A días de las elecciones regionales en Colombia, cuando se conocían las propuestas de los candidatos a la Alcaldía pero no lo que pide la gente, el equipo periodístico de Consonante recorrió las calles de Tadó y El Carmen de Atrato, en el Chocó, y Fonseca y San Juan del Cesar, en La Guajira, para escuchar las necesidades urgentes y las emociones políticas de la ciudadanía. Este especial, que incluye texto, video e imagen, reúne más de cien voces que expresan los requerimientos de las personas para los nuevos alcaldes y alcaldesas.
¿Qué sentido tiene buscar justicia desde lugares donde la impunidad es muy alta y no se garantizan ni siquiera los derechos fundamentales? Esta es una serie de historias que narran la lucha de madres, hijas, campesinos y campesinas, jóvenes y comunidades de regiones diversas para visibilizar qué entienden, cómo abrazan y cómo calman su idea de justicia. A través de este especial, Consonante acompaña los trabajos de periodistas regionales de los departamentos del Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño y Putumayo.
El Festival del Retorno es una de las festividades más representativas del Caribe colombiano, que se realiza hace más de 50 años en Fonseca. Aunque este encuentro surgió para fomentar y celebrar el folclor, con los años ha perdido su razón de ser. En esta serie de tres historias se cuenta cómo los políticos se han adueñado del evento, los jóvenes no encuentran un lugar y los decimeros están en el olvido institucional.
Durante siglos, el río Ranchería ha regado las tierras del sur, de la media y parte de la alta Guajira. Es el más importante, pero también el más impredecible. Por eso fue construida una represa que aunque se contempló hace 40 años, fue entregada incompleta en el 2010. Hoy el Ranchería no solo no vierte como antes sus aguas en el delta; sino que el agua dulce no llega a varios corregimientos. ¿Cómo es vivir sin agua en medio de una península? Este especial cuenta las maromas que hacen los vecinos de la represa. que embalsa 198 millones de metros cúbicos de agua, para abastecer a sus hogares.
La trágica muerte de Eliécer Daza Cuello, un obrero de 47 años que cayó en una zanja de seis metros de profundidad mientras hacía oficios varios en una obra, dejó al descubierto las deficiencias de seguridad en la construcción del sistema de alcantarillado en Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano, en San Juan del Cesar. Consonante investigó el caso y expuso las irregularidades que pusieron en peligro la vida no solo de los trabajadores, sino de los habitantes del corregimiento: huecos y zanjas sin señalización en las vías, alcantarillas destapadas, falta de protocolo de seguridad, ausencia de entibación, un sistema de contención que mantiene estable las zanjas.
La empresa Atico Mining, que opera la única mina de cobre activa en el país, tiene una deuda con la nación por más de 87.900 millones de pesos y su licencia de explotación está vencida desde hace 18 meses. Sin embargo, continúa funcionando y su poder sigue intacto: es la principal fuente de trabajo en el municipio, los últimos tres alcaldes han sido empleados de la compañía y su influencia social es evidente. En este reportaje, Consonante investiga las irregularidades de la empresa: desde las deudas, los amparos que le permiten seguir operando, las estrategias para tener todo a su favor y los lazos tan estrechos con la Alcaldía.
En la vereda ‘Pueblo Paz’ viven 168 núcleos familiares de excombatientes de las Farc. Allí han construido sus casas y le han apostado a la consolidación de proyectos productivos en un esfuerzo por integrarse con las comunidades del sur de la Guajira. Pero para las mujeres firmantes, ese proceso de reincorporación ha sido agridulce, pues han visto cómo viejas costumbres que limitaban sus derechos y su participación dentro del grupo guerrillero se han mantenido en esta nueva etapa. En este reportaje, la periodista cuenta las historias de varias firmantes de paz y cómo se enfrentan ante estas prácticas.
Cuatro meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara el cierre de la EPS Comfaguajira, sus 270 mil afiliados fueron trasladados a otras entidades con la promesa de que estas le garantizarían la atención básica. Desde entonces, la mayoría de usuarios se enfrentan a una serie de inconvenientes para acceder a los servicios. Muchos están atrapados en los recovecos de un sistema que, en vez de ayudarlos a gestionar su salud, empeora sus enfermedades. Esta investigación muestra la complejidad de la situación a través de cinco casos de personas afectadas por la salud interrumpida.
