“Confiamos en que con el cese al fuego el Eln no intervenga en las elecciones”: MOE

Las elecciones locales de este año en el Chocó y en el resto del país se harán por primera vez en el marco del cese bilateral al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Militares. El único intento previo de 2017 para parar las hostilidades entre ambos grupos armados duró tan solo 101 días, terminó dos meses antes de los comicios de 2018. En esta nueva oportunidad se extenderá desde el 3 de agosto hasta el 29 de enero de 2024. Durante el silenciamiento temporal de los fusiles, los y las candidatas harán sus campañas políticas, la Registraduría instalará las mesas de votación en los cascos urbanos y las zonas rurales, se harán las elecciones y, finalmente, se posesionarán los nuevos gobernantes.

Aunque el cese bilateral ha generado ilusión entre los habitantes del Chocó, donde actúa el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, persiste la incertidumbre sobre el cumplimiento del acuerdo, y las transformaciones significativas que pueda tener en la cotidianidad de las comunidades teniendo en cuenta que no es el único grupo armado en el departamento y el ELN podría continuar los enfrentamientos con estos. 

La Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma que reúne a organizaciones de la sociedad civil para promover los derechos civiles y políticos de la población, ha destacado el avance en las negociaciones con el ELN como “una oportunidad para aliviar la situación de violencia en 177 municipios del país en los cuales hace presencia, de manera particular, en los 17 municipios en donde este grupo es el único actor armado”. 

El padre Napoleón García, quien coordina el trabajo de la MOE en el Chocó y ha recorrido el departamento acompañando a las comunidades y siendo observador de los procesos políticos , agrega que: “el cese al fuego sí es importante porque los delegados y los funcionarios de la Registraduría van a penetrar con mayor facilidad a instalar las mesas y va a haber mayor tranquilidad”. Sin embargo, García, quien además hace parte de la Diócesis de Quibdó, alerta en esta entrevista que las elecciones tienen otras amenazas como el accionar de las bandas criminales y otros delitos electorales que se han normalizado en el Chocó. 

Consonante: La semana pasada comenzó el cese bilateral al fuego entre el ELN y el Estado que estará vigente durante seis meses. ¿Qué repercusión puede tener esta situación en las próximas elecciones regionales en el Chocó?

Padre Napoleón García: Los hostigamientos del ELN con las AGC se han presentado en municipios como Nóvita, Sipí y el Medio San Juan. Ha habido confinamiento y también limitación para que la población se haya movido para inscribir sus cédulas y para que vayan los delegados en los procesos de inscripción. Esto es una limitante con respecto al tema de la regularidad de los comicios. Con la firma del cese al fuego por el ELN sabemos que va a haber un poco de mayor tranquilidad debido a que va a cesar el confinamiento y el desplazamiento de las comunidades.

La preocupación latente sigue siendo el hecho de que el ELN dijo que se reservaba el defenderse de sus enemigos, es decir, de esos otros grupos ilegales como las AGC. Esa es la zona que se puede considerar más “caliente” en cuanto al orden público en el departamento. En otros municipios no hemos escuchado que haya habido amenazas contra líderes sociales, no hemos escuchado que haya habido dificultades para inscripciones ni ninguna otra actividad que desde el punto de vista de la seguridad afecta las elecciones.

C: Varias comunidades nos han advertido que el ELN y el Ejército no son los únicos actores armados en el territorio, por lo que no esperan que disminuyan los enfrentamientos entre estos y otros grupos. ¿Qué otros actores llaman principalmente la atención en el orden público de cara a las elecciones?

PNG: Después del ELN, el siguiente grupo al que hay que mencionar son las bandas criminales. Estas son bandas delictivas que hacen presencia sobre todo en Quibdó y controlan los barrios. En este momento pudiéramos decir, con respeto del alcalde y de su autoridad, que la ciudad está en manos de la criminalidad y sabemos que esta expresión es válida para muchas de las ciudades del país. Las bandas que ejercen control se dan el lujo de aparecer en las redes sociales, en Quibdó envían extorsiones por las redes sociales.

Muchos candidatos ya vienen siendo extorsionados. Quienes hacen las llamadas son en su mayoría jóvenes, muchachos de los barrios que son delincuentes y se lucran de la impunidad, porque la ley no funciona con suficiente eficacia. De esa manera muchas campañas son extorsionadas. En este mes que los políticos empiezan a hacer proselitismo en los barrios, las bandas según afectos intereses, parentescos, etcétera, permitirán que entren unos candidatos, otros no y a otros les pedirán cuantiosas sumas. Esto atañe fundamentalmente a Quibdó, que es una ciudad de 200 mil habitantes y la que tiene el mayor censo electoral del departamento. Esta es una afectación notable al orden y al proceso electoral. En cuanto al orden público sabemos que las autoridades se reúnen periódicamente en consejos de seguridad pero con resultados realmente insuficientes. 

C: En otros municipios hemos recibido denuncias de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas. ¿Fuera de Quibdó han identificado alguna alerta de seguridad?

