todos los que no son seleccionados como máximos responsables, que es el mayor número de quienes participan en la JEP. Y ahí también existen todas estas tensiones del aporte de estas personas a los hechos de forma individual. ¿Podría alcanzar la jurisdicción para abordar exhaustivamente todos los hechos? en términos de diseño institucional. Pero desde el punto de vista de la actividad judicial que nosotros hacemos, es relevante que las víctimas cuenten con este conocimiento de los hechos”, asegura Sebastián Escobar.
La sentencia ordenó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, a través del Subsistema de Justicia Restaurativa, poner en marcha prácticas restaurativas para estos casos. En este proceso deberán participar el equipo psicosocial de SAAD, las oficinas de Enfoques Diferenciales, Gestión Territorial y Atención a Víctimas.
Estas prácticas deben diseñarse junto con las víctimas, con acompañamiento psicosocial y teniendo en cuenta los distintos enfoques diferenciales. Además, la JEP fijó que se presente un cronograma de implementación dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión.
Las sanciones impuestas han generado debate en torno a la proporcionalidad y la noción de justicia. Para la investigadora Laura Rivera, el punto clave es que “la obligación internacional frente a crímenes internacionales consiste en investigar, juzgar y sancionar estos crímenes”. Y que no hay ningún instrumento internacional que obligue a la JEP a imponer como sanción la cárcel. “Lo que sí existe es la obligación de acabar con la impunidad”, agrega.
Las llamadas Sanciones Propias establecen restricciones concretas para los comparecientes. Entre ellas están las limitaciones a la movilidad, la residencia, el tipo de trabajo y la obligación de participar en proyectos restaurativos durante el tiempo que fije la sentencia. Además, deben cumplir con el régimen de condicionalidad: si incumplen, la consecuencia es ir a la cárcel.
Para la investigadora Laura Rivera, detrás de muchas críticas hay también un asunto cultural: “se suele identificar la justicia penal únicamente con la prisión, como si fuera la única forma válida de sanción”. Esa mirada, explica, responde a una idea de justicia vengativa y retributiva, cuando incluso bajo ese enfoque la cárcel debería ser la última herramienta del Estado.
Históricamente, en Colombia los procesos de paz estaban acompañados de amnistías generales. Frente a ello, el modelo del Acuerdo de Paz representó un giro que según Paola Molano, busca un balance entre la desmovilización y la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos. Ese balance se tradujo en concentrarse en los máximos responsables y en los crímenes más graves. Para Molano, la selección de personas y hechos genera tensiones porque “pareciera que si no todas las personas son juzgadas y sancionadas, entonces hay impunidad”, aunque en realidad responde a límites prácticos y políticos de la transición.
“Lograr una sanción que sea equivalente al daño causado es imposible porque ninguna sanción puede reponer una vida perdida”, señala Molano. El esquema de la JEP reemplaza la prisión por restricciones de derechos y suma un componente restaurativo. Este último no se enfoca en reparar un daño individual, sino en restaurar la ruptura de los lazos sociales y aportar a la reparación colectiva.
El desafío, concluyen desde Dejusticia, es que la credibilidad dependerá de su efectividad. “El reto es que esos componentes restaurativos y de restricción de derechos sean efectivos, ya que son vistos como sanciones más flexibles. Si no logran credibilidad en las víctimas y en la sociedad podrían perder su legitimidad”, puntualizan.
Según le respondió la JEP a Consonante, las sentencias están en proceso de notificación. Posteriormente hay un tiempo estipulado para que los comparecientes condenados apelen. Es decir, que quienes no estén de acuerdo con la decisión soliciten una segunda revisión por parte de una autoridad judicial superior. Esto lo resolvería la Sección de apelación de la Jurisdicción.
Sin embargo, todavía hay aspectos de la sentencia que no están definidos. La misma JEP aseguró, en una carta enviada al Gobierno Nacional, que el Ministerio de Justicia no había dado inicio al trámite para expedir el decreto de condiciones transversales—seguridad, prevención y protección; habitabilidad; aseguramiento y dignidad—, que son indispensables para poner en marcha las sanciones propias y las medidas de reparación. Esto a pesar de que el texto del decreto ya había sido acordado por todas las entidades que integran la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional, la Ubpd y la JEP.
Para el caso 01 tampoco están claras las condiciones de ejecución de la restricción efectiva de la libertad. En el caso de las Farc no hay una zona ya determinada en la sentencia. Tampoco están muy claras las condiciones de ejecución de esos proyectos. “Hay una pregunta que es clave y es que una vez las sentencias estén en firme, ¿qué es lo que van a empezar a hacer los sancionados? Y a mi juicio eso hoy no está claro. La sentencia no lo resuelve y eso me parece preocupante”, dice Molano.
“Hay una pregunta que es clave y es que una vez las sentencias estén en firme, ¿qué es lo que van a empezar a hacer los sancionados? Y a mi juicio eso hoy no está claro. La sentencia no lo resuelve y eso me parece preocupante”
Paola Molano
“Por otro lado, sigue siendo preocupante el contexto de reconfiguración de la violencia lo que resulta en que la ejecución de los Toar sea demasiado riesgosa para los integrantes del último secretariado de las antiguas Farc-Ep, e incluso para las mismas comunidades aledañas. Esta falta de disposición presupuestal aunado a la persistencia del conflicto armado si podrían incidir seriamente en la implementación de las sanciones propias y más allá la efectividad de las penas impuestas por la JEP”, agrega Rivera.
Por su parte, desde Caribe Afirmativo reclaman la falta de claridad sobre el enfoque diferencial en los Toar, esto para asegurar que la medida reparadora se ajuste a la afectación directa encontrada contra las personas Lgbtq+.
La Ley estatutaria de la JEP establece que el Gobierno Nacional es el responsable de garantizar los recursos. El artículo 38 señala: “El Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación.”
Hoy, las sentencias están sólo parcialmente financiadas. El Ministerio de Hacienda destinó una primera partida de 20.000 millones de pesos, que será administrada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Sin embargo, el costo estimado para implementar los proyectos incluidos en estas primeras sanciones asciende a 121.858 millones de pesos, es decir, falta la mayor parte de los recursos necesarios para cumplir plenamente lo ordenado.
Los proyectos derivados de la primera sentencia —relacionada con secuestros y otros crímenes cometidos por el entonces Secretariado de las Farc-EP— tienen un costo estimado de 35.762 millones de pesos. Por su parte, los proyectos de carácter restaurativo ordenados en la segunda sentencia, sobre el caso Costa Caribe y el batallón La Popa, requieren 86.096 millones de pesos adicionales. En total, se trata de 121.858 millones de pesos que hoy no están garantizados en el presupuesto nacional.
“La JEP no cuenta con un presupuesto para la ejecución de las sanciones propias y aunque en las decisiones hay cerca de 120 órdenes al estado para lograr implementar estas sanciones, es conocido que actualmente hay restricciones fiscales y no se cuenta con la disponibilidad presupuestal. Esto nos lleva a un cuestionamiento sobre más allá de la disposición política del gobierno actual, cómo las altas cortes y el congreso en sus actuaciones (fallo de regalías de multinacionales minero energéticas y la no aprobación de la ley de financiamiento, de presupuesto para el 2026 etc.) no han avizorado este dilema”, comenta Rivera.
La JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas a los excombatientes. Para ello existe un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que coordina, recoge y analiza información sobre la implementación de las sentencias. Este sistema combina un componente judicial, uno internacional independiente y la participación de las comunidades en los territorios.
El control incluye visitas presenciales y supervisión en tiempo real a través de dispositivos electrónicos. El sistema de monitoreo opera con celulares o relojes electrónicos que permiten geolocalizar a los sancionados en todo momento y, en el caso de los celulares, realizar videollamadas rápidas para verificar su cumplimiento.
Según la JEP, la jurisdicción ordena y supervisa el cumplimiento, pero no administra recursos ni define procedimientos de contratación. Esa responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, que debe garantizar los fondos y las condiciones necesarias. Dentro de esas obligaciones, el Ministerio de Defensa debe diseñar protocolos de seguridad para los proyectos restaurativos. Estos deben proteger a víctimas, comparecientes, comunidades, funcionarios e incluso a aliados internacionales, y presentarse a la JEP para su aprobación antes de iniciar las actividades.
En la JEP, quienes deciden no reconocer su responsabilidad deben afrontar un Juicio Adversarial Transicional. Se trata de un procedimiento similar al de la justicia ordinaria, pero dentro de la misma Jurisdicción, en el que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) asume el rol de Fiscalía y el compareciente debe presentar su defensa. Al final, será el juez quien determine si es culpable o no.
En estas dos sentencias, solamente para el subcaso Costa Caribe hay tres coroneles retirados en esta situación: José Pastor Ruiz Mahecha, excomandante de inteligencia del Batallón La Popa; Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, comandantes de esa unidad militar entre 2002 y 2005.
El proceso más avanzado es el de Publio Hernán Mejía, cuyo juicio concluyó el 5 de agosto con la audiencia de alegatos finales. Ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento deberá decidir si lo absuelve o lo condena, con una posible pena de hasta 20 años de prisión. Como explicó el Instituto CAPAZ, en este tipo de procesos “los comparecientes se someten a un juicio adversarial con sanciones ordinarias, como la privación de la libertad entre 15 y 20 años”. En estos casos no aplican las sanciones propias ni los proyectos restaurativos, sino condenas de cárcel.
La JEP mantiene, además, un control sobre la ejecución de las sentencias. Esto significa que si un condenado incumple lo ordenado, la jurisdicción puede revertir beneficios y remitir el caso a la justicia ordinaria.
Consonante documentó desde 2023 que una de las principales inquietudes de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales era la reparación por parte del Estado. Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven indígena Wiwa de 17 años asesinado y presentado como integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señaló entonces que la reparación debía provenir, ante todo, del Estado. Para ella, esa reparación podría expresarse en distintas formas: “con una indemnización que le permita mejorar su calidad de vida, o con una tierra que le permita cultivar, o con un proceso de acompañamiento psicológico que ayude a su madre a recuperar la sonrisa”.
Y es que muchas víctimas del Subcaso Costa Caribe, y de las ejecuciones extrajudiciales, continúan experimentando precariedad económica, agravada por el crimen, y la exclusión del Registro Único de Víctimas (RUV). De hecho, la sentencia afirma que la gran mayoría de las víctimas de este subcaso no fueron incluidas en el RUV porque sus muertes fueron reportadas como subversivos dados de baja en combate. De hecho se reconoce que la denegación del estatus de víctimas fue considerada en sí misma una ofensa y profundizó las situaciones de vulnerabilidad, ya que las familias no contaron con el apoyo estatal para paliar los daños sufridos.
Hoy el reto será revertir esta situación. “Toda la reparación administrativa está a cargo de la Unidad de Víctimas, y la exclusión cambió con las constataciones de la sentencia. Lo que debería ocurrir ahora es que la Unidad los incorpore al proceso de —como se dice coloquialmente— hacer la fila para esperar la indemnización”, explica Paola Molano. Ese trámite inicia con una etapa de priorización, definida por criterios que están en un decreto de la entidad; luego, la Unidad expide una resolución en la que promete el pago en un plazo determinado. Todo esto, aclara Molano, siempre y cuando no se haya recibido previamente una indemnización por vía de procesos contencioso-administrativos.
