Fuertes vientos y lluvias han soplado y caído en el municipio de Tadó, Chocó, en los últimos días. En los barrios San Pedro, Carmelita y Reinaldo, 17 familias quedaron a la intemperie el pasado 4 de agosto cuando un ventarrón ocasionó daños en sus viviendas. Las pérdidas materiales de los damnificados aún no han sido retribuidas por parte de la administración.
Aunque la Ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estipula la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación, así como la atención de desastres y emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación; los habitantes no se sintieron amparados. Tuvieron que utilizar sus propios recursos para resolver las afectaciones y, por eso, insisten en que las ayudas no son oportunas ni suficientes.
Además, no es la primera vez que este año, en Tadó, los habitantes se han visto perjudicados por los cambios de la naturaleza que dejan huella a su paso. En febrero, tras un fuerte vendaval, se registró el mayor número de población afectada tanto en el casco urbano como de la zona rural: 375 viviendas presentaron daños y 528 personas quedaron sin techo durante varios días. En lo que va de 2023, la coordinación de Gestión del Riesgo en Tadó contabiliza 392 casas averiadas.
Ese fue el caso de Rómulo Ampudia, quien pide que una autoridad investigue cuál fue la cantidad de materiales que llegaron del gobierno nacional al ente territorial y, así mismo, que otorgue respuestas sobre por qué se tardaron casi cuatro meses en llegar las ayudas y un mes más en repartirlas. El momento elegido para empezar la distribución de las ayudas despertó desconfianza en algunas personas que se preguntaron por qué se inició la repartición tan cerca de las próximas votaciones regionales. “Justo en época electoral”, dice una fuente a Consonante.
“Con el municipio quedé muy inconforme: me estaban dando diez hojas de un zinc (un bulto de hierro) malas, de dos metros, después de que habían hecho el inventario y sabían que el hierro que tenía era de tres metros”, advierte Rómulo Ampudia. “Me sentí burlado y por eso lo rechacé”. Nunca le terminó de quedar claro dónde repartieron esas ayudas y por qué beneficiaron a las personas que beneficiaron.
Lo mismo le pasó a Nelson Ampudia Mosquera, quien vive en el barrio San Pedro en una casa de dos pisos que, con el vendaval ocurrido en febrero, también se quedó sin techo. Tuvo que albergarse con su familia en la planta de abajo y, al otro día, resolverlo por su cuenta.
“Para poder conseguir parte del zinc que perdí presté plata y hasta tuve que empeñar. La ayuda por parte de la administración fue como un pañito de agua tibia porque para un daño necesitaba seis bultos de hierro y, para otro, tres bultos, y solo recibí treinta hojas de zinc de dos metros”, agrega Mosquera. Eso quiere decir que para enmendar los daños recibió una tercera parte.
“Tuve una pérdida económica por más de cuatro millones de pesos, perdí colchones, televisores. El zinc por completo, zapatos, entre otras”, refuerza. Mosquera recuerda que en ese episodio hubo mucha gente que no tuvo dónde pasar la noche.
Cuando hay un riesgo inminente u ocurre un desastre no previsto, la ley establece que primero los Bomberos y la Defensa Civil lleguen al lugar de los hechos. Allí, deben diligenciar un informe de siniestralidad y pasar el reporte a Gestión del Riesgo que, bajo las disposiciones legales, lo entrega después a la Alcaldía. Esta es la que procede administrativamente, porque tiene a cargo enviar esa información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la que califica finalmente si hubo o no una calamidad pública.
En caso de que sí, la Unidad designa los organismos que participarán en el plan de acción, las labores que deberán desarrollar y cómo será la articulación de entes territoriales que se harán cargo con algunos funcionarios competentes. “Igualmente -estipula le Ley-, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan”.
Leison Agualimpia Gutiérrez, coordinador municipal de Gestión del Riesgo, explica que en efecto es un proceso lento porque después de que recibe el informe debe identificar a cada una de las personas que fueron afectadas así como las instituciones que también sufrieron daños, “y eso se debe hacer de manera minuciosa”. Por eso, explica, las eventualidades, en este caso un vendaval, no son atendidas de inmediato.
