La Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, la segunda institución con mayor población estudiantil de Tadó, enfrenta un deterioro estructural que compromete la educación de cerca de 1.300 estudiantes. Desde su fundación, el 26 de febrero de 1963, ha sido testigo de varias generaciones formadas dentro sus aulas. Sin embargo, la infraestructura, que alguna vez fue motivo de orgullo para sus estudiantes, hoy refleja falta de planeación y mantenimiento.
A pesar de que en el año 2016 se inauguró una nueva sede en el barrio escolar, en el sector terminal o Villas del Remolino, tan solo ocho años después la institución ya se ve deteriorada. Las canoeras están dañadas, la pintura y la fachada están en mal estado y los espacios no soportan las constantes lluvias. "Sabemos que desde que fue entregada la institución, la edificación ha presentado problemas, dado que el modelo no coincide con las condiciones geográficas del municipio", advierte la coordinadora de educación, Brenda Yulieth Mosquera.
La comunidad educativa asegura que el mayor problema es el diseño de la institución: "fue como si miraran un diseño de Bogotá y lo trajeran acá", dice uno de los docentes. Además, carece de condiciones básicas: no tiene aula máxima, ni sala de profesores y sus instalaciones sanitarias dependen de un pozo séptico que requiere mantenimiento cada tres meses.
Esta situación se agrava en un contexto donde, según Mosquera, el 98 por ciento de las infraestructuras educativas de todo el municipio, tanto urbanas como rurales, no cumplen con las normativas exigidas para su funcionamiento y llevan más de 50 años sin recibir intervenciones significativas. En los 50 años de existencia de la infraestructura educativa municipal, las únicas reparaciones han sido "tapar goteras y pintar", dejando de lado aspectos fundamentales como el tamaño de las aulas y la adecuación a las normativas educativas actuales.
La rectora ha solicitado cubiertas para las canchas, el mantenimiento de los pisos y nuevos materiales escolares. Mientras tanto, la falta de una sala de reuniones obliga a que cualquier encuentro de más de 50 personas se realice en la sala de sistemas.
La Normal lleva varios años enfrentando dificultades. Uno de sus momentos más críticos fue durante la alcaldía de Mancio Agualimpia, entre 2012 y 2015, cuando la infraestructura de la sede antigua estaba en condiciones críticas: la cubierta estaba rota, los pisos destruidos, la humedad estaba empeorando y el espacio se estaba quedando pequeño para la cantidad de estudiantes que recibían. “Nos tocó hacer una manifestación pacífica entre estudiantes, docentes y padres de familia. En ese momento el alcalde manifestó que no tenía los recursos para atender la institución sin embargo se unió a una comisión con la que fuimos a buscar solución a la Secretaría de Educación departamental”, recuerda Jesús Adolfo Mosquera, ex docente pensionado de la institución.
Inicialmente, el secretario de Educación de ese entonces ofreció 1.500 millones de pesos para intervenir el plantel. Sin embargo, cuando los funcionarios de la Gobernación llegaron a evaluar la situación, se encontraron con una sorpresa: el rector había comenzado la construcción de una edificación proyectada para tres pisos sin haber informado a las autoridades. "Eso generó inconformismo porque habían empezado a construir sin ellos estar enterados", explicó Mosquera.
El rector de ese entonces era Rafael Alberto Jehovo Gutiérrez, quien había recibido de la alcaldía cerca de 100 millones de pesos para hacer arreglos: “nosotros comenzamos a construir una edificación de tres niveles pensando inicialmente en el aula máxima, la biblioteca y la sala de los docentes. La obra no se continuó porque al interventor le gustaba participar solo y hacía las veces de todo cuando la educación en el departamento fue intervenida”, asegura Gutiérrez.
Finalmente, la Secretaría de Educación aprobó una inversión mayor, alcanzando los 3.400 millones de pesos, con la condición de que no se podía continuar construyendo en la sede original. Aunque oficialmente desde la Secretaría aseguraron que el problema de continuar con la obra en ese terreno era que interfería con una tubería principal, y ponía en riesgo a los estudiantes, Mosquera subraya que "en el fondo la razón fue por la discrepancia entre el rector y el secretario de educación por no avisar".
Hoy, los cimientos de esa construcción incipiente siguen en la sede antigua y el dinero invertido terminó en ruinas. La rectora de la Institución, Eude Celina Ramírez, asegura que ha hecho estudios en ese terreno: “hemos hecho tres estudios de riesgos y nos arrojó que no hay ninguno”.
Para la nueva sede el municipio solamente aportó el terreno, los más de tres mil millones surgieron de un convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la secretaría de Educación departamental. La infraestructura, que se inauguró en 2016, tiene 23 salones, tres baterías sanitarias, dos laboratorios, dos salas de sistemas, un comedor, dos áreas administrativas, y dos canchas.
Aunque la construcción fue proyectada para ser de dos pisos, ocho años después hay una parte que está sin construir, y faltan varios espacios. Según el profesor Mosquera, él fue el encargado de proyectar la segunda etapa de construcción, que contemplaba una biblioteca, siete aulas más y otras dos unidades sanitarias por un valor de dos mil millones de pesos. “El propósito era subir toda la normal allá. El proyecto ya está aprobado en Findeter pero por negligencias administrativas no se ha ejecutado”, asegura el docente.
Terminar de construir también es un desafío porque cerca a la parte que falta pasa un cable de alta tensión. Además, este año apareció una persona que asegura ser dueño de esa parte del terreno.
En medio del enredo, nadie parece tener el proyecto de la segunda fase “Cuando recibí la institución no encontré ningún proyecto que hablara de segunda etapa. Yo fui a ver si en la alcaldía existe algún proyecto y nos respondieron que no lo hay”
Eude Celina Ramírez
El reclamo de la comunidad educativa es claro: se necesita inversión urgente para que los estudiantes de la Normal tengan las garantías en infraestructura que sean adecuadas para sus procesos de aprendizaje. “Los rectores venimos apostando a la paz en los planteles educativos, pero se nos sale de las manos cuando los niños nos preguntan por qué el deterioro institucional. Consideramos que eso sería violencia administrativa”, dice Ramírez.
Carmen Copete, madre de una estudiante, señala que "el colegio necesita mejoras. Los salones carecen de ventilación, y los niños se sienten sofocados". Jessica Beti, madre de un estudiante de octavo grado, coincide: "La infraestructura está muy afectada, lo que representa un peligro para los estudiantes. La pintura y los sanitarios no están en las condiciones necesarias".
Zuleima Pino, con tres hijos en la institución, resalta las consecuencias que viven ante la falta de un aula máxima: "Las reuniones tienen que hacerse en la sala de sistemas. Deberían arreglar eso". Ramírez, además, critica la gestión anterior: “ellos hacían unos convenios (con cada rector) pero la institución que menos recursos recibió fue La Normal y La Pobreza, lo que giraban solo alcanzaba para el pago de los servicios públicos".
Hoy le piden al alcalde Juan Carlos Palacios atender las necesidades: “los rectores presentamos al señor alcalde un informe de necesidades y hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna escrita, ni verbal”, agrega.
Por su parte, la coordinadora de educación, Brenda Mosquera, asegura que están realizando un diagnóstico de las instituciones del municipio y ya se han hecho algunos arreglos. "También solicitamos a la gobernadora que incluya en el plan de desarrollo la construcción de un megacolegio en Tadó”, añade Mosquera.
Desde agosto el río Ranchería, el más importante de La Guajira, fue declarado sujeto de derechos. El proyecto de ley que había iniciado su carrera en el Congreso desde septiembre de 2022, fue oficializado el 8 de agosto bajo la ley 2415 de 2024. Su propósito es: “garantizar su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”.
Para que esto sea posible, la ley propone la creación de un “cuerpo colegiado”, es decir, un espacio de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes comunidades que viven a lo largo del territorio. Por cada comunidad que habite la cuenca, habrá dos representantes en el grupo de guardianes del río. Y aunque la participación de la comunidad es central, algunos expertos han señalado la falta de garantías para que la elección de estos representantes sea realmente beneficiosa para las comunidades:
“Los retos son gigantes sobre todo en esa parte: ¿quiénes van a ser realmente los que tomen decisiones sobre el río y cómo se van a tomar? Esta forma de organización va en contravía de cómo participa y toma decisiones el Pueblo Wayuu. Además, han estado inmersos en un sistema de captura corporativa, de abusos de poder que justamente no permiten que esas decisiones sean libres e informadas”, comenta Rosa Mateus, Coordinadora del del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática de Cajar.
La ley también exige la creación de un plan de acción que deberá ser formalizado en máximo dos años. El documento debe incluir indicadores que permitan medir la eficacia de las acciones y también determinar las entidades responsables de cada acción establecida.
Para la veeduría institucional estará la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades rendirán un informe semestral a la Comisión de Guardianes del río Ranchería y a la comunidad en general, donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.
El río ha regado las tierras semidesérticas de todo el departamento, desde el norte hasta el sur, mientras convive con una de las operaciones mineras más grandes de Latinoamérica: El Cerrejón. La tierra que ha intervenido la empresa es la que antes tenían los más importantes arroyos que nutrían el río en su cuenca media, por lo que el caudal ha disminuido. A esto se suma una represa inconclusa que ha privado del acceso al agua a muchas comunidades.
Bajo este contexto, la ley dicta que será obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río en todo su trayecto, “a fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado”.
Consonante habló con Martha Peralta Epiayú, la senadora que impulsó el proyecto de ley en el Congreso, sobre los retos que vendrán para la implementación de la norma.
Martha Peralta Epiayú: Esta ley busca cuidar el río de cualquier tipo de impacto. Sabemos que en el departamento de La Guajira se desarrolla la minería más grande de Latinoamérica a cielo abierto y que este río ha venido sufriendo las consecuencias. Lo que no queremos es que vuelva a desviarse, que desaparezca o que se lo roben, porque es el afluente más importante que tenemos en el departamento.
En él (el río) tenemos la solución para abastecer el departamento y las comunidades ribereñas de agua, para los quehaceres del día a día, para el cultivo y para el consumo en total estado potable.
M.P.E.: Claro que sí, porque si no cuidamos el agua, se va a acabar. Este gobierno está pensando en continuar con la segunda etapa de la represa, pero si no hay agua, si la seguimos contaminando o sigue desapareciendo, seguiremos siendo parte de una población que se está extinguiendo.
Hoy están falleciendo los niños por causas asociadas a la desnutrición, y eso es un riesgo para la permanencia y la supervivencia del pueblo Wayuu, porque es su niñez, es la continuidad de su existencia. Si no protegemos el agua puede llegar la minería, cualquier otro agente externo, o el mismo gobierno, a impactar el río. Queremos que las comunidades se empoderen para cuidarlo, protegerlo, conservarlo y descontaminarlo.
M.P.E.: El espíritu del proyecto es el cuidado del agua, es buscar todos los mecanismos que vayan dirigidos a su conservación, pero además de ello que las comunidades sean los guardianes del río Ranchería. Realmente la empresa Cerrejón tiene una responsabilidad en esta recuperación, ellos han estado prestos, pero todo tiene que ser de la mano de las comunidades y como ellos lo orienten.
M.P.E.: Esta ley acaba con cualquier tipo de atentado contra la vida del río Ranchería, ya no pueden priorizar, por ejemplo, “que debajo del río hay más de 50 toneladas de carbón”, pues eso no puede estar por encima de la protección al agua, sus cuencas, sus arroyos, o sus riachuelos. Es una protección que realmente va más allá de una declaratoria, es para que en el departamento de La Guajira no se siga priorizando la minería por encima del agua.
M.P.E.: Este gobierno tiene un compromiso por la protección del recurso hídrico de nuestro país. No creo que se vaya a priorizar la minería por encima de la voluntad popular que exista alrededor de Cañaverales.
En esas circunstancias, así como hemos hecho las iniciativas para la protección del río Ranchería, también lo haremos para esta comunidad si ellos así lo ven pertinente.
M.P.E.: El Cercado fue un proyecto que se realizó con una inversión bastante grande y que hoy está ahí como un elefante gris. Este gobierno inició los estudios y hasta donde tenemos conocimiento, se comprometieron en avanzar con una etapa más de las tres que tiene. Estaremos haciéndole veeduría para que se pueda desarrollar de la mejor manera.
También está en curso un proyecto de ley que va más dirigido a la materialización del acceso al agua potable y del saneamiento básico para el departamento de La Guajira. Esto busca crear una institución que se llamará Proaguas, cuyo funcionamiento estará basado en la coordinación de todas estas políticas públicas de soluciones, para que no estén dispersas en todo el departamento. Y esta es una ley transversal a todo ese tipo de soluciones.
M.P.E.: Sí, ese proyecto de ley es el decreto que tumbó la Corte Constitucional cuando expidió el Presidente de la República el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Ahí estaríamos cumpliendo la petición de la Corte de que se haga vía legislativa. Ya va para segundo debate.
La sede “campus Yarí” de la Universidad de la Amazonía, ubicada en la vía Palestro, ya no es blanca. Sus paredes, después de seis años de abandono, están sucias y llenas de grietas. El cielo raso se ha caído y la humedad hizo que la pintura se levantara. Las cuatro aulas están rodeadas de maleza y el alambre de púa que protege la obra ya está oxidado.
En 2018 los jóvenes de San Vicente celebraron la inauguración de este proyecto liderado por la alcaldía de Domingo Pérez y el ex rector Gerardo Castrillón, cuyo objetivo era el de acercar la educación superior a su municipio, pero las clases nunca llegaron. Hoy esta sede es uno de los “elefantes blancos” del municipio.
En el Caquetá solamente hay una universidad, la Universidad de La Amazonía, cuya sede está ubicada en Florencia. Ninguna universidad privada tiene sede en el departamento. El Caquetá, según datos del Sistema Integrado de Matrícula -Simat-, a 2020 tenía 1.883 estudiantes de grado 11 matriculados en las instituciones educativas oficiales y privadas del ente territorial.
Según la información oficial del Ministerio de Educación, la matrícula en educación superior en el Caquetá en 2023 fue de 13.438 estudiantes. El departamento está entre los territorios con menores porcentajes de acceso a educación superior , con un valor inferior al 1 por ciento.
En las 28 instituciones educativas que tiene San Vicente del Caguán, hay 12.445 estudiantes que hoy no tienen una opción en su municipio para acceder a la universidad.
En 2014, durante la alcaldía de Domingo Emilio Pérez Cuellar, el municipio donó a la Universidad de La Amazonía un lote de 15 hectáreas para la construcción de una sede en San Vicente del Caguán. Según el acuerdo 025 de 2014 el Concejo Municipal autorizó a Pérez por la situación crítica del municipio en el acceso a la educación superior.
“Actualmente en el municipio solo funciona una sede de los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), en la cual confluyen la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), instituciones que ofrecen programas, particularmente en el campo administrativo y financiero. Muchos de los cuales, así como el acceso a los mismos, no responden completamente a las necesidades de nuestros jóvenes ni a su contexto, pues no tienen la suficiente cobertura. Situación que sumada a la carencia de recursos económicos y condiciones para acceder a programas de educación superior, ha generado un éxodo de nuestros bachilleres hacia Florencia, Neiva y Bogotá, perdiendo el talento humano de nuestro municipio”, dice el documento.
El acuerdo declaraba también que el Consejo Superior de la universidad autorizó al entonces rector, Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga, invertir 300 millones de pesos para la construcción de la sede. Sin embargo, solamente fue hasta junio de 2017 que la universidad empezó los trámites para hacer el contrato, a través de la modalidad de contratación selección simple. Al final fue un contrato de tres meses para construir un área de 345.48 m2, que constaba de cuatro aulas y dos baterías sanitarias. Una obra a la que le asignaron 342.813 millones de pesos.
Finalmente el proyecto se inauguró durante la alcaldía de Humberto Sánchez Cedeño, sin embargo, ese lugar nunca funcionó. La universidad publicó en 2019 en sus redes sociales que se estaba usando la sede para dictar clases de licenciatura en lengua castellana en la modalidad a distancia. Esa es la única foto que hay de estudiantes en la sede y nadie tiene certeza de si hubo una segunda clase en esa sede.
En entrevista con el medio regional “Canal TV5”, Buritica aseguró que nunca hubo un acuerdo del consejo superior de la universidad para que se creara la sede del Yarí de manera formal. Esta política es la que permite que la sede siga funcionando sin importar si el rector cambia, lo que no pasó en 2020: “Fue una voluntad de un rector de turno y no de una institución”, dijo el actual rector.
Además, desde la universidad aseguran que la sede no se puede usar porque en la parte posterior de la construcción hay un caño que está en peligro de colapsar. También dicen que la infraestructura está en mal estado, por lo que es riesgoso entrar y que los salones “no están adecuados”.
En la I.E Promoción Social este año se van a graduar 127 alumnos y alumnas de educación formal, y 45 personas en la educación de adultos. Gerardo Chacón, rector de la institución, dice que según la trazabilidad que han hecho en su colegio el 80 por ciento de sus estudiantes quiere continuar sus estudios universitarios, sobre todo en carreras relacionadas a las ingenierías, el campo agropecuario, la educación o la salud. “La Universidad de la Amazonía si tuviera una sede aquí tendría una posibilidad de tener 500 estudiantes cada año, que más o menos es la población estudiantil de San Vicente en los grados 11. Sería bueno que esa población pueda estudiar aquí, con programas propios, una universidad propia y con instalaciones propias”, comenta.
Una de las consecuencias que trae la ausencia de una universidad en el municipio es la migración. Quienes quieran continuar con estudios superiores muchas veces no tienen otra opción que irse a Florencia u otras ciudades. “Los jóvenes siempre buscan la manera de salir al pueblo por la sencilla razón de que no tenemos una universidad, una sede en donde podamos construir nuestro proyecto de vida. Eso lleva gastos económicos, tiempo de traslado y otras cosas más. Y hay algunos jóvenes que no cuentan con apoyo familiar, entonces se le hace más complejo”, explica Quevin Estiven Taborda, consejero municipal de juventudes.
Yerson Camilo Muñoz es activista político juvenil y estudia administración pública territorial en la Escuela Superior de Administración Pública en modalidad virtual. Su sueño era ser abogado, pero no pudo hacerlo por falta de oportunidades en el municipio. “Siempre pensé en la carrera de derecho y especializarme en institucional; pero en el territorio la falta de oportunidades en la educación superior ha sido el mayor obstáculo para poder seguir ese proyecto de vida”, cuenta.
Yerson asegura que ver clases virtuales quita gran parte de la experiencia de estudiar una carrera: “la modalidad virtual le quita la oportunidad de estudiar muchas cosas desde lo vivencial, no es lo mismo tener un profesor en un aula, no es lo mismo tener una clase presencial donde se puede interpretar por mejor las cosas”, opina.
A esto se suma la frustración por tener una sede construida que nunca funcionó: “Ahí hay una plata que literalmente se está perdiendo entre el rastrojo. Le pedimos al rector de la universidad que se ponga la mano en el corazón con los jóvenes de San Vicente del Caguán, para que puedan organizar una sede de la universidad digna para nosotros. No nos debemos conformar con cualquier dos o tres salones que parecen más de una escuela de kinder que una universidad”, finaliza el líder.
"Ahí hay una plata que literalmente se está perdiendo entre el rastrojo. Le pedimos al rector de la universidad que se ponga la mano en el corazón con los jóvenes de San Vicente del Caguán, para que puedan organizar una sede de la universidad digna para nosotros. No nos debemos conformar con cualquier dos o tres salones que parecen más de una escuela de kinder que una universidad"
Yerson Camilo Muñoz, activista político juvenil
Los estudiantes de grado once, como John Steven Chavarro, esperan no tener que irse de su municipio para poder estudiar: “la verdad una universidad sería muy importante y sí quiero que se abra, porque hoy en día la mayoría de estudiantes decidimos ir a buscar nuestro futuro hacia otros municipios, porque actualmente en nuestro propio municipio no hay como tal una sede, o un espacio, en donde podamos continuar con nuestros estudios”.
Según explica la Universidad de la Amazonía, la sede Yarí es hoy inutilizable. La esperanza recae en la promesa del Gobierno Nacional de construir una nueva sede de la universidad en el departamento del Caquetá. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo no especifica que esta sede estará en San Vicente del Caguán, en el departamento se da por hecho. Según el diputado Wilman Fierro, la asamblea se ha reunido en varias ocasiones con las directivas de la universidad, quienes les han mostrado un render, es decir, un modelo 3D del nuevo proyecto en el municipio.
Contar con una sede de una universidad pública en el municipio es parte de las iniciativas incluidas en el Pacto Municipal para la Transformación Regional de San Vicente en 2018. Este pacto se incorporó en los Planes de Acción para la Transformación Regional (Patr), que planifican y gestionan el cumplimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Finalmente, en una apuesta por las carreras técnicas y tecnológicas, así como la formación para el trabajo, el plan también contempló la creación de una nueva sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en San Vicente del Caguán. Sin embargo, este proyecto tampoco ha mostrado avances tangibles.
Custodio Cantillo nació en Fundación, Magdalena, pero vive desde hace 16 años en Fonseca. Toda la vida ha trabajado la tierra atendiendo el ganado, ordeñando vacas y cultivando. Nunca pudo estudiar y solo hasta hace poco aprendió a leer y escribir. Tuvo seis hijos y con esos trabajos ocasionales, cuenta con orgullo, los sacó adelante. “Yo toda mi vida he trabajado en el campo y si vuelvo a nacer volvería a hacer lo mismo, no importa que a los campesinos no nos valoren”, asegura.
En la zona rural de Fonseca las actividades económicas comunes son trabajar la tierra o ganarse el jornal día a día en diferentes oficios que no son empleos fijos, ni formales. Por eso, a pesar de que Custodio ha trabajado toda su vida y está a ocho años de llegar a la edad de jubilación, pensionarse nunca ha sido una opción. Su oficio no implica tener un contrato laboral formal, y menos un salario fijo, por lo que nunca pudo cotizar.
En Colombia, de acuerdo con las cifras del Dane, a diciembre de 2022 había 7.739.257 personas en edad de jubilación, y de ellos solamente el 34,1 por ciento (2.641.419) tenía pensión. La mayoría de esos dos millones de personas estaban ubicados en ciudades principales como Bogotá.
Según el Estudio Intersectorial Reforma Pensional realizado por la Contraloría, la situación es más grave por fuera de los centros urbanos: “A nivel regional las condiciones se agudizan, ya que hay una gran brecha pensional, adicionalmente, en zonas con predominancia rural la proporción de pensionados es menor que en la urbana y el acceso a los beneficios pensionales es muy difícil”, dice el informe.
La reforma pensional en Colombia fue aprobada el 14 de junio de 2024, pero entrará en vigencia el 1 de julio de 2025. Y aunque promete ser mejor que el sistema anterior, todavía existen varias dudas que inquietan a las personas de la ruralidad. A continuación, le explicamos qué cambió y qué repercusiones tiene para los campesinos, trabajadores informales, mujeres y colombianos retornados.
Hay dos cambios principales. El primero es que se creó un amplio sistema pensional dividido en tres pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. Esto, en otras palabras, es como si el sistema fuera una casa grande con tres cuartos, en los que el Estado ubicará a cada colombiano dependiendo del contexto en el que esté cuando cumpla su edad de pensión. Lo que sucedería así:
El segundo gran cambio es que dentro del pilar contributivo, las personas ya no podrán elegir si su dinero irá al fondo público (Colpensiones) o a los fondos privados (las sociedades administradoras de fondos de pensiones-AFP) como funciona actualmente, sino que todos los aportes entran inicialmente a Colpensiones. Y sólo si el aporte es mayor a 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el restante podrá entrar en un ahorro individual dentro de las AFP.
La razón principal, según varios expertos, era la desigualdad del sistema actual. Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y especialista en derecho de la seguridad social y derecho, explica que la mayor parte del dinero de los aportes se va a pensiones millonarias de las personas más ricas, mientras la mayoría de adultos mayores no tiene ningún ingreso.
