Claudia Peláez* descubrió a comienzos de este año que su clasificación en el Sisbén IV, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, había cambiado significativamente. Pasó de A1, el grupo para la población en pobreza extrema, a B5, el grupo para quienes viven en pobreza moderada. Peláez, madre cabeza de familia, responsable de cinco hijos (todos menores de edad y uno menor de cinco años), se angustió, porque sabía que con ese cambio quedaría por fuera de la Renta Ciudadana; el programa del Estado que ofrece un ingreso de hasta 1 millón de pesos a las familias para superar la pobreza extrema.
Claudia Peláez vive con sus hijos en la vereda La Argelia, en El Carmen de Atrato, donde no hay servicio de agua potable. Su casa no cuenta con energía eléctrica ni mucho menos con conectividad. En esa zona no hay ningún centro de salud cerca y aunque la mayoría de sus hijos va a la escuela rural, su hija mayor debe trasladarse a diario hasta el casco urbano para estudiar. ¿Por qué una mujer con sus condiciones quedaría por fuera de la Renta Ciudadana?, se preguntó Peláez, quien se trasladó hasta la oficina del Sisbén para conocer los motivos de ese cambio y manifestar su desacuerdo.
“La funcionaria del Sisbén revisó y me dijo que aparecía en el régimen contributivo, pero yo dejé de trabajar hace tres meses. Ella contestó que hasta que no dejara de aparecer, no se podía hacer ningún cambio. Me contó que ella había dejado de trabajar también y el sistema se demoró cuatro meses para reportar el cambio. Y aunque cambie, no significa que bajará el puntaje”, cuenta Peláez, para quien la Renta Ciudadana representa una ayuda fundamental en el sostenimiento de su familia.
"La verdad uno no entiende cómo el Gobierno revisa las ayudas. Yo realmente necesito esa platica, si no hubiera sido porque recibí ese recurso a principios de año, no sé cómo le hubiera comprado los uniformes y todos los útiles a mis niños. Ya llevo tres meses sin encontrar trabajo y debo rebuscar la comida para mi familia, no cuento con transporte y vivo bastante lejos, en el campo, donde las condiciones son muy difíciles para nosotras las mujeres", lamenta.
La verdad uno no entiende cómo el Gobierno revisa las ayudas. Yo realmente necesito esa platica (...) Ya llevo tres meses sin encontrar trabajo y debo rebuscar la comida para mi familia".
Claudia Peláez, habitante de La Argelia, en El Carmen de Atrato
Esto mismo le ocurrió a Martina Gutiérrez*, habitante de la vereda de Guaduas. Gutiérrez perdió hace tres años a su esposo, quien trabajaba la tierra y llevaba el sustento a la casa. Hoy, a sus 69 años de edad, vive sola en la finca y sin ayudas del Estado. Ha buscado ser beneficiaria del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, que entrega subsidios económicos para adultos mayores desamparados, pero Gutierrez no puede aplicar porque su clasificación en el Sisbén es C2, el grupo para la población vulnerable, y este no está priorizado.
Gutiérrez también se ha acercado a la oficina del Sisbén para pedir una revisión, pero no ha logrado ningún ajuste en su grupo de clasificación. "Ellos le dicen a uno que los puntajes los cambian desde Bogotá revisando unas bases de datos, pero para mí eso lo manipulan desde acá. ¿Cómo puedo tener un puntaje tan alto sin trabajo, sin marido y sin ayuda de nadie? Yo lo único que tengo es esta tierra que a veces hasta me estorba porque no tengo ni un peso para trabajarla", cuestiona.
"¿Cómo puedo tener un puntaje tan alto sin trabajo, sin marido y sin ayuda de nadie? Yo lo único que tengo es esta tierra que a veces hasta me estorba porque no tengo ni un peso para trabajarla".
Martina Gutiérrez, habitante de Guaduas, en El Carmen de Atrato
Los cambios preocupan tanto a las comunidades rurales como a las urbanas. El Sisbén es el primer filtro que la población debe superar para aspirar a los beneficios de los programas sociales del Estado y la reclasificación puede dejar por fuera a los hogares de las ayudas que reciben.
En esta entrega de El Explicador, Consonante resuelve las principales dudas sobre la actualización que puso en marcha el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada del Sisbén; las implicaciones que tiene en los hogares y qué pueden hacer las personas en caso de que consideren que el grupo asignado no encaja con su situación actual.
En diciembre del año pasado, el DNP informó sobre la actualización de la información económica de más de 20 millones de personas, es decir el 60 por ciento de los inscritos en el Sisbén, gracias a la inclusión de nuevas bases de datos. El objetivo: “tener un panorama más actualizado de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares”. Según la entidad, este cambio permitiría una mayor eficiencia en el gasto público, pues es gracias al Sisbén que el Gobierno focaliza la inversión social en quienes más lo necesitan.
Luego de haber puesto en marcha este ejercicio, 2 de cada 10 hogares inscritos en el Sisbén fueron reclasificados. Un total de 732.740 hogares que pertenecían al grupo A del Sisbén, que representa a un 17,8 por ciento de los inscritos en el sistema, dejaron de hacer parte del grupo de familias en condiciones de pobreza extrema y pasaron al grupo B, que representa a las personas en condición de pobreza moderada.
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una posible vulneración de derechos fundamentales con la actualización del Sisbén. Con la reclasificación, advirtió, muchas personas “podrían perder su condición de beneficiarios”.
“La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60 por ciento del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización. Es preocupante que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Si bien los cambios podrían interpretarse como una mejora en la condición socioeconómica de los hogares colombianos, el defensor manifestó su preocupación porque “la reubicación en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”.
El DNP, por su parte, aclara que el Sisbén “es imparcial a las ayudas y programas sociales nacionales y territoriales”, teniendo en cuenta que esta actividad es responsabilidad exclusiva de las entidades que administran programas sociales como Pensión Familiar, Vivienda Rural, Familias en Acción, Ingreso Solidario y Mi Casa Ya.
“Al momento de ingresar a un programa, las entidades que los administran son las encargadas de definir los criterios por los cuales focalizar a sus beneficiarios, así como las condiciones para permanecer o salir del programa. Durante el proceso de actualización vía registros administrativos, el DNP recomendó a los programas sociales hacer periodos de transición en caso de ser necesario, pero ellos son autónomos al momento de establecer o no este tipo de medidas”.
Para actualizar la información de los hogares, el Sisbén utiliza datos del Registro Social de Hogares. Esta es una plataforma en línea que integra información de registros administrativos de entidades públicas y privadas a nivel local y nacional sobre la identificación de las personas y sus características socioeconómicas poblacionales y territoriales.
El Registro Social de Hogares cuenta con 40 bases de datos nacionales y 860 bases de datos de entidades territoriales, provenientes de 32 gobernaciones, 20 capitales y 1.007 municipios, incluyendo la información que provee el Sisbén. Un ejemplo de esas bases de datos son las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, Migración Colombia, Icetex, Agencia Nacional de Tierras y Supersalud, entre muchas otras.
De acuerdo con el DNP, la información de la encuesta del Sisbén se actualiza cuando se presenta alguna validación de información en otros registros, o cuando existe nueva información reportada por el Registro Social de Hogares. La clasificación del Sisbén cambia, en otras palabras, dependiendo de la ficha socioeconómica que se actualiza a partir de nuevas bases de datos.
De acuerdo con la entidad, este cambio “permite no solo contar con la información más reciente del hogar sin que se requiera un trámite de actualización por parte del ciudadano, sino también disminuir la manipulación de información autodeclarada en el momento de la encuesta”.
Por motivos de seguridad de la información, explica el DNP, solo pueden acceder al Registro Social de Hogares las entidades que previamente hayan firmado un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, en caso de que las personas quieran conocer más detalles de su ficha socioeconómica del Sisbén, deberán solicitar la información personal haciendo el requerimiento completo al DNP, únicamente a través del formulario en línea.
En caso de que las personas tengan dudas sobre su clasificación, pueden hacer la consulta pública con su tipo y número de documento a través de la página web del Sisbén. Durante la consulta, indica el DNP, “la persona encontrará una nota técnica que indica que la información suya o de algún miembro del hogar ha sido actualizada a través de registros administrativos”.
Por ejemplo, explica la entidad, “un hogar realizó la encuesta en 2020 y en ese momento uno de los miembros se encontraba estudiando en el colegio. Sin embargo, con la información de registros administrativos identificamos que esa persona del hogar ya no está en el colegio, sino que está en la universidad, y por lo tanto se actualiza la información en el Sisbén. Teniendo en cuenta que la clasificación se otorga a partir de la información registrada, cualquier novedad o actualización de la encuesta puede hacer que la clasificación varíe”.
Las personas que tengan inconformidades con su grupo de clasificación en el Sisbén pueden acercarse a la oficina de su municipio para verificar la información de su encuesta y, en caso de ser necesario, solicitar una encuesta nueva para actualizarla. En estos casos, explica el DNP, “una vez el municipio envíe la información al DNP, deben surtirse los procesos de depuración, validación y publicación”.
Por otra parte, quienes tengan inconformidades con la actualización de su información en el sistema, deben acercase a la oficina local del Sisbén y solicitar los datos de su ficha socioeconómica. Al final, explica el DNP, encontrará la lista de entidades que los suministraron. Por seguridad, en caso de que la persona quiera conocer los detalles, deberá solicitarlos únicamente a través de este formulario. En caso de encontrar información errada, la entidad recomienda pedir la corrección directamente a la entidad que provee esa información.
No. El Sisbén, de acuerdo con el DNP, utiliza un modelo con más de 200 variables de las características de los miembros del hogar y su entorno, que ayudan a estimar el ingreso per cápita por persona. Esto quiere decir que el sistema “no utiliza información de bancos ni el ingreso auto reportado por los hogares, sino que hace una presunción de ingresos a partir de múltiples condiciones”.
“Este ingreso estimado en el Sisbén se compara con las líneas de pobreza oficiales del DANE, lo que hace que la clasificación final esté acorde con las mediciones de pobreza oficial. Por eso, gracias a la actualización realizada vía registros administrativos, la cantidad de personas clasificadas como pobres extremas o moderadas se acercan al número de personas en esa condición de acuerdo con la medición oficial de pobreza monetaria del DANE”, explica el DNP.
No. El DNP explica que la clasificación del Sisbén “no se asigna ni puede variar a discreción del DNP, ni de los funcionarios de las alcaldías municipales”. “La clasificación es el resultado del análisis de la información declarada bajo juramento en la encuesta por el hogar, que es validada con información del Registro Social de Hogares, y analiza condiciones de diferentes dimensiones tanto del hogar como de su entorno”, precisa la entidad.
Sin embargo, es común que las personas se encuentren con personas que les prometan cambiar su clasificación e incluso sospechen de funcionarios con este tipo de prácticas. En ese caso, pueden hacer la denuncia a través de la página web del Sisbén.
Según el DNP, la entidad realiza visitas constantes de monitoreo a las oficinas locales con el propósito de “revisar su funcionamiento y la forma de atención al ciudadano para, en caso de ser necesario, hacer recomendaciones de mejora”.
Por otro lado, explica, se analiza la información suministrada en las encuestas para identificar irregularidades en el proceso de recolección de la información. “A partir de los resultados se han implementado medidas de alerta, y donde en la mayoría de las ocasiones es necesario repetir el procedimiento. Un ejemplo son los casos en verificación por distancia donde se encuentra que los encuestadores no realizan la encuesta en la vivienda”, advierte la entidad.
Dependiendo de la gravedad, “es posible allegar los mismos a los respectivos entes de control para que realicen las diligencias necesarias en su competencia”, precisa el DNP.
*Los nombres de las personas fueron cambiados para proteger su privacidad.
A Carlos Acosta Sierra, habitante de Valledupar que visitó La Guajira a comienzos de este año, todavía le aparecen siete comparendos por $4.729.160 interpuestos por la cámara de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas. Esta es apenas una de las 20 mil infracciones que registró ese sistema en menos de dos meses, entre el 29 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024, y cuyos comparendos debieron quedar anulados en un plazo de 30 días, a más tardar el 19 de marzo.