Insiste en que hacer todo ese proceso es algo que toma tiempo “porque se debe ratificar que las personas que solicitan el apoyo sí lo necesiten”. Por eso, se requiere de un proceso contractual que lo evidencie, una categorización del tipo de afectación y hacer las anotaciones en unos formatos llamados EDANES, que traen estipulado cada concepto por el cual se está haciendo el registro de la vivienda.
El comandante de bomberos, Freiler Mosquera, asegura a Consonante que su función ha sido atender el llamado de la comunidad, brindar apoyo, hacer el censo y pasar un informe concreto y que eso es lo que han hecho. Pero Rómulo Ampudia sostiene que ni siquiera fue censado y que tuvo que ir él mismo a la Estación de Bomberos para que lo tuvieran en cuenta en una lista que, según dice, depuraron más tarde. La comunidad denuncia que las ayudas llegan tarde y, cuando llegan, las retienen en la Alcaldía y el personero Yirson Marino Ledesma Martínez afirma que las autoridades siguen sin hacer lo necesario para auxiliar a la población.
“El propósito de toda entidad pública es que tan pronto tenga conocimiento de un evento como este, acuda de inmediato al lugar de los hechos”, dice. Para Ledesma muchas familias pueden estar en una situación de riesgo, vulnerabilidad o apuros por primera vez y, por lo mismo, no saber qué hacer o a dónde acudir.
“No se le puede trasladar la carga a los afectados porque para eso está la institucionalidad. Que sea esta la que llegue y mitigue si es posible el mismo día”.
Yirson Marino Ledesma Martínez, personero Tadó
Para el siniestro ocurrido en febrero de este año, cuenta el coordinador de Gestión en Riesgo que al municipio llegaron 2.700 láminas de hierro (270 bultos de Zinc). Estas debían ser entregadas a las personas afectadas. Y aunque corrobora que mil láminas se destinaron para la zona rural y las otras mil setecientas para el casco urbano, la comunidad no las notó.
La Ley dispone del principio de oportuna información. Con este asegura que es obligación de las autoridades mantener debidamente informadas a todas las personas sobre: posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas.
Los damnificados del municipio de Tadó quieren crear un fondo común que les permita resolver situaciones de este tipo u otras que no son nada previsibles y con esto acelerar la gestión oficial en casos futuros. Agualimpia, el coordinador de la dependencia, confirma a Consonante que no hay rubros disponibles y que las ayudas se tardan porque dependen del gobierno central.
Entre los habitantes de Tadó hay desconfianza frente al proceso electoral que se avecina en el que escogerán al próximo alcalde y a once nuevos concejales. Los principales reparos que tienen sobre los siete candidatos que se disputan la Alcaldía municipal es que han participado en administraciones anteriores o tienen relaciones cercanas con exmandatarios.
Por ejemplo, el conservador Jesús Hamilton Peña, conocido como “Peñita”, quien aspira por segunda vez al principal cargo del municipio y tiene el apoyo de cuatro exalcaldes de Tadó, Arismendi García, Aulio César Ledezma, Marino Ledezma y Víctor Nelio Ramos. Por su parte, Mancio Anilio Agualimpia Caicedo, quien se presentó con el aval del partido Demócrata Colombiano, fue alcalde de Tadó para el periodo 2012 - 2015 y esta es la tercera vez que aspira a la administración municipal. El padre Juan Karlos Palacios, quien es el candidato del Partido Liberal, está siendo apoyado por la exalcaldesa Yocira Lozano.
Los otros cuatro candidatos son Sócrates Kury Perea, quien va por el partido En Marcha Colombia y fue diputado del departamento del Chocó; Ana Yancy Rodríguez de Cambio Radical tiene cercanía con la alcaldía de Cristian Copete; Deisner Palacios, quien es el candidato del Centro Democrático, y el abogado Eugenio Agualimpia, quien tiene el aval de Colombia Justa Libre. La principal propuesta de todos los aspirantes es convertir a Tadó en un destino turístico del Chocó. Otros aseguran que tienen como prioridad la creación de empleo, la inversión en el deporte y en la educación, y apoyar al campesinado.
