Los 14.416 estudiantes de la universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba solamente recibieron clases un semestre este año. El 2024 inició con una asamblea permanente y terminará de la misma forma en medio de problemas financieros, administrativos y de calidad educativa. En el segundo semestre del año, la sede de Quibdó estuvo activa brindando clases durante un poco menos de un mes.
La crisis escaló hace dos semanas cuando un grupo de encapuchados incendió las oficinas de la vicerrectoría administrativa y financiera. Este hecho ocurrió luego de que Mosquera Valencia fuera capturado por estar presuntamente involucrado en un caso de corrupción y con una marcada opacidad del uso de los recursos en su administración.
El ataque causó daños significativos en equipos y documentos clave sobre la gestión económica de la institución, lo que profundiza la incertidumbre sobre el manejo de los recursos y la polarización en la comunidad educativa. Hoy la universidad se encuentra paralizada, y los estudiantes y docentes que integran la asamblea permanente denuncian amenazas e intimidaciones por parte de actores desconocidos.
La Utch es la única universidad pública del Chocó, la única con sede física en el departamento y la que recibe más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior del territorio. En medio de este panorama sigue siendo una de las cinco instituciones de educación superior con el menor promedio en las Pruebas Saber Pro 2023 de todo el país.
Aunque la comunidad universitaria le exige acciones contundentes al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas, desde la cartera aseguran estar “maniatados”. Hoy las únicas acciones que están implementando son las “medidas de prevención” designadas desde el 6 de octubre de 2023. Mientras tanto, docentes, estudiantes y administrativos piden estudiar con dignidad.
La institución se enfrenta, entre otras cosas, a un presunto desfalco de cerca de 38.000 millones derivados del Proyecto de Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria para el mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó “Proyecto Madera Chocó”. Las presuntas irregularidades en el proyecto, que fue financiado con 15.500 millones de pesos provenientes de regalías, son las que llevaron a la captura del exrector Mosquera el pasado 18 de noviembre.
A esto se suman varios hallazgos del Ministerio de Educación durante las visitas de seguimiento preventivo después de la medida dictada en 2023; entre ellos que no recibieron evidencia sobre el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de varios contratos, “motivo por el cual no existe certeza de su ejecución”. Así como informes de actividades sin evidencia de su cumplimiento y pagos a contratistas como auxilios o bonificaciones por visitas de campo, sin su debida justificación.
Adicionalmente, no hay concordancia en las cifras financieras de la institución. “Se repite en el periodo de diciembre lo enunciado en la primera conclusión financiera de corte septiembre en el sentido que la universidad presenta cambios importantes en los reportes de información contable evidenciando variaciones significativas en el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos”, dice el informe de visita de seguimiento preventivo realizada por el Ministerio del 22 al 24 de abril de 2024.
Consonante consultó al rector (e) Asprilla sobre la situación financiera de la universidad, pero aseguró que no podía dar información al respecto: “Frente a ese tema no me quiero pronunciar porque precisamente es un tema que estamos hoy socializando con la asamblea triestamentaria, y uno de los acuerdos es que no habrá un pronunciamiento de esos procesos, sino de manera concertada”.
Mientras tanto, estudiantes y administrativos denuncian que los recursos de bienestar universitario no se ven reflejados dentro de la institución: “Los recursos para los estudiantes no existen. La universidad en diciembre del año pasado dijo que a los estudiantes se les entregó unos bonos navideños, unos morrales personalizados, lapiceros y agendas de la universidad, y la Contraloría dijo que cuando iniciaron a llamar a las personas que la universidad tenía en los listados, manifestaron no haber recibido nada. Eso da a entender que los recursos de bienestar universitario no están llegando a los estudiantes. Hay una presunta corrupción al interior de la universidad”, dice Wilmer Serna, líder estudiantil e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –Aceu–.
La situación tiene a algunos funcionarios sin recibir sueldo desde agosto. “El pago de agosto lo hicieron a mediados de septiembre y solo a algunos funcionarios, otros tuvieron que hacer reclamaciones a través de derechos de petición para que les terminaran de pagar. En septiembre se presentó exactamente lo mismo. Tampoco se nos ha pagado el sueldo de octubre y noviembre. Hoy estamos llegando a mediados de diciembre y no se sabe nada sobre el pago del salario y tenemos hasta en duda el pago de la prima”, dice Raúl García Mosquera, empleado de carrera de la universidad y representante legal de la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Chocó.
García cuenta que el problema con los pagos no es nuevo. En diciembre de 2023 la universidad entró en asamblea permanente por el mismo tema, con el agravante de que también había retrasos en el pago de la seguridad social y las EPS dejaron de prestar el servicio a muchos funcionarios.
En 2023, a través de la negociación colectiva, se había acordado que a los docentes de cátedra se les debía pagar cada dos meses, pero la universidad tampoco cumplió con eso y los profesores recibían su sueldo más de seis meses después. Además, la universidad no les pagó seguridad social argumentando que no eran empleados públicos ni trabajadores oficiales y su vinculación a la entidad se realizaba mediante contrato de prestación de servicios.
Con esto el Ministerio de Educación aseguró que la institución estaba “presuntamente infringiendo normatividad constitucional, legal e inclusive, el precedente jurisprudencial, al estipular en su Propuesta de Estatuto General, que la contratación de sus docentes catedráticos será mediante contratos de prestación de servicios”.
También se evidenció que la administración incumplió los acuerdos colectivos 2016 a 2019 y 2020 a 2023 y que desde el año 2018 no se han transferido recursos al Fondo de Bienestar Profesoral.
Estudiantes y administrativos se unieron en un solo pliego de peticiones para presentar ante el rector. Entre los puntos más importantes está la seguridad dentro de la universidad, pues aseguran que cualquier persona puede entrar y no tienen un carnet que los identifique. También denuncian que no tienen restaurante estudiantil, ni enfermería, a pesar de que fue un compromiso que había hecho el exrector Mosquera.
“Uno ingresa en el primer semestre y cuando usted va por el carnet le dicen “la máquina, está mala”, y por allá en octavo semestre, cuando la máquina está buena, le dicen “no hay material” y así lo llevan a uno todos los semestres. Y peor que no le entregan a uno tampoco el carnet de seguro estudiantil, no sabemos si tenemos seguro dentro de la universidad”, dice Serna.
Otra preocupación son las condiciones en las que reciben las clases los estudiantes de la subregión del San Juan, y solicitan la construcción de la sede. Así como un estudio socioeconómico de los estudiantes que permita crear mecanismos de prevención de la deserción escolar. Según el informe del Ministerio de Educación, la Utch certificó que en 2023-1 y 2023-2 se presentaron 2.705 deserciones.
“Muchos estudiantes no tienen cómo desayunar, tomarse un café o un patacón con queso. A muchos les toca salir de la universidad para poder trabajar, para poder vivir, la mayoría de los compañeros son de otras regiones y a veces les toca salir de la universidad por no tener para pagar un arriendo. Hoy estamos solicitando a la administración de la universidad que se haga un estudio donde podamos mirar cada una de las vicisitudes que tienen los estudiantes"
Wilmer Serna, líder estudiantil e integrante de Aceu
Desde el lado de los funcionarios, organizados en la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Chocó, piden garantías para la sostenibilidad y permanencia de la universidad.
“Estamos hablando de que se organice un plan para que la universidad se ponga al día con todas las deudas para que de una u otra forma pueda garantizarnos a futuro la estabilidad”, explica Raúl García. También proponen un estudio técnico que identifique cuál es la necesidad real de funcionarios y docentes “con ese tema de las cuotas burocráticas la universidad se desbordó, pasamos de tener 84 funcionarios de contrato hace siete años a tener hoy casi 300. Entonces lo que estamos diciendo es que revisemos las necesidades reales y con base en eso tomamos decisiones de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley”, agrega.
También solicitan el pago de los salarios y aportes a los profesores de cátedra, el cumplimiento a los compromisos pactados en enero durante la negociación colectiva para el período 2024-2026 con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Sintraunicol Subdirectiva Quibdó, Sintrautch, Asemntra-Utch, Sintraunal Subdirectiva Chocó, y la administración de la universidad. Y el regreso a la normalidad académica.
El rector (e) Fabio Asprilla asegura que actualmente están en conversaciones para empezar una eventual negociación con la asamblea. “Yo no quiero tampoco entrar en esa tónica de del espejo retrovisor, yo creo que hoy los que nos toca es pararnos en el presente y proyectar el futuro sin desconocer, lógicamente, que si no tomamos las medidas necesarias en estos momentos, pues las consecuencias serían peor a futuro”, dice Asprilla.
La Utch ha tenido tres rectores en seis meses. La exministra de Educación, Aurora Vergara, destituyó a David Mosquera el 6 de julio y nombró como rectora encargada a Vanessa Sánchez. Sin embargo, en un proceso que algunos estudiantes y administrativos llamaron “amañado”, Yeferson Romaña Tello, Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, ordenó el reintegro de Mosquera; quien terminó su periodo el 18 de noviembre.
“Este es un juez (Romaña) que en diversas ocasiones, bajo sus providencias judiciales, ha venido haciendo fallos cuestionables”, dice el estudiante Wilmer Serna. Hoy el juez Romaña está en un lío judicial con la Agencia Nacional de Minería (ANM) por, presuntamente, haber tomado una decisión contraria a la ley al pedir el embargo de más de $370.000 millones que, según la entidad, pertenecen al Sistema General de Regalías (SGR), que son dineros públicos que le llegan a la Nación y que son fondos constitucionalmente inembargables.
Hoy Fabio Asprilla, quien fungía como vicerrector académico, es el rector encargado. Y por ahora, aunque integrantes de la asamblea permanente piden un “verdadero cambio de administración”, por la situación de anormalidad académica el periodo de Asprilla es indefinido.
“El estatuto si contempla un mes (del periodo de rector encargado), tiempo que se le da al Consejo Superior para que pueda hacer el proceso de elección en tiempos normales, pero en estas condiciones, mi resolución dice a partir del 22 de noviembre y va hasta que se surta el proceso de elección de esos consejeros”, explica Asprilla.
Las elecciones se iban a realizar el 4 y 10 de noviembre, sin embargo, la comunidad universitaria alegó que no había garantías para realizar el proceso. Aunque no está definido, lo más probable es que las elecciones se hagan finalmente en 2025.
“Alrededor de 10 candidatos solicitaron la suspensión de las elecciones del Consejo Superior, eran unas elecciones virtuales que no ofrecían un mínimo de garantías, no había un software responsable y tampoco había una auditoría externa que pudiera de alguna manera garantizar la transparencia de las elecciones. Diversos peritos que fueron contratados por la triestamentaria y por los profesores, ratificaron que hubo manipulación en las elecciones pasadas virtuales en las que se escogió al consejo superior, no podía pasar lo mismo”, agrega Serna.
La administración de Mosquera amplió el período de los Consejeros de 3 años a 4 años, al igual que el período del Rector. Un tema que según el Ministerio “infringe la normatividad constitucional y el precedente jurisprudencial”. Hoy hay tres integrantes del Consejo Superior a los que se les venció el periodo.
Algunos estudiantes y administrativos presentes en la asamblea le solicitan al Ministerio de Educación que tome medidas “drásticas” y elija a un nuevo rector encargado. "Estamos pidiendo que ayude a un proceso de transición armónica porque está muy polarizada la Universidad y que pueda regresar Vanessa o el que sea, pero que el Ministerio lo designe”, comenta Raúl García Mosquera. Además, han alegado que la orden del juez Romaña Tello ya no tiene validez, pues en el fallo dice que la medida iba hasta que terminara el periodo de Mosquera.
“En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, debe retirar de manera urgente e inmediata todas las barreras administrativas que pudieran impedir el regreso del demandante al cargo de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, hasta cuando se adopte una decisión definitiva en este asunto, o hasta cuando termine el periodo para el que fue elegido el actor, lo que ocurra primero”
Sin embargo, desde el Ministerio aseguran que no pueden hacer nada hasta tener una respuesta del juzgado: “Las competencias de inspección y vigilancia son facultades regladas en la Ley 1740 de 2014, y como servidores públicos sólo se puede hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, en ese sentido, y hasta tanto no se decida el recurso de apelación interpuesto por este Ministerio frente a la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que dejó sin efectos la medida de reemplazo de directivos, debemos ser respetuosos de las órdenes judiciales y de las etapas de los procesos que deben surtirse, en ese sentido, de momento nombrar un rector encargado no es una alternativa jurídicamente viable”.
Para llegar al colegio, Cristina Isabel Mendoza Urrutia debía memorizar las cuadras por cómo se sentían al tacto. Al inicio su hermana le enseñó el camino, hasta que ella aprendió a identificar los bordillos y a guiarse pegada a los andenes por los que sí podía pasar. Usando su bastón plegable identificaba las peculiaridades de las calles que le decían si le faltaban dos o tres cuadras para llegar al Infotep.
Cristina tiene ceguera irreversible desde los 11 años y reconoce que San Juan del Cesar es un pueblo poco accesible para personas con discapacidad. Este también es el caso de José Daza, quien es usuario de silla de ruedas desde hace siete años. Para ellos salir a la calle es un desafío: no pueden bajar o subir andenes solos porque son muy altos, no hay rampas adecuadas, no hay control de tráfico, el espacio peatonal es casi nulo y no existen señalizaciones para personas con discapacidad visual.
José tiene 51 años, tuvo un accidente automovilístico hace siete años . Hoy depende de la ayuda de sus hermanas, algo que todavía le incomoda. A veces, cuenta, le gustaría dar una vuelta solo por el barrio, pero su condición y las características del municipio no se lo permiten. Siempre debe salir acompañado.
En San Juan del Cesar no está claro cuántas personas tienen discapacidad. Según el censo del Dane de 2018, había 3.754 personas con discapacidad. Sin embargo, en 2019, la Unidad Generadora de Datos del municipio reportó solo 1.083 personas. Esta cifra aumentó a 2.085 en 2022, según el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, pero según la alcaldía actual hoy solo hay 1.622 personas certificadas en el municipio. Esta discrepancia en las cifras es solamente el inicio de los obstáculos que dificultan el acceso a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.
La situación inicia con las barreras educativas. Según datos del Plan de desarrollo en el municipio hay 128 niños y niñas con discapacidad atendidos en el sistema educativo, pero es un dato de 2017. Tener ese tipo de registros desactualizados habla de la desatención a la población y de las limitaciones que tienen para acceder a derechos. Por ejemplo, los y las estudiantes con discapacidad auditiva de San Juan del Cesar empiezan sus clases más de un mes después que el resto de los niños cada año, por la demora en la contratación de intérpretes de lengua de señas en los colegios.
Situaciones similares se repiten a lo largo del país, según explica Natalia Moreno Rodríguez ‘Bubulina’, activista por los derechos de las personas con discapacidad desde hace más de 15 años. Una de las solicitudes más prioritarias es la verdadera inclusión de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo regular: "Ya han empezado a ingresar a los colegios regulares con apoyos, sin embargo, si vamos a ver en otros s territorios todavía se sigue limitando el acceso a niños, niñas y adolescentes con discapacidad a las escuelas regulares, en especial a las privadas”.
A esto se suma la falta de recursos. Según Leonardo Gamez Egurrola, enlace de discapacidad de San Juan del Cesar, el rubro general para personas con discapacidad llamado “programas de atención a la población en situación de discapacidad”, fue solamente de 21 millones de pesos el año pasado.
A propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Consonante habló con Cristina Mendoza y José Díaz sobre los retos que enfrentan día a día en un lugar que está poco preparado para personas como ellos.
Cristina Isabel Mendoza: Aquí no hay accesibilidad peatonal, no hay señalizaciones en braille que nos digan dónde nos encontramos, no nos dan seguridad. Siempre hay personas que no tienen en cuenta el desplazamiento de las personas con discapacidad y nos colocan muchos obstáculos en el camino y en los andenes: los carros, las motos, las carretillas, entonces se nos dificulta bastante la movilidad.
José Daza: El transporte es lo más difícil, porque dependo de alguien que me pueda colaborar para llevarme en carro. En silla de ruedas no es fácil ir lejos. Y no todo el tiempo alguien está disponible para acompañarme, incluso a veces pierdo las citas médicas porque vivo con dos hermanas, una trabaja y la otra es sordomuda, también tiene una discapacidad.
Además en muchos lugares no hay rampas para ingresar la silla de ruedas. O si hay un segundo piso, y no hay ascensor, me tienen que cargar entre dos o tres personas, y eso es difícil.
C.I.M.: Yo actualmente estoy desempleada, pero vivo con mi madre y mis hermanos, dependo de ellos y de la misericordia de Dios.
Los empleos para personas con discapacidad se escuchan en otros departamentos y en el centro del país, pero aquí en San Juan se le da más importancia a las personas que no tienen discapacidad. Creo que es necesario más apoyo para las personas con discapacidad visual, que tengan en cuenta a la hora del empleo los ajustes razonables.
J.D.: Yo no trabajo, dependo de mi hermana. Y no tengo conocimiento de personas con discapacidad que trabajen aquí en el municipio, no nos tienen en cuenta para nada. Siento que no nos ven capaces de desempeñarnos, creen que no funcionamos en cualquier campo laboral por el estado en el que nos encontramos.
C.I.M.: Los andenes deberían tener braille, tener relieve, para que los podamos tocar con el bastón y podamos desplazarnos con mayor facilidad. También deberíamos tener semáforos sonoros, para las personas con discapacidad visual, ya que nosotros somos más auditivos. Así como están en las grandes ciudades, también tendrían que llegar a nuestro pueblo esos avances en las señalizaciones de tránsito.
J.D.: Que nos tengan más en cuenta a las personas que estamos en esta situación. Por lo menos yo no tengo ninguna ayuda de ninguna entidad, y sería bueno una fundación, por ejemplo, en la que uno se afilie y ellos vean por uno. Que al menos tengan un transporte y que cualquier persona que lo necesite se pueda comunicar y le ayuden.
Además, se necesitan ascensores, rampas, baños adecuados para personas con discapacidad. Porque no es solamente poner puertas anchas, porque puede tener la puerta ancha pero adentro son muy incómodos. Todas las facilidades que requiere una persona en ese estado.
C.I.M.: Haciendo campañas de sensibilización a la sociedad, y capacitarlos en cómo debería ser el trato a las personas con discapacidad. Concientizar a la gente de que somos personas capacitadas, que al igual que las demás que no tienen discapacidad podemos ser útiles a la sociedad. Las barreras están en la mente de las personas que nos ponen los límites.
J.D.: Todo depende del gobierno municipal, que es el que tiene que trabajar más por las personas con discapacidad. Buscar la forma de brindar ayuda para que las personas puedan ocuparse en su campo de trabajo.
"Concientizar a la gente de que somos personas capacitadas, que al igual que las demás que no tienen discapacidad podemos ser útiles a la sociedad. Las barreras están en la mente de las personas que nos ponen los límites"
Cristina Isabel Mendoza
Alguna vez se ha preguntado ¿Cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones?, y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?
Pues en la tierra de cantores, al sur de La Guajira, la Navidad sabe a gallina guisada y huele a la unión de vecinos en “La casa más dulce”. En esta entrega del Especial de navidad de Consonante le invitamos a conocer la historia y el espíritu que hacen de estas costumbres en Fonseca, un legado vivo.
“Queremos que nos dejen respirar”, es la consigna de Jazmín Romero Epiayú, activista wayúu conservacionista e integrante del colectivo Guardianas del viento. La frase, además de invocar a Jouktai, el dios del viento y el oxígeno, es una solicitud de tranquilidad para el pueblo wayúu, que hoy está en el epicentro de la transición energética. “Que respiremos, pero entre los mismos wayúu, sin intermediación del gobierno. Este pueblo está tan institucionalizado que ya está desbordado”, agrega.
Jazmin es una de las lideresas que se ha puesto en el medio de la discusión con la llegada de los proyectos energéticos al territorio. Hoy en La Guajira se tienen proyectados 57 proyectos eólicos tanto en la tierra como en el mar, estos tendrían 2833 aerogeneradores y ocuparían 52 mil hectáreas. La mayoría están pensados para construirse en territorio colectivo: en el Resguardo Indígena Ampliado de la Alta y Media Guajira, reconocido legalmente por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), con una extensión total de 1.071.180 hectáreas.
Según datos de Indepaz estos 57 proyectos provienen de 17 casas matrices, es decir, la compañía principal de la que se desprenden otras empresas, originarias de España. Canadá, Francia, Irlanda, Estados Unidos, Italia, Holanda, Portugal, Brasil y Alemania. Por parte de Colombia hay cuatro empresas con 17 posibles parques: EPM, Argos, Colgeólica y Gualica S.A.S.
La transición energética ha sido un tema central en la agenda del Gobierno Petro y en la COP16 que se termina hoy. El Gobierno colombiano llegó a la conferencia con un ambicioso portafolio de inversión de $160 billones para buscar “la protección del medio ambiente y la descarbonización de la economía”. Más de la mitad de esa inversión (81 millones de pesos) serían destinados al proceso de “Transición energética justa”, con un enfoque en la diversificación de la matriz energética hacia fuentes limpias, con proyectos que incluyen comunidades energéticas, movilidad eléctrica, y el desarrollo de infraestructuras para energías renovables como la eólica costa afuera, es decir, en el mar.
Ese no es el único esfuerzo que ha hecho el gobierno. Mientras la COP se estaba dando en Cali, el 24 de octubre, en la Casa de Nariño, el presidente Petro se reunió con Grupo ENEL, la compañía detrás de los parques solares más grandes del país, y confirmó que invertirá dos billones de euros en el marco de la transición energética.
En contraste, varios sectores del pueblo wayúu, académicos y fundaciones de derechos humanos han venido denunciando el atropello a las comunidades indígenas en medio de este proceso que parece acelerarse: “El potencial eólico en este departamento ha sido promovido sin tomar en consideración de manera responsable al pueblo wayúu, lo que por supuesto ha generado conflictos y retrasos o interrupciones indefinidas para la puesta en marcha de los proyectos y de las líneas de transmisión”, explica Joanna Barney, gerente general de Indepaz y directora del área de ambiente, energía y comunidades, en su libro Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayúu.
“Hoy se están matando los indígenas entre familias y vecinos por un supuesto desarrollo que no es provechoso para ellos”, dicen abiertamente desde el Consejo Superior de Palabreros, una instancia de resolución de conflictos de las autoridades wayuú. De las 57 intenciones de proyectos eólicos mapeados por Indepaz, por lo menos 37 han presentado algún conflicto socioambiental dentro de las comunidades del área de intervención.
Según un informe del encuentro de palabreros con delegados del Ministerio de Minas, que se llevó a cabo en Riohacha del 18 al 22 de octubre, la llegada de los proyectos ha desatado una “guerra por el viento”. “Los indígenas wayúu en estos momentos pasan por el peor momento de las guerras interclaniles y desconocimiento de su akuaipa (valores)– su sistema normativo y de principios culturales– a raíz de esos proyectos, en los cuales utilizan a palabreros y profesionales sociales para que los acompañen, pero para decir o repetir lo que ellos quieren que digan, sin importar que va en contra de sus derechos”, dice Anibal Mercado, director del Consejo.
Aunque los conflictos varían dependiendo del territorio, uno de los problemas que más se repite es el posicionamiento de liderazgos indígenas que no son correspondientes con la tradición. Es decir, las empresas “negocian” con autoridades falsas, o que son reconocidas por instituciones del Estado para otros temas que no están relacionados con la toma de decisiones sobre la intervención del territorio.
Anibal Mercado, director del Consejo Superior de Palabreros.
“Es un problema que viene desde la Constitución del 91, cuando a estas comunidades les empezaron a entregar recursos. Para poder darles esas regalías les pidieron hacer un registro y esos son los líderes tradicionales, los que tienen un documento que los amerita para recibir esas transferencias. Pero el problema empieza cuando el Ministerio cree que es con esas certificaciones que se hacen las consultas previas y guía a las empresas a hacer las consultas de esa manera. Pero esos líderes tradicionales no son líderes ancestrales, que son quienes realmente toman las decisiones”, comenta Joanna Barney.
A esto se suma que los territorios ancestrales son extensos, los líderes ancestrales normalmente no son personas políticas y muchos no hablan español. Además, un solo líder no puede tomar decisiones por otro territorio que no sea el suyo. Esta situación ha desencadenado una ola de conflictos y desarmonías en las que se ven involucradas las autoridades tradicionales y las ancestrales. Una situación que también se agudiza con el retorno de los wayúu que vivían en Venezuela.