El domingo 14 de septiembre en la mañana, todos los padres y madres de familia de Tadó recibieron el mismo mensaje de whatsapp: “Se les informa que los días lunes, martes y miércoles vamos a trabajar en un horario emergente de 45 minutos cada clase, con el objetivo de salir un poco más temprano, debido a que en estos días no habrá servicio de alimentación escolar (...) se les invita a que manden a los estudiantes desayunados, con un algo o su descanso, para que puedan sostenerse durante la jornada”. Aunque la situación iba inicialmente hasta el miércoles 17 de septiembre, hoy los estudiantes del municipio siguen sin recibir alimentación escolar y con la duda de cuándo se va a restaurar el servicio.
Lo que ocurre en Tadó, y que se repite en cientos de escuelas del Chocó y del resto del país, no tomó por sorpresa a nadie. La Contraloría ya había advertido, el pasado 25 de agosto, sobre un déficit nacional de 500.000 millones de pesos que ponía en riesgo la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta finalizar el calendario académico. La alerta señalaba que 52 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) —cerca del 65 por ciento del país— podrían quedarse sin recursos para garantizar los alimentos de millones de estudiantes.
En el momento de la alerta, la Contraloría advirtió que cerca de 29 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que atendían a 1,9 millones de estudiantes, solo tenían contratos vigentes hasta el 31 de agosto. Eso significaba que en septiembre el programa quedaría suspendido en varios territorios y en octubre ocurriría lo mismo en otros. El panorama se agravó cuando el Gobierno Nacional afirmó que no contaba con más recursos para financiar el PAE y que la responsabilidad recaía en municipios y departamentos, a quienes desde la entidad de control se les señala como los principales responsables del déficit.
“Hemos solicitado al Ministerio de Hacienda para ver qué posibilidades hay de una adición presupuestal, pero con la realidad financiera del país creo que va a ser difícil y además de eso nos tocaría ir al Congreso de la República, eso lleva un tiempo. Por términos de tiempo y responsabilidad no hay forma de que el Gobierno Nacional asuma esa planeación deficitaria que tuvieron las entidades territoriales”, asegura el director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (Uapa), Sebastián Rivera Ariza.
Sin embargo, la responsabilidad no es tan clara. Tanto la Contraloría como los propios municipios y departamentos reconocen la insuficiencia de los recursos asignados desde la Nación y las discrepancias en las cifras de distribución presupuestal. Esta situación golpea con mayor fuerza a las regiones con menor capacidad de recaudo propio, donde la continuidad del programa resulta vital para garantizar la alimentación de los estudiantes, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad.
El PAE fue creado por el Gobierno Nacional como una estrategia para garantizar el acceso y la permanencia escolar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en colegios oficiales. En principio, no fue diseñado para convertirse en la base de su alimentación diaria, sino como un complemento que ayudara a reducir la deserción. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario: para cientos de estudiantes, la ración que reciben en la escuela es el principal —y a veces el único— alimento del día. Consonante explica qué sigue fallando en este programa y cuáles son las consecuencias para la niñez y la adolescencia del país.
El PAE se financia a través de una bolsa común de recursos que incluye fondos públicos tanto del orden nacional, como territorial, de destinación específica y de libre destinación. Es decir, el gobierno pone una parte y las alcaldías y/o departamentos ponen el valor restante.
El valor que recibe cada Entidad Territorial Certificada en educación (ETC) depende de su capacidad de generación de recursos propios. Un ejemplo de esto es que en departamentos como el Chocó y La Guajira, la mayor parte del dinero viene del Gobierno Nacional. Mientras que ciudades como Bogotá financian aproximadamente el 95 por ciento de todo su PAE.
Una de las principales fuentes de financiación nacional son los "recursos del SGP – Asignación Especial Alimentación Escolar" que son distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a municipios y distritos. Mientras que las ET pueden destinar recursos propios o provenientes de regalías para cofinanciar el PAE. También pueden recibir cofinanciación de organizaciones del sector privado, cooperación internacional, ONG, cajas de compensación, entre otros.
Este año el Gobierno Nacional aportó 2.1 billones de pesos para cofinanciar el PAE en municipios y distritos. Una cifra que Rivera Ariza, ha calificado como histórica: "este gobierno en tan solo tres años ha puesto el doble de los recursos, y el próximo año el triple, de lo que el Gobierno Nacional históricamente había destinado. Es decir, nosotros en cuatro años pusimos más recursos que lo que pusieron otros gobiernos en 60 años", asegura.
Sin embargo, desde la Contraloría explican que este incremento responde a una “lógica presupuestal”: el gasto público social no puede reducirse de un año a otro. “Esto significa que, por mandato constitucional, los recursos aportados por el Gobierno necesariamente deben crecer”, señala Andrés Giovanni Rodríguez, contralor delegado para los sectores de educación, cultura, ciencia, tecnología y deporte a nivel nacional.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que, desde su creación, el PAE nunca ha logrado cubrir a todos los niños y niñas que lo necesitan. Hoy el programa atiende a unos 5,8 millones de estudiantes en todo el país, pero la población potencial de beneficiarios asciende a 7,4 millones. Esto significa que cerca de 1,6 millones de niños y niñas —alrededor del 20 por ciento de la matrícula oficial— quedan por fuera de la alimentación escolar.
Para alcanzar una cobertura universal y atender a todos los estudiantes, según cálculos de la Contraloría, el Gobierno Nacional debería aportar aproximadamente 4.4 billones de pesos (el doble de lo que se aportó para este año). A esta cifra se le sumarían cerca de 2.3 billones de pesos que pondrían los territorios, lo que resultaría en un total aproximado de 6.7 billones de pesos.
Lo preocupante es que la alerta de la Contraloría sobre los 500.000 millones de pesos que hacían falta no eran para aumentar la cobertura, sino para garantizar la alimentación a más de 1.9 millones de estudiantes que venían recibiendo este complemento.
La responsabilidad sobre la falta de este dinero rebota de entidad en entidad. Por ejemplo, la Uapa atribuye este déficit a una “falta de planeación” por parte de las ETC que han atendido a más niños de los que sus recursos les permitían, y al incumplimiento de la norma por parte de 50 ETC que no aumentaron a tiempo sus recursos conforme al incremento real (IPC).
Desde la Contraloría aseguran que los territorios tampoco han tenido la misma cantidad de recursos para cofinanciar el PAE por la disminución de ingresos corrientes de la nación: “esto afecta la fórmula de distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), ha llevado a que menos recursos están llegando a las regiones".
Y en departamentos como el Chocó aseguran que el dinero nunca ha sido suficiente. Maryen Machado, secretaria de Integración Social del departamento, expone que este año el Gobierno Nacional asignó al Chocó 65.000 millones de pesos, pero el costo real del PAE en el departamento, con un estudio de costos adecuado, ascendería a alrededor de 90.000 millones de pesos al año.
“De los 65.000 millones, 13.000 son de las canastas vacacionales. Eso ya nos deja aproximadamente 53.000 millones. El PAE indígena consumió alrededor de 22.000-23.000 millones para todo el año y el PAE afro gastó 25.000 millones solo en tres o cuatro meses. Entonces, ¿cuánto dice el Gobierno Nacional que nos da para poder garantizar? Ni medio año podemos garantizar del PAE afro con eso, porque los primeros días de este año los garantizamos con el proyecto de regalías que venía del año pasado”, explica Gracia.
La Contraloría también ha expresado preocupación por entidades territoriales con mayor dependencia de las transferencias de recursos nacionales y menor capacidad de generar ingresos propios, lo que las hace más vulnerables a la hora de cofinanciar el PAE. Estas incluyen a departamentos como Amazonas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Putumayo, Sucre y Guaviare
Según la Uapa, fueron 50 las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que no hicieron la asignación de recursos como lo exige la ley en materia de progresividad del programa, es decir, que no aumentaron su inversión frente al año anterior. La entidad sostiene que, de haber cumplido con esa obligación, el PAE contaría hoy con 837 mil millones de pesos adicionales para su funcionamiento.
Las ETC son Antioquia, Atlántico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartago, Chocó, Ciénaga, Córdoba, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Huila, Ipiales, Jamundí, Magangué, Magdalena, Manizales, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Piedecuesta, Pitalito, Riohacha, Rionegro, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Soacha, Sogamoso, Soledad, Sucre, Tolima, Tunja, Valle del Cauca, Valledupar, Vichada y Yumbo.
El caso del Tolima se llevó la atención mediática después de enfrentamientos entre el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, y el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, por la inversión en el PAE. “Allá pasamos de asignar, en 2022, 33.000 millones de pesos a 60.000 millones en esta vigencia. La entidad ponía casi 16.000 millones, pero este año había asignado solo 100 millones”, comenta Sebastián Rivera.
Aseguran que esta reducción de recursos por parte de la entidad territorial es una violación de la norma, que establece que los recursos aportados por las entidades deben mantenerse y aumentar con el incremento real (IPC) anualmente. Y la Uapa interpreta la situación como una práctica de presión hacia el Gobierno Nacional para obtener más recursos, en lugar de planificar adecuadamente con el presupuesto disponible.
Sin embargo, la cofinanciación del PAE se complica para entidades que tienen una capacidad limitada de generar recursos propios. El Chocó hace parte de la lista de entidades que no aumentó el presupuesto, sin embargo, desde la Gobernación aclaran que el departamento no tiene la capacidad financiera. Por ello, para poder aumentar el presupuesto y garantizar el programa, acudieron al Sistema General de Regalías. El proyecto fue radicado y aprobado hasta el 25 de agosto, y están en proceso de generar los documentos financieros para establecer un nuevo convenio que permita la operación del PAE mayoritario (afro) hasta finalizar el año escolar.
Los criterios de priorización de sedes y grados, establecidos en los lineamientos de la Uapa, son los siguientes:
• Primero: El 100 por ciento de los grados de las sedes educativas con jornada única.
• Segundo: El 100 por ciento del nivel preescolar en todas las sedes educativas.
• Tercero: Las sedes educativas ubicadas en áreas rurales y aquellas urbanas con más del 50 por ciento de población étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad, priorizando progresivamente los grados inferiores.
• Cuarto: Sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar ingresos (grupos A a D del Sisbén), priorizando también los grados inferiores.
Y aunque en el papel parece fácil, cuando se aplica en los territorios, especialmente en lugares con condiciones de alta vulnerabilidad, todo se complica. Desde la Contraloría, por ejemplo, cuestionaron la afirmación de la Uapa de que Buenaventura estaba "malgastando recursos" al ofrecer una doble ración (complemento en la mañana y almuerzo) a los niños en jornada única. “Cómo decir que le están dando mucha comida a un niño en una región como el litoral Pacífico, donde los índices de inseguridad alimentaria son los más altos del país, junto con La Guajira, y donde siete de cada diez hogares son pobres o pobres extremos. Yo creo que eso tampoco es es muy acertado en materia de política pública”, asegura Andrey Rodríguez.
En el Chocó, las entidades tampoco logran hacer una priorización estricta debido a las enormes necesidades de la población, donde el PAE suele ser el único alimento para muchos niños. “¿Cómo hacemos esa priorización en el Chocó, cuando es un departamento víctima total del conflicto armado? Cuando la mayoría de nuestros municipios son más rurales que urbanos, y los conflictos ya llegaron también a lo urbano. Cuando tenemos personas desplazadas por la guerra y población migrante. En el Chocó, para la gran mayoría de nuestros titulares de derecho, esa ración es su único alimento. Entonces, no puedo priorizar”, explica Maryen Gracia.