Además, algunas personas consideran que sus propuestas no son nuevas y que representan los partidos tradicionales que no han generado desarrollo en la comunidad. Por otra parte, hay quienes son pesimistas sobre quien llegue al poder pues en los últimos cuatro años de intermitencia política no han visto mayores obras o proyectos en temas claves para generar bienestar. “Aquí los movimientos políticos nuevos no tienen la oportunidad de avanzar porque ya hay una figura creada en el departamento: el que tiene las condiciones o la plata es el que llega al poder político. Cuando llegan a la Alcaldía van con otros intereses personales y no a cumplir el programa de gobierno que prometieron”, opina el profesor pensionado Yamil Rueda, conocido como Chepe.
Hablamos con jóvenes, campesinos, maestros, líderes y lideresas y ciudadanos en general quienes nos contaron sobre sus expectativas y las propuestas que deberían asumir los candidatos si quieren contribuir al desarrollo de Tadó. Sus principales peticiones son: mejorar la prestación de la educación en el municipio, atender al Hospital San José y desarrollar el campo, el turismo y otros sectores de la economía para que haya más ofertas laborales.
Más inversión en la infraestructura de los colegios
Los habitantes de Tadó coinciden en que el principal reto que debe asumir el nuevo mandatario es la inversión en el mejoramiento de la planta física de los colegios y de las escuelas en el casco urbano y la zona rural. Gabriel Copete, exrector de la Institución Educativo Nuestra Señora de la Pobreza, alerta que la sede San Pedro de Nuestra Señora de la Pobreza y la escuela Carlos Hernan Perea Gómez de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo merecen atención prioritaria. En la primera, detalla, no hay suficientes aulas y los más de 440 estudiantes deben recibir clases en dos jornadas.
“Creo que el próximo alcalde debe ver cómo se amplía esta escuela (la sede San Pedro), que es la más grande del municipio de Tadó, se deben pavimentar los patios para hacer unas canchas y cambiar las cubiertas porque son de asbesto”, dice Copete. “Hay que modernizar los ambientes escolares. Tenemos unas escuelas que no tienen una cancha deportiva en buenas condiciones, no tienen zonas recreativas ni de esparcimiento. Incluso algunas escuelas o colegios hay que sacarlos al centro de la ciudad para llevarlos de pronto a las afueras”, agrega el exrector.
Francisco Mosquera, uno de los veedores ciudadanos que tiene el municipio y ha hecho seguimiento a las escuelas rurales, asegura que en la zona rural la situación ha sido crítica. En algunos casos no se cuenta con un espacio adecuado para preparar o servir las raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). “La mayoría de las comunidades tienen sed de que les hagan obras. En lo que tiene que ver con la educación tenemos restaurantes escolares en completo abandono. Hace falta un mejor acompañamiento de la administración municipal”, afirma el veedor.
Alexander Mosquera, un normalista de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, asegura que también debe tenerse en cuenta la calidad de la educación que se imparte en el municipio. En particular, considera que debe pensarse en docentes especializados para la población en condición de discapacidad. “Uno de los temas más importantes que debe atender el próximo alcalde es que haya personas capacitadas que puedan brindar conocimiento a los niños que sufran algún tipo de capacidad diferente, con el objetivo de que estos niños jóvenes y adultos puedan acceder a la educación”, dice Mosquera.
En ese sentido, el exrector Gabriel Copete propone retomar el programa de vinculación laboral para estudiantes de grado noveno, establecido en la ley 115 de 1994, como una alternativa para cubrir la generación de empleo y formación para jóvenes.
Diversificar las fuentes de trabajo en Tadó
Samir Perea, comerciante del corregimiento Playa de Oro, reconoce que se debe pensar en formación y en la generación de empleos que respondan a otros sectores de la economía como el turismo. “Se debe aprovechar lo del turismo porque es lo que mueve el mundo y si lo sabemos aprovechar vamos a salir adelante”, dice Perea. Sin embargo, reconoce que ha habido falta de inversión para que más familias puedan beneficiarse de este sector.