A esto se comprometió el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca, que desmontó la cámara de fotomultas luego de las constantes quejas y protestas del gremio de conductores y mototaxistas de las principales ciudades del sur de La Guajira. Aunque el acuerdo quedó establecido en un acta firmada por representantes de cada una de las partes, más de un mes después, los líderes del gremio reclaman que aún no se ha cumplido con la eliminación de las multas, pues a muchos todavía les aparece el registro en la página web del SIMIT.
De acuerdo con Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito de Fonseca, hasta el 27 de marzo fueron anulados 17.957 comparendos, es decir, el 90 por ciento de las multas. El 5 de abril, informó, es el nuevo plazo para llegar al cien por ciento.
"El proceso de desmonte es más complejo de lo que parece, razón por la cual se amplió el plazo tres semanas más, hasta el 5 de abril, fecha donde se espera llegar a la meta del desmonte del 100 por ciento de estos reportes en el SIMIT", dijo Idárraga a Consonante.
A Carlos Acosta Sierra, residente en Valledupar, le preocupa la gran deuda que sigue activa en el SIMIT por una serie de infracciones que detectó el sistema de fotomultas en la vía hacia Barrancas. “Después de esperar más de un mes, mi deuda por más de 4 millones de pesos sigue apareciendo en el sistema. Esto me ha perjudicado, yo iba a vender mi carro y por tener estos reportes el negocio no se pudo realizar”, lamenta Acosta.
Edwin Ramírez, del norte del Valle del Cauca, es otro de los afectados por la cámara de fotomultas, con nueve comparendos por un valor de $7.622.760. “Lo que más me llama la atención es que nunca he viajado a la costa, no conozco La Guajira, para que me aparezcan estos comparendos", advierte.
"Lo que más me llama la atención es que nunca he viajado a la costa, no conozco La Guajira, para que me aparezcan estos comparendos".
Edwin Ramírez
Ante esta situación, Ramírez cuenta que envió derechos petición al SIMIT y al Instituto de Tránsito de Fonseca, e interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero “aún no me bajan estos reportes que afectan mi trabajo, mi buen nombre y mi tranquilidad, ya que diariamente me llaman con la amenaza de que si no pago esos comparendos me van a reportar ante las centrales de riesgo financieras sin yo haber incurrido en ninguna falta".
Sobre ese caso en particular, Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito, asegura que “habría que analizar, porque puede que el carro esté enrollado con otro que esté por la costa, que su propietario no sepa y por esto aparezca reportado en el sistema”.
Carlos Rodríguez, residente en Fonseca, cuenta que aunque ha esperado pacientemente, “hoy siguen apareciendo cinco comparendos que ascienden a una suma de $5.128.000”. “Me he acercado a la oficina y lo que manifiestan los funcionarios es que espere un poco más, que pronto los van a desmontar. Esta situación es algo desconcertante porque uno no sabe con qué pueden salir y si realmente van a cumplir con lo consignado en el acta”, asegura Rodríguez.
El viernes 22 de marzo se realizó una reunión de seguimiento al desmonte de las multas interpuestas por el sistema en la vía Fonseca-Barrancas. Al encuentro asistió el alcalde Micher Pérez, el secretario de Gobierno Misael Velázquez y los representantes de los gremios de transporte, comercio y líderes sociales, quienes solicitaron al Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca y a Millenium System SAS un balance del proceso, teniendo en cuenta que son muchas las personas que todavía tienen reportes en el SIMIT.
Fidel Pitre, presidente de la Asociación de Cooperativas de Transportadores del Sur de La Guajira (Asocoopsur), manifesta su preocupación porque “llegó el 19 de marzo y la dirección de Tránsito y Transporte de Fonseca no cumplió con el objetivo de bajar las fotomultas en un 100 por ciento, tal como se había pactado en los acuerdos del 19 de febrero”.
"Llegó el 19 de marzo y la dirección de Tránsito y Transporte de Fonseca no cumplió con el objetivo de bajar las fotomultas en un 100 por ciento, tal como se había pactado en los acuerdos del 19 de febrero".
Fidel Pitre, presidente de la Asociación de Cooperativas de Transportadores del Sur de La Guajira
“Estos retrasos están generando inconformidad en muchos conductores que hoy exponen sus quejas al no ver reflejado el desmonte de estos comparendos en el SIMIT”, añade Pitre, quien espera que sí se cumpla con lo acordado para el 5 de abril.
Entre esos acuerdos, destaca Pitre, “dejamos claro que no se debe realizar ningún cobro por bajar las fotomultas, porque tenemos quejas de algunos usuarios que han llegado hasta las oficinas a resolver su problema y les han cobrado. No queremos que eso sea una causa para empañar el proceso, queremos que se cumpla con exactitud el acta que se firmó”, asegura.
Sobre los retrasos en la anulación de los comparendos, Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca, explica que “no ha sido fácil para nuestro equipo resolver miles de trámites”. “A penas llevaba 13 días en el cargo y me tocó estudiar el problema para resolver todas las peticiones y quejas. Hemos hecho un gran esfuerzo por cumplir con lo pactado en el acta. Estamos garantizando el proceso, ya solo nos falta desmontar alrededor de tres mil comparendos”, dice Idárraga.
La vía que comunica a San Vicente del Caguán con el centro poblado de Campo Hermoso es clave para el comercio de leche, carne y queso, productos que se comercializan en todo el país y son la base económica del municipio. El mal estado de la vía ha producido daños en los vehículos que la transitan e incremento en el costo del transporte.
Por eso, desde el 2021, varias Juntas de Acción Comunal de la inspección de Campo Hermoso se unieron para presentar el proyecto que hoy está en marcha: pavimentar dos kilómetros de la vía. Aunque es un tramo pequeño, para la comunidad significa un gran cambio en tiempos y costos y un primer paso para continuar con la propuesta para terminar todo el corredor. Para eso propusieron una cofinanciación en la cual las juntas aportan la mano de obra y la maquinaria.
El proyecto lo presentaron ante el programa Rutas Pdet, que hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que nacieron del Acuerdo de Paz con las Farc, y cuyo fin es cerrar brechas en los municipios más golpeados por el conflicto armado, como San Vicente del Caguán. Rutas Pdet, programa liderado por el gobierno nacional, tiene como fin mejorar la infraestructura vial vinculada a las cadenas productivas de lácteos y cacao en Caquetá, Putumayo y Nariño. Para lograrlo reciben recursos de la Unión Europea a través de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia (Adelco), una institución privada sin ánimo de lucro.
El proyecto fue aceptado y a las cuatro Juntas les dieron un presupuesto de 1.750 millones de pesos para ejecutarlo (más de 350 millones de pesos para cada una). Es la primera vez que las Juntas de las veredas Nuevo Palmichales, El Progreso, Circasia y Campo Hermoso manejan un presupuesto tan alto. A pesar de los desafíos que esto ha significado, la inversión y el trabajo de la comunidad empiezan a reflejarse en el territorio con un avance de casi la mitad de la obra según Ángela González, presidenta de la JAC de Nuevo Palmichales.
Llegar a ese punto no ha sido fácil para la organización comunal de Campo Hermoso. Primero, por la documentación que requerían para presentar a los proyectos y por los vacíos que tenían en temas de contratación. Segundo, porque la ejecución de los proyectos implica requisitos y formalidades, como la facturación electrónica o la digitalización de los documentos, que pueden ser difíciles de lograr en la ruralidad.
Sin embargo, la obra también ha sido un proceso de aprendizaje que los comunales quieren continuar y que consideran que los prepara para futuros proyectos. En especial con un Gobierno Nacional que ha querido empoderar a las JAC y darles mayor protagonismo en el desarrollo territorial.
El proceso para pavimentar la vía no empezó con la presentación del proyecto, sino con la capacitación a los comunales para que pudieran construirlo y concursar para su financiación. Hace cerca de cuatro años, Corpomanigua, una corporación que trabaja en la Amazonía y busca dinamizar procesos sociales, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) empezaron a dictar talleres sobre contabilidad y procesos administrativos a miembros de las juntas directivas y de la comunidad. Su fin era orientarlos en la gestión y manejo de proyectos.
Ángela González, presidenta de la vereda Nuevo Palmichales dice que al inicio de las capacitaciones asistían unas 11 veredas de la región, pero sólo las cuatro que se quedaron con el proyecto terminaron el proceso. “Algunas veían difícil cumplir con documentos como personería jurídica o libros sellados de tesorería y de inventarios”, cuenta González. Reducir los requisitos para participar en las convocatorias del Gobierno nacional ha sido una de las peticiones de los comunales.
Las capacitaciones fueron cruciales porque de las cuatro Juntas de Acción Comunal que tienen el proyecto, sólo la mitad tenían experiencia en ese campo. Ese era el caso de la JAC de la vereda Nuevo Palmichales y de la del centro poblado de Campo Hermoso. Nelson González, expresidente de esta última, cuenta que gracias a los recursos de cooperación internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) llegaron a manejar proyectos de hasta 450 millones de pesos y a través de esto construyeron varias obras, una de esas fue el restaurante escolar de la institución del centro poblado de Campo Hermoso.
El cruce entre las cuatro Juntas de Acción Comunal unido a la experiencia de unas y a la formación que ganaron otras, logró que el proyecto fuera adjudicado. Para la comunidad se trataba de un logro de todos. “Con nosotros la plata rinde más y son las mismas comunidades las que sirven como veedoras de los proyectos”, comenta Nelson González. Habitantes de Campo Hermoso como Obet Montenegro, opinan similar: “es importante que sean las juntas las que también contraten, desarrollen y ejecuten obras. Con eso los líderes se van capacitando en el proceso de contratación y nos vamos empoderando de nuestros propios recursos”.
"Con nosotros la plata rinde más y son las mismas comunidades las que sirven como veedoras de los proyectos".
Ángela González, presidenta de la JAC de la vereda Nuevo Palmichales
Esa ha sido la motivación principal de los comunales que están al frente del proyecto, pero llevarla a cabo ha sido difícil.
Alexander Gutiérrez es veedor de la pavimentación de los dos kilómetros de la vía. Para él, uno de los problemas que ha tenido la ejecución del proyecto es que el presupuesto no es aprovechado en su totalidad debido a las condiciones técnicas que les exigen. “Uno conoce estas vías desde hace años y sabe que hay mucho tecnicismo que no es necesario. Sin eso podríamos aprovechar los recursos y hacer el doble o el triple de lo que nos propusimos, pero el dinero no rinde lo que uno espera”, cuenta Gutiérrez. Según dice, les han exigido estudios de suelo certificados por un ingeniero topográfico. Para ellos este requisito es innecesario porque, dicen, conocen la vía desde hace años y son los que han estado metiéndole mano cada que esta necesita una intervención.
"Uno conoce estas vías desde hace años y sabe que hay mucho tecnicismo que no es necesario. Sin eso podríamos aprovechar los recursos y hacer el doble o el triple de lo que nos propusimos, pero el dinero no rinde lo que uno espera".
Alexander Gutiérrez, veedor
Jhon Cleider Garzón, presidente de la JAC de El Progreso, comenta que además de la restricción en el presupuesto siente que las compras o la adquisición de elementos claves para el proyecto se han complicado por que les exigen cotizaciones, facturas electrónicas, entre otros documentos. Aunque siempre han sido cuidadosos con el dinero que manejan, antes lo hacían de forma empírica y ahora deben llevar un mayor control de cada peso que invierten. “Hasta para comprar una libra de puntillas hay que pasar por un proceso de aprobación. Es engorroso, pero estamos saliendo adelante”, dice.
Otras dificultades ha sido por conseguir elementos que normalmente no tienen a la mano, como la maquinaria para cargar el asfalto y realizar las adecuaciones del terreno. Conseguirla ha sido difícil porque son escasas y las pocas que hay se mantienen ocupadas en otras obras. Por eso han tenido que gestionar el préstamo de las maquinarias ante la Gobernación, pero son las comunidades las que deben asumir los gastos de combustible y alimentación de los operarios. Eso eleva los costos que tenían presupuestados en un principio y hace que, en ocasiones, deban meterse la mano al bolsillo para suplir estos requisitos.