En Colombia, las mujeres no tienen muchos de los derechos primordiales garantizados a plenitud: el derecho a una vida libre de violencias, a participar políticamente, a disfrutar la sexualidad sin ningún tipo de violencia y a poseer tierra. En este especial, Edilma Loperena, Yolanda Perea, Elizabeth Moreno y Liuba Molina, cuatro mujeres del Chocó y La Guajira, cuentan con sus propias palabras cómo han defendido eso que tanto les ha sido negado.
Vicente Villasmil Zambrano vendía frutas con la angustia de no poder contar el dinero o escuchar a sus clientes debido a la pérdida gradual de la vista y la audición. Preocupado por su salud, buscó atención médica en la Nueva EPS de Fonseca, pero se encontró con los obstáculos que enfrentan los fonsequeros: falta de acceso a medicina especializada, demoras en la entrega de medicamentos y programación de citas y altos costos por la necesidad de traslado a otros municipios.
“Después de dos años de citas, el médico me dio la orden de ponerme unos audífonos. Fui al día siguiente a la Nueva EPS y me dijeron que debía esperar 15 días, pasaron los 15 días y me dijeron que otros 15 días más. Esperé y me mandaron a la Alcaldía para tener respuestas. A las dos semanas volví y la doctora me indicó que se habían vencido los documentos, que tenía que empezar todo desde cero después de dos años de estar en esas”, cuenta Villasmil, migrante venezolano de 53 años y radicado en Fonseca hace más de cinco años.
Ante ese panorama, el único camino para Villasmil fue interponer una acción de tutela. El 10 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Penal del Circuito San Juan del Cesar falló a su favor y le ordenó a la Nueva EPS cumplir con la entrega de las ayudas auditivas que necesitaba. El juzgado consideró que la Nueva EPS no le brindó al paciente las garantías a su derecho a la salud, vida y dignidad humana.
A pesar del fallo, la Nueva EPS sigue sin cumplir, razón por la cual se instauró un incidente de desacato con fecha de atención del primero de septiembre. “Nos vimos en la necesidad de activar nuevamente los mecanismos judiciales a través de un incidente desacato para poder obligar a la EPS a que le entreguen el dispositivo que le ordenaron y poder restablecer su capacidad auditiva”, cuenta Octavio Parodi Deluque, abogado especialista en derecho administrativo y constitucional.
Por otra parte, Villasmil lleva esperando diez meses una reprogramación de un examen médico ocular que deben practicarle, razón por la cual el abogado adelantó una nueva medida tutelar.
En Fonseca es muy frecuente que las personas recurran a derechos de peticiones, tutelas y desacatos para acceder a un buen servicio de salud, señala el personero Juan Jaime Peralta Martinez. Mensualmente, dice, se reciben alrededor de cinco derechos de petición, dos tutelas y dos incidentes de desacato en contra de las EPS Sanitas, Cajacopi y la Nueva EPS.
De acuerdo con Sandra Ricaurte, gerente zonal de la Nueva EPS, esto ocurre debido a la “escasa oferta en el departamento de algunos servicios en salud como los procedimientos de cuarto nivel, como alergología, proctología, oncología”.
Esas dificultades se han visto intensificadas en el municipio luego de la liquidación de Comfaguajira, que dejó a 273.029 afiliados repartidos en ocho entidades. La Nueva EPS fue la segunda en recibir a más usuarios (46.443), luego de Cajacopi (63.626).
Para recuperar su audición, perdida en un 80 por ciento, Vicente Villasmil visitó en varias ocasiones la sede de la Nueva EPS, se comunicó constantemente a través de llamadas telefónicas y del chat de WhatsApp para interponer quejas con los funcionarios.
En su búsqueda por obtener las ayudas auditivas, pasó por diferentes clínicas en Riohacha, Valledupar, Maicao, San Juan del Cesar y Barrancas, donde debió cubrir sus gastos personales y los de su acompañante. En ningún lugar obtuvo una respuesta favorable.
Luego de tantos obstáculos, Villasmil hizo pública su denuncia en el programa radial Enfoque, opinión y debate, dirigido por Jorge Gómez en la emisora Utay Estereo. A través de este espacio coincidió con el abogado Octavio Parodi Deluque, quien le prestó sus servicios sin costo. “Conocí la situación del señor, que por pertenecer al régimen subsidiado había recibido atención a través de la EPS. Desafortunadamente esta entidad desatendió los requerimientos que hizo el médico de adoptar unos audífonos para que pudiera superar su dificultad”, explica Parodi.