Durante la administración de Copete se han realizado capacitaciones en el Alto San Juan, la Alcaldía ha hecho alianzas con influencers y artistas que den a conocer los atractivos turísticos y se impulsó la activación de los comités de turismo de los corregimientos de Guarato, Bochoromá y Mumbú. “Los viernes, sábados y domingos suben personas hasta Mumbú, Guarato, Bochoroma y El Tapón pero vuelven y bajan porque no hay un buen hotel donde atenderlos. No estamos aprovechando la plata que pueden dejar los turistas. Se deben arreglar las condiciones de vida para que haya habitaciones donde atender a los turistas y con esos recursos, las familias van a poder tener salud, educación y capacitar a sus hijos. Así se le puede mejorar la vida a las familias del Alto San Juan”, detalla Perea.
Para Gabriel Copete, exrector de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza, los jóvenes son la población prioritaria que debe tener en cuenta el próximo alcalde o alcaldesa. Copete indica que al año se están graduando alrededor de 250 estudiantes de bachillerato pero no se logra emplear sino a veinte de estos en puestos temporales. Por eso, propone que haya una mayor articulación con entidades externas.
“Se deberían montar unos programas asociados con el SENA para ver cómo se genera empleo con ellos”, afirma Copete. “Me parece interesante que este gobierno que está acabando deja la Casa de la Mujer pero este debe ser un espacio de formación y capacitación para el empleo, no tanto que preste un servicio de restaurante o que preste un servicio de belleza sobre todo a las mujeres, sino que se convierta en un centro de capacitación para que la gente pueda generar empleo y subsistir ante la situacion tan dificil que estamos padeciendo”, agrega.
Las principales fuentes de empleo formal son la Alcaldía municipal, el Hospital San José, la empresa Aguas de Tadó, la Casa de Justicia, las instituciones educativas y la Terminal de Transporte. Sin embargo, estos puestos suelen estar destinados para las personas cercanas al alcalde o las cuotas de quienes lo apoyaron en campaña. Quienes no logran emplearse en estas entidades suelen acudir a crear sus propios emprendimientos, trabajar en minería de oro tradicional o con maquinaría pesada, como empleadas domésticas o rebuscarse con distintas labores en el día a día. El campo se ha envejecido, pues los y las jóvenes no encuentran incentivos para dedicarse a la agricultura.
Luis Reinerio Rodríguez, un líder campesino del municipio, lamenta que no se esté impulsando el campo y que esto está afectando la soberanía alimentaria porque la gente ya no tiene suficiente comida para subsistir. Para él es prioritario que se impulse la agricultura. “El vecino pasa y me pide que le regalé un plátano, un banano o un primitivo para darle de comer a su hijo y se lo regalamos pero si no tenemos y el vecino tampoco ¿A quién nos parecemos?”, afirma.
Recuperar el Hospital San José
“Me gustaría que los candidatos en vez de hacer gastos en tratar de comprar la conciencia de la gente, deberían utilizar esos recursos en el hospital que está en malas condiciones. ¿Por qué no hacer una donación de medicamentos y otras cosas que se necesitan?”, comenta Levins Perea, un joven del municipio. En Tadó solo hay un hospital que atiende las urgencias y citas médicas de los habitantes de la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, la Empresa Social del Estado Hospital San José tiene problemas por la falta de insumos, las deudas con proveedores, se encuentra en riesgo financiero y no cuenta con una red de puestos de salud en la zona rural.
El veedor ciudadano Francisco Mosquera reconoce que ha habido avances en la prestación de salud porque recientemente se adquirió una ambulancia que facilite el traslado de los pacientes a hospitales que tengan equipos y mayor personal. Asegura, además, que no había una planta eléctrica y ya hay una que está funcionando. Para él se deben atender dos puntos principales en los próximos cuatro años: conseguir otra ambulancia para el Alto San Juan y adecuar los puestos de salud.