“Con el régimen actual tenemos un problema de inequidad muy grande. Porque ahora se puede llegar a causar pensiones multimillonarias con un alto componente de subsidios, cuando los subsidios deberían estar concentrados en las poblaciones más vulnerables. Con esta reforma los subsidios se concentran en otros lugares como El Pilar Solidario, donde está la gente más vulnerable, como lo ordena la equidad”, explica Morad.
La desigualdad, además del dinero, también estaba relacionada con el limitado acceso a la información para decidir cuál de los regímenes (privado o público) era la mejor opción. “Somos el último país, según la Ocde, con el nivel más bajo de educación financiera. Y mucha gente tenía que escoger uno de los dos regímenes sin verdaderamente entender las consecuencias de hacerlo”, agrega Kevin Hartmann, doctor en derecho e investigador en temas de pensiones de la Universidad de Lovaina en Bélgica.
A esto se suma que mantener este modelo le costaba al Estado varios billones de pesos del presupuesto General de la Nación: “En los últimos 10 años llevamos pagando aproximadamente 18 billones de pesos por tener a los cotizantes en el régimen privado de pensiones y a los pensionados en Colpensiones. Es decir, teníamos a todos los pensionados en un sistema cuya sostenibilidad a corto plazo requería de cotizantes que cubrieran esas pensiones, pero los cotizantes no los teníamos ahí, sino en el régimen privado. Entonces ese hueco teníamos que pagarlo de alguna forma”, indica Hartmann.
Además, era urgente incluir un enfoque de género: “Cada vez es más evidente estas brechas de género que existen en el mercado laboral y que se replican en el sistema pensional. Es muy necesario que las políticas públicas estatales tomen decisiones con enfoque de género”, explica Morad.
“Cada vez es más evidente estas brechas de género que existen en el mercado laboral y que se replican en el sistema pensional. Es muy necesario que las políticas públicas estatales tomen decisiones con enfoque de género”
Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana
En las regiones donde predomina la ruralidad, y el trabajo informal, son muy pocas las personas que logran pensionarse. Según datos del informe de la Contraloría, en la Guajira hay 60.469 personas mayores de 60 años y de esos solo 3.789 son pensionados, es decir, el 6,27 por ciento. Mientras que en regiones como Bogotá, San Andrés o Valle del Cauca, el porcentaje de cobertura en pensión es de 49,32, 44,88 y 39,04 respectivamente.
Según datos actualizados a julio de 2024, el número de fonsequeros pensionados en Colpensiones era solamente de 313 personas. “La informalidad en esos municipios puede llegar incluso al 80 por ciento y la pensión depende enteramente de la formalidad, entonces podríamos estar hablando de una informalidad pensional del 80 por ciento”, dice Juliana Morad.
En el municipio la mayoría de pensionados son docentes que fueron nombrados y trabajaron con el Estado, o son personas que fueron empleados de la mina El Cerrejón. Esto debido a que son trabajos formales, constantes y donde es obligatorio el aporte a la pensión. “La situación pensional es buena en el sector minero, son sectores que tienen la legalización de sus contratos, hacen sus aportes al sistema y eso le da la opción de pensionarse. A diferencia de las personas del común que no tienen los recursos para aportar: en el sector del comercio, agricultura o la ganadería es casi nulo, no hay esa cultura de aportes al sistema”, explica Adail Alfonso Bolívar Pinto, abogado de Fonseca.
Esto no solo sucede en La Guajira, los departamentos con el alcance pensional más bajo son Vichada, con una cobertura de solo el 2,49 por ciento; Putumayo con 3,13 por ciento; Guaviare con 3,80 por ciento, Arauca con 4,25 por ciento, Vaupés 4,6 por ciento y Chocó con 5,25 por ciento. Estás regiones tienen un factor común: son territorios muy rurales y rurales dispersos.
“La cobertura regional de pensiones está más concentrada en los territorios urbanos, mientras que en las zonas con predominancia rural es muy escasa, con lo cual estamos ante una situación inequitativa que debe ser corregida por medio del desarrollo de esos territorios que permita generar empleo formal y formal rural, y mejore los indicadores de cotización pensional y acceso al Sistema de Seguridad Social o a mecanismos de protección de la vejez”, dice la Contraloría.
Carmen Elena Daza es una fonsequera de 65 años que ha invertido más de 40 años de su vida trabajando como modista, de forma independiente. A pesar de que ya tiene la edad de pensión, nunca cotizó, y asegura que nunca había pensado en qué iba a hacer cuando no pudiera trabajar más: “Eso nunca me ha llegado a la mente (ríe), voy a trabajar hasta que pueda, hasta que alcance a valerme por mí misma. Mi mamá murió a los 105 años y hasta los 90 trabajó duro y tuvo este arte también”, cuenta.
Con la reforma pensional, las personas como Carmen podrían acceder al pilar solidario. Es decir, podría recibir una renta de 223.800 pesos mensuales. Para esto, los requisitos son: tener 60 años o más si es mujer, y 65 años o más si es hombre, estar en situación de vulnerabilidad y/o pobreza extrema. Esto, aunque no constituye una pensión (se considera pensión cuándo la renta es de por lo menos un salario mínimo), es una ayuda que beneficiaría a más de dos millones de adultos mayores en el país.
Sin embargo, una de las críticas que ha recibido la reforma es que no está explícito qué es pobreza extrema y vulnerabilidad: “Este concepto va a depender de un decreto reglamentario que aún no conocemos, y ese decreto se va a poder cambiar en cada gobierno. Esa es una de los grandes cuestionamientos”, expresa Juliana Morad.
Las personas que no puedan acceder a este pilar, tienen la opción de acceder al subsidio de Colombia Mayor. Un programa de asistencia social con el que el Gobierno nacional entrega un subsidio de 80.000 pesos a adultos mayores en pobreza extrema. Sin embargo, actualmente menos de la mitad de adultos mayores en estas condiciones pueden acceder a este programa debido a la falta de cupos.
Por su parte, Hartmann asegura que aunque el pilar solidario es un gran avance, es necesario crear otros mecanismos más accesibles para que cualquier persona pueda cotizar: “Se necesitan mecanismos que permitan que las personas que tengan hoy 10.000, pesos extra, por ejemplo, puedan cotizar para su pensión fácilmente. Existen en países de África del Norte las pensiones por Whatsapp, que permite hacer unas cotizaciones a un fondo pequeño, pero que va a permitir hacer capitalización de esa plata para que al final de tu vida tú puedas tener más plata a través del interés compuesto. Eso sirve de cierta manera para solventar algunas necesidades que tengas en tu vejez”.
Para estos casos está el pilar semicontributivo, en el que se entrega una renta básica durante toda la vejez vitalicia. Esto aplicaría para las personas que tengan mínimo 300 y máximo 1.000 semanas cotizadas. El valor va a depender de las semanas cotizadas y si eres hombre o mujer.
"La mayoría de las personas en Colombia, más o menos el 56 por ciento de la gente no alcanza a cumplir con las semanas mínimas de cotización. Entonces lo que hacen es como una especie de operación imaginaria en donde cogen esas semanas que cotizaste, te la convierten a un capital actualizado con el IPC, suman un interés del tres por ciento anual, más un subsidio del 20 por ciento si eres hombre o 30 por ciento si eres mujer, eso se vuelve como una especie de capital imaginario y lo convierten en una renta hasta el final de tu vida”, explica Kevin Hartmann.
Sin embargo, una de las solicitudes que le hicieron al Gobierno cuando presentó la reforma, fue que se aseguraran de que el valor de la renta del pilar solidario fuera inferior al del pilar semicontributivo, pero esto no pasó. “Si tenemos en cuenta que el 45 por ciento de la población cotiza sobre un salario mínimo, la renta va a ser entre 145.000 y 260.000 pesos si cotizaste entre 300 y 800 semanas. Ese es el desfase entre los dos pilares y eso se convierte en un problema de deslegitimidad del sistema”, agrega el experto.
En el caso de que una persona tenga menos de 300 semanas puede acceder al pilar solidario en caso de que cumpla las condiciones. Si no, cuando cumpla la edad puede solicitar que le devuelvan lo que cotizó, esto se llama una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez.
Para casos como el de Custodio Cantillo, o de cualquier trabajador informal, está la opción de cotizar por semanas o días y pertenecer al sistema semicontributivo, o contributivo si logra cotizar 1.300 semanas a la edad de pensión. Aunque esto está regulado desde 2013, antes de la reforma solamente era posible si se tenía un contrato de trabajo formal. Ahora podrán cotizar de esta forma también las personas que sean independientes.
Si una persona trabaja de uno a siete días al mes, puede cotizar solo una semana y la base sería un cuarto del salario mínimo. Si trabaja entre ocho y 14 días, cotiza sobre la mitad de un salario mínimo. Y si trabaja desde 15 a 21 días cotiza sobre tres cuartas partes del salario mínimo. “Es conveniente sumar semanas porque antes decían que iban a devolver la plata y eso no es nada, pero ahora si suma semanas puede acceder a una renta (pilar semicontributivo) que posiblemente no va a ser un salario mínimo, pero sí lo va a acompañar durante toda su vejez”, agrega Juliana Morad.
Dentro de la reforma se plantea también para los campesinos la opción de cotizar de forma anticipada cuando sean las temporadas de venta de su cultivo. Es decir, que cuando llegue la temporada de la cosecha la persona podrá hacer un solo pago que incluya las semanas que quiere cotizar por todo el año, en vez de ser un abono mensual.
Adicionalmente, desde el Gobierno se plantearon condiciones diferenciales para que las personas raizales, palenqueras, afrodescendientes, campesinas e indígenas puedan acceder al pilar solidario. Así como las personas que tengan el rol de cuidadoras o personas en situación de discapacidad. Sin embargo, eso también va a depender de un decreto que aún no ha sido publicado.
Belky Adriana Arrieta tiene 29 años, es de la vereda de Conejo pero vive en Fonseca. Belky estudió para ser auxiliar de enfermería, pero sólo ha podido ejercer y cotizar pensión durante seis meses, cuando la contrataron en el hospital: “No trabajé más porque eso fue en circunstancias políticas. Uno aquí encuentra trabajo cuando apoya algún partido, o sea siempre como por favores políticos. Depende mucho de tener alguna palanca para poder encontrar un trabajo formal y poder cotizar”, cuenta.
Hoy se dedica al trabajo de cuidado de manera informal: todos los días cuida a un niño de tres años, y además, cuida a sus tres hijos. Uno de sus propósitos es poder tener una pensión en su vejez, pero no ha sido un camino fácil. En Colombia, según datos de Colpensiones, solamente una de cada 8 mujeres se pensiona.
En Colombia, según datos de Colpensiones, solamente una de cada 8 mujeres se pensiona.
La nueva reforma plantea dos tipos de reducciones para las mujeres. La primera es la reducción de las semanas de cotización: actualmente para que una mujer (y un hombre) puedan pensionarse tienen que cotizar 1.300 semanas, esto a pesar de las desigualdades de género en el mercado laboral. A partir de 2025 las semanas se reducirán gradualmente hasta que se llegue a 1.000 en 2036.
La segunda es la reducción de semanas por cada hijo. Las mujeres que no estén en régimen de transición, es decir, que no tengan cotizadas todavía 750 semanas, podrán tener la reducción de 50 semanas por cada hijo que tengan, hasta máximo tres hijos. Sin embargo, para poder acceder a este beneficio la mujer tendría que haber cotizado pensión por lo menos por 850 semanas. “Esto probablemente será un fenómeno de mujeres que han tenido la fortuna de estar en el mercado laboral formal, sobre todo en las grandes ciudades”, complementa Juliana Morad.
La posibilidad de cotizar por semanas y días como independiente hace más fácil el camino para formalizarse y empezar a cotizar. Sin embargo, según los expertos las pensiones de las personas que hoy son más jóvenes van a ser mucho menores de las que existen actualmente: “En términos de justicia, somos la generación más preparada, con los salarios más bajos a pesar de incrementar los estudios, y somos la generación que va a recibir las pensiones más bajas, somos algo así como la generación del sacrificio”, plantea Juliana Morad.
“Las pensiones de 15 o 16 millones de pesos que podemos ver hoy no van a existir en un futuro cercano, por lo que los jóvenes van a tener que cargar con el peso de tener que pagar las pensiones del pilar solidario y al mismo tiempo aguantar el hecho de tener pensiones contributivas más bajas. A los jóvenes se les va a hacer cargo de la mayor parte de los costos de la reforma pensional”, agregó Kevin Hartmann.
En otra situación confusa se encuentran los colombianos retornados, que en medio del anuncio de la reforma pensional se pregunta qué beneficios traerá para ellos, que han retornado a Colombia después de haber vivido y trabajado en un país extranjero.
Ese es el caso de Henrique González, un colombiano retornado que trabajó y cotizó 12 años en Venezuela. Allí trabajó formalmente en una empresa como encargado del mantenimiento de tuberías. Hoy Henrique tiene 52 años y trabaja por días como mecánico o albañil en Fonseca. “Trabajé prácticamente 13 años en esa empresa donde cotizaba para mí pensión, pero después como se paró todo por la situación de Venezuela, la cosa se puso dura, todo era escaso y la empresa cerró. No encontraba trabajo así que decidí regresar aquí a Colombia”, cuenta.
Para casos como el de Henrique no hay mucho qué hacer. Actualmente Colombia tiene convenios solamente con 12 países para transferir las pensiones cotizadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Venezuela no está en la lista.
Por su parte, el pilar solidario solamente aplica para colombianos residentes en Colombia. Y la única forma de que las personas migrantes puedan obtener su pensión es si tienen contrato laboral en el país y cotizan las semanas requeridas.
Las puertas de la Universidad Tecnológica del Chocó ”Diego Luis Córdoba” (Utch) están cerradas desde el 29 de julio. Varias personas, incluyendo a funcionarios de la institución, se tomaron la sede impidiendo el desarrollo de las actividades académicas y administrativas propias del cierre de semestre.
El principal motivo del cierre es el debate sobre la autonomía universitaria, es decir, el derecho de las universidades públicas a elegir sus directivas y regirse por sus propios estatutos. Esto ocurrió después de que la exministra de Educación, Aurora Vergara, destituyera a David Mosquera el 6 de julio y nombrara como rectora encargada a Vanessa Sánchez.
Esta intervención del Ministerio se dio después de que se dictaran medidas preventivas y de vigilancia especial a la institución por presuntos usos inadecuados de los presupuestos y bienes de la universidad, así como por las alertas sobre la baja calidad del servicio educativo.
Hoy, tras una semana de diálogos en los que estuvo restringido el acceso, una parte de la comunidad universitaria fue autorizada a ingresar para realizar actividades específicas, como el pago de la nómina o la presentación de habilitaciones. Sin embargo, el cierre continúa indefinidamente.
Consonante habló con la nueva rectora, Vanessa Sanchez, sobre las peticiones de los manifestantes y el rumbo que tomará la única universidad pública del Chocó, que recibe más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior en el departamento.
Vanessa Sanchez: Desde el año 2023 la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación inició un seguimiento especial a la Utch y encontró varios hallazgos que hicieron que se dictara una medida preventiva y de vigilancia especial. Allí se estableció que la universidad debía hacer un plan de mejoramiento y debía constituir e implementar una fiducia para el manejo de todos los recursos y rentas de la universidad.
Sin embargo, en abril de 2024 regresó la visita de inspección y vigilancia y se dio cuenta que esas medidas preventivas no se habían cumplido en su totalidad, especialmente que se seguían manejando los recursos por fuera de la fiducia. Ese fue uno de los principales motivos que dieron lugar al reemplazo del rector, así como la evidencia del reiterativo incumplimiento en algunos procesos de contratación y de vinculación de personal, a nivel financiero. Por ejemplo, se realizaban pagos sin los requisitos.
V.S.: La creación e implementación de las fiducias es una de las medidas que tiene el Ministerio de Educación, quien financia la mayor parte de las instituciones de educación superior, para garantizar que las instituciones administren de manera adecuada y transparente todos los recursos. Y así se pueda garantizar que el servicio se preste de manera continua y en condiciones de calidad.
V.S.: Él termina su periodo en octubre o noviembre de este año. Pasado ese tiempo se decidirá a través del Consejo Superior Universitario, y con las normas existentes, cuál es el paso a seguir sobre este caso específicamente.
V.S.: Lo que debo asegurar es que se cumpla con todo el plan de mejoramiento, con todas las acciones que se han estipulado para que la universidad pueda avanzar en esas medidas. Que los recursos se administren al 100 por ciento dentro de las fiducias y que existan procedimientos claros, ceñidos al sistema de gestión de calidad de la institución, que se cumplan a cabalidad para que esta situación se supere en el menor tiempo posible. Sin embargo, si en ese año no se ha cumplido, es posible que se prorrogue un año más.
Lo que he hecho desde mi llegada es hacer un reconocimiento del estado en el que está la institución de manera integral. Hemos revisado proceso por proceso para realizar un diagnóstico que será el insumo principal para avanzar en ese plan de mejoramiento institucional. Mi principal propósito es que esta institución, durante el tiempo que yo esté aquí, se distinga por la integridad en sus procesos de gestión y que el servicio de educación se pueda prestar de manera continua y en condiciones de calidad.
V.S.: Lo primero que encontramos es la desarticulación de algunos procesos clave. Hay incumplimiento en temas de contrataciones, no es muy claro cuál es la responsabilidad de la oficina de contratación. Por ejemplo, el equipo de contratación se encarga de los contratos de prestación de servicios, pero otros equipos al interior de la universidad se encargan de los convenios y otras áreas de las alianzas. No hay una oficina de contratación que garantice que tenemos el control de absolutamente todo. Ese proceso se encuentra fragmentado, no hay una ruta clara para tener el control.
Otro elemento tiene que ver con los temas de calidad. Desafortunadamente en las pruebas Saber Pro, una de las pruebas estandarizadas que tiene el país para medir la calidad de la educación superior, hemos estado en el último lugar durante los últimos siete años. Ese también es un elemento central y que en la administración tiene un impacto directo porque, por ejemplo, hay que articular el presupuesto con los programas para tener una mejora continua en los procesos de calidad.
"Desafortunadamente en las pruebas Saber Pro, una de las pruebas estandarizadas que tiene el país para medir la calidad de la educación superior, hemos estado en el último lugar durante los últimos siete años. Ese también es un elemento central y que en la administración tiene un impacto directo porque, por ejemplo, hay que articular el presupuesto con los programas para tener una mejora continua en los procesos de calidad"
Los docentes ponían la alertas sobre ese tema y la invitación que les dejamos abierta es a que sigamos trabajando, a que construyamos conjuntamente una apuesta de educación. Estamos en un momento histórico para esta institución y es cambiar el curso de nuestra alma mater a través de un proyecto que sea colectivo, que sea intergeneracional y que responda a la disminución de las desigualdades. Para eso se requiere la participación de diferentes miradas, voces y saberes. Hay muchas esperanzas de que el futuro puede ser distinto, pero si trabajamos colectivamente.
V.S.: Hay tres elementos claves en cuanto a la misión de la educación superior: docencia e investigación, extensión y protección social. Y en ese sentido, esto le apunta a prestar una educación de calidad para crecer y expandirnos por el territorio nacional. Por ejemplo, la universidad está avanzando, en articulación con el Gobierno Nacional, en tres sedes subregionales: una en Istmina, otra en el Medio Baudó y otra para el Darién. Esto nos permite por un lado aumentar la cobertura en estos territorios, y por otro garantizar que la oferta de educación que tengamos en esas subregiones tenga impacto a nivel regional.
Esto busca también posicionar a la universidad bajo otra narrativa, que se distinga por la transparencia de su procesos de gestión administrativa. Es otro de los propósitos y de los desafíos.
V.S.: Desde el principio en las conversaciones identifique que hay unos temas que son de resorte de la institución, otros que son de competencia del Ministerio de Educación Nacional y que podemos ir separando esas conversaciones sin tener la instalaciones cerradas.
Un ejemplo es la discusión sobre la autonomía universitaria, esta no es la primera universidad que atraviesa un proceso de medidas preventivas y de vigilancia especial, esa es una discusión nacional histórica y que podemos hablar con los actores claves que den respuesta al tema.
También hablaban sobre el avance de la construcción de las sedes subregionales, ese es otro tema donde interviene la Utch (que tiene unos avances significativos) y el Ministerio de Educación Nacional a través del operador que es Findeter, quien también va avanzando.
Otro elemento es sobre la política de gratuidad y cómo la universidad está avanzando en eso. Esa es otra conversación interna, porque es la institución en este caso quien diseña un plan de fomento de educación superior y este es avalado por el Ministerio de Educación.
Esperamos que pronto podamos abrir las puertas de la universidad, hay muchas cosas en juego y entre esas está la vida. En este momento del calendario la institución hace el pago de la seguridad social y de la nómina. La semana pasada los profesores nos decían que tenían vencida la seguridad social y hay docentes que tienen enfermedades graves. Que no exista atención en este momento nos puede poner en un alto riesgo. Esas personas que tienen la universidad cerrada no me hacen daño a mí, ni al Ministerio de Educación, sino que se lo hacen a toda la población chocoana.
Se debe continuar de manera articulada en un diálogo que nos permitan abrir rápidamente las instalaciones. Esta es la única universidad pública del departamento y la más importante, atendemos a más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior en el Chocó.
V.S.: La universidad viene aportando significativamente a esta meta de ampliación de cobertura y ese es otro tema que debo entrar a revisar con cada uno de los equipos. Hay que establecer cuál va a ser el planteamiento de la institución en adelante.
A mi llegada ya se había presentado un plan de fomento que debemos revisar esta semana. El próximo se debe presentar a finales de este año, para implementarse en 2025-1. Ahí ya entraríamos a validar con todos los cambios y apuestas estratégicas que tenemos, cómo vamos a avanzar para seguir aumentando la cobertura y brindando educación de calidad, garantizando que las personas que ingresan a la institución se puedan graduar también.
V.S.: Esa es una pregunta muy importante y creo que no es solamente ser mujer, sino ser mujer negra, y ser una mujer egresada de esta institución. Creo que es una demostración, en primer lugar, de que la educación sí importa. Y es también una posibilidad de abrir la puerta para otras mujeres, porque hubo otras que me abrieron la puerta a mí.
Hay muchas mujeres negras que históricamente han luchado y han defendido los derechos de las mujeres negras, y en consonancia con eso tengo también la firme convicción de que en el lugar donde esté voy a hacer lo mejor posible para dejar esa misma puerta abierta para quienes vienen atrás.
El 21 de abril los celulares no sonaron en el Chocó. No hubo llamadas, correos, ni mensajes de WhatsApp. En las oficinas de la Gobernación, en Quibdó, casi todo se detuvo. Las operaciones bancarias también se retrasaron. Desde entonces, y hasta el jueves 25 de abril, el departamento estuvo incomunicado.
El 26 de abril la situación mejoró. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba ya había presionado al Ministerio de las TIC para que mediara entre las dos empresas encargadas del mantenimiento de la red: Azteca, la proveedora de internet, y ATP, la empresa encargada de arreglar el daño en la infraestructura que estaba causando el problema. Al séptimo día el internet ya estaba funcionando y la señal de celular había regresado, pero nadie sabía por cuánto tiempo. En el departamento, más o menos, cada 15 días hay una o dos jornadas en las que el internet no funciona y los celulares, otra vez, dejan de sonar.
La causa del problema está bien identificada. En el Chocó solamente hay una línea troncal de fibra óptica que entra por el límite con Pereira, y de la que dependen todas las conexiones de internet por cable del departamento. Es como si solamente un gran tubo de agua fuera el encargado de llevar el líquido hasta ciertos lugares de los que ya salen otras conexiones. Así que si ese gran tubo tiene una fuga, inevitablemente el agua dejará de llegar.
El dueño de ese “gran tubo” es la empresa mexicana Azteca Comunicaciones, quien desde 2011 se encargó de desarrollar, operar, mantener y gestionar la fibra óptica para todo el departamento del Chocó, y en más de 700 municipios en todo el país. Un trabajo contratado para durar, por lo menos, 15 años.