A esto se suma que aunque el departamento busca cubrir el 100 por ciento de los estudiantes registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (Simat), la realidad es que cuando el operador llega a cada institución educativa se encuentra con muchos estudiantes más.
“¿Cómo hacemos esa priorización en el Chocó, cuando es un departamento víctima total del conflicto armado? Cuando la mayoría de nuestros municipios son más rurales que urbanos(...) Cuando tenemos personas desplazadas por la guerra y población migrante. En el Chocó, para la gran mayoría de nuestros titulares de derecho, esa ración es su único alimento. Entonces, no puedo priorizar”
Maryen Gracia, secretaria de Integración Social del Chocó.
A los problemas de financiamiento se suman los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría, que desde 2020 superan los 56.000 millones de pesos. De esa cifra, cerca de 33.000 millones —alrededor del 60 por ciento— corresponden a presuntos sobrecostos, es decir, a pagos por los alimentos muy por encima de su valor real en el mercado. Este es el principal hallazgo fiscal del programa y se ha registrado en todas las regiones del país.
A esto se suma que la Uapa ha identificado casos de monopolio en algunas zonas, donde el mismo operador presta el servicio por cinco años o más, restringiendo en muchos casos la pluralidad de oferentes y una competencia leal.
Otro problema es la suspensión constante del programa en distintas regiones, lo que deja a miles de niños y niñas no solo sin alimentación escolar, sino en muchos casos también sin clases. En Buenaventura, por ejemplo, el PAE estuvo detenido durante varias semanas. La Uapa señaló allí un uso ineficiente de los recursos y serias inconsistencias en el número de beneficiarios: mientras se reportaba la atención de 43.000 estudiantes, en el Simat solo aparecían 33.000 durante marzo, abril y mayo. Esto generó dudas sobre la justificación de los pagos. “Aumentaron el costo de la ración en un 35 por ciento, muy por encima del IPC”, advierte el director de la Uapa.
En Riohacha, La Guajira, el programa no arrancó a tiempo a comienzos de año y los niños estuvieron tres meses sin recibir alimentación escolar, pese a que el presupuesto ya estaba disponible. En el departamento también se han denunciado demoras en los pagos a las manipuladoras de alimentos, así como bajos salarios y condiciones laborales precarias para estas trabajadoras, una situación que se repite en varias regiones del país.
En ciudades como Cali, ha disminuido drásticamente la cobertura sin razón aparente. Desde la Uapa reportaron que la ciudad tenía el año pasado una cobertura del 68 por ciento y este año bajó al 35 por ciento, a pesar de contar con los mismos recursos. “Nosotros esperamos que sea un error de la entidad territorial de que no ha reportado los niños que están atendiendo, pero la ausencia de ese reporte también los pueden meter en problemas con los entes de control”, asegura Sebastian Rivera.
La vigilancia del PAE es una tarea compartida y compleja, con la Contraloría como el principal ente de control fiscal, la Uapa con funciones de seguimiento y una estructura de participación ciudadana diseñada, en el papel, para involucrar a la comunidad en el monitoreo del programa.
La Contraloría ejerce control concomitante y preventivo y audita anualmente a la mayoría de las ETC. Esto incluye los 32 departamentos, las 32 ciudades capitales y aproximadamente 40 ciudades intermedias, cubriendo cerca del 90 por ciento de todos los recursos asignados al PAE.
La Uapa tiene como función principal el seguimiento y la evaluación del programa, y cuando detecta situaciones que generan alerta debe remitirlas a los entes de control. Aunque hoy no cuenta con facultades de inspección y vigilancia, el pasado 26 de agosto anunció que se espera un decreto presidencial que le otorgue estas competencias. Según la entidad, serían de carácter preventivo y no interferirían con las funciones de otros organismos como la Contraloría. La meta es que estas nuevas atribuciones comiencen a aplicarse a partir de 2026.
Por otro lado, están los Comités de Alimentación Escolar (CAE), definidos en los lineamientos como el “principal mecanismo de control ciudadano” del programa en cada institución educativa y presididos por los padres de familia. Estos comités buscan promover la participación comunitaria, fortalecer el sentido de pertenencia y ejercer control social sobre la planeación y la ejecución del PAE.
Así como los rectores, quienes tienen la responsabilidad de verificar y certificar lo entregado por el operador, así como de realizar los reportes requeridos y seguir los protocolos ante dudas o irregularidades.
En la Serranía del Perijá el suelo es sinónimo de vida y las lluvias son esperadas con ansias por los campesinos para trabajar la tierra. Es un momento de gran expectativa y planificación para los agricultores de la región, y cuando las primeras gotas de lluvia caen, se escucha por las calles los planes de siembra de cada persona, una explosión de variedad de posibles cultivos que llenan el aire de esperanza.
Sin embargo, antes de que broten las matas de maíz, frijol, yuca o ají, lo que domina el paisaje es el humo. En la antesala de las lluvias, desde el corregimiento de Conejo, en Fonseca, se observa cómo la serranía arde. De día, las columnas grises se levantan sobre los cerros; de noche, esas mismas humaredas parecen volcanes encendidos, fruto de quemas que terminaron fuera de control.
La quema controlada o ‘tumba y quema’, es una práctica común en la región, y se usa para preparar la tierra en cada cultivo. Se limpia el lote hasta que quede despejado y toda la materia orgánica que se acumula se pica en trozos más pequeños, se amontonan en pilas y se deja al sol por varios días. Una vez seco, se quema.
Aunque existen técnicas como las guardarrayas, que sirven para que el fuego no llegue a otros terrenos, cuando las quemas se salen de control el peligro es general. Según Corpoguajira, en el departamento se registran entre 80 y 120 incendios anualmente, el 20 por ciento de ellos llegan a ser incendios forestales.
La mayoría de los incendios se concentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Suelen estar vinculados a las quemas agropecuarias, aunque también a prácticas ilegales como la quema de basura. Los meses más críticos coinciden con la temporada seca —enero a marzo y julio a septiembre—, cuando la ausencia de lluvias convierte cualquier chispa en un riesgo latente de incendio.
En julio de este año, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de Corpoguajira advirtió sobre el alto riesgo de incendios forestales en seis municipios del departamento, todos en nivel de alerta roja por las condiciones climáticas extremas. El calor y la sequedad favorecían la propagación del fuego incluso a partir de fuentes mínimas de ignición, como una fogata, una quema agrícola o una colilla de cigarrillo mal apagada. Ante ese panorama, la entidad hizo un llamado urgente a la comunidad para evitar cualquier quema abierta, en especial en zonas rurales o con cobertura vegetal seca, donde una chispa puede desatar un incendio incontrolable.
Aunque la quema es una forma rápida y efectiva de eliminar la maleza y los residuos, permitiéndole a los campesinos plantar sus cultivos sin tener que invertir mucho tiempo y recursos, esta práctica también tiene costos ambientales y sociales significativos: afectan los ecosistemas locales, la salud y el bienestar de las comunidades que viven en la región y, a largo plazo, la productividad de la tierra.
Kiana Valbuena, profesional especialista de Corpoguajira, cuenta que las quemas en la Serranía del Perijá tienen graves consecuencias ambientales: "Alteran los procesos ecológicos, disminuyen la cobertura vegetal y destruyen hábitats críticos para especies endémicas y en categoría de amenaza", afirma.
A esto se suma que se reducen la fertilidad de los suelos, aumentan la erosión y afectan servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica y la captura de carbono. También debilitan los corredores biológicos que conectan los ecosistemas de montaña con los bosques secos tropicales del piedemonte, lo que pone en riesgo la resiliencia climática de la región.
Desde la Corporación, además, está prohibida la realización de quemas abiertas no controladas. “La entidad adelanta procesos sancionatorios ambientales cuando identifica responsables de quemas ilegales, promueve prácticas agropecuarias sostenibles y articula acciones con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. También hemos emitido circulares preventivas durante la temporada seca para advertir sobre la restricción de las quemas agrícolas”, explicó Valbuena.
Los campesinos también reconocen que la quema tiene sus desventajas y puede incluso representar riesgos para la vida: "Recuerdo una vez que fuimos a quemar la socola para sembrar maíz y utilizamos botellas plásticas vacías en una vara para prender el fuego. Pero cuando el plástico se quemó y comenzó a gotear, el fuego se extendió rápidamente y nos vimos rodeados de llamas. Tuvimos que salir saltando por la parte menos afectada. Aunque después nos reímos de la situación, fue un momento aterrador", relata Julio Rico, campesino de la vereda San Agustín.
Lo que vivió Rico no es un hecho aislado. Karen López, gestora ambiental de Corpoguajira, explicó a Consonante que esta práctica representa riesgos incluso para quienes la realizan. “Se han reportado casos de quemas descontroladas en los que se han perdido cultivos y bienes, e incluso accidentes en los que ha resultado gente herida”, señaló.
La agricultura es la principal actividad económica en las regiones rurales de Fonseca, debido a la vocación agrícola del territorio y a que es la única fuente de sustento para muchas familias. La mayoría de los habitantes se dedican a sembrar pequeñas parcelas de tierra, generalmente de dos a cinco hectáreas. Entre ellos está José del Carmen Vargas, campesino y habitante de la vereda Hatico Viejo, quien decidió dejar de quemar: "A mí no me gusta quemar porque yo conocí una experiencia que las aguas se retiran cuando se quema mucho. La gente se confió y empezó a trabajar cerca del arroyo, descumbraron y quemaron muy cerca del arroyo y este se secó” dice.
Desde entonces Vargas prefiere la técnica de "socola sin quema", que consiste en limpiar la tierra como se hace tradicionalmente y la materia vegetal que quede, picarla más pequeña y dejarla sobre el terreno que se sembrará. Esta funciona como abono, y a la vez, como una capa orgánica que evita que nazca maleza que pueda dañar el cultivo. También protege la semilla: "La capa vegetal que queda impide que nazca nueva maleza y protege la semilla de la calentura del sol" dice.
A esto se suma que existen alternativas productivas que no exigen tanta limpieza ni el despeje total de árboles. Ramiro Ramírez, profesor de la Universidad Nacional y experto en suelos, explica que es posible implementar técnicas que favorezcan al campesino sin deteriorar el suelo ni los ecosistemas. “El primer paso es evaluar los sistemas productivos actuales y buscar formas de mejorarlos o transformarlos, si es necesario, para aplicar prácticas que no impliquen la quema ni la tala”, señala. Entre estas opciones menciona la producción de miel, el chontaduro, el palmito y la vainilla: productos no maderables del bosque que pueden ser a la vez rentables y sostenibles. “Además, si se conservan grandes extensiones de terreno, se puede acceder a programas de pago por servicios ambientales, lo que representa un incentivo adicional para la conservación del bosque”, añade.
También está la implementación de sistemas agroforestales, que combinan la producción de cultivos con la conservación de árboles y especies forestales. "Se puede sembrar frijol con guandul, lo que permite aprovechar al máximo el suelo y reducir la necesidad de quemas", explica Ramírez.