Algunos incluso aseguran que en el medio hay malas intenciones de los gobiernos locales: “Nosotros venimos diciendo que todos estos grandes tropiezos y todos estos problemas nacen de una sola línea: de las administraciones municipales, que son quienes de manera irresponsable han venido posicionando autoridades ilegítimas, que no son del territorio y ese es el aval que ellos requieren para poder avanzar en los proyectos”, agrega Mercado.
Otro de los problemas es el proceso de consulta previa. Jazmín Romero Epiayú, asegura que contrario al proceso de consulta, lo que realmente hacen las empresas es comprar las decisiones: “Lo que nosotros encontramos son unos procesos de negociación y esos procesos de negociación los surten a través de prebendas, lo hacen como intercambio de regalar alambres, tanques, tejas o lanchas a cambio de la decisión de una autoridad. Eso no se puede interpretar como un proceso de consentimiento”.
Según una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo entregada por los wayúu ancestrales impactados por parques eólicos al Ministerio de Minas y Energía el 28 de diciembre de 2022 en el Cabo de la Vela, en muchos casos no se ha hecho una verdadera capacitación de los impactos de los proyectos en el marco de la transición, no recibieron los estudios de impacto ambiental en wayuunaiki (la lengua wayúu), ni se les permitió relacionarlos con expertos. “En algunos casos, las empresas nos desalentaron a recibir asesoría externa y nos recalcaban: “esto es mejor que lo acordemos entre la empresa y la comunidad; las asesorías externas traen retrasos y complican todo”, dice
Adicionalmente, manifiestan no estar de acuerdo con que sean las mismas empresas las encargadas de hacer los estudios de impacto ambiental en las comunidades: “Sabemos, ahora, que esas empresas que deben definir dichos impactos son pagadas por las mismas empresas y nunca dirán el riesgo real que corremos nosotros o nuestro medio ambiente. El estudio de impacto ambiental no debe ser realizado por las empresas. Debe buscarse a entidades independientes, académicas, externas, científicas pagadas por el gobierno”, consigna el documento.
Los procesos de “compensación” por el impacto ambiental también han traído división. “Las compensaciones se dan, según las consultas previas que se conocen, en proyectos productivos, o con la prestación del servicio de agua y otros servicios básicos insatisfechos. En ninguno de los proyectos conocidos por Indepaz se habla de la entrega de dinero en efectivo, pero las comunidades afirman, algunas con pruebas, que las empresas otorgan dinero de manera directa a algunas comunidades para que levanten los paros. Es difícil no percibir que estas situaciones implican una relación delicada entre las comunidades y las empresas, de tal manera que ningún negocio se podría mantener en esa inestabilidad, con el peligro de que también se estigmatice a las comunidades”, explica Barney en su libro Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayúu.
“Lo que nosotros encontramos son unos procesos de negociación y esos procesos de negociación los surten a través de prebendas, lo hacen como intercambio de regalar alambres, tanques, tejas o lanchas a cambio de la decisión de una autoridad. Eso no se puede interpretar como un proceso de consentimiento”
Jazmín Romero Epiayu, lideresa ambiental wayúu.
Jouktai es el dios del viento y la respiración y es quien da el oxígeno, cuenta Jazmin Romero Epiayú. El viento, además, es sinónimo de abundancia y es un indicador del calendario propio wayúu, cualquier afectación a él implica un desequilibrio de toda la biodiversidad y la vida espiritual. “Sin ese viento ese calendario propio no va a funcionar. La espiritualidad no va a funcionar, porque el viento se comunica con nosotros de distintas formas. La interpretación espiritual es supremamente vital para el equilibrio de una cultura, porque tiene sí o sí una conexión con todo: la tierra, el mar y todas las especies que conviven en nuestro territorio”, asegura la lideresa.
Jazmin, además, dice que hay un impacto diferenciado para las mujeres que no se está teniendo en cuenta: “Es un modelo de política neoliberal, patriarcal. Es un modelo bastante tenso para nosotras, porque en su mayoría las que estamos resistiendo son las voces de las mujeres”.
Otra afectación es el cambio en las rutas de migración de las aves y los murciélagos. “Donde se están construyendo los parques eólicos son, en muchos casos, precisamente en las rutas de migración de los flamencos, por ejemplo. Pero con un licenciamiento ambiental hecho en un par de meses no tienes la suficiente información para saber cuáles son los impactos y que actos de mitigación se deben hacer”, comenta Alejandro Gómez, integrante del grupo Aktion Guajira, un colectivo que trabaja en torno al diálogo por la diversificación productiva de la Guajira.
En el libro de Joanna Barney se identifica, además, la pérdida de flora: “En ninguna de las licencias estudiadas se lee haber contemplado la pérdida de flora a causa de que se ahuyenta la fauna voladora (aves y murciélagos) que la poliniza. Además, ambas entidades (Anla y Corpoguajira), se limitan a sugerir metodologías para evitar la colisión de esta fauna con las antenas y los aerogeneradores”. Esto al final afecta también de manera grave a la ganadería de ovejas y chivos, fuente principal del comercio wayúu y una extensión de su familia no humana.
Además de las afectaciones de estos parques en tierra, los parques offshore o marítimos, generan otros problemas; entre esos, la disminución de la pesca artesanal y afectaciones al turismo: “Una empresa española llamada BlueFloat tenía la intención de poner un parque eólico en nuestra costa, a menos de 3 kilómetros de la orilla, bordeando la zona de pastos marinos. Dicho parque tiene planeada la instalación de 55 torres eólicas de 261 metros de altura cada una. Nosotros como comunidad hicimos el recorrido y comprendimos que el área del parque abarca toda nuestra zona de pesca artesanal. También comprendimos que el paisaje se vería terriblemente afectado pues ese tamaño de torres en, prácticamente, nuestras playas afectaría el turismo que viene en búsqueda de nuestros originarios paisajes”, resalta el documento entregado por las autoridades ancestrales para el PND.
Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el gobierno prometió una “transición energética acelerada”, que aunque preocupa a varios sectores, va todavía a paso lento. Según un estudio de Ser Colombia, Asociación Energías Renovables publicado en 2023, solamente se ha avanzado un 35 por ciento de los 78 proyectos solares y dos eólicos que debían entrar en operación entre el 2023 y 2024. El otro 65 por ciento tiene retrasos por trámites pendientes ante distintas autoridades o han enfrentado conflictos socioambientales, especialmente en La Guajira.
En medio de este panorama una de las propuestas más sonadas del gobierno fue la de convertir a las comunidades indígenas en “co-administradores” de estos parques eólicos. Sin embargo, la figura no está clara y no se sabe cuál es la verdadera ganancia para los wayúu. “De co-administrador no se puede hablar, sería co-propietaria. Porque si a usted le van a usar una parte de su territorio y no le están reconociendo ningún derecho, y no le están protegiendo su diversidad cultural, pues entonces eso va mal, pero si se hacen con los protocolos establecidos y como se ha recomendado, pues ya las cosas cambiarían”, propone Aníbal Mercado.
“De co-administrador no se puede hablar, sería co-propietaria. Porque si a usted le van a usar una parte de su territorio y no le están reconociendo ningún derecho, y no le están protegiendo su diversidad cultural, pues entonces eso va mal, pero si se hacen con los protocolos establecidos y como se ha recomendado, pues ya las cosas cambiarían”
Inclusive varias comunidades ya han denunciado que los acuerdos económicos actuales, pactados con las empresas carecen de sentido: “Se nos está prometiendo recursos usados solo por medio de proyectos productivos que debemos solicitar a la empresa. Se nos habla de sociedad, pero no sabemos los valores del negocio y solo se nos promete una participación “si no hay paros”, pues, en caso de haberlos, no se nos podrá cumplir con los acuerdos”, dicen las autoridades ancestrales.
Dentro de la propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo de los wayúu ancestrales impactados por parques eólicos, las comunidades entregaron, entre otras cosas, varias recomendaciones al Gobierno Nacional para los procesos que se van a desarrollar. La solicitud principal es que se parta de la construcción de un protocolo autónomo por cada territorio, donde deberá estar plasmado el relacionamiento de los clanes asentados, los sitios sagrados, los espacios de pastoreo, los jueyes, ojos de agua, cementerios o íies, o cualquier otro sitio de significada trascendencia territorial, en los que se incluye el viento, las corrientes de juyá (lluvia); kai (sol) que define y marca el tiempo y los puntos cardenales en el territorio, que guían y dan orientación al tiempo y espacio. Y a kashi (luna) que define los tiempos de la visita del padre juyá a derramar el semen para la procreación de la madre tierra.
“Las características de la cosmovisión wayúu están marcadas por la espiritualidad con la naturaleza, la importancia de la familia en su concepción social, la creencia de lo sobrenatural y la tradición oral. Para el diseño de estrategias de innovación social es necesario incluir los saberes culturales de la comunidad indígena ya que permite crear alternativas para la solución de los problemas y la creación de un buen relacionamiento social entre los actores sociales participantes en el proyecto energético”, dice el documento.
Los palabreros son enfáticos en que el Akuaipa (las normas de la comunidad), es un sistema oral y la carga de su grabación, entendimiento y estudio debe ser una función del Estado: “No son los wayúu los que deben explicar su sistema a los funcionarios estatales, sino que es el Estado el que debe formar a sus funcionarios en tal pluralismo jurídico”.
Por otro lado, lideresas como Jazmín, se oponen a la llegada de este tipo de proyectos al territorio: “¿A quién estamos favoreciendo nosotros?, porque la transición energética no es una transición justa para el pueblo wayúu. Nunca nos dijeron “sí, los vamos a dejar soañar para que piensen en un proyecto”. A mí me han preguntado: ¿qué quieres tú?, pero no soy yo, hay que preguntarle a los sueños qué es lo que quieren mis ancestros para este pueblo, si están de acuerdo en que se hagan 57 parques para acabar con la espiritualidad, a ver qué nos van a decir”.
Mabel Vega tenía 10 años cuando deshilachaba el chinchorro de fique de su papá y usaba las hebras para intentar replicar los tejidos de su mamá, una indígena del pueblo wiwa que se dedicaba a fabricar y vender todo tipo de artículos en ese material. Hoy, a sus 73 años, recuerda cómo ese empeño por aprender a sacar, pintar, trenzar e hilar fique fue la puerta de entrada para fundar ‘Asoplacer’, una asociación de mujeres wiwa cabeza de hogar que trabaja el fique para tener ingresos económicos conservando la naturaleza y conectando con sus tradiciones.
‘Asoplacer’ lleva más de cuatro décadas en pie. Ese trabajo sostenido de Vega hizo que su negocio fuera uno de los 600 que tienen un espacio en el marco del evento más importante de biodiversidad del mundo: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16). Los negocios que llegaron a ese evento debían caracterizarse por el aprovechamiento y el uso sostenible de la biodiversidad. El de Vega cumplía con estos requisitos.
En la asociación, la materia prima es el fique, una fibra natural biodegradable que no contamina. Su cultivo y procesamiento no requiere de químicos por lo que el mismo Gobierno Nacional ha incentivado su cultivo y lo ha propuesto como una alternativa para reemplazar los plásticos de un sólo uso. En ‘Asoplacer’, además de contar con cultivos de fique que crecen sin ningún tipo de intervención humana, lo recogen, procesan y tejen de forma manual.
A punta de mochilas, bolsos, individuales para el comedor y otros tantos productos que tejen con fique y a mano, las 50 mujeres wiwa que integran la asociación conectan con sus ancestros y conservan sus saberes por medio del tejido de esta fibra que es una tradición arraigada en la cultura de su pueblo. Además, los productos elaborados son una forma de sostenimiento económico para las mujeres de la asociación al comercializar sus productos por todo el país.
‘Asoplacer’ nació en 1980. Para ese momento, Vega había sido docente de primaria en la vereda El Placer y tenía su propio internado. Allí había notado que la mayoría de sus estudiantes eran hijos de mujeres wiwa cabeza de hogar. Entonces se le ocurrió que, así como su madre tuvo ingresos económicos y salió adelante con el tejido de fique, ellas también podrían hacerlo. De base tenían el conocimiento ancestral propio de los wiwa, un pueblo indígena que habita en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena.
Aunque la asociación nació en El Placer, las mujeres que la integran también vienen de otras cuatro comunidades vecinas: Ulagos, Loma del Potrero, Piloncito y Hatico de los Indios. Ellas tejen los productos, ponen los precios y se los entregan a Vega que se encarga de comercializarlos a un precio justo. “Si ellas me dicen que la mochila vale 50 mil pesos, yo trato de traerles al menos 70 mil”, cuenta Vega desde el pequeño stand en Cali.
Para ella, los precios no suelen ser rentables, pero dice que son justos y aceptables. Estos varían de acuerdo al tamaño y al tiempo que tardan en tejer las mochilas. Por ejemplo, para tejer una mochila con 10 centímetros de diámetro y 18 de alto puede demorar hasta 15 días y la venden en promedio a 80 mil pesos. Pero solo aumentar cinco centímetros a la base y dos al largo puede implicar hasta siete días más de trabajo.
“De aquí no gano nada, yo tengo mi pensión y con eso estoy bien”, asegura Vega. Su remuneración es la ayuda que brinda a las mujeres wiwa como ella y el aporte a sus tradiciones y a la naturaleza. Los dos últimos son aspectos claves que atraviesan su vida. Por eso, sigue viviendo en la casa de bahareque de su madre, sembrando las semillas ancestrales que ella dejó en la huerta, secando la carne al sol y trabajando el fique de forma natural.
Incluso, Vega separó una hectárea de tierra de su finca en La Guajira para que el cultivo nazca y crezca de forma armónica con la naturaleza. En promedio, el cultivo de fique puede tardar hasta cuatro años para producir la fibra que luego extraen. Hasta el 2021, La Guajira era uno de los 10 departamentos productores que reunían el 99% de los cultivos y la producción nacional según el Ministerio de Agricultura.
“Nosotras no sembramos el fique — explica Vega —-. Cuando la mata va a morir bota una vara donde está la semilla, cuando ésta cae al suelo, crece y se hace cultivo sola con el sol y la lluvia. Acá no metemos maquinaria ni fumigamos, somos artesanas de fibra de fique 100% natural. Hasta nuestras herramientas son de madera y seguimos usando la macana (una pala de madera) para retirar la corteza y sacar la fibra”.
Los conocimientos ancestrales también se han transformado para que algunas acciones vayan más de acuerdo con el cuidado ambiental. Por ejemplo, antes, la savia que recubre la fibra de fique se lavaba en los ríos, ahora se hace en baldes para evitar que esta se mezcle con agua que puede servir para otros usos. También se han combinado con conocimientos más actuales. Giselle Montaño, la hija de Mabel Vega, es la que ha liderado este cambio en la asociación.
Montaño es quien está pendiente de las tendencias de la moda para dar línea sobre algunos productos, y desde 2020 también es la encargada de impulsar a ‘Asoplacer’ en el mundo digital. Contrario a lo que le pasó a muchos negocios, la pandemia resultó ser clave en la apertura al mercado digital de la asociación.
Giselle Montaño llevaba al menos tres años acercándose de nuevo a la asociación y al tejido de fique luego de que sus estudios universitarios y secundarios la alejaran físicamente de su casa. Pero en 2020, con las medidas restrictivas por el covid, Montaño se topó con el centro de acopio lleno. Al menos 200 mochilas estaban estancadas.
“Comenzamos a trabajar con las redes sociales y gracias a Dios, en un tiempo de seis meses, vaciamos la bodega. Tuvimos éxito de ventas a nivel nacional. Podemos decir que, para nosotros, la pandemia fue un tiempo de florecimiento, de renacimiento, de darnos a conocer y de crear muchos enlaces que nos han permitido participar en muchas ferias” en Barranquilla, Bogotá, La Guajira, Santander y Magdalena, cuenta Montaño.
“Los negocios verdes son los que permiten ese equilibrio entre generar ingresos económicos, ser amigables con el medio ambiente y aportar a la sociedad”, explica María Isabel Rodríguez, funcionaria del programa de Negocios Verdes de Corpoguajira. También cuenta que entre las características de ‘Asoplacer’ para ser considerado como tal está el aporte ambiental, la forma en la que involucran a la sociedad al trabajar con comunidades indígenas y el crecimiento económico que genera utilidades para los socios.
Según el informe “Panorama empresarial y oportunidades para el ecosistema emprendedor en la Amazonía Colombiana”, alineado con el programa Amazonía Siempre, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Lab en el marco de la COP16, en Colombia hay 4.199 negocios verdes registrados entre 2014 y 2022.
En el país existen tres categorías. La primera es bioproductos y servicios sostenibles, donde están todas las actividades de negocios originados a partir de la transformación y aprovechamiento de recursos de fuente natural renovable. En esta categoría está Asoplacer y la mayoría de negocios verdes en el país.
La segunda son los ecoproductos industriales, negocios que desarrollan procesos de innovación a partir de la transformación y aprovechamiento de residuos, las actividades industriales sostenibles y la sustitución de insumos de origen petroquímico por insumos de fuentes naturales renovables. Y la tercera es productos por la calidad ambiental, es decir, las actividades relacionadas con la disminución de la contaminación y la mitigación y adaptación al cambio climático.
El informe del BID identificó que en los departamentos de la Amazonía colombiana, por ejemplo, las débiles habilidades técnicas y empresariales eran una de las mayores barreras para el crecimiento del tejido empresarial verde. “Más del 99 por ciento de los negocios verdes de la región son micro y pequeñas empresas, con lógicas artesanales y de supervivencia. Estas empresas invierten poco en capacidades y conocimientos que les permitan generar más valor y alcanzar nuevos mercados”, explica el documento.
Hoy el reto más grande es que Asoplacer se convierta en una empresa. Así contarían con un presupuesto, contratos laborales y salarios. “Ahí vamos creciendo, ya tenemos maquinaria para ampliar e innovar la producción. No nos salimos de nuestros ancestros, pero el mercado nos está pidiendo cosas, entonces toca ayudarnos”, dice.
La maquinaria llegó con el apoyo económico de 70 millones de pesos que les dio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vía Innpulsa, la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional. Las máquinas ayudarán a ensamblar algunos productos, pues el proceso manual suele retrasar la producción.
“Es una actualización en el negocio. Con la máquina vamos a ensamblar productos que son de la línea del hogar, nada más. Así agilizamos el proceso y tenemos mayor circulación de nuestros productos en el mercado sin dejar de hacer el trenzado y el hilado de forma manual”, cuenta Giselle Montaño.
Sin embargo, consolidar este tipo de negocios es más complejo en lugares como La Guajira, donde la pobreza monetaria alcanzó un 65,4 por ciento, posicionando al departamento como el segundo con mayor índice de pobreza en Colombia. Además, en San Juan del Cesar la informalidad laboral alcanza un 91,1 por ciento.
La situación es más crítica para las mujeres. Según datos del Dane, en 2022, la tasa de participación laboral para hombres fue de 78,6 por ciento, mientras que para mujeres fue del 57,4 por ciento.
Mabel Vega dice que la Alcaldía de San Juan del Cesar no la ha apoyado. “Vienen, toman fotos y piden que cuente mi historia y ya. En 44 años no hemos recibido nada de parte de ellos”, asegura. El apoyo ha venido más de parte del gobierno departamental por medio de Corpoguajira, la autoridad ambiental del territorio que fue la que seleccionó a ‘Asoplacer’ para estar en la COP16 ya que hacían parte de los llamados ‘negocios verdes’.
A esto se suma la dificultad de las micro y pequeñas empresas para acceder a financiación. En el informe del BID se consigna que entre 2012 y 2022, el costo del crédito comercial fue superior para esas empresas frente a las grandes, y al menos dos puntos porcentuales mayor cuando el deudor era una persona natural en comparación con las personas jurídicas. “De ahí que fomentar el acceso a microseguros y microcréditos es primordial para que estas empresas puedan mitigar sus riesgos y contar con inversión para fortalecer sus capacidades productivas”, recomienda.
El evento internacional más importante sobre biodiversidad, que reúne a casi 200 países, empezó el 21 de octubre en Cali para revisar los avances en los compromisos de hace dos años (en la COP15) con miras a 2030, considerado el año decisivo para frenar la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Pero el evento también tiene voces críticas que consideran que la Conferencia no recoge los intereses de las comunidades; no trata temas claves de la agenda ambiental nacional y tiene una mirada mercantilista sobre la naturaleza.
Críticos de la COP16 se reunieron inicialmente bajo la sombrilla de la COP DiverGente. La iniciativa nació de organizaciones, colectivos e investigadores ambientalistas que propusieron una COP alternativa. Tras diferencias internas y divisiones — porque una parte del movimiento adhirió al gobierno nacional y otra parte insistía en ser independiente y autónoma—, el espacio pasó a llamarse ‘COP Crítica: la biodiversidad en las voces de los pueblos’ y tendrá agenda propia el próximo 24 y 25 de octubre en la Universidad Nacional.
Consonante habló con Alejandro Mesa; licenciado en ciencias sociales e integrante de Acción colombiana por la soberanía ambiental (Acolsam), una organización que promueve la acción ambiental con enfoque soberano por medio de investigaciones, movilizaciones, litigio, entre otros. Mesa hace parte de la COP Crítica y habló sobre la distancia de esta con la COP16; la oposición al gobierno Petro en temas ambientales y el aporte de estos diálogos alternos en la agenda nacional.
Alejandro Mesa: Es un evento que nace con el objetivo de construir una alternativa a la COP oficial que se está llevando a cabo en Cali. También parte de unos elementos que se oponen a la política ambiental del actual gobierno e intenta apostar por una mirada a la problemática ambiental de nuestro territorio desde las comunidades, desde la gente y desde la academia.
A.M.: Las Cumbres de las Partes realmente son un encuentro entre los países firmantes (de La Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas que se firmó en 1992). Es un espacio donde, principalmente, se van a poner sobre la mesa las discusiones, los intereses, los objetivos y las tareas de las grandes empresas, de multinacionales, que están detrás de ONGs de carácter verde. Es un espacio que claramente aboga por la protección de la biodiversidad pero con una mirada que no responde a las necesidades de las comunidades y, sobre todo, a las particularidades que tiene cada territorio. Entonces se van a escapar grandes problemáticas que nosotros queremos reunir y discutir en la COP Crítica.
"Es un espacio que claramente aboga por la protección de la biodiversidad pero con una mirada que no responde a las necesidades de las comunidades y, sobre todo, a las particularidades que tiene cada territorio"
A.M.: No es la primera vez que hay espacios abiertos para la sociedad civil en las COPs. La Conferencia incluye a las grandes corporaciones, gremios empresariales, bancos (que no son defensores reales del medio ambiente), entre otras. Lo que sí es cierto es que se ha hecho un gasto público monumental en las llamadas “pre-COP” y en esta ‘Zona Verde’ que preparó el gobierno precisamente para controlar y cooptar a las organizaciones sociales.
Por el enfoque se le dio, sin embargo, parece dispuesto para preparar el camino de las campañas electorales de varios funcionarios del sector ambiental. Porque no hubo un mecanismo claro para tramitar las demandas de las organizaciones sociales populares y ambientalistas.
Esta ‘Zona Verde’ está muy lejos de la ‘Zona Azul’, donde realmente están los tomadores de decisiones. El Gobierno Nacional aisló a los movimientos sociales para limitar su capacidad de incidencia, su denuncia y su visibilización ante el mundo, por eso no confiamos en este espacio. Sin embargo, confiamos en el pensamiento crítico de muchos defensores ambientales que buscarán de esa oportunidad la manera para fortalecer las verdaderas causas ambientales.
A.M.: Que hay muchas incoherencias y contradicciones en su apuesta ambiental. Este gobierno ha abanderado a Colombia como “potencia mundial de la vida” pero, en la práctica, encontramos que no hay una política real ni una pauta directa hacia ese objetivo. Incluso, el mismo eslogan de la COP no es claro: “Paz con la naturaleza”, que no tiene nada que ver con lo que viene pasando actualmente.
Un claro ejemplo de esta contradicción e incoherencia es el proyecto militar en la Isla Gorgona. Gorgona es un paraíso de biodiversidad único en el mundo, es nuestra joya del Pacífico. Pero está en riesgo de ser intervenido por un proyecto militar, que no escucha la voz de la ciencia ni de las comunidades y que va a poner en peligro la vida única que hay en este territorio.
Tampoco hay una pauta real para la protección, por ejemplo, de los recursos hídricos. Hay una violación de la soberanía nacional pero en términos de permitir la intromisión de elementos militares extranjeros a nuestro territorio nacional. La tal ‘paz con la naturaleza’ quedaría más bien como pregunta.