Sin embargo, la calidad del servicio también ha sido cuestionada en otros departamentos del país decenas de ocasiones , pues el internet muchas veces no llega, o llega de manera intermitente. En el Chocó la gobernadora Córdoba, incluso, ha denunciado que la empresa ha faltado a sus obligaciones financieras en varias ocasiones, afectando a más de medio millón de personas, prácticamente a todos los habitantes del Chocó, debido a que es la única conexión a internet de fibra óptica en el departamento.
Según el Boletín Trimestral de las TIC, que contiene las estadísticas del sector durante el cuarto trimestre de 2023, en el Chocó solamente hay 3 accesos fijos a internet por cada 100 habitantes. Una estadística muy por debajo del promedio nacional, que llega a los 17 accesos. En lugares como Bogotá, por ejemplo, hay 28 accesos fijos por cada 100 habitantes.
A esto se suma que el Chocó está dentro de los cinco departamentos del país con menor velocidad de descarga promedio, es decir, el tiempo que tarda en llegar la información desde internet al usuario final es uno de los más altos del país. Su promedio es de menos de 40 Mbps, mientras que Bogotá, que lidera la lista, alcanzó 247,2 Mbps.
Esto se traduce en un aumento de las desigualdades sociales y, además, un factor de discriminación. Así lo explica el informe “Desigualdades digitales. Aproximación sociojurídica al acceso a Internet en Colombia” de Dejusticia: “el acceso a internet tiene una relación funcionalmente necesaria para la realización de la dignidad humana, en tanto permite a todo ser humano concretar su plan de vida y adelantar un papel activo en la sociedad que habita. Además, guarda una especial relación con la realización de la igualdad real y material, y en general con las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos fundamentales”.
Azteca comunicaciones Colombia es parte del conglomerado empresarial Grupo Salinas, un conjunto de empresas mexicanas entre las que se destacan TV Azteca (un grupo de medios categorizado como la segunda mayor generadora de contenidos en español en el mundo), Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Totalplay, entre otros.
Esta empresa aparece en el mercado de internet en Colombia en el 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese entonces, el ministro de las TIC Diego Molano Vega lanzó el proyecto Nacional de Fibra Óptica, uno de los proyectos más ambiciosos en temas de conectividad en el país. El proyecto buscaba instalar conexiones de fibra óptica en 753 municipios y 2000 instituciones públicas en 20 departamentos, entre los que estaba el Chocó.
Para ese proyecto el gobierno Santos lanzó una licitación para firmar un “Contrato de Aporte con Recursos de Fomento”, en el que el estado aportaba más de 415.000 millones de pesos y el contratista tenía que desarrollar para su uso propio, una red de fibra óptica. Así como operar, mantener y asumir la gestión de los servicios en los términos y condiciones establecidos en el contrato.
A la licitación se presentaron cuatro oferentes: la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia, conformada por las sociedades mexicanas Total Play Telecomunicaciones y TV Azteca; la filial en Colombia de la empresa mexicana Telmex; la Unión Temporal Conectividad Para Todos, conformada por las compañías colombianas Media Commerce Partners SA y Anditel SA, la sucursal en colombia de la empresa china ZTE y la empresa india Exicom INC; y la Unión Temporal Telefónica, compuesta por Colombia Telecomunicaciones SA Y Telefónica Móviles Colombia SA (que hoy operan bajo la marca comercial Movistar).
Después de un proceso de adjudicación mediado por varias dudas que manifestaron los competidores, el ganador fue la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia y Azteca quedó encargado del proyecto. Según un derecho de petición respondido a Consonante, el MinTic asegura que la propuesta de Azteca fue la mejor opción: “(...) agotada cada fase del proceso de evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, que contenían los requisitos habilitantes y otros documentos contentivos de cada una de las propuestas presentadas en el marco de la Licitación Pública No 002 de 2011, se realizó el análisis del comité evaluador que presentó a la entidad contratante las conclusiones de la evaluación, y dicha contratación se realizó según la ley”.
El problema ha llegado con el paso de los años. Expertos del sector aseguran que aunque Azteca sí cumplió con el objetivo de llevar la infraestructura de fibra óptica a lugares del país en donde no había y a nadie más le resultaba rentable llevarla, el servicio de internet no es bueno, y a veces incluso ni siquiera llega. “La fibra óptica sí está llegando a los pueblos, pero no la banda ancha. Es como construir un acueducto y no tener agua”, dice Nicola Stornelli Garcia, analista de tendencias digitales, columnista de Portafolio, y quien ha hecho seguimiento a las fallas de Azteca en el Cesar.
A esto se suma que los altos costos en el despliegue de la infraestructura causaron que la prestación del servicio sea sumamente costosa en departamentos como el Chocó. Esto terminó permitiendo que la empresa tenga una posición monopólica con recursos del Estado. Todos los proveedores de internet por cable de fibra óptica, incluyendo a Claro, Tigo, o los pequeños proveedores conocidos como ISP deben comprarle a Azteca. Y si la red de Azteca falla, todas las demás lo hacen también.
Según datos del Ministerio entregados a Consonante, en el departamento hay 33 Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRTS). Según Marvin Córdoba, gerente de la ISP MakroSistem, que funciona en los municipios de Tadó, Cértegui y Las Ánimas, estos proveedores son los que han llevado el internet a municipios pequeños, llenado los vacíos que ha dejado Azteca en especial desde que esta empresa dejó de ofrecer servicios de internet a usuarios finales. “Ellos (Azteca) decidieron seguir sosteniendo el mercado con los proveedores y que fueran ellos los que se encargaran del servicio final a los usuarios”, agrega.
Esta situación con Azteca no solo pasa en Colombia, en Perú, por ejemplo, el gobierno de ese país firmó con la empresa un contrato similar y no funcionó bien. En 2016 Azteca terminó el despliegue del 100% del cableado en 180 ciudades pero por las constantes fallas en la operación y debido a que instituciones públicas como hospitales y colegios nunca pudieron conectarse, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló el contrato con Azteca en 2021 y quedó en manos de Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Infobae Perú accedió a un documento donde se revelaba que hasta 2023 sólo operaba el 8 por ciento de la red. En Colombia el contrato tiene una duración de 17 años, terminaría entre 2028 y 2029.
Además del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, el MinTic firmó otro contrato con Azteca en 2013 para el Proyecto Conexiones Digitales I, por un valor de 58.865 millones de pesos. El objeto del contrato era diseñar, instalar, operar, administrar y hacer mantenimiento de la infraestructura necesaria para la construcción de nuevas redes de acceso fijas o móviles que permitan la prestación de servicios de banda ancha en hogares de estratos 1 y 2, Viviendas de Interés Prioritario e Instituciones Públicas de 617 municipios distribuidos en 20 departamentos del país. El contrato tenía una duración de 34 meses, y según el Ministerio, actualmente está en proceso de liquidación.
Aunque el programa Vive Digital logró llevar internet a lugares desconectados del país, todavía existen dudas sobre la forma en la que se ejecutó el proyecto por parte de Azteca. Fuentes del sector piensan que la principal falla del proyecto fue enfocarse solo en el desarrollo de la infraestructura, es decir, en dedicar los esfuerzos y los recursos a instalar la red de fibra óptica y no pensar en cómo iba a operar la red ni tampoco cómo iba a sostenerse. Tampoco pensaron en la apropiación social de esta tecnología, lo que llevó a que estrategias como los puntos de internet Vive Digital en parques y otros espacios públicos dejaran de usarse y de mantenerse.
Sin embargo, en la instalación y posterior mantenimiento de la red de fibra óptica también hubo problemas.
Stornelli piensa que uno de los grandes problemas de la red desplegada por este proveedor es la baja capilaridad, es decir, la poca disponibilidad de conexiones desde un nodo para que el internet llegue a los hogares o a los usuarios. Estas conexiones están mediadas por el número de hilos que tiene un cable, a más hilos, más capacidad de conexión. La baja capilaridad, según Stornelli, tiene que ver con los cables que Azteca utilizó cuando instaló la red. “Los cables de fibra óptica tienen hoy, en promedio, entre 120 y 140 hilos. Los que usó Azteca tienen 96 hilos y por obligación contractual tienen que dejarle al MinTic 25 hilos para alguna necesidad estatal”, cuenta.
La principal consecuencia de tener una baja capilaridad es que se está obligado a tener menos usuarios conectados, lo que incrementa los costos del servicio para sostener la operación. Sin embargo, Azteca sigue ofreciendo sus servicios a un alto costo a los Proveedores de Servicio de Internet locales (ISP, por sus siglas en inglés) y a otros grandes operadores como Claro, Tigo y Movistar así tengan 50, 100, 200 o miles de usuarios.
Marvin Córdoba piensa que hay otro factor que está vinculado a las fallas de operación y es la capacidad de internet, es decir, las gigas disponibles. “Para mí, el problema principal de Azteca es la capacidad, es por eso que a veces navegamos con un 30 o 50 por ciento de operatividad. Cuando hay buena capacidad, en el momento en el que se presenta una anomalía, se puede trasladar capacidad como respaldo y eso hace que cuando haya una falla sea imperceptible para el usuario”, dice. Esto deriva en otro problema y es la saturación de la red, que hace que el servicio se caiga y sea inestable. Esta situación se hace más problemática en departamentos como el Chocó, donde Azteca es el único proveedor de fibra óptica.
“Para mí el problema principal de Azteca es la capacidad, es por eso que a veces navegamos con un 30 o 50 por ciento de operatividad. Cuando hay buena capacidad, en el momento en el que se presenta una anomalía, se puede trasladar capacidad como respaldo y eso hace que cuando haya una falla sea imperceptible para el usuario".
Marvin Córdoba.
Otro aspecto que no se tuvo en cuenta a la hora de desplegar la infraestructura fue considerar las características climáticas y su variabilidad en los territorios en donde se instalaron las redes, como el departamento del Chocó, húmedo, selvático y con lluvias todo el año. De acuerdo a fuentes del sector TIC, los equipos para trabajar en zonas húmedas se dañan con mucha facilidad dado que se oxidan y alcalinizan. Esto hace que la vida útil de los equipos sea menor comparada con la de otros lugares.
Marvin Córdoba coincide y agrega que incluso factores como la densidad de la selva chocoana afectan el servicio. “Estamos en un departamento con una selva muy espesa. La fibra fue tirada por lugares donde hay árboles grandes y que pueden causar daños cuando hay lluvias fuertes o tormentas, puede partir la fibra”. Esto se vuelve en un problema mucho más grave si se le suma que el mantenimiento o el reemplazo que le hace Azteca a estos equipos es casi nulo. “Si yo traigo un cable y tardo 10 años en cambiarlo, en la intemperie, soportando temperaturas de 37 grados y luego lluvias incluso en el mismo día, pues me va a durar mucho menos, se va a degradar más rápido que en otras ciudades o departamentos”, puntualiza.
Aunque el gerente de MakroSistem piensa que los factores climáticos ayudan a que el servicio de Azteca sea inestable, asegura que las vandalizaciones a los cables (cortes que se hacen en los predios por donde pasa la fibra) y la mala operación de esta empresa deben tenerse también en cuenta. “Las ralentizaciones o las caídas que se dan suceden porque no tienen los equipos completamente actualizados, incluso hasta hace poco no tenían baterías en los puntos donde ellos tenían sus equipos”, explica.
Córdoba asegura que el servicio de Azteca a sus clientes, ISP o proveedores grandes, es deficiente. Cuando se presenta una falla es difícil encontrar un canal de comunicación directo con la empresa y una razón clara por la cual el servicio está lento o inestable. “Los últimos días hemos estado navegando a un 30% a 50% de la capacidad y la justificación de ellos es que hubo saturación en el país. Siempre nos llega el mismo correo”, dice. También cuenta que Azteca tiene problemas en los pagos con las empresas que contrata para el soporte de la infraestructura.
No tener una respuesta rápida y clara de Azteca los pone en problemas, ya que son las ISP y los otros proveedores los que deben darle la cara a sus clientes. Y también los preocupa, pues el precio por el servicio que les cobra Azteca es bastante alto. Hasta junio de este año, por 1.2 GB, Marvin tenía que pagarle a Azteca más de 10 millones de pesos mensuales. “Ahora me subió a 16 millones, porque tengo 3.2 GB”, dice.
Para hacer sostenible la operación, MakroSistem debe cobrarle a sus usuarios entre 50.000 y 70.000 pesos mensuales por 10 o 15 megas. “Azteca nos cobra entre 8.000 y 12.000 pesos la mega en Tadó, pero no sabemos qué criterios utilizan para hacer esos cobros”, explica. Estos valores, según Córdoba, no son competitivos y los ponen en desventaja frente a otros ISP que no están organizados. “Ellos ofrecen el servicio por debajo de lo que realmente cuesta para captar clientes y eso hace que no podamos tener un crecimiento sólido”, agrega.
Por ahora, la única apuesta del gobierno es la implementación de su programa ‘Conectividad para Cambiar Vidas’, con el que busca conectar a los municipios con menor acceso a internet. Para lograr esto hará una alianza con el proveedor de internet InterNexa, que promete ser una alternativa de servicios de fibra óptica en los departamentos donde hay baja conectividad y que, como en el caso del Chocó, solo dependen de Azteca. Sin embargo, este programa ha presentado muchos retrasos y aún en este departamento no ha comenzado a funcionar la red de InterNexa.
Kevin Yurgaky, ingeniero de telecomunicaciones, explica que otra línea de fibra óptica es urgente para el departamento, para generar más competitividad, mejores precios y tener la posibilidad de usar otra red cuando la de Azteca falle: “Se necesita conectar el departamento por Antioquia, que la fibra entre también por Antioquia para que en caso de que haya algún fallo, se tenga un respaldo, un segundo canal. Esa es la solución”.
Desde la Gobernación del Chocó también buscan que se haga realidad esa segunda línea: “Es aún más importante que avancen los anuncios del gobierno nacional: la segunda línea de fibra óptica y el fortalecimiento de la conectividad para el Chocó”, escribió la gobernadora Córdoba en sus redes sociales.
Pero mientras este programa se siga retrasando, el panorama actual no va a cambiar. Córdoba ha encontrado en la asociación de los ISP una alternativa para comunicarse con el gobierno nacional y que escuchen sus peticiones.“Nuestra corporación que se llama Conexión Chocó busca ser una representación legal, clara y organizada de los ISP y hemos empezado a ver los frutos, nos hemos reunido con el ministro de las TIC e incluso con Azteca, para comunicarles nuestras inconformidades”, dice.
Una de las soluciones que se está conversando con el gobierno es la estructuración de una ley que proteja el transporte de la fibra, que, por ejemplo, regularía los valores que debe pagar Azteca a los dueños de los predios por donde pasa la fibra y, sobre todo, haría ilegal los cortes que se le hacen al cable. “Si las cosas están reguladas y acordadas se garantiza el paso de la fibra, evitamos cortes y la suspensión del servicio”, explica.
Aunque en este momento existen alternativas de conectividad como el internet satelital que ofrecen empresas como Hughesnet Colombia y Starlink, la fibra óptica sigue siendo el canal más estable y financieramente más viable para los ISP. “En departamentos como el Chocó el internet satelital puede ser inestable por temas climáticos, su capacidad para ofrecerle a los usuarios también varía mucho y para nosotros es insostenible por los costos que manejan para las empresas. La fibra óptica sigue siendo el mejor medio de transmisión, el costo es mucho más económico y es más eficiente porque te brinda el acceso a internet de una manera más limpia”, concluye.
Jeison Riascos ha dedicado 14 de sus 38 años de vida, a contar al Chocó. Oriundo de Quibdó, pero con alma carmeleña, ha usado la fotografía para mostrar las historias de cientos de personas que, en sus palabras, “la rompen” en el departamento. Y reflejar la belleza de su cotidianidad.
El Murcy, como se presenta en redes sociales, tiene su misión clara: “mostrar la cara bonita del Chocó”. Aunque soñaba con ser ingeniero de sistemas, y estudió para ser técnico en instalación de redes de computadores, la pasión por su territorio lo llevó a crear una plataforma digital para contar(se). “Ya no tenemos la necesidad de esperar que otro venga a contarnos, porque nosotros mismos nos contamos”, dice.
“Ya no tenemos la necesidad de esperar que otro venga a contarnos, porque nosotros mismos nos contamos”
Detrás de su marca hay todo un concepto. Durante los años en los que vivió en El Carmen de Atrato, la cercanía a la cultura paisa lo confrontó. Más allá de las diferencias físicas, la disparidad de los hábitos le terminó dando su nombre artístico: “yo solo salía de noche porque era en ese momento que mis amigos se desocupaban. Allá la mayoría de mestizos son comerciantes. Por eso me decían el Murcy, como los murciélagos”, cuenta. Sus primeras fotografías, incluso, estaban en escala de grises, pues los murciélagos no tienen la capacidad de ver los colores.
Hoy, el rojo de la pomarrosa, el verde del plátano, el amarillo de la sopa con queso y del arroz con longaniza, son protagonistas de las imágenes que han llegado a ser portada de medios internacionales como Okayafrica y The New York Times. Un ejercicio obstinado por contar el Chocó desde la mirada de sus protagonistas. Esto le dijo a Consonante:
El Murcy: Cuando estaba en el Sena empecé a crear espacios digitales donde los chocoanos se pudieran reunir. Porque, por ejemplo, en el año 2010 para encontrar una canción de un artista local me tocaba ingeniarmelas. Ahí dije, si es así de difícil para mí, que soy amigo de los artistas, no me imagino para alguien más. En ese momento se me ocurrió crear una plataforma donde se reuniera toda la música del Chocó y creé Talento Chocoano, una página de Facebook y un perfil Twitter.
Cuando vi que tenía esta fuerza y se convirtió en una especie de medio de comunicación digital con más seguidores, decidí aprovechar para contar historias positivas y empoderar a las personas que hacían algo positivo por el Chocó. Tanto así que compartiendo esas fotos logramos transformar la realidad de algunos jóvenes también y hacer alianzas. Por ejemplo, en 2016 compartimos la historia de unas niñas que jugaban al baloncesto. Cuando publiqué esas fotos la Cancillería se contactó conmigo y dijo que querían llevarlas a Estados Unidos y estar 15 días viendo partidos de la NBA. Al final se llevaron a 15 niñas. Allí ví cómo desde la fotografía empezábamos a transformar y a lograr impactar a personas, entonces eso más me motivaba.
Y El Murcy se empieza a construir cuando empiezo a darle cara a “Talento Chocoano”. A mi me daba pena decir que yo era el dueño porque yo decía: “yo no soy profesional en esto, no tengo conocimiento en esto, pero estoy haciendo algo que está generando impacto”, me daba pena el qué dirán. Pero luego al darle cara se empieza a fortalecer el Murcy y empiezo a trabajar en otros medios.
E.M.: Lo que se despertó en mí fue la vocación por mostrar el territorio y contarlo con narrativas diferentes, porque antes nos contaban simplemente lo negativo. Ahí se despierta las ganas de conocer todo este tema de comunicación, buscando aliados, hasta radio tuvimos por simplemente querer contar esas historias.
Y hasta el sol de hoy sigo formándome, sigo asistiendo a espacios para seguir aprendiendo cómo narrar y cómo contar historias. Pueden estar mis fotos en The New York Times, o en los principales medios de comunicación, pero nunca voy a perder esa vocación por seguir capacitándome para seguir contando historias del territorio.
E.M.: Lo principal es entender que no hay un solo lado de la información, eso para mí ha sido fundamental. Siento que en una información hay muchas personas involucradas y cuando hay muchas personas involucradas, hay diferentes miradas. Dentro de esas miradas existen esas personas que vienen transformando el territorio.
Cuando dicen “en el Chocó pasa esto”, generalizan. En ese entonces era más marcado porque solamente eran noticias negativas: “secuestraron en el Chocó”, “robaron en el Chocó”, “mataron en el Chocó”, entonces la gente simplemente se quedaba con eso. La dinámica que empecé fue como listo, a equis noticia le contamos el otro lado.
Por ejemplo, cuando secuestraron al general Alzate en un corregimiento muy bonito que se llama Las Mercedes, obviamente la noticia estaba marcada con ese hecho, pero también hay otras cosas positivas allá. Entonces yo tenía imágenes del territorio, y empecé a contar sobre ellos, los niños y su gente. No era hacerle competencia a la noticia “negativa”, porque esa no es la idea, pero tampoco es que se estigmatice con una sola mirada del territorio.
E.M.: En el 2017 tuve la fortuna de hacer un diplomado en la Javeriana que hablaba de la salud mental en los contenidos. Entonces discutimos cómo lograr que con cada contenido, cada imagen, las personas no se sientan afectadas y al contrario que se identifiquen.
Entonces yo trato de hacer los contenidos de forma que los personajes se sientan identificados, que si yo les hago una foto la quieran poner el perfil. Que si se hace un contenido visual lo quieran compartir, o sea, para contar noticias que “romantizan” ese tema negativo, también hay otras formas de agarrarlo.
"Trato de hacer los contenidos de forma que los personajes se sientan identificados, que si yo les hago una foto la quieran poner de perfil"
El ejemplo con lo de las niñas, yo pude haber empezado la noticia diciendo: "niñas que juegan baloncesto quieren representar el Chocó pero no tienen apoyo de instituciones, no tienen apoyo a nadie". Pero no, al contrario, es cómo cambiar esa moneda para que no sea siempre lo mismo y dejar de romantizar el tema de las necesidades del territorio.
E.M.: Yo incluso en las noticias que no son positivas trato que las imágenes no sean dañinas a la hora de publicarlas. Tener una ética a la hora de hacer la foto. Para mí sería muy cruel tener una foto que alguien después me diga: "Oye, quiero que esa foto se elimine porque no me siento cómodo viéndola".
Por ejemplo, hace un tiempo a una niña le asesinaron un familiar en la calle y ella me escribió. Me dijo: “Yo soy hija de tal persona, me acaba de pasar esto y me gustaría que si le llega la foto de lo que pasó, usted le diga a las personas que no la compartan”. Y sé que eso para mí es imposible de lograr, pero entender ese mensaje es precisamente comprender que sea cual sea el tipo de noticia, hay que tener esa ética y preguntarse qué tipo de contenido comparto.
E.M.: Tengo referentes y ejemplos claros: Jesús Abad Colorado. Él cuenta la masacre de Bojayá con sus fotos, y en esas fotos no ves sangre. Eso es un llamado a intentar narrar y dignificar.
Si mataron a una persona los medios pueden pedir esa foto, pero ahí uno como persona tiene límites. Entonces si me piden muchas cosas de ese tipo yo digo “no, eso no es lo mío, no me sentiría cómodo”.
Me dio muy duro, por ejemplo, hace poco con lo del derrumbe en El Carmen de Atrato. Me tocó estar en el recibimiento de los cuerpos y casi no soy capaz de hacer ese tipo de trabajos tan fuertes. No porque no tenga el profesionalismo, sino porque no tenía tiempo de pensar cómo lograr una buena imagen sin decir “esa gente está partida”. No es simplemente hacer la foto de lo que pasó, sino también cómo hacer la foto dejando claro que esta persona tiene voz.
E.M.: La primera barrera que tenía, y que me tocó romper, fue dejar de pensar que los contenidos positivos empobrecían y pararme en la raya conmigo mismo, ni siquiera con los medios, fue decir “esto es lo que me apasiona y es lo que quiero contar”. Porque eso no lo compraban en ese momento, para poder tener algo publicado tenía que estar pasando alguna situación negativa en el territorio. Sentía que era imposible que me compraran una historia positiva.
"La primera barrera que tenía, y que me tocó romper, fue dejar de pensar que los contenidos positivos empobrecían y pararme en la raya conmigo mismo"
También cuando inicié siempre me hablaban del crédito. Yo no sabía cómo trabajar y cómo volver sostenible la fotografía. Como que no existía esa remuneración, no porque no quisiera, sino porque en ocasiones en el territorio era muy complejo llevarlo. Tuve que empezar a poner límites y entender que eso es un trabajo remunerado.
E.M.: Haciendo fotografías, haciendo videos, con personas que quieran contar historias positivas del territorio. Creo que con lo poco, o mucho, que llevo he logrado que muchas organizaciones se interesen en el trabajo que hago. Pero siempre es bueno recalcar que a este punto no llegué diciendo: “Soy Murcy y hago esto”, sino tirando, perdiendo la prueba y experimentando. Pero siempre con la convicción y con la visión de saber qué quiero contar.