Aún sin terminar, la obra ya muestra algunos impactos positivos en el territorio. Uno de estos es la generación de empleo: 12 personas del municipio han sido contratadas en labores como maestros de construcción, contadores, auxiliares administrativos y las llamadas ‘paleteras’ que regulan el tránsito en la vía y fueron capacitadas por el Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena). Esa contratación también ha sido ejecutada con perspectiva de género, pues del total de trabajadores, la mitad son mujeres. Más allá de cumplir con el requisito de emplear a un porcentaje de la comunidad para poder ejecutar la obra, la medida genera oportunidades laborales y aportan al sustento económico del municipio.
Por razones como estas, y por el aprendizaje que todos los líderes dicen haber visto en los desafíos que se han presentado, es que siguen esperanzados en que oportunidades como estas, de ser los que se hagan cargo de la infraestructura de su territorio, se repitan. “Esto ha sido de mucho aprendizaje y nos ha ayudado a conocer las capacidades de cada uno como líder”, dice Garzón, presidente de la JAC El Progreso.
Para que estos proyectos se sigan llevando a cabo y se perfeccionen, Ángela González de la vereda Nuevo Palmichales propone que los procesos no sean tan complejos ni técnicos. “Ojalá lo hicieran de otra forma, que no lo amarren tanto a uno con tecnicismo. Está bien que nos exijan tener personal que sabe del tema, pero en otros aspectos nos exigen como si fuéramos ingenieros y no lo somos”, cuenta González.
Además, dice que procesos como estos ayudan a formarlos y a que los recursos lleguen directamente a las comunidades. “Si estamos haciendo esto es porque lo necesitamos. En cambio, si viene un intermediario nos va a quedar por ahí la mitad del presupuesto. Para nosotros ha sido una buena oportunidad que nos dejen manejar recursos, hemos demostrados que somos responsables y hemos cumplido con todo”, asegura González
"Para nosotros ha sido una buena oportunidad que nos dejen manejar recursos, hemos demostrados que somos responsables y hemos cumplido con todo".
Ángela González, presidente de la JAC de Nuevo Palmichales
Ante esto, Obet Montenegro, habitante de Campo Hermoso, también hace un llamado a los líderes reconociendo las dificultades que implican las apuestas que hacen por la comunidad: “Hay que tener mucha resiliencia, capacidad de adaptación, paciencia y transparencia porque al final, lo que queremos todos, es que se vean los resultados junto con la honestidad de los líderes”
De los dos kilómetros de la vía, la comunidad ya ha pavimentado 900 metros, casi la mitad del proyecto. Todos los días, por el tramo en cuestión, las personas se dispersan entre los que cargan y descargan material, los que supervisan la obra y los que controlan el tráfico con el único fin de cumplirle a la comunidad de Campo Hermoso.
Elkin Sepúlveda es un firmante de paz de 43 años, miembro del Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y con Enfermedades de Alto Costo (CONELAEC). También es padre de dos pequeños, esposo y estudiante de Ingeniería Civil, una carrera que escogió para aportar desde ahí a reducir la enorme brecha de desigualdad que existe en la población con discapacidad en el municipio.
Sepúlveda comenzó su defensa de los derechos de las personas en condición de discapacidad luego de la firma de los Acuerdos de Paz, al sentir que no fueron realmente incluidos y que hizo falta un enfoque diferencial. Desde entonces, fundó la asociación 'No Hay Límites', conformada por alrededor de 40 integrantes, entre reincorporados, adultos mayores y personas con enfermedades.
A través de ese trabajo han logrado cumplir con algunos de sus propósitos: la entrega de un espacio de rehabilitación funcional en el Hospital San Agustín, la creación de un minimercado de autoservicios y un proyecto productivo colectivo ubicado en Pondores. Ahora sueñan con un censo de la población con discapacidad para facilitar su priorización en Fonseca. También con garantías para acceder a la salud, la educación y la vivienda, y con una mayor inclusión laboral, política y social.
“Una persona con discapacidad es una persona, un sujeto político y de derechos. Tiene derecho a trabajar, a estudiar, a emprender, a acceder a la salud y a la educación. (...) Yo espero una política pública de discapacidad real y efectiva, que no sea una casa en el aire como la de Escalona, si no que sea aterrizada”, dice Sepúlveda.
"Yo espero una política pública de discapacidad real y efectiva, que no sea una casa en el aire como la de Escalona, si no que sea aterrizada".
Elkin Sepúlveda
Durante el encuentro de construcción del Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira, se escucharon las propuestas de la mesa con enfoque diferencial en la que participó Sepúlveda. Consonante conversó con él para conocer las principales necesidades y propuestas para garantizar mejores condiciones y oportunidades a las personas con discapacidad en el territorio.
Elkin Sepúlveda: Significa que cada día tengo que esforzarme para estar al nivel de las otras personas. Tener una discapacidad implica un proceso de exigencia permanente para buscar igualdad de condiciones. No debería ser así, porque la ley establece unas acciones afirmativas, que en el papel se leen muy bonitas, pero en la práctica no lo son. La discapacidad no es una limitación para mí, nunca ha sido una limitante. Tengo esposa e hijos, estoy terminando mi carrera de Ingeniería de Sistemas, tengo un rol de liderazgo y soy una persona muy activa. Quizá otros me ven con una discapacidad, pero yo me veo como un ser humano total, normal, común y corriente. Nos hacen sentir diferentes en la medida en que las personas nos ven diferentes.
ES: Demasiado. Hoy Fonseca no tiene un censo de población con discapacidad. Si vas a la Alcaldía para preguntar cuántos somos, no saben. Ahí te das cuenta del nivel de compromiso de los diferentes gobiernos municipales, que utilizan a la población con discapacidad para canalizar recursos, porque llegan dineros a través de las regalías y de la reincorporación con enfoque diferencial. Lo que pasa es que esta población ha sido más vista desde un punto de vista asistencialista que como sujeto político y de derechos. Cuando hablan de personas con discapacidad dicen: démosle 100 mil pesitos a esta gente para un mercadito. Si nos vieran como sujetos políticos y de derechos, pensarían en articular procesos productivos o iniciativas para que una persona en silla de ruedas pueda emprender, por ejemplo.
"Los gobiernos municipales utilizan a la población con discapacidad para canalizar recursos (...) Esta población ha sido más vista desde un punto de vista asistencialista que como sujeto político y de derechos".
Elkin Sepúlveda
Como unos raros. En la calle los niños se sorprenden al ver una persona con discapacidad. En el caso mío dicen: mami, mami, le falta una mano. Los niños son seres inocentes, hacen comentarios sin malicia, pero esa es la sorpresa con la que crece un niño aislado de una población que en Fonseca representa a más de 1.000 personas. Por eso creo que si logramos que los colegios desde la primera infancia atiendan a la población diversa y en condición de discapacidad junto con los que no tienen alguna discapacidad, esa “diferencia” hará parte del entorno cotidiano. Somos vistos así precisamente porque no hay esa interrelación desde niños hasta jóvenes y adultos, sino que siempre permanecemos aislados. Debe haber una inclusión desde la educación.
ES: Me gustaría que tuvieramos las mismas oportunidades que tiene todo el mundo. Que cuando haya una convocatoria de trabajo nos podamos presentar sin ese pensamiento de que seguro vamos a fracasar y que es mejor darle el emprendimiento a otra persona. Una persona sin discapacidad termina la universidad y tiene la posibilidad de trabajar, pero una persona con discapacidad tiene que hacer una especialización o una maestría para poder ser visto al nivel de la persona que ni siquiera la tiene, entonces hay que igualar las oportunidades y aplicar la ley con ajustes razonables y acciones afirmativas, que son las medidas para que la población que tiene una discapacidad quede al mismo nivel de las demás.
Si se midiera a la gente del 1 al 10, a una persona con discapacidad le pondrían un 3 en una convocatoria por su condición. Nos ponen a competir en un proceso igualitario, pero que no es equitativo. Esa discriminación en la empleabilidad de la población con discapacidad ha hecho que no quieran estudiar porque para qué estudio, para qué me preparo si como estoy en silla de ruedas no me dan el trabajo. O para qué preparar a mi niño si cuando le ven la carita y ven que tiene síndrome de down no le van a dar el trabajo porque piensan que no es inteligente o que no es competitivo.
ES: El acceso va más allá de una simple rampa. A veces me dan risa algunos lugares porque dicen “aquí tenemos acceso para silla de ruedas”, pero toca pedir ayuda de dos personas y uno jalando adelante. En otros países las carreteras incluyen un sistema de braille para que una persona ciega pueda ir tocando mientras cruza una calle. En Colombia ni siquiera existe un modelo de vivienda para personas con discapacidad. Una vivienda de interés social tiene una puertica de 90 centímetros y unos baños súper chiquitos donde es posible que no pase una silla de ruedas. En eso estamos muy quedados en el país. Valdría la pena tener un modelo de vivienda con enfoque diferencial en lo mínimo. Lo mismo en los baños de los colegios, porque puede que haya una rampa en la entrada, pero si el baño no tiene los soportes para que una persona en silla de ruedas pueda entrar, pues ahí está el problema.
ES: Una persona con discapacidad es una persona, un sujeto político y de derechos. Tiene derecho a trabajar, a estudiar, a emprender, a acceder a la salud y a la educación. La rehabilitación de una persona con discapacidad debe ser integral, que le permita enfrentarse a la vida e impactar laboralmente, económicamente, socialmente y políticamente sin dejar atrás los procesos de rehabilitación permanentes. Yo espero una política pública de discapacidad real y efectiva, que no sea una casa en el aire como la de Escalona, si no que sea aterrizada. Eso no va a ser de la noche a la mañana, por eso se necesitan acciones concretas. Por ejemplo, si se van a dar 100 casas en el municipio de Fonseca, que prioricen diez de esas casas para población con discapacidad; si se van a abrir 20 plazas de trabajo, que prioricen cuatro de esas plazas para población con discapacidad; si se van a dar ayudas de interés social, que un porcentaje sea para la población con discapacidad.
"La rehabilitación de una persona con discapacidad debe ser integral, que le permita enfrentarse a la vida e impactar laboralmente, económicamente, socialmente y políticamente".
Elkin Sepúlveda
ES: Destinar un presupuesto para contar con un banco de ayudas técnicas para que cuando un usuario necesite reparación de su silla de ruedas pueda ir a ese lugar, le entreguen una en perfecto estado, y reciban la silla de ruedas dañada para que pueda ser reparada y entregada a otra persona que la necesite en el futuro. Eso mismo con las prótesis o con los recursos para prótesis. Así se hace en otros países del mundo.
Para mejorar el acceso educativo, pedimos no solamente la atención de todos los niños por igual, sino que se realice un proceso formativo diferencial para los profesores, que se les permita conectar con los niños en condición de discapacidad.
También un fondo de ayuda a emprendimientos de personas con discapacidad. Hay que ver quienes están en condiciones y tienen las ganas de emprender, para apoyar con recursos esos procesos que potenciarían al municipio y al departamento en temas de inclusión.
En San Vicente del Caguán, las mujeres quieren emprender con sus proyectos productivos, pero no tienen tierras propias para cultivar. Quieren proponer planes, programas y proyectos para beneficiar a otras mujeres, pero sienten que no son escuchadas. Quieren tener autonomía económica y trabajar juntas, pero no disponen de un lugar para llevar a cabo sus encuentros.
Por eso, entre las necesidades y propuestas que piden sean incluidas en los planes de desarrollo municipal y departamental, se encuentra la creación de políticas públicas para fortalecer el acceso y la formalización de tierras, garantizar su participación en la toma de decisiones y la construcción de una nueva Casa de la Mujer.
Estas peticiones van en línea con los objetivos establecidos en el plan de acción anual de la Mesa Municipal de Mujer y Género de San Vicente del Caguán, un espacio de interlocución y diálogo entre las mujeres y las entidades territoriales para crear iniciativas y emprender acciones a su favor dentro del municipio.
La política pública de la Mesa de la Mujer propone, por ejemplo, “contribuir a la transformación de las condiciones sociales y económicas que producen discriminación, desigualdad y subordinación en las mujeres, con el fin de avanzar en la eliminación de la pobreza y de la pobreza extrema y de las barreras que enfrentan para el ejercicio de sus derechos”.
“Es muy importante que las mujeres participen en la sociedad, porque somos parte de ella, no somos ajenas. Somos seres humanos que buscamos una equidad”, dice Raquel Espinoza, líder rural y representante legal de la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí.