“Se están haciendo gestiones ante el Ministerio para dos ambulancias nuevas y ojalá salgan porque una de las ambulancias se puede trasladar al Alto San Juan, al centro de salud de Playa de Oro que está muy bien dotado”, agrega Mosquera. Además, para el veedor debe pensarse en mejorar la planta de empleados para que el servicio sea integral. Hace un llamado para que la inversión no se quede solo en el cemento. “Si existe el puesto de salud, no existe la persona que preste un buen servicio. Entonces, ¿en qué estamos? De nada sirve ponerte una ropa bonita sin bañarte”, afirma.
Esta propuesta es apoyada por el exrector Gabriel Copete, quien indica que debería encontrarse un mecanismo para llevar un médico dos veces a la semana al puesto de salud de Playa de Oro. “De esta manera se puede aliviar a la gente, dados que los costos de transportes de Guarato a Tadó, de Camerlo a Tadó, de Playa de Oro a Tadó, los tienen que asumir los pacientes porque las EPS no los están asumiendo”, agrega.
Lo que sigue: dos meses para que se den las elecciones
Por lo pronto, la Registraduría municipal tiene abierta la inscripción de cédulas para que las personas puedan votar en el municipio. Este proceso estará habilitado hasta el 29 de agosto. Hasta esa fecha se tendrá certeza sobre el censo electoral. Este será uno de los factores cruciales de estas elecciones puesto que la demanda contra la elección de Cristian Copete se basó en el número de votantes. Sobre este punto, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría han alertado por el aumento irregular en el registro de cédulas en algunos municipios del país.
Mientras se desarrollan las campañas políticas y la comunidad define sus preferencias, algunos habitantes han optado por tomar distancia de la contienda electoral. “El cambio no lo genera uno, las comunidades organizadas porque así uno le va a exigir al mandatario de turno que cumpla con el plan o programa de gobierno que le prometió al pueblo. Sabemos que el alcalde como tal no va a hacer nada, ni su equipo de trabajo, es el pueblo organizado el que tiene que empezar a exigir lo que le pertenece pero desafortunadamente el pueblo no está educado para eso”, lamenta el profesor Yamil Rueda.
Mientras el presidente Gustavo Petro daba su discurso de instalación del Comité Nacional de Participación, que diseñará la forma en la que la sociedad civil participará de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, cinco miembros de esta guerrilla y un grupo de militares del Ejército Nacional protagonizaban un hostigamiento en la comunidad indígena de Mesetas, en zona rural de Tadó. Los civiles, incluyendo mujeres y niños, quedaron en medio de las balas. Este acto revela que aún hay vacíos en las definiciones dentro del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (Cfbnt), cómo proteger a la población civil y cómo seguir el protocolo de comunicaciones.
Las acciones ocurrieron a las dos de la tarde del jueves 3 de agosto, fecha en el que comenzaron los 180 días iniciales de cese al fuego. La comunidad de Mesetas, integrada por 75 familias indígenas, notó la presencia de cinco uniformados a pocos metros de sus viviendas. Estuvieron allí por al menos cuatro horas, pero no se relacionaron con los indígenas ni se pasearon por su territorio. Sin embargo, poco antes de las 2 de la tarde, dos mineros afro amigos de la comunidad indígena que iban transitando, se acercaron a los guerrilleros y hablaron con ellos durante varios minutos. En eso comenzaron los disparos.
Según Jairo Tunay, gobernador de Mesetas, la comunidad pensó que los guerrilleros eran militares pues, según confirma Yirson Ledesma, personero de Tadó, en la zona hay presencia permanente del Ejército. La comunidad vio que las balas venían de la “parte de arriba”, es decir, de la vía, donde sí se ubicó el Ejército. “A la gente le dio susto por los tiros y todos corrimos hacia el monte a escondernos”.
Como resultado de los hostigamientos, dos niños de 7 y 8 años estuvieron desaparecidos durante diez horas. A medianoche la guardia indígena los encontró escondidos en un antiguo túnel minero, sin camisa y todavía asustados.