A.M.: Hemos señalado dos elementos concretos: el primero es el de la Isla Gorgona, un proyecto financiado por Estados Unidos que pretende construir una subestación de Guardacostas en la isla. Esto es clave porque el proyecto responde a uno más grande en todas las zonas del Pacífico tropical: un corredor biológico marino que incluye a las islas de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Gorgona, entonces, sería un entramado más de este proyecto geopolítico por parte de los Estados Unidos.
Hay un elemento muy importante y es la propuesta insistente de Petro y el Gobierno de llevar o construir una OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) propia del Amazonas. En este momento hay una base transnacional de la Policía operando en Leticia, recogida dentro de este marco de generar un proyecto para salvaguardar la naturaleza o la biodiversidad con militarización extranjera.
La semana pasada fue noticia que el gobierno recibió otra flota de helicópteros de Estados Unidos, Helicópteros Black Hawk que, para hacer un ‘lavado verde’, el Gobierno lo llamó “Guacamayas”. Esto no tiene presentación. Es, en pocas palabras, lavado verde a la militarización de territorios.
A.M.: Estas cumbres se traman dentro de un nuevo paradigma que tiene una mirada mercantilista de la naturaleza, como un mercado global detrás de apuestas por la conservación y la protección de la biodiversidad. También hay ciertos intereses de empresas; sobre todo en sectores farmacéuticos, agroalimentarios, de empresas mineras extractivas, entre otras,que están detrás de esta ‘protección’.
Un caso concreto que se va a discutir en la COP Crítica va a ser el problema que atraviesan las semillas y la soberanía alimentaria en el territorio nacional. Vamos a escuchar discursos de respeto a las comunidades y de protección de su legado ancestral en términos de los cultivos y semillas. Nuestro país atraviesa un gran problema con los Tratados de Libre Comercio (TLC) que inundan el mercado nacional de productos extranjeros y no tiene como prioridad el mercado local, nacional o los productos trabajados por las comunidades en nuestro territorio.
El Amazonas concretamente es una zona de interés de las empresas farmacéuticas por toda la riqueza y biodiversidad que tiene, no solo en nuestro país, sino en todo el continente. Estamos ante un gran peligro, estamos alzando la voz y, sobre todo, organizándonos para oponernos a esta mirada mercantilista y privatizadora de la naturaleza.
A.M.: El presidente Petro ha abogado ante el mundo por esta bandera, bastante cuestionable, que es deuda por naturaleza o deuda por Acción Climática. A primera vista puede llegar a sonar muy progresista y alternativo. Sin embargo hay que ponerle la mirada y la lupa a este elemento porque no ataca el problema de raíz que es el tema de la deuda externa.
El tema de la deuda de los países como Colombia, es decir, del sur global, es que ante este mecanismo no pueden lograr una ruta soberana a su desarrollo. Básicamente no se excluye la deuda sino que se le apuesta por unos intercambios por medio del control de zonas vastas de territorios a costa de las poblaciones locales. Es como ceder algunos recursos que se destinan al pago de la deuda para orientarla a la conservación y protección de estos territorios claves en biodiversidad.
Sin embargo, esta protección y manejo de los recursos muchas veces no es de una manera soberana sino condicionada a ser manejada por empresas u ONGs extranjeras con intereses. Hay falta de transparencia porque muchas veces no se conoce cómo son estos intercambios. También hay pérdida de soberanía y sobreendeudamiento.
A.M.: Que los protagonistas sean las personas que viven en carne propia los temas aquí mencionados. El Gobierno dice que la COP16 es la COP de la gente: vamos a ver si los protagonistas van a ser las comunidades o los grandes magnates y empresarios que se enriquecen de la protección de la biodiversidad.
"El Gobierno dice que la COP16 es la COP de la gente: vamos a ver si los protagonistas van a ser las comunidades o los grandes magnates y empresarios que se enriquecen de la protección de la biodiversidad"
La COP Crítica le apuesta a ser un espacio alternativo, independiente y autónomo del gobierno nacional y de esa mirada mercantilista y privatizadora de la naturaleza. Pero la crítica a la COP no se va a quedar ahí, también debe marcar una pauta, una ruta de acción y de movilización ante las comunidades, que logre aglutinar una mirada amplia, participativa y muy rigurosa de los problemas ambientales que atraviesa el país.
Sobre todo de lo que podemos hacer ante esos problemas: qué hacer para frenar de una vez por todas, aunque esté suspendido, el proyecto militar en la Isla Gorgona; qué hacer para frenar la militarización en el Amazonas; qué hacer para que la transición energética sea realmente con las comunidades; qué hacer para que sean los campesinos quienes puedan tener garantías para producir sus cultivos con una soberanía alimentaria real. Esa respuesta deberá salir de ese espacio alterno.
La Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, la segunda institución con mayor población estudiantil de Tadó, enfrenta un deterioro estructural que compromete la educación de cerca de 1.300 estudiantes. Desde su fundación, el 26 de febrero de 1963, ha sido testigo de varias generaciones formadas dentro sus aulas. Sin embargo, la infraestructura, que alguna vez fue motivo de orgullo para sus estudiantes, hoy refleja falta de planeación y mantenimiento.
A pesar de que en el año 2016 se inauguró una nueva sede en el barrio escolar, en el sector terminal o Villas del Remolino, tan solo ocho años después la institución ya se ve deteriorada. Las canoeras están dañadas, la pintura y la fachada están en mal estado y los espacios no soportan las constantes lluvias. "Sabemos que desde que fue entregada la institución, la edificación ha presentado problemas, dado que el modelo no coincide con las condiciones geográficas del municipio", advierte la coordinadora de educación, Brenda Yulieth Mosquera.
La comunidad educativa asegura que el mayor problema es el diseño de la institución: "fue como si miraran un diseño de Bogotá y lo trajeran acá", dice uno de los docentes. Además, carece de condiciones básicas: no tiene aula máxima, ni sala de profesores y sus instalaciones sanitarias dependen de un pozo séptico que requiere mantenimiento cada tres meses.
Esta situación se agrava en un contexto donde, según Mosquera, el 98 por ciento de las infraestructuras educativas de todo el municipio, tanto urbanas como rurales, no cumplen con las normativas exigidas para su funcionamiento y llevan más de 50 años sin recibir intervenciones significativas. En los 50 años de existencia de la infraestructura educativa municipal, las únicas reparaciones han sido "tapar goteras y pintar", dejando de lado aspectos fundamentales como el tamaño de las aulas y la adecuación a las normativas educativas actuales.
La rectora ha solicitado cubiertas para las canchas, el mantenimiento de los pisos y nuevos materiales escolares. Mientras tanto, la falta de una sala de reuniones obliga a que cualquier encuentro de más de 50 personas se realice en la sala de sistemas.
La Normal lleva varios años enfrentando dificultades. Uno de sus momentos más críticos fue durante la alcaldía de Mancio Agualimpia, entre 2012 y 2015, cuando la infraestructura de la sede antigua estaba en condiciones críticas: la cubierta estaba rota, los pisos destruidos, la humedad estaba empeorando y el espacio se estaba quedando pequeño para la cantidad de estudiantes que recibían. “Nos tocó hacer una manifestación pacífica entre estudiantes, docentes y padres de familia. En ese momento el alcalde manifestó que no tenía los recursos para atender la institución sin embargo se unió a una comisión con la que fuimos a buscar solución a la Secretaría de Educación departamental”, recuerda Jesús Adolfo Mosquera, ex docente pensionado de la institución.
Inicialmente, el secretario de Educación de ese entonces ofreció 1.500 millones de pesos para intervenir el plantel. Sin embargo, cuando los funcionarios de la Gobernación llegaron a evaluar la situación, se encontraron con una sorpresa: el rector había comenzado la construcción de una edificación proyectada para tres pisos sin haber informado a las autoridades. "Eso generó inconformismo porque habían empezado a construir sin ellos estar enterados", explicó Mosquera.
El rector de ese entonces era Rafael Alberto Jehovo Gutiérrez, quien había recibido de la alcaldía cerca de 100 millones de pesos para hacer arreglos: “nosotros comenzamos a construir una edificación de tres niveles pensando inicialmente en el aula máxima, la biblioteca y la sala de los docentes. La obra no se continuó porque al interventor le gustaba participar solo y hacía las veces de todo cuando la educación en el departamento fue intervenida”, asegura Gutiérrez.
Finalmente, la Secretaría de Educación aprobó una inversión mayor, alcanzando los 3.400 millones de pesos, con la condición de que no se podía continuar construyendo en la sede original. Aunque oficialmente desde la Secretaría aseguraron que el problema de continuar con la obra en ese terreno era que interfería con una tubería principal, y ponía en riesgo a los estudiantes, Mosquera subraya que "en el fondo la razón fue por la discrepancia entre el rector y el secretario de educación por no avisar".
Hoy, los cimientos de esa construcción incipiente siguen en la sede antigua y el dinero invertido terminó en ruinas. La rectora de la Institución, Eude Celina Ramírez, asegura que ha hecho estudios en ese terreno: “hemos hecho tres estudios de riesgos y nos arrojó que no hay ninguno”.
Para la nueva sede el municipio solamente aportó el terreno, los más de tres mil millones surgieron de un convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la secretaría de Educación departamental. La infraestructura, que se inauguró en 2016, tiene 23 salones, tres baterías sanitarias, dos laboratorios, dos salas de sistemas, un comedor, dos áreas administrativas, y dos canchas.
Aunque la construcción fue proyectada para ser de dos pisos, ocho años después hay una parte que está sin construir, y faltan varios espacios. Según el profesor Mosquera, él fue el encargado de proyectar la segunda etapa de construcción, que contemplaba una biblioteca, siete aulas más y otras dos unidades sanitarias por un valor de dos mil millones de pesos. “El propósito era subir toda la normal allá. El proyecto ya está aprobado en Findeter pero por negligencias administrativas no se ha ejecutado”, asegura el docente.
Terminar de construir también es un desafío porque cerca a la parte que falta pasa un cable de alta tensión. Además, este año apareció una persona que asegura ser dueño de esa parte del terreno.
En medio del enredo, nadie parece tener el proyecto de la segunda fase “Cuando recibí la institución no encontré ningún proyecto que hablara de segunda etapa. Yo fui a ver si en la alcaldía existe algún proyecto y nos respondieron que no lo hay”
Eude Celina Ramírez
El reclamo de la comunidad educativa es claro: se necesita inversión urgente para que los estudiantes de la Normal tengan las garantías en infraestructura que sean adecuadas para sus procesos de aprendizaje. “Los rectores venimos apostando a la paz en los planteles educativos, pero se nos sale de las manos cuando los niños nos preguntan por qué el deterioro institucional. Consideramos que eso sería violencia administrativa”, dice Ramírez.
Carmen Copete, madre de una estudiante, señala que "el colegio necesita mejoras. Los salones carecen de ventilación, y los niños se sienten sofocados". Jessica Beti, madre de un estudiante de octavo grado, coincide: "La infraestructura está muy afectada, lo que representa un peligro para los estudiantes. La pintura y los sanitarios no están en las condiciones necesarias".
Zuleima Pino, con tres hijos en la institución, resalta las consecuencias que viven ante la falta de un aula máxima: "Las reuniones tienen que hacerse en la sala de sistemas. Deberían arreglar eso". Ramírez, además, critica la gestión anterior: “ellos hacían unos convenios (con cada rector) pero la institución que menos recursos recibió fue La Normal y La Pobreza, lo que giraban solo alcanzaba para el pago de los servicios públicos".
Hoy le piden al alcalde Juan Carlos Palacios atender las necesidades: “los rectores presentamos al señor alcalde un informe de necesidades y hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna escrita, ni verbal”, agrega.
Por su parte, la coordinadora de educación, Brenda Mosquera, asegura que están realizando un diagnóstico de las instituciones del municipio y ya se han hecho algunos arreglos. "También solicitamos a la gobernadora que incluya en el plan de desarrollo la construcción de un megacolegio en Tadó”, añade Mosquera.
Desde agosto el río Ranchería, el más importante de La Guajira, fue declarado sujeto de derechos. El proyecto de ley que había iniciado su carrera en el Congreso desde septiembre de 2022, fue oficializado el 8 de agosto bajo la ley 2415 de 2024. Su propósito es: “garantizar su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”.
Para que esto sea posible, la ley propone la creación de un “cuerpo colegiado”, es decir, un espacio de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes comunidades que viven a lo largo del territorio. Por cada comunidad que habite la cuenca, habrá dos representantes en el grupo de guardianes del río. Y aunque la participación de la comunidad es central, algunos expertos han señalado la falta de garantías para que la elección de estos representantes sea realmente beneficiosa para las comunidades:
“Los retos son gigantes sobre todo en esa parte: ¿quiénes van a ser realmente los que tomen decisiones sobre el río y cómo se van a tomar? Esta forma de organización va en contravía de cómo participa y toma decisiones el Pueblo Wayuu. Además, han estado inmersos en un sistema de captura corporativa, de abusos de poder que justamente no permiten que esas decisiones sean libres e informadas”, comenta Rosa Mateus, Coordinadora del del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática de Cajar.
La ley también exige la creación de un plan de acción que deberá ser formalizado en máximo dos años. El documento debe incluir indicadores que permitan medir la eficacia de las acciones y también determinar las entidades responsables de cada acción establecida.
Para la veeduría institucional estará la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades rendirán un informe semestral a la Comisión de Guardianes del río Ranchería y a la comunidad en general, donde detallarán las actividades de seguimiento y control realizadas.
El río ha regado las tierras semidesérticas de todo el departamento, desde el norte hasta el sur, mientras convive con una de las operaciones mineras más grandes de Latinoamérica: El Cerrejón. La tierra que ha intervenido la empresa es la que antes tenían los más importantes arroyos que nutrían el río en su cuenca media, por lo que el caudal ha disminuido. A esto se suma una represa inconclusa que ha privado del acceso al agua a muchas comunidades.
Bajo este contexto, la ley dicta que será obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizar que se eliminen todos los bloqueos que impiden el caudal natural del río en todo su trayecto, “a fin de que se cumplan las condiciones ambientales propias y se permita el acceso del agua a todas las comunidades que históricamente se han beneficiado”.
Consonante habló con Martha Peralta Epiayú, la senadora que impulsó el proyecto de ley en el Congreso, sobre los retos que vendrán para la implementación de la norma.
Martha Peralta Epiayú: Esta ley busca cuidar el río de cualquier tipo de impacto. Sabemos que en el departamento de La Guajira se desarrolla la minería más grande de Latinoamérica a cielo abierto y que este río ha venido sufriendo las consecuencias. Lo que no queremos es que vuelva a desviarse, que desaparezca o que se lo roben, porque es el afluente más importante que tenemos en el departamento.
En él (el río) tenemos la solución para abastecer el departamento y las comunidades ribereñas de agua, para los quehaceres del día a día, para el cultivo y para el consumo en total estado potable.
M.P.E.: Claro que sí, porque si no cuidamos el agua, se va a acabar. Este gobierno está pensando en continuar con la segunda etapa de la represa, pero si no hay agua, si la seguimos contaminando o sigue desapareciendo, seguiremos siendo parte de una población que se está extinguiendo.
Hoy están falleciendo los niños por causas asociadas a la desnutrición, y eso es un riesgo para la permanencia y la supervivencia del pueblo Wayuu, porque es su niñez, es la continuidad de su existencia. Si no protegemos el agua puede llegar la minería, cualquier otro agente externo, o el mismo gobierno, a impactar el río. Queremos que las comunidades se empoderen para cuidarlo, protegerlo, conservarlo y descontaminarlo.
M.P.E.: El espíritu del proyecto es el cuidado del agua, es buscar todos los mecanismos que vayan dirigidos a su conservación, pero además de ello que las comunidades sean los guardianes del río Ranchería. Realmente la empresa Cerrejón tiene una responsabilidad en esta recuperación, ellos han estado prestos, pero todo tiene que ser de la mano de las comunidades y como ellos lo orienten.
M.P.E.: Esta ley acaba con cualquier tipo de atentado contra la vida del río Ranchería, ya no pueden priorizar, por ejemplo, “que debajo del río hay más de 50 toneladas de carbón”, pues eso no puede estar por encima de la protección al agua, sus cuencas, sus arroyos, o sus riachuelos. Es una protección que realmente va más allá de una declaratoria, es para que en el departamento de La Guajira no se siga priorizando la minería por encima del agua.
M.P.E.: Este gobierno tiene un compromiso por la protección del recurso hídrico de nuestro país. No creo que se vaya a priorizar la minería por encima de la voluntad popular que exista alrededor de Cañaverales.
En esas circunstancias, así como hemos hecho las iniciativas para la protección del río Ranchería, también lo haremos para esta comunidad si ellos así lo ven pertinente.
M.P.E.: El Cercado fue un proyecto que se realizó con una inversión bastante grande y que hoy está ahí como un elefante gris. Este gobierno inició los estudios y hasta donde tenemos conocimiento, se comprometieron en avanzar con una etapa más de las tres que tiene. Estaremos haciéndole veeduría para que se pueda desarrollar de la mejor manera.
También está en curso un proyecto de ley que va más dirigido a la materialización del acceso al agua potable y del saneamiento básico para el departamento de La Guajira. Esto busca crear una institución que se llamará Proaguas, cuyo funcionamiento estará basado en la coordinación de todas estas políticas públicas de soluciones, para que no estén dispersas en todo el departamento. Y esta es una ley transversal a todo ese tipo de soluciones.
M.P.E.: Sí, ese proyecto de ley es el decreto que tumbó la Corte Constitucional cuando expidió el Presidente de la República el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Ahí estaríamos cumpliendo la petición de la Corte de que se haga vía legislativa. Ya va para segundo debate.
La sede “campus Yarí” de la Universidad de la Amazonía, ubicada en la vía Palestro, ya no es blanca. Sus paredes, después de seis años de abandono, están sucias y llenas de grietas. El cielo raso se ha caído y la humedad hizo que la pintura se levantara. Las cuatro aulas están rodeadas de maleza y el alambre de púa que protege la obra ya está oxidado.
En 2018 los jóvenes de San Vicente celebraron la inauguración de este proyecto liderado por la alcaldía de Domingo Pérez y el ex rector Gerardo Castrillón, cuyo objetivo era el de acercar la educación superior a su municipio, pero las clases nunca llegaron. Hoy esta sede es uno de los “elefantes blancos” del municipio.
En el Caquetá solamente hay una universidad, la Universidad de La Amazonía, cuya sede está ubicada en Florencia. Ninguna universidad privada tiene sede en el departamento. El Caquetá, según datos del Sistema Integrado de Matrícula -Simat-, a 2020 tenía 1.883 estudiantes de grado 11 matriculados en las instituciones educativas oficiales y privadas del ente territorial.
Según la información oficial del Ministerio de Educación, la matrícula en educación superior en el Caquetá en 2023 fue de 13.438 estudiantes. El departamento está entre los territorios con menores porcentajes de acceso a educación superior , con un valor inferior al 1 por ciento.
En las 28 instituciones educativas que tiene San Vicente del Caguán, hay 12.445 estudiantes que hoy no tienen una opción en su municipio para acceder a la universidad.
En 2014, durante la alcaldía de Domingo Emilio Pérez Cuellar, el municipio donó a la Universidad de La Amazonía un lote de 15 hectáreas para la construcción de una sede en San Vicente del Caguán. Según el acuerdo 025 de 2014 el Concejo Municipal autorizó a Pérez por la situación crítica del municipio en el acceso a la educación superior.
“Actualmente en el municipio solo funciona una sede de los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres), en la cual confluyen la Universidad de la Amazonía, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), y la Corporación Unificada de Educación Superior (CUN), instituciones que ofrecen programas, particularmente en el campo administrativo y financiero. Muchos de los cuales, así como el acceso a los mismos, no responden completamente a las necesidades de nuestros jóvenes ni a su contexto, pues no tienen la suficiente cobertura. Situación que sumada a la carencia de recursos económicos y condiciones para acceder a programas de educación superior, ha generado un éxodo de nuestros bachilleres hacia Florencia, Neiva y Bogotá, perdiendo el talento humano de nuestro municipio”, dice el documento.
El acuerdo declaraba también que el Consejo Superior de la universidad autorizó al entonces rector, Gerardo Antonio Castrillón Artunduaga, invertir 300 millones de pesos para la construcción de la sede. Sin embargo, solamente fue hasta junio de 2017 que la universidad empezó los trámites para hacer el contrato, a través de la modalidad de contratación selección simple. Al final fue un contrato de tres meses para construir un área de 345.48 m2, que constaba de cuatro aulas y dos baterías sanitarias. Una obra a la que le asignaron 342.813 millones de pesos.
Finalmente el proyecto se inauguró durante la alcaldía de Humberto Sánchez Cedeño, sin embargo, ese lugar nunca funcionó. La universidad publicó en 2019 en sus redes sociales que se estaba usando la sede para dictar clases de licenciatura en lengua castellana en la modalidad a distancia. Esa es la única foto que hay de estudiantes en la sede y nadie tiene certeza de si hubo una segunda clase en esa sede.
En entrevista con el medio regional “Canal TV5”, Buritica aseguró que nunca hubo un acuerdo del consejo superior de la universidad para que se creara la sede del Yarí de manera formal. Esta política es la que permite que la sede siga funcionando sin importar si el rector cambia, lo que no pasó en 2020: “Fue una voluntad de un rector de turno y no de una institución”, dijo el actual rector.
Además, desde la universidad aseguran que la sede no se puede usar porque en la parte posterior de la construcción hay un caño que está en peligro de colapsar. También dicen que la infraestructura está en mal estado, por lo que es riesgoso entrar y que los salones “no están adecuados”.
En la I.E Promoción Social este año se van a graduar 127 alumnos y alumnas de educación formal, y 45 personas en la educación de adultos. Gerardo Chacón, rector de la institución, dice que según la trazabilidad que han hecho en su colegio el 80 por ciento de sus estudiantes quiere continuar sus estudios universitarios, sobre todo en carreras relacionadas a las ingenierías, el campo agropecuario, la educación o la salud. “La Universidad de la Amazonía si tuviera una sede aquí tendría una posibilidad de tener 500 estudiantes cada año, que más o menos es la población estudiantil de San Vicente en los grados 11. Sería bueno que esa población pueda estudiar aquí, con programas propios, una universidad propia y con instalaciones propias”, comenta.
Una de las consecuencias que trae la ausencia de una universidad en el municipio es la migración. Quienes quieran continuar con estudios superiores muchas veces no tienen otra opción que irse a Florencia u otras ciudades. “Los jóvenes siempre buscan la manera de salir al pueblo por la sencilla razón de que no tenemos una universidad, una sede en donde podamos construir nuestro proyecto de vida. Eso lleva gastos económicos, tiempo de traslado y otras cosas más. Y hay algunos jóvenes que no cuentan con apoyo familiar, entonces se le hace más complejo”, explica Quevin Estiven Taborda, consejero municipal de juventudes.
Yerson Camilo Muñoz es activista político juvenil y estudia administración pública territorial en la Escuela Superior de Administración Pública en modalidad virtual. Su sueño era ser abogado, pero no pudo hacerlo por falta de oportunidades en el municipio. “Siempre pensé en la carrera de derecho y especializarme en institucional; pero en el territorio la falta de oportunidades en la educación superior ha sido el mayor obstáculo para poder seguir ese proyecto de vida”, cuenta.
Yerson asegura que ver clases virtuales quita gran parte de la experiencia de estudiar una carrera: “la modalidad virtual le quita la oportunidad de estudiar muchas cosas desde lo vivencial, no es lo mismo tener un profesor en un aula, no es lo mismo tener una clase presencial donde se puede interpretar por mejor las cosas”, opina.
A esto se suma la frustración por tener una sede construida que nunca funcionó: “Ahí hay una plata que literalmente se está perdiendo entre el rastrojo. Le pedimos al rector de la universidad que se ponga la mano en el corazón con los jóvenes de San Vicente del Caguán, para que puedan organizar una sede de la universidad digna para nosotros. No nos debemos conformar con cualquier dos o tres salones que parecen más de una escuela de kinder que una universidad”, finaliza el líder.
"Ahí hay una plata que literalmente se está perdiendo entre el rastrojo. Le pedimos al rector de la universidad que se ponga la mano en el corazón con los jóvenes de San Vicente del Caguán, para que puedan organizar una sede de la universidad digna para nosotros. No nos debemos conformar con cualquier dos o tres salones que parecen más de una escuela de kinder que una universidad"
Yerson Camilo Muñoz, activista político juvenil
Los estudiantes de grado once, como John Steven Chavarro, esperan no tener que irse de su municipio para poder estudiar: “la verdad una universidad sería muy importante y sí quiero que se abra, porque hoy en día la mayoría de estudiantes decidimos ir a buscar nuestro futuro hacia otros municipios, porque actualmente en nuestro propio municipio no hay como tal una sede, o un espacio, en donde podamos continuar con nuestros estudios”.