PNG: Aunque en muchos municipios del departamento tienen presencia grupos ilegales como las AGC, ellos han expresado formalmente que no intervienen en los procesos políticos de los municipios. Hasta que no conste lo contrario no tenemos evidencia de que intervengan en eso. Hacen pintadas y controles en municipios como los del Urabá y el Darién chocoano, pero no ejercen ni tienen incidencia en los procesos electorales. Se declaran ajenos a esto. 

En el Alto, Medio y Bajo Baudó el ELN tiene gran presencia. Sin embargo, confiamos que con motivo del cese de hostilidades no intervengan en los procesos electorales. En las anteriores elecciones de hace un par de años tuvieron incidentes el día electoral: un retén pasajero en el río San Juan, una presencia momentánea en una comunidad del Alto Andagueda. Por lo demás, no hemos recibido quejas o noticias de que los grupos en estas zonas o municipios tengan alguna injerencia.

C: ¿No se han registrado casos de violencia electoral hasta la fecha?

PNG: En este año, no. Solo tenemos identificadas las dificultades que tuvieron funcionarios para ir a hacer inscripciones de cédulas durante los meses de mayo y junio, que hubo confinamiento en los municipios de Sipí y Nóvita. 

C: Además de la violencia, ¿qué otras situaciones amenazan el ejercicio electoral en el departamento? ¿Cuáles son las principales alertas que hace la MOE en el Chocó?

PNG: En el departamento se presentan otras alteraciones. La trashumancia es muy evidente, ya la Registraduría y el Consejo Electoral alertaron que en municipios como Yuto, cabecera municipal del Atrato, que está muy cerca de Quibdó, tiene un registro de inscripciones anormal, muy superior al histórico. Esto es señal de trashumancia. Son municipios pequeños a donde llevar 100 a 200 electores altera de manera significativa el censo local.

Estamos esperando a que se haga una revisión del censo local y que, eventualmente, muchas cédulas inscritas de manera irregular sean dadas de baja en el registro del municipio como el Atrato. Hay registros anómalos en municipios como Nuquí y el Litoral del San Juan. Es una señal de alarma importante.

C: ¿Qué factores influyen para que la trashumancia se siga presentando? 

PNG: Es una preocupación nacional que tiene que ver con los pocos dientes que se tienen para afrontar estos delitos, muy pocos son procesados y sancionados. Esto va ligado al mayor delito de las elecciones en el departamento y es la compraventa del voto. Todos los demás son secundarios y terciarios al lado de este, porque miles de personas se ven involucradas y eso produce un encarecimiento terrible de las campañas políticas, que violan siempre los topes. En algunos municipios de sexta categoría se requieren inversiones de 24 mil millones de pesos para una campaña de Alcaldía, un municipio como Quibdó puede necesitar valores dentro de 12 a 18 mil millones. Estas sumas desbordan cualquier tope.

La trashumancia está ligada a eso porque no olvidemos que llevar a centenares de votantes desde Cali y Medellín o Quibdó a algunos municipios del Chocó son actividades que valen millones de pesos. Eso implica pagarles el transporte en ocasiones, además de los viáticos y darles dinero a la mano. Meses después de la jornada electoral, cuando se suma y se multiplica, entonces vamos encontrando una cantidad de vicios conexos. 

La MOE es testigo un poco de esto, ha hecho registros y ha puesto en conocimiento a las autoridades, pero son ellos los que tienen el deber de hacer investigaciones y de comenzar los procesos. Consideramos que allí hay unas graves falencias en la manera como las autoridades pueden intentar controlar estos delitos tan graves que naturalmente afectan la transparencia democrática y la conciencia de la sociedad.

C: La compraventa de votos está normalizada en muchos municipios. ¿Qué se puede hacer para desnaturalizarlo?

PNG: A pesar de las campañas educativas que se han intentado hacer desde la MOE, la Diócesis en los tiempos preelectorales, otras entidades e inclusive la misma Registraduría y el Consejo Nacional Electoral hacen campaña por los medios para intentar disuadirlo, pero pareciera que hay una mentalidad muy extendida arraigada de corrupción electoral.  

Constatamos que esto no pertenece a las viejas generaciones, porque suelen votar y están todavía ligadas a la causa partidista. Son más los jóvenes quienes están votando por primera vez, jóvenes universitarios y muchos de ellos están pendientes de ver cuánto dinero ilegal obtienen de las campañas. 

En vista que las campañas no han tenido mucha resonancia, tocaría más bien por el lado de la investigación y las sanciones para que esta medida pueda ser ejemplarizante y pudiera ponerle freno. En la medida en que estos continúan en la impunidad total, se normaliza y la mayoría de la gente lo hace como un trueque de viveza. Se piensa: “El candidato es vivo porque me engaña prometiendo y yo soy vivo porque le saco dinero y de pronto ni siquiera le doy el voto”. Eso es un intercambio perverso y son las autoridades electorales en este caso quienes deberían tomar el control.