Sin embargo, destaca que para llegar a esto es importante brindar a los campesinos la oportunidad de conocer y adoptar estos sistemas productivos alternativos y beneficiosos para todos. “Cuando se ofrecen otras alternativas productivas rentables ya la gente no piensa en quemar, porque se están ofreciendo sistemas asociados sistemas productivos enfocados en un cambio”, puntualiza.
Un ejemplo de esto, explica Ramírez, es que en la siembra de maíz se puede reemplazar la quema por cultivos asociados. “En ese clima de montaña funciona mucho sembrar cacao y en las calles de los cultivos se pone el maíz. No habría que prender fuego a la salida del maíz, porque la tierra queda siendo productiva con cacao”, explica.
Estas iniciativas se han aplicado en otros países como Bolivia, en dónde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó una guía de aplicación de chaqueo sin quema hacia una agricultura sostenible con sistemas agroforestales. En la que se combina sistemas agroforestales con técnicas que minimizan el impacto ambiental, como el manejo manual de residuos y el uso de materia orgánica, que reemplaza a las prácticas tradicionales de quema que contribuyen a la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. “Se ofrece una metodología práctica que incluye la preparación de terrenos, la selección de material genético y la planificación de cultivos, a la vez que se destacan ejemplos exitosos de parcelas piloto implementadas en comunidades rurales”, dice el documento.
Detrás de esta técnica agrícola se esconde una realidad que va más allá de una simple tradición: la necesidad. Para muchos campesinos, la tumba y quema es la forma más accesible para limpiar la tierra y prepararla para los cultivos de pancoger, aquellos que les permiten subsistir y alimentar a sus familias.
Y aunque han aprendido la importancia de cuidar la naturaleza y respetar sus ciclos, destacan que la agricultura sostenible requiere más trabajo y tiene sus desafíos. “El campesino siempre lleva del bulto porque supone que uno haga los esfuerzos para tener una mejor naturaleza, pero entonces el producto que uno saque no quieren pagar lo que vale", dice José del Carmen.
“El campesino siempre lleva del bulto porque supone que uno haga los esfuerzos para tener una mejor naturaleza, pero entonces el producto que uno saque no quieren pagar lo que vale"
José del Carmen Vargas, campesino y habitante de la vereda Hatico Viejo.
A los retos de adoptar prácticas agrícolas sostenibles, se suma el hecho de no ser dueños de la tierra: "Los campesinos no tenemos tierras propias, entonces tenemos que aprovechar lo que más se pueda el pedacito de tierra que nos dejan sembrar", afirma Vargas.
Además recalcó que los esfuerzos adicionales que se requieren para la producción de alimentos de manera sostenible, es un valor agregado que no es valorado por los consumidores:"La gente quiere la comida barata, pero no sabe lo difícil que es producirla", lamenta.
Las necesidades y limitaciones de los campesinos se resumen en la falta de acceso a tecnologías y recursos sostenibles, sumada a la presión de producir alimentos para la subsistencia. Esa combinación los lleva a recurrir a la quema como una salida que parece fácil y rápida. Para Julio Rico, el apoyo económico del gobierno resulta clave, así como el fortalecimiento del comercio. “Cualquier cambio con formación es importante, pero también hace falta un ente que haga el mercadeo para cultivar de manera sostenible, sin riesgo y con un comprador seguro”, asegura.
Por su parte Ramírez destaca la importancia de que el Estado ofrezca a los campesinos sistemas productivos rentables y amigables con el medio ambiente. “Debemos asegurarles el mejoramiento del suelo. Brindar información de cómo vamos a mejorar ese suelo que ya ha sido quemado, qué nutrición le podemos dar a las plantas y ser muy claros con las limitantes. Sabemos lo que producen las quemas excesivas: el CO2, la pérdida de materia orgánica, la muerte de animales y todo el mundo se dedica a mirar solo eso. Pero lo que debemos hacer es enfocarnos en soluciones”.
Ronal Campaña tenía apenas diez años cuando, en su natal Bagadó, escuchó por primera vez el sonido de una flauta. Fue un descubrimiento que lo deslumbró y que intentó recrear en casa, siguiendo el ejemplo de su padre. Con botellas de cerveza en la mano, soplaba por los picos y lograba una afinación casi perfecta. Después, esas eran melodías capaces de encender cualquier reunión, ya fuera en su pueblo o más tarde en Quibdó, a donde el destino lo llevó tras el desplazamiento.
Aquella primera experiencia fue suficiente para marcarle el camino. Bastaron apenas cinco meses de práctica con una flauta real para que Ronal se convirtiera en el primer chocoano en recibir el reconocimiento como Mejor intérprete de flauta de carrizo en chirimía de flauta, durante la versión número 29 del Festival Petronio Álvarez. Un logro que coincidió con el nacimiento de esta categoría en 2024, pensada precisamente para proteger una tradición que, al borde del olvido, sigue buscando nuevas manos y nuevos aires para sobrevivir.
Aunque la categoría lleva el nombre de flauta de carrizo, el instrumento de Ronal estaba hecho de tubo de PVC. Conseguirlo no fue sencillo: la flauta tuvo que recorrer dos departamentos antes de llegar a sus manos. “Acá en el Chocó muy poco se ve hoy el árbol de carrizo. Por eso lo reemplazamos con el tubo de PVC”, explica el músico. El instrumento viajó desde el río Napi, en el Cauca, hasta Quibdó, donde aterrizó en marzo de este año y, desde entonces, no ha dejado de sonar.
Al Chocó llegaron dos ‘Bombos Golpeadores’ después de esta versión del Festival. El de Ronal y el de la agrupación Ensamble Chirimía, quienes lograron el primer lugar en la categoría de Chirimía de clarinete. En su cuarto intento, la agrupación compuesta por nueve jóvenes quibdoseños entre los 18 y los 24 años, reafirmó el poder musical del Chocó en esta competencia.
Ensamble Chirimía nació en 2017 bajo la guía del reconocido maestro Eduardo Minuta, destacado por su trabajo en bandas y formación musical. Inicialmente, el grupo se enfocaba en presentaciones tradicionales conocidas como moñas, en eventos y fiestas locales. Con el tiempo, decidieron ampliar su propuesta incluyendo voces, lo que abrió la puerta para que mujeres como Fancy Mosquera, de 20 años, se unieran a ellos. Desde entonces, han participado en concursos dentro y fuera del departamento, consolidando su presencia en la escena cultural chocoana.
Ganar en el Festival Petronio Álvarez nunca es sencillo, y lo es aún menos para quienes vienen de municipios donde la inversión en cultura y en la preservación de las tradiciones musicales es casi inexistente, como cuentan sus propios protagonistas. En Consonante conversamos con Ronal Campaña y Fancy Mosquera para explorar si el Petronio, más allá de la visibilidad que no deja de crecer —este año con una cifra histórica de 800.000 visitantes—, está logrando impulsar transformaciones de fondo que realmente fortalezcan las tradiciones del Pacífico.
Ronal Campaña Castro: La flauta me la mandaron del Río Napi. Me tuve que comunicar con cinco personas para que pudiera llegar acá al departamento. Apenas llegó empecé a tocarla y descubrí que le podía mover la afinación. Le puse una afinación que no le vi a nadie en Cali, le corrí mucho más el corcho y siento que eso me dio un plus. También como tengo tanto conocimiento de la chirimía de clarinete, implementé muchas cosas del clarinete en la flauta, la forma de jugar, la forma de hacer las canciones.
Fancy Mosquera: Yo creo que el toque secreto que nos pudo haber hecho ganar es que preparamos un show completo. No nos dedicamos solo a cantar y tratamos de que cada pieza tuviera un significado.
Por ejemplo, en la parte instrumental imitábamos el sonido de las gallinas: una gallinita tocada en un clarinete, algo realmente increíble. La segunda pieza giraba en torno a nuestra jerga chocoana, lo que la hacía aún más especial. Y el performance fue todo un montaje: mientras la tarima giraba, cada integrante representaba una actividad típica del departamento del Chocó, acompañado de coreografías y de nuestras propias canciones. Para mí, un show va mucho más allá de cantar; se trata de lo que transmitimos y de sentir de verdad lo que estamos haciendo.
R.C.C.: He participado en el Petronio todos estos años por Chirimía de Clarinete, pero este año quise ver esta nueva modalidad. Le insistí a la gente porque sabía que íbamos a ganar premio, y así fue. El sonido de la flauta es algo muy bonito, siento que es mucho más ancestral, mucho más nuestro, representa lo que somos nosotros como negros.
El Petronio es el festival más grande y más importante que tenemos, porque siempre te respalda en lo económico: en Cali el festival cubre la logística, el hotel, el transporte interno y la alimentación. Lo único que uno debe hacer es llegar hasta allá. Y es justo en ese punto donde toca autogestionarse, porque fuera de eso nadie más brinda apoyo.
F.M.: La primera vez que participamos en el Petronio fue en el 2022. Hicimos las zonales y llegamos hasta la semifinal. El segundo y tercer año, en el 2023 y 2024, llegamos hasta la final pero quedamos en el segundo puesto. Duramos tres años consecutivos en la final y este por fin pudimos ganar. Luego de que pasamos las zonales, la Alcaldía de Cali nos da hospedaje, comida y el transporte interno. El transporte de Quibdó a Cali nos toca a nosotros, pero la Alcaldía de Quibdó y la Gobernación del Chocó nos han apoyado en eso.
R.C.C.: Sí, el festival es tremendamente importante, yo siempre he dicho que es la vitrina más grande que tenemos en el Pacífico. No hay una vitrina más poderosa que el Petronio, no hay una ventana más grande en la que nos podamos mostrar al mundo, en la que se nos dé la oportunidad de estar durante cuatro o cinco días ante el mundo, ante las cámaras, porque además la mayoría de los grupos están muy metidos en la selva. Y es que la Chirimía parece que nadie más la investiga, nadie más por fuera del pacífico la está haciendo, por eso el festival es tan importante.
F.M.: Yo pienso que sí, es demasiado apoyo. Es como un impulso a esos artistas que se esmeran ensayando, montando cosas. Es el punto para visibilizar a esos grupos y a esos jóvenes que quieren salir adelante por medio de la música.
R.C.C.: No, nada. Acá en el departamento eso no pasa. Tú llegas del Petronio y sí se siente el fervor de la gente, por ejemplo, en la calle te dicen: "Hey, hermano, te felicito”. Pero el apoyo de las entidades no se da.
"Tú llegas del Petronio y sí se siente el fervor de la gente, por ejemplo, en la calle te dicen: "Hey, hermano, te felicito”. Pero el apoyo de las entidades no se da"
Ronal Campaña Castro, músico
La alcaldesa de nuestro pueblo me llamó después del Petronio para felicitarme. Pero antes de viajar a Cali le hice más de diez llamadas y nunca me contestó. Ahora que regresamos sí apareció con un ‘qué bien, lo estás haciendo’. Y yo le respondí: ‘Doctora, más que una ayuda económica, lo que yo quería era que reconocieran que aquí hay talento, que vieran el material humano y que apoyaran esta música’. No me dijo nada. A las entidades y a los gobiernos realmente no les interesa la música.
Me sorprende y me duele que cuando llegan las fiestas de los pueblos todos pregunten qué orquesta viene de afuera, mientras a los músicos tradicionales nos dejan en el olvido. En esas épocas siempre digo en broma, pero con dolor: ‘Bueno, ya se nos fue la plata. Se fue para Nueva York, se fue para Puerto Rico… y acá seguimos igual’.