"Es muy importante que las mujeres participen en la sociedad, porque somos parte de ella, no somos ajenas. Somos seres humanos que buscamos una equidad".
Raquel Espinoza, líder rural
En el Día Internacional de la Mujer, Consonante compila las principales peticiones de mujeres líderes de diferentes organizaciones rurales y urbanas, trabajadoras sociales e integrantes de la Mesa Municipal de Mujer y Género para los planes de desarrollo tanto a nivel municipal como departamental. Las mujeres esperan que estas propuestas se reflejen en las hojas de ruta del alcalde Luis Trujillo y el gobernador Ruiz Aguilar.
Las mujeres del área rural de San Vicente del Caguán coinciden en lo difícil que es lograr la titulación de predios, legalizar las organizaciones rurales y sacar adelante sus iniciativas en medio del conflicto de tierras entre Caquetá y Meta. Esto, consideran, obstaculiza el acceso de las mujeres a los proyectos productivos en seguridad alimentaria, producción de especies menores, mejoramientos de praderas, entre otros.
“No es suficiente con el reconocimiento como campesinos sujeto de derechos cuando los acuerdos plasmados en La Habana no han iniciado para estos territorios”, considera Raquel Espinoza, representante legal de la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí, Aampy. “Ni porque somos municipios PDET se ha visto algo, no sé a quiénes les han entregado tierra porque en esta zona no”, agrega.
“No es suficiente con el reconocimiento como campesinos sujeto de derechos cuando los acuerdos plasmados en La Habana no han iniciado para estos territorios”.
Raquel Espinoza, líder rural
Para Espinoza, es vital acceder a la tierra, ya que “no podemos hablar de proyectos productivos cuando no hay donde sembrar la mata de cebolla”. Por eso, dice, las mujeres esperan que el Programa de Adjudicación para Mujeres Rurales, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se trabaje para este cuatrienio en colaboración con la administración municipal y la departamental. Así quedó consignado en el documento de propuestas de la Mesa Municipal de Mujer y Género de San Vicente del Caguán para el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.
“Esperamos se pueda trabajar de la mano de la Gobernación del Caquetá para la adjudicación y formalización de la propiedad rural a nuestras mujeres campesinas urbanas y rurales (...) Vemos la necesidad de que el fortalecimiento de sus procesos sea en formulación, presentación, gestión y ejecución de proyectos, para de ésta manera gestionar recursos de otras fuentes de financiación como son los recursos de cooperación”, se lee en el oficio enviado al alcalde Luis Trujillo.
De acuerdo con las propuestas de las mujeres, es necesario que “desde la Gobernación del Caquetá se maneje una plataforma que permita informar los procesos sociales en general, así como las convocatorias públicas y privadas, motivando la búsqueda de recursos para el cumplimiento de sus funcionalidades”, dice el documento.
De acuerdo con Lizeth Ramírez, quien trabaja en iniciativas sociales para mujeres y jóvenes, son las mujeres las que proponen iniciativas ambientales y de seguridad alimentaria. “La creación de huertas caseras nos llama la atención. Siempre han sido las mujeres pensando en sostener su familia, pensando en sostener sus hijos”, dice.
En San Vicente las mujeres han reclamado por más de diez años la construcción de un espacio para hacer reuniones, actividades y trabajar en proyectos. En diciembre del 2019 recibieron una casa en comodato por parte de la Alcaldía. Sin embargo, la misma administración advirtió sobre el riesgo de ocupar ese lugar, ya que el inmueble se encuentra en mal estado: la cocina y los baños están destruidos, el techo tiene goteras, las paredes presentan humedad y no hay servicio de energía eléctrica ni de acueducto. Por esta razón, las mujeres no han podido utilizar la casa y reclaman la edificación de una nueva.
Para Oneida Escobar, presidenta de la Mesa Municipal de Mujer y Género, “esa es la gran urgencia y el llamado que le estamos haciendo tanto al ente territorial, departamental como municipal. No disponemos de un espacio, y siempre que queremos reunirnos, nos toca alquilar un lugar", cuenta.
No contar con la Casa de la Mujer, explica, “afecta nuestros emprendimientos”. “El año pasado quisimos capacitarnos en modistería, pero no pudimos hacerlo en la casa porque no teníamos lugar ahí. Al principio nos ubicamos en el solar de otra casa, pero era incómodo. Al final logramos que la sede del Centro Tecnológico de la Amazonía nos brindara un espacio un poco mejor”, recuerda Escobar.
Por eso, Dionilde Rodríguez, líder del barrio Oliverio Castillo, considera fundamental contar con “un espacio para el crecimiento y desarrollo de nosotras las mujeres”. “Si hubiera un computador o la oportunidad para trabajar en artes en la Casa de la Mujer, allá estaría aprendiendo”, dice.
“Queremos un espacio donde nos podamos sentar y apoyarnos. Tenemos el deseo de aprender muchas cosas, pero no tenemos la casa, no tenemos esa oportunidad. Ojalá que Dios permita que algún día tengamos ese lugar”, concluye Rodríguez.
"Queremos un espacio donde nos podamos sentar y apoyarnos. Tenemos el deseo de aprender muchas cosas, pero no tenemos la casa, no tenemos esa oportunidad".
Dionilde Rodríguez, líder del barrio Oliverio Castillo
En San Vicente, buena parte de las mujeres están vinculadas a procesos organizativos y participan activamente en espacios como los consejos territoriales de planeación, paz y de juventudes, así como de las Juntas de Acción Comunal. Incluso desde el Concejo Municipal cinco mujeres intentan abrir el camino de proyectos que beneficien a otras. A pesar de esa representación, las mujeres sienten que no son realmente escuchadas y que sus propuestas no son tenidas en cuenta.
“Siento que todavía necesitamos ser más reconocidas. Normalmente en las organizaciones y las comunidades, a pesar de que participan un número grande de mujeres, quienes toman las decisiones siguen siendo los hombres, ocasionando que las mujeres no se sientan totalmente representadas o tomadas en cuenta. Hemos venido trabajando fuertemente por la equidad de género, pero se siguen presentando barreras”, cuenta Lizeth Ramírez.
"A pesar de que participan un número grande de mujeres, quienes toman las decisiones siguen siendo los hombres, ocasionando que las mujeres no se sientan totalmente representadas o tomadas en cuenta".
Lizeth Ramírez, trabajadora social
Para Jennifer Rodríguez, concejal del municipio y líder social del área rural, aunque “la mujer está ocupando espacios importantes en la política, el nivel de inclusión no es marcado porque es una lucha que lleva muchos años”. Por eso, cuenta Rodríguez, se trabaja en la formulación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo para crear la Comisión de Género para la captación de iniciativas, planes y proyectos en pro de las mujeres.
Esto teniendo en cuenta la falta de garantías de derechos de participación, que van más allá de cumplir con la cuota de género. De acuerdo con Ramírez, las mujeres necesitan que se tengan en cuenta las implicaciones que hay para ellas cuando asisten a encuentros lejos de su hogar y de su hijos, el costo del transportarse de un lugar a otro y el peligro que corren al levantar su voz.
“Realmente no se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres como mamás y esposas a quienes se les presentan responsabilidades por ser mujeres. A veces no tienen en cuenta los horarios para reunirnos ni las situaciones de riesgo cuando vamos a dirigirnos a ciertos lugares. Hay mucho machismo todavía, es muy difícil. Las parejas a veces no creen en los liderazgos de las mujeres y éso hace que ellas retrocedan, desistan de los liderazgos”, dice Ramírez.
Para Rodríguez es fundamental que las voces de las mujeres de la zona rural trasciendan. “Yo soy del campo, mi representación siempre ha sido en el campo, pero hay muchos espacios a los que no podemos llegar”, lamenta.
Blanca Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Mujeres A Sabor de Campo, de la inspección de Campo Hermoso, lo reafirma, para ella, las oportunidades de participación no se garantizan a todas las mujeres: “Creo que nosotras las mujeres rurales también tenemos derecho a participar en todos los encuentros que haya” Gutiérrez.
La cámara de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas, que generó múltiples reclamos en el sur de La Guajira, fue retirada este 19 de febrero luego de un mes y medio de protestas del gremio de conductores y mototaxistas.
El sistema fue instalado el 30 de diciembre de 2023 y, desde entonces, registró más de 7.000 infracciones de tránsito que fueron notificadas a los infractores. Las multas oscilan entre 500 mil pesos y, en algunos casos, alcanzan hasta los 30 millones de pesos. Esto llevó a los conductores a bloquear las vías durante más de siete horas en los municipios de Fonseca, Barrancas, Albania, San Juan del Cesar y Villanueva.
En respuesta a las protestas, el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca retiró la cámara de fotomultas, instalada por la empresa Milenium System SAS, y se comprometió a eliminar los comparendos reportados en la página web del SIMIT entre el 29 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024, para lo cual fijaron un plazo de máximo 30 días.
Así quedó establecido en un acta firmada por el alcalde de Fonseca Micher Pérez, el secretario de Gobierno Misael Velázquez, el exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte, José Vicente Velázquez; un representante jurídico de Millennium System SAS, el representante de la Mesa de Diálogo y Concertación del sur de La Guajira, Jorge Bolívar; y Fidel Pitre, representante de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira (Asocoopsur), quienes sostuvieron una reunión extraordinaria el 19 de febrero.
Durante el encuentro, también acordaron crear una comisión para “dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante la reunión y coordinar las acciones necesarias para su cumplimiento”, se lee en el acta.
Para Fidel Pitre, líder de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, "la situación se estaba volviendo insostenible”. “En varias ocasiones se lo manifestamos a los dirigentes del tránsito municipal e incluso citamos al alcalde para debatir el tema, pero nadie resolvía nada y cada día las multas aumentaban, convirtiéndose en algo lesivo para todos los que transitan en este tramo vial", indica el líder.
De acuerdo con Pitre, “hasta en el comercio se notaba la afectación causada por las fotomultas, ya que la gente de otros municipios no quería venir a Fonseca por temor a aparecer reportados con algún comparendo".
"Hasta en el comercio se notaba la afectación causada por las fotomultas, ya que la gente de otros municipios no quería venir a Fonseca por temor a aparecer reportados con algún comparendo".
Fidel Pitre, líder de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira
En sus palabras, fue el descontento de cientos de personas “lo que llevó a tomar las vías de hecho y cerrar las carreteras en gran parte del departamento”. Con la finalidad de, según Pitre, solicitar a las autoridades “su mediación para que no siguiera creciendo de manera desbordada la imposición de los comparendos”. Con los acuerdos fijados durante la reunión del 19 de febrero, “ya no hay que hacer ningún trámite para que se desmonten los comparendos detectados por esa fotodetección”, destaca Pitre.
Marlon Molina, comerciante y transportador, celebra la decisión. "Era justo y necesario realizar esta protesta, la verdad esto era algo que me agobiaba porque al revisar la página del SIMIT me encontré con la sorpresa que mi deuda pasaba los 20 millones de pesos, una situación que me tenía al borde de la locura por no poder pagar dicha suma”. Por eso, Molina espera que “se dé cumplimiento a lo pactado y se pare esta problemática que nos llena de mucha preocupación”.
"Era justo y necesario realizar esta protesta, la verdad era algo que me agobiaba porque al revisar la página del SIMIT me encontré con la sorpresa que mi deuda pasaba los 20 millones de pesos".
Marlon Molina, comerciante y transportador
José Ortiz, profesor en el municipio de Barrancas, cuenta que a raíz de la instalación del sistema, tiene 21 multas en el SIMIT por valor de $15.878.040. “El día 30 de enero se me dio por consultar la página y aún no me aparecía nada. Después de escuchar a unos compañeros que aparecieron reportados, el 17 de febrero ingresé nuevamente al portal y me encontré con esa injusticia”.
De acuerdo con Ortiz, “nunca socializaron desde cuándo empezaría a regir el cobro de las fotomultas”. Luego de los acuerdos, dice Molina, “espero poder descansar de esta pena que nos ha causado muchas molestias”.