Según explica la Universidad de la Amazonía, la sede Yarí es hoy inutilizable. La esperanza recae en la promesa del Gobierno Nacional de construir una nueva sede de la universidad en el departamento del Caquetá. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo no especifica que esta sede estará en San Vicente del Caguán, en el departamento se da por hecho. Según el diputado Wilman Fierro, la asamblea se ha reunido en varias ocasiones con las directivas de la universidad, quienes les han mostrado un render, es decir, un modelo 3D del nuevo proyecto en el municipio.
Contar con una sede de una universidad pública en el municipio es parte de las iniciativas incluidas en el Pacto Municipal para la Transformación Regional de San Vicente en 2018. Este pacto se incorporó en los Planes de Acción para la Transformación Regional (Patr), que planifican y gestionan el cumplimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
Finalmente, en una apuesta por las carreras técnicas y tecnológicas, así como la formación para el trabajo, el plan también contempló la creación de una nueva sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en San Vicente del Caguán. Sin embargo, este proyecto tampoco ha mostrado avances tangibles.
Custodio Cantillo nació en Fundación, Magdalena, pero vive desde hace 16 años en Fonseca. Toda la vida ha trabajado la tierra atendiendo el ganado, ordeñando vacas y cultivando. Nunca pudo estudiar y solo hasta hace poco aprendió a leer y escribir. Tuvo seis hijos y con esos trabajos ocasionales, cuenta con orgullo, los sacó adelante. “Yo toda mi vida he trabajado en el campo y si vuelvo a nacer volvería a hacer lo mismo, no importa que a los campesinos no nos valoren”, asegura.
En la zona rural de Fonseca las actividades económicas comunes son trabajar la tierra o ganarse el jornal día a día en diferentes oficios que no son empleos fijos, ni formales. Por eso, a pesar de que Custodio ha trabajado toda su vida y está a ocho años de llegar a la edad de jubilación, pensionarse nunca ha sido una opción. Su oficio no implica tener un contrato laboral formal, y menos un salario fijo, por lo que nunca pudo cotizar.
En Colombia, de acuerdo con las cifras del Dane, a diciembre de 2022 había 7.739.257 personas en edad de jubilación, y de ellos solamente el 34,1 por ciento (2.641.419) tenía pensión. La mayoría de esos dos millones de personas estaban ubicados en ciudades principales como Bogotá.
Según el Estudio Intersectorial Reforma Pensional realizado por la Contraloría, la situación es más grave por fuera de los centros urbanos: “A nivel regional las condiciones se agudizan, ya que hay una gran brecha pensional, adicionalmente, en zonas con predominancia rural la proporción de pensionados es menor que en la urbana y el acceso a los beneficios pensionales es muy difícil”, dice el informe.
La reforma pensional en Colombia fue aprobada el 14 de junio de 2024, pero entrará en vigencia el 1 de julio de 2025. Y aunque promete ser mejor que el sistema anterior, todavía existen varias dudas que inquietan a las personas de la ruralidad. A continuación, le explicamos qué cambió y qué repercusiones tiene para los campesinos, trabajadores informales, mujeres y colombianos retornados.
Hay dos cambios principales. El primero es que se creó un amplio sistema pensional dividido en tres pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. Esto, en otras palabras, es como si el sistema fuera una casa grande con tres cuartos, en los que el Estado ubicará a cada colombiano dependiendo del contexto en el que esté cuando cumpla su edad de pensión. Lo que sucedería así:
El segundo gran cambio es que dentro del pilar contributivo, las personas ya no podrán elegir si su dinero irá al fondo público (Colpensiones) o a los fondos privados (las sociedades administradoras de fondos de pensiones-AFP) como funciona actualmente, sino que todos los aportes entran inicialmente a Colpensiones. Y sólo si el aporte es mayor a 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el restante podrá entrar en un ahorro individual dentro de las AFP.
La razón principal, según varios expertos, era la desigualdad del sistema actual. Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana y especialista en derecho de la seguridad social y derecho, explica que la mayor parte del dinero de los aportes se va a pensiones millonarias de las personas más ricas, mientras la mayoría de adultos mayores no tiene ningún ingreso.
“Con el régimen actual tenemos un problema de inequidad muy grande. Porque ahora se puede llegar a causar pensiones multimillonarias con un alto componente de subsidios, cuando los subsidios deberían estar concentrados en las poblaciones más vulnerables. Con esta reforma los subsidios se concentran en otros lugares como El Pilar Solidario, donde está la gente más vulnerable, como lo ordena la equidad”, explica Morad.
La desigualdad, además del dinero, también estaba relacionada con el limitado acceso a la información para decidir cuál de los regímenes (privado o público) era la mejor opción. “Somos el último país, según la Ocde, con el nivel más bajo de educación financiera. Y mucha gente tenía que escoger uno de los dos regímenes sin verdaderamente entender las consecuencias de hacerlo”, agrega Kevin Hartmann, doctor en derecho e investigador en temas de pensiones de la Universidad de Lovaina en Bélgica.
A esto se suma que mantener este modelo le costaba al Estado varios billones de pesos del presupuesto General de la Nación: “En los últimos 10 años llevamos pagando aproximadamente 18 billones de pesos por tener a los cotizantes en el régimen privado de pensiones y a los pensionados en Colpensiones. Es decir, teníamos a todos los pensionados en un sistema cuya sostenibilidad a corto plazo requería de cotizantes que cubrieran esas pensiones, pero los cotizantes no los teníamos ahí, sino en el régimen privado. Entonces ese hueco teníamos que pagarlo de alguna forma”, indica Hartmann.
Además, era urgente incluir un enfoque de género: “Cada vez es más evidente estas brechas de género que existen en el mercado laboral y que se replican en el sistema pensional. Es muy necesario que las políticas públicas estatales tomen decisiones con enfoque de género”, explica Morad.
“Cada vez es más evidente estas brechas de género que existen en el mercado laboral y que se replican en el sistema pensional. Es muy necesario que las políticas públicas estatales tomen decisiones con enfoque de género”
Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana
En las regiones donde predomina la ruralidad, y el trabajo informal, son muy pocas las personas que logran pensionarse. Según datos del informe de la Contraloría, en la Guajira hay 60.469 personas mayores de 60 años y de esos solo 3.789 son pensionados, es decir, el 6,27 por ciento. Mientras que en regiones como Bogotá, San Andrés o Valle del Cauca, el porcentaje de cobertura en pensión es de 49,32, 44,88 y 39,04 respectivamente.
Según datos actualizados a julio de 2024, el número de fonsequeros pensionados en Colpensiones era solamente de 313 personas. “La informalidad en esos municipios puede llegar incluso al 80 por ciento y la pensión depende enteramente de la formalidad, entonces podríamos estar hablando de una informalidad pensional del 80 por ciento”, dice Juliana Morad.
En el municipio la mayoría de pensionados son docentes que fueron nombrados y trabajaron con el Estado, o son personas que fueron empleados de la mina El Cerrejón. Esto debido a que son trabajos formales, constantes y donde es obligatorio el aporte a la pensión. “La situación pensional es buena en el sector minero, son sectores que tienen la legalización de sus contratos, hacen sus aportes al sistema y eso le da la opción de pensionarse. A diferencia de las personas del común que no tienen los recursos para aportar: en el sector del comercio, agricultura o la ganadería es casi nulo, no hay esa cultura de aportes al sistema”, explica Adail Alfonso Bolívar Pinto, abogado de Fonseca.
Esto no solo sucede en La Guajira, los departamentos con el alcance pensional más bajo son Vichada, con una cobertura de solo el 2,49 por ciento; Putumayo con 3,13 por ciento; Guaviare con 3,80 por ciento, Arauca con 4,25 por ciento, Vaupés 4,6 por ciento y Chocó con 5,25 por ciento. Estás regiones tienen un factor común: son territorios muy rurales y rurales dispersos.
“La cobertura regional de pensiones está más concentrada en los territorios urbanos, mientras que en las zonas con predominancia rural es muy escasa, con lo cual estamos ante una situación inequitativa que debe ser corregida por medio del desarrollo de esos territorios que permita generar empleo formal y formal rural, y mejore los indicadores de cotización pensional y acceso al Sistema de Seguridad Social o a mecanismos de protección de la vejez”, dice la Contraloría.
Carmen Elena Daza es una fonsequera de 65 años que ha invertido más de 40 años de su vida trabajando como modista, de forma independiente. A pesar de que ya tiene la edad de pensión, nunca cotizó, y asegura que nunca había pensado en qué iba a hacer cuando no pudiera trabajar más: “Eso nunca me ha llegado a la mente (ríe), voy a trabajar hasta que pueda, hasta que alcance a valerme por mí misma. Mi mamá murió a los 105 años y hasta los 90 trabajó duro y tuvo este arte también”, cuenta.
Con la reforma pensional, las personas como Carmen podrían acceder al pilar solidario. Es decir, podría recibir una renta de 223.800 pesos mensuales. Para esto, los requisitos son: tener 60 años o más si es mujer, y 65 años o más si es hombre, estar en situación de vulnerabilidad y/o pobreza extrema. Esto, aunque no constituye una pensión (se considera pensión cuándo la renta es de por lo menos un salario mínimo), es una ayuda que beneficiaría a más de dos millones de adultos mayores en el país.
Sin embargo, una de las críticas que ha recibido la reforma es que no está explícito qué es pobreza extrema y vulnerabilidad: “Este concepto va a depender de un decreto reglamentario que aún no conocemos, y ese decreto se va a poder cambiar en cada gobierno. Esa es una de los grandes cuestionamientos”, expresa Juliana Morad.
Las personas que no puedan acceder a este pilar, tienen la opción de acceder al subsidio de Colombia Mayor. Un programa de asistencia social con el que el Gobierno nacional entrega un subsidio de 80.000 pesos a adultos mayores en pobreza extrema. Sin embargo, actualmente menos de la mitad de adultos mayores en estas condiciones pueden acceder a este programa debido a la falta de cupos.
Por su parte, Hartmann asegura que aunque el pilar solidario es un gran avance, es necesario crear otros mecanismos más accesibles para que cualquier persona pueda cotizar: “Se necesitan mecanismos que permitan que las personas que tengan hoy 10.000, pesos extra, por ejemplo, puedan cotizar para su pensión fácilmente. Existen en países de África del Norte las pensiones por Whatsapp, que permite hacer unas cotizaciones a un fondo pequeño, pero que va a permitir hacer capitalización de esa plata para que al final de tu vida tú puedas tener más plata a través del interés compuesto. Eso sirve de cierta manera para solventar algunas necesidades que tengas en tu vejez”.
Para estos casos está el pilar semicontributivo, en el que se entrega una renta básica durante toda la vejez vitalicia. Esto aplicaría para las personas que tengan mínimo 300 y máximo 1.000 semanas cotizadas. El valor va a depender de las semanas cotizadas y si eres hombre o mujer.
"La mayoría de las personas en Colombia, más o menos el 56 por ciento de la gente no alcanza a cumplir con las semanas mínimas de cotización. Entonces lo que hacen es como una especie de operación imaginaria en donde cogen esas semanas que cotizaste, te la convierten a un capital actualizado con el IPC, suman un interés del tres por ciento anual, más un subsidio del 20 por ciento si eres hombre o 30 por ciento si eres mujer, eso se vuelve como una especie de capital imaginario y lo convierten en una renta hasta el final de tu vida”, explica Kevin Hartmann.
Sin embargo, una de las solicitudes que le hicieron al Gobierno cuando presentó la reforma, fue que se aseguraran de que el valor de la renta del pilar solidario fuera inferior al del pilar semicontributivo, pero esto no pasó. “Si tenemos en cuenta que el 45 por ciento de la población cotiza sobre un salario mínimo, la renta va a ser entre 145.000 y 260.000 pesos si cotizaste entre 300 y 800 semanas. Ese es el desfase entre los dos pilares y eso se convierte en un problema de deslegitimidad del sistema”, agrega el experto.
En el caso de que una persona tenga menos de 300 semanas puede acceder al pilar solidario en caso de que cumpla las condiciones. Si no, cuando cumpla la edad puede solicitar que le devuelvan lo que cotizó, esto se llama una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez.
Para casos como el de Custodio Cantillo, o de cualquier trabajador informal, está la opción de cotizar por semanas o días y pertenecer al sistema semicontributivo, o contributivo si logra cotizar 1.300 semanas a la edad de pensión. Aunque esto está regulado desde 2013, antes de la reforma solamente era posible si se tenía un contrato de trabajo formal. Ahora podrán cotizar de esta forma también las personas que sean independientes.
Si una persona trabaja de uno a siete días al mes, puede cotizar solo una semana y la base sería un cuarto del salario mínimo. Si trabaja entre ocho y 14 días, cotiza sobre la mitad de un salario mínimo. Y si trabaja desde 15 a 21 días cotiza sobre tres cuartas partes del salario mínimo. “Es conveniente sumar semanas porque antes decían que iban a devolver la plata y eso no es nada, pero ahora si suma semanas puede acceder a una renta (pilar semicontributivo) que posiblemente no va a ser un salario mínimo, pero sí lo va a acompañar durante toda su vejez”, agrega Juliana Morad.
Dentro de la reforma se plantea también para los campesinos la opción de cotizar de forma anticipada cuando sean las temporadas de venta de su cultivo. Es decir, que cuando llegue la temporada de la cosecha la persona podrá hacer un solo pago que incluya las semanas que quiere cotizar por todo el año, en vez de ser un abono mensual.
Adicionalmente, desde el Gobierno se plantearon condiciones diferenciales para que las personas raizales, palenqueras, afrodescendientes, campesinas e indígenas puedan acceder al pilar solidario. Así como las personas que tengan el rol de cuidadoras o personas en situación de discapacidad. Sin embargo, eso también va a depender de un decreto que aún no ha sido publicado.
Belky Adriana Arrieta tiene 29 años, es de la vereda de Conejo pero vive en Fonseca. Belky estudió para ser auxiliar de enfermería, pero sólo ha podido ejercer y cotizar pensión durante seis meses, cuando la contrataron en el hospital: “No trabajé más porque eso fue en circunstancias políticas. Uno aquí encuentra trabajo cuando apoya algún partido, o sea siempre como por favores políticos. Depende mucho de tener alguna palanca para poder encontrar un trabajo formal y poder cotizar”, cuenta.
Hoy se dedica al trabajo de cuidado de manera informal: todos los días cuida a un niño de tres años, y además, cuida a sus tres hijos. Uno de sus propósitos es poder tener una pensión en su vejez, pero no ha sido un camino fácil. En Colombia, según datos de Colpensiones, solamente una de cada 8 mujeres se pensiona.
En Colombia, según datos de Colpensiones, solamente una de cada 8 mujeres se pensiona.
La nueva reforma plantea dos tipos de reducciones para las mujeres. La primera es la reducción de las semanas de cotización: actualmente para que una mujer (y un hombre) puedan pensionarse tienen que cotizar 1.300 semanas, esto a pesar de las desigualdades de género en el mercado laboral. A partir de 2025 las semanas se reducirán gradualmente hasta que se llegue a 1.000 en 2036.
La segunda es la reducción de semanas por cada hijo. Las mujeres que no estén en régimen de transición, es decir, que no tengan cotizadas todavía 750 semanas, podrán tener la reducción de 50 semanas por cada hijo que tengan, hasta máximo tres hijos. Sin embargo, para poder acceder a este beneficio la mujer tendría que haber cotizado pensión por lo menos por 850 semanas. “Esto probablemente será un fenómeno de mujeres que han tenido la fortuna de estar en el mercado laboral formal, sobre todo en las grandes ciudades”, complementa Juliana Morad.
La posibilidad de cotizar por semanas y días como independiente hace más fácil el camino para formalizarse y empezar a cotizar. Sin embargo, según los expertos las pensiones de las personas que hoy son más jóvenes van a ser mucho menores de las que existen actualmente: “En términos de justicia, somos la generación más preparada, con los salarios más bajos a pesar de incrementar los estudios, y somos la generación que va a recibir las pensiones más bajas, somos algo así como la generación del sacrificio”, plantea Juliana Morad.
“Las pensiones de 15 o 16 millones de pesos que podemos ver hoy no van a existir en un futuro cercano, por lo que los jóvenes van a tener que cargar con el peso de tener que pagar las pensiones del pilar solidario y al mismo tiempo aguantar el hecho de tener pensiones contributivas más bajas. A los jóvenes se les va a hacer cargo de la mayor parte de los costos de la reforma pensional”, agregó Kevin Hartmann.
En otra situación confusa se encuentran los colombianos retornados, que en medio del anuncio de la reforma pensional se pregunta qué beneficios traerá para ellos, que han retornado a Colombia después de haber vivido y trabajado en un país extranjero.
Ese es el caso de Henrique González, un colombiano retornado que trabajó y cotizó 12 años en Venezuela. Allí trabajó formalmente en una empresa como encargado del mantenimiento de tuberías. Hoy Henrique tiene 52 años y trabaja por días como mecánico o albañil en Fonseca. “Trabajé prácticamente 13 años en esa empresa donde cotizaba para mí pensión, pero después como se paró todo por la situación de Venezuela, la cosa se puso dura, todo era escaso y la empresa cerró. No encontraba trabajo así que decidí regresar aquí a Colombia”, cuenta.
Para casos como el de Henrique no hay mucho qué hacer. Actualmente Colombia tiene convenios solamente con 12 países para transferir las pensiones cotizadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Venezuela no está en la lista.
Por su parte, el pilar solidario solamente aplica para colombianos residentes en Colombia. Y la única forma de que las personas migrantes puedan obtener su pensión es si tienen contrato laboral en el país y cotizan las semanas requeridas.
Las puertas de la Universidad Tecnológica del Chocó ”Diego Luis Córdoba” (Utch) están cerradas desde el 29 de julio. Varias personas, incluyendo a funcionarios de la institución, se tomaron la sede impidiendo el desarrollo de las actividades académicas y administrativas propias del cierre de semestre.
El principal motivo del cierre es el debate sobre la autonomía universitaria, es decir, el derecho de las universidades públicas a elegir sus directivas y regirse por sus propios estatutos. Esto ocurrió después de que la exministra de Educación, Aurora Vergara, destituyera a David Mosquera el 6 de julio y nombrara como rectora encargada a Vanessa Sánchez.
Esta intervención del Ministerio se dio después de que se dictaran medidas preventivas y de vigilancia especial a la institución por presuntos usos inadecuados de los presupuestos y bienes de la universidad, así como por las alertas sobre la baja calidad del servicio educativo.
Hoy, tras una semana de diálogos en los que estuvo restringido el acceso, una parte de la comunidad universitaria fue autorizada a ingresar para realizar actividades específicas, como el pago de la nómina o la presentación de habilitaciones. Sin embargo, el cierre continúa indefinidamente.
Consonante habló con la nueva rectora, Vanessa Sanchez, sobre las peticiones de los manifestantes y el rumbo que tomará la única universidad pública del Chocó, que recibe más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior en el departamento.
Vanessa Sanchez: Desde el año 2023 la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación inició un seguimiento especial a la Utch y encontró varios hallazgos que hicieron que se dictara una medida preventiva y de vigilancia especial. Allí se estableció que la universidad debía hacer un plan de mejoramiento y debía constituir e implementar una fiducia para el manejo de todos los recursos y rentas de la universidad.
Sin embargo, en abril de 2024 regresó la visita de inspección y vigilancia y se dio cuenta que esas medidas preventivas no se habían cumplido en su totalidad, especialmente que se seguían manejando los recursos por fuera de la fiducia. Ese fue uno de los principales motivos que dieron lugar al reemplazo del rector, así como la evidencia del reiterativo incumplimiento en algunos procesos de contratación y de vinculación de personal, a nivel financiero. Por ejemplo, se realizaban pagos sin los requisitos.
V.S.: La creación e implementación de las fiducias es una de las medidas que tiene el Ministerio de Educación, quien financia la mayor parte de las instituciones de educación superior, para garantizar que las instituciones administren de manera adecuada y transparente todos los recursos. Y así se pueda garantizar que el servicio se preste de manera continua y en condiciones de calidad.
V.S.: Él termina su periodo en octubre o noviembre de este año. Pasado ese tiempo se decidirá a través del Consejo Superior Universitario, y con las normas existentes, cuál es el paso a seguir sobre este caso específicamente.
V.S.: Lo que debo asegurar es que se cumpla con todo el plan de mejoramiento, con todas las acciones que se han estipulado para que la universidad pueda avanzar en esas medidas. Que los recursos se administren al 100 por ciento dentro de las fiducias y que existan procedimientos claros, ceñidos al sistema de gestión de calidad de la institución, que se cumplan a cabalidad para que esta situación se supere en el menor tiempo posible. Sin embargo, si en ese año no se ha cumplido, es posible que se prorrogue un año más.
Lo que he hecho desde mi llegada es hacer un reconocimiento del estado en el que está la institución de manera integral. Hemos revisado proceso por proceso para realizar un diagnóstico que será el insumo principal para avanzar en ese plan de mejoramiento institucional. Mi principal propósito es que esta institución, durante el tiempo que yo esté aquí, se distinga por la integridad en sus procesos de gestión y que el servicio de educación se pueda prestar de manera continua y en condiciones de calidad.
V.S.: Lo primero que encontramos es la desarticulación de algunos procesos clave. Hay incumplimiento en temas de contrataciones, no es muy claro cuál es la responsabilidad de la oficina de contratación. Por ejemplo, el equipo de contratación se encarga de los contratos de prestación de servicios, pero otros equipos al interior de la universidad se encargan de los convenios y otras áreas de las alianzas. No hay una oficina de contratación que garantice que tenemos el control de absolutamente todo. Ese proceso se encuentra fragmentado, no hay una ruta clara para tener el control.
Otro elemento tiene que ver con los temas de calidad. Desafortunadamente en las pruebas Saber Pro, una de las pruebas estandarizadas que tiene el país para medir la calidad de la educación superior, hemos estado en el último lugar durante los últimos siete años. Ese también es un elemento central y que en la administración tiene un impacto directo porque, por ejemplo, hay que articular el presupuesto con los programas para tener una mejora continua en los procesos de calidad.
"Desafortunadamente en las pruebas Saber Pro, una de las pruebas estandarizadas que tiene el país para medir la calidad de la educación superior, hemos estado en el último lugar durante los últimos siete años. Ese también es un elemento central y que en la administración tiene un impacto directo porque, por ejemplo, hay que articular el presupuesto con los programas para tener una mejora continua en los procesos de calidad"
Los docentes ponían la alertas sobre ese tema y la invitación que les dejamos abierta es a que sigamos trabajando, a que construyamos conjuntamente una apuesta de educación. Estamos en un momento histórico para esta institución y es cambiar el curso de nuestra alma mater a través de un proyecto que sea colectivo, que sea intergeneracional y que responda a la disminución de las desigualdades. Para eso se requiere la participación de diferentes miradas, voces y saberes. Hay muchas esperanzas de que el futuro puede ser distinto, pero si trabajamos colectivamente.
V.S.: Hay tres elementos claves en cuanto a la misión de la educación superior: docencia e investigación, extensión y protección social. Y en ese sentido, esto le apunta a prestar una educación de calidad para crecer y expandirnos por el territorio nacional. Por ejemplo, la universidad está avanzando, en articulación con el Gobierno Nacional, en tres sedes subregionales: una en Istmina, otra en el Medio Baudó y otra para el Darién. Esto nos permite por un lado aumentar la cobertura en estos territorios, y por otro garantizar que la oferta de educación que tengamos en esas subregiones tenga impacto a nivel regional.
Esto busca también posicionar a la universidad bajo otra narrativa, que se distinga por la transparencia de su procesos de gestión administrativa. Es otro de los propósitos y de los desafíos.
V.S.: Desde el principio en las conversaciones identifique que hay unos temas que son de resorte de la institución, otros que son de competencia del Ministerio de Educación Nacional y que podemos ir separando esas conversaciones sin tener la instalaciones cerradas.
Un ejemplo es la discusión sobre la autonomía universitaria, esta no es la primera universidad que atraviesa un proceso de medidas preventivas y de vigilancia especial, esa es una discusión nacional histórica y que podemos hablar con los actores claves que den respuesta al tema.
También hablaban sobre el avance de la construcción de las sedes subregionales, ese es otro tema donde interviene la Utch (que tiene unos avances significativos) y el Ministerio de Educación Nacional a través del operador que es Findeter, quien también va avanzando.