Las versiones sobre quién inició el fuego son contradictorias, cosa que, según Ángela Olaya, investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (Core) no es nueva. El Frente de Guerra Occidental del Eln emitió un comunicado en el que afirma que “las fuerzas militares cometieron la primer violación del cese” y que “durante 22 minutos fueron atacadas nuestras unidades, en ningún momento se responde al fuego”. Pero de acuerdo con las declaraciones que dio Alejandro Rentería, inspector de Guarato, a medios de comunicación y que también recibió el personero de Tadó, el fuego lo habría iniciado el Eln.
El miércoles 9 de agosto integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) acudieron a Tadó para escuchar las versiones y, en un mes, emitir su primer informe, en el que darán su concepto sobre si este u otros incidentes se califican como violaciones al cese al fuego y de parte de cuál actor, pero es la mesa de negociación la que determinará cuándo hay violaciones al cese. El mecanismo, integrado por la Misión de la ONU en Colombia, el Gobierno, el Eln y la Iglesia Católica, se instaló un día después de que ocurriera el hostigamiento.
Pero mientras el MMV da su primer informe y se discute en la mesa de diálogos si hubo o no una violación al cese, este primer hecho dejó en evidencia que aún existen vacíos en la comprensión de temas fundamentales del cese, como la apropiación del protocolo de comunicaciones, los llamados “contactos armados” o la protección de los civiles.
A propósito de este enfrentamiento, Consonante consultó a varias expertas que analizaron lo sucedido y advirtieron que el enfrentamiento deja varias preguntas abiertas.
Los guerrilleros del Eln estaban lo suficientemente cerca de la comunidad como para que los vieran. Además, junto a ellos había dos mineros, también civiles. Aún así, hubo disparos. El punto 1 del Protocolo de Acciones Específicas establece que no deben realizarse acciones prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, en particular las contenidas en Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra. Este protocolo dice claramente que “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”.
Sin embargo, en este cese aún no están definidos los actos prohibidos relacionados con la población civil. Lina Mejía, integrante de la Coordinadora Humanitaria, que hace parte del Comité Nacional de Participación, aclara que “hasta el momento tenemos lo mínimo, que es que el DIH es el marco de referencia y de allí se desprendería el listado de actos prohibidos dentro del protocolo”, explica. En esa lista, para Mejía, deberían estar incluidas “situaciones tan mínimas como que no se sigan sembrando minas antipersonal, que existan mecanismos de respuesta para que no se lleven a cabo confinamientos, para que los grupos armados no ingresen a los resguardos, a los consejos comunitarios, que se minimicen las amenazas, que obviamente no hagan presencia en las rutas principales o secundarias o por lo menos donde haya alta afluencia poblacional y que eso sean como los mínimos que se comiencen a cumplir relativos a la protección precisamente de la población civil”.
Camila Fernández, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que aún es pronto para evaluar la situación. “Es importante esperar a que el mecanismo emita un informe esclareciendo lo que pasó y que podamos analizar cómo fue la situación y buscar que no se repita”. Sin embargo, destaca que el mecanismo debe tener un papel clave en la protección de los civiles. “Sabemos que en todos los ceses han existido incumplimientos de las dos partes, pero necesitamos que este mecanismo entregue unas herramientas y unos insumos que permitan que este cese sea sostenible en el tiempo y tenga una vocación de continuidad”.
El Protocolo de Acciones Específicas define cuáles son los actos a los que se comprometen a no incurrir las partes y que, en caso de suceder, deben ser verificados por el MMV. El objetivo es “generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”.
En el punto 3 de este protocolo establece claramente que las partes se comprometen a “evitar o evadir en toda circunstancia y no entrar bajo ninguna razón en contacto armado con unidad alguna de las partes”. Además, dice que “si esto llegare a suceder, se debe romper el contacto o la acción defensiva de forma inmediata”. Según el comunicado del Eln y los testimonios de la comunidad, la balacera duró más de 20 minutos.
Este punto despierta preguntas. ¿Cuándo un contacto armado es ofensivo y cuándo defensivo? ¿Cómo deberían identificarse los actores en conflicto para verificar que son miembros de la Fuerza Pública o del Eln? Cuando se dice que se debe romper el contacto “de forma inmediata”, ¿cuánto tiempo debe transcurrir realmente?
Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses, afirma que estas preguntas revelan que hace falta llenar de contenido conceptos como “contacto armado”. “Puede haber varias interpretaciones. Para ti pueden ser esas balas, pero yo digo: el contacto armado es cuando se hace intencionalmente, como estrategia de guerra. La Fuerza Pública o el Eln pueden argumentar que ellos siguen en actividades defensivas o en sus actividades regulares”, explica.
Además, hay otros temas que deberían aclararse a la hora de definir cuando es una violación al cese, por ejemplo, con la identificación de los actores. “En esta zona estaban cerca, pero en contextos como los del Cauca los disparos ocurren de montaña a montaña. ¿En ese contexto en cuánto tiempo se debería parar la acción?”, se pregunta.
El 4 de agosto el Eln hizo público un comunicado sobre este hecho en el que afirma que el Ejército violó el cese, y el 7 de agosto el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que el Eln había hecho lo mismo en seis ocasiones. Ambas comunicaciones van en contra de lo pactado. Según el Protocolo de Comunicaciones, los comunicados públicos sobre el cese serán conjuntos y de común acuerdo.
Esta decisión, explica Ángela Olaya, es una lección aprendida del cese al fuego de 101 que se desarrolló en 2017. “Uno de los principales problemas es que cada uno estaba emitiendo un concepto y no había una instancia que definiera si ese concepto era válido o no. Entonces lo que ellos decidieron es que la instancia ahorita iba a ser la Mesa de negociación con los componentes delegados”. Sin embargo, esta primera semana de cese deja en evidencia que no se ha apropiado el protocolo. Para Olaya la pedagogía fue insuficiente.
“Es un mal augurio. La vez pasada el cese coincidió con la expectativa del cambio de gobierno y la lectura que se hizo fue que no se cumplieron los protocolos por ejemplo, del levantamiento de la mesa. El hecho de que no se cumpla este protocolo es un mal indicio para la mesa porque puede minar la confianza”, afirma.
Camila Fernández coincide. “El escenario menos ideal sería que de aquí a seis meses todos estén dando declaraciones como las dio el general del Ejército o el Eln”. Para ella este punto es clave porque puede afectar el respaldo al proceso de paz. “Si bien hay un desgaste hacia la guerra, también hay un desgaste hacia la paz y hacia los esfuerzos que se están impulsando en las mesas de diálogo. En este momento es importante respaldar la labor de pedagogía que tiene el Comité Nacional de participación, el MMV para que las comunicaciones que se emitan al contrario permitan esclarecer y dar un paso hacia la participación”. Para ella, las comunicaciones son una prueba de fuego para determinar la cohesión y respeto por lo pactado.
De acuerdo con el registro de presencias armadas de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 30 municipios que tiene el Chocó, en 28 está el Eln y en 26 está el Clan del Golfo o las Agc. Esto presenta un reto mayor en materia de ocurrencia de hechos.
“En el Chocó veo un reto muy grande para el Mecanismo de Verificación. El mecanismo está abocado a verificar las acciones del Eln y de la Fuerza Pública, pero vemos que en Chocó hay muchos casos en los que el que está hostigando es el Clan del Golfo y cuando se presentan acciones que afectan a las poblaciones el mecanismo tiene el reto de esclarecer y de ser lo más precisos para hacer seguimiento al Eln”, dice Camila Fernández.
Pero no solo esto. Lina Mejía afirma que tiene que haber celeridad en la instalación local del mecanismo. “Tiene que echarse ya a andar todo el mecanismo. Ya tendrían que estar configuradas las sedes las instancias locales y regionales, porque estamos hablando de una estructura súper amplia:nueve sedes regionales y 22 locales. No podemos esperar uno ni dos meses a ver si se está cumpliendo o no”, explica.
El 14 de agosto se iniciará el cuarto ciclo de negociaciones, que tendrá como sede Caracas. La mesa tendrá que continuar afinando los protocolos y acordando los significados de lo que ya firmaron.