El secretario de gobierno departamental, Misael Velásquez, contó en una entrevista con Cardenal Stereo que “el alcalde había tomado la decisión de retirar la fotomulta y los comparendos, pero no alcanzó a divulgar y la gente desesperada tomó las vías de hecho en más de diez puntos”. Ante este panorama, dijo Velásquez, “se logró el acuerdo de retirar la cámara de fotomultas y bajar todos los comparendos a quienes fueron objeto de sanción”.
"En la reunión se logró el acuerdo de retirar la cámara de fotomultas y bajar todos los comparendos a quienes fueron objeto de sanción".
Misael Velásquez, secretario de gobierno departamental
Sobre el sistema de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas, el funcionario apuntó que “ese sitio donde estaba ubicada la cámara no es de alta accidentalidad, hay otros puntos más críticos. Preocupa que la autorizó la Agencia Nacional de Transporte en el 2021, pero la aplicaron en el 2023, lo que genera un perjuicio para todos”.
Por su parte, el inspector de Tránsito y Transporte de Fonseca, Julio Blanchard, desmintió en diálogo con Consonante la información que circula en audios falsos a través de WhatsApp sobre que los infractores deben hacer cursos pedagógicos o trámites para eliminar los comparendos del SIMIT. De acuerdo con Blanchard, las personas no necesitan hacer ningún pago o trámite. “En el Instituto de Tránsito y Transporte vamos a continuar con el proceso de descarga como se pactó en la mesa de trabajo”, puntualiza.
Hoy se nota en la floresta un ambiente de alegría...
Y el rumor del ranchería es más dulce y sabe a fiesta.
¡Claro!... si es que está en Fonseca el pueblo y San Agustín
Conmemorando el festín de esta tierra de cantores
En donde los acordeones saben llorar y reír.
En el Carnaval de Fonseca, una celebración impregnada de músicas, danzas, desfiles y tradiciones arraigadas en la cultura del sur de La Guajira, existen personajes, lugares y costumbres representativas que hacen que la fiesta sea popular y única. Aunque muchas de ellas se transmiten de generación en generación, hay otras que se pierden y, por eso, son añoradas en el municipio.
Luego del Carnaval, que este año se realizó del 9 al 11 de febrero, Consonante hizo una selección de algunas de las costumbres que ya no están para recordarlas a través de los fonsequeros: la caseta La Estrella, la comparsa de los Solano, la tradición de los pilones y los personajes La Yeya y El Amigo son algunas de las tradiciones populares que despiertan la nostalgia de la gente.
Como cada año, los carnavales son protagonizados por los ciudadanos que se entregan a las fiestas, desde aquellos que bailan en las comparsas hasta quienes disfrutan en el público. Y son liderados por la Reina Central y el Rey Momo, elegidos por decreto para presidir las festividades.
Las actividades están marcadas por eventos públicos y gratuitos que ya son costumbre en Fonseca: la Lectura del Bando, los desfiles del Carnaval de los Niños, La Guacherna, la Gran Parada, la Batalla de Flores, y, por último, la noche de coronación. Durante estos eventos, los participantes visten trajes coloridos, llenos de lentejuelas y plumas para danzar al ritmo de músicas folclóricas y modernas. En Fonseca suena la cumbia, el mapalé, el garabato, las colitas, el vallenato, la champeta, entre otros géneros.
Aunque estas músicas y formas de vivir las fiestas se mantienen, estas son algunas de las costumbres que se han perdido:
Fue una comparsa que estuvo activa durante 15 años y en la que participaban más de 40 parejas conformadas por niños, jóvenes y adultos. Brisas del Mar era conocida por integrar a todas las generaciones de la familia Solano, quienes dejaron de desfilar hace cuatro años luego de la muerte de las tías Rosa Cecila Solano Bonilla y Virginia Solano Bonilla. A pesar de su ausencia en los desfiles, los Solano son muy recordados porque en varias oportunidades fueron ganadores de la mejor comparsa del Carnaval. “Era una empresa familiar, por llamarlo así, donde todos aportamos desde nuestro saber para que la comparsa se luciera con las danzas y el vestuario que usábamos”, recuerda Leonarda Solano Manjarrez, quien solía llevar la bandera de los Solano.
“Éramos todos de la familia o afines, los esposos, las novias, en fin, tenía que pertenecer a la familia directa o indirectamente para formar parte de la comparsa”, agrega Leonarda.
En Brisas del Mar, los bailarines llevaban vestidos coloridos y llamativos que cada año renovaban. “Eramos tan bailadores que la gente siempre a los que menos ritmo tenían los estimulaban y les hacían cumplidos en la calle por el entusiasmo que le ponían”, cuenta.
Máximo Martínez nació en Cañaverales, corregimiento de San Juan del Cesar, pero vivió gran parte de su vida en Fonseca. En los carnavales, ‘El amigo’ conquistaba los corazones de las personas por su forma de disfrutar las fiestas, sus disfraces coloridos y por llamar siempre a todos diciéndoles “amiga” o “amigo”. Máximo Martínez se paseaba entre la multitud y hacía gestos cómicos para hacer reír a la gente.
“El amigo fue un personaje muy grande y significativo para el Carnaval de Fonseca. Se vestía de mujer, se pintaba los labios, coqueteaba y bailaba. Era una persona que le inyectaba esa alegría a la fiesta y todos lo admiraban”, recuerda Alfonso Álvarez, compositor fonsequero.
Edilson Brito, también compositor, cuenta que “se disfrazaba todos los años y se caracterizaba por cargar siempre una grabadora en el hombro para escuchar música. Era un personaje querido por todos.”
La Estrella fue el lugar predilecto para las fiestas carnavaleras en los años 80 y 90 en Fonseca. Su insignia era una estrella en la puerta principal. Al entrar, las personas se encontraban con un espacio lleno de anuncios publicitarios coloridos, bancas de madera y una pequeña pista de baile donde los visitantes disfrutaban de los bailes carnavaleros.
En sus comienzos, la caseta era reconocida por proyectar películas a modo de teatro de cine, una iniciativa de su propietario Luis Antonio Mendoza Loaiza. Luego de la muerte de Mendoza, también se fue La Estrella.
“Esa caseta fue muy famosa, yo me atrevo a decir que los mejores carnavales después de Barranquilla estaban en Fonseca. Aquí tocaban Nelson Enrique, Jorge Oñate con los hermanos López, Alfredo Gutiérrez, Los Corraleros de Majagual, Lisandro Meza, Adolfo Echeverría y los fonsequeros Faustino Pitre, los caciques, Jesús torres y su conjunto”, recuerda Jose Manuel Romero, un docente fonsequero.
En ese entonces, las fiestas del municipio estaban marcadas por la presencia de grandes grupos musicales en vez de pickup. De esas celebraciones, así como de la caseta, “hoy solo quedan los recuerdos”, dice Romero.
Aurelia Antonia Martinez nació en 1914 en Cañaverales, corregimiento de San Juan del Cesar. Fue Reina del Carnaval y se convirtió en un personaje folclórico por su presencia en todos los desfiles y eventos, así como por su forma de gozar los carnavales, con disfraces llamativos y collares de colores.
Alfonso Álvarez, compositor, cuenta que “ella sobresalió en todas partes porque era un personaje muy grande del Carnaval. Recuerdo que para los carnavales del 2010 me tocó hacerle una canción. Ella tuvo ese lujo de montarse a la tarima y dijo aquí hay Yeya todavía por muchos años. Eso fue en febrero y lastimosamente se nos marchó en abril”.
Se prendió el carnaval temprano en Fonseca
lo voy a disfrutar con agua y maicena
ahí vienen las comparsas con la danza de la Yeya
todos brincan y saltan con la danza de la Yeya
Fue una tradición arraigada en los integrantes de las comparsas y los reyes del Carnaval, que se organizaban para buscar fondos económicos para solventar sus gastos durante las fiestas. Los pilones eran versos acompañados de tamboras en los que se pedía dinero a las familias en Fonseca.
“En Fonseca se ha perdido la tradición de los pilones. Antes las reinas y las comparsas salían en las tardecitas casi en la noche y con los pilones llegaban de casa en casa para pedir colaboración para la reina y su comparsa”, recuerda Miriam Hernández.
Según el relato de Hernández, los pilones “tenían un ingrediente adicional que eran sus disfraces, talcos y pinturas de colores para alegrar más la salida. Al que no daba plata le echaban la pintura en la cara, la ropa o en cualquier parte del cuerpo”. Los pilones decían:
A quien se le canta aquí
a quien se le dan las gracias
a los que vienen de afuera
o a los dueños de la casa…
Más de 50 personas, entre conductores y representantes del gremio del comercio, protestaron este martes 6 de febrero en contra de los comparendos interpuestos tras la instalación de una cámara de fotomultas sin previa socialización en Fonseca. Los manifestantes recorrieron la avenida principal, desde la calle 13 con carrera 22 hasta la carrera 2, donde se encuentra la unidad móvil que registra las infracciones de tránsito.
El sistema de fotomultas fue instalado el 30 de diciembre del 2023 junto a un aviso de detección electrónica por la empresa Milenium System SAS, contratada por el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca. En la primera semana de febrero, los conductores empezaron a recibir multas que van desde los 565.000 pesos y suman, en algunos casos, hasta seis millones de pesos por haber sobrepasado los 30 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad establecido.
Al revisar los comparendos, los infractores expresaron su rechazo al considerar que no se cumplió con la debida socialización del cobro de fotomultas. Además, alegan que esa zona no es de alta peligrosidad en accidentes, por lo que no se requiere una cámara de fotomultas.
De acuerdo con la ley 1843 de 2017, todo sistema para la detección de presuntas infracciones al tránsito debe cumplir con los criterios técnicos de seguridad vial establecidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que incluyen soportar los análisis de accidentalidad y flujo vehicular y peatonal en la zona.
“Tiene que haber un estudio que demuestre que es una zona de alta accidentalidad, que hay elementos de riesgos como tener una escuela muy cerca, donde la alta velocidad puede representar un riesgo. Ese estudio debe ser aprobado por el Ministerio de Transporte para poder expedir la resolución”, explica Víctor Cantillo, investigador y consultor en Ingeniería de Transporte y Movilidad de la Universidad del Norte.
Sin embargo, de acuerdo con Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS, la instalación del sistema de fotomultas en la vía Fonseca - Barrancas cuenta con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Fidel Pitre, uno de los líderes de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, considera que “esa cámara se instaló sin tener en cuenta el traumatismo social y económico. Ya se están viendo esas afectaciones y están llegando los comparendos. Estamos muy preocupados”.
“No queremos repetir la historia, porque la primera vez que pusieron una cámara de fotomultas en ese punto, de forma ilegal, y luego la quitaron, dejaron una cantidad de comparendos que ni pagando nos han bajado. Hoy tenemos ciudadanos y compañeros a los que les han embargado cuentas y el perjuicio ha sido irreparable”, cuenta Pitre.
"Esa cámara se instaló sin tener en cuenta el traumatismo social y económico. Ya se están viendo esas afectaciones y están llegando los comparendos. Estamos muy preocupados".
Fidel Pitre, miembro de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira
Jhon Jairo Otero, un empresario del sector exequial, manifestó su sorpresa al encontrar en la página web del SIMIT que “estaba reportado con una fotomulta del 4 de enero desconociendo la existencia de este dispositivo de detección de velocidad, ya que en ningún medio escuché o leí donde se socializara la instalación de una cámara fotomulta”.
José Ospino, un ingeniero que trabaja en Fonseca y Barrancas, cuenta: “Me aparecieron varias multas en mis dos vehículos que recorren diariamente esa vía”. Uno tiene comparendos por 4 millones 300 mil pesos y el otro por 5 millones 200 mil pesos, dice Ospino. “Nadie me informó hasta cuándo sería el límite de la fotomulta pedagógica. Además, me parece extraño tener estos reportes siendo una persona respetuosa de las leyes, así que espero una respuesta pronta por parte del tránsito de Fonseca para poder resolver esto”, agrega.
Evelmar Ramírez, trabajador de la empresa Dialnet, cuenta que “desde mi empleo me llamaron notificando que a la camioneta a mi cargo le aparecen dos fotomultas que suman más de dos millones de pesos y que debería buscar la forma de cancelarlos, situación que me tiene bastante preocupado porque mi salario no alcanza para pagar todo ese dinero y puedo perder mi empleo”. De acuerdo con Ramírez, “nunca he sobrepasado el límite de velocidad indicado, que es de 30 kilómetros por hora”.