En algún momento fui a hacer fotos de un frente de un grupo armado, y tenía claro que no iba a hacer ninguna foto en la que saliera un arma. Y lo que hice fue hacer contenido de un grupo de danza y de teatro que había en el frente. Entonces es tener clara la mirada sobre lo que me apasiona y lo que quiero lograr, porque si no vamos a ser simplemente los fotógrafos de los encargos, pero ¿cómo construimos la visión de nosotros?
E.M.: Hay una que me ha tocado muchas veces creerme que la logré sin querer. Es un niño que va tocando un tambor al lado de una banda de guerra. El niño va tocando un galón, no sé si es de ACPM o de gasolina, pero va soñando estar en esa banda y toca su tambor como si estuviera marchando.
Esa foto la tomé en el municipio de Raspadura, fue muy bonito ver ese contraste, ver cómo se muestran los sueños. Cómo soñamos cuando somos niños. No es la mejor foto técnicamente, pero en contenido narrativo es muy valiosa. Yo la veo y me motiva mucho, la verdad.
E.M.: Hay dos puntos: uno es que ya no tenemos la necesidad de esperar que otro venga a contarnos, porque nosotros mismos nos contamos. Eso hay que tenerlo claro, porque fue de las cosas que más fuerza me dio. Si antes no nos contaban que alguien en Quibdó estaba haciendo algo bueno, ya nosotros lo podemos decir y puede tener más trascendencia que cualquier noticia que pueda compartir un medio nacional.
Y la otra es tratar, lo más que sea posible, de hacer las cosas bien. Es hacer que los personajes se vean reflejados y se sientan identificados con el contenido que uno realiza. Siento que la ética en ese tipo de contenido es fundamental, porque yo puedo estar haciendo mucho contenido por tener mucho tráfico, pero al final estoy afectando a una población.
Hace poquito estaba haciendo un video comercial para una marca de ropa y la propuesta que estaban haciendo era que saliera un tigre persiguiendo a la modelo. Pero yo no puedo, así sea con imágenes de apoyo, mostrar que un tigre está persiguiendo a una modelo en Tutunendo, porque entonces voy a afectar el turismo allá y voy a hacer creer que hay un tigre. Tenemos que ser conscientes que nuestras voces también tienen poder en las redes y que lo publicamos llega a muchas personas.
“Les voy a demostrar que soy el alcalde con más obras en el municipio”, dijo en varias ocasiones el ex mandatario Cristian Copete durante su gobierno. Copete dedicó sus últimos años como alcalde a buscar convenios y dejar contratadas varias obras de infraestructura que durante su ejecución han tenido decenas de inconvenientes. Hoy, los tadoseños reclaman falta de información y claridad sobre el estado de estos proyectos.
Según la secretaria de planeación, Lina Marcela Mosquera Mosquera, actualmente hay cinco proyectos en ejecución que quedaron de la administración pasada: el único que está “terminado” es la pavimentación del barrio San Pedro, que está a la espera de una auditoría final para que se pueda entregar. Sin embargo, los habitantes del barrio han presentado varias quejas sobre la obra, pues aseguran que las calles se inundan cuando llueve. Recientemente solicitaron también la instalación de reductores de velocidad, un proyecto que desde la actual alcaldía, bajo el gobierno de Juan Carlos Palacios aseguraron que se hará prontamente.
En ejecución está el pavimento del barrio Reinaldo; la primera fase de la cancha sintética, que actualmente está suspendida; la pavimentación del barrio Caldas, que estuvo detenida el mes pasado y la construcción de un box culvert en Playa de Oro, que está suspendida desde hace varios meses.
A estas obras se suman proyectos que Copete anunció durante su mandato, pero de los que la comunidad no sabe nada: la iniciativa “Huevos Tadó” y la reforestación ambiental de la comunidad Alto Chato, que según la alcaldía de Juan Carlos Palacios, están en ejecución pero no entregan ninguna información. Así como la construcción de una placa polideportiva cubierta en el resguardo Mondo Monocito, una inversión de 1.390 millones de pesos de la que no se conoce ningún avance.
Copete también prometió la instalación de 400 paneles solares en varias comunidades indígenas, un proyecto estimado en 7.810 millones de pesos. Una promesa que, según la Secretaría de Planeación, no ha avanzado por problemas en la importación de los materiales. Así como la construcción de un parque recreativo en Villas de Remolino, que hoy no ha iniciado.
Desde la alcaldía de Juan Carlos Palacios tampoco hay mucha información, aseguran que han pedido por vías legales los informes de varios de estos proyectos después de un empalme atropellado: “Han sido cantidad de problemas, de acciones con daño que hemos tenido con los proyectos, pero estamos trabajando”, comenta Palacios. Este es el panorama.
“Han sido cantidad de problemas, de acciones con daño que hemos tenido con los proyectos, pero estamos trabajando”
Alcalde Juan Carlos Palacios.
Esta obra es considerada uno de los sueños más anhelados de la comunidad de Tadó. Durante la socialización de este proyecto, Cristian Copete, lleno de confianza, afirmó que el 31 de diciembre de 2023 se realizaría el primer lanzamiento del balón en el estadio, hecho que no ocurrió. Hoy los trabajos en la cancha llevan 17 días suspendidos. Desde el martes 4 de junio Codechocó selló la obra por no contar con los permisos para la extracción de material.
Según el contrato el plazo estimado para la ejecución era de siete meses, contados a partir del acta de inicio. Es decir, debía ejecutarse entre el 7 de noviembre de 2023 y el 6 de junio de 2024, pero el plazo no se cumplió. “Hay muchos retrasos y estamos esperando un informe que nos diga por qué ocurrieron”, dice la secretaria Lina Mosquera.
El contrato, que se firmó el 1 de septiembre de 2023, contempla la construcción de la primera fase del proyecto, en el que se incluye el encerramiento, la instalación del césped sintético, la construcción de una de las dos graderías y los drenajes. Hasta ahora, según el ingeniero Álex Zapata, la obra tiene un avance del 75 por ciento y el alcalde Juan Carlos Palacios dijo en radio que la obra se entregará el 12 de agosto.
La inversión fue de 5.559 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías y la entidad encargada de la ejecución del contrato es la Asociación de Municipios de Urabá, Darién y Caribe (Asomudacar), designada por la Gobernación del Chocó para ejecutar los recursos.
Además del retraso, la preocupación de varias personas en Tadó es cómo se va a hacer la segunda fase, que hasta el momento no se ha podido concretar por un problema con un predio que debe adquirir la alcaldía. Según Mosquera, esta etapa incluye la construcción de las segundas graderías y un parque lineal.
Las obras de pavimentación del barrio San Pedro y Reinaldo han causado problemas a los habitantes. Aunque el objetivo era mejorar las condiciones de vida de más de tres mil personas, en el transcurso de los trabajos se han presentado inundaciones que, según los habitantes, no se veían antes. Problemática que ha llevado a la comunidad a reclamarle a la alcaldía y personería, pero no se sienten escuchados.
Las obras de pavimentación de San Pedro, a cargo de la empresa Cobertura Global y representadas por el ingeniero Próspero Río, comenzaron el a finales de 2022 y estuvieron suspendidas en varias ocasiones por presuntas irregularidades. La comunidad tenía muchas inconformidades, entre esas, que no conocían los estudios de la obra y que el material que estaba siendo utilizado para la pavimentación no era el adecuado. Además, les preocupaba que el material que se estaba extrayendo de las playas de la quebrada San Pablo no tuviera los permisos ambientales ni el proceso adecuado de limpieza, por lo que se estarían utilizando con contaminación de lodos y palos.
A pesar de todos los inconvenientes, según la Secretaría de Planeación, la pavimentación ya está terminada y solo falta una auditoría para hacer la entrega. Sin embargo, los habitantes del sector están preocupados: ”Nos están dejando con inundaciones, con el box culvert tapado y con las aguas lluvias conectadas en el alcantarillado de materias fecales, pero no sabemos si esa tubería tiene capacidad hídrica para toda esa agua que con el tiempo nos vaya a causar daños de colapsos”, denuncia Nelson Mosquera. Además, solicitan la instalación de reductores de velocidad y señalización.
”Nos están dejando con inundaciones, con el box culvert tapado y con las aguas lluvias conectadas en el alcantarillado de materias fecales, pero no sabemos si esa tubería tiene capacidad hídrica para toda esa agua que con el tiempo nos vaya a causar daños de colapsos”
Nelson Mosquera, habitante de barrio San Pedro.
Además, las aguas lluvias del sector La Casona se direccionaron hacia a la alcantarilla convencional, algo que no está permitido y que desde la alcaldía reconocen: “No es permitido, pero aquí no hay un sistema que permita evacuar las aguas lluvias, entonces a veces se toman esas decisiones para solucionar los problemas. Ambientalmente no es prudente”, dice la secretaria.
Las obras en el barrio Reinaldo, a cargo del ingeniero Jhonier Mosquera Armijo, presentan el mismo problema: “Nos sentimos contentos al ver nuestras calle pavimentadas, pero este contratista Jhonier no escucha a nadie. Le sugerimos que la tubería puesta en el drenaje de aguas lluvias en el sector Cecilio era angosta para la capacidad de agua que pasa por ese sector y no escuchó. Hoy cada vez que llueve eso se encharca”, explica Edgar Fabricio, habitante del sector.
Jhonier Mosquera es también el encargado de la pavimentación de 152.94 metros lineales de la vía que comunica el barrio Caldas con sus aledaños. Un contrato por 77 millones de pesos que fue firmado en septiembre de 2023 pero cuya ejecución iba desde el 15 de abril hasta el 14 de julio de 2024. Sin embargo, la comunidad se ha quejado porque la obra estuvo suspendida del 29 de abril al 4 de junio.
”Esta obra empezó con un ritmo acelerado pero a menos de un mes fue parada sin nosotros conocer los motivos. Estamos perjudicados con inundaciones, encharcamiento, un pedrero que no deja transitar ni las motos. El alcalde nos dijo que la obra estaba parada por irresponsabilidad del contratista, sin embargo el 24 de mayo acudimos a un comité de obra en el sitio y el contratista dijo que la obra estaba parada por fuerza mayor”, comenta Eliana Perea, habitante del sector.
"Esta obra empezó con un ritmo acelerado pero a menos de un mes fue parada sin nosotros conocer los motivos. Estamos perjudicados con inundaciones, encharcamiento, un pedrero que no deja transitar ni las motos"
Eliana Perea, habitante del sector La Loma.
Según Guillermo Cuesta Panesso, personero municipal, la obra estuvo detenida por presuntas amenazas: “El contratista Jhonier no obedece los requerimientos de ninguna autoridad, la obra se encontraba parada sin el lleno de los requisitos jurídico, argumentando que por diversas amenazas de grupos al margen de la ley no puede continuar la obra hasta tanto no resuelva el tema”.
Sin embargo, desde la alcaldía aseguran que no conocen sobre ninguna denuncia. “El ingeniero debió aportar las pruebas de las amenazas, pero no lo hizo. En un comité se dio a conocer a la comunidad por qué se detuvo la ejecución, pero yo no tengo conocimiento de que haya interpuesto ninguna denuncia hasta el momento”, dice la secretaria de Planeación.
En el corregimiento de Playa de Oro la administración de Copete dejó en proceso de construcción un box culvert, es decir, una estructura subterránea de concreto que permite la canalización y el paso de agua de lluvia o de ríos pequeños. Sin embargo, los habitantes denunciaron que la obra duró más de tres meses suspendida y nadie les dio respuesta:
“Le dijimos al contratista que el flujo de agua que corría por esa quebrada no cabía por esa obra que están construyendo, y este nos dijo que ellos son los profesionales y que cuando llegaron a campo tenían todos los estudios del sector. Sin embargo hoy nos encontramos con aguas encharcadas, inundaciones cuando llueve, familias perjudicadas que les tumbaron una casa para construirla. Pero hasta hoy la obra está en veremos, esos señores trabajaban 15 días y los otros 15 no. No volvieron”, comenta Barion Garcia, miembro de la comunidad.
Las obras se reanudaron el martes 11 de junio, sin embargo, desde la Secretaría de Planeación aseguraron que no tienen ninguna información sobre el proyecto: “Con ese proyecto nos hemos dado a la tarea de investigar porque no nos dejaron información. No tenemos claro quién contrató o quién estaba ejecutando”, puntualiza la secretaria.
Yelenca Sarmiento Romero lleva tres años luchando por tener agua. Su familia, que pertenece al clan Epiayú, lo ha hecho desde siempre. En el resguardo Zaino, ubicado en la zona rural de Barrancas, en La Guajira, hay 1.530 personas que nunca han tenido agua potable. Su única fuente hídrica fija es lo que llaman un “ojo”, un nacimiento que acumula agua subterránea y que solo les sirve cuando el verano da tregua.
Su llamado al liderazgo desde la etnia wayúu fue innegable: su abuela, Mercedes Epiayu, murió en medio de la escasez de agua. Sus últimos momentos los dedicó a pedirle que siguiera luchando por lo que ella había buscado toda su vida, que su familia y su comunidad pudieran tener agua potable. Mercedes murió con varias bacterias en el estómago y piedras en los riñones, murió, aseguran en la familia, por la falta de agua.
Yelenca decidió hace unos años salir de su territorio por la falta del líquido. Se fue a vivir a Barrancas, el pueblo, pero no ha dejado de luchar por ver agua en el Zaino. Su decisión de irse, aunque dolorosa, también es una declaración: “Yo no seré como mi abuela, no seré como mi bisabuela, que tenían que caminar tres cuatro horas de trayecto para buscar un poquito de agua. Yo no podré lograrlo, no podré porque las condiciones ya no me lo permiten”.
En febrero el Gobierno de Gustavo Petro anunció la llegada de 40 carrotanques destinados a proveer agua en La Guajira por la emergencia del fenómeno del Niño. El anuncio le dio a Yelenca, su mamá, y su comunidad, un respiro: por un tiempo tendrían agua asegurada.
Cuatro meses después el agua nunca llegó y el país se centró en el escándalo de corrupción. Mientras que en el Zaino, y otra decena de lugares de todo el departamento, siguen sin poder acceder a agua potable. La lideresa habló con Consonante sobre sus peticiones al Gobierno: que se vuelvan a poner los ojos en el departamento, y esta vez, con una solución más definitiva.
Yelenca Sarmiento: En septiembre del año pasado hicimos un paro, tomamos la vía y salimos en defensa del territorio. En ese entonces fuimos escuchados por el Ministerio de Vivienda, les pedíamos que nos solucionaran el agua, porque estábamos padeciendo. Allí logramos que nos llevaran agua durante tres meses. Eso nos sirvió mucho porque nos llevaban un carrotanque cada semana y pudimos llenar una alberca, se beneficiaron como cuatro o cinco familias. Pero luego de esos tres meses se perdió el carrotanque, el dueño del carro nos dijo que ya no tenían contrato y nos volvimos a quedar sin agua.
Desde ese momento me convertí en una pescadora, donde sabía que iba a estar un representante del Gobierno o algún ministro, buscaba la forma y me metía. En una de esas pude entregarle un oficio a la senadora Aida Avella, ella nos respondió que había mandado eso al departamento y a la Alcaldía, que eran ellos quienes tenían que solucionar. Ahí perdimos las esperanzas.
Por eso después, el momento en que anunciaron el envío de los carrotanques fue de mucha alegría. Todavía me acuerdo y se me eriza el cuerpo, cuando entraron en caravanas, fue una satisfacción porque dijimos “ya se va a aplacar un poco la sed”. Pensábamos que nos iban a mandar por lo menos uno o dos para el sur de La Guajira, pero mira la triste y lamentable situación. Siento que caímos aún más bajo, porque lo que creíamos que era nuestra esperanza terminó siendo una desgracia.
Es la hora y nada más escuchamos el tema de la corrupción, pero no vemos cuál es la solución, los carrotanques están ahí y ¿qué se va a hacer con eso?, aquí seguimos con la misma problemática, seguimos con la misma necesidad.
Y.S.: No eran realmente la solución, como dice uno por acá, esos eran pañitos de agua tibia. Porque llega un carrotanque al territorio con 9.000 o 10.000 litros y tiene que repartir 1.000 litros a cada vivienda.
Aquí en una misma casa vivimos: mamá, papá, hermanos, cuñados, primos. Por cultura hay hasta cuatro y cinco familias en una casa. ¿Qué pueden alcanzar 1.000 litros de agua donde hay cinco familias?. Para mí no era la solución, pero como dice por ahí el dicho: a caballo regalado no se le miran colmillos.
Nos toca pelear esos 1.000 litros de agua, que además nos dicen que es solo para consumo, no es para bañarse, ni para los animales. Pero yo viendo las gallinas, viendo a las cabras, viendo al burro pasar sed ¿En qué cabeza cabe que vamos a tomarnos el agua y vamos a dejar los animales sin agua?.
Nosotros seguimos con esperanza de que esos carrotanques los pongan en funcionamiento y nos den un poquito de agua. Y por ahora nos toca seguir recibiendo la del cielo y almacenando ese poquito de agua que nos regala papá dios.
Y.S: Yo soy del sur de La Guajira y estoy cerca a la represa, me duele ver cómo está esa agua ahí. No es que no haya agua en La Guajira, es que el agua está presa. Acá no es como dicen: “un pedazo de tierra desértica”, que no hay agua. Sí hay, el río Ranchería tiene agua para darnos. Y mi abuela que se murió decía “¿por qué si el agua está ahí no nos dan un poquito?”. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días de nuestras vidas.
" Y mi abuela que se murió decía “¿por qué si el agua está ahí no nos dan un poquito?”. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días de nuestras vidas"
Lo que le hemos preguntado al Estado es: ¿qué tan complicado es que nos den agua de la represa?. Por mi territorio pasa la línea de conducción que hicieron cuando el proyecto supuestamente iba a llevar agua de la ranchería a Hatonuevo, nosotros miramos ese tubo y guardamos la esperanza de que hay agua ahí.
Yo he dicho muchas veces que el problema de la desnutrición en La Guajira no solamente es la falta de comida, dennos un poquito de agua y nosotros volvemos a cultivar nuestros propios alimentos: el maíz, la ahuyama, el frijol. Dennos un poquito de agua y nosotros volveremos a sembrar las tierras. La solución está en la represa, por más de que digan que van a traer carrotanques, no, el agua está ahí, el agua está presa.
Y.S.: No solamente es en tiempo de política. Mi mamá hace dos meses me ha venido diciendo: "hija, está entrando un carrotanque y yo le hablo al hombre que maneja, le pregunto por qué no me echa el agua y dice “no es que para usted no hay agua, aquí nada más me mandan a echarle agua a cinco casas". Y esta queja se la puse a la Secretaría de Gobierno aquí en Barrancas.
Pero sí interfiere el tema político, si tú eres de un color y ese color es el que está en el poder, tú tienes beneficios, si no eres del color, no los tienes. Y esto ha sido una plaga que no solamente la vemos en La Guajira, vemos que cada día crece, se engorda y se reproduce en toda Colombia.
Y.S.: Se ha convertido en un negocio porque después del oro lo que dará plata será el agua. Y me preocupa, me pongo mal, se me quebranta la voz, porque yo tengo tres hijos y ver la problemática y la escasez de agua en la que vivimos me hace pensar ¿qué futuro les espera? Si el agua nos la van a medir, si el agua nos toca comprarla, ¿qué va a ser del futuro de mis hijos, de mis nietos?, ¿lograrán sobrevivir?
Y que cada vez es menos el agua que se logra ver. Tener cosechas en nuestro patio es un lujo, un lujo que nosotros los de abajo no podemos darnos. Si tienes plata, tienes agua, si no tienes plata no tienes agua. Y es preocupante la situación, porque el agua está privatizada.
Por ejemplo, lo que creímos que iba a ser el auxilio mira en lo que se convirtió. El tema de los carrotanques es deprimente, fue una ilusión. Creemos que lo soñamos, vimos los carros llenos de agua pero el agua nunca llegó, fue un espejismo. Fue un engaño.
Y.S.: En el día a día se va al ojo, al nacedero. Tipo cinco o seis de la tarde se ven los burros ahí, porque a esa hora ya está más cargado, y se cogen dos o tres tintinas para el sustento.
El que tiene cómo se da el lujo de comprar el agua, porque un viaje de agua a territorio sale por muy bajito en 150.000 pesos, y ahí poniendo la llorona, como dice uno también, por ahí las amistades lo dejan en 130.000 pesos. Y para sacar ese dinero con la falta de empleo es complicado. Entonces a veces nos reunimos dos o tres familias y compramos un viaje y nos repartimos un poquito de agua. Compramos un carrotanque de 9.000 a 10.000 litros.
Y.S.: Es terrible. Una vez hubo un fenómeno tan fuerte, creo que un fenómeno del Niño y recuerdo que me estaba volviendo loca en mi casa. Tenía a los niños pequeños y recuerdo que no había una gota de agua para bañarlos. Tenía un cultivo de guineo en mi patio y ver que se me acabó todo por falta de agua, ver mi ropa sucia, ver los tanques vacíos, entré en crisis y le dije a mi esposo "vámonos, vamos a vender esto, ya aquí no hay vida. Ya se acabó mi existencia".
Porque el agua en nosotras las mujeres es la que nos impulsa a levantarnos con alegría. Porque el hombre se dedica al pastoreo, él se va con sus animales, pero la mujer es la que queda pendiente de mantener la casa en orden. Una es la que tiene que administrar la casa y si no hay agua ¿cómo hace uno?. Toca entonces salir, porque son tus hijos los que te piden agua, son tus animales los que te obligan. Por eso muchas veces no es que uno quiera ser líder, sino que la situación en la que vivimos nos obliga a salir a pedir la gota de agua.
"Toca entonces salir, porque son tus hijos los que te piden agua, son tus animales los que te obligan. Por eso muchas veces no es que uno quiera ser líder, sino que la situación en la que vivimos nos obliga a salir a pedir la gota de agua"
Durante los primeros meses del año, y del mandato de Micher Pérez, el Hospital San Agustín estuvo bloqueado; la pelea entre Pérez y la junta directiva por quién sería el nuevo gerente de la institución, dejó en el limbo a los trabajadores del hospital y a los más de 40 mil fonsequeros que debe atender el centro de salud.
En el momento más álgido de esta disputa, la Superintendencia de Salud visitó el hospital y encontró a los funcionarios en cese de actividades porque no habían recibido el pago de dos meses de salario. Además, estaba restringida la prestación de los servicios de hospitalización, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y consulta externa, y el servicio de urgencias era prestado únicamente para las que se consideraran urgencias vitales.
En medio del caos en el hospital, y de una auditoría atropellada en la que la entidad no entregó toda la información, la Supersalud evidenció lo que se venía denunciando desde hace tiempo: hay desorden a nivel administrativo, descuadres en la información financiera y presuntas irregularidades en algunos procesos de contratación.
Durante los días de auditoría, que fueron del 5 al 7 de marzo, la Supersalud registró 56 hallazgos en diferentes requisitos relacionados también con la opacidad en información pública, la conformación de la junta directiva, la infraestructura y sanidad, y la prestación de los servicios. La conclusión final es que el hospital no garantiza la prestación de los servicios de salud con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud: accesibilidad, seguridad, pertinencia y oportunidad, situaciones que representan un alto riesgo en la atención de los usuarios.
Con este panorama la Superintendencia le solicitó al hospital San Agustín entregar un plan de mejoramiento, que ya fue tramitado el 22 de mayo. Ahora dependerá de la entidad definir si es aprobado o no.
Los problemas del hospital se resumen en:
Lo primero que se confirmó es que el nombramiento por parte de la gerente Yelitza del Carmen Ayala, a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada, y el apoyo de la junta directiva a esta decisión fue una falta porque la gerente debe ser elegida por el alcalde, según el informe:
“La señora Yelitza del Carmen Ayala Redondo en su calidad de Gerente en propiedad de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca no tiene competencia para la expedición de la Resolución 696 del 21 de diciembre de 2023, toda vez, que al verificar las funciones del cargo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado, previstas en el artículo 4 del Decreto 139 de 199618 no establece la de nombrar o encargar al gerente, función que, de acuerdo con la ley, para el caso que nos ocupa le corresponde al alcalde municipal de Fonseca”, dice el documento. Que además asegura que la Junta Directiva también se extralimitó en sus funciones al ratificar el nombramiento. Por lo que la SuperSalud trasladará el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción de la Guajira para que investigue el hecho.