Otro elemento es sobre la política de gratuidad y cómo la universidad está avanzando en eso. Esa es otra conversación interna, porque es la institución en este caso quien diseña un plan de fomento de educación superior y este es avalado por el Ministerio de Educación.
Esperamos que pronto podamos abrir las puertas de la universidad, hay muchas cosas en juego y entre esas está la vida. En este momento del calendario la institución hace el pago de la seguridad social y de la nómina. La semana pasada los profesores nos decían que tenían vencida la seguridad social y hay docentes que tienen enfermedades graves. Que no exista atención en este momento nos puede poner en un alto riesgo. Esas personas que tienen la universidad cerrada no me hacen daño a mí, ni al Ministerio de Educación, sino que se lo hacen a toda la población chocoana.
Se debe continuar de manera articulada en un diálogo que nos permitan abrir rápidamente las instalaciones. Esta es la única universidad pública del departamento y la más importante, atendemos a más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior en el Chocó.
V.S.: La universidad viene aportando significativamente a esta meta de ampliación de cobertura y ese es otro tema que debo entrar a revisar con cada uno de los equipos. Hay que establecer cuál va a ser el planteamiento de la institución en adelante.
A mi llegada ya se había presentado un plan de fomento que debemos revisar esta semana. El próximo se debe presentar a finales de este año, para implementarse en 2025-1. Ahí ya entraríamos a validar con todos los cambios y apuestas estratégicas que tenemos, cómo vamos a avanzar para seguir aumentando la cobertura y brindando educación de calidad, garantizando que las personas que ingresan a la institución se puedan graduar también.
V.S.: Esa es una pregunta muy importante y creo que no es solamente ser mujer, sino ser mujer negra, y ser una mujer egresada de esta institución. Creo que es una demostración, en primer lugar, de que la educación sí importa. Y es también una posibilidad de abrir la puerta para otras mujeres, porque hubo otras que me abrieron la puerta a mí.
Hay muchas mujeres negras que históricamente han luchado y han defendido los derechos de las mujeres negras, y en consonancia con eso tengo también la firme convicción de que en el lugar donde esté voy a hacer lo mejor posible para dejar esa misma puerta abierta para quienes vienen atrás.
El 21 de abril los celulares no sonaron en el Chocó. No hubo llamadas, correos, ni mensajes de WhatsApp. En las oficinas de la Gobernación, en Quibdó, casi todo se detuvo. Las operaciones bancarias también se retrasaron. Desde entonces, y hasta el jueves 25 de abril, el departamento estuvo incomunicado.
El 26 de abril la situación mejoró. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba ya había presionado al Ministerio de las TIC para que mediara entre las dos empresas encargadas del mantenimiento de la red: Azteca, la proveedora de internet, y ATP, la empresa encargada de arreglar el daño en la infraestructura que estaba causando el problema. Al séptimo día el internet ya estaba funcionando y la señal de celular había regresado, pero nadie sabía por cuánto tiempo. En el departamento, más o menos, cada 15 días hay una o dos jornadas en las que el internet no funciona y los celulares, otra vez, dejan de sonar.
La causa del problema está bien identificada. En el Chocó solamente hay una línea troncal de fibra óptica que entra por el límite con Pereira, y de la que dependen todas las conexiones de internet por cable del departamento. Es como si solamente un gran tubo de agua fuera el encargado de llevar el líquido hasta ciertos lugares de los que ya salen otras conexiones. Así que si ese gran tubo tiene una fuga, inevitablemente el agua dejará de llegar.
El dueño de ese “gran tubo” es la empresa mexicana Azteca Comunicaciones, quien desde 2011 se encargó de desarrollar, operar, mantener y gestionar la fibra óptica para todo el departamento del Chocó, y en más de 700 municipios en todo el país. Un trabajo contratado para durar, por lo menos, 15 años.
Sin embargo, la calidad del servicio también ha sido cuestionada en otros departamentos del país decenas de ocasiones , pues el internet muchas veces no llega, o llega de manera intermitente. En el Chocó la gobernadora Córdoba, incluso, ha denunciado que la empresa ha faltado a sus obligaciones financieras en varias ocasiones, afectando a más de medio millón de personas, prácticamente a todos los habitantes del Chocó, debido a que es la única conexión a internet de fibra óptica en el departamento.
Según el Boletín Trimestral de las TIC, que contiene las estadísticas del sector durante el cuarto trimestre de 2023, en el Chocó solamente hay 3 accesos fijos a internet por cada 100 habitantes. Una estadística muy por debajo del promedio nacional, que llega a los 17 accesos. En lugares como Bogotá, por ejemplo, hay 28 accesos fijos por cada 100 habitantes.
A esto se suma que el Chocó está dentro de los cinco departamentos del país con menor velocidad de descarga promedio, es decir, el tiempo que tarda en llegar la información desde internet al usuario final es uno de los más altos del país. Su promedio es de menos de 40 Mbps, mientras que Bogotá, que lidera la lista, alcanzó 247,2 Mbps.
Esto se traduce en un aumento de las desigualdades sociales y, además, un factor de discriminación. Así lo explica el informe “Desigualdades digitales. Aproximación sociojurídica al acceso a Internet en Colombia” de Dejusticia: “el acceso a internet tiene una relación funcionalmente necesaria para la realización de la dignidad humana, en tanto permite a todo ser humano concretar su plan de vida y adelantar un papel activo en la sociedad que habita. Además, guarda una especial relación con la realización de la igualdad real y material, y en general con las condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos fundamentales”.
Azteca comunicaciones Colombia es parte del conglomerado empresarial Grupo Salinas, un conjunto de empresas mexicanas entre las que se destacan TV Azteca (un grupo de medios categorizado como la segunda mayor generadora de contenidos en español en el mundo), Grupo Elektra, Advance America, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Totalplay, entre otros.
Esta empresa aparece en el mercado de internet en Colombia en el 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese entonces, el ministro de las TIC Diego Molano Vega lanzó el proyecto Nacional de Fibra Óptica, uno de los proyectos más ambiciosos en temas de conectividad en el país. El proyecto buscaba instalar conexiones de fibra óptica en 753 municipios y 2000 instituciones públicas en 20 departamentos, entre los que estaba el Chocó.
Para ese proyecto el gobierno Santos lanzó una licitación para firmar un “Contrato de Aporte con Recursos de Fomento”, en el que el estado aportaba más de 415.000 millones de pesos y el contratista tenía que desarrollar para su uso propio, una red de fibra óptica. Así como operar, mantener y asumir la gestión de los servicios en los términos y condiciones establecidos en el contrato.
A la licitación se presentaron cuatro oferentes: la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia, conformada por las sociedades mexicanas Total Play Telecomunicaciones y TV Azteca; la filial en Colombia de la empresa mexicana Telmex; la Unión Temporal Conectividad Para Todos, conformada por las compañías colombianas Media Commerce Partners SA y Anditel SA, la sucursal en colombia de la empresa china ZTE y la empresa india Exicom INC; y la Unión Temporal Telefónica, compuesta por Colombia Telecomunicaciones SA Y Telefónica Móviles Colombia SA (que hoy operan bajo la marca comercial Movistar).
Después de un proceso de adjudicación mediado por varias dudas que manifestaron los competidores, el ganador fue la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia y Azteca quedó encargado del proyecto. Según un derecho de petición respondido a Consonante, el MinTic asegura que la propuesta de Azteca fue la mejor opción: “(...) agotada cada fase del proceso de evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes, que contenían los requisitos habilitantes y otros documentos contentivos de cada una de las propuestas presentadas en el marco de la Licitación Pública No 002 de 2011, se realizó el análisis del comité evaluador que presentó a la entidad contratante las conclusiones de la evaluación, y dicha contratación se realizó según la ley”.
El problema ha llegado con el paso de los años. Expertos del sector aseguran que aunque Azteca sí cumplió con el objetivo de llevar la infraestructura de fibra óptica a lugares del país en donde no había y a nadie más le resultaba rentable llevarla, el servicio de internet no es bueno, y a veces incluso ni siquiera llega. “La fibra óptica sí está llegando a los pueblos, pero no la banda ancha. Es como construir un acueducto y no tener agua”, dice Nicola Stornelli Garcia, analista de tendencias digitales, columnista de Portafolio, y quien ha hecho seguimiento a las fallas de Azteca en el Cesar.
A esto se suma que los altos costos en el despliegue de la infraestructura causaron que la prestación del servicio sea sumamente costosa en departamentos como el Chocó. Esto terminó permitiendo que la empresa tenga una posición monopólica con recursos del Estado. Todos los proveedores de internet por cable de fibra óptica, incluyendo a Claro, Tigo, o los pequeños proveedores conocidos como ISP deben comprarle a Azteca. Y si la red de Azteca falla, todas las demás lo hacen también.
Según datos del Ministerio entregados a Consonante, en el departamento hay 33 Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRTS). Según Marvin Córdoba, gerente de la ISP MakroSistem, que funciona en los municipios de Tadó, Cértegui y Las Ánimas, estos proveedores son los que han llevado el internet a municipios pequeños, llenado los vacíos que ha dejado Azteca en especial desde que esta empresa dejó de ofrecer servicios de internet a usuarios finales. “Ellos (Azteca) decidieron seguir sosteniendo el mercado con los proveedores y que fueran ellos los que se encargaran del servicio final a los usuarios”, agrega.
Esta situación con Azteca no solo pasa en Colombia, en Perú, por ejemplo, el gobierno de ese país firmó con la empresa un contrato similar y no funcionó bien. En 2016 Azteca terminó el despliegue del 100% del cableado en 180 ciudades pero por las constantes fallas en la operación y debido a que instituciones públicas como hospitales y colegios nunca pudieron conectarse, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló el contrato con Azteca en 2021 y quedó en manos de Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Infobae Perú accedió a un documento donde se revelaba que hasta 2023 sólo operaba el 8 por ciento de la red. En Colombia el contrato tiene una duración de 17 años, terminaría entre 2028 y 2029.
Además del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, el MinTic firmó otro contrato con Azteca en 2013 para el Proyecto Conexiones Digitales I, por un valor de 58.865 millones de pesos. El objeto del contrato era diseñar, instalar, operar, administrar y hacer mantenimiento de la infraestructura necesaria para la construcción de nuevas redes de acceso fijas o móviles que permitan la prestación de servicios de banda ancha en hogares de estratos 1 y 2, Viviendas de Interés Prioritario e Instituciones Públicas de 617 municipios distribuidos en 20 departamentos del país. El contrato tenía una duración de 34 meses, y según el Ministerio, actualmente está en proceso de liquidación.
Aunque el programa Vive Digital logró llevar internet a lugares desconectados del país, todavía existen dudas sobre la forma en la que se ejecutó el proyecto por parte de Azteca. Fuentes del sector piensan que la principal falla del proyecto fue enfocarse solo en el desarrollo de la infraestructura, es decir, en dedicar los esfuerzos y los recursos a instalar la red de fibra óptica y no pensar en cómo iba a operar la red ni tampoco cómo iba a sostenerse. Tampoco pensaron en la apropiación social de esta tecnología, lo que llevó a que estrategias como los puntos de internet Vive Digital en parques y otros espacios públicos dejaran de usarse y de mantenerse.
Sin embargo, en la instalación y posterior mantenimiento de la red de fibra óptica también hubo problemas.
Stornelli piensa que uno de los grandes problemas de la red desplegada por este proveedor es la baja capilaridad, es decir, la poca disponibilidad de conexiones desde un nodo para que el internet llegue a los hogares o a los usuarios. Estas conexiones están mediadas por el número de hilos que tiene un cable, a más hilos, más capacidad de conexión. La baja capilaridad, según Stornelli, tiene que ver con los cables que Azteca utilizó cuando instaló la red. “Los cables de fibra óptica tienen hoy, en promedio, entre 120 y 140 hilos. Los que usó Azteca tienen 96 hilos y por obligación contractual tienen que dejarle al MinTic 25 hilos para alguna necesidad estatal”, cuenta.
La principal consecuencia de tener una baja capilaridad es que se está obligado a tener menos usuarios conectados, lo que incrementa los costos del servicio para sostener la operación. Sin embargo, Azteca sigue ofreciendo sus servicios a un alto costo a los Proveedores de Servicio de Internet locales (ISP, por sus siglas en inglés) y a otros grandes operadores como Claro, Tigo y Movistar así tengan 50, 100, 200 o miles de usuarios.
Marvin Córdoba piensa que hay otro factor que está vinculado a las fallas de operación y es la capacidad de internet, es decir, las gigas disponibles. “Para mí, el problema principal de Azteca es la capacidad, es por eso que a veces navegamos con un 30 o 50 por ciento de operatividad. Cuando hay buena capacidad, en el momento en el que se presenta una anomalía, se puede trasladar capacidad como respaldo y eso hace que cuando haya una falla sea imperceptible para el usuario”, dice. Esto deriva en otro problema y es la saturación de la red, que hace que el servicio se caiga y sea inestable. Esta situación se hace más problemática en departamentos como el Chocó, donde Azteca es el único proveedor de fibra óptica.
“Para mí el problema principal de Azteca es la capacidad, es por eso que a veces navegamos con un 30 o 50 por ciento de operatividad. Cuando hay buena capacidad, en el momento en el que se presenta una anomalía, se puede trasladar capacidad como respaldo y eso hace que cuando haya una falla sea imperceptible para el usuario".
Marvin Córdoba.
Otro aspecto que no se tuvo en cuenta a la hora de desplegar la infraestructura fue considerar las características climáticas y su variabilidad en los territorios en donde se instalaron las redes, como el departamento del Chocó, húmedo, selvático y con lluvias todo el año. De acuerdo a fuentes del sector TIC, los equipos para trabajar en zonas húmedas se dañan con mucha facilidad dado que se oxidan y alcalinizan. Esto hace que la vida útil de los equipos sea menor comparada con la de otros lugares.
Marvin Córdoba coincide y agrega que incluso factores como la densidad de la selva chocoana afectan el servicio. “Estamos en un departamento con una selva muy espesa. La fibra fue tirada por lugares donde hay árboles grandes y que pueden causar daños cuando hay lluvias fuertes o tormentas, puede partir la fibra”. Esto se vuelve en un problema mucho más grave si se le suma que el mantenimiento o el reemplazo que le hace Azteca a estos equipos es casi nulo. “Si yo traigo un cable y tardo 10 años en cambiarlo, en la intemperie, soportando temperaturas de 37 grados y luego lluvias incluso en el mismo día, pues me va a durar mucho menos, se va a degradar más rápido que en otras ciudades o departamentos”, puntualiza.
Aunque el gerente de MakroSistem piensa que los factores climáticos ayudan a que el servicio de Azteca sea inestable, asegura que las vandalizaciones a los cables (cortes que se hacen en los predios por donde pasa la fibra) y la mala operación de esta empresa deben tenerse también en cuenta. “Las ralentizaciones o las caídas que se dan suceden porque no tienen los equipos completamente actualizados, incluso hasta hace poco no tenían baterías en los puntos donde ellos tenían sus equipos”, explica.
Córdoba asegura que el servicio de Azteca a sus clientes, ISP o proveedores grandes, es deficiente. Cuando se presenta una falla es difícil encontrar un canal de comunicación directo con la empresa y una razón clara por la cual el servicio está lento o inestable. “Los últimos días hemos estado navegando a un 30% a 50% de la capacidad y la justificación de ellos es que hubo saturación en el país. Siempre nos llega el mismo correo”, dice. También cuenta que Azteca tiene problemas en los pagos con las empresas que contrata para el soporte de la infraestructura.
No tener una respuesta rápida y clara de Azteca los pone en problemas, ya que son las ISP y los otros proveedores los que deben darle la cara a sus clientes. Y también los preocupa, pues el precio por el servicio que les cobra Azteca es bastante alto. Hasta junio de este año, por 1.2 GB, Marvin tenía que pagarle a Azteca más de 10 millones de pesos mensuales. “Ahora me subió a 16 millones, porque tengo 3.2 GB”, dice.
Para hacer sostenible la operación, MakroSistem debe cobrarle a sus usuarios entre 50.000 y 70.000 pesos mensuales por 10 o 15 megas. “Azteca nos cobra entre 8.000 y 12.000 pesos la mega en Tadó, pero no sabemos qué criterios utilizan para hacer esos cobros”, explica. Estos valores, según Córdoba, no son competitivos y los ponen en desventaja frente a otros ISP que no están organizados. “Ellos ofrecen el servicio por debajo de lo que realmente cuesta para captar clientes y eso hace que no podamos tener un crecimiento sólido”, agrega.
Por ahora, la única apuesta del gobierno es la implementación de su programa ‘Conectividad para Cambiar Vidas’, con el que busca conectar a los municipios con menor acceso a internet. Para lograr esto hará una alianza con el proveedor de internet InterNexa, que promete ser una alternativa de servicios de fibra óptica en los departamentos donde hay baja conectividad y que, como en el caso del Chocó, solo dependen de Azteca. Sin embargo, este programa ha presentado muchos retrasos y aún en este departamento no ha comenzado a funcionar la red de InterNexa.
Kevin Yurgaky, ingeniero de telecomunicaciones, explica que otra línea de fibra óptica es urgente para el departamento, para generar más competitividad, mejores precios y tener la posibilidad de usar otra red cuando la de Azteca falle: “Se necesita conectar el departamento por Antioquia, que la fibra entre también por Antioquia para que en caso de que haya algún fallo, se tenga un respaldo, un segundo canal. Esa es la solución”.
Desde la Gobernación del Chocó también buscan que se haga realidad esa segunda línea: “Es aún más importante que avancen los anuncios del gobierno nacional: la segunda línea de fibra óptica y el fortalecimiento de la conectividad para el Chocó”, escribió la gobernadora Córdoba en sus redes sociales.
Pero mientras este programa se siga retrasando, el panorama actual no va a cambiar. Córdoba ha encontrado en la asociación de los ISP una alternativa para comunicarse con el gobierno nacional y que escuchen sus peticiones.“Nuestra corporación que se llama Conexión Chocó busca ser una representación legal, clara y organizada de los ISP y hemos empezado a ver los frutos, nos hemos reunido con el ministro de las TIC e incluso con Azteca, para comunicarles nuestras inconformidades”, dice.
Una de las soluciones que se está conversando con el gobierno es la estructuración de una ley que proteja el transporte de la fibra, que, por ejemplo, regularía los valores que debe pagar Azteca a los dueños de los predios por donde pasa la fibra y, sobre todo, haría ilegal los cortes que se le hacen al cable. “Si las cosas están reguladas y acordadas se garantiza el paso de la fibra, evitamos cortes y la suspensión del servicio”, explica.
Aunque en este momento existen alternativas de conectividad como el internet satelital que ofrecen empresas como Hughesnet Colombia y Starlink, la fibra óptica sigue siendo el canal más estable y financieramente más viable para los ISP. “En departamentos como el Chocó el internet satelital puede ser inestable por temas climáticos, su capacidad para ofrecerle a los usuarios también varía mucho y para nosotros es insostenible por los costos que manejan para las empresas. La fibra óptica sigue siendo el mejor medio de transmisión, el costo es mucho más económico y es más eficiente porque te brinda el acceso a internet de una manera más limpia”, concluye.
Jeison Riascos ha dedicado 14 de sus 38 años de vida, a contar al Chocó. Oriundo de Quibdó, pero con alma carmeleña, ha usado la fotografía para mostrar las historias de cientos de personas que, en sus palabras, “la rompen” en el departamento. Y reflejar la belleza de su cotidianidad.
El Murcy, como se presenta en redes sociales, tiene su misión clara: “mostrar la cara bonita del Chocó”. Aunque soñaba con ser ingeniero de sistemas, y estudió para ser técnico en instalación de redes de computadores, la pasión por su territorio lo llevó a crear una plataforma digital para contar(se). “Ya no tenemos la necesidad de esperar que otro venga a contarnos, porque nosotros mismos nos contamos”, dice.
“Ya no tenemos la necesidad de esperar que otro venga a contarnos, porque nosotros mismos nos contamos”
Detrás de su marca hay todo un concepto. Durante los años en los que vivió en El Carmen de Atrato, la cercanía a la cultura paisa lo confrontó. Más allá de las diferencias físicas, la disparidad de los hábitos le terminó dando su nombre artístico: “yo solo salía de noche porque era en ese momento que mis amigos se desocupaban. Allá la mayoría de mestizos son comerciantes. Por eso me decían el Murcy, como los murciélagos”, cuenta. Sus primeras fotografías, incluso, estaban en escala de grises, pues los murciélagos no tienen la capacidad de ver los colores.
Hoy, el rojo de la pomarrosa, el verde del plátano, el amarillo de la sopa con queso y del arroz con longaniza, son protagonistas de las imágenes que han llegado a ser portada de medios internacionales como Okayafrica y The New York Times. Un ejercicio obstinado por contar el Chocó desde la mirada de sus protagonistas. Esto le dijo a Consonante:
El Murcy: Cuando estaba en el Sena empecé a crear espacios digitales donde los chocoanos se pudieran reunir. Porque, por ejemplo, en el año 2010 para encontrar una canción de un artista local me tocaba ingeniarmelas. Ahí dije, si es así de difícil para mí, que soy amigo de los artistas, no me imagino para alguien más. En ese momento se me ocurrió crear una plataforma donde se reuniera toda la música del Chocó y creé Talento Chocoano, una página de Facebook y un perfil Twitter.
Cuando vi que tenía esta fuerza y se convirtió en una especie de medio de comunicación digital con más seguidores, decidí aprovechar para contar historias positivas y empoderar a las personas que hacían algo positivo por el Chocó. Tanto así que compartiendo esas fotos logramos transformar la realidad de algunos jóvenes también y hacer alianzas. Por ejemplo, en 2016 compartimos la historia de unas niñas que jugaban al baloncesto. Cuando publiqué esas fotos la Cancillería se contactó conmigo y dijo que querían llevarlas a Estados Unidos y estar 15 días viendo partidos de la NBA. Al final se llevaron a 15 niñas. Allí ví cómo desde la fotografía empezábamos a transformar y a lograr impactar a personas, entonces eso más me motivaba.
Y El Murcy se empieza a construir cuando empiezo a darle cara a “Talento Chocoano”. A mi me daba pena decir que yo era el dueño porque yo decía: “yo no soy profesional en esto, no tengo conocimiento en esto, pero estoy haciendo algo que está generando impacto”, me daba pena el qué dirán. Pero luego al darle cara se empieza a fortalecer el Murcy y empiezo a trabajar en otros medios.
E.M.: Lo que se despertó en mí fue la vocación por mostrar el territorio y contarlo con narrativas diferentes, porque antes nos contaban simplemente lo negativo. Ahí se despierta las ganas de conocer todo este tema de comunicación, buscando aliados, hasta radio tuvimos por simplemente querer contar esas historias.
Y hasta el sol de hoy sigo formándome, sigo asistiendo a espacios para seguir aprendiendo cómo narrar y cómo contar historias. Pueden estar mis fotos en The New York Times, o en los principales medios de comunicación, pero nunca voy a perder esa vocación por seguir capacitándome para seguir contando historias del territorio.
E.M.: Lo principal es entender que no hay un solo lado de la información, eso para mí ha sido fundamental. Siento que en una información hay muchas personas involucradas y cuando hay muchas personas involucradas, hay diferentes miradas. Dentro de esas miradas existen esas personas que vienen transformando el territorio.
Cuando dicen “en el Chocó pasa esto”, generalizan. En ese entonces era más marcado porque solamente eran noticias negativas: “secuestraron en el Chocó”, “robaron en el Chocó”, “mataron en el Chocó”, entonces la gente simplemente se quedaba con eso. La dinámica que empecé fue como listo, a equis noticia le contamos el otro lado.
Por ejemplo, cuando secuestraron al general Alzate en un corregimiento muy bonito que se llama Las Mercedes, obviamente la noticia estaba marcada con ese hecho, pero también hay otras cosas positivas allá. Entonces yo tenía imágenes del territorio, y empecé a contar sobre ellos, los niños y su gente. No era hacerle competencia a la noticia “negativa”, porque esa no es la idea, pero tampoco es que se estigmatice con una sola mirada del territorio.
E.M.: En el 2017 tuve la fortuna de hacer un diplomado en la Javeriana que hablaba de la salud mental en los contenidos. Entonces discutimos cómo lograr que con cada contenido, cada imagen, las personas no se sientan afectadas y al contrario que se identifiquen.
Entonces yo trato de hacer los contenidos de forma que los personajes se sientan identificados, que si yo les hago una foto la quieran poner el perfil. Que si se hace un contenido visual lo quieran compartir, o sea, para contar noticias que “romantizan” ese tema negativo, también hay otras formas de agarrarlo.