"Esta situación me tiene bastante preocupado porque mi salario no alcanza para pagar todo ese dinero y puedo perder mi empleo".
Evelmar Ramírez, conductor
Andrea Cuesta, estudiante de Ingeniería Industrial, recibió una notificación falsa de fotomulta, “algo que me extrañó porque no tengo ni licencia de conducción ni mucho menos vehículo”. Según Cuesta, “me pedían entrar a un link y me pareció sospechoso, así que fui directo a la página del SIMIT y no me aparecía nada. Los malhechores se están aprovechando de los comparendos y mandan este tipo de correos para estafar”, advierte.
En entrevista con Consonante, Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS, anunció que “estamos analizando si se amplía el plazo de fotomultas pedagógicas, que estuvo desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024”. Esta decisión, en palabras de Peñaloza, se tomaría teniendo en cuenta “el alto porcentaje de infracciones cometidas”.
“Vamos a ver de qué manera le damos manejo a la situación y bajamos los comparendos. Así mismo, le pedimos a la ciudadanía que se culturice frente a las normas viales que se deben respetar para evitar hechos lamentables”, aseguró.
"Estamos analizando si se amplía el plazo de fotomultas pedagógicas, que estuvo desde el 30 de diciembre del 2023 hasta el 14 de enero del 2024".
Miguel Peñaloza, funcionario de Milenium System SAS
De acuerdo con Peñaloza, las personas que registraron sanciones deben “acercarse hasta nuestras oficinas para realizar el procedimiento correspondiente para tumbar la infracción”. De esta forma, los infractores no deberán cancelar las multas pero sí “hacer unos cursos obligatorios para poder quedar a paz y salvo del proceso”.
Fidel Pitre, miembro de la Asociación de Cooperativas de Transporte del Sur de La Guajira, asegura que, en caso de no ver resultados, “el gremio, la comunidad y los comerciantes iniciaremos una toma pacífica”. “No vamos a aceptar más atropellos por parte del Tránsito Municipal de Fonseca”, agrega.
Desde hace tres meses, 1.020 familias se asentaron en un terreno de 20 hectáreas destinado a la construcción de viviendas de interés social en San Vicente del Caguán. Los habitantes se organizaron para construir cambuches de lona y casas de madera como respuesta al incumplimiento por más de diez años de la Alcaldía.
A lo largo de tres administraciones municipales encabezadas por Domingo Emilio Pérez (2012–2015), Humberto Sánchez Cedeño (2016-2019) y Julián Alfredo Perdomo (2020-2023), los sanvicentunos esperaron la entrega de alrededor de 810 viviendas en la urbanización Villas de Marsella y 180 viviendas en Villa Joel.
Ante el constante incumplimiento, las familias, muchas de ellas de escasos recursos y víctimas del conflicto armado, se tomaron el sector conocido como Los Tubos, que llamaron Cataleya I. También ocuparon un terreno baldío del barrio La Orquídea, que bautizaron como Cataleya II, y una zona aledaña al humedal Yarumal, en la vía Palestro.
Para levantar su propia urbanización, los habitantes escogieron un vocero por manzanas distribuidas en 20 hectáreas. Las familias han contado con el acompañamiento de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios Ambientales y Sociales (Coscopaz) y la guardia campesina del Losada Guayabero, un colectivo de protección territorial. Ambas organizaciones les han brindado apoyo técnico para su organización jurídica. En el caso de Yarumales, las 110 familias ya cuentan con Junta de Acción Comunal, mesa directiva y comités de concilio, deporte y trabajo.
Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I, cuenta que para todas las familias “la necesidad es muy fuerte”. “Al principio no teníamos agua, gracias a Dios ya tenemos. No tenemos energía y tampoco teníamos alcantarillado, así que tuvimos que hacer pozos sépticos”.
“Muchos somos padres y madres de familia, estamos acá por la necesidad. Necesitamos que el gobierno nos ayude, así sea que a todos nos toque pagar los lotes o reubicarnos en otro sitio porque también sabemos que este terreno era para otro proyecto, pero queremos que nos ayuden porque somos muchas familias, niños y ancianos que necesitan un techo donde vivir”, agrega Valverde.
"Muchos somos padres y madres de familia, estamos acá por la necesidad. Necesitamos que el gobierno nos ayude, así sea que a todos nos toque pagar los lotes o reubicarnos en otro sitio".
Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I
En eso coincide Ramón Antonio Rojas Martínez, un mototaxista habitante de Cataleya I. Para Rojas, lo más importante es tener “una casa, algo para habitar, porque el trabajo que uno tiene no da para mucho, alcanza solo para comer y para sobrevivir”.
Yuri Sisa, madre de dos niños y empleada doméstica, se mudó al asentamiento Yarumales porque “el sueldo para casi todas las mujeres es muy bajito, nosotras las las señoras que trabajamos en casa de familia no tenemos un salario mínimo y yo pagaba arriendo, pero no me alcanza”.
De acuerdo con Sisa, “lo único que le pedimos al gobierno es que nos den la oportunidad, que uno va pagando así de a poquito, porque uno no tiene toda la plata para conseguir un lote legalizado”.
Para mejorar las condiciones de vida en Yarumales, Shirley Muñoz, auxiliar de enfermería, le pide al alcalde que “trabajen de la mano” con las familias. “No queremos que nos regalen nada, pedimos un financiamiento para ir cancelando el lote”, dice Muñoz, quien destaca el trabajo de la comunidad. “Entre nosotros hemos construido la tubería, las cunetas y los pozos sépticos”, cuenta.
"Lo único que le pedimos al gobierno es que nos den la oportunidad, que uno va pagando así de a poquito, porque uno no tiene toda la plata para conseguir un lote legalizado".
Yuri Sisa, habitante de Yarumales
Para contar con el servicio de agua potable, las familias consiguieron el apoyo de Aguas del Caguán, cuenta Eduar Fabián Cano Almario, vicepresidente de Yarumales. Su prioridad ahora es lograr la ayuda de Electrocaquetá para contar con energía eléctrica. Sin embargo, dice Cano, “hemos hablado de eso en la comunidad, pero todavía la electrificadora no nos ha sacado el tiempo para dialogar”.
El alcalde de San Vicente del Caguán Luis Trujillo se reunió en diciembre del año pasado con un grupo de habitantes de Yarumales, Cataleya I y Cataleya II para escuchar sus necesidades y peticiones.
En una segunda reunión, que se realizó el 10 de enero de este año, el alcalde y su gabinete de trabajo anunciaron que adelantan gestiones de concertación con el Ministerio de Vivienda y Comfaca, la caja de compensación familiar para el Caquetá. Además, contó que se trabaja en un proyecto de acuerdo para presentar ante el Concejo Municipal en aras de resolver la situación, según informó el medio la Ventana Digital en su página en Facebook.
Luego de estos encuentros, Ariannys Milagros Valverde, residente de Cataleya I, cuenta que se espera que la Alcaldía realice un censo para conocer la situación de vulnerabilidad de las familias que habitan los asentamientos. “Viene una caracterización lote por lote, casa por casa, para hacer un filtro. Los estamos esperando en cualquier momento”, dice.
De acuerdo con Domingo Emilio Pérez, exalcalde del municipio, para sacar este tipo de proyectos adelante es muy importante que se “instale una mesa técnica con el gobierno nacional, departamental, municipal y con la constructora”. Y advierte: “hay un déficit de vivienda que debe estar incluido en la agenda de todo alcalde porque forma parte de la garantía de los derechos de las personas”.
Desde hace cuatro años, la Casa de la Mujer en San Vicente del Caguán permanece cerrada. El inmueble, ubicado en el barrio Las Villas, fue cedido en comodato a las mujeres en un estado de deterioro: la cocina y los baños están destruidos, el techo tiene goteras, las paredes presentan humedad y no hay servicio de energía eléctrica ni de agua. La casa tampoco está en condiciones de ser remodelada, según reconoció la administración municipal, porque hacer obras representa un riesgo para las personas.
Ante la falta de un espacio digno, las mujeres se han visto obligadas a detener sus proyectos de modistería, aromáticas y artesanías, así como a buscar espacios alternos para hacer sus reuniones. Las máquinas de cóser y los implementos de oficina que habían recibido como donación están guardados y sin usarse.
Este 26 de enero, las integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres y Género elaboraron un documento dirigido al gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruiz Aguilar para solicitarle que incluya la construcción de una nueva Casa de la Mujer en el Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027.
“Desde hace más de diez años las mujeres estamos en la lucha por tener un espacio propio de encuentro y capacitación, que sea un centro integral de servicios donde nos podamos encontrar, trabajar juntas, capacitarnos y fortalecer todas las acciones de emprendimiento y formación”, se lee en la carta.
Para las mujeres, contar con la Casa de la Mujer Renacer Yariseño les permitirá “impulsar el empoderamiento económico, educativo, político y el derecho a una vida libre de violencias”. Además, servirá para “seguir apostándole a la transformación del territorio y el fortalecimiento del tejido social”, dice el documento.
De acuerdo con Zunilda Córdoba, mujer campesina y líder comunal de la vereda Puerto Berrío, “la casa que nos dieron en comodato hace cuatro años nunca la pudimos usar porque estaba bastante deteriorada y en riesgo de caerse”.
“El sueño de todas las mujeres sanvicentunas es tener nuestra casita. Eso es por lo que más hemos luchado (...) Nos han salido muchos proyectos y por no tener la casa nos hemos perdido de participar”, agrega Córdoba.
“El sueño de todas las mujeres sanvicentunas es tener nuestra casita. Eso es por lo que más hemos luchado (...) Nos han salido muchos proyectos y por no tener la casa nos hemos perdido de participar”.
Zunilda Córdoba, líder comunal de la vereda Puerto Berrío
Adela Molano, líder comunal y emprendedora, cuenta que “nos sentimos engañadas por el alcalde saliente [Julián Alfredo Perdomo Losada] porque nos dejó mucho tiempo así y nunca realizó las cosas”. Según Molano, “somos muchas las mujeres que sabemos de modistería, manualidades y artesanías. Podríamos sacarle mucho provecho, hay muchas cosas por hacer, pero no tenemos el sitio adecuado para eso”.
"Somos muchas las mujeres que sabemos de modistería, manualidades y artesanías. Podríamos sacarle mucho provecho, hay muchas cosas por hacer, pero no tenemos el sitio adecuado para eso".
Adela Molano, líder comunal y emprendedora
Para Yaqueline Suaza Medina, integrante de Asomupiel, una asociación que fabrica aromáticas, la Casa de la Mujer debe ser “un lugar en el que nos podamos encontrar al menos 20 organizaciones de mujeres de San Vicente del Caguán”.
En eso coincide Sandra Blanco, fundadora de la Fundación Saber Crear, que promueve el arte en niños y mujeres. Según Blanco, la casa serviría también para ofrecer estadía a mujeres y niños que, por ejemplo, “tienen una capacitación y no tienen donde quedarse un par de días”.
Para poder poner en marcha sus proyectos, las mujeres tomaron la iniciativa de buscar un espacio que fuera arrendado por la administración municipal, pero se encontraron con una serie de exigencias que los arrendadores no podían asumir. “No fue posible arrendar un espacio por la cantidad de requisitos exigidos por la administración para el arrendador”, cuenta Oneida Escobar, representante de las artesanas y presidente de la Mesa Municipal de Mujeres.
Las mujeres están a la espera de la respuesta del gobernador Luis Francisco Ruiz, quien escuchó sus propuestas durante los Diálogos de Convergencia Regional, y les prometió gestionar recursos propios o con cooperantes para ponerles a disposición un espacio digno.
En ese mismo encuentro, el alcalde de San Vicente del Caguán Luis Trujillo Osorio le manifestó a un grupo de delegadas de la Mesa Municipal de Mujeres que revisará predios que son propiedad del municipio para que se construya allí una nueva casa . El mandatario agendó una reunión para escuchar las peticiones de las mujeres el jueves 1 de febrero, pero canceló a última hora.