En medio de la espera, Villasmil alcanzó a perder la audición en un 80% y la visión en un 75%. A raíz de esas afectaciones, sus tres hijos de 9, 13 y 18 años son quienes lo ayudan en todos sus quehaceres, incluyendo la venta de frutas y verduras.
“Tu me ves normal, pero el ojo izquierdo lo tengo quemado y en el derecho tengo un 75% de visión. Hay gente que llega al puesto y me pide que le despache un aguacate, por ejemplo, pero si yo no le escucho en el momento el cliente se va”, cuenta Villasmil.
Ante realidades como la de Villasmil, los usuarios tienen tres alternativas, destaca Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia y director de Colombia Saludable: interponer un derecho de petición ante la entidad que presta el servicio de salud, un mecanismo de tutela ante un juez y un reclamo ante la Supersalud.
Para presentar una acción de tutela, por ejemplo, no se requieren los oficios de un abogado, explica Silva. “El paciente puede ir al juzgado más cercano y ahí le toman su declaración sin costo. Puede ir también a la Personería o la Defensoría del Pueblo o a una organización de pacientes que conozca cómo funciona el sistema para que le ayuden a presentar una tutela”.
"El paciente puede ir al juzgado más cercano y ahí le toman su declaración sin costo. Puede ir también a la Personería o la Defensoría del Pueblo o a una organización de pacientes que conozca cómo funciona el sistema para que le ayuden a presentar una tutela".
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia
En el caso de que el derecho fundamental a la salud se haya violado reiteradamente, señala Silva, hay una cuarta alternativa. Las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su página web, para presentar una queja. “Aunque es un proceso lento, la Comisión puede formular recomendaciones al Estado y es mandatario acoger esas recomendaciones”.
De acuerdo con Silva, todos estos recursos “le dan un poder indiscutible al paciente para hacer valer sus derechos”, aunque muchas veces haya desconocimiento de los mismos. “El sistema de salud cubre medicamentos POS y no POS (Plan Obligatorio de Salud), tratamientos, hospitalización, citas con médica general, ayudas diagnósticas, laboratorio clínico, todo lo que el paciente necesite para su salud. Si la EPS no cubre a través de su red, el usuario se puede trasladar a otra EPS que no tenga los mismos problemas para que mejore su servicio. Si vive en La Guajira y no hay un determinado especialista, la EPS debe enviarlo a una ciudad con convenio y cubrir los viáticos del paciente y de un acompañante”, explica.
Desde hace más de dos años, los habitantes de la vereda Puerto López deben atravesar un camino peligroso para llegar a Fonseca. La travesía incluye zanjas y barrancos de hasta tres metros de profundidad que han causado accidentes y que obligan a las personas, en muchos casos, a caminar entre cuatro y cinco horas. Los campesinos deben elegir constantemente entre poner en riesgo sus vidas o quedar aislados del municipio.
Por eso, en varias ocasiones, las familias han puesto el problema sobre la mesa de la Alcaldía de Fonseca y la Unidad para la Gestión del Riesgo, pero no han obtenido una solución. También han denunciado a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pero la vía sigue siendo cada vez más intransitable.
“Este año tomamos la decisión de hacer un documento que llevamos a Riohacha y lo entregamos a la Procuraduría, a la Unidad de Riesgo, a los periodistas y a otras entidades, pero aún no hemos tenido respuesta. Estamos esperando a ver si se acuerdan de nosotros o no”, cuenta Fredesminda Moreno, campesina y miembro del Comité Cafetero de Puerto López.
Para llegar a Fonseca, los habitantes de la vereda deben transportarse en mula o a pie hasta llegar a la estación de transporte, también conocida como Guácimo, donde llegan camiones que los acercan hasta Fonseca. Unos pocos se atreven a trasladarse en moto, arriesgándose a caer por los abismos que han dejado las lluvias.
Fredesminda Moreno cuenta que muchas veces debe madrugar para llegar a tiempo a la estación para bajar los productos hasta el municipio. “Para poder salir nos toca levantarnos desde las 3 a.m., pero me da miedo porque han ocurrido accidentes. Un señor de la tercera edad se cayó y se rompió la cabeza con las piedras”, cuenta.