"Trato de hacer los contenidos de forma que los personajes se sientan identificados, que si yo les hago una foto la quieran poner de perfil"
El ejemplo con lo de las niñas, yo pude haber empezado la noticia diciendo: "niñas que juegan baloncesto quieren representar el Chocó pero no tienen apoyo de instituciones, no tienen apoyo a nadie". Pero no, al contrario, es cómo cambiar esa moneda para que no sea siempre lo mismo y dejar de romantizar el tema de las necesidades del territorio.
E.M.: Yo incluso en las noticias que no son positivas trato que las imágenes no sean dañinas a la hora de publicarlas. Tener una ética a la hora de hacer la foto. Para mí sería muy cruel tener una foto que alguien después me diga: "Oye, quiero que esa foto se elimine porque no me siento cómodo viéndola".
Por ejemplo, hace un tiempo a una niña le asesinaron un familiar en la calle y ella me escribió. Me dijo: “Yo soy hija de tal persona, me acaba de pasar esto y me gustaría que si le llega la foto de lo que pasó, usted le diga a las personas que no la compartan”. Y sé que eso para mí es imposible de lograr, pero entender ese mensaje es precisamente comprender que sea cual sea el tipo de noticia, hay que tener esa ética y preguntarse qué tipo de contenido comparto.
E.M.: Tengo referentes y ejemplos claros: Jesús Abad Colorado. Él cuenta la masacre de Bojayá con sus fotos, y en esas fotos no ves sangre. Eso es un llamado a intentar narrar y dignificar.
Si mataron a una persona los medios pueden pedir esa foto, pero ahí uno como persona tiene límites. Entonces si me piden muchas cosas de ese tipo yo digo “no, eso no es lo mío, no me sentiría cómodo”.
Me dio muy duro, por ejemplo, hace poco con lo del derrumbe en El Carmen de Atrato. Me tocó estar en el recibimiento de los cuerpos y casi no soy capaz de hacer ese tipo de trabajos tan fuertes. No porque no tenga el profesionalismo, sino porque no tenía tiempo de pensar cómo lograr una buena imagen sin decir “esa gente está partida”. No es simplemente hacer la foto de lo que pasó, sino también cómo hacer la foto dejando claro que esta persona tiene voz.
E.M.: La primera barrera que tenía, y que me tocó romper, fue dejar de pensar que los contenidos positivos empobrecían y pararme en la raya conmigo mismo, ni siquiera con los medios, fue decir “esto es lo que me apasiona y es lo que quiero contar”. Porque eso no lo compraban en ese momento, para poder tener algo publicado tenía que estar pasando alguna situación negativa en el territorio. Sentía que era imposible que me compraran una historia positiva.
"La primera barrera que tenía, y que me tocó romper, fue dejar de pensar que los contenidos positivos empobrecían y pararme en la raya conmigo mismo"
También cuando inicié siempre me hablaban del crédito. Yo no sabía cómo trabajar y cómo volver sostenible la fotografía. Como que no existía esa remuneración, no porque no quisiera, sino porque en ocasiones en el territorio era muy complejo llevarlo. Tuve que empezar a poner límites y entender que eso es un trabajo remunerado.
E.M.: Haciendo fotografías, haciendo videos, con personas que quieran contar historias positivas del territorio. Creo que con lo poco, o mucho, que llevo he logrado que muchas organizaciones se interesen en el trabajo que hago. Pero siempre es bueno recalcar que a este punto no llegué diciendo: “Soy Murcy y hago esto”, sino tirando, perdiendo la prueba y experimentando. Pero siempre con la convicción y con la visión de saber qué quiero contar.
En algún momento fui a hacer fotos de un frente de un grupo armado, y tenía claro que no iba a hacer ninguna foto en la que saliera un arma. Y lo que hice fue hacer contenido de un grupo de danza y de teatro que había en el frente. Entonces es tener clara la mirada sobre lo que me apasiona y lo que quiero lograr, porque si no vamos a ser simplemente los fotógrafos de los encargos, pero ¿cómo construimos la visión de nosotros?
E.M.: Hay una que me ha tocado muchas veces creerme que la logré sin querer. Es un niño que va tocando un tambor al lado de una banda de guerra. El niño va tocando un galón, no sé si es de ACPM o de gasolina, pero va soñando estar en esa banda y toca su tambor como si estuviera marchando.
Esa foto la tomé en el municipio de Raspadura, fue muy bonito ver ese contraste, ver cómo se muestran los sueños. Cómo soñamos cuando somos niños. No es la mejor foto técnicamente, pero en contenido narrativo es muy valiosa. Yo la veo y me motiva mucho, la verdad.
E.M.: Hay dos puntos: uno es que ya no tenemos la necesidad de esperar que otro venga a contarnos, porque nosotros mismos nos contamos. Eso hay que tenerlo claro, porque fue de las cosas que más fuerza me dio. Si antes no nos contaban que alguien en Quibdó estaba haciendo algo bueno, ya nosotros lo podemos decir y puede tener más trascendencia que cualquier noticia que pueda compartir un medio nacional.
Y la otra es tratar, lo más que sea posible, de hacer las cosas bien. Es hacer que los personajes se vean reflejados y se sientan identificados con el contenido que uno realiza. Siento que la ética en ese tipo de contenido es fundamental, porque yo puedo estar haciendo mucho contenido por tener mucho tráfico, pero al final estoy afectando a una población.
Hace poquito estaba haciendo un video comercial para una marca de ropa y la propuesta que estaban haciendo era que saliera un tigre persiguiendo a la modelo. Pero yo no puedo, así sea con imágenes de apoyo, mostrar que un tigre está persiguiendo a una modelo en Tutunendo, porque entonces voy a afectar el turismo allá y voy a hacer creer que hay un tigre. Tenemos que ser conscientes que nuestras voces también tienen poder en las redes y que lo publicamos llega a muchas personas.
“Les voy a demostrar que soy el alcalde con más obras en el municipio”, dijo en varias ocasiones el ex mandatario Cristian Copete durante su gobierno. Copete dedicó sus últimos años como alcalde a buscar convenios y dejar contratadas varias obras de infraestructura que durante su ejecución han tenido decenas de inconvenientes. Hoy, los tadoseños reclaman falta de información y claridad sobre el estado de estos proyectos.
Según la secretaria de planeación, Lina Marcela Mosquera Mosquera, actualmente hay cinco proyectos en ejecución que quedaron de la administración pasada: el único que está “terminado” es la pavimentación del barrio San Pedro, que está a la espera de una auditoría final para que se pueda entregar. Sin embargo, los habitantes del barrio han presentado varias quejas sobre la obra, pues aseguran que las calles se inundan cuando llueve. Recientemente solicitaron también la instalación de reductores de velocidad, un proyecto que desde la actual alcaldía, bajo el gobierno de Juan Carlos Palacios aseguraron que se hará prontamente.
En ejecución está el pavimento del barrio Reinaldo; la primera fase de la cancha sintética, que actualmente está suspendida; la pavimentación del barrio Caldas, que estuvo detenida el mes pasado y la construcción de un box culvert en Playa de Oro, que está suspendida desde hace varios meses.
A estas obras se suman proyectos que Copete anunció durante su mandato, pero de los que la comunidad no sabe nada: la iniciativa “Huevos Tadó” y la reforestación ambiental de la comunidad Alto Chato, que según la alcaldía de Juan Carlos Palacios, están en ejecución pero no entregan ninguna información. Así como la construcción de una placa polideportiva cubierta en el resguardo Mondo Monocito, una inversión de 1.390 millones de pesos de la que no se conoce ningún avance.
Copete también prometió la instalación de 400 paneles solares en varias comunidades indígenas, un proyecto estimado en 7.810 millones de pesos. Una promesa que, según la Secretaría de Planeación, no ha avanzado por problemas en la importación de los materiales. Así como la construcción de un parque recreativo en Villas de Remolino, que hoy no ha iniciado.
Desde la alcaldía de Juan Carlos Palacios tampoco hay mucha información, aseguran que han pedido por vías legales los informes de varios de estos proyectos después de un empalme atropellado: “Han sido cantidad de problemas, de acciones con daño que hemos tenido con los proyectos, pero estamos trabajando”, comenta Palacios. Este es el panorama.
“Han sido cantidad de problemas, de acciones con daño que hemos tenido con los proyectos, pero estamos trabajando”
Alcalde Juan Carlos Palacios.
Esta obra es considerada uno de los sueños más anhelados de la comunidad de Tadó. Durante la socialización de este proyecto, Cristian Copete, lleno de confianza, afirmó que el 31 de diciembre de 2023 se realizaría el primer lanzamiento del balón en el estadio, hecho que no ocurrió. Hoy los trabajos en la cancha llevan 17 días suspendidos. Desde el martes 4 de junio Codechocó selló la obra por no contar con los permisos para la extracción de material.
Según el contrato el plazo estimado para la ejecución era de siete meses, contados a partir del acta de inicio. Es decir, debía ejecutarse entre el 7 de noviembre de 2023 y el 6 de junio de 2024, pero el plazo no se cumplió. “Hay muchos retrasos y estamos esperando un informe que nos diga por qué ocurrieron”, dice la secretaria Lina Mosquera.
El contrato, que se firmó el 1 de septiembre de 2023, contempla la construcción de la primera fase del proyecto, en el que se incluye el encerramiento, la instalación del césped sintético, la construcción de una de las dos graderías y los drenajes. Hasta ahora, según el ingeniero Álex Zapata, la obra tiene un avance del 75 por ciento y el alcalde Juan Carlos Palacios dijo en radio que la obra se entregará el 12 de agosto.
La inversión fue de 5.559 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías y la entidad encargada de la ejecución del contrato es la Asociación de Municipios de Urabá, Darién y Caribe (Asomudacar), designada por la Gobernación del Chocó para ejecutar los recursos.
Además del retraso, la preocupación de varias personas en Tadó es cómo se va a hacer la segunda fase, que hasta el momento no se ha podido concretar por un problema con un predio que debe adquirir la alcaldía. Según Mosquera, esta etapa incluye la construcción de las segundas graderías y un parque lineal.
Las obras de pavimentación del barrio San Pedro y Reinaldo han causado problemas a los habitantes. Aunque el objetivo era mejorar las condiciones de vida de más de tres mil personas, en el transcurso de los trabajos se han presentado inundaciones que, según los habitantes, no se veían antes. Problemática que ha llevado a la comunidad a reclamarle a la alcaldía y personería, pero no se sienten escuchados.
Las obras de pavimentación de San Pedro, a cargo de la empresa Cobertura Global y representadas por el ingeniero Próspero Río, comenzaron el a finales de 2022 y estuvieron suspendidas en varias ocasiones por presuntas irregularidades. La comunidad tenía muchas inconformidades, entre esas, que no conocían los estudios de la obra y que el material que estaba siendo utilizado para la pavimentación no era el adecuado. Además, les preocupaba que el material que se estaba extrayendo de las playas de la quebrada San Pablo no tuviera los permisos ambientales ni el proceso adecuado de limpieza, por lo que se estarían utilizando con contaminación de lodos y palos.
A pesar de todos los inconvenientes, según la Secretaría de Planeación, la pavimentación ya está terminada y solo falta una auditoría para hacer la entrega. Sin embargo, los habitantes del sector están preocupados: ”Nos están dejando con inundaciones, con el box culvert tapado y con las aguas lluvias conectadas en el alcantarillado de materias fecales, pero no sabemos si esa tubería tiene capacidad hídrica para toda esa agua que con el tiempo nos vaya a causar daños de colapsos”, denuncia Nelson Mosquera. Además, solicitan la instalación de reductores de velocidad y señalización.
”Nos están dejando con inundaciones, con el box culvert tapado y con las aguas lluvias conectadas en el alcantarillado de materias fecales, pero no sabemos si esa tubería tiene capacidad hídrica para toda esa agua que con el tiempo nos vaya a causar daños de colapsos”
Nelson Mosquera, habitante de barrio San Pedro.
Además, las aguas lluvias del sector La Casona se direccionaron hacia a la alcantarilla convencional, algo que no está permitido y que desde la alcaldía reconocen: “No es permitido, pero aquí no hay un sistema que permita evacuar las aguas lluvias, entonces a veces se toman esas decisiones para solucionar los problemas. Ambientalmente no es prudente”, dice la secretaria.
Las obras en el barrio Reinaldo, a cargo del ingeniero Jhonier Mosquera Armijo, presentan el mismo problema: “Nos sentimos contentos al ver nuestras calle pavimentadas, pero este contratista Jhonier no escucha a nadie. Le sugerimos que la tubería puesta en el drenaje de aguas lluvias en el sector Cecilio era angosta para la capacidad de agua que pasa por ese sector y no escuchó. Hoy cada vez que llueve eso se encharca”, explica Edgar Fabricio, habitante del sector.
Jhonier Mosquera es también el encargado de la pavimentación de 152.94 metros lineales de la vía que comunica el barrio Caldas con sus aledaños. Un contrato por 77 millones de pesos que fue firmado en septiembre de 2023 pero cuya ejecución iba desde el 15 de abril hasta el 14 de julio de 2024. Sin embargo, la comunidad se ha quejado porque la obra estuvo suspendida del 29 de abril al 4 de junio.
”Esta obra empezó con un ritmo acelerado pero a menos de un mes fue parada sin nosotros conocer los motivos. Estamos perjudicados con inundaciones, encharcamiento, un pedrero que no deja transitar ni las motos. El alcalde nos dijo que la obra estaba parada por irresponsabilidad del contratista, sin embargo el 24 de mayo acudimos a un comité de obra en el sitio y el contratista dijo que la obra estaba parada por fuerza mayor”, comenta Eliana Perea, habitante del sector.
"Esta obra empezó con un ritmo acelerado pero a menos de un mes fue parada sin nosotros conocer los motivos. Estamos perjudicados con inundaciones, encharcamiento, un pedrero que no deja transitar ni las motos"
Eliana Perea, habitante del sector La Loma.
Según Guillermo Cuesta Panesso, personero municipal, la obra estuvo detenida por presuntas amenazas: “El contratista Jhonier no obedece los requerimientos de ninguna autoridad, la obra se encontraba parada sin el lleno de los requisitos jurídico, argumentando que por diversas amenazas de grupos al margen de la ley no puede continuar la obra hasta tanto no resuelva el tema”.
Sin embargo, desde la alcaldía aseguran que no conocen sobre ninguna denuncia. “El ingeniero debió aportar las pruebas de las amenazas, pero no lo hizo. En un comité se dio a conocer a la comunidad por qué se detuvo la ejecución, pero yo no tengo conocimiento de que haya interpuesto ninguna denuncia hasta el momento”, dice la secretaria de Planeación.
En el corregimiento de Playa de Oro la administración de Copete dejó en proceso de construcción un box culvert, es decir, una estructura subterránea de concreto que permite la canalización y el paso de agua de lluvia o de ríos pequeños. Sin embargo, los habitantes denunciaron que la obra duró más de tres meses suspendida y nadie les dio respuesta:
“Le dijimos al contratista que el flujo de agua que corría por esa quebrada no cabía por esa obra que están construyendo, y este nos dijo que ellos son los profesionales y que cuando llegaron a campo tenían todos los estudios del sector. Sin embargo hoy nos encontramos con aguas encharcadas, inundaciones cuando llueve, familias perjudicadas que les tumbaron una casa para construirla. Pero hasta hoy la obra está en veremos, esos señores trabajaban 15 días y los otros 15 no. No volvieron”, comenta Barion Garcia, miembro de la comunidad.
Las obras se reanudaron el martes 11 de junio, sin embargo, desde la Secretaría de Planeación aseguraron que no tienen ninguna información sobre el proyecto: “Con ese proyecto nos hemos dado a la tarea de investigar porque no nos dejaron información. No tenemos claro quién contrató o quién estaba ejecutando”, puntualiza la secretaria.
Yelenca Sarmiento Romero lleva tres años luchando por tener agua. Su familia, que pertenece al clan Epiayú, lo ha hecho desde siempre. En el resguardo Zaino, ubicado en la zona rural de Barrancas, en La Guajira, hay 1.530 personas que nunca han tenido agua potable. Su única fuente hídrica fija es lo que llaman un “ojo”, un nacimiento que acumula agua subterránea y que solo les sirve cuando el verano da tregua.
Su llamado al liderazgo desde la etnia wayúu fue innegable: su abuela, Mercedes Epiayu, murió en medio de la escasez de agua. Sus últimos momentos los dedicó a pedirle que siguiera luchando por lo que ella había buscado toda su vida, que su familia y su comunidad pudieran tener agua potable. Mercedes murió con varias bacterias en el estómago y piedras en los riñones, murió, aseguran en la familia, por la falta de agua.
Yelenca decidió hace unos años salir de su territorio por la falta del líquido. Se fue a vivir a Barrancas, el pueblo, pero no ha dejado de luchar por ver agua en el Zaino. Su decisión de irse, aunque dolorosa, también es una declaración: “Yo no seré como mi abuela, no seré como mi bisabuela, que tenían que caminar tres cuatro horas de trayecto para buscar un poquito de agua. Yo no podré lograrlo, no podré porque las condiciones ya no me lo permiten”.
En febrero el Gobierno de Gustavo Petro anunció la llegada de 40 carrotanques destinados a proveer agua en La Guajira por la emergencia del fenómeno del Niño. El anuncio le dio a Yelenca, su mamá, y su comunidad, un respiro: por un tiempo tendrían agua asegurada.
Cuatro meses después el agua nunca llegó y el país se centró en el escándalo de corrupción. Mientras que en el Zaino, y otra decena de lugares de todo el departamento, siguen sin poder acceder a agua potable. La lideresa habló con Consonante sobre sus peticiones al Gobierno: que se vuelvan a poner los ojos en el departamento, y esta vez, con una solución más definitiva.
Yelenca Sarmiento: En septiembre del año pasado hicimos un paro, tomamos la vía y salimos en defensa del territorio. En ese entonces fuimos escuchados por el Ministerio de Vivienda, les pedíamos que nos solucionaran el agua, porque estábamos padeciendo. Allí logramos que nos llevaran agua durante tres meses. Eso nos sirvió mucho porque nos llevaban un carrotanque cada semana y pudimos llenar una alberca, se beneficiaron como cuatro o cinco familias. Pero luego de esos tres meses se perdió el carrotanque, el dueño del carro nos dijo que ya no tenían contrato y nos volvimos a quedar sin agua.
Desde ese momento me convertí en una pescadora, donde sabía que iba a estar un representante del Gobierno o algún ministro, buscaba la forma y me metía. En una de esas pude entregarle un oficio a la senadora Aida Avella, ella nos respondió que había mandado eso al departamento y a la Alcaldía, que eran ellos quienes tenían que solucionar. Ahí perdimos las esperanzas.
Por eso después, el momento en que anunciaron el envío de los carrotanques fue de mucha alegría. Todavía me acuerdo y se me eriza el cuerpo, cuando entraron en caravanas, fue una satisfacción porque dijimos “ya se va a aplacar un poco la sed”. Pensábamos que nos iban a mandar por lo menos uno o dos para el sur de La Guajira, pero mira la triste y lamentable situación. Siento que caímos aún más bajo, porque lo que creíamos que era nuestra esperanza terminó siendo una desgracia.
Es la hora y nada más escuchamos el tema de la corrupción, pero no vemos cuál es la solución, los carrotanques están ahí y ¿qué se va a hacer con eso?, aquí seguimos con la misma problemática, seguimos con la misma necesidad.
Y.S.: No eran realmente la solución, como dice uno por acá, esos eran pañitos de agua tibia. Porque llega un carrotanque al territorio con 9.000 o 10.000 litros y tiene que repartir 1.000 litros a cada vivienda.
Aquí en una misma casa vivimos: mamá, papá, hermanos, cuñados, primos. Por cultura hay hasta cuatro y cinco familias en una casa. ¿Qué pueden alcanzar 1.000 litros de agua donde hay cinco familias?. Para mí no era la solución, pero como dice por ahí el dicho: a caballo regalado no se le miran colmillos.
Nos toca pelear esos 1.000 litros de agua, que además nos dicen que es solo para consumo, no es para bañarse, ni para los animales. Pero yo viendo las gallinas, viendo a las cabras, viendo al burro pasar sed ¿En qué cabeza cabe que vamos a tomarnos el agua y vamos a dejar los animales sin agua?.
Nosotros seguimos con esperanza de que esos carrotanques los pongan en funcionamiento y nos den un poquito de agua. Y por ahora nos toca seguir recibiendo la del cielo y almacenando ese poquito de agua que nos regala papá dios.
Y.S: Yo soy del sur de La Guajira y estoy cerca a la represa, me duele ver cómo está esa agua ahí. No es que no haya agua en La Guajira, es que el agua está presa. Acá no es como dicen: “un pedazo de tierra desértica”, que no hay agua. Sí hay, el río Ranchería tiene agua para darnos. Y mi abuela que se murió decía “¿por qué si el agua está ahí no nos dan un poquito?”. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días de nuestras vidas.
" Y mi abuela que se murió decía “¿por qué si el agua está ahí no nos dan un poquito?”. Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días de nuestras vidas"
Lo que le hemos preguntado al Estado es: ¿qué tan complicado es que nos den agua de la represa?. Por mi territorio pasa la línea de conducción que hicieron cuando el proyecto supuestamente iba a llevar agua de la ranchería a Hatonuevo, nosotros miramos ese tubo y guardamos la esperanza de que hay agua ahí.
Yo he dicho muchas veces que el problema de la desnutrición en La Guajira no solamente es la falta de comida, dennos un poquito de agua y nosotros volvemos a cultivar nuestros propios alimentos: el maíz, la ahuyama, el frijol. Dennos un poquito de agua y nosotros volveremos a sembrar las tierras. La solución está en la represa, por más de que digan que van a traer carrotanques, no, el agua está ahí, el agua está presa.
Y.S.: No solamente es en tiempo de política. Mi mamá hace dos meses me ha venido diciendo: "hija, está entrando un carrotanque y yo le hablo al hombre que maneja, le pregunto por qué no me echa el agua y dice “no es que para usted no hay agua, aquí nada más me mandan a echarle agua a cinco casas". Y esta queja se la puse a la Secretaría de Gobierno aquí en Barrancas.
Pero sí interfiere el tema político, si tú eres de un color y ese color es el que está en el poder, tú tienes beneficios, si no eres del color, no los tienes. Y esto ha sido una plaga que no solamente la vemos en La Guajira, vemos que cada día crece, se engorda y se reproduce en toda Colombia.
Y.S.: Se ha convertido en un negocio porque después del oro lo que dará plata será el agua. Y me preocupa, me pongo mal, se me quebranta la voz, porque yo tengo tres hijos y ver la problemática y la escasez de agua en la que vivimos me hace pensar ¿qué futuro les espera? Si el agua nos la van a medir, si el agua nos toca comprarla, ¿qué va a ser del futuro de mis hijos, de mis nietos?, ¿lograrán sobrevivir?
Y que cada vez es menos el agua que se logra ver. Tener cosechas en nuestro patio es un lujo, un lujo que nosotros los de abajo no podemos darnos. Si tienes plata, tienes agua, si no tienes plata no tienes agua. Y es preocupante la situación, porque el agua está privatizada.
Por ejemplo, lo que creímos que iba a ser el auxilio mira en lo que se convirtió. El tema de los carrotanques es deprimente, fue una ilusión. Creemos que lo soñamos, vimos los carros llenos de agua pero el agua nunca llegó, fue un espejismo. Fue un engaño.
Y.S.: En el día a día se va al ojo, al nacedero. Tipo cinco o seis de la tarde se ven los burros ahí, porque a esa hora ya está más cargado, y se cogen dos o tres tintinas para el sustento.
El que tiene cómo se da el lujo de comprar el agua, porque un viaje de agua a territorio sale por muy bajito en 150.000 pesos, y ahí poniendo la llorona, como dice uno también, por ahí las amistades lo dejan en 130.000 pesos. Y para sacar ese dinero con la falta de empleo es complicado. Entonces a veces nos reunimos dos o tres familias y compramos un viaje y nos repartimos un poquito de agua. Compramos un carrotanque de 9.000 a 10.000 litros.
Y.S.: Es terrible. Una vez hubo un fenómeno tan fuerte, creo que un fenómeno del Niño y recuerdo que me estaba volviendo loca en mi casa. Tenía a los niños pequeños y recuerdo que no había una gota de agua para bañarlos. Tenía un cultivo de guineo en mi patio y ver que se me acabó todo por falta de agua, ver mi ropa sucia, ver los tanques vacíos, entré en crisis y le dije a mi esposo "vámonos, vamos a vender esto, ya aquí no hay vida. Ya se acabó mi existencia".