La Supersalud también encontró que la Junta Directiva no cumple con la conformación del número de integrantes y su reglamento no se ajusta a la normativa vigente. Esto se evidencia porque, por ejemplo, la profesional Lelia Maritza Amaya, integrante de la junta, tiene el título profesional de bacterióloga, lo que incumple el Decreto 780 de 2016, que establece que los integrantes de la junta no pueden tener título profesional en un área del conocimiento de las ciencias de la salud.
Además, evidenciaron que los miembros no se reúnen ordinariamente con la periodicidad establecida en el mismo decreto, es decir, cada dos meses. Y que no actualizan los estatutos ni han aprobado la planta de personal y sus modificaciones
Según un derecho de petición contestado a Consonante, el hospital tiene 21 funcionarios de planta y 140 contratistas directos. Con este panorama, la Supersalud encontró que hay contratos que se están pagando, pero que no se están cumpliendo con las funciones. Por ejemplo, aunque hay contratada una persona para el apoyo a la gestión del área de archivo, en el hospital no existe organización y custodia de archivos y los documentos se encuentran dispersos en distintas áreas de la entidad.
También hay contratos que no están permitidos. La ESE está contratando a personal del área asistencial, aseo y vigilancia mediante la modalidad de contrato individual de trabajo, vinculación que no está permitida por la normatividad.
A esto se suma que el hospital no publica todos los contratos en el Secop. Esto es importante porque permite conocer con quién se está contratando y de qué forma se están invirtiendo los dineros públicos, así como garantizar que los requisitos profesionales o técnicos de las personas o empresas contratadas se estén cumpliendo. Además es una obligación de las instituciones públicas.
Tampoco ha expedido, implementado, ni publicado el manual de contratación, que es el instrumento que dicta cómo se debe hacer la contratación al interior de la institución. "Eso puede facilitar que algunos procedimientos no sean adecuados, puede generar que no se contrate con una persona idónea para cumplir la labor que se está contratando, por ejemplo, o también la forma en la que se establecen los niveles salariales”, explica Mauricio Torres, docente de la Universidad Nacional del departamento de Salud Pública.
"Eso puede facilitar que algunos procedimientos no sean adecuados, puede generar que no se contrate con una persona idónea para cumplir la labor que se está contratando, por ejemplo, o también la forma en la que se establecen los niveles salariales”
Mauricio Torres, docente de la Universidad Nacional del departamento de Salud Pública
Respecto a los ingresos y a los gastos en la operación, la superintendencia encontró que los gastos operacionales del hospital superan a los ingresos en un 0,17 por ciento, es decir, por un valor de 21 millones de pesos. Esto evidencia, según el informe, que el hospital adquirió compromisos en 2023 “sin contar con una fuente cierta que respalde su pago”.
Durante 2023 el hospital recaudó 12.488 millones de pesos, pero gastó 12.509 millones. Esto, para la entidad, muestra que el hospital “presenta un desequilibrio”. Este desequilibrio puede causar, explica Torres, demoras en los pagos a los empleados o ausencia de insumos necesarios para la correcta prestación del servicio.
A esto se suma que durante 2022 y 2023, no utilizó el porcentaje mínimo de dinero legalmente establecido para el mantenimiento hospitalario, que debe ser del cinco por ciento del valor total del presupuesto de ingresos de la entidad. Es decir, el hospital tenía que invertir el año pasado 835 millones de pesos en el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, pero el presupuesto asignado para esta actividad fue solo 624 millones, del cual se ejecutaron al final 623 millones.
El hospital tenía que invertir el año pasado 835 millones de pesos en el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, pero el presupuesto asignado para esta actividad fue solo 624 millones de pesos.
La Superintendencia encontró también que hay “falta de verificabilidad y comprensibilidad de la información suministrada” respecto a lo que reporta el hospital al Estado a través del Sistema de Gestión Hospitalaria (Siho), y lo que recibieron en la auditoría. Por ejemplo, se observa una diferencia de $1.134 millones en el activo corriente en cuentas por cobrar durante 2022. Esto significa que no hay claridad sobre el dinero que el hospital tenía disponible para gastar en el año siguiente (2023), producto de los servicios prestados durante 2022.
"Puede haber diferencias entre las cifras registradas en un momento u otro porque en el proceso desde que presento la primera factura y cuando se llega a un acuerdo con el pagador, hay mucho tiempo, espacios y procesos de cambio. Es una cifra muy grande para un hospital tan pequeño, pero por eso no se puede asegurar que sí esté pasando algo"
Juan Carlos García, médico cirujano, doctor y magíster en Salud Pública, especialista en Gerencia Hospitalaria y especialista en salud ocupacional,
También hay diferencias en el reporte cartera por deudor incorporado, una diferencia de siete millones para el 2022 y de 1.043 millones de pesos para el 2023. Además, el hospital no entregó la información de acuerdo con lo solicitado por el equipo auditor, “situación que no permite efectuar un análisis razonable frente a la situación financiera de la ESE”, concluye el informe. También existen 792 ingresos pendientes de facturar, pero el hospital no entregó la información completa para verificar el valor correspondiente.
Sin embargo, para Mauricio Torres, esa falta de transparencia podría ser indicio de un mal uso de los recursos: “Eso es preocupante porque podría haber un escape de recursos. Si la institución no reporta todo en las cuentas formales, pero cobró, el dinero se puede estar quedando en otra parte, y podría haber procesos de corrupción”, agrega.
Al desorden en las cuentas se suma otra deficiencia alertada por los entes de control y vigilancia: el hospital no cuenta con un sistema de costos que le permita contar con herramientas para analizar y ofertar sus servicios. En otras palabras, el tarifario que maneja podría estar mal. Esto implica que la institución puede estar cobrando más, o menos, de lo que debería por los servicios que presta, y en la práctica, se puede estar perdiendo dinero.
Además, la ESE no publicó oportunamente el plan anual de adquisiciones vigencia 2023. Esta es la herramienta que permite saber, y hacer control, sobre cómo se va a gastar el presupuesto.
Al final, acuerdan los expertos, los problemas administrativos causan un precario servicio para los pacientes, y generan barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud. “Ese desorden administrativo que puede estar llevando, entre otras, a pérdidas de dinero, finalmente se refleja en los procesos de atención. Entonces por ejemplo, para cubrir las pérdidas pueden terminar reduciendo el personal asistencial y entonces puede haber mayores demoras en la atención y disminución en la calidad de la misma”, comenta Torres.
La Supersalud evidenció, por ejemplo, que el hospital no presta servicios acorde a lo reportado como habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps). Entre ellos la prestación del servicio de diagnóstico vascular, en donde se utilizan métodos y procedimientos para el diagnóstico de enfermedades o disfunciones del sistema cardiovascular.
Tampoco tiene un área para el cuidado básico Neonatal, que incluye la asistencia en el momento del parto, la atención de los recién nacidos con sus madres y la de los bebés enfermos que necesitan cuidados médicos. Esto a pesar que, según lo reportado a Consonante, se han atendido 13 partos en lo que va del año.
Además, lo que reportan al Ministerio de Salud es diferente a lo que realmente funciona: dicen que tienen cuatro ambulancias pero realmente solo tres funcionan. Dicen que tienen tres cunas para el cuidado básico neonatal, pero no hay ninguna. Reportaron que tienen cuatro camillas para la observación de adultos pero solo tienen dos. Tampoco se realiza el proceso del triage en urgencias y en esta área el único baño que hay está sellado.
La infraestructura del hospital es precaria: hay falta de control de temperatura y humedad en el almacenamiento de insumos y dispositivos médicos, deficiencias en la limpieza y desinfección en urgencias y hasta medicamentos vencidos. Además, la estación de enfermería está “en inadecuadas condiciones de higiene y mantenimiento”. Hay telarañas, insectos y alta humedad.
Según lo reportado a Consonante, en el hospital hacen falta medicamentos básicos para la atención de los pacientes: no hay acetaminofén, azitromicina, ácido acetilsalicílico, ampicilina, dipirona magnesica, entre otras. También hacen falta jeringas, catéteres o nylon.
Adicionalmente no hay atención con enfoque diferencial, para el caso de: grupos de edad (niños y niñas en desnutrición), género, grupos poblacionales prioritarios (gestantes), víctimas del conflicto armado o poblaciones indígenas que hacen parte del territorio. Ni hay instalaciones aptas para personas en condición de discapacidad.
Cuando un paciente llega al hospital, además, no queda un buen registro de su atención. No se registran los signos vitales completos, no indagan en los antecedentes completos y algunos registros no concuerdan. La conclusión más grande de la Superintendencia es que “La ESE Hospital San Agustín de Fonseca NO garantiza la seguridad del paciente”.
“La ESE Hospital San Agustín de Fonseca NO garantiza la seguridad del paciente”
Informe Superintendencia de Salud.
El 16 y 17 de mayo, varias comunidades indígenas de los pueblos Embera Dóbida, Katío, Chamí, entre otros, se manifestaron bloqueando la transversal Quibdó-Medellín a la altura de El 11 en El Carmen de Atrato. Este es el tercer paro en menos de cinco semanas: el 3 de abril, la minga bloqueó la Gobernación del Chocó y el 7 de mayo bloquearon las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.
El motivo de los bloqueos no es nuevo. Desde septiembre de 2023, cuando la ministra de Educación, Aurora Vergara, se reunió con la Mesa Indígena del Chocó, se preveía este problema: había 30.000 millones de pesos de deuda, que se deberían pagar al finalizar el año a los 17 operadores que agrupan a los docentes indígenas en todo el departamento, pero no se sabía de dónde iba a salir el dinero.
“La Gobernación del Chocó girará $2.500 millones antes del 10 de octubre de 2023 y explorará las cuentas departamentales y otras fuentes de financiación como recursos de regalías con el fin de cubrir el déficit existente estimado en $30 mil millones”, dice uno de los acuerdos de la reunión.
Desde ese momento la deuda, que representa el salario de los últimos meses de 2023 de los docentes y administrativos indígenas (además de liquidaciones y otras prestaciones), se convirtió en un problema para las comunidades y para la Gobernación, que tuvo que asumir una deuda que no le correspondía y ha tenido que lidiar con problemas jurídicos para poder usar los recursos.
En cada uno de los paros se han definido posibles fechas para el pago, pero las comunidades denuncian que no se han cumplido. “En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”, dice Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
“En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”
Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
La Gobernación asegura que no se comprometió a pagar en una fecha específica, y que ahora el retraso también es responsabilidad de algunos operadores que no han hecho la documentación adecuada para poder recibir el pago. “El acta lo que dice es que yo iba a hacer toda la gestión al 30 de abril para el pago. Que tenía que ver con la incorporación del recurso, y yo lo hice. No dije que pagaba el 30, dije que hacía el proceso para el pago. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se demora cada organización en comprobar los requisitos de ley para que estén aptos para el pago. No voy a pasar por encima de la norma por cumplir con una demanda que, además, está poniendo de condición el cierre de la vía”, explica Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del departamento.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre las fechas, la situación revela un problema más profundo: hay problemas en la administración de los recursos, de por sí limitados, para la educación de las comunidades indígenas de todo el departamento, lo que termina poniendo en riesgo la prestación del servicio educativo para 35.700 estudiantes.
Según el decreto 2500 de 2010, la ruta para pagar a los profesores indígenas funciona así: los recursos salen del Gobierno Nacional y la entidad certificada en educación (para el caso del Chocó, es la Gobernación) es la encargada de administrar ese dinero pagándole a los operadores indígenas, es decir, a los cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales y/o organizaciones indígenas, quienes son los que contratan y agrupan a los docentes.
Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) tiene casi 200 docentes contratados para prestar los servicios educativos en El Carmen de Atrato, Lloró, Bojayá, Pizarro y Certeguí. Por su parte, la Asociación Orewa tiene 490 docentes, además de personal administrativo como consejeros, fiscal, tesorero, entre otros. Y tienen presencia en Tadó, Bagadó, Alto y Bajo Baudó, Unguía, Riosucio, Juradó, Bahía Solano y otros municipios.
El año pasado, el Gobierno Nacional le aseguró a la Gobernación, que en ese momento estaba en manos de Ariel Palacios, que no podía dar esos 30.000 millones de pesos porque el departamento no envió la información necesaria para el pago a tiempo. Esto obligó a la Gobernación a hacerse cargo de la deuda.
“Yo le dije al propio viceministro y a la doctora Aurora que no estábamos de acuerdo con eso. La verdad es que, si con la gobernadora hubiéramos estado en su momento en la posición que estamos ahora, no lo hubiésemos permitido. Vamos a adelantar todas las acciones jurídicas que sean necesarias para hacer que el Gobierno Nacional reconozca ese dinero, pero mientras tanto nos toca pagar”, cuenta Yina Paola Reales, secretaria de Educación actual.
Sin embargo, cuentan desde la Gobernación que el dinero del departamento no era suficiente para asumir esa deuda. “Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”, agrega Reales.
“Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”
Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
Por eso, desde finales del año pasado se decidió que los 30.000 millones de pesos saldrían finalmente de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). El Fonpet es un fondo general donde van los ahorros pensionales y cuando una entidad llega a tener el 125 por ciento de su pasivo pensional cubierto, los excedentes pueden ser retirados para ser invertidos en educación, salud y sector central.
El Ministerio de Hacienda es el encargado de manejar los recursos del Fonpet, y era su responsabilidad retirar el dinero el año pasado para que el pago de los 30.000 millones de pesos se pudiera hacer este año. Sin embargo, desde la Gobernación explicaron que no fue sino hasta abril que se giró el dinero. Después de eso, la Asamblea tuvo que incorporar los recursos para que la Gobernación pudiera pagar, lo que demoró en trámites administrativos otro tiempo más.
Sin embargo, a pesar de que el dinero -al parecer- ya estaba listo, había otro problema: los recursos del Fonpet solamente se pueden usar para inversión y no para pagar deudas. Al haber entrado el dinero durante este año, y no el año pasado, se estaría usando para cubrir un déficit, lo que causaría problemas legales. “Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, solicitar conceptos al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”, explica Córdoba Curi.
“Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación, y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”
Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del Chocó.
“Nosotros, al ver que no nos contestaban con claridad en el Gobierno Nacional, que además son los que tienen la vocación para hacerlo, pues empezamos a buscar con abogados tributaristas alguna alternativa para lograrlo sustentar y, financieramente hablando, eso ya lo tenemos de alguna manera sustentado con los recursos jurídicos que tenemos”, puntualiza la gobernadora.
Sin embargo, según la Gobernación, ahora el problema es que varias organizaciones se han demorado en entregar las cuentas de cobro con todos los documentos de soporte. Mientras que las comunidades dicen que no les notificaron desde el inicio que había problemas con las cuentas. Por ahora, la gobernadora aseguró que desde el 17 de mayo se empezaron a pagar a las organizaciones que sí tenían todo en regla.
Los docentes indígenas han vivido este problema desde hace varios años. Durante la administración de Jhoany Carlos Alberto Palacios, una minga se tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación del Chocó alegando que les debían tres meses de sueldo a 600 empleados directos y sus familias durante 2019. Lo mismo se repitió en marzo de 2023 cuando las comunidades reclamaron el pago de los sueldos de noviembre y diciembre de 2022.
Cada vez que esto pasa los docentes y sus familias no tienen dinero para comprar comida, ir al hospital, o movilizarse. “La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”, dice Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato. En ese municipio hay 80 docentes en la misma situación.
“La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”
Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato.
En muchos casos tampoco tienen el dinero de los viáticos para movilizarse hacia las instituciones educativas, lo que ha causado que se dejen de dictar clases en algunas escuelas. “Algunos no son indígenas, son afro que van desde Quibdó. También hay centros que están muy retirados y allá es difícil para uno conseguir la liga, como el arroz o el aceite. Además hay profesores que no tienen cómo movilizarse de aquí hacia la zona”, comenta Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
A esto se suma que además de los salarios, los operadores han invertido en kits escolares o mobiliario para las escuelas, y no han podido pagar esas deudas. “Necesitamos que cumplan con todo el pago, que no sigan vulnerando nuestros derechos, los derechos de los que estamos al servicio de educación a los niños”, puntualiza Humberto Tequia.
Son aproximadamente 1.800 docentes indígenas en todo el Chocó que están afectados por esta situación, y 35.700 estudiantes que viven en la incertidumbre de qué va a pasar con sus clases cada vez que sus profesores no reciben salario. Desde Asorewa reconocen que el trabajo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder es de parte y parte “Los documentos que requieren de nosotros desde la Secretaría de Educación deben estar al día y que ellos también se pongan al día”, dice Valencia.
Desde Fedeorewa, además, piden más celeridad en los trámites de la Secretaría de Educación: “En estos días vamos a hablar con la gobernadora para saber qué podemos hacer. La culpa no está tanto en la Gobernación, sino más en la Secretaría de Educación. Nosotros hacemos los informes pero cualquier novedad que nos piden no se responde rápido, se demora 20 días o un mes, cuando ya nos ponemos a preguntar. Cuando ya llega a las manos de la Gobernación ahí si no se demoran ni un día para pagar”, explica Marco Tulio Tequia, representante legal de la Federación.
El primer día de cada mes algunos estudiantes de las escuelas de San Vicente del Caguán desayunan chocolate con leche, una porción pequeña de huevo con cebolla y tomate, y una tajada de plátano maduro. Otros reciben una bolsa de avena, un pastel, o galletas cracker y -a veces- una naranja, una mandarina o una tajada de mango. Los demás no desayunan.
En el municipio funcionan dos tipos de alimentación escolar: algunos platos se preparan en los restaurantes escolares de las instituciones con los insumos que entrega el contratista. Y en otros casos los y las estudiantes reciben la “ración industrializada”, es decir, alimentos que ya vienen preparados, como avena o leche en bolsa, pasteles sin cobertura o galletas de soda tipo cracker. Esta modalidad se implementa en casos donde la infraestructura de la sede educativa no permite la preparación de los alimentos directamente en las instalaciones del comedor escolar.
Aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue diseñado para ser un complemento, y hace parte de una estrategia del Estado para contribuir con la permanencia de los estudiantes en las escuelas, para cientos de niños, niñas y adolescentes la comida que reciben durante la jornada escolar es la más importante del día.
En San Vicente del Caguán solamente 8.531 estudiantes reciben alimentación escolar, según datos actualizados en abril de este año por la Gobernación del Caquetá. Es decir, que diariamente 3.607 alumnos de las instituciones educativas oficiales se quedan sin recibir este beneficio por falta de presupuesto.
El operador encargado de entregar los insumos y la alimentación en los 15 municipios no certificados del departamento es la Unión Temporal Unidos por el Caquetá 2024. El contrato, por más de 20.000 millones de pesos, implica la ejecución del programa durante 104 días del calendario escolar.
El complemento de la mañana preparado en sitio le cuesta a la Gobernación 4.710 pesos, y el almuerzo 6.484 pesos. Mientras que el industrializado vale 5.138 pesos. Estos menús, aseguran, cumplen con los mínimos nutricionales definidos por el Ministerio de Educación a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa).
Y aunque en el papel todo parece funcionar bien, en la realidad de las escuelas los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a varios problemas: raciones pequeñas e insuficientes para cubrirlos a todos, alimentos en mal estado y retrasos.
En San Vicente del Caguán la alimentación escolar no llega a todos los estudiantes de las escuelas oficiales. En la institución educativa rural Los Fundadores, por ejemplo, solamente reciben alimentación escolar 62 de los 127 estudiantes que asisten a la escuela. Es decir, cada día más de la mitad de los alumnos se queda sin este complemento.
La situación se repite en casi todos los colegios. En la Institución Educativa Rural Arenoso - Sede La Pradera solamente 119 niños, de los 165 que hay, reciben la alimentación. “Recuerdo que hace muchos años a la población estudiantil le llegaba para el desayuno y el almuerzo, sería súper excelente que el gobierno pensara en generar este beneficio para nuestros niños y así estaríamos nosotros como institución garantizando la permanencia de los estudiantes en el proceso”, comenta Amelia Cuellar, rectora de la Institución Educativa Rural Cristo Rey Antonio Nariño.
En total, conforme a los datos de matrícula registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil -Simat-, en el municipio hay 12.138 estudiantes matriculados. De esos, solamente 8.531 reciben el PAE, es decir, el 70,28 por ciento de la población estudiantil.
Para decidir quiénes reciben, o no, la alimentación escolar, la Uapa definió varios criterios: en primer lugar se deben priorizar todos los grados de las sedes educativas que tengan jornada única, los cuales deben ser cubiertos al 100 por ciento. Para las demás jornadas se prioriza el nivel preescolar de todas las sedes educativas, que también deben ser cubiertos en su totalidad.
En segundo lugar se priorizan las sedes educativas ubicadas en el área rural y las sedes educativas urbanas donde más de la mitad de los estudiantes matriculados sean población étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad. En estas sedes, se deben priorizar progresivamente los grados inferiores, hasta llegar a cubrir el toda básica primaria, continuando con los grados superiores.
Y por último, las sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar ingresos, determinada por el grupo de Sisbén (desde grupo A hasta grupo D), priorizando progresivamente los grados inferiores hasta cubrir básica primaria y continuando con los grados superiores.
Aunque no esté estipulada la obligatoriedad del Estado para cubrir a todos los estudiantes, y este problema no es exclusivo de San Vicente, la comunidad señala que para que la política pública cumpla su objetivo debe cubrir el cien por ciento de la población estudiantil. Rectores y docentes reconocen que atienden a población de bajos recursos y muchas familias no cuentan con suficiente dinero para ofrecer una alimentación de calidad a sus niños y niñas. Esto demuestra que las políticas sociales del Estado son insuficientes para garantizar los derechos de todos los niños y niñas.
Esto pasa, según la Unidad de Alimentos para Aprender -Uapa-, entidad adscrita al Ministerio de Educación y encargada del PAE, porque el dinero para financiar el programa en todo el país no es suficiente. “A pesar de la concurrencia de los recursos referidos es importante señalar que los mismos no alcanzan para tener una cobertura del 100 por ciento de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial”, responden desde la Uapa.
Esto a pesar de que el PAE se financia con recursos de diferentes fuentes: del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, los recursos que adquiera o sean transferidos por la Nación o las entidades descentralizadas territorialmente, los recursos propios de los territorios, los de cooperación internacional, donaciones, auxilio o los que le sean asignados en el Presupuesto General de la Nación. Para este año, el primer giro de la Uapa para cofinanciar el PAE en las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación fue de 344.000 millones de pesos.
Además del problema de cobertura, algunos rectores y estudiantes han manifestado que las cantidades que reciben son muy limitadas. “El PAE es muy importante para nuestros niños y familias, pero tiene muchas falencias, una de ellas es que las raciones son mínimas y los niños vienen de lejos, muchas veces sin desayunar”, agrega Cuellar.
“Esta alimentación es muy importante debido a que algunos niños vienen sin recibir alimento alguno de sus casas, además de que la jornada es hasta tarde y vienen bastantes niños del campo. Pero son muy pocas las cantidades para el número de niños”
Dennis Torres, docente de la I.E.R. Arenoso, Sede La Pradera.
A pesar de que las clases iniciaron el 22 enero, el PAE solamente empezó a funcionar hasta el 5 de marzo. “Este programa, como bien lo dice el gobierno, inicia desde el primer día del calendario académico, pero desafortunadamente en nuestra institución inició el 5 de marzo y con muchas dificultades”, dice Amelia Cuellar.
Además del mes de retraso, en algunos casos los productos llegaron incompletos y las manipuladoras de alimentos tuvieron que encontrar la forma de mediar la situación. “Tocó hacer un ejercicio de balanceo y poder mirar cómo podíamos cumplir con este alimento para nuestros niños porque es de suma importancia, los niños vienen de veredas cercanas al centro poblado, entonces salen desde muy temprano de sus casas y llegan muy tarde”, agrega la rectora.