Para ir a Puerto López se debe tomar un transporte en la carrera 14 con calle 17 de Fonseca. De ahí salen camiones que deben pasar por el intrincado camino y aguantar el peso de las cargas durante una hora y 20 minutos de recorrido, hasta llegar a la estación.
La estación es un punto en la vía hacia Puerto López donde pueden llegar los carros. El resto del camino está lleno de huecos y zanjas que pueden provocar accidentes. En los últimos dos meses se han presentado siete accidentes, en su mayoría de conductores de motos.
“Yo hago carreras en la sierra, Las Colonias y Las Marimondas, pero la vía más mala ahora mismo es la de Puerto López”, considera Luis Alberto Márquez, mototaxista en la serranía.
En sus recorridos por la vereda, Márquez ha tenido varios accidentes, aunque sin heridos de gravedad. “En Puerto López tuve una experiencia porque esa vía está muy mala y la moto se me resbaló. A mí no me pasó nada pero el pasajero se maltrató un poquito”, cuenta.
Para las mujeres con niños pequeños el trayecto es más duro porque deben cargarlos o caminar despacio. Este es el caso de María Fernanda Navarro, ama de casa, quien debe madrugar y destinar casi todo un día de viaje. “Yo me levanto a las dos o tres de la madrugada para darles comida a los niños y no llevarlos con hambre porque hay que caminar bastante”, cuenta.
“El camino es pesado. Toca descansar tres o cuatro veces y me toca cargar al bebesito porque es difícil para él. Al día siguiente amanezco con dolencias en los brazos y en las piernas”, agrega.
A pesar de las denuncias, los habitantes de Puerto López no han visto la voluntad de las administraciones por arreglar la vía. Susana Jiménez, habitante de Puerto López, cuenta que solo han tenido visitas y falsas esperanzas, pero no una solución que les permita transitar con normalidad de la vereda hasta Fonseca.
“Hace dos años le pedimos al señor alcalde una ayuda para esta vía. Fue una comisión con más de ocho campesinos que fueron hasta la Alcaldía, pero nunca hubo respuesta. El año pasado les enviamos un video y el alcalde mandó un encargado a ver la situación de la vía, pero a pesar el señor vio la carretera y tampoco recibimos apoyo”, recuerda.
Debido a la falta de atención de las entidades municipales, algunas personas decidieron hacer las peticiones a nivel departamental, por lo que Jiménez se tomó la tarea de organizar un documento junto a 77 habitantes de la vereda para llevarlo a la Unidad de Gestión de Riesgos y a la Procuraduría en Riohacha.
Pese a la falta de respuesta, los campesinos de Puerto López no pierden la esperanza de contar una carretera en buenas condiciones que les permita desarrollar la vida con mayor facilidad. De acuerdo con Fredesminda Moreno, una carretera en buenas condiciones les cambiaría la vida. “Para nosotros, que la vía esté en buen estado es la solución a muchas cosas. Podríamos viajar seguros, sacar los productos a tiempo y sería más fácil llevar a los niños al control de la salud. Una buena vía nos cambiaría la vida”, dice.
La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, que fue presentada el pasado 13 de febrero, trae cambios de fondo en el sistema de salud enfocados en la atención primaria, la organización territorial y el manejo de los dineros públicos. El propósito, en palabras de la ministra Carolina Corcho, es reivindicar el derecho universal de la salud. Es decir, que todos y todas tengan acceso al sistema, sin importar donde estén y sin necesidad de un carnet de afiliación.
La discusión pública sobre la reforma, que ha sido calificada de ambiciosa e idealista por parte de los sectores opositores e incluso de los cercanos al gobierno, gira en torno a la pregunta de si las propuestas planteadas podrán resolver los problemas del sistema. O, por el contrario, acentuarlos.
El documento está en manos del Congreso y será revisado y debatido en Cámara y Senado en las próximas semanas, teniendo en cuenta que se tramitará como una ley ordinaria y por la Comisión Séptima.
Consonante consultó a varios expertos en sistemas de salud que explicaron los principales cambios propuestos y sus posibles consecuencias; los vacíos que deja; y los retos a los que se puede enfrentar el gobierno al ponerla en marcha en las regiones.