Porque el agua en nosotras las mujeres es la que nos impulsa a levantarnos con alegría. Porque el hombre se dedica al pastoreo, él se va con sus animales, pero la mujer es la que queda pendiente de mantener la casa en orden. Una es la que tiene que administrar la casa y si no hay agua ¿cómo hace uno?. Toca entonces salir, porque son tus hijos los que te piden agua, son tus animales los que te obligan. Por eso muchas veces no es que uno quiera ser líder, sino que la situación en la que vivimos nos obliga a salir a pedir la gota de agua.
"Toca entonces salir, porque son tus hijos los que te piden agua, son tus animales los que te obligan. Por eso muchas veces no es que uno quiera ser líder, sino que la situación en la que vivimos nos obliga a salir a pedir la gota de agua"
Durante los primeros meses del año, y del mandato de Micher Pérez, el Hospital San Agustín estuvo bloqueado; la pelea entre Pérez y la junta directiva por quién sería el nuevo gerente de la institución, dejó en el limbo a los trabajadores del hospital y a los más de 40 mil fonsequeros que debe atender el centro de salud.
En el momento más álgido de esta disputa, la Superintendencia de Salud visitó el hospital y encontró a los funcionarios en cese de actividades porque no habían recibido el pago de dos meses de salario. Además, estaba restringida la prestación de los servicios de hospitalización, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y consulta externa, y el servicio de urgencias era prestado únicamente para las que se consideraran urgencias vitales.
En medio del caos en el hospital, y de una auditoría atropellada en la que la entidad no entregó toda la información, la Supersalud evidenció lo que se venía denunciando desde hace tiempo: hay desorden a nivel administrativo, descuadres en la información financiera y presuntas irregularidades en algunos procesos de contratación.
Durante los días de auditoría, que fueron del 5 al 7 de marzo, la Supersalud registró 56 hallazgos en diferentes requisitos relacionados también con la opacidad en información pública, la conformación de la junta directiva, la infraestructura y sanidad, y la prestación de los servicios. La conclusión final es que el hospital no garantiza la prestación de los servicios de salud con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud: accesibilidad, seguridad, pertinencia y oportunidad, situaciones que representan un alto riesgo en la atención de los usuarios.
Con este panorama la Superintendencia le solicitó al hospital San Agustín entregar un plan de mejoramiento, que ya fue tramitado el 22 de mayo. Ahora dependerá de la entidad definir si es aprobado o no.
Los problemas del hospital se resumen en:
Lo primero que se confirmó es que el nombramiento por parte de la gerente Yelitza del Carmen Ayala, a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada, y el apoyo de la junta directiva a esta decisión fue una falta porque la gerente debe ser elegida por el alcalde, según el informe:
“La señora Yelitza del Carmen Ayala Redondo en su calidad de Gerente en propiedad de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca no tiene competencia para la expedición de la Resolución 696 del 21 de diciembre de 2023, toda vez, que al verificar las funciones del cargo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado, previstas en el artículo 4 del Decreto 139 de 199618 no establece la de nombrar o encargar al gerente, función que, de acuerdo con la ley, para el caso que nos ocupa le corresponde al alcalde municipal de Fonseca”, dice el documento. Que además asegura que la Junta Directiva también se extralimitó en sus funciones al ratificar el nombramiento. Por lo que la SuperSalud trasladará el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción de la Guajira para que investigue el hecho.
La Supersalud también encontró que la Junta Directiva no cumple con la conformación del número de integrantes y su reglamento no se ajusta a la normativa vigente. Esto se evidencia porque, por ejemplo, la profesional Lelia Maritza Amaya, integrante de la junta, tiene el título profesional de bacterióloga, lo que incumple el Decreto 780 de 2016, que establece que los integrantes de la junta no pueden tener título profesional en un área del conocimiento de las ciencias de la salud.
Además, evidenciaron que los miembros no se reúnen ordinariamente con la periodicidad establecida en el mismo decreto, es decir, cada dos meses. Y que no actualizan los estatutos ni han aprobado la planta de personal y sus modificaciones
Según un derecho de petición contestado a Consonante, el hospital tiene 21 funcionarios de planta y 140 contratistas directos. Con este panorama, la Supersalud encontró que hay contratos que se están pagando, pero que no se están cumpliendo con las funciones. Por ejemplo, aunque hay contratada una persona para el apoyo a la gestión del área de archivo, en el hospital no existe organización y custodia de archivos y los documentos se encuentran dispersos en distintas áreas de la entidad.
También hay contratos que no están permitidos. La ESE está contratando a personal del área asistencial, aseo y vigilancia mediante la modalidad de contrato individual de trabajo, vinculación que no está permitida por la normatividad.
A esto se suma que el hospital no publica todos los contratos en el Secop. Esto es importante porque permite conocer con quién se está contratando y de qué forma se están invirtiendo los dineros públicos, así como garantizar que los requisitos profesionales o técnicos de las personas o empresas contratadas se estén cumpliendo. Además es una obligación de las instituciones públicas.
Tampoco ha expedido, implementado, ni publicado el manual de contratación, que es el instrumento que dicta cómo se debe hacer la contratación al interior de la institución. "Eso puede facilitar que algunos procedimientos no sean adecuados, puede generar que no se contrate con una persona idónea para cumplir la labor que se está contratando, por ejemplo, o también la forma en la que se establecen los niveles salariales”, explica Mauricio Torres, docente de la Universidad Nacional del departamento de Salud Pública.
"Eso puede facilitar que algunos procedimientos no sean adecuados, puede generar que no se contrate con una persona idónea para cumplir la labor que se está contratando, por ejemplo, o también la forma en la que se establecen los niveles salariales”
Mauricio Torres, docente de la Universidad Nacional del departamento de Salud Pública
Respecto a los ingresos y a los gastos en la operación, la superintendencia encontró que los gastos operacionales del hospital superan a los ingresos en un 0,17 por ciento, es decir, por un valor de 21 millones de pesos. Esto evidencia, según el informe, que el hospital adquirió compromisos en 2023 “sin contar con una fuente cierta que respalde su pago”.
Durante 2023 el hospital recaudó 12.488 millones de pesos, pero gastó 12.509 millones. Esto, para la entidad, muestra que el hospital “presenta un desequilibrio”. Este desequilibrio puede causar, explica Torres, demoras en los pagos a los empleados o ausencia de insumos necesarios para la correcta prestación del servicio.
A esto se suma que durante 2022 y 2023, no utilizó el porcentaje mínimo de dinero legalmente establecido para el mantenimiento hospitalario, que debe ser del cinco por ciento del valor total del presupuesto de ingresos de la entidad. Es decir, el hospital tenía que invertir el año pasado 835 millones de pesos en el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, pero el presupuesto asignado para esta actividad fue solo 624 millones, del cual se ejecutaron al final 623 millones.
El hospital tenía que invertir el año pasado 835 millones de pesos en el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, pero el presupuesto asignado para esta actividad fue solo 624 millones de pesos.
La Superintendencia encontró también que hay “falta de verificabilidad y comprensibilidad de la información suministrada” respecto a lo que reporta el hospital al Estado a través del Sistema de Gestión Hospitalaria (Siho), y lo que recibieron en la auditoría. Por ejemplo, se observa una diferencia de $1.134 millones en el activo corriente en cuentas por cobrar durante 2022. Esto significa que no hay claridad sobre el dinero que el hospital tenía disponible para gastar en el año siguiente (2023), producto de los servicios prestados durante 2022.
"Puede haber diferencias entre las cifras registradas en un momento u otro porque en el proceso desde que presento la primera factura y cuando se llega a un acuerdo con el pagador, hay mucho tiempo, espacios y procesos de cambio. Es una cifra muy grande para un hospital tan pequeño, pero por eso no se puede asegurar que sí esté pasando algo"
Juan Carlos García, médico cirujano, doctor y magíster en Salud Pública, especialista en Gerencia Hospitalaria y especialista en salud ocupacional,
También hay diferencias en el reporte cartera por deudor incorporado, una diferencia de siete millones para el 2022 y de 1.043 millones de pesos para el 2023. Además, el hospital no entregó la información de acuerdo con lo solicitado por el equipo auditor, “situación que no permite efectuar un análisis razonable frente a la situación financiera de la ESE”, concluye el informe. También existen 792 ingresos pendientes de facturar, pero el hospital no entregó la información completa para verificar el valor correspondiente.
Sin embargo, para Mauricio Torres, esa falta de transparencia podría ser indicio de un mal uso de los recursos: “Eso es preocupante porque podría haber un escape de recursos. Si la institución no reporta todo en las cuentas formales, pero cobró, el dinero se puede estar quedando en otra parte, y podría haber procesos de corrupción”, agrega.
Al desorden en las cuentas se suma otra deficiencia alertada por los entes de control y vigilancia: el hospital no cuenta con un sistema de costos que le permita contar con herramientas para analizar y ofertar sus servicios. En otras palabras, el tarifario que maneja podría estar mal. Esto implica que la institución puede estar cobrando más, o menos, de lo que debería por los servicios que presta, y en la práctica, se puede estar perdiendo dinero.
Además, la ESE no publicó oportunamente el plan anual de adquisiciones vigencia 2023. Esta es la herramienta que permite saber, y hacer control, sobre cómo se va a gastar el presupuesto.
Al final, acuerdan los expertos, los problemas administrativos causan un precario servicio para los pacientes, y generan barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud. “Ese desorden administrativo que puede estar llevando, entre otras, a pérdidas de dinero, finalmente se refleja en los procesos de atención. Entonces por ejemplo, para cubrir las pérdidas pueden terminar reduciendo el personal asistencial y entonces puede haber mayores demoras en la atención y disminución en la calidad de la misma”, comenta Torres.
La Supersalud evidenció, por ejemplo, que el hospital no presta servicios acorde a lo reportado como habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps). Entre ellos la prestación del servicio de diagnóstico vascular, en donde se utilizan métodos y procedimientos para el diagnóstico de enfermedades o disfunciones del sistema cardiovascular.
Tampoco tiene un área para el cuidado básico Neonatal, que incluye la asistencia en el momento del parto, la atención de los recién nacidos con sus madres y la de los bebés enfermos que necesitan cuidados médicos. Esto a pesar que, según lo reportado a Consonante, se han atendido 13 partos en lo que va del año.
Además, lo que reportan al Ministerio de Salud es diferente a lo que realmente funciona: dicen que tienen cuatro ambulancias pero realmente solo tres funcionan. Dicen que tienen tres cunas para el cuidado básico neonatal, pero no hay ninguna. Reportaron que tienen cuatro camillas para la observación de adultos pero solo tienen dos. Tampoco se realiza el proceso del triage en urgencias y en esta área el único baño que hay está sellado.
La infraestructura del hospital es precaria: hay falta de control de temperatura y humedad en el almacenamiento de insumos y dispositivos médicos, deficiencias en la limpieza y desinfección en urgencias y hasta medicamentos vencidos. Además, la estación de enfermería está “en inadecuadas condiciones de higiene y mantenimiento”. Hay telarañas, insectos y alta humedad.
Según lo reportado a Consonante, en el hospital hacen falta medicamentos básicos para la atención de los pacientes: no hay acetaminofén, azitromicina, ácido acetilsalicílico, ampicilina, dipirona magnesica, entre otras. También hacen falta jeringas, catéteres o nylon.
Adicionalmente no hay atención con enfoque diferencial, para el caso de: grupos de edad (niños y niñas en desnutrición), género, grupos poblacionales prioritarios (gestantes), víctimas del conflicto armado o poblaciones indígenas que hacen parte del territorio. Ni hay instalaciones aptas para personas en condición de discapacidad.
Cuando un paciente llega al hospital, además, no queda un buen registro de su atención. No se registran los signos vitales completos, no indagan en los antecedentes completos y algunos registros no concuerdan. La conclusión más grande de la Superintendencia es que “La ESE Hospital San Agustín de Fonseca NO garantiza la seguridad del paciente”.
“La ESE Hospital San Agustín de Fonseca NO garantiza la seguridad del paciente”
Informe Superintendencia de Salud.
El 16 y 17 de mayo, varias comunidades indígenas de los pueblos Embera Dóbida, Katío, Chamí, entre otros, se manifestaron bloqueando la transversal Quibdó-Medellín a la altura de El 11 en El Carmen de Atrato. Este es el tercer paro en menos de cinco semanas: el 3 de abril, la minga bloqueó la Gobernación del Chocó y el 7 de mayo bloquearon las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira.
El motivo de los bloqueos no es nuevo. Desde septiembre de 2023, cuando la ministra de Educación, Aurora Vergara, se reunió con la Mesa Indígena del Chocó, se preveía este problema: había 30.000 millones de pesos de deuda, que se deberían pagar al finalizar el año a los 17 operadores que agrupan a los docentes indígenas en todo el departamento, pero no se sabía de dónde iba a salir el dinero.
“La Gobernación del Chocó girará $2.500 millones antes del 10 de octubre de 2023 y explorará las cuentas departamentales y otras fuentes de financiación como recursos de regalías con el fin de cubrir el déficit existente estimado en $30 mil millones”, dice uno de los acuerdos de la reunión.
Desde ese momento la deuda, que representa el salario de los últimos meses de 2023 de los docentes y administrativos indígenas (además de liquidaciones y otras prestaciones), se convirtió en un problema para las comunidades y para la Gobernación, que tuvo que asumir una deuda que no le correspondía y ha tenido que lidiar con problemas jurídicos para poder usar los recursos.
En cada uno de los paros se han definido posibles fechas para el pago, pero las comunidades denuncian que no se han cumplido. “En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”, dice Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
“En la primera reunión, la gobernadora nos dijo que del 28 al 30 de abril nos iba a consignar. Entonces, cuando llegó el 30 y no hubo pago, dijo que había unas facturas que había que legalizar. Cuando en el primer encuentro nos dijo que todo estaba ok. Entonces, ahí decidieron bloquear las dos vías. Nos volvimos a reunir, hablamos y volvimos a abrir cuando nos dijeron que iban a consignar del 15 al 16 de mayo, pero tampoco pasó nada. Nos tienen engañados”
Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
La Gobernación asegura que no se comprometió a pagar en una fecha específica, y que ahora el retraso también es responsabilidad de algunos operadores que no han hecho la documentación adecuada para poder recibir el pago. “El acta lo que dice es que yo iba a hacer toda la gestión al 30 de abril para el pago. Que tenía que ver con la incorporación del recurso, y yo lo hice. No dije que pagaba el 30, dije que hacía el proceso para el pago. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se demora cada organización en comprobar los requisitos de ley para que estén aptos para el pago. No voy a pasar por encima de la norma por cumplir con una demanda que, además, está poniendo de condición el cierre de la vía”, explica Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del departamento.
Sin embargo, más allá de la discusión sobre las fechas, la situación revela un problema más profundo: hay problemas en la administración de los recursos, de por sí limitados, para la educación de las comunidades indígenas de todo el departamento, lo que termina poniendo en riesgo la prestación del servicio educativo para 35.700 estudiantes.
Según el decreto 2500 de 2010, la ruta para pagar a los profesores indígenas funciona así: los recursos salen del Gobierno Nacional y la entidad certificada en educación (para el caso del Chocó, es la Gobernación) es la encargada de administrar ese dinero pagándole a los operadores indígenas, es decir, a los cabildos, asociaciones de autoridades tradicionales y/o organizaciones indígenas, quienes son los que contratan y agrupan a los docentes.
Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) tiene casi 200 docentes contratados para prestar los servicios educativos en El Carmen de Atrato, Lloró, Bojayá, Pizarro y Certeguí. Por su parte, la Asociación Orewa tiene 490 docentes, además de personal administrativo como consejeros, fiscal, tesorero, entre otros. Y tienen presencia en Tadó, Bagadó, Alto y Bajo Baudó, Unguía, Riosucio, Juradó, Bahía Solano y otros municipios.
El año pasado, el Gobierno Nacional le aseguró a la Gobernación, que en ese momento estaba en manos de Ariel Palacios, que no podía dar esos 30.000 millones de pesos porque el departamento no envió la información necesaria para el pago a tiempo. Esto obligó a la Gobernación a hacerse cargo de la deuda.
“Yo le dije al propio viceministro y a la doctora Aurora que no estábamos de acuerdo con eso. La verdad es que, si con la gobernadora hubiéramos estado en su momento en la posición que estamos ahora, no lo hubiésemos permitido. Vamos a adelantar todas las acciones jurídicas que sean necesarias para hacer que el Gobierno Nacional reconozca ese dinero, pero mientras tanto nos toca pagar”, cuenta Yina Paola Reales, secretaria de Educación actual.
Sin embargo, cuentan desde la Gobernación que el dinero del departamento no era suficiente para asumir esa deuda. “Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”, agrega Reales.
“Si nosotros anualmente recaudamos solamente 60.000 millones, 30.000 millones es la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para toda la operación de todas las secretarías. Es demasiada plata”
Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
Por eso, desde finales del año pasado se decidió que los 30.000 millones de pesos saldrían finalmente de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). El Fonpet es un fondo general donde van los ahorros pensionales y cuando una entidad llega a tener el 125 por ciento de su pasivo pensional cubierto, los excedentes pueden ser retirados para ser invertidos en educación, salud y sector central.
El Ministerio de Hacienda es el encargado de manejar los recursos del Fonpet, y era su responsabilidad retirar el dinero el año pasado para que el pago de los 30.000 millones de pesos se pudiera hacer este año. Sin embargo, desde la Gobernación explicaron que no fue sino hasta abril que se giró el dinero. Después de eso, la Asamblea tuvo que incorporar los recursos para que la Gobernación pudiera pagar, lo que demoró en trámites administrativos otro tiempo más.
Sin embargo, a pesar de que el dinero -al parecer- ya estaba listo, había otro problema: los recursos del Fonpet solamente se pueden usar para inversión y no para pagar deudas. Al haber entrado el dinero durante este año, y no el año pasado, se estaría usando para cubrir un déficit, lo que causaría problemas legales. “Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, solicitar conceptos al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”, explica Córdoba Curi.
“Me tocó durante todo el mes pasado solicitar conceptos a Hacienda, al Ministerio de Educación. Hacienda le tiró la pelota a Planeación, Planeación a Educación, y nadie nos contestaba, nadie nos daba el concepto jurídico que nos daba la autorización legal para poder generar un pago de una deuda del año pasado con un recurso de inversión”
Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del Chocó.
“Nosotros, al ver que no nos contestaban con claridad en el Gobierno Nacional, que además son los que tienen la vocación para hacerlo, pues empezamos a buscar con abogados tributaristas alguna alternativa para lograrlo sustentar y, financieramente hablando, eso ya lo tenemos de alguna manera sustentado con los recursos jurídicos que tenemos”, puntualiza la gobernadora.
Sin embargo, según la Gobernación, ahora el problema es que varias organizaciones se han demorado en entregar las cuentas de cobro con todos los documentos de soporte. Mientras que las comunidades dicen que no les notificaron desde el inicio que había problemas con las cuentas. Por ahora, la gobernadora aseguró que desde el 17 de mayo se empezaron a pagar a las organizaciones que sí tenían todo en regla.
Los docentes indígenas han vivido este problema desde hace varios años. Durante la administración de Jhoany Carlos Alberto Palacios, una minga se tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación del Chocó alegando que les debían tres meses de sueldo a 600 empleados directos y sus familias durante 2019. Lo mismo se repitió en marzo de 2023 cuando las comunidades reclamaron el pago de los sueldos de noviembre y diciembre de 2022.
Cada vez que esto pasa los docentes y sus familias no tienen dinero para comprar comida, ir al hospital, o movilizarse. “La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”, dice Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato. En ese municipio hay 80 docentes en la misma situación.
“La verdadera afectada es nuestra familia porque los niños se están enfermando y no hay forma para llevarlos al hospital. Y también hay gente aguantando hambre, porque son labores presenciales, de lunes a viernes, no tenemos por otro lado como salir a rebuscar”
Humberto Tequia, rector de una escuela en El 18, jurisdicción de El Carmen de Atrato.
En muchos casos tampoco tienen el dinero de los viáticos para movilizarse hacia las instituciones educativas, lo que ha causado que se dejen de dictar clases en algunas escuelas. “Algunos no son indígenas, son afro que van desde Quibdó. También hay centros que están muy retirados y allá es difícil para uno conseguir la liga, como el arroz o el aceite. Además hay profesores que no tienen cómo movilizarse de aquí hacia la zona”, comenta Eliecer Valencia, coordinador de educación de Asorewa.
A esto se suma que además de los salarios, los operadores han invertido en kits escolares o mobiliario para las escuelas, y no han podido pagar esas deudas. “Necesitamos que cumplan con todo el pago, que no sigan vulnerando nuestros derechos, los derechos de los que estamos al servicio de educación a los niños”, puntualiza Humberto Tequia.
Son aproximadamente 1.800 docentes indígenas en todo el Chocó que están afectados por esta situación, y 35.700 estudiantes que viven en la incertidumbre de qué va a pasar con sus clases cada vez que sus profesores no reciben salario. Desde Asorewa reconocen que el trabajo que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder es de parte y parte “Los documentos que requieren de nosotros desde la Secretaría de Educación deben estar al día y que ellos también se pongan al día”, dice Valencia.
Desde Fedeorewa, además, piden más celeridad en los trámites de la Secretaría de Educación: “En estos días vamos a hablar con la gobernadora para saber qué podemos hacer. La culpa no está tanto en la Gobernación, sino más en la Secretaría de Educación. Nosotros hacemos los informes pero cualquier novedad que nos piden no se responde rápido, se demora 20 días o un mes, cuando ya nos ponemos a preguntar. Cuando ya llega a las manos de la Gobernación ahí si no se demoran ni un día para pagar”, explica Marco Tulio Tequia, representante legal de la Federación.
El primer día de cada mes algunos estudiantes de las escuelas de San Vicente del Caguán desayunan chocolate con leche, una porción pequeña de huevo con cebolla y tomate, y una tajada de plátano maduro. Otros reciben una bolsa de avena, un pastel, o galletas cracker y -a veces- una naranja, una mandarina o una tajada de mango. Los demás no desayunan.
En el municipio funcionan dos tipos de alimentación escolar: algunos platos se preparan en los restaurantes escolares de las instituciones con los insumos que entrega el contratista. Y en otros casos los y las estudiantes reciben la “ración industrializada”, es decir, alimentos que ya vienen preparados, como avena o leche en bolsa, pasteles sin cobertura o galletas de soda tipo cracker. Esta modalidad se implementa en casos donde la infraestructura de la sede educativa no permite la preparación de los alimentos directamente en las instalaciones del comedor escolar.
Aunque el Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue diseñado para ser un complemento, y hace parte de una estrategia del Estado para contribuir con la permanencia de los estudiantes en las escuelas, para cientos de niños, niñas y adolescentes la comida que reciben durante la jornada escolar es la más importante del día.
En San Vicente del Caguán solamente 8.531 estudiantes reciben alimentación escolar, según datos actualizados en abril de este año por la Gobernación del Caquetá. Es decir, que diariamente 3.607 alumnos de las instituciones educativas oficiales se quedan sin recibir este beneficio por falta de presupuesto.
El operador encargado de entregar los insumos y la alimentación en los 15 municipios no certificados del departamento es la Unión Temporal Unidos por el Caquetá 2024. El contrato, por más de 20.000 millones de pesos, implica la ejecución del programa durante 104 días del calendario escolar.
El complemento de la mañana preparado en sitio le cuesta a la Gobernación 4.710 pesos, y el almuerzo 6.484 pesos. Mientras que el industrializado vale 5.138 pesos. Estos menús, aseguran, cumplen con los mínimos nutricionales definidos por el Ministerio de Educación a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa).
Y aunque en el papel todo parece funcionar bien, en la realidad de las escuelas los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a varios problemas: raciones pequeñas e insuficientes para cubrirlos a todos, alimentos en mal estado y retrasos.
En San Vicente del Caguán la alimentación escolar no llega a todos los estudiantes de las escuelas oficiales. En la institución educativa rural Los Fundadores, por ejemplo, solamente reciben alimentación escolar 62 de los 127 estudiantes que asisten a la escuela. Es decir, cada día más de la mitad de los alumnos se queda sin este complemento.
La situación se repite en casi todos los colegios. En la Institución Educativa Rural Arenoso - Sede La Pradera solamente 119 niños, de los 165 que hay, reciben la alimentación. “Recuerdo que hace muchos años a la población estudiantil le llegaba para el desayuno y el almuerzo, sería súper excelente que el gobierno pensara en generar este beneficio para nuestros niños y así estaríamos nosotros como institución garantizando la permanencia de los estudiantes en el proceso”, comenta Amelia Cuellar, rectora de la Institución Educativa Rural Cristo Rey Antonio Nariño.