F.M.: Realmente a veces se siente como si uno ganara allá y no pasará nada acá.
Al regresar, sí hemos recibido algunos reconocimientos y nos tendrán en cuenta para presentarnos en una feria gastronómica. Pero, más allá de eso, todo lo demás nos toca hacerlo solos: impulsar nuestra carrera grabando canciones por nuestra cuenta.
Yo creo que acá se debería apostar mucho más a la cultura y, sobre todo, a nosotros los jóvenes. Eso también ayudaría a reducir las tasas de violencia en el departamento. Hoy hay muy pocas escuelas de música; si existen una o dos ya es mucho. Deberían crearse más espacios donde los jóvenes puedan aprender y fortalecer la música tradicional.
"Realmente a veces se siente como si uno ganara allá y no pasará nada acá"
Fancy Mosquera, cantante
R.C.C.: Es verdad que la llegada de nuevos ritmos han ido desplazando lo nuestro. La llegada del reggaeton, la salsa choque, la champeta, el ritmo exótico que es demasiado fuerte en el Chocó, y los chicos se están interesando más que todo en eso. Por eso yo siempre he dicho que lo que no se enseña, no se va a heredar. Y como poca gente se dedicó a enseñar esta música, pues se va perdiendo. Pero creo que con este triunfo, muchos jóvenes se van a interesar por hacer música de flauta porque vieron que sí es posible hacerla.
Lo que falta es apoyo, de las administraciones, alcaldía, gobernación, que es lo único que tenemos. El problema es que allí llegan personas solo por política, a los secretarios de cultura acá realmente nunca les ha interesado la cultura. Durante sus cuatro años se ponen una camisa floripondia, se ponen un turbante, collares y creen que ya con eso saben de cultura.
Por eso a nosotros nos toca seguir. Mucha gente me ha llamado a preguntarme acá cómo funciona lo de la flauta, les he mandado videos, les he prestado las flautas, porque lo importante es que la gente se meta en esto.
F.M.: Yo creo que sí se está conservando. Los tres grupos que pasamos a la final estaban conformados mayormente por jóvenes. Eso quiere decir que ya viene el relevo de la música tradicional del departamento del Chocó. Pero falta que las instituciones le inviertan un poquito más a la parte cultural, que no sean sólo las fiestas. Que quede algo que pueda ir escalando, que pueda ayudar a los jóvenes a salir adelante, porque en el Chocó hay jóvenes que quieren vivir de la música, pero no hay medios. Falta un espacio en el que se pueda aprender desde cero lo que tiene que ver con la música tradicional.
R.C.C.: La música vive conmigo, la heredé de mi papá, de mi maestro. Él fue un luchador incansable por la música tradicional, un verdadero baluarte en el pueblo. Cuando falleció, yo esperaba que las autoridades municipales lo respaldaran, que reconocieran lo que significaba para la gente. Pero, como eran administraciones enemigas, nos cerraron todas las puertas. Aun así, el fervor y el cariño del pueblo me marcaron para siempre.
Acá no sobrevivimos solo de la música, hacemos toques en fiestas para ahorrar, pero por ejemplo, el maestro Cundino es agricultor en el corregimiento de Carmelo. Yo soy docente de educación física y si no tuviera ese empleo, hubiera sido imposible ir a Cali, porque a mí me tocó costear toda la logística para llegar allá.
F.M.: Yo nací en un hogar donde siempre se ha bailado danza tradicional, porque mi padre es profe de danza tradicional. He crecido en la cuna de la tradición y he vivido apasionada por la música, porque acá en el Chocó se ve demasiado. En cualquier esquina uno puede ver niños tocando, a las niñas bailando, en todas las presentaciones o eventos siempre hay un grupo de danza, de chirimía. Eso me ha motivado.
C.: ¿Qué se imagina para el futuro de la chirimía?
R.C.C.: A la Chirimía de flauta le estoy viendo muchas cosas bonitas. Ahora que estábamos en Cali me reuní con la mayoría de los grupos que estaban en el hotel y nos vemos grabando esta música, pero metiéndole otros instrumentos, haciéndole una vaina bonita.
Sería bueno que entre los flautistas que estábamos en las agrupaciones nos unamos y podamos llevar esta modalidad mucho más adelante. Poder grabarla, porque la chirimía de flauta es muy poca la que está grabada, ir más allá de la participación en el Festival.
F.M.: La chirimía sí se va a conservar, pero creo que va a tener cambios que la van a llevar a ser un poquito más moderna. No va a perder su esencia, pero los jóvenes con la creatividad que tenemos podemos darle un plus. Hacer un show espectacular que tenga de todo. También las voces, nuestros mayores tenían una voz tradicional de campo, en cambio mi voz es más moderna, por ejemplo, mi canto de chirimía es más actual.
Queremos grabar canciones, hacer video a la que tenemos grabadas. Pero para eso se necesita invertir dinero. No queremos ser un grupo de concurso solamente, sino poder visibilizar nuestro talento, que estemos en conciertos, presentaciones, que podamos grabar nuestras canciones y que el mundo sepa que Ensamble Chirimía existe.
Nilda Gámez, una mujer de 76 años, permanece sentada bajo una carpa improvisada. Aunque su rostro refleja el temor que implica participar en una protesta a su edad y con un diagnóstico de hipertensión, la necesidad pesa más que el miedo. Con voz quebrada y temblorosa, denuncia que desde hace meses libra una batalla para que le entreguen los medicamentos que necesita. Esa es la razón por la que hoy está allí.
“Hace un año me dieron una fórmula de seis meses. En enero, febrero y marzo me entregaron los medicamentos, pero las otras tres se perdieron porque hasta con engaños me quitaron la fórmula. Luego me volvieron a dar otra de seis meses y me dijeron que el dispensario en octubre me iba a entregar lo que faltaba, pero nunca cumplieron. Yo tengo todo entutelado, con diez desacatos, y aun así no me han dado nada”, cuenta.
Como Nilda, decenas de usuarios de la EPS Sanitas que viven esta situación a diario, decidieron bloquear el pasado 11 de agosto las dos vías principales que conectan a San Juan del Cesar con la alta Guajira y Valledupar. Le reclamaban al dispensario de medicamentos Suministro y Dotaciones de Colombia S.A. (SyD) la demora en la entrega de fórmulas médicas para pacientes con hipertensión, diabetes y otras patologías.
Durante la protesta, que tuvo como vocero a Elder Granadillo, se convocó a una mesa de diálogo para buscar una solución a la crisis de entrega de medicamentos. Los usuarios insistieron, llenos de sudor y esperanza, en que su lucha no era contra la comunidad, sino por la defensa de su derecho a la salud.
“En el municipio de San Juan y todos sus corregimientos tenemos aproximadamente 15.000 afiliados al sistema subsidiado y al contributivo. Desde que SYD inició a prestar sus servicios, comenzamos a interponer muchas quejas que no fueron atendidas. Por eso hicimos esta protesta”, señala Granadillo.
Desde hace varios meses los usuarios se aglomeran afuera de las instalaciones de SYD con la esperanza de que finalmente les entreguen sus medicamentos. Para hacer la fila madrugan, cancelan otros compromisos y sacrifican sus descansos esperando largos turnos bajo el sol. Pero al final se tienen que ir con las manos vacías.
“Me tienen engañada, me hacen ir a la hora que quieren y nunca me entregan lo que falta. Hace un año que no me dan lo demás. Yo sobrevivo con remedios caseros, con tomitas de orégano, de clavito, de peralejo […] A veces pienso que vivo entre la vida y la muerte; solo me mantiene la fe en Dios”, expresa Nilda Gámez con lágrimas en los ojos.
Gámez asegura que solo recibe carvedilol, omeprazol y ASA, mientras que sus otras medicinas siguen pendientes. A esto se suma que requiere un cateterismo de manera urgente, pero hasta ahora no ha sido autorizado por la EPS.
En octubre de 2024, el dispensario SYD asumió el contrato con la EPS Sanitas para la entrega de medicamentos a los afiliados de San Juan del Cesar. Hasta entonces, esa tarea estaba en manos del dispensario Éticos, pero, por razones que aún no han sido esclarecidas, se decidió cambiar de operador farmacéutico. Desde ese momento, aseguran los usuarios, el servicio se vino a pique. “Desde que cambió de dispensario eso ha sido un desastre. A mí me ha pasado que llego allí con la fórmula, la entrego y me la devuelven porque no hay el medicamento. Le entregan a uno el pendiente y ni así”, relata Hugues Núñez, usuario de Sanitas.
Nuñez, de 60 años de edad, tiene problemas de azúcar y sufre de presión alta. Por sus condiciones médicas, debería tomar medicamentos dos veces al día, pero desde hace cuatro meses no lo puede hacer: “A veces siento cosas, palpitaciones fuertes en el corazón, se me sube la presión y el azúcar también”.
A eso se suma que no cuenta con los recursos económicos para comprar los medicamentos de manera particular. En su hogar su esposa también tiene quebrantos de salud, está afiliada a Sanitas y ha tenido problemas con la entrega de medicamentos. Y aunque ella sí es pensionada, no les alcanza para comprar los medicamentos de los dos.
Cuando SYD asumió la prestación del servicio, apenas alcanzaba a atender entre 50 y 100 usuarios al día. Los turnos se disputaban como si fueran un bien escaso: había que llegar de madrugada para alcanzar un lugar en la fila. Sin embargo, conseguir el turno no significaba recibir el medicamento. Muchos regresaban a casa con las fórmulas pendientes, que en ocasiones terminaban vencidas. “Yo era uno de los que llegaba a las dos o tres de la madrugada y cuando eran las nueve o diez de la mañana me tocaba irme para mi casa con las fórmulas nuevamente, sin recibir ningún medicamento”, recuerda Núñez.
“Yo era uno de los que llegaba a las dos o tres de la madrugada y cuando eran las nueve o diez de la mañana me tocaba irme para mi casa con las fórmulas nuevamente, sin recibir ningún medicamento"
Hugues Núñez, usuario de Sanitas.
En varias ocasiones, el servicio de entrega de medicamentos colapsó y se presentaron aglomeraciones en el dispensario SYD. A raíz de esto, los usuarios comenzaron a quejarse en las calles y en la emisora, así como a presentar tutelas a los diferentes entes de control, pero no recibieron respuestas.
“Desde que SYD inició a prestar sus servicios, comenzamos a colocar muchas quejas por la no entrega de los medicamentos. Pusimos quejas a Supersalud, enviamos tutelas, quejas en el Ministerio de Salud, en la oficina de la Secretaría de Salud de acá de San Juan, a la personería, pero nada que se solucionaba el problema”, asegura Elder Granadillo.
Las alertas llegaron a la personería del municipio: “La dispensación de medicamentos en el municipio colapsó completamente porque el dispensario no responde a la demanda de los pacientes. Se tiene un estimado de 15.000 usuarios y tenemos casi el 90 por ciento de usuarios afectados. Es una crisis porque se colapsó la dispensación de medicamentos en el municipio”, comenta Billy Hamilton, personero municipal.