“Esperamos que los resultados de una próxima reunión sean positivos para la mesa y así obtener por fin un espacio donde nosotras las mujeres podamos reunirnos y fortalecernos más. Y planear los objetivos de este 2024”, dice Oneida Escobar Obando, presidenta de la Mesa Municipal de Mujeres de San Vicente.
En Tadó, las y los estudiantes regresaron a clases el 15 de enero con la ilusión de aprender y compartir con sus compañeros en medio del deterioro físico y la falta de recursos que persisten en las instituciones educativas: baños destruidos con baterías sanitarias dañadas, techos con goteras, salones sin ventiladores, falta de computadores y, en algunos casos, ausencia del servicio de transporte escolar.
Esta situación afecta los colegios Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Pobreza, Normal Superior Demetrio Salazar Castillo y el Instituto Técnico Agroambiental. Los alumnos de la institución Nuestra Señora de Fátima sede Mumbú, por ejemplo, reciben las clases en una casa comunal debido al estado tan deteriorado de sus instalaciones.
Ante ese panorama, algunos rectores elaboraron informes y enviaron cartas al alcalde Juan Carlos Palacios solicitando su apoyo urgente para gestionar e intervenir en la mejora de las condiciones de cada plantel educativo. Y, en el caso de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, hacer frente a una deuda que asciende a más de 30 millones de pesos por el servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con Carlos Copete Gómez, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima, las once sedes necesitan intervenciones que van desde “el mejoramiento de las plantas físicas hasta la dotación de ventiladores”.
“Esperamos que el alcalde realice las gestiones pronto y puedan llegar a las instituciones los elementos que necesitamos para el funcionamiento adecuado: buenos pupitres, baños, computadores y servicio de transporte”, dice Copete.
"Esperamos que el alcalde realice las gestiones pronto y puedan llegar a las instituciones los elementos que necesitamos para el funcionamiento adecuado: buenos pupitres, baños, computadores y servicio de transporte".
Carlos Copete Gómez, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima
Entre las peticiones escritas en su informe también está la contratación de cuatro buses escolares, teniendo en cuenta que el servicio de transporte que prestan los dos buses actuales resulta insuficiente. “Deben hacer varios recorridos y los estudiantes deben madrugar demasiado y se exponen notablemente ya que la institución no cuenta con vigilancia”, se lee en la carta.
Por su parte, la rectora de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, Eude Celina Ramírez, cuenta que “aunque todas las instituciones tienen problemas similares, la mía necesita mucha inversión ya que las instalaciones presentan problemas generales y no contamos con ventilación adecuada ni con un auditorio”.
En su carta, la rectora también manifiesta que se necesitan cubiertas para cuatro espacios deportivos, el mantenimiento de los pisos de tres salones y nuevo material escolar: 200 computadores, 300 pupitres, 500 sillas y 70 escritorios para el cuerpo docente. Además, destaca la importancia de cumplir con las obligaciones financieras de la institución, entre las cuales se encuentran el pago de 30 millones de pesos por el servicio de energía eléctrica, cuatro millones de pesos por agua y dos millones de pesos por el internet.
Guido Ledesma, coordinador académico del Instituto Técnico Agroambiental, cuenta que “desde el colegio principal hasta las escuelas necesitan baños para que los estudiantes hagan sus necesidades”. Además, “el colegio viene con dificultad hace muchos años en el servicio de transporte escolar porque el bus que tenemos tiene más de diez años, ya cumplió su ciclo, se vara mucho y la mayoría de los recursos se nos van en reparación del mismo”.
"El bus que tenemos tiene más de diez años, ya cumplió su ciclo, se vara mucho y la mayoría de los recursos se nos van en reparación del mismo".
Guido Ledesma, coordinador académico del Instituto Técnico Agroambiental
Finalmente Marcial Blandon, rector de la institución Nuestra Señora de la Pobreza, cuenta que, aunque todavía no se ha hecho el diagnóstico, sabe que se necesita la construcción de varias aulas en la sede San Pedro y un sistema de encerramiento en la sede Reinaldo.
Carmen Copete, madre de una estudiante de la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo, cuenta que “el colegio necesita que lo mejoren, los salones necesitan ventilación o aire acondicionado ya que nuestros niños y niñas se sienten sofocados o desesperados por el calor y quieren salirse de los salones”.
“El colegio tiene maleza, le falta pintura, adecuación de los baños, arreglo de la cubierta y un auditorio o salón para reuniones de padre de familia”, agrega Copete.
Sobre la escuela Francisco Miranda, Leidy Mosquera, madre de familia, dice que “es una escuela muy vieja y está en mal estado”. “El área de recreación y deporte donde forman los estudiantes necesita adecuación y el comedor necesita elementos para que los niños se sienten a comer tranquilos. Esta escuela tiene parte del techo que cuando llueve hay goteras impresionantes”, denuncia.
"El área de recreación y deporte donde forman los estudiantes necesita adecuación y el comedor necesita elementos para que los niños se sienten a comer tranquilos. Esta escuela tiene parte del techo que cuando llueve hay goteras impresionantes".
Leidy Mosquera, madre de familia
El alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios, reconoce que “tenemos deterioro más de un 50% de las instituciones educativas”. “Hoy estamos muy mal en infraestructura. He podido constatar y sí es verdad que debemos trabajar en armonía para lograr esa dignidad en materia educativa”, dice.
De acuerdo con el mandatario, desde la administración se han hecho gestiones para presentar las necesidades ante el Ministerio de Educación. “Haré todo lo posible para que en el primer semestre logremos hacer ese trabajo de dignificar nuestros planteles. Próximamente vamos a entregar algunos inmobiliarios y trabajaremos de la mano con los rectores para ver cómo logramos mejorar la educación en el municipio”, asegura Palacios.
"Haré todo lo posible para que en el primer semestre logremos hacer ese trabajo de dignificar nuestros planteles. Próximamente vamos a entregar algunos inmobiliarios y trabajaremos de la mano con los rectores para ver cómo logramos mejorar la educación".
Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó
A pesar de contar con un convenio firmado con la Alcaldía, a través del cual las instituciones educativas recibían recursos económicos con el propósito de 'fortalecer la calidad educativa', los rectores coinciden en que estos fondos resultan insuficientes. Según Carlos Copete Gómez, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro, los fondos solo cubrían el pago de transporte, servicios públicos y el mantenimiento de algunas sedes.
Ante esta situación, el alcalde Palacios asegura que la nueva administración revisará los convenios para “tomar una buena decisión”. “No sabemos todavía si continuaremos con los convenios hasta que no hagamos la revisión para no errar y que los procesos educativos funcionen de la mejor manera”.
De acuerdo con Brenda Mosquera, coordinadora de educación municipal, “tenemos unos recursos mínimos para intervenir y mitigar la situación. Vamos a resolver los problemas más avanzados y luego realizar gestiones para solucionar el problema de fondo debido a que la razón de ser de nuestro municipio son sus niños”.
Cuando Norma Caicedo Mosquera era una niña, creía que los bebés eran traídos por una cigüeña que viajaba desde París hasta Tadó. La primera vez que vio a un niño salir de una vagina tenía ocho años. Era su madre quien estaba dando a luz a dos mellizos y Norma quedó tan impresionada de ver el parto que empezó a seguirle los pasos a su mamá y a su abuela, ambas parteras tradicionales, para ayudarles a traer niños al mundo.
En Tadó, Norma es una partera muy reconocida. Y como ella, muchas se dedican a ayudar a las mujeres a parir, a cuidarlas durante el embarazo, hacer seguimiento a su alimentación, preparar tomas y baños con plantas medicinales para curarlas y acompañarlas hasta que hayan cumplido los cuarenta días después del parto.
Pero por esa atención y cuidados, las parteras no reciben un pago. La mayoría ofrecen sus servicios como ayuda a las mujeres que no pueden llegar a un centro médico, y entonces atraviesan carreteras destapadas, cruzan quebradas, ríos y zanjas con tal de llegar a tiempo. A cambio, reciben entre 50.000 y 60.000 pesos, e incluso lo que puedan reunir las familias como agradecimiento eterno a su labor.
Para los parteros y las parteras en Tadó, este es un don heredado por sus madres y abuelas. Un saber empírico que hace parte de las prácticas ancestrales afro, indígenas y campesinas, pero que históricamente ha sido incomprendido, excluido y mal remunerado. Por eso, la declaratoria de la partería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que se anunció el 6 de diciembre de 2023, las llena de ilusión y alegría. Norma Caicedo Mosquera espera que por fin sean reconocidas y remuneradas por sus conocimientos, habilidades y prácticas.
Norma Caicedo Mosquera: No puedo describir ni dar una fecha, porque ser partera es un camino que se inicia con una semilla, viendo lo que hace la mamá, la abuela o la vecina. El primer parto lo vi a los ocho años, cuando no sabía que los niños nacían por la vagina. Yo tenía entendido que los bebés venían de París y los traía la cigüeña. En ese tiempo mi mamá estaba en embarazo. Empezó con un dolor de estómago y ahí me dijo que llamara a una partera y yo la llamé. Ese día vi que era un servicio que uno prestaba y que era tan gratificante, porque una partera cuando está parteando se toma ese trabajo como si fuese su propia hija o hijo. Eso me motivó a convertirme en partera. Cuando vi cómo se abría la vagina, como un globo que se infla, y salía una criatura, fue el momento más bonito. Desde ahí mi abuela me llevó a sus partos para que fuera aprendiendo. A los 14 años me fui a Charco Negro con mi abuela y me dijo venga coja el bebé y yo le corté el ombligo, ya sabía cómo hacerlo. Ya ahí me lancé a partear y no llamaba a mi abuela, ella después veía y me decía: mija, ya usted es una partera.
N.C.M: Es una gran responsabilidad, una vocación. Ser partera es ser escogida por Dios para cumplir con la misión de ayudar a traer un hijo al mundo. Es salvar a la madre y al niño. A veces una debe atender a personas de otros grupos que no conoce y que necesitan una partera. Una se mete en medio de aguaceros en la carretera, cruza quebradas, pasa por el río crecido, pendiente de una culebra, para atender los partos.
"Una partera se mete en medio de aguaceros en la carretera, cruza quebradas, pasa por el río crecido, pendiente de una culebra, para atender los partos".
Norma Caicedo Mosquera
N.C.M: La mejor lección que me dejó mi abuela es que debemos partear sin mirar a quien. Antes el que parteaba hacía las veces de padrino y se convertía en parte de la familia. Si alguien se peleaba con una partera, los demás le decían: hija, si esa mujer te sacó a vos misma, cómo vas a pelear con ella, más bien ayúdale a esa muchacha. Por eso mi abuela decía “haga el bien sin mirar a quien”, porque a nadie se le niega una ayuda, así sea su enemigo. Si alguien pide ayuda es porque la necesita y si usted no cumple con este don mi Dios le cobra eso.
N.C.M: Sentí una gran felicidad cuando escuché en el noticiero que nos habían declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sentí alegría, pero también tristeza porque nuestras matronas murieron sin tener reconocimiento de nada. Yo le doy muchas gracias al presidente Petro y las parteras de Buenaventura, a la Asociación y todas quienes lideraron esos proyectos, pero también le digo al Gobierno: así como nos reconocieron como luchadoras de la salud, que también nos reconozcan con incentivos económicos. Algunas parteras ya no pueden trabajar porque son muy mayores, les duele la espalda, la cintura. En la pandemia a los médicos les reconocieron pero a nosotras no nos llegó un peso y seguimos prestando el servicio.
N.C.M: Nos están reconociendo lo que nunca nos han reconocido, pero no nos pagan bien. Cuando yo inicié como partera a nosotras no nos pagaban. A veces nos daban regalos, una gallina, o nos daban buen trato. A la fecha de hoy nos pagan hasta 100.000 pesos pero en dos o tres cuotas.
Nos están reconociendo lo que nunca nos han reconocido, pero no nos pagan bien. (...) En la pandemia a los médicos les reconocieron, pero a nosotras no nos llegó un peso y seguimos prestando el servicio.