C: ¿Esto cómo termina afectando la democracia?

PNG: Afecta mucho el tejido social. El encarecimiento de las campañas hace que muchos de los candidatos deban hacer alianzas a veces con dinero de dudosa procedencia o con mercaderes empresarios de la política. En el Chocó hay una expresión que se ha hecho común en los últimos años: “los enbilletados”. Son algunos empresarios que se han enriquecido desmedidamente prestando dinero a las campañas políticas y cobrando intereses de usura. Esas personas tienen los dineros de dudosa procedencia con los cuales los candidatos deben comprometerse para financiar sus campañas. Todos coinciden en que para el día de las votaciones los candidatos deben tener maletines llenos de billetes físicos para afrontar la jornada. Y luego, muchas veces, esos financiadores son los que quedan como dueños de la administración, de los contratos más importantes o en cargos importantes en gobernaciones o alcaldías.

Los alcaldes o gobernantes, que en tales condiciones quedan electos, deben realizar su mayor esfuerzo en recuperar la cuantiosa inversión hecha y no tanto en administrar. Eso implica peculados y otros delitos. La comunidad se va a ver perjudicada por las consecuencias de estas decisiones fatales. Pero hay un cinismo en el cual el ciudadano interpreta que “ellos nunca han hecho y siempre han robado, entonces yo ahora cojo mi migaja y ellos verán allá qué hacen”. Esto afecta de una manera terrible el desarrollo social y nos hace a todos cómplices del atraso en infraestructura, en servicios fundamentales para mejorar el bienestar de una comunidad. Esas son algunas de las consecuencias que encontramos de ese comportamiento doloso.

C: En algunos municipios como El Carmen de Atrato y Tadó hay más de cuatro candidatos disputándose la Alcaldía. ¿Este número de candidatos garantiza el ejercicio democrático?

PNG: No tiene ninguna repercusión porque al final permite un amplio abanico de posibilidades. En su lugar quisiera anotar que el número de candidatas mujeres es muy inferior a lo esperado en algunos municipios excepto en Acandí, donde hay tres mujeres y un hombre. En la mayoría de los otros municipios del departamento son más los hombres. En algunos son solo hombres o de tres a cinco que aspiran hay una mujer. Esto es preocupante porque tiene que ver con el tema de la visibilización, la equidad de género, la formación política y las condiciones sociales que pesan sobre las compañeras y dificultan de muchas maneras su participación.

Hay otro tema importante y es que el Chocó es un pueblo afro en un 90 por ciento y en un 10 por ciento es indígena. Hay municipios como Lloró donde la mayoría de la población es indígena. Sin embargo, sus administradores siempre han sido afros. Ahora encontramos un par de aspiraciones indígenas en el municipio de Bagadó y en el Alto Baudó. Es un tema que vale la pena analizar y considerar porque quiere decir que la formación política y la participación de los pueblos indígenas ha ido avanzando notablemente. 

C: El hecho que los jóvenes estén más vinculados con la compraventa de votos, ¿no debería ser un llamado para fortalecer la educación política en los colegios?

PNG: En las escuelas existe la cátedra Democracia y Paz. Desde ahí se afrontan todos esos temas de formación y de comprensión sobre cómo funcionan los elementos básicos de la democracia. En unas escuelas más que en otras se logra hacer con menores o mejores resultados. Sin embargo, creo que las leyes y la acción coactiva de la autoridad es importante. No soy tan partidario de echarle la culpa a los maestros porque en nuestras escuelas se hacen, por ejemplo, las votaciones escolares con la intención de que los muchachos se vayan entrenando en estos procesos democráticos, pero a veces se van metiendo también las prácticas de la compra y venta del voto. Los padres de familia, que de alguna manera también corrompen a otros estudiantes o entre estudiantes, para que les den el voto para los consejos estudiantiles. Creo que se requiere un poco más de autoridad para que mediante medidas de coacción, investigación y procesos se ejerza mayor control sobre esta actividad.

C: ¿Desde la MOE consideran que están dadas las garantías para hablar de unas elecciones democráticas en el Chocó?

PNG: Sí, en el sentido de que la Registraduría tiene la suficiente organización logística y experiencia a pesar de los temas de conectividad que son difíciles en el territorio. Esas condiciones sí están dadas. Realmente, el pecado mayor es la compraventa, la trashumancia y la corrupción al elector.

C: ¿Qué acciones deberían emprenderse desde el Gobierno nacional, departamental y municipal para hacerle frente a esta situación y garantizar el ejercicio electoral pleno?

PNG: Se deben hacer mesas de trabajo tanto de funcionarios como de organizaciones civiles que construyan estrategias que permitan confrontar. Los medios de comunicación tienen un efecto poderoso, en la repetición de mensajes tienen un valor importante. Fuera de eso, la MOE, por ejemplo, tiene canales en el Whatsapp donde se pueden hacer denuncias y recibir información.