El problema no es nuevo; en diciembre del año pasado, tres meses después de que SYD recibiera el contrato, el servicio ya estaba colapsado por la cantidad de pendientes que tenían con los usuarios. En ese momento, los usuarios se manifestaron también a través de protestas y cierres forzados de las oficinas en enero de este año.
“En esa ocasión Sanitas envió un mensaje diciendo que el dispensario sería cambiado. Y esperando ese cambio, seguíamos asistiendo a buscar nuestros tratamientos y salíamos con los mismos pendientes que ya teníamos. Salíamos con las fórmulas nuevas con pendientes, nos entregaban uno, dos medicamentos. Solo a algunos les entregaban los medicamentos completos”, manifiesta Granadillo.
La protesta terminó en la noche del 11 de agosto, cuando los usuarios de Sanitas levantaron el bloqueo y permitieron el paso por la vía. La decisión se tomó tras una mesa de diálogo en la que participaron representantes de la EPS, el gestor farmacéutico SYD, la Alcaldía municipal, la Personería, la Superintendencia de Salud y voceros de los manifestantes.
El primer acuerdo fue reabrir las oficinas de la EPS (que llevaban 14 días cerradas) y diseñar un plan operativo conjunto entre Sanitas y SYD. En este se debía explicar con detalle a los usuarios y a las autoridades locales cómo se haría la entrega de medicamentos, la forma de resolver el represamiento y la atención de los pendientes. El compromiso incluía una primera revisión del plan 72 horas después del levantamiento de la manifestación.
“Después de las 72 horas, SYD explicó que su principal dificultad es no pertenecer a esas grandes cadenas de farmacias que están conectadas directamente con los fabricantes de medicamentos, lo que les complica la consecución de lo que requieren los afiliados de Sanitas. También reconocieron que su sistema de registro y aprobación para la entrega es lento, y que incluso el servicio de internet con el que trabajan les genera retrasos. Todo eso provoca demoras que terminan en una enorme inconformidad entre los usuarios”, señala Elder Granadillo.
En una segunda mesa de trabajo realizada el 14 de agosto, ambos servidores presentaron su plan operativo, según notificó Arisleydi Córdoba, profesional del área de pqrs de la Secretaría de Salud del municipio. Allí se asumieron los siguientes acuerdos, según datos de la Supersalud:
Por parte de SYD:
Por parte de la EPS Sanitas:
Sanitas también puso sobre la mesa la posibilidad de vincular a la droguería Cafam como operador alterno, aunque la propuesta aún no se ha concretado. “El director de la Supersalud en La Guajira les consultó si tenían la capacidad para asumir todos los pendientes, si contaban con los medicamentos que desde hace meses están represados. Esa decisión quedó en manos de Sanitas, Cafam y el director de la Supersalud”, explica Granadillo.
Aunque la manifestación se levantó y las oficinas fueron abiertas, los representantes del paro aseguran que ellos no llegaron a un acuerdo con los prestadores. “Los manifestantes con los que hemos estado reuniéndonos, no llegamos a un acuerdo. Escuchamos las propuestas que tenían SYD y Sanitas y solicitamos cumplimiento”, dice Granadillo.
Muchos usuarios quedaron con un sinsabor y la preocupación de que el plan, nuevamente, no se cumpla. “Les manifestamos que esos planes que estaban proponiendo eran los mismos que habían propuesto en reuniones anteriores y que no tienen credibilidad”, agrega el líder.
Además, los usuarios también cuestionan que Sanitas y SYD hayan decidido, al parecer, no entregar los medicamentos pendientes desde enero hasta mayo. “Les preguntamos cuáles eran las razones jurídicas o administrativas, porque no es responsabilidad del paciente seguir viniendo al dispensario y encontrar siempre lo mismo: que no hay medicamentos. Les pedimos que emitieran un comunicado explicando por qué tomaron esa decisión y, hasta el día de hoy, no hemos visto ningún pronunciamiento”, reclama Granadillo.
Consonante se comunicó con la EPS Sanitas para entender a detalle las razones de las demoras en la entrega de medicamentos, sin embargo la EPS emitió un comunicado general sobre el problema y las acciones que estaban tomando: explicaron que desde 2024 se activó un grupo especializado para hacer seguimiento a las quejas y compromisos del gestor farmacéutico SYD, que la EPS adelanta una revisión del modelo de atención junto con los entes territoriales, y que evalúa la incorporación de un operador alterno para optimizar el servicio. La entidad reiteró que continuará con acciones de seguimiento y correctivos “en beneficio de la salud y bienestar” de sus afiliados.
Por su parte, la empresa SyD aseguró a Consonante que los problemas con la entrega de medicamentos están relacionados con “factores estructurales por fuera de su voluntad operativa”, entre los que mencionaron el desabastecimiento de medicamentos, dificultades logísticas, decisiones comerciales y desequilibrios por la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el gobierno gira a las EPS para cubrir los servicios de salud de los afiliados.
Además, aseguró que entre sus compromisos está:
Aseguran que gracias a esos acuerdos entre el viernes 15 de agosto y el miércoles 20 de agosto se atendieron 1.073 usuarios a los que se les dispensaron más de 3.300 medicamentos.
Desde el 14 de agosto el dispensario está abierto y los afiliados están asistiendo a reclamar medicamentos. Y aunque algunos logran reclamarlos, otros siguen a la espera de que sus pendientes sean entregados. “Desde el día jueves que comenzó la atención en SYD, viernes, sábado y hasta el martes, todos estos pendientes están siendo tramitados ante Sanitas para que haga su proceso con los demás proveedores. En el transcurso de la otra semana podríamos decir si están cumpliendo o no están cumpliendo”, dice Granadillo.
El superintendente de salud regional, Germán Gonzales Hernandez, dio 15 días hábiles posteriores a la última reunión para que Sanitas y SYD pongan en funcionamiento sus planes de acción con el fin de subsanar la problemática. Pasado ese tiempo evaluarán su efectividad.
Por parte de los usuarios existe la incertidumbre sobre qué va a pasar con la dispensación de los medicamentos, pues en octubre el dispensario SYD termina su contrato con Sanitas.
Por primera vez, San Vicente del Caguán recibió una corona que parecía impensable: la de embajadora Lgbtiq+ del departamento del Caquetá. Victoria Rodríguez Meléndez, en su primera participación, logró el título en el noveno festival folclórico “La Evolución de la Paz”. Su presentación no solo visibilizó los trajes típicos y las danzas, sino una historia de lucha, resistencia y dignidad: vivir en un territorio donde ser diverso todavía significa caminar con miedo.
Para lograr ese triunfo Victoria, y el colectivo Caguán Diverso tuvieron que sortear múltiples obstáculos incluyendo la falta de recursos y la indiferencia institucional: “Estos eventos son de tener dinero para trajes, pasajes, hospedaje, alimentación. Pero para nosotros es un orgullo, porque los escenarios culturales los hacemos nosotros, los creamos nosotros. Aunque estos esfuerzos sean invisibilizados y menospreciados muchas veces por la misma administración”, cuentan.
Detrás del personaje de Victoria está Nicolas Rodríguez, un joven de 17 años que fue criado en el centro de una familia tradicional en zona rural de San Vicente del Caguán. A los 13 años tuvo que dejar la vereda Villa Carmona y mudarse al casco urbano para, simplemente, poder ser. “En mi infancia y adolescencia viví cambios emocionales bruscos, porque aceptar mi homosexualidad —y decirlo en mi hogar, homofóbico y machista— no fue fácil, ni tampoco adaptarme a un lugar que me era ajeno. Sufrí señalamientos, burlas, ideaciones suicidas y traumas”, recuerda.
La situación de Nicolas se repite incontables veces. La homofobia, el machismo y la ausencia de políticas públicas con enfoque diferencial siguen marcando la vida de muchas personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas en San Vicente del Caguán y en todo el Caquetá. Quienes se atreven a ser visibles se enfrentan al rechazo, al silencio institucional y a un peligro constante que pesa sobre su existencia.
A esto se suma la falta de acceso a derechos básicos. En departamentos como Caquetá, las barreras para acceder a la salud son una constante para la población Lgbtiq+. Muchas personas evitan acudir a servicios médicos por miedo a la discriminación o al maltrato del personal de salud. Las rutas de atención con enfoque diferencial en salud mental son escasas, y numerosos casos de violencia intrafamiliar, exclusión o acoso escolar quedan sin acompañamiento psicológico.
“Hemos visto rechazo desde la salud, todo el mundo clasifica o encierra que un gay es igual a una enfermedad sexual, sabiendo que es protección individual de cada ser humano. Tampoco hay cifras desagregadas sobre suicidio, depresión o consumo de sustancias en población Lgbtiq+ (...) Sin caracterización, las instituciones no saben cómo actuar frente al acoso escolar o la discriminación basada en orientación o identidad, como generar empleo digno o apalancamiento para micronegocios que logre disminuir la desigualdad”, dice Daniel Pineda, comerciante de San Vicente del Caguán y líder social.
Colombia enfrenta una escalada de violencia contra las personas Lgbtiq+ que se viene alertando desde hace varios años. Según el informe “Con permiso para despreciar, de la corporación Colombia Diversa, durante 2024 se registró un asesinato de una persona con orientación sexual o identidad de género diversa cada dos días en promedio, lo que representa un aumento del 3.79 por ciento en comparación con 2023. Además, cada 1.8 días una persona fue amenazada en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. En total, 226 defensores fueron intimidados y 649 personas fueron víctimas de hostigamiento y discriminación. Los casos de violencia sexual también se dispararon un 67 por ciento, afectando en promedio a dos personas Lgbtiq+ diariamente.
Según la organización Colombia Diversa, durante 2023 se presentaron seis amenazas contra personas Lgbtiq+ en el departamento. Y aunque no hubo homicidios, esto no significa que sea un territorio seguro. “Es importante aclarar que la ausencia de casos de homicidio no debe interpretarse como un escenario seguro para la población Lgbtiq+, pues existen factores como el desplazamiento forzado perpetrado por grupos armados y la invisibilización de la orientación sexual o identidad de género como estrategia de autoprotección, que dificultan el registro de estos hechos”, advierte la organización.
En 2025, la situación no ha mejorado. Un informe reciente de la misma corporación registró 52 casos de homicidios y feminicidios contra personas diversas en lo que va del año. De estos, dos ocurrieron en Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, un aumento significativo en comparación con 2023 y 2024.
Estas cifras no sólo son una estadística, son una alerta sobre la sistematicidad de un fenómeno que, lejos de ser episódico, se ha consolidado como parte estructural de la vida cotidiana para quienes se atreven a existir desde cuerpos, deseos y expresiones diversas.
En San Vicente del Caguán no existe una política pública municipal para la población Lgbtiq+. En el Plan de Desarrollo del alcalde Luis Trujillo Osorio, esta población se menciona solo una vez: para señalar que está incluida en la política pública de mujeres y que la Mesa Municipal de Mujer y Género es el espacio de interlocución con la administración. Pero en la práctica, esto no se cumple. El municipio carece de metas, programas o acciones diferenciales para la población diversa; el único compromiso formal es “adoptar y articular las medidas descritas en las políticas públicas departamentales”..