En total, conforme a los datos de matrícula registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil -Simat-, en el municipio hay 12.138 estudiantes matriculados. De esos, solamente 8.531 reciben el PAE, es decir, el 70,28 por ciento de la población estudiantil.
Para decidir quiénes reciben, o no, la alimentación escolar, la Uapa definió varios criterios: en primer lugar se deben priorizar todos los grados de las sedes educativas que tengan jornada única, los cuales deben ser cubiertos al 100 por ciento. Para las demás jornadas se prioriza el nivel preescolar de todas las sedes educativas, que también deben ser cubiertos en su totalidad.
En segundo lugar se priorizan las sedes educativas ubicadas en el área rural y las sedes educativas urbanas donde más de la mitad de los estudiantes matriculados sean población étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad. En estas sedes, se deben priorizar progresivamente los grados inferiores, hasta llegar a cubrir el toda básica primaria, continuando con los grados superiores.
Y por último, las sedes educativas con alta participación de población con menores capacidades de generar ingresos, determinada por el grupo de Sisbén (desde grupo A hasta grupo D), priorizando progresivamente los grados inferiores hasta cubrir básica primaria y continuando con los grados superiores.
Aunque no esté estipulada la obligatoriedad del Estado para cubrir a todos los estudiantes, y este problema no es exclusivo de San Vicente, la comunidad señala que para que la política pública cumpla su objetivo debe cubrir el cien por ciento de la población estudiantil. Rectores y docentes reconocen que atienden a población de bajos recursos y muchas familias no cuentan con suficiente dinero para ofrecer una alimentación de calidad a sus niños y niñas. Esto demuestra que las políticas sociales del Estado son insuficientes para garantizar los derechos de todos los niños y niñas.
Esto pasa, según la Unidad de Alimentos para Aprender -Uapa-, entidad adscrita al Ministerio de Educación y encargada del PAE, porque el dinero para financiar el programa en todo el país no es suficiente. “A pesar de la concurrencia de los recursos referidos es importante señalar que los mismos no alcanzan para tener una cobertura del 100 por ciento de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial”, responden desde la Uapa.
Esto a pesar de que el PAE se financia con recursos de diferentes fuentes: del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías, los recursos que adquiera o sean transferidos por la Nación o las entidades descentralizadas territorialmente, los recursos propios de los territorios, los de cooperación internacional, donaciones, auxilio o los que le sean asignados en el Presupuesto General de la Nación. Para este año, el primer giro de la Uapa para cofinanciar el PAE en las 97 Entidades Territoriales Certificadas en Educación fue de 344.000 millones de pesos.
Además del problema de cobertura, algunos rectores y estudiantes han manifestado que las cantidades que reciben son muy limitadas. “El PAE es muy importante para nuestros niños y familias, pero tiene muchas falencias, una de ellas es que las raciones son mínimas y los niños vienen de lejos, muchas veces sin desayunar”, agrega Cuellar.
“Esta alimentación es muy importante debido a que algunos niños vienen sin recibir alimento alguno de sus casas, además de que la jornada es hasta tarde y vienen bastantes niños del campo. Pero son muy pocas las cantidades para el número de niños”
Dennis Torres, docente de la I.E.R. Arenoso, Sede La Pradera.
A pesar de que las clases iniciaron el 22 enero, el PAE solamente empezó a funcionar hasta el 5 de marzo. “Este programa, como bien lo dice el gobierno, inicia desde el primer día del calendario académico, pero desafortunadamente en nuestra institución inició el 5 de marzo y con muchas dificultades”, dice Amelia Cuellar.
Además del mes de retraso, en algunos casos los productos llegaron incompletos y las manipuladoras de alimentos tuvieron que encontrar la forma de mediar la situación. “Tocó hacer un ejercicio de balanceo y poder mirar cómo podíamos cumplir con este alimento para nuestros niños porque es de suma importancia, los niños vienen de veredas cercanas al centro poblado, entonces salen desde muy temprano de sus casas y llegan muy tarde”, agrega la rectora.
A esto se suman varias denuncias por el pago precario que reciben las manipuladoras de alimentos por su trabajo. Este valor depende de la cantidad de raciones que tengan que entregar o preparar, por lo que el valor termina siendo muy desigual. “Como tenemos poquitas raciones obviamente el valor que le van a cancelar a las manipuladoras es demasiado bajo y es muy complicado encontrar en nuestra región alguien que trabaje por los precios que da el operador”, agrega Cuellar.
“Como tenemos poquitas raciones obviamente el valor que le van a cancelar a las manipuladoras es demasiado bajo y es muy complicado encontrar en nuestra región alguien que trabaje por los precios que da el operador”
Amelia Cuellar, rectora de la Institución Educativa Rural Cristo Rey Antonio Nariño.
En la I.E.R Los Fundadores, por ejemplo, trabajan dos manipuladoras de alimentos que reciben aproximadamente 10.000 pesos por día trabajado. Mientras que en instituciones con mayor volumen de beneficiarios, el valor es mucho más alto. "Nosotros por el momento estamos ganando por el día trabajado 39.200 pesos. Para mí está bien el pago y el horario es bien", dice Carmenza Parra, manipuladora de alimentos de la Institución Educativa Verde Amazónico.
A esto se suma las denuncias de problemas en la infraestructura de los comedores escolares, las cocinas y, en general, las condiciones en las que se alimentan los niños.
Algunas escuelas han recibido frutas en estado de descomposición y verduras golpeadas o dañadas. “La fruta llegaba en muy mal estado y por eso ya no se está dando”, explica Edgar Josué Villacriz, coordinador de la I.E.R Los Fundadores. Esta situación se denunció también en otros municipios de Caquetá.
Incluso, en abril la Asamblea citó a un debate de control político sobre el PAE al departamento y al contratista. Esto, cuenta el diputado Wilman Fierro, después de que un grupo de veeduría departamental hiciera varios reparos sobre el programa, además de que un estudiante de Belén de los Andaquies resultara intoxicado por un alimento que había recibido en su escuela. “Lo que realmente rebosó la copa fue una intoxicación, infección intestinal por posible causa de una leche o una avena que se tomaron unos menores de una familia”, comenta el diputado.
“Lo que realmente rebosó la copa fue una intoxicación, infección intestinal por posible causa de una leche o una avena que se tomaron unos menores de una familia”
Wilman Fierro, diputado.
Otra de las cosas a mejorar es la pertinencia de los alimentos. Según los lineamientos, expedidos por la Uapa, para la planificación de los menús es necesario tener en cuenta aspectos que van más allá de la composición nutricional e inocuidad del alimento, como: variedad, textura, consistencia, color, sabor, forma, humedad de los alimentos, y sus métodos de cocción. Y sobre todo, debe responder al contexto social y cultural de los y las estudiantes, pero esto se queda en el papel.
“El desayuno es un poco variado, son cuatros minutas, cada una compuesta por cinco días de la semana y es elaborada por los ingenieros de alimentos. Pero no cumple con las características de nuestra región. Además nuestros niños están acostumbrados a consumir una porción de alimento más grande”, explica Amelia Cuellar.
En una ceremonia presidida por el alcalde Juan Carlos Palacios, el 1 de abril se posesionó oficialmente como nueva gerente de la E.S.E. Hospital San José de Tadó la exalcaldesa Yocira Lozano Mosquera quien, además, ha sido gerente de la institución en otras dos ocasiones. Del 2006 al 2008 fue gerente encargada y luego fue elegida gerente en propiedad de 2009 a 2012 por el entonces alcalde Aulio Cesar Ledezma.
A pesar de que ha pasado un mes desde la posesión, el ex gerente Everth Casas, designado por el entonces alcalde Cristian Copete, solo inició las conversaciones para hacer el empalme hasta hoy (6 de mayo). Como consecuencia, en el municipio no hay información sobre la situación real del hospital. Actualmente están funcionando los servicios de consulta externa, medicina general, los programas de prevención y promoción, laboratorio clínico, rayos X, odontología, urgencias y hospitalización, sin embargo, no hay claridad frente a la situación financiera del hospital, ni el estado del proceso de saneamiento.
“El gerente me dijo que el hospital tenía una deuda de 3.200 millones de pesos, pero no está clara esa información financiera. No sabemos cuánto se debe a proveedores, ni al talento humano. Tenemos procesos judiciales de proveedores y laborales por los salarios que se han dejado de pagar, pero las cuentas no están claras”
Yocira Lozano, gerente del hospital.
Según la Ley 951 de 2005, es obligación de todos los servidores públicos entregar un informe al salir del cargo, en un plazo de 15 días hábiles. “Al separarse de sus cargos, al finalizar la administración o al ser ratificados en el mismo al término del período, según el caso, presenten un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones”, dice el texto.
“Todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer una debida entrega de nuestro cargo. Si eso no pasa una vez la gerente haga un inventario de lo que está recibiendo, debe levantar un acta e informar a las autoridades como la Procuraduría y la Contraloría, de cómo es el estado del hospital que ella recibió”, explica Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental.
Esta no es la primera vez que hay opacidad en la entrega del hospital. Durante la administración de Cristian Copete por la gerencia pasaron tres personas: Anny Katherine Yurgaky, quien se desempeñó como gerente durante un poco más de dos años; Vanessa Córdoba, quien se retiró entre rumores de discordia con el entonces alcalde y Everth Casas, quién terminó el periodo.
En diciembre de 2022 Córdoba le dijo a Consonante que a pesar de llevar cuatro meses en el cargo, no había podido asumir su rol porque tampoco hubo empalme: “No hemos recibido el hospital a cabalidad, porque no hay claridad sobre el estado financiero, ni de la compra de equipos biomédicos, las ambulancias y el pago de los salarios de algunos funcionarios”.
Una de las tareas de Casas era la de responder a los hallazgos de la SuperSalud después de la salida de Vanessa Córdoba como gerente. Entre esos estaba el desorden en las cuentas que llevaron a la SuperSalud a declarar que los estados financieros del hospital no eran confiables, además no existía una política contable que les permitiera registrar y evaluar de manera adecuada la situación económica del hospital. Tampoco contaban con una herramienta para llevar el control de su inventario y el stock.
La E.S.E. Hospital San José de Tadó lleva más de 10 años en crisis. Es una entidad de primer nivel, que cuenta actualmente con 44 empleados que atienden problemas de salud de baja severidad. Según el reglamento del Ministerio de Salud, deben prestar los servicios de: urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, odontología general, sala de partos, transporte asistencial básico y medicina general.
Aunque no se tiene información exacta, según la Gerente, el hospital recibe mensualmente cerca de 204 millones de pesos provenientes de Comfachocó. Y un poco más de 100 millones por parte de la Nueva EPS. Además de contar con un presupuesto de 9.000 millones de pesos que se invierten en gastos administrativos, asistenciales y el sostenimiento de la nómina y prestaciones sociales.
Sobre las deudas no hay nada claro. En 2022, la entonces gerente Vanessa Córdoba le aseguró a Consonante que el hospital tenía viabilidad, pero que se necesitaba una reestructuración del pasivo para sanear la deuda que superaba los 2.000 millones de pesos.
“Como el hospital estuvo en un proceso de saneamiento fiscal, lo que estamos esperando es que en esta transición de administración en el hospital la gerente pueda darnos un informe a la junta detallando cuál es la situación de sus pasivos y en qué se encuentra este tema de la deuda”, comenta Brenda Mosquera, coordinadora de salud.
Además, ha llegado inversión desde el Ministerio de Salud, cuando en 2023 aprobó dos ambulancias básicas con una inversión de 509 millones de pesos; una solicitud que venían haciendo los tadoseños desde hace varios años. Las ambulancias llegaron al municipio durante la última semana de marzo y empezaron a funcionar después del 9 de abril.
Para suplir la falta de equipos médicos, mediante la resolución No 002014 del 29 de noviembre 2023 el Ministerio de Salud destinó 34 mil millones de pesos para varios municipios del país, dentro de ellos Tadó, para financiar los programas de fortalecimiento del nivel primario y la infraestructura y atención de emergencias. “El hospital hoy no tiene deficiencias de equipo estamos en recibimiento de un proyecto cerca de 3.200 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos. Estamos bien dotados de equipos, nos falta mirar la parte eléctrica para que los equipos no se nos dañen”, asegura la gerente.
“El hospital hoy no tiene deficiencias de equipo estamos en recibimiento de un proyecto cerca de 3.200 millones de pesos para la dotación de equipos biomédicos. Estamos bien dotados de equipos, nos falta mirar la parte eléctrica para que los equipos no se nos dañen”
Yocira Lozano
El problema más grave del hospital ahora es la planta física, que presenta problemas en sus techos, tiene humedad y requiere adecuaciones para cumplir la norma. El plan de la nueva gerente es presentar un proyecto para conseguir los recursos que permitan la adecuación:
“El proyecto de construcción de la planta física no se ha realizado ni formulado, se han venido generando unos pasos a pasos que requiere el ministerio, para el día 8 de mayo tengo la reunión en Bogotá para empezar con la formulación del proyecto, esa es una de mis prioridades”, agrega.
La Secretaría de Salud Departamental tiene conocimiento sobre la demora en el empalme. Sin embargo, aseguran que esto no debe causar traumatismos en la atención a los pacientes. “Como no se ha realizado el proceso puede que a la nueva gerente se le dificulte conocer en qué etapa está cada uno de los procesos administrativos que venía llevando el anterior gerente. Pero nosotros esperamos que la prestación del servicio como tal en ningún momento se vaya a ver afectada por esta situación”, dice Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental.
"Nosotros esperamos que la prestación del servicio como tal en ningún momento se vaya a ver afectada por esta situación”
Yefferson Córdoba, secretario de Salud departamental
La Secretaría, según afirma Córdoba, hará un acompañamiento cuando la gerente lo solicite formalmente para asegurar que el servicio, de cara a los usuarios, no se vea afectado.
La alcaldía ha solicitado en varias ocasiones, según afirma la coordinadora de salud, que se haga el empalme. “Se han hecho las solicitudes respectivas para que el empalme sea armonioso. Pero no tengo conocimiento de por qué no se ha hecho entrega. Hay que esperar que en la junta nos entreguen el informe de lo que pasa, puede que las posiciones de uno y de otro sean distintas”, dice Brenda Mosquera.
Por su parte, algunos concejales del municipio tienen planeado llamar a Yocira Lozano a rendir informes sobre el estado del hospital durante el mes de mayo. Aseguran que ellos, y la comunidad, tiene expectativas altas sobre su gestión.
“No sabemos en qué estado va el proyecto de la planta física de la E.S.E., vamos a llamar al concejo a la doctora Lozano para que nos explique algunos aspectos sobre el mismo, en algún momento nos informó que hasta la fecha no ha recibido el hospital y por estas razones no tiene conocimiento de algunas cosas”
Luis Eduardo Moreno, concejal
Moreno agrega que en el municipio hay poca información sobre el funcionamiento de la institución: “Hoy no sabemos cuál es la deuda del hospital, para ello se necesita una persona juiciosa que maneje bien los recursos. No sabemos cuántos empleados tiene el hospital, ni cuántos necesita para su funcionamiento”
El segundo período académico del año escolar ya inició, sin embargo, cerca de 200 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza y Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro en Tadó no han recibido clases de matemáticas, inglés, español, ni contabilidad. En las dos instituciones faltan cuatro docentes, por ende, decenas de estudiantes empezarán sus prácticas empresariales y presentarán el icfes sin ver las materias necesarias para una formación completa que garantice un buen desempeño. El panorama se repite a lo largo de los 30 municipios no certificados del departamento, donde faltan aproximadamente 500 docentes, según cálculos de la Secretaría de Educación.
“Según los requerimientos que yo he recibido, hay solicitudes de 500 docentes que se necesitan en el departamento. A lo que nosotros no tenemos cómo suplir porque es el Ministerio de Educación el encargado de permitir y pagar por esas contrataciones”, dice Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
La situación tiene preocupada a toda la comunidad. El 8 de abril más de 630 estudiantes de la Institución Santa Teresita, del corregimiento El valle, del municipio de Bahía Solano, entraron en paro indefinido por la falta de dos docentes. Y el 23 de abril el consejo estudiantil, la contralora y la personera de Nuestra Señora de la Pobreza de Tadó lideraron una protesta en la que reclamaron por la falta de profesores.
“El día que salimos a la protesta logramos ser escuchados por las autoridades municipales. Ellos se comprometieron a solucionarnos esta problemática hasta el 15 de mayo, pero no veo mucho movimiento a ese acuerdo. Mis compañeros estudiantes están muy pendientes a la solución de esta problemática, de lo contrario, estamos dispuestos a salir a las calles nuevamente, a reclamar nuestro derecho a la Educación”, dice Keira Daliana Ibargüen, contralora del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.
"(...)Mis compañeros estudiantes están muy pendientes a la solución de esta problemática, de lo contrario, estamos dispuestos a salir a las calles nuevamente, a reclamar nuestro derecho a la Educación”
Keira Daliana Ibargüen, contralora del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.
Aunque en casi todos los municipios faltan docentes, la situación más crítica la tiene la zona del Darién, conformada por los municipios Acandí, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio y Unguía; y los Baudoes: Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó. “Tenemos colegios en este momento donde los niños se están graduando sin ver matemáticas, sin ver biología o química. Es una exigencia al Gobierno Nacional, así sea hacerlo por fases, pero hay que darle al Chocó los docentes que se necesitan”, denuncia Reales.
Actualmente en el Chocó hay 647 puestos administrativos y 3.853 docentes, un cupo que no ha aumentado desde 2017, cuando la educación estuvo intervenida y manejada directamente por el Ministerio de Educación. “Desde que nos entregaron nuestra planta está reducida en más de un 50 por ciento de cómo funcionaba cuando estaba intervenida, los recursos también. Por ejemplo, cuando estaba intervenida, los recursos para aseo y vigilancia eran para todos los meses del calendario escolar, ahora solamente nos habilitaron tres meses para este año. Cuando le devuelven la educación al departamento la devuelven con restricciones”, explica la funcionaria.
“Desde que nos entregaron nuestra planta está reducida en más de un 50 por ciento de cómo funcionaba cuando estaba intervenida (por el Ministerio de Educación), los recursos también.
Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó.
A pesar de que desde 2017 la población estudiantil ha aumentado, según cifras del Sistema de Matrícula Estudiantil –Simat–, este año hay 116.653 estudiantes matriculados, 4.883 más que el año anterior (111.770) y 10.581 estudiantes más que los que había en 2019 (106.072).
La única forma de que la Gobernación pueda incluir un docente nuevo es que uno de los 3.853 actuales fallezca, renuncie o se jubile. En esos casos, el docente se nombra solo con el aval de los Consejos Comunitarios o de las Asociaciones Indígenas. En el departamento solo los municipios San José del Palmar y El Carmen de Atrato participan en el concurso docente nacional. Al final, aumentar la planta docente es decisión única del Ministerio de Educación Nacional.
“Finalmente es el Ministerio de Educación quien les paga a los docentes, nosotros como departamento no tenemos cómo asumir una carga prestacional de 500 docentes y ninguna entidad territorial lo hace. Hasta que el Ministerio de Educación no nos amplíe la planta en el Chocó nosotros nunca vamos a tener los docentes completos”, agrega Yina Reales.
Con este panorama la Secretaría de Educación está haciendo un estudio técnico de parámetros para definir la cantidad de docentes exacta que se necesita en el departamento. Esto depende de la matrícula, las horas de clase y el modelo de educación de cada escuela. Por ejemplo, en el caso de la educación rural el modelo es flexible, lo que significa que para primaria un solo docente dicta todas las asignaturas. Y en secundaria, de acuerdo al número de estudiantes, pueden ser uno o dos profesores. Esa información será enviada al Ministerio de Educación, quien se comprometió a resolver el problema.
“La verdad que nosotros con el estudio técnico hacemos lo que nos compete, ya el tema de nombramientos es directamente con el Gobierno Nacional, ellos ahí nunca nos han dicho tiempos. Nosotros, entendiendo cómo funciona lo público, aspiramos que sea en esta administración, pero la verdad no sabemos”, puntualizan desde la Secretaría.
A la falta de docentes se suman los retrasos en los pagos de los profesores indígenas, quienes no han recibido el sueldo correspondiente al año 2023, por un valor de 30.000 millones de pesos. En señal de protesta, el miércoles 3 de abril varias comunidades indígenas del departamento se manifestaron bloqueando la entrada a la Gobernación del Chocó y a la Secretaría de Educación del departamento, en Quibdó.
Aunque ese dinero proviene del Ministerio de Educación, por retrasos de la administración anterior en la Gobernación, la deuda debió asumirla el departamento a través de recursos del FONPET. Según la Secretaría de Educación, la demora final ha sido responsabilidad del Ministerio de Hacienda, quien no desembolsó los recursos del fondo a tiempo. “En este momento nos encontramos haciendo el proceso para que ellos puedan hacer efectivo su pago, en la Minga quedó que este pago debería estar listo de aquí al 30 de abril, pero sé que nos va a tomar más tiempo hacerlo por temas administrativos. Así que podemos estar preparados para que en cualquier momento las comunidades indígenas se manifiesten nuevamente”, agrega la funcionaria.
La falta de docentes no solo ha hecho que los y las estudiantes vean menos clase, sino que hay problemas de convivencia en los colegios. Además algunas Instituciones Unitarias, es decir, las que dependen de un docente para funcionar, no han abierto en todo el año.
“No vienen recibiendo la oferta educativa y con ello hay deficiencias en la adquisición de competencias que deriva en bajos desempeños e incertidumbre ante las pruebas de Estado Saber 11. También afecta el proyecto educativo institucional (PEI) al no cumplir con el plan de estudios y la jornada escolar en la secundaria y media”, explica Francisca Mosquera, docente de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, de Tadó.
En la institución de Nuestra Señora de Fátima, de Playa de Oro, en el 2023 se graduaron los estudiantes de once sin ver matemáticas los últimos meses del año. Hoy, casi a mitad de año, la docente sigue sin llegar. “Frente al docente de matemáticas desde el año 2023 venimos solicitando a la secretaría la asignación del docente ya que la docente que trasladaron tenía su carga completa, en el año 2024 hemos reiterado las solicitudes”, comenta Carlos copete, rector de la institución.
En la escuela Nuestra Señora de la Pobreza no hay docente del énfasis comercial, modalidad de la institución. Esto ha causado que los estudiantes vayan a prácticas sin tener los conocimientos necesarios. “Los estudiantes, en lo que ha transcurrido del año, no han tenido clases de algunas asignaturas propias de la modalidad. Los de undécimo grado están realizando sus prácticas empresariales y los de décimo grado a partir del mes de mayo inician las prácticas empresariales y las asignaturas de la modalidad son nuevas para ellos”, puntualiza Mosquera.
“Los estudiantes, en lo que ha transcurrido del año, no han tenido clases de algunas asignaturas propias de la modalidad. Los de undécimo grado están realizando sus prácticas empresariales y los de décimo grado a partir del mes de mayo inician las prácticas empresariales y las asignaturas de la modalidad son nuevas para ellos”
Francisca Mosquera, docente de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza
“Señores Secretaría de Educación Departamental, envíenos los profesores que nos faltan, su ausencia nos está perjudicando y mucho más a los de la media técnica, pues ya vamos saliendo y necesitamos ese conocimiento porque además de que nos sirve para la vida, nos toca presentar la pruebas Icfes”, comenta Yenifer Paola Ampudia, personera estudiantil del colegio Nuestra Señora de la Pobreza.
A esto se suma que los grupos que se quedan sin docentes generan indisciplina en la jornada escolar. “Afecta notablemente los procesos institucionales ya que los horarios están generados y un grupo sin maestro genera problemas de convivencia”, explica Copete.
“La falta de docentes origina indisciplina, ya que los estudiantes no aprovechan las horas sin clases para hacer tareas, sino que forman un bullicio y eso perjudica al resto de estudiantes ya que no les permite escuchar las explicaciones de los profesores que están”, agrega Ampudia.
Los profesores denuncian que además de la falta de profesores, en ninguna de las instituciones educativas de Tadó hay psicólogos. “También acá tenemos el faltante de psicólogo, acá no hay psicóloga en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, ni en ninguna de las cuatro instituciones. Eso afecta mucho el proceso”, denuncia Lilian Machado, docente y presidenta de la Subdirectiva de Tadó del Sindicato Unión de Maestros del Chocó.