A esto se suman varias denuncias por el pago precario que reciben las manipuladoras de alimentos por su trabajo. Este valor depende de la cantidad de raciones que tengan que entregar o preparar, por lo que el valor termina siendo muy desigual. “Como tenemos poquitas raciones obviamente el valor que le van a cancelar a las manipuladoras es demasiado bajo y es muy complicado encontrar en nuestra región alguien que trabaje por los precios que da el operador”, agrega Cuellar.
“Como tenemos poquitas raciones obviamente el valor que le van a cancelar a las manipuladoras es demasiado bajo y es muy complicado encontrar en nuestra región alguien que trabaje por los precios que da el operador”
Amelia Cuellar, rectora de la Institución Educativa Rural Cristo Rey Antonio Nariño.
En la I.E.R Los Fundadores, por ejemplo, trabajan dos manipuladoras de alimentos que reciben aproximadamente 10.000 pesos por día trabajado. Mientras que en instituciones con mayor volumen de beneficiarios, el valor es mucho más alto. "Nosotros por el momento estamos ganando por el día trabajado 39.200 pesos. Para mí está bien el pago y el horario es bien", dice Carmenza Parra, manipuladora de alimentos de la Institución Educativa Verde Amazónico.
A esto se suma las denuncias de problemas en la infraestructura de los comedores escolares, las cocinas y, en general, las condiciones en las que se alimentan los niños.
Algunas escuelas han recibido frutas en estado de descomposición y verduras golpeadas o dañadas. “La fruta llegaba en muy mal estado y por eso ya no se está dando”, explica Edgar Josué Villacriz, coordinador de la I.E.R Los Fundadores. Esta situación se denunció también en otros municipios de Caquetá.
Incluso, en abril la Asamblea citó a un debate de control político sobre el PAE al departamento y al contratista. Esto, cuenta el diputado Wilman Fierro, después de que un grupo de veeduría departamental hiciera varios reparos sobre el programa, además de que un estudiante de Belén de los Andaquies resultara intoxicado por un alimento que había recibido en su escuela. “Lo que realmente rebosó la copa fue una intoxicación, infección intestinal por posible causa de una leche o una avena que se tomaron unos menores de una familia”, comenta el diputado.
“Lo que realmente rebosó la copa fue una intoxicación, infección intestinal por posible causa de una leche o una avena que se tomaron unos menores de una familia”
Wilman Fierro, diputado.
Otra de las cosas a mejorar es la pertinencia de los alimentos. Según los lineamientos, expedidos por la Uapa, para la planificación de los menús es necesario tener en cuenta aspectos que van más allá de la composición nutricional e inocuidad del alimento, como: variedad, textura, consistencia, color, sabor, forma, humedad de los alimentos, y sus métodos de cocción. Y sobre todo, debe responder al contexto social y cultural de los y las estudiantes, pero esto se queda en el papel.
“El desayuno es un poco variado, son cuatros minutas, cada una compuesta por cinco días de la semana y es elaborada por los ingenieros de alimentos. Pero no cumple con las características de nuestra región. Además nuestros niños están acostumbrados a consumir una porción de alimento más grande”, explica Amelia Cuellar.
En una ceremonia presidida por el alcalde Juan Carlos Palacios, el 1 de abril se posesionó oficialmente como nueva gerente de la E.S.E. Hospital San José de Tadó la exalcaldesa Yocira Lozano Mosquera quien, además, ha sido gerente de la institución en otras dos ocasiones. Del 2006 al 2008 fue gerente encargada y luego fue elegida gerente en propiedad de 2009 a 2012 por el entonces alcalde Aulio Cesar Ledezma.
A pesar de que ha pasado un mes desde la posesión, el ex gerente Everth Casas, designado por el entonces alcalde Cristian Copete, solo inició las conversaciones para hacer el empalme hasta hoy (6 de mayo). Como consecuencia, en el municipio no hay información sobre la situación real del hospital. Actualmente están funcionando los servicios de consulta externa, medicina general, los programas de prevención y promoción, laboratorio clínico, rayos X, odontología, urgencias y hospitalización, sin embargo, no hay claridad frente a la situación financiera del hospital, ni el estado del proceso de saneamiento.
“El gerente me dijo que el hospital tenía una deuda de 3.200 millones de pesos, pero no está clara esa información financiera. No sabemos cuánto se debe a proveedores, ni al talento humano. Tenemos procesos judiciales de proveedores y laborales por los salarios que se han dejado de pagar, pero las cuentas no están claras”
Yocira Lozano, gerente del hospital.
Según la Ley 951 de 2005, es obligación de todos los servidores públicos entregar un informe al salir del cargo, en un plazo de 15 días hábiles. “Al separarse de sus cargos, al finalizar la administración o al ser ratificados en el mismo al término del período, según el caso, presenten un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones”, dice el texto.
“Todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer una debida entrega de nuestro cargo. Si eso no pasa una vez la gerente haga un inventario de lo que está recibiendo, debe levantar un acta e informar a las autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, de cómo es el estado del hospital que ella recibió”, explica Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental.
Esta no es la primera vez que hay opacidad en la entrega del hospital. Durante la administración de Cristian Copete por la gerencia pasaron tres personas: Anny Katherine Yurgaky, quien se desempeñó como gerente durante un poco más de dos años; Vanessa Córdoba, quien se retiró entre rumores de discordia con el entonces alcalde y Everth Casas, quién terminó el periodo.
En diciembre de 2022 Córdoba le dijo a Consonante que a pesar de llevar cuatro meses en el cargo, no había podido asumir su rol porque tampoco hubo empalme: “No hemos recibido el hospital a cabalidad, porque no hay claridad sobre el estado financiero, ni de la compra de equipos biomédicos, las ambulancias y el pago de los salarios de algunos funcionarios”.
Una de las tareas de Casas era la de responder a los hallazgos de la SuperSalud después de la salida de Vanessa Córdoba como gerente. Entre esos estaba el desorden en las cuentas que llevaron a la SuperSalud a declarar que los estados financieros del hospital no eran confiables, además no existía una política contable que les permitiera registrar y evaluar de manera adecuada la situación económica del hospital. Tampoco contaban con una herramienta para llevar el control de su inventario y el stock.
La E.S.E. Hospital San José de Tadó lleva más de 10 años en crisis. Es una entidad de primer nivel, que cuenta actualmente con 44 empleados que atienden problemas de salud de baja severidad. Según el reglamento del Ministerio de Salud, deben prestar los servicios de: urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, odontología general, sala de partos, transporte asistencial básico y medicina general.
Aunque no se tiene información exacta, según la Gerente, el hospital recibe mensualmente cerca de 204 millones de pesos provenientes de Comfachocó. Y un poco más de 100 millones por parte de la Nueva EPS. Además de contar con un presupuesto de 9.000 millones de pesos que se invierten en gastos administrativos, asistenciales y el sostenimiento de la nómina y prestaciones sociales.
Sobre las deudas no hay nada claro. En 2022, la entonces gerente Vanessa Córdoba le aseguró a Consonante que el hospital tenía viabilidad, pero que se necesitaba una reestructuración del pasivo para sanear la deuda que superaba los 2.000 millones de pesos.
“Como el hospital estuvo en un proceso de saneamiento fiscal, lo que estamos esperando es que en esta transición de administración en el hospital la gerente pueda darnos un informe a la junta detallando cuál es la situación de sus pasivos y en qué se encuentra este tema de la deuda”, comenta Brenda Mosquera, coordinadora de salud.
Además, ha llegado inversión desde el Ministerio de Salud, cuando en 2023 aprobó dos ambulancias básicas con una inversión de 509 millones de pesos; una solicitud que venían haciendo los tadoseños desde hace varios años. Las ambulancias llegaron al municipio durante la última semana de marzo y empezaron a funcionar después del 9 de abril.
Para suplir la falta de equipos médicos, mediante la resolución No 002014 del 29 de noviembre 2023 el Ministerio de Salud destinó 34 mil millones de pesos para varios municipios del país, dentro de ellos Tadó, para financiar los programas de fortalecimiento del nivel primario y la infraestructura y atención de emergencias. “El hospital hoy no tiene deficiencias de equipo estamos en recibimiento de un proyecto cerca de 3.200 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos. Estamos bien dotados de equipos, nos falta mirar la parte eléctrica para que los equipos no se nos dañen”, asegura la gerente.
“El hospital hoy no tiene deficiencias de equipo estamos en recibimiento de un proyecto cerca de 3.200 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos. Estamos bien dotados de equipos, nos falta mirar la parte eléctrica para que los equipos no se nos dañen”
Yocira Lozano
El problema más grave del hospital ahora es la planta física, que presenta problemas en sus techos, tiene humedad y requiere adecuaciones para cumplir la norma. El plan de la nueva gerente es presentar un proyecto para conseguir los recursos que permitan la adecuación:
“El proyecto de construcción de la planta física no se ha realizado ni formulado, se han venido generando unos pasos a pasos que requiere el ministerio, para el día 8 de mayo tengo la reunión en Bogotá para empezar con la formulación del proyecto, esa es una de mis prioridades”, agrega.
La Secretaría de Salud Departamental tiene conocimiento sobre la demora en el empalme. Sin embargo, aseguran que esto no debe causar traumatismos en la atención a los pacientes. “Como no se ha realizado el proceso puede que a la nueva gerente se le dificulte conocer en qué etapa está cada uno de los procesos administrativos que venía llevando el anterior gerente. Pero nosotros esperamos que la prestación del servicio como tal en ningún momento se vaya a ver afectada por esta situación”, dice Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental.
"Nosotros esperamos que la prestación del servicio como tal en ningún momento se vaya a ver afectada por esta situación”
Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental
La Secretaría, según afirma Córdoba, hará un acompañamiento cuando la gerente lo solicite formalmente para asegurar que el servicio, de cara a los usuarios, no se vea afectado.
La alcaldía ha solicitado en varias ocasiones, según afirma la coordinadora de salud, que se haga el empalme. “Se han hecho las solicitudes respectivas para que el empalme sea armonioso. Pero no tengo conocimiento de por qué no se ha hecho entrega. Hay que esperar que en la junta nos entreguen el informe de lo que pasa, puede que las posiciones de uno y de otro sean distintas”, dice Brenda Mosquera.
Por su parte, algunos concejales del municipio tienen planeado llamar a Yocira Lozano a rendir informes sobre el estado del hospital durante el mes de mayo. Aseguran que ellos, y la comunidad, tiene expectativas altas sobre su gestión.
“No sabemos en qué estado va el proyecto de la planta física de la E.S.E., vamos a llamar al concejo a la doctora Lozano para que nos explique algunos aspectos sobre el mismo, en algún momento nos informó que hasta la fecha no ha recibido el hospital y por estas razones no tiene conocimiento de algunas cosas”
Luis Eduardo Moreno, concejal
Moreno agrega que en el municipio hay poca información sobre el funcionamiento de la institución: “Hoy no sabemos cuál es la deuda del hospital, para ello se necesita una persona juiciosa que maneje bien los recursos. No sabemos cuántos empleados tiene el hospital, ni cuántos necesita para su funcionamiento”
El segundo período académico del año escolar ya inició, sin embargo, cerca de 200 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza y Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro en Tadó no han recibido clases de matemáticas, inglés, español, ni contabilidad. En las dos instituciones faltan cuatro docentes, por ende, decenas de estudiantes empezarán sus prácticas empresariales y presentarán el icfes sin ver las materias necesarias para una formación completa que garantice un buen desempeño. El panorama se repite a lo largo de los 30 municipios no certificados del departamento, donde faltan aproximadamente 500 docentes, según cálculos de la Secretaría de Educación.
“Según los requerimientos que yo he recibido, hay solicitudes de 500 docentes que se necesitan en el departamento. A lo que nosotros no tenemos cómo suplir porque es el Ministerio de Educación el encargado de permitir y pagar por esas contrataciones”, dice Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
La situación tiene preocupada a toda la comunidad. El 8 de abril más de 630 estudiantes de la Institución Santa Teresita, del corregimiento El valle, del municipio de Bahía Solano, entraron en paro indefinido por la falta de dos docentes. Y el 23 de abril el consejo estudiantil, la contralora y la personera de Nuestra Señora de la Pobreza de Tadó lideraron una protesta en la que reclamaron por la falta de profesores.
“El día que salimos a la protesta logramos ser escuchados por las autoridades municipales. Ellos se comprometieron a solucionarnos esta problemática hasta el 15 de mayo, pero no veo mucho movimiento a ese acuerdo. Mis compañeros estudiantes están muy pendientes a la solución de esta problemática, de lo contrario, estamos dispuestos a salir a las calles nuevamente, a reclamar nuestro derecho a la Educación”, dice Keira Daliana Ibargüen, contralora del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.
"(...)Mis compañeros estudiantes están muy pendientes a la solución de esta problemática, de lo contrario, estamos dispuestos a salir a las calles nuevamente, a reclamar nuestro derecho a la Educación”
Keira Daliana Ibargüen, contralora del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.
Aunque en casi todos los municipios faltan docentes, la situación más crítica la tiene la zona del Darién, conformada por los municipios Acandí, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía; y los Baudoes: Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó. “Tenemos colegios en este momento donde los niños se están graduando sin ver matemáticas, sin ver biología o química. Es una exigencia al Gobierno Nacional, así sea hacerlo por fases, pero hay que darle al Chocó los docentes que se necesitan”, denuncia Reales.
Actualmente en el Chocó hay 647 puestos administrativos y 3.853 docentes, un cupo que no ha aumentado desde 2017, cuando la educación estuvo intervenida y manejada directamente por el Ministerio de Educación. “Desde que nos entregaron nuestra planta está reducida en más de un 50 por ciento de cómo funcionaba cuando estaba intervenida, los recursos también. Por ejemplo, cuando estaba intervenida, los recursos para aseo y vigilancia eran para todos los meses del calendario escolar, ahora solamente nos habilitaron tres meses para este año. Cuando le devuelven la educación al departamento la devuelven con restricciones”, explica la funcionaria.
“Desde que nos entregaron nuestra planta está reducida en más de un 50 por ciento de cómo funcionaba cuando estaba intervenida (por el Ministerio de Educación), los recursos también.
Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
A pesar de que desde 2017 la población estudiantil ha aumentado, según cifras del Sistema de Matrícula Estudiantil –Simat–, este año hay 116.653 estudiantes matriculados, 4.883 más que el año anterior (111.770) y 10.581 estudiantes más que los que había en 2019 (106.072).
La única forma de que la Gobernación pueda incluir un docente nuevo es que uno de los 3.853 actuales fallezca, renuncie o se jubile. En esos casos, el docente se nombra solo con el aval de los Consejos Comunitarios o de las Asociaciones Indígenas. En el departamento solo los municipios San José del Palmar y El Carmen de Atrato participan en el concurso docente nacional. Al final, aumentar la planta docente es decisión única del Ministerio de Educación Nacional.
“Finalmente es el Ministerio de Educación quien les paga a los docentes, nosotros como departamento no tenemos cómo asumir una carga prestacional de 500 docentes y ninguna entidad territorial lo hace. Hasta que el Ministerio de Educación no nos amplíe la planta en el Chocó nosotros nunca vamos a tener los docentes completos”, agrega Yina Reales.
Con este panorama la Secretaría de Educación está haciendo un estudio técnico de parámetros para definir la cantidad de docentes exacta que se necesita en el departamento. Esto depende de la matrícula, las horas de clase y el modelo de educación de cada escuela. Por ejemplo, en el caso de la educación rural el modelo es flexible, lo que significa que para primaria un solo docente dicta todas las asignaturas. Y en secundaria, de acuerdo al número de estudiantes, pueden ser uno o dos profesores. Esa información será enviada al Ministerio de Educación, quien se comprometió a resolver el problema.
“La verdad que nosotros con el estudio técnico hacemos lo que nos compete, ya el tema de nombramientos es directamente con el Gobierno Nacional, ellos ahí nunca nos han dicho tiempos. Nosotros, entendiendo cómo funciona lo público, aspiramos que sea en esta administración, pero la verdad no sabemos”, puntualizan desde la Secretaría.
A la falta de docentes se suman los retrasos en los pagos de los profesores indígenas, quienes no han recibido el sueldo correspondiente al año 2023, por un valor de 30.000 millones de pesos. En señal de protesta, el miércoles 3 de abril varias comunidades indígenas del departamento se manifestaron bloqueando la entrada a la Gobernación del Chocó y a la Secretaría de Educación del departamento, en Quibdó.
Aunque ese dinero proviene del Ministerio de Educación, por retrasos de la administración anterior en la Gobernación, la deuda debió asumirla el departamento a través de recursos del FONPET. Según la Secretaría de Educación, la demora final ha sido responsabilidad del Ministerio de Hacienda, quien no desembolsó los recursos del fondo a tiempo. “En este momento nos encontramos haciendo el proceso para que ellos puedan hacer efectivo su pago, en la Minga quedó que este pago debería estar listo de aquí al 30 de abril, pero sé que nos va a tomar más tiempo hacerlo por temas administrativos. Así que podemos estar preparados para que en cualquier momento las comunidades indígenas se manifiesten nuevamente”, agrega la funcionaria.
La falta de docentes no solo ha hecho que los y las estudiantes vean menos clase, sino que hay problemas de convivencia en los colegios. Además algunas Instituciones Unitarias, es decir, las que dependen de un docente para funcionar, no han abierto en todo el año.
“No vienen recibiendo la oferta educativa y con ello hay deficiencias en la adquisición de competencias que deriva en bajos desempeños e incertidumbre ante las pruebas de Estado Saber 11. También afecta el proyecto educativo institucional (PEI) al no cumplir con el plan de estudios y la jornada escolar en la secundaria y media”, explica Francisca Mosquera, docente de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, de Tadó.
En la institución de Nuestra Señora de Fátima, de Playa de Oro, en el 2023 se graduaron los estudiantes de once sin ver matemáticas los últimos meses del año. Hoy, casi a mitad de año, la docente sigue sin llegar. “Frente al docente de matemáticas desde el año 2023 venimos solicitando a la secretaría la asignación del docente ya que la docente que trasladaron tenía su carga completa, en el año 2024 hemos reiterado las solicitudes”, comenta Carlos copete, rector de la institución.
En la escuela Nuestra Señora de la Pobreza no hay docente del énfasis comercial, modalidad de la institución. Esto ha causado que los estudiantes vayan a prácticas sin tener los conocimientos necesarios. “Los estudiantes, en lo que ha transcurrido del año, no han tenido clases de algunas asignaturas propias de la modalidad. Los de undécimo grado están realizando sus prácticas empresariales y los de décimo grado a partir del mes de mayo inician las prácticas empresariales y las asignaturas de la modalidad son nuevas para ellos”, puntualiza Mosquera.
“Los estudiantes, en lo que ha transcurrido del año, no han tenido clases de algunas asignaturas propias de la modalidad. Los de undécimo grado están realizando sus prácticas empresariales y los de décimo grado a partir del mes de mayo inician las prácticas empresariales y las asignaturas de la modalidad son nuevas para ellos”
Francisca Mosquera, docente de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza
“Señores Secretaría de Educación Departamental, envíenos los profesores que nos faltan, su ausencia nos está perjudicando y mucho más a los de la media técnica, pues ya vamos saliendo y necesitamos ese conocimiento porque además de que nos sirve para la vida, nos toca presentar la pruebas Icfes”, comenta Yenifer Paola Ampudia, personera estudiantil del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.
A esto se suma que los grupos que se quedan sin docentes generan indisciplina en la jornada escolar. “Afecta notablemente los procesos institucionales ya que los horarios están generados y un grupo sin maestro genera problemas de convivencia”, explica Copete.
“La falta de docentes origina indisciplina, ya que los estudiantes no aprovechan las horas sin clases para hacer tareas, sino que forman un bullicio y eso perjudica al resto de estudiantes ya que no les permite escuchar las explicaciones de los profesores que están”, agrega Ampudia.
Los profesores denuncian que además de la falta de profesores, en ninguna de las instituciones educativas de Tadó hay psicólogos. “También acá tenemos el faltante de psicólogo, acá no hay psicóloga en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, ni en ninguna de las cuatro instituciones. Eso afecta mucho el proceso”, denuncia Lilian Machado, docente y presidenta de la Subdirectiva de Tadó del Sindicato Unión de Maestros del Chocó.
Desde hace ocho años unas 216 personas que habitaron históricamente el sector de El 18- San Cayetano y que fueron desplazadas principalmente por el conflicto armado, han pedido el regreso a sus tierras en condiciones de dignidad y tranquilidad. El primer paso en este proceso ha sido legalizarse como Consejo Comunitario, el mismo que lograron en diciembre del año pasado.
El consejo está conformado por 63 familias afrodescendientes entre niños, niñas, jóvenes y adultos. El reconocimiento ante la Secretaría de Gobierno se formalizó en diciembre y desde ese momento se hizo el trámite de inscripción ante el Ministerio del Interior, en la dirección de asuntos étnicos. Su reto principal es que la Agencia Nacional de Tierras garantice la titulación colectiva.
Sandra Patricia Valencia, representante legal del Consejo Comunitario, señala que la conformación del grupo no fue una tarea fácil y les tomó ocho años: “Fue un trabajo muy arduo, teníamos que organizar y determinar si era mejor conformarnos como Junta de Acción Comunal o como Consejo Comunitario. Llegamos a la conclusión de que como éramos afros y mestizos de la carretera debíamos ser un Consejo Comunitario”.
La organización Adacho, la Diócesis de Quibdó y la Agencia Nacional de Tierras apoyaron esta conformación con el propósito de otorgar garantías para la recuperación del sector denominado el 18, de donde varias familias tuvieron que huir por la violencia en 1996.
Sandra Valencia, en compañía de otras lideresas, después de varias conversaciones con abogados y el apoyo de la Diócesis de Quibdó logró reunir a las 63 familias y establecer acuerdos para la conformación del consejo. El 30 de noviembre de 2023 se realizó la asamblea mayor en el kilómetro 18, sitio conocido como La Playa. En esa reunión se socializaron los objetivos, los compromisos y el reglamento interno. La conformación fue el primero de diciembre y, el 11 de ese mes, realizaron el registro ante la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de El Carmen de Atrato, y se hizo la inscripción ante el Ministerio del Interior. “Llevamos 27 años siendo desplazados y 18 de estos defendiendo este territorio”, puntualiza Valencia.
Uno de los asuntos claves de todo este proceso ha sido la titulación de las tierras del sector El 18, zona rural de El Carmen de Atrato. Esaud Lemun Maturana, secretario general de Adacho y coordinador del comité de tierras, destaca que en el acuerdo 330 de 2018 se le asignaron 24 hectáreas y 257 metros a la comunidad afrodescendiente. “Adacho, en representación de las víctimas del conflicto armado, buscó que en 2019 se le reconociera a los afro las 24 hectáreas que ya estaban asignadas, pero pasaron siete años en silencio administrativo. Este acuerdo indica que les pertenecen 60 metros cuadrados alrededor del río Atrato, y El Palmar está dentro de los 60 metros”.
"Adacho, en representación de las víctimas del conflicto armado, buscó que en 2019 se le reconociera a los afro las 24 hectáreas que ya estaban asignadas, pero pasaron siete años en silencio administrativo"
Esaud Lemun Maturana, secretario general de Adacho
Sandra Valencia cuenta que no se ha efectuado la entrega de las tierras por parte de las comunidades indígenas por un conflicto que lleva más de nueve años, cuando las comunidades acordaron que las 24 hectáreas serían para la comunidad afro, y que otras 1.051 hectáreas serían para el resguardo indígena. Sin embargo, los líderes del resguardo desconocen que esa decisión haya sido producto de un acuerdo, y piden que les den la tierra. Mientras tanto, los afro insisten en que la tierra es suya: “Tenemos un derecho, pero ellos no hacen la entrega del territorio porque no lo aceptan”. Desde el consejo se ha pedido la intervención de la Agencia Nacional de Tierras para dar solución a la situación.