“La política pública de mujeres ha avanzado, pero no incluye de manera efectiva el enfoque de orientación sexual e identidad de género. En su construcción en 2016, ni siquiera se analizó a la población OSIG (Orientaciones Sexuales e Identidades de Género); solo fueron mencionadas en el título. No hubo participación de una mesa que incluyera sus necesidades”, denuncian mujeres del municipio de San Vicente del Caguán. Señalan que persiste resistencia institucional incluso dentro de las mismas organizaciones de mujeres. “Necesitamos más formación, más voluntad y mayor participación de mujeres diversas en los espacios de decisión”, aseguran.
El actual asesor de políticas públicas del municipio, César Quimbay, reconoce la falta de programas concretos con enfoque Lgbtiq+ en el plan territorial de paz: “Sabemos que hemos llegado tarde. Este tema ha sido invisibilizado, pero hay voluntad. Lo primero será escucharlos. No se puede construir paz excluyendo identidades”, comenta.
San Vicente del Caguán no cuenta con rutas de atención claras para casos de violencia y discriminación a personas Lgbtiq+. En los últimos tres años no se ha implementado ningún programa oficial con enfoque diferencial en educación, ni cultura. En este panorama las personas trans son las más excluidas: sin acceso a empleo formal, con altos niveles de deserción escolar y sin reconocimiento jurídico de su identidad.
Juana Camila Polanco, enlace de la gobernación para la población Lgbtiq+, señala que en el departamento no existe un censo ni una caracterización completa y actualizada de esta población, debido a la falta de articulación interinstitucional y presupuesto. “Se está gestionando la actualización de la caracterización realizada en 2020 o 2022, que en ese momento solo cubrió Florencia y algunos municipios. Ese censo se logró gracias al apoyo de la cooperación internacional y al trabajo de organizaciones sociales; la institucionalidad tuvo poca participación”, afirma.
La falta de caracterización de la población Lgbtiq+ en todo el departamento deja al descubierto la falta de reconocimiento a la existencia de personas diversas, lo que se traduce en su exclusión en presupuestos, planes de acción, rutas de atención, educación, salud y empleo: “Al menos sabemos de 52 personas pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ acá en San Vicente, pero creemos que hay muchas más. Muchos de ellos prefieren quedarse en el closet, en las sombras porque piensan que de pronto va a haber una discriminación, pues muchos de ellos son padres de familia o manejan una doble identidad. También hemos gestionado jornadas de toma para pruebas de enfermedades de transmisión sexual donde confirman todos y desafortunadamente sólo llegan unos pocos”, lamenta Pineda.
Camilo Muñoz miembro de Caguán Diversa reitera la necesidad de disminuir las desigualdades, aumentar la educación transformadora, la participación activa y generar cambios culturales profundos: “el tema de la aceptación y el respeto en una sociedad que está enmarcada por el machismo se presta para que las instituciones públicas no dan las garantías muchas veces en reconocerlo. Nuestra política pública no ha logrado ser visible en este territorio”, afirma.
Muchos coinciden en que el principal obstáculo es la falta de voluntad política. Durante 2024 no se contrató enlace departamental porque los recursos se destinaron a “otras prioridades”. Según Polanco, ninguno de los municipios del departamento cuenta con una política pública municipal para la población Lgbtiq+: “Solo se está comenzando a crear la de Paujil, y nada más”. Además, señala que la política pública departamental, en términos generales, carece de presupuesto, personal técnico capacitado y mecanismos de evaluación de impacto, lo que limita su implementación a actividades puntuales, con poca sostenibilidad y escasa articulación institucional.
“Quiero hacer ver que los derechos son humanos, no los pedimos como exclusividad para la población diversa. Pero nos siguen negando oportunidades de empleo, acceder a vivienda, a servicios de salud, se nos sigue invisibilizando (...) Desde mi rol estamos trabajando para poder hacer que nuestra política se convierta en una ordenanza por la asamblea departamental que garantice recursos”, puntualiza Polanco.
Como sucedió en varios lugares del país, en San Vicente del Caguán y en todo el Caquetá, los diferentes actores armados ejercieron violencias por prejuicios contra personas Lgbtiq+, buscando ejercer control sobre sus cuerpos y sobre el territorio. Los grupos armados castigaron, excluyeron y expulsaron a quienes no cumplían los “mandatos” correspondientes a la sexualidad y el género. En este departamento, las Farc-ep y los paramilitares difundieron un discurso moral que definía los comportamientos como “normales” o “anormales”, y los cuerpos como “aceptables” o “indeseados”. Basándose en estos prejuicios, justificaron la persecución violenta contra personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
Según el informe “Entre silencios y palabras: Somos las más visibles y las menos visibles” de la fundación Caribe Afirmativo, entregado a la Comisión de la Verdad en 2021, en los municipios que integran el departamento las personas Lgbtiq+ sufrieron principalmente desplazamiento forzado y amenazas. A esto se suman delitos contra la libertad e integridad sexual, homicidio, tortura, secuestro y desaparición forzada. “Muchos de estos casos fueron violencias motivadas por prejuicios y muchas de las personas sufrieron una doble victimización, al enfrentarse a las estructuras sociales que componen en términos generales la discriminación hacia la diversidad, y enfrentan los riesgos y violencias por parte de los actores armados en el marco del conflicto armado”, consigna el informe.
A esto se suman las amenazas y los intentos de reclutamiento de menores por parte de las Farc, que buscaban “corregir las desviaciones” si niños, niñas y adolescentes no se ajustaban a sus mandatos morales. “Más que todo era por nuestra fisionomía; siempre solemos ser más rudas, no tan femeninas para caminar o vestir. Entonces, o nos íbamos, o nos obligaban a ingresar a las filas [de las Farc-ep]”, contó una mujer lesbiana entrevistada para el informe.
Para ejercer este control, los grupos armados difundían panfletos que anunciaban una “limpieza social”, en los que, junto a presuntos delincuentes o personas drogodependientes, señalaban a personas homosexuales o con identidades de género diversas. En esos documentos se les daba un ultimátum para abandonar el pueblo o se les amenazaba de muerte a ellos y a sus familias.
Esto no cambió necesariamente con la firma del Acuerdo de Paz. Según la Unidad de Víctimas, hasta 2023 se documentaron más de 10.978 hechos victimizantes contra personas Lgbtiq+ en Colombia, y para el Caquetá y Huila se encuentran registradas oficialmente 222 personas Lgbtiq+ como víctimas del conflicto armado con hechos como: desplazamiento forzado, amenazas, violencia sexual, homicidios, tortura y secuestro.
Aunque en San Vicente del Caguán existen numerosos espacios para la cultura, el arte, la gastronomía y los emprendimientos, la participación de la población Lgbtiq+ en ellos es escasa o nula. Para Nicolás Rodríguez, los escenarios que hoy incluyen a la diversidad sexual han sido construidos con la lucha y la persistencia de la misma comunidad. Las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans han desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento de sus propios festivales, tanto a nivel departamental como municipal. “Podría decir que en términos de relacionamiento hemos avanzado con funcionarios de la administración y algunos ciudadanos, pero siempre sigue siendo difícil”, comenta.
En eso concuerda Camilo Muñoz: “para nosotros es importante la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo y queremos poder vivenciarlas todos, todas y todes. Compartir, celebrar con mucho respeto. Los escenarios que hemos creado nacen desde la necesidad de decir ¡Oiga, aquí estamos nosotros! no desdibujar el papel de la mujer, sino más bien desdibujar el machismo heteronormativo y estatal que existe en nuestro territorio, que existe en nuestro departamento y que existe en nuestro país”.
En medio de este panorama la población diversa ha generado espacios propios de cultura y arte como forma de visibilizarse, espacios que van desde festivales folclóricos y reinados como el que ganó Victoria. “Mostrar esos talentos y virtudes que tenemos como población a través del arte, la danza y la cultura es el objetivo. Ya son nueve versiones realizadas del festival, quien organiza es la Fundación Caquetá Diversa y en varios años la gobernación y otras instituciones se unen para financiar esta actividad”, comenta Camila Polanco.
La propuesta de Nicolás durante su reinado es clara: visibilizar que en San Vicente del Caguán también existen personas diversas, y que el simple hecho de ser es ya una forma de resistencia. “Como embajadora departamental, quiero llegar a esos lugares apartados donde hay jóvenes reservados y con miedo, para poco a poco crear espacios de formación y visibilización. Muchos de nosotros tenemos emprendimientos, y la idea es empezar a incluirnos en ferias, festivales y concursos, siempre que podamos sentirnos seguros y felices”, concluye.
El sol caía fuerte sobre los caminos de tierra seca y el aire parecía quedarse quieto entre los arbustos. A lo lejos, el sonido pausado de las pezuñas sobre la trocha anunciaba que alguien venía bajando hacia el río. Era Johnny Orozco, un muchacho delgado y moreno, montado en su burra, con dos tinajas amarradas a cada lado. Esa era su rutina: recorrer la vereda hasta llegar al agua, llenar los recipientes y, si el calor apretaba, lanzarse al río para darse un baño.
Así se vivía en Zambrano. No había acueducto, pero el río era suficiente para abastecerse. Las mujeres bajaban en grupos a lavar la ropa, los niños jugaban entre las piedras, y los burros cargaban el agua que luego serviría para cocinar, bañarse o beber. “Así vivíamos, entre idas y venidas al río, llenando tanques como podíamos”, recuerda hoy Johnny Orozco, hijo de Teresa Orozco Bermúdez, la presidenta de la Junta de Acción Comunal.
Orozco cuenta que sus abuelos le hablaban de una época en la que Zambrano tuvo un pequeño acueducto de concreto, adaptado con una válvula. Entonces, la comunidad contrató a un fontanero que se encargaba de llenar un tanque elevado. "El servicio era perfecto", recuerda Johnny. Bastaba con abrir la llave para que el agua llegara a las casas. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. El agua dejó de subir con fuerza. El tanque ya no se llenaba como antes.
La tubería que venía desde el corregimiento de Corral de Piedra —donde se encuentra la bocatoma del acueducto de San Juan del Cesar— comenzó a fallar. El crecimiento poblacional en el casco urbano aumentó la demanda del servicio, y el agua dejó de llegar a Zambrano. A eso se sumaron los años y el deterioro: las redes antiguas empezaron a partirse, a llenarse de raíces, a taparse. El sistema ya no era confiable ni saludable. Una parte del corregimiento quedó completamente sin agua; otra recibía apenas un hilo. Pero los zambraneros no se rindieron. Aprendieron a destapar tuberías, a empatar tubos, a improvisar lo necesario para tener aunque fuera un poco de agua en casa.
La madre de Johnny, como presidenta de la Junta de Acción Comunal, insistía una y otra vez ante la administración municipal: Zambrano necesitaba un nuevo acueducto. Pero, en vez de agua, llegó primero el anuncio de un proyecto de alcantarillado para los corregimientos. “¿Para qué queremos alcantarillado si no tenemos agua?”, se preguntaba la comunidad. Fue entonces cuando apareció la empresa Esepgua, con la promesa de planificar y construir un nuevo acueducto para la comunidad zambranera.
La madrugada del 27 de septiembre de 2024 quedó marcada en la memoria colectiva de Zambrano como el día en que, al fin, parecía llegar la solución a una espera de décadas. Esa mañana, el corregimiento recibió con entusiasmo la visita del gobernador Jairo Aguilar de Luque, la gerente de la empresa de servicios públicos Esepgua, Andreína García Pinto, y el alcalde de San Juan del Cesar, Enrique Camilo Urbina Cubita. Juntos, encabezaron la esperada inauguración del nuevo acueducto, una obra largamente anhelada por la comunidad.