Norma Caicedo Mosquera
N.C.M: Mire, yo estaba en mi casa durmiendo con mi esposo. Había llovido mucho y de repente la puerta sonó tum, tum, tum y me dijeron que una mujer andaba con dolores sola, entonces me fui para su casa que estaba al lado de una quebrada. Vi un montón de pescados ahí y nosotros teníamos una situación mala, pero no alcanzaba a cogerlos. Ella no tenía cama, entonces cogí unos cartones, los doblé y los puse encima de una tabla y ahí parió. Cuando ya terminé eran como las tres de la mañana y llegó un vecino a pedir ayuda porque había otra mujer que necesitaba una partera. De ahí salí para donde la otra mujer y llegué a mi casa después de dos partos sin comer, sin un solo peso y sin ningún pescao (risas).
N.C.M: Ahora usamos tijeras y alcohol, pero antes no teníamos y era con machete y agua que se hervía en el fogón. En vez de gazas usábamos trapos y hacíamos los partos con la mano sin protección, nos lavabámos las manos bien y teníamos las uñas bien corticas. Ahora no podemos estar sin guantes por tantas infecciones y enfermedades. Las plantas también son muy importantes. Cuando la mujer tiene hemorragias nosotras les hacemos tomas con plantas medicinales y las ponemos en diferentes posiciones. Aunque yo he tenido más de 80 partos y no me ha tocado una mujer con hemorragias.
N.C.M: A mí me tocó una señora, una prima hermana mía, que tenía como 12 días de estar con dolor. La llevaron al médico y le dijeron que todavía no iba a parir. Cuando le toqué eso allá abajo estaba blandito y botaba agua de sangre. La mandé al médico pero la regresaron de nuevo a la casa. Le conté a mi mamá y sacamos cuentas y la mujer ya estaba pasada. Como a las tres de la mañana me llamaron y me dijeron que estaba pasando una cosa más fea. Fui y le saqué un niño que tenía más de un metro, la cabeza no se formó, le creció solo el cabello y las piernas, pero el cuerpo parecía un acordeón. Fue el único parto de un bebé muerto. Cuando la mamá lo vio, lloró asustada.
N.C.M: Es muy importante saber qué planta se debe usar en qué momento. Lastimosamente con las fumigaciones no tenemos tantas a la mano como teníamos antes. Antes si usted necesitaba una planta para una madre parida que debía botar la maleza, para las parteras, para pujar, para lo que sea, siempre había una. Nosotras las parteras nos vamos compaginando con las plantas y su esencia, para unirlas y hacer jarabes, bebedizos y baños. Si una mujer siente un dolor, uno pica las plantas y las pone a hervir, cuando está caliente se pone en un balde y se tapan La mujer que recibe ese vapor se cura.
N.C.M: No solo en Tadó, en ninguna parte debe morir la partería. Nosotras estamos dispuestas a sembrar esa semilla y a enseñar. Ahora como están las parteras no vemos que somos tan valiosas, que este es un servicio muy importante para las mujeres y los hospitales. Hay muchas mujeres embarazadas que están listas para parir y no pueden por la crisis de los hospitales que no tienen cómo atenderlas.
"No solo en Tadó, en ninguna parte debe morir la partería. Nosotras estamos dispuestas a sembrar esa semilla y a enseñar".
Norma Caicedo Mosquera
N.C.M: Yo dejaré de ser partera cuando me muera. Yo he parteado a amigas, a personas que no conozco, incluso a una que pensaba era mi enemiga. Había una mujer que hablaba mal de mi y que cuando estaba con dolores llamó a una patrona de patronas, a mi tía Rosa Elena. Mi tía me pidió que la ayudara a atender el parto, yo hice mis cosas y la mujer parió a su hija. Esa muchacha es ahora como hija mía.
N.C.M: Que se anime, que se capacite. Si tiene ese sueño y esa vocación, seguro va aprender. Solo necesita tener coraje y encontrar a una partera con paciencia. No piense que va a tener plata ni que se va a enriquecer. Si le digo eso sería una mentira. Ser partera es gratificante porque una recibe el reconocimiento de las personas y va a estar contenta por ayudar a mujeres y familias. Va a llegar a la casa y todos, la mamá, la abuela, todos esperan por usted como un ángel. La esperanza la ponen en uno. Cómo voy dejar ese trabajo tan bonito, yo nunca pensaría en dejarlo.
A días de las elecciones regionales en Colombia, cuando se conocían las propuestas de los candidatos a la Alcaldía pero no lo que pide la gente, el equipo periodístico de Consonante recorrió las calles de Tadó y El Carmen de Atrato, en el Chocó, y Fonseca y San Juan del Cesar, en La Guajira, para escuchar las necesidades urgentes y las emociones políticas de la ciudadanía. Este especial, que incluye texto, video e imagen, reúne más de cien voces que expresan los requerimientos de las personas para los nuevos alcaldes y alcaldesas.
¿Qué sentido tiene buscar justicia desde lugares donde la impunidad es muy alta y no se garantizan ni siquiera los derechos fundamentales? Esta es una serie de historias que narran la lucha de madres, hijas, campesinos y campesinas, jóvenes y comunidades de regiones diversas para visibilizar qué entienden, cómo abrazan y cómo calman su idea de justicia. A través de este especial, Consonante acompaña los trabajos de periodistas regionales de los departamentos del Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia, Nariño y Putumayo.
El Festival del Retorno es una de las festividades más representativas del Caribe colombiano, que se realiza hace más de 50 años en Fonseca. Aunque este encuentro surgió para fomentar y celebrar el folclor, con los años ha perdido su razón de ser. En esta serie de tres historias se cuenta cómo los políticos se han adueñado del evento, los jóvenes no encuentran un lugar y los decimeros están en el olvido institucional.
Durante siglos, el río Ranchería ha regado las tierras del sur, de la media y parte de la alta Guajira. Es el más importante, pero también el más impredecible. Por eso fue construida una represa que aunque se contempló hace 40 años, fue entregada incompleta en el 2010. Hoy el Ranchería no solo no vierte como antes sus aguas en el delta; sino que el agua dulce no llega a varios corregimientos. ¿Cómo es vivir sin agua en medio de una península? Este especial cuenta las maromas que hacen los vecinos de la represa. que embalsa 198 millones de metros cúbicos de agua, para abastecer a sus hogares.
La trágica muerte de Eliécer Daza Cuello, un obrero de 47 años que cayó en una zanja de seis metros de profundidad mientras hacía oficios varios en una obra, dejó al descubierto las deficiencias de seguridad en la construcción del sistema de alcantarillado en Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano, en San Juan del Cesar. Consonante investigó el caso y expuso las irregularidades que pusieron en peligro la vida no solo de los trabajadores, sino de los habitantes del corregimiento: huecos y zanjas sin señalización en las vías, alcantarillas destapadas, falta de protocolo de seguridad, ausencia de entibación, un sistema de contención que mantiene estable las zanjas.
La empresa Atico Mining, que opera la única mina de cobre activa en el país, tiene una deuda con la nación por más de 87.900 millones de pesos y su licencia de explotación está vencida desde hace 18 meses. Sin embargo, continúa funcionando y su poder sigue intacto: es la principal fuente de trabajo en el municipio, los últimos tres alcaldes han sido empleados de la compañía y su influencia social es evidente. En este reportaje, Consonante investiga las irregularidades de la empresa: desde las deudas, los amparos que le permiten seguir operando, las estrategias para tener todo a su favor y los lazos tan estrechos con la Alcaldía.
En la vereda ‘Pueblo Paz’ viven 168 núcleos familiares de excombatientes de las Farc. Allí han construido sus casas y le han apostado a la consolidación de proyectos productivos en un esfuerzo por integrarse con las comunidades del sur de la Guajira. Pero para las mujeres firmantes, ese proceso de reincorporación ha sido agridulce, pues han visto cómo viejas costumbres que limitaban sus derechos y su participación dentro del grupo guerrillero se han mantenido en esta nueva etapa. En este reportaje, la periodista cuenta las historias de varias firmantes de paz y cómo se enfrentan ante estas prácticas.
Cuatro meses después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara el cierre de la EPS Comfaguajira, sus 270 mil afiliados fueron trasladados a otras entidades con la promesa de que estas le garantizarían la atención básica. Desde entonces, la mayoría de usuarios se enfrentan a una serie de inconvenientes para acceder a los servicios. Muchos están atrapados en los recovecos de un sistema que, en vez de ayudarlos a gestionar su salud, empeora sus enfermedades. Esta investigación muestra la complejidad de la situación a través de cinco casos de personas afectadas por la salud interrumpida.
En Colombia, las mujeres no tienen muchos de los derechos primordiales garantizados a plenitud: el derecho a una vida libre de violencias, a participar políticamente, a disfrutar la sexualidad sin ningún tipo de violencia y a poseer tierra. En este especial, Edilma Loperena, Yolanda Perea, Elizabeth Moreno y Liuba Molina, cuatro mujeres del Chocó y La Guajira, cuentan con sus propias palabras cómo han defendido eso que tanto les ha sido negado.
Vicente Villasmil Zambrano vendía frutas con la angustia de no poder contar el dinero o escuchar a sus clientes debido a la pérdida gradual de la vista y la audición. Preocupado por su salud, buscó atención médica en la Nueva EPS de Fonseca, pero se encontró con los obstáculos que enfrentan los fonsequeros: falta de acceso a medicina especializada, demoras en la entrega de medicamentos y programación de citas y altos costos por la necesidad de traslado a otros municipios.
“Después de dos años de citas, el médico me dio la orden de ponerme unos audífonos. Fui al día siguiente a la Nueva EPS y me dijeron que debía esperar 15 días, pasaron los 15 días y me dijeron que otros 15 días más. Esperé y me mandaron a la Alcaldía para tener respuestas. A las dos semanas volví y la doctora me indicó que se habían vencido los documentos, que tenía que empezar todo desde cero después de dos años de estar en esas”, cuenta Villasmil, migrante venezolano de 53 años y radicado en Fonseca hace más de cinco años.
Ante ese panorama, el único camino para Villasmil fue interponer una acción de tutela. El 10 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Penal del Circuito San Juan del Cesar falló a su favor y le ordenó a la Nueva EPS cumplir con la entrega de las ayudas auditivas que necesitaba. El juzgado consideró que la Nueva EPS no le brindó al paciente las garantías a su derecho a la salud, vida y dignidad humana.
A pesar del fallo, la Nueva EPS sigue sin cumplir, razón por la cual se instauró un incidente de desacato con fecha de atención del primero de septiembre. “Nos vimos en la necesidad de activar nuevamente los mecanismos judiciales a través de un incidente desacato para poder obligar a la EPS a que le entreguen el dispositivo que le ordenaron y poder restablecer su capacidad auditiva”, cuenta Octavio Parodi Deluque, abogado especialista en derecho administrativo y constitucional.
Por otra parte, Villasmil lleva esperando diez meses una reprogramación de un examen médico ocular que deben practicarle, razón por la cual el abogado adelantó una nueva medida tutelar.
En Fonseca es muy frecuente que las personas recurran a derechos de peticiones, tutelas y desacatos para acceder a un buen servicio de salud, señala el personero Juan Jaime Peralta Martinez. Mensualmente, dice, se reciben alrededor de cinco derechos de petición, dos tutelas y dos incidentes de desacato en contra de las EPS Sanitas, Cajacopi y la Nueva EPS.
De acuerdo con Sandra Ricaurte, gerente zonal de la Nueva EPS, esto ocurre debido a la “escasa oferta en el departamento de algunos servicios en salud como los procedimientos de cuarto nivel, como alergología, proctología, oncología”.
Esas dificultades se han visto intensificadas en el municipio luego de la liquidación de Comfaguajira, que dejó a 273.029 afiliados repartidos en ocho entidades. La Nueva EPS fue la segunda en recibir a más usuarios (46.443), luego de Cajacopi (63.626).
Para recuperar su audición, perdida en un 80 por ciento, Vicente Villasmil visitó en varias ocasiones la sede de la Nueva EPS, se comunicó constantemente a través de llamadas telefónicas y del chat de WhatsApp para interponer quejas con los funcionarios.
En su búsqueda por obtener las ayudas auditivas, pasó por diferentes clínicas en Riohacha, Valledupar, Maicao, San Juan del Cesar y Barrancas, donde debió cubrir sus gastos personales y los de su acompañante. En ningún lugar obtuvo una respuesta favorable.
Luego de tantos obstáculos, Villasmil hizo pública su denuncia en el programa radial Enfoque, opinión