Una de las zonas en conflicto es El Palmar. Aunque las comunidades indígenas fueron notificadas de que esa zona la tenían que desalojar, por no ser parte del resguardo, a la fecha no se han ido. Incluso, los líderes del Consejo Comunitario denuncian que esa zona se ha convertido en un cementerio y que hace poco enterraron a un indígena. “Esto para nosotros representa una barrera como consejo comunitario para que podamos retomar las labores en el territorio que nos pertenece, por eso les pedimos retirar el cuerpo y enterrarlo en otro sitio”, dice Lina Marcela Carvajal, secretaria del Consejo Comunitario.
Por su parte, las comunidades indígenas advierten que no les han brindado las garantías para desplazarse. En medio de las obras de la carretera Quibdó- Medellín el consorcio vial Latinco, trasladó a varias familias indígenas a El Palmar y nunca les asignó un nuevo lugar. Narciso Estevez Tequia, líder indígena, pide que la reubicación se haga en condiciones dignas. “No nos han brindado las garantías para el traslado. No vemos el compromiso de la Alcaldía, la institucionalidad y la empresa Latinco”.
“No nos han brindado las garantías para el traslado. No vemos el compromiso de la Alcaldía, la institucionalidad y la empresa Latinco”.
Narciso Estevez Tequia, líder indígena.
Tanto el Consejo Comunitario como las comunidades indígenas han dicho que están dispuestas al diálogo para dar solución a los temas de inseguridad y el problema de tierras.
Sandra Valencia cuenta que han denunciado ante la Fiscalía, la Personería Municipal y el Ministerio del Interior casos de robos, maltratos y ataques, pero no hay ninguna respuesta de las instituciones. Adicionalmente, las mujeres lideresas del Consejo Comunitario solicitan acompañamiento psicosocial y jurídico: “Hago un llamado muy respetuosamente a las instituciones para que nos apoyen. A la Unidad de Protección y a las organizaciones para que nos ayuden y apoyen al máximo en esta situación”.
“Sembramos alimentos en nuestras fincas y nos roban, se ha hablado con la autoridad indígena, pero no se han tomado cartas en el asunto. La idea es poder llegar a un acuerdo, sin perjuicio y sin hacernos daño los unos a los otros”
Sandra Valencia
Isabel Cristina Rincón, presidenta de la junta de acción comunal 11, 12 y Piñón, cuenta que en esa zona se han registrado robos de gallinas, pollos, mangueras, racimos de plátano y alimentos de las cocinas. “Eso causa daño moral y tristeza. No dormimos tranquilos pensando que se nos van a llevar los productos”, dice.
María Elena Rincón vive con sus 5 hermanos en el 11, es ama de casa y maneja un restaurante. Su familia regresó a su finca hace 16 años, luego de haberla abandonado durante 14 años a causa del conflicto armado. “Hemos tenido dificultades con el ganado, ahora vemos a muchachos con drogas y que van robando. Una vez se llevaron hasta el techo de una caseta. Es una situación insostenible para todas las familias de La Trocha”, cuenta. Según la comunidad, este año más de 12 familias campesinas se han desplazado por temor ante la inseguridad y la falta de apoyo de la administración local.
Por ello, Valencia propone trabajar en mesas de diálogo. “Pedimos movernos en esta vía carreteable sin miedo y que haya un consenso. Que todos nos podamos sentar y brindarnos esa oportunidad. Queremos vivir tranquilamente y formular propuestas conjuntas”, dice.
Por su parte Humberto Tequia, líder de la comunidad indígena El 18, avala que se llame a hacer acuerdos. “Nosotros estamos en El 18, debemos buscar una estrategia para dar solución al problema. Pedimos no hablar de manera generalizada, porque no todos los indígenas son delincuentes. Nosotros nunca hemos amenazado. Pido que se instale una mesa con todos las autoridades y comunidades indígenas e informar de inmediato cualquier situación irregular”, propone.
Jhon Fredy Ceballos, secretario de Gobierno, también hace un llamado a la unidad y a la búsqueda de soluciones para ambas comunidades. “Desde la administración se programarán mesas de diálogo y concertación permanente para darle solución definitiva a los problemas interétnicos que tenemos en el territorio. Como administración podemos hacer acompañamiento”, dice.
Desde el 20 de febrero inició en el municipio la construcción del plan de desarrollo, la hoja de ruta de la administración de Jaime Arturo Herrera para destinar recursos a los proyectos priorizados y alineados con los objetivos territoriales durante los próximos cuatro años.
Aunque se hicieron mesas de diálogo con diferentes sectores, el proceso ha tenido varios tropiezos. En la primera convocatoria de la Alcaldía no fue incluido el Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano, ni algunas veredas del sector conocido como La Trocha. La administración sólo accedió a hacer una concertación en la vereda El 15 cuando las comunidades enviaron un derecho de petición. Además, tampoco se convocó a la Mesa Social y Ambiental.
A esto se suma que los líderes de varios sectores del municipio han manifestado que no se sienten representados por las personas que conforman el Consejo Territorial de Planeación. Éste es el encargado, según la Ley 152 de 1994, de revisar, discutir, analizar y formular recomendaciones sobre el Plan Desarrollo Territorial y servir como instancia de participación ciudadana para garantizar que se reflejen las necesidades de la comunidad. Los líderes aseguran que los consejeros están desconectados de las organizaciones y de los gremios, además de ser apoyo político del alcalde.
El próximo 27 de abril, Asocomunal se reunirá en asamblea ampliada con siete miembros de cada una de las juntas de acción comunal del municipio, para evaluar el proceso de la construcción del Plan de Desarrollo, pues aseguran que el borrador que revisaron no refleja lo concertado en las mesas de trabajo con la comunidad.
Este año el Plan de Desarrollo deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental a más tardar el 31 de mayo. Consonante habló con distintos líderes y presidentes de las JAC para visibilizar las principales propuestas y necesidades planteadas por las comunidades.
El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de titulación de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes que viven a lo largo de la vía Quibdó-Medellín. Aunque la mayor parte de estas acciones están en manos de organizaciones estatales con carácter nacional, como la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades piden mayor acompañamiento de las autoridades locales y que el papel de la nueva administración sea de mediador.
El principal problema es el conflicto por la tierra en el municipio. Por una parte están los siete resguardos indígenas que aseguran que no tienen suficiente espacio. Según los cálculos de los líderes que representan a El Fiera, Quebrada Borbollones, La Puria, Alto El Consuelo, Sabaletas, El Diecisiete y El Dieciocho, necesitan por lo menos 10.000 hectáreas más. Además, piden ayuda para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras de los resguardos. “Eso no es competencia de la Alcaldía pero ellos nos pueden ayudar en la gestión. Para Sabaleta se requieren 2.000 hectáreas, para la Puria 4.000, la proyección en total son cerca de 10.000”, dice Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.
“Eso no es competencia de la Alcaldía pero ellos nos pueden ayudar en la gestión. Para Sabaleta se requieren 2.000 hectáreas, para la Puria 4.000, la proyección en total son cerca de 10.000”
Javier Arrieta, coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.
Por otra parte, la lucha del Consejo Comunitario Afro El 18 San Cayetano es la recuperación de sus tierras ancestrales. A pesar de que a través de una sentencia lograron recuperar 24 hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras aún no realiza la entrega oficial de estos predios.
Adicionalmente, a los líderes afrodescendientes les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos asegurando que están traslapados dentro de las hectáreas que pertenecen al resguardo.
Desde Asocomunal proponen “la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de El Carmen de Atrato, teniendo en cuenta la inclusión de los corregimientos El Dieciocho, El Doce y Guaduas como está registrado en los mapas del IGAC y en los registros territoriales de la Gobernación del Chocó”. Además, la inclusión de veredas nuevas y la legalización del asentamiento del barrio La Paz, cuyos pobladores son familias campesinas víctimas del conflicto armado.
Así como la actualización del catastro multipropósito “es más que preocupante que a pesar de que hay una oficina municipal para este propósito el avance es muy poco en esta tarea fundamental de ordenamiento de los baldíos nacionales, territorios colectivos y propiedad privada”, dice el documento con las propuestas que Asocomunal le envió a la alcaldía.
A esto se suma que en todo el municipio hay problemas con la titulación de tierras por la “falsa tradición”; algo que ocurre cuando la venta de la tierra es realizada por personas que no son los propietarios legítimos, o que no tienen los documentos para demostrarlo. Para una lideresa de la vereda El 15, cuyo nombre no quiere que se publique, esta es una prioridad porque “en su mayoría las compras son de boca y algunos ni siquiera cuentan con un papel de compra venta”, explica.
Algo similar pasa en el Pueblo de la Memoria Histórica donde los pobladores carecen de títulos de propiedad de sus parcelas a pesar de que se asentaron allí hace 27 años como una estrategia de resistencia contra la guerra.
Además del saneamiento del territorio, los líderes y lideresas de estas comunidades piden acompañamiento psicosocial para la solución de los conflictos interétnicos que se presentan en la zona. Y que la Alcaldía dé continuidad a los diálogos interétnicos que se plantearon desde el año pasado.
El Carmen de Atrato es el único municipio del Chocó en el que se produce café. Sin embargo, los caficultores no tienen quién les compre el producido en el municipio, pues las dos cooperativas cerraron el año pasado. Los campesinos tienen que ir hasta Ciudad Bolívar, en Antioquia, para vender su café o acomodarse al precio de los particulares, que no es favorable. A esto se suma el alto costo de los insumos. Su petición es que la Alcaldía incluya en el Plan de Desarrollo Municipal un verdadero apoyo para la comercialización de los productos del municipio.
“Lo que yo veo que necesitamos es un mejor mercado con mejores precios para lo que producimos. Igualmente que se facilite para los campesinos la compra de los fertilizantes puesto que es muy difícil conseguirlos en el mismo municipio y cuando se consigue es a un precio muy elevado; haciendo que los gastos de producción sean muy altos y el campo sea poco rentable”, comenta Fabián Betancur, caficultor del municipio.
Los caficultores no son los únicos afectados por la situación. Un productor de papa criolla debe vender el kilo del producto a aproximadamente 3.000 pesos para poder recuperar parte de su inversión. Sin embargo, los tenderos casi siempre prefieren comprar la papa en Medellín, donde el kilo puede costar 2.000 pesos, por lo que les resulta mejor negocio. Lo mismo pasa con productos como la cebolla, el plátano y algunas frutas.
A esto se suma la propuesta de otros campesinos que, aunque tienen tierras fértiles, no han podido consolidar un proyecto proactivo por falta de recursos. "Una como campesina lo que necesita es tierra, pero para que una tierra si una no tiene plata pa’ trabajar. Y si, digamos, qué pudiera sembrar y cultivar, sería súper hacer nuestro propio café y nuestra propia marca de café" cuenta una mujer de la vereda La Argelia. Su petición es capacitación y capital semilla para iniciar un nuevo negocio.
"Una como campesina lo que necesita es tierra, pero para que una tierra si una no tiene plata pa’ trabajar"
Mujer de la vereda La Argelia
Desde Asocomunal plantean el fortalecimiento agropecuario que responda a las necesidades, las tradiciones y cultura de los pueblos; que incluya: tecnificación agrícola y fortalecimiento de procesos de transformación, diseños de marca y comercialización. Además de fortalecimiento de propuestas productivas de café, frijol, maíz, aguacate, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol y lulo. Así como apoyo a la producción de especies menores, ganadería sostenible y turismo sostenible.
Esta también ha sido una petición de las comunidades indígenas, quienes piden proyectos productivos que se adapten al suelo.
Otra de las prioridades de las comunidades son los jóvenes. Para los delegados y presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el incremento de consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución es una preocupación latente y debe de ser una prioridad en el plan de desarrollo. “Los jóvenes son el futuro y tienen que tener la mente ocupada. Acá hay prostitución, drogadicción, pero yo creo que si tienen una meta o un proyecto en qué trabajar puede que las cosas cambien”, comenta una lideresa que pidió reservar su nombre por seguridad.
Para Maria Alejandra Serna, integrante del Consejo de Juventudes y líder Juvenil campesina, la prioridad es aumentar las oportunidades de empleo y encontrar estrategias pedagógicas para hacer frente a la drogadicción: “yo he encontrado muchos jóvenes que dicen que no pueden conseguir trabajo, envían hojas de vida y nada, se necesitan más oportunidades. También el tema de la drogadicción, falta más autoridad, enseñanza, advertencia”, comenta.
También opina que se debe trabajar por aumentar el sentido de pertenencia: “Además de proyectos en los que se puedan incluir jóvenes que no tienen una carrera, o la manera de estudiar, sería bueno tener capacitaciones para tener sensibilidad a lo propio, a veces son los jóvenes quienes dañan el mismo territorio”.
A estas problemáticas se suma el tema de salud mental. En 2023 se suicidaron dos jóvenes, de 22 y 14 años en las comunidades indígenas Santa Isabel y El Doce; y hubo cuatro intentos de suicidio de cuatro mujeres entre los 12 y 20 años.Además, en 2022 hubo siete suicidios en jóvenes y 15 intentos de quitarse la vida. Situación que ha alertado de la urgencia de que la política pública atienda la salud mental en los pueblos indígenas de El Carmen de Atrato.
Al respecto, el alcalde Jaime Arturo Herrera dijo en entrevista con Consonante que su prioridad el primer año sería “recuperar a la juventud”: “porque hoy el 40 o el 50 por ciento en la cabecera municipal se está yendo por el camino de las drogas y el del alcoholismo”. Su propuesta es crear un centro de rehabilitación dentro del municipio.
Otra de las solicitudes es que la nueva alcaldía fortalezca e incluya en la discusión pública a las diferentes iniciativas de carácter social que existen en el municipio. Entre ellas la Plataforma del Campesinado, la Fundación Mesa Social y Ambiental, los Guardianes del Río Habita, Agroecotur y Asocomunal, que reúne a más de 800 personas.
“Requerimos que en el plan de desarrollo 2024- 2028, se apruebe una partida presupuestal para el funcionamiento de la Asocomunal y con ello garantizar la participación activa de todas las juntas en el proceso, además de que a través de este rubro podamos cumplir con nuestra función de capacitar, apoyar y continuar acompañando el fortalecimiento de las mismas”, solicitan desde Asocomunal.
También piden capacitación y formación; apoyo económico o incentivos y la contratación de las organizaciones para la ejecución de recursos públicos y de compensaciones ambientales o sociales.
En agosto de 2023 se inició la construcción de ‘La Casa de la Mujer y el Artesano’ en el Carmen de Atrato. Aunque esta inicialmente debía entregarse en un plazo de seis meses, es decir, en febrero de 2024, no va ni por la mitad, ya cumple ocho meses de construcción. “Hay aproximadamente un 40 por ciento de avance. Ya tenemos prácticamente culminado todo lo que es el esquema estructural y estamos pendientes de iniciar con la obra gris y la obra blanca”, asegura Cristian Ruiz, secretario de Planeación.
El contrato lo firmó el exalcalde Jaiberth Ríos, el 25 de julio de 2023, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos con el Consorcio Carmen Atrato, conformado por las empresas Cobertura Global S.A.S. y Construobras F.D.C.S.A.S. Las obras iniciaron el 8 de agosto, sin embargo, no han avanzado como se tenía planeado por problemas estructurales que no se tuvieron en cuenta en la formulación del proyecto por la administración de Ríos. “Hubo unos detallitos en temas arquitectónicos y estructurales que tuvimos que ir solucionando sobre la marcha. Fue un proyecto que el que lo diseñó no tuvo en cuenta el terreno de acá ni los espacios, entonces hubo temas que tuvimos que solucionar y eso nos retrasó”, agrega Ruiz.
Según Ruiz, la administración del actual alcalde Jaime Herrera, recibió la obra en un 20 por ciento de ejecución. Asegura que desde ese momento han encontrado problemas con el pozo del ascensor y la reserva del agua para el sistema contra incendios, lo que hacía que el edificio no cumpliera con la normatividad. A esto se suma las pausas por las lluvias y los recesos de diciembre y de las fiestas de los Reyes Magos a inicios de enero.
“Hay aproximadamente un 40 por ciento de avance. Ya tenemos prácticamente culminado todo lo que es el esquema estructural y estamos pendientes de iniciar con la obra gris y la obra blanca”
Cristian Ruiz, secretario de Planeación.
Sin embargo, más allá del retraso, el reclamo de las mujeres en el municipio es por la falta de información y socialización de la obra. Aunque el proyecto fue propuesto por la alcaldía de Jaiberth Ríos para el “desarrollo integral de las mujeres y emprendimiento para los procesos productivos, laborales y sociales”, a la fecha se desconocen cuáles serán los programas ofertados allí.
Lo único que se sabe, y que repiten los funcionarios de la alcaldía actual, es lo que está en el contrato: en el edificio de tres plantas van a funcionar locales comerciales, oficinas y un auditorio. Pero las mujeres no saben quiénes van a poder acceder a ellos, cómo será el proceso de elección de quienes usarán estos espacios, cuántos cupos habrá y cómo esto va a ayudar a solucionar las problemáticas que viven a diario las mujeres del municipio.
“Alcanzo a ver que son tres pisos, pero no conozco la fecha de entrega, ni cuántas oficinas, ni qué va a pasar allí”, comenta Olga Isabel Acevedo Zapata, quien tiene un proyecto de manualidades y artesanías. Como Olga, varias mujeres del municipio manifestaron lo mismo.
“En relación a la casa de la mujer sé que están construyendo una pero no sé bien qué es ni para qué es, sé que van a quedar ahí las mujeres artesanas, pero no sé nada más”, agrega Nora Sofia Aguilar, comerciante carmeleña.
A la falta de información se suman otros factores como la ausencia del enlace de género en la nueva alcaldía y una nula socialización de la política pública de género. Estos hechos preocupan a las mujeres del municipio. “En este momento la alcaldía ni siquiera ha contratado el enlace de mujer y género, entonces eso también representa un retroceso, una lentitud en todo lo que tiene que ver con los programas encaminados a mujer y género”, comenta Natalia Mazo, líder y excandidata a la alcaldía.
Desde la administración de Herrera, a pesar de que ya van casi cuatro meses de mandato, todavía no tienen programas ni proyectos para las mujeres del municipio. “Estamos en la elaboración del plan de desarrollo donde se está formulando apenas las estrategias de acción basadas en las necesidades de toda la comunidad carmeleña”, dice Cristina Ruiz, primera dama y gestora social.
Las lideresas han advertido en varias ocasiones que lo que se necesita es abordar problemas como el desempleo, para atender las necesidades económicas y sociales de las mujeres en el municipio.
Según datos del Dane en 2022 el Chocó fue el tercer departamento con la mayor tasa de desempleo de mujeres del país con un 17,3 por ciento, después de Tolima y Cesar. En el departamento hay una brecha entre hombres y mujeres de 7,6 por ciento. Cifra que se agrava para las mujeres rurales: la mayor brecha en la tasa de desocupación entre mujeres y hombres en el trimestre noviembre 2023 y enero 2024 en todo el país se presentó en centros poblados y rural disperso.
Nora Sofía Aguilar es comerciante y tiene un hotel. Para Nora, la principal barrera para acceder al empleo es la falta de capacitación y la poca independencia económica: “A veces hay mujeres que quieren salir adelante, pero no son capaces por falta de mucha capacitación o más ayuda en la parte económica”, explica.
Para Nora una de las soluciones es apostarle a la mujer campesina: “me gustaría mucho que las mujeres se empoderaran en la parte agrícola, porque El Carmen de Atrato fue una despensa agrícola y en este momento se ha dejado muy aparte este tema, aquí la mayoría de gente tiene su tierra y sería bueno que las mismas mujeres vuelvan a cultivar y sacarle un tiempo al campo, hasta inclusive en los solares se podrían sembrar lechuga, repollo y zanahoria”.
Para eso, complementan otras mujeres, es necesario crear programas de capacitación para mujeres emprendedoras: “A veces uno puede tener la idea pero no sabe cómo desarrollarla o cómo llevarla a cabo, por eso es bueno que nos puedan asesorar en cómo iniciar y cómo dar continuidad a su proyecto, a las mujeres nos falta acompañamiento en capacitaciones y en recursos porque podamos iniciar cualquier proyecto”, opina Olga Isabel Acevedo.
Dora Agudelo Vázquez es ama de casa, artesana, repostera y ambientalista. Para ella el problema es tan grave que incluso las mujeres que son profesionales encuentran muchas barreras y pocas oportunidades para emplearse. “Se deberían ofrecer oportunidades de empleo con horarios flexibles en donde las mujeres puedan atender sus demás responsabilidades, sus hijos, y donde se generen espacios para la articulación social de las mujeres”, propone Agudelo.
“Se deberían ofrecer oportunidades de empleo con horarios flexibles en donde las mujeres puedan atender sus demás responsabilidades, sus hijos, y donde se generen espacios para la articulación social de las mujeres”
Dora Agudelo Vázquez, ama de casa, artesana, repostera y ambientalista.
Todas acuerdan que se deben tener en cuenta las labores de cuidado a la hora de hablar de estas oportunidades. “Las principales problemáticas para las mujeres en El Carmen son en términos de oportunidades: de estudio, laborales, para las mujeres emprendedoras. Sigue siendo un tema muy complejo el que la mujer pueda distanciarse de sus labores del hogar para que tenga el espacio de estudiar, o de trabajar”, agrega Natalia Mazo.
Otra de las solicitudes es que las estrategias tengan un enfoque diferencial. “Las mujeres afro no tenemos mucha cabida en El Carmen. No hay una oficina que atienda las necesidades de las mujeres afro, y menos las mujeres afro en el campo. Hay que tener proyectos de acuerdo con las necesidades: que se les entreguen los títulos, que tengan acceso a créditos blandos para que ellas puedan cultivar y que se tengan más en cuenta a las mujeres”, opina Anny Yulieth Rodríguez, lideresa del consejo comunitario afro de El 18.
En medio de la ausencia de información, las lideresas del municipio tienen muy claro para qué debería servir esta nueva estructura. Anny Yulieth Rodríguez propone la construcción de un espacio para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar puedan pasar la noche: “debe tener una oficina que atienda las necesidades de las mujeres, una buena atención y orientación psicológica. Incluso debería tener una habitación para cuando las mujeres llegan con problemas familiares”, comenta.
Dora Agudelo Vázquez asegura que La Casa de la Mujer debe ser un lugar de capacitación: “A mí me gustaría que hubiese espacios de escucha y de empoderamiento, capacitación y talleres continuos y no esporádicos en donde se capacite a las mujeres, se empoderen y allí mismo cuenten con espacios para comercializar sus productos: artesanías y sus obras manuales”, propone.
También piden que haya atención psicológica. “Yo me imagino que allí se podría ayudar a las mujeres más vulnerables, que exista una parte donde haya psicólogas y otra parte donde se impulse a las mujeres emprendedoras”, expone Nora Sofía Aguilar.
“Espero que ese recinto que están construyendo se vuelva un refugio para las mujeres, que no sea solo cemento. Sino que la mujer vaya y encuentre no solo un apoyo psicológico, emocional, sino que encuentre oportunidades y soluciones a sus problemáticas”, puntualiza Natalia Mazo.
Si hay un pueblo en Colombia que tenga un pasado libertario es Tadó. En sus tierras se gestó el levantamiento de personas esclavizadas más grande del país, liderado por su propio rey: Barule. Y con la negra Agustina, el primer acto de rebelión de una mujer en el Chocó. Con ellos no solamente se sentaron las bases de la independencia de todo el departamento, sino que le dieron al municipio un nuevo reconocimiento: se convirtió en el pueblo rebelde del Chocó.
Según la historia oficial, el 19 de marzo se cumplieron 491 años desde su fundación el 19 de marzo de 1533. Por eso, y en honor a San José, desde el 10 hasta el 19 de marzo se celebraron varios actos religiosos en el municipio. Se hicierion eucaristías, novenarios y la imagen del santo pasó por diferentes lugares como el hospital, la catedral y la guardería García Gómez. Además, cada barrio lideró varias actividades lúdicas y el alcalde decretó como día cívico este martes.
A propósito de la celebración, en Consonante le contamos cinco datos que dan cuenta de la riqueza histórica del municipio.