A las seis de la mañana se puso en marcha el sistema, y para las siete el agua comenzó a fluir por gravedad, sin necesidad de turbinas. Fue un momento de euforia. Por primera vez en mucho tiempo, el agua corría limpia y constante por las tuberías. Sin embargo, la alegría fue fugaz. “Tan pronto terminaron los protocolos de la inauguración, el agua fue quitada y no volvieron a ponerla”, lamenta Jaime Rangel, habitante del corregimiento.
Los días pasaron, luego semanas y meses, sin que el servicio se restableciera. La comunidad comenzó a inquietarse. ¿Qué había pasado? Según explicó José Cuello, enlace del Programa de Desarrollo Territorial (PDT) en San Juan del Cesar e ingeniero de apoyo a la Secretaría de Planeación y Valorización, el retraso obedecía a trámites pendientes por parte de la empresa prestadora del servicio. El acueducto estaba construido, pero aún faltaban procesos administrativos para su puesta en operación oficial.
Mientras tanto, los habitantes de Zambrano tuvieron que seguir abasteciéndose como lo han hecho siempre: yendo a la acequia, esa vieja red de canales de riego que atraviesa el corregimiento. El agua se transporta en carretillas, en burros o en motos, y sirve para lavar, cocinar o regar cultivos. Para el consumo humano, muchos dependen de la antigua tubería conectada al tubo madre del corregimiento, pero solo unas pocas viviendas —las más cercanas al inicio de la red— logran extraer algo de agua, y eso con ayuda de turbinas.
La acequia, explica Iván Siosi, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Rural, es un canal diseñado para distribuir agua entre las parcelas agrícolas. Nace en el río del corregimiento Corral de Piedra, atraviesa Zambrano y, en lugar de retornar al cauce, se desvía hacia una finca de propiedad privada en la zona. Esa agua, sin embargo, no es apta para el consumo humano. “Viene desde la Sierra Nevada de Santa Marta con buena afluencia y su propósito es regar la tierra, sostener la vegetación y dar de beber a los animales. Zambrano es una tierra agrícola y ganadera”, explica Rangel.
Frente a la frustración generalizada por la falta de agua, un grupo de habitantes decidió tomar acción. Jaime Rangel, uno de los más afectados, se puso en contacto con el abogado Luis Horgelys Brito, veedor ciudadano de San Juan del Cesar, con el objetivo de organizar una recolección de firmas para exigir a la administración municipal que pusiera en marcha el acueducto ya construido. Pero no se quedaron solo en el papel. Para visibilizar la urgencia, grabaron un video mostrando la dura realidad que vive Rangel, quien tiene discapacidad visual, cada vez que necesita abastecerse.
El video muestra a Jaime recorriendo, a paso lento y cuidadoso, los 300 metros que separan su casa de la acequia. Lo hace empujando una carretilla que él mismo construyó: tres llantas de bicicleta —una delantera y dos traseras—, sostenidas por ángulos de hierro donde reposan unas tablas. Sobre ellas, acomoda seis canecas de 20 litros cada una, con las que carga 120 litros de agua para llenar los tubos en su vivienda. Esa rutina, agotadora y constante, fue compartida en redes sociales, y pronto comenzó a circular en Instagram, despertando solidaridad y presión pública.
El impacto fue inmediato. Las autoridades se pusieron en contacto con Brito y convocaron una reunión extraordinaria que se llevó a cabo el martes 1 de julio de 2025. Asistieron el alcalde Enrique Camilo Urbina, el secretario de Planeación, y representantes de las empresas Esepgua y Veolia. El objetivo era buscar una alternativa para poner en funcionamiento el acueducto y definir quién sería el nuevo operador del sistema.
Según Jhony Orozco, hijo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, la Alcaldía ya había adelantado una consultoría en 2021 que recomendaba a la empresa Sur Azul como operadora del sistema de acueductos rurales. Sin embargo, esa empresa no podía asumir el compromiso debido a problemas jurídicos pendientes. Aunque Veolia —una de las prestadoras de servicios públicos más conocidas en la región— inicialmente señaló que el servicio en zonas rurales no hacía parte de su catálogo, el alcalde logró un acercamiento para que, al menos de manera temporal, asumieran la operación. La propuesta fue que Veolia prestara el servicio con acompañamiento técnico hasta el 31 de diciembre, mientras Sur Azul resolvía su situación legal.
Durante la reunión también se abordaron otros aspectos clave. Se advirtió que el agua aún no era apta para el consumo humano, por lo que era necesario realizar adecuaciones y procesos de limpieza. Se discutió el tema de la presión del agua —más fuerte en algunas tuberías, más débil en otras— y se acordó el costo del servicio: $25.000 mensuales por 10.000 litros de agua. Si el consumo era menor, el pago se ajustaría. Otro de los compromisos fue hacer una socialización con la comunidad para planificar las acometidas domiciliarias, especialmente en las casas que tienen las instalaciones internas o en sus patios.
El inspector de servicios públicos, Fidel Pitre, junto con personal de Veolia, comenzó a visitar el corregimiento para hacer pruebas técnicas y garantizar que todo estuviera listo para el arranque del sistema. La comunidad, mientras tanto, esperaba con expectativa el momento en que por fin el agua llegara a sus casas.
Ese día llegó el martes 15 de julio, cuando se puso en operación el servicio. Sin embargo, una falla técnica obligó a suspenderlo temporalmente. Tras dos días de reparaciones, el jueves 17 de julio se restableció el suministro, logrando finalmente que el sistema de agua comenzara a funcionar de forma efectiva en Zambrano, según confirmó el ingeniero José Cuello.
Aunque el acueducto de Zambrano por fin entró en funcionamiento, el panorama en otras zonas del municipio sigue siendo incierto. A pesar de los esfuerzos e inversiones de la administración para mejorar el servicio de agua en San Juan del Cesar, en la zona sur urbana persisten graves inconsistencias. Barrios como El Echeverry, Las Tunas 1 y 2, Primero de Mayo, Chiquinquirá y Las Piñitas pueden pasar días, semanas y, en algunos casos, hasta meses sin una gota de agua.
Mientras en algunas casas el líquido llega con buena presión, en otras apenas gotea. ¿Por qué esta desigualdad? El ingeniero José Cuello explica que gran parte del problema radica en la antigüedad y diversidad de las redes que recorren el municipio. Muchas fueron instaladas hace décadas, con materiales que ya cumplieron su vida útil: tubos de asbesto cemento, otros de gres, y redes de diferentes diámetros que complican la presión y el equilibrio del sistema. “En el centro del municipio, por ejemplo, las redes neurálgicas están bajo el pavimento que pertenece a Invías, y no se permite su rotura para hacer reemplazos”, señala Cuello.
A este deterioro estructural se suma otro problema: las conexiones fraudulentas. Se ha detectado que en la línea que abastece desde la represa existen múltiples empates ilegales. Estas tomas clandestinas reducen la presión y el volumen de agua que llega a muchas viviendas. Aunque la administración ha realizado recorridos con las empresas prestadoras del servicio para ubicar y desconectar estas conexiones, la situación se repite una y otra vez. “La falta de cultura ciudadana, o simplemente el desespero por tener agua, lleva a que algunos habitantes vuelvan a conectarse de forma irregular, rompiendo nuevamente las tuberías”, lamenta Cuello. Así, el ciclo se repite: se repara, se daña, se repara de nuevo.
En contraste, en el corregimiento de Zambrano no se han reportado conexiones fraudulentas. “No se cree que existan, porque es un trayecto corto de aproximadamente cinco kilómetros desde la planta de tratamiento, y la mayoría de la red es visible desde la carretera”, explica Cuello. Esa visibilidad facilita el monitoreo constante y permite detectar cualquier intervención irregular con mayor rapidez. Aunque aún hay retos por resolver, este aspecto representa una ventaja significativa para garantizar un servicio más estable en la zona rural.
El próximo 2 de enero de 2026 está previsto que la empresa Veolia entregue oficialmente la operación del acueducto de Zambrano a Sur Azul, quien asumirá de forma permanente la prestación del servicio. Ese es el objetivo final del proyecto: garantizar que el corregimiento cuente, de manera continua y sostenible, con agua potable.
El nuevo sistema de acueducto se construyó bajo los lineamientos de la resolución 0330 de 2017, la más reciente en cuanto a normativas técnicas para este tipo de redes. Esta resolución exige condiciones óptimas de calidad y operación. “Eso nos da tranquilidad —asegura el ingeniero José Cuello— porque sabemos que no es una tubería de asbesto, al contrario, tiene un sistema en PVC - RDP 21 que garantiza la calidad del agua.”
Por ahora, el servicio sigue en fase de pruebas. La empresa prestadora continúa haciendo ajustes y mantenimientos en puntos críticos de la red de distribución, donde se han identificado algunas roturas que podrían provocar desperdicio del líquido. Por esa razón, el suministro no es constante: el agua se está distribuyendo de siete de la mañana a siete de la noche, pero hay días en los que no se presta el servicio mientras se realizan las reparaciones necesarias. La prioridad, explica Cuello, es asegurar que el sistema funcione de manera eficiente y que no se desperdicie el agua.
Durante este periodo de transición, Veolia se ha comprometido a operar el sistema durante seis meses sin trasladar el costo al usuario. Los gastos operativos serán asumidos por la empresa, mientras que el municipio cubrirá el valor del servicio. Además, Veolia está acompañando a la comunidad en un proceso pedagógico: los usuarios están comenzando a recibir facturas, no para pagar, sino para aprender a leer y administrar su consumo.
“Se trata de un ejercicio educativo —explica Cuello—. La factura mostrará cuántos metros cúbicos se consumieron y cuál sería el valor correspondiente, pero durante estos seis meses el saldo será de cero pesos.” La intención es que, cuando Sur Azul asuma como operador definitivo y comience a emitir facturas reales, la comunidad ya esté preparada, sepa interpretar sus consumos y asuma con responsabilidad el uso del agua.
Orozco no oculta su preocupación por las fallas que ha empezado a presentar el nuevo acueducto de Zambrano. Teme que, una vez más, la comunidad tenga que recurrir al viejo sistema para abastecerse de agua, con todos los esfuerzos y limitaciones que eso implica. Su mente se detiene especialmente en su amigo Rangel, quien, además de tener una discapacidad visual, sufre de una afección coronaria. Para él, volver a cargar agua como lo hacía antes sería un riesgo innecesario y una carga demasiado pesada.
Rangel, por su parte, solo espera que quienes están al frente del servicio comprendan lo urgente que es garantizar el funcionamiento del nuevo acueducto. “La verdad, estoy cansado y agotado de estar llevando agua en estas canecas, en una carretilla que yo mismo fabriqué para poder llevar agua a mi hogar. No quiero volver a estar en la misma situación”, dice, con la voz entre el cansancio y la esperanza. Lo que sigue, para él y para muchos en Zambrano, no es solo una obra de infraestructura: es la posibilidad de vivir con dignidad.
“La verdad, estoy cansado y agotado de estar llevando agua en estas canecas, en una carretilla que yo mismo fabriqué para poder llevar agua a mi hogar. No quiero volver a estar en la misma situación”
Jaime Rangel, habitante de Zambrano