Para garantizar la cobertura en todo el país y acortar las brechas, la reforma propone visitas médicas de manera permanente, rutinaria y constante a las familias en sus territorios, incluyendo las zonas dispersas y alejadas de los centros urbanos. Con esto busca prevenir y detectar enfermedades tempranas, eliminarlas si es posible o atenderlas en un estado primario.
“Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona (...) que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté”, dijo el presidente Petro durante el acto simbólico de radicación de la reforma.
Para lograrlo, el gobierno plantea desarrollar una política integral que incluya estímulos e incentivos salariales y no salariales para motivar a los trabajadores de la salud a trasladarse a esos lugares. Esto supone un enorme reto, teniendo en cuenta los siguientes vacíos:
¿Qué podría servir para solucionar este problema? Para Andrés Vecino, investigador en sistemas de la salud de la Universidad Johns Hopkins, una respuesta es enseñar medicina a personas arraigadas en esas zonas. “Así se crea capital humano en los territorios. Es cierto que esto es responsabilidad de otro sector, pero el Ministerio de Salud podría sacar becas para que las personas puedan estudiar medicina y regresar en cinco años a sus territorios”.
2. Posibles riesgos financieros y de transparencia en la Adres
Una de las propuestas clave de la reforma es que los dineros públicos en salud sean manejados por el Gobierno y no por privados. Según el texto presentado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se convertirá en una especie de pagadora única. Esta entidad deberá recibir los recursos, girar los dineros directamente a los prestadores de servicios de salud, hacer contratos y auditorías y garantizar la transparencia. Con esto se pondría fin a la intermediación que hacen actualmente las EPS, que aunque no serían eliminadas, dejarían de administrar el grueso del dinero y pasarían a ser prestadoras de salud a través de sus clínicas y hospitales.
En ese proceso podrían aflorar tres problemas:
En esto coincide Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública, para quien los fondos “añaden un nivel de complejidad que, a menos que sea para fines políticos, no tienen utilidad”. Para la especialista, entre menos manos toquen el dinero, menos posibilidades de que se lo roben.
3. Falta un plan para garantizar el acceso a servicios de mediana y alta complejidad
Para prevenir, diagnosticar, tratar y paliar enfermedades a tiempo, la reforma propone la creación de los Centros de Atención Primaria Integrales y Resolutivos en Salud (Capirs). Estos centros ofrecerían servicios básicos de urgencias, medicina general y partos, a los cuales podrían acceder los pacientes dependiendo del lugar de vivienda o trabajo. Es decir, cada quien buscaría atención en su Capirs más cercano, pues se prevé habilitar un centro por cada 25.000 personas.
Esto aliviaría el acceso y beneficiaría a las personas en sus territorios, en especial en las zonas rurales y dispersas, teniendo en cuenta que en Colombia, de casi 1.100 municipios, hay 600 sin centros de salud y 183 con una sola sede.
(Además: Vuelven a habilitar los servicios sellados en el hospital San José, ¿ahora qué sigue?)
El asunto aquí es si se puede garantizar el acceso a los servicios de mediana y alta complejidad en las regiones más apartadas, teniendo en cuenta las barreras geográficas, pues para llegar a algunas zonas se necesita de transporte aéreo o fluvial. De acuerdo con el texto, los Capirs podrán referir pacientes a instituciones más especializadas, pero no ofrece detalles sobre cómo funcionaría este proceso en territorios dispersos.
“Esa es una tarea que necesita inteligencia poblacional y que no se puede hacer desde un hospital primario porque no sabes dónde hay disponibilidad, al menos que tengas un sistema de ensueño en el que todos puedan ver todo al mismo tiempo. Ahí hay muchísima incertidumbre”, dice Tatiana Andia.
4. Más desorden en el sistema de salud por la transición
Finalmente, la reforma contempla un traslado masivo de los pacientes que hacen parte de las EPS en liquidación, quienes serían acogidos por la Nueva EPS o por las EPS con estados financieros óptimos. El presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho han enfatizado en que durante la transición, ningún paciente se quedará sin cobertura o tratamiento, algo que es “fácil de decir, pero muy difícil de lograr”, dice Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública. Una de las razones:
Actualmente, la Nueva EPS tiene más de 10 millones de pacientes asegurados. En caso de recibir los afiliados de las EPS en liquidación, la Nueva EPS o las EPS avaladas por el Gobierno tendrían que acoger a 11 millones de personas.