Hoy hay controversia sobre cuántos años tiene el municipio. La fecha “oficial” es la del 19 de marzo de 1533, que fue cuando por primera vez llegaron esclavistas españoles al territorio. Según cuenta Wilson Murillo, historiador tadoseño, esa es la primera historia reseñada, pero no es la única.
“Cuando hablamos de Tadó algunos interpretan al municipio como la cabecera municipal y otros como debe ser: a Tadó como territorio. Si lo miramos así, en 1533 fue el año en que por primera vez llegaron al territorio esclavizadores y personas africanas sometidas a la esclavitud, después de subir el río Andagueda y caer al San Juan, llegando a Monte Carmelo”, explica Murillo.
La otra fecha en discusión es 1728, que fue cuando se creó el Palenque de Tadó. “Los esclavizados dijeron en ese momento ya no más, por eso Tadó es un pueblo de reivindicación, de lucha, somos herederos de Barule y tenemos un pensamiento Baruleano, que es luchar por la libertad, la superación y la liberación”, agrega el historiador. Además, fue en 1821 que se dio la creación de Tadó como distrito del cantón de San Juan y se convirtió en municipio, creado bajo la ley octava de la República. Desde esa perspectiva se contarían 203 años.
“No hay una sola porque de esas dos versiones uno no sabe cuál escoger, pero la que más se ha tenido en cuenta es la del 19 de marzo de 1533”
Hernán Valderrama, exdiputado tadoseño y de familia de historiadores.
Por su parte, el también historiador Hermes Sinisterra, dice que Tadó realmente está cumpliendo 296 años: “El pueblo en el que estamos viviendo hoy solo está cumpliendo 296 años, esto a partir del hecho cierto de que Pueblo Viejo (donde estaba antes) fue incinerado en febrero de 1728, entonces ¿cómo el Tadó que habitamos va a tener tiene 491 años?”, comenta Sinisterra.
Para Leviston Perea, líder del municipio, las cuentas no dan incluso teniendo en cuenta la fecha oficial. “En 1984 se celebraron los 400 años de Tadó, ese mismo día fue inaugurado el puente que pasa sobre el río San Juan. Con el municipio de Istmina nos orientamos teniendo presente que primero fue creado Tadó como municipio, y hacía parte de la Provincia del cantón del San Juan perteneciente a la región del Cauca”. Con esto en cuenta, Tadó estaría cumpliendo 444 años.
Desde el 1 de noviembre de 1727 se tiene registro del inicio de la lucha del rey Barule, un esclavo que fue traído de Jamaica a Tadó y decidió rebelarse contra la corona española. Barule no se sometió y buscó otros aliados para emanciparse, por eso nació el Palenque de Tadó y la primera lucha libertaria que se hizo en el Pacífico colombiano.
Según la serie documental ‘Invisibles’, de Señal Colombia, donde se cuentan las historias particulares y colectivas de afrodescendientes que hicieron aportes significativos a la construcción de Colombia, Tadó tuvo el levantamiento de personas esclavizadas más grande de la historia del país en noviembre de 1727. Aunque empezaron unos pocos, bajo el liderazgo del rey Barule, más de 2000 cimarrones se congregaron en Tadó y lucharon contra el ejército español. Desde ese momento lograron autonomía administrativa, cultural y política. Unos meses después, en 1728, Barule y sus aliados fueron encerrados y asesinados.
Tras este levantamiento de personas esclavizadas en el Chocó se sentaron las bases de la independencia del departamento y con esto un modelo de producción nuevo basado en la minería. El palenque de Tadó terminó desatando una cadena de asesinatos de amos en otras partes y despertó una especie de red con la que intentaron poner en jaque el sistema esclavista de Popayán y las ciudades cercanas.
“Eso dejó el espíritu de Barule, por eso Tadó es un pueblo de reivindicación, de lucha, nosotros somos herederos de Barule y tenemos un pensamiento Baruliano, este pensamiento no es la guerra, es luchar por la libertad, por el bien del ser, luchar por poder participar y decidir su propia vida y existencia”
Wilson Murillo, historiador tadoseño
Agustina fue una de las primeras personas esclavizadas que llegaron al Tadó antiguo, conocido como Pueblo Viejo, en el año de 1795. La mujer adelantó un proceso de denuncia contra su esclavista Miguel Gómez por abusarla y haberla dejado embarazada.
Aunque lo denunció ante las autoridades españolas, la ‘justicia’ de ese entonces determinó que debía ser azotada como castigo, causándole un aborto. Ante tal injusticia, la mujer incineró la hacienda de Miguel Gómez. Este fue el primer acto de rebelión de una mujer registrado en Chocó, incluso provocó revueltas en diferentes sectores de la región.
Hernán Valderrama, exdiputado y líder del municipio, reseña a Agustina como una mujer que “se enfrentó a sus opresores que la hicieron abortar y quien arremetió contra su amo”. Incluso, Wilson Murillo, se atreve a decir que fue la primera mujer de América que tuvo la valentía de luchar y enfrentarse a su esclavista por razones de género.
El primer lugar que conformó Tadó es el corregimiento de Carmelo, antes llamado Monte Carmelo. De allí la comunidad se trasladó a Pueblo Viejo y luego, al casco urbano. Este fue el primer rey de Minas del Chocó. Era la categoría que se le daba a una localidad o distrito donde su principal actividad económica era la minería. Fue un título, según historiadores, instalado por la corona española para promover actividades económicas a partir de la extracción de minerales.
“El nombre de Carmelo se dio en honor a la virgen Carmelita o del Carmen, el significado de Carmelo en hebreo quiere decir tierra fértil, y fue la tierra prometida que Moisés no pudo pisar. De acuerdo a los informes que Sergio Arboleda y Nicassio Arboleda enviaron a Popayán en Carmelo la corona española hicieron su primer campamento”, indica Helmer Sinisterra.
Lo mismo manifiesta Wilson Murillo, otro historiador tadoseño, quien asegura que las primeras personas esclavizadas fueron traídas por españoles después de pasar por los ríos Atrato y Andágueda el 16 de julio del año 1533. Por eso, para muchos historiadores Tadó cumpliría 491 años.
Según Helmer Sinisterra, en el año de 1772 fue la primera consagración del municipio de Tadó a un santo, por eso el primer nombre de Tadó fue San Francisco.Hoy un barrio lleva ese nombre. El cual fue consagrado por el reverendo Francisco Antonio Cerezo.
Sin embargo, cada compañía religiosa que venía al Chocó adoraba a un santo; los jesuitas, en el año de 1800, cambiaron el nombre de San Francisco por San José de Tadó, como es ahora conocido.
El historiador tadoseño resalta que en el año de 1900 los marianos a través del padre Salazar consagraron a Tadó con la virgen María o la virgen de La Pobreza.
Los primeros barrios fundados en Tadó fueron San Francisco y Modelo, después del incendio de 194. Estos barrios fueron organizados por el padre Francisco Onety que también fue el encargado de organizar las festividades en honor a la virgen de la pobreza.
El dato: Tadó en Katio significa sal profunda, río de sal y en lengua africana significa muralla.
Desde el 5 de febrero varias instituciones en municipios del sur del departamento han tenido dificultades para recibir a los alumnos por problemas con la infraestructura, falta de cupos y de profesores. Lo único que parecía estar listo, según anunció la Secretaría de Educación Departamental, era la contratación del PAE y el servicio de transporte escolar para los 12 municipios no certificados. Los dos contratos con mayor presupuesto en el ámbito educativo.
Este año el contrato para el servicio de transporte escolar se firmó desde finales de 2023 con la Unión Temporal Aleewaa, conformada por las empresas Transportes Relaturg (en su tercer contrato para este servicio) y Express Caribe Radiante. El tiempo de ejecución del contrato es de 87 días calendario escolar y se dio por un valor de 28.736 millones de pesos.
Sin embargo, en algunas veredas de Fonseca y San Juan del Cesar aún no llegan los buses ni las camionetas. Además, aunque la Gobernación aseguró que este año se aprobaron más rutas y vehículos, para los líderes de varias veredas todavía es insuficiente.
En la vereda Los Toquitos, en Fonseca, el servicio no ha iniciado, además, la comunidad prevé que no será suficiente, pues llevan pidiendo más cupos para todos los niños desde el año pasado. “Para este año estamos en la misma situación. Es complicado porque además de la intermitencia, son camionetas viejas, con llantas en mal estado y van con sobrecupo. Este año tenemos más niños, es un solo carro para Quebrachal y Los Toquitos, donde quebrachal tiene 20 niños y Los Toquitos 21. Son 41 niños, no es suficiente, así es imposible que nuestros niños estudien”, denuncia Díaz.
"Es complicado porque además de la intermitencia, son camionetas viejas, con llantas en mal estado y van con sobrecupo. Este año tenemos más niños, es un solo carro para Quebrachal y Los Toquitos, donde quebrachal tiene 20 niños y Los Toquitos 21. Son 41 niños, no es suficiente, así es imposible que nuestros niños estudien”
Sobeida Díaz, lideresa de Los Toquitos
Para Fonseca y sus veredas el año pasado se aprobaron 16 vehículos y 16 rutas. Este año, según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, solamente se aumentó una ruta y un vehículo. Por su parte, para San Juan del Cesar, el año pasado funcionaban 43 vehículos que cubrían las 38 rutas aprobadas. Mientras que para este año fueron asignados 50 vehículos y se aprobaron dos rutas más que el año anterior.
Este es el tercer contrato para prestar el servicio escolar en los 12 municipios no certificados que obtiene la empresa Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira “Transportes Relaturg”. En 2018 y 2019 (periodo que se alargó hasta 2022 por la pandemia) la empresa resultó ganadora de los contratos en medio de licitaciones públicas que tuvieron varios reparos. El común denominador en cada proceso fue que el gobernador o gobernadora de turno tenía el respaldo político del clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo Deluque, actual senador del partido de la U en la comisión primera.
Transportes Relaturg tiene más de 20 años de experiencia en el sector del transporte en el departamento. La empresa era propiedad de Edgar Acosta Romero quien falleció en 2021 y era primo del exministro de minas Amilkar Acosta, y excandidato a la alcaldía de Riohacha por el partido Conservador. En el departamento se dice a voces que los Deluque y los Acosta siempre han sido aliados políticos.
El primer contrato para prestar el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados del departamento se firmó en 2018 con Tania María Buitrago, quien fue designada por el expresidente Juan Manuel Santos como Gobernadora Encargada de La Guajira. Buitrago fue presentada como parte de una terna entregada por el Partido Conservador y el Partido de la U para culminar el período del suspendido gobernador Wilmer González Brito.
También es conocida por ser uno de los alfiles políticos del grupo de Alfredo Deluque. Él mismo celebró el nombramiento en su momento: “Fui un incansable luchador del tema de la terna, no porque tuviera algo en contra del gobernador Weildler Guerra Curvelo, ni su equipo de trabajo, todo lo contrario en muchas ocasiones me puse a la orden para ayudar en lo que estuviera a mi alcance en favor de La Guajira”, dijo el congresista.
El proceso de adjudicación del contrato, que finalmente fue por 28,881 millones de pesos, inició siendo polémico. Desde que se lanzó la licitación, el entonces director del área de licitaciones, Manuel Durango García, envió un oficio a la Gobernación pidiendo que se modificaran varios aspectos del pliego de condiciones pues impedían la pluralidad de oferentes.
A esto se suma que la propuesta de Relaturg era 2.537 millones de pesos más alta que la del otro proponente, la Unión temporal Guajira 2018, cuya propuesta era por 24.869 millones. En ese momento, Yamir Durán, representante de la Unión Temporal Guajira 2018, envió un documento al procurador Fernando Carrillo y al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez denunciando que el tiempo del proceso para concursar se alargó injustificadamente.
Aunque el contrato fue firmado finalmente por la representante legal de la empresa, Yolanis Beatríz Varela, en la audiencia pública para definir quién se quedaba con la licitación, la persona que fungió como apoderada legal de Relaturg fue Rita Deluque, prima del mismo Alfredo Deluque.
En 2019 el contrato de transporte escolar fue adjudicado a la unión temporal Eikajuluin, que estaba conformada por Relaturg, con una participación del 99 por ciento, y la empresa Busservi del Caribe S.A.S con solamente el uno por ciento. El encargado de firmar fue el gobernador encargado, John Fuentes, cinco días antes de que se posesionara Nemesio Raul Roys, quien llegó a la gobernación apadrinado por Alfredo Deluque. El contrato fue por un costo superior a 27.926 millones de pesos.
En ese momento, en redes y algunos medios, se denunció que Édgar Acosta tenía aparentes intereses en la campaña de Nemesio Roys a la Gobernación y que en la sede de la empresa había vallas publicitarias de estos candidatos, así como en varios buses.
Aunque Acosta negó ese apoyo, según el reporte de Roys al Consejo Nacional Electoral, para su campaña en 2019, uno de los contribuyentes fue José Domingo Acosta Hernandez, uno de los 16 hermanos de Édgar Acosta Romero, quien aportó 18 millones de pesos.
Este proceso de licitación también tuvo el mismo problema del primero. La Procuraduría General de la Nación solicitó al entonces Gobernador de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa.
Además, al proceso de licitación final solo se presentó la unión temporal Eikajulin después de que la gobernación tomara la decisión de no realizar el anticipo del contrato, dejando sin la posibilidad de participar a seis empresas que estaban interesadas. Este contrato estuvo atravesado por la pandemia, por lo que en medio de prórrogas terminó funcionando hasta septiembre de 2022.
El contrato para 2024 fue firmado el 17 de noviembre de 2023, dos semanas después de la elección de Jairo Aguilar Deluque, primo y alfil principal de Alfredo Deluque en las elecciones. Aguilar es de la misma línea de Nemesio Roys, incluso fue nombrado Secretario de Gobierno de La Guajira durante su administración.
La encargada de firmar el documento fue la gobernadora Diala Patricia Wilches, cercana al congresista Alfredo Deluque. Wilches formó parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de él en la Cámara de Representantes de Colombia entre 2015 y 2016. Además, la jefe de la oficina asesora de contratación del departamento, encargada de revisar el contrato, fue Rita Deluque.
El contrato de transporte escolar para los 12 municipios no certificados de La Guajira no es el único que tiene Relaturg actualmente. Según una investigación de El Tiempo, la empresa está contratada para ejercer “control y seguimiento” al suministro de los 40 carrotanques contratados por la Ungrd para entregar agua en el departamento. Un contrato por un poco más de 133 millones de pesos.
Además, tuvo otros tres contratos en 2023: dos para el transporte escolar de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad en Riohacha, por valores de más de 1.600 millones de pesos cada uno; y otro para transportar al contralor de La Guajira, por 21 millones de pesos. También fue contratada durante 2022 para prestar el servicio de transporte escolar en Riohacha, por 3.806 millones de pesos; y en Barranquilla por más de 7.700 millones.
Por su parte, Express Caribe Radiante, es una empresa de transporte de pasajeros, actividades de operadores turísticos y organización de convenciones y eventos comerciales ubicada en Santa Marta.
El antiguo representante legal, y propietario del 80 por ciento de la empresa, es Daniel Elías Ceballos Brito, diputado de La Guajira por el partido ASI, uno de los partidos que conformaron la coalición que le dio el aval al actual gobernador Jairo Aguilar Deluque. Daniel Ceballos y su padre Rafael Ceballos Sierra exalcalde de Riohacha, apoyaron a Jairo Aguilar Deluque para la gobernación.
Durante 2022 la empresa de Ceballos prestó el servicio de transporte escolar en Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha. Contratos que lo llevaron a transitar dos demandas de pérdida de investidura que terminaron siendo negadas. Además, en 2023 fue contratado para prestar el servicio de transporte terrestre especial para los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd) en el departamento “con ocasión a la temporada de lluvias y huracanes”. Un contrato de 56 millones de pesos.
Aunque no es contra la ley contratar continuamente con el mismo operador en procesos de licitación pública, Óscar Hernández, gerente regional de la Alianza para las Contrataciones Abiertas, una organización que trabaja para lograr que la información de compras públicas en el país sea accesible, recomienda revisar los procesos para asegurar que sí se esté dando pluralidad de oferentes y se descarten posibles hechos de corrupción.
“Lo primero que hay que ver es sí se están presentando otros proveedores a competir. Si la respuesta es no y año tras año se le sigue adjudicando al mismo a través de un proceso que “es competitivo”, entonces hay que preguntarse cómo está estructurado ese contrato y si se está generando de alguna forma una barrera de entrada para los demás proveedores. Porque sabemos que muchas veces se hacen licitaciones públicas que ya están amarradas”, apunta el experto.
“Lo primero que hay que ver es sí se están presentando otros proveedores a competir. Si la respuesta es no y año tras año se le sigue adjudicando al mismo a través de un proceso que “es competitivo”, entonces hay que preguntarse cómo está estructurado ese contrato y si se está generando de alguna forma una barrera de entrada para los demás proveedores"
Óscar Hernández, gerente regional de la Alianza para las Contrataciones Abiertas
Transportes Relaturg ya ha sido protagonista de varios escándalos por presentar documentos falsos durante los procesos de licitación y, presuntamente, tener vehículos en mal estado. En 2022 se presentaron nuevamente para obtener el contrato de transporte escolar, pero en medio del proceso la otra empresa que estaba participando denunció que uno de los documentos aportados por Relaturg era falso.
Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre, después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. De acuerdo a la Superintendencia de Transporte, el paz y salvo que Relaturg anexó al proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte escolar, correspondía a otra empresa de transporte.
Además, en 2019 la empresa Unión Temporal Guajira 2018 denunció que, supuestamente, Relaturg no contaba con buses con aire acondicionado y que habrían utilizado camionetas de segunda mano provenientes de Venezuela. También que los certificados que presentó del curso de seguridad vial que debían tener los conductores no contaban con el aval del Sena y que, al parecer, sus vehículos estarían matriculados en Venezuela y no en Colombia, como lo pedían los requisitos de la licitación en ese entonces.
El precio de los pasajes en mototaxis subió este año 500 pesos en la zona urbana y 4.000 pesos por trayecto en la zona rural, esta modificación en los precios se realizó sin hacer una socialización previa con la comunidad. Los pasajeros, que a diario hacen uso de ese transporte, reclaman que no hay una planilla que deje claro cuánto cuesta el servicio.
En Tadó hay 600 mototaxis y motocarros, dado que este es el principal medio de transporte de sus habitantes, y a su vez, la mayor fuente de empleo en los hogares. Sin embargo, en este municipio el mototaxismo no está legalmente constituido y es un transporte informal.
Hasta el año pasado, un pasaje en mototaxi por persona costaba 2.000 pesos antes de las 8:00 de la noche, luego de esta hora el servicio valía 3.000 pesos. Ahora, para ambos horarios el trayecto tuvo un incremento de 500 pesos por servicio, algo que afecta a las comunidades que cuentan con menos recursos. Por otro lado, en la zona rural los pasajes subieron hasta 4.000 pesos. Por ejemplo, antes, transportarse a Playa de Oro costaba 8000 pesos, ahora el pasaje está en los 10.000 pesos; mientras que en otras zonas, como Mumbú, el trayecto oscila en los 20.000 pesos, o a Tabor en 15.000 pesos, un incremento en ambos pasajes de 4.000 pesos con respecto al 2023.
Desde comienzos de este mes hay inconformidad de algunas personas de la localidad, debido al incremento del pasaje y la falta de claridad en las tarifas. Sandra Perea, habitante de Tadó, cuenta que sus ingresos son insuficientes como para pagar 5.000 pesos en una salida. “Entiendo que los mototaxistas tienen un gremio, pero no estoy de acuerdo con ese incremento. Deben hacer una reunión y hablar con la comunidad, en esto debe haber un diálogo. Se sabe que la gasolina está cara y con esos 5.000 pesos en una salida puedo usarlo en el almuerzo”, agrega. Perea puntualiza que sus hijos deben pagar mototaxis para ir a estudiar y cuando no les alcanza, les toca caminar.
“Cuando me dijeron que un trayecto costaba 2.500 pesos me sorprendí, porque la economía está muy difícil y pagar hasta 1.000 pesos más es muy duro. Me di cuenta cuando me monté al vehículo y el conductor me dijo de la nueva alza. Le respondí que ellos no tenían la culpa, pero los invité a que se reunieran y revisarán cómo está la situación económica en la localidad”, dice una mujer que pidió no revelar su nombre.
Por su parte, el gremio de mototaxistas informa que el aumento se dio luego de una reunión con los conductores. Se acordó un aumento de 500 pesos por pasaje en sectores cercanos y para los barrios Reinaldo, San Pedro, y Villas del Remolino este tiene un costo de 3.000 pesos. A pesar de que estas distancias no superan los 10 minutos.
Además, aclaran que no todos son propietarios de los vehículos y que deben entregar utilidades a los dueños entre los 35.000 a 40.000 pesos por día, lo que hace que las tarifas tengan que aumentar.
Jefferson Hinestroza, conductor de mototaxi, asegura que hay gente que pelea cuando se les cobra los 2.500 pesos y él prefiere mantener el precio para evitar problemas. “Hay quienes se quejan cuando uno le cobra los 500 pesos de más, pero yo no lucho con ellos y les recibo los 2.000 pesos, y les recalco que la gasolina subió y también tenemos cosas por responder”, agrega. El galón de gasolina actualmente está en 16.200 pesos y para tanquear sus motos gastan al día 32.000 pesos.
Nelson Ampudia, uno de los líderes del gremio de mototaxistas, afirma que con este servicio se sostienen muchos hogares en Tadó y pide a la gente entender que no puede mantenerse el mismo precio. “Entre líderes y compañeros concertamos que se debe subir la tarifa y buscamos a las autoridades competentes como el alcalde, el secretario de Gobierno y les comunicamos que no podemos sostener la tarifa y por eso el alza. Necesitamos un consenso”, dice.
“Al principio hubo inconvenientes porque algunos mototaxistas cobraban 2.500 pesos y otros 3.000 pesos y por eso se hizo la reunión, para que se pida lo mismo. La comunidad tadoseña hoy se queja por el alza del pasaje, pero no dicen nada por el incremento del precio de los productos de la canasta familiar, como el queso, la carne, el huevo, el pollo, y el pescado”, puntualiza.
"La comunidad tadoseña hoy se queja por el alza del pasaje, pero no dicen nada por el incremento del precio de los productos de la canasta familiar, como el queso, la carne, el huevo, el pollo, y el pescado”
Nelson Ampudia, líder del gremio de mototaxistas
Deisner Luis Palacios Mosquera, secretario de Gobierno, aclara que hasta el momento no se ha aceptado que aumenten las tarifas. “Este es el principal medio en el cual se mueven los habitantes del municipio. Es importante manifestar que el mototaxismo es un medio de transporte informal y que no está regulado como transporte público por la normatividad colombiana. Hemos venido trabajando con ellos, ya que decidieron para el año 2024 establecer unas nuevas tarifas, toda vez que aducen que se elevó el precio de la gasolina, de la canasta familiar, y están afectados con las alzas”, indica.
Según Palacios, el gremio de mototaxistas estableció una tarifa de 2.500 pesos para lugares cercanos y 3.000 en zonas lejanas. Sin embargo, aclara que estos precios no están regulados y desde la Alcaldía se pidió revisar el tema: “Le manifesté al gremio de rapimoteros la necesidad de que se pusieran en los zapatos de la comunidad, la cual esta sufriendo por el tema económico y que mantengan la tarifa de los 2.000 pesos para los lugares más cercanos y pudieran hacer un alce de 500 pesos para las distancias largas”.
El gremio de mototaxistas indica que pondrán en orden todos sus documentos para iniciar trámites que los constituyan legalmente. Es importante destacar que seguirán prestando el servicio con normalidad. Además, se adelantan capacitaciones en seguridad vial y normas de tránsito con policía de carreteras.
La Secretaría de Gobierno también plantea que en el municipio haya una oficina de Tránsito y Transporte para que se pueda orientar a los conductores.
Frente a las tarifas, la comunidad impulsa que se deje en cada mototaxi una planilla con todos los precios de los pasajes y que este sea previamente socializado. Mientras tanto, algunos mototaxistas dicen que aceptarán que se paguen las tarifas del año pasado hasta que se llegue a un acuerdo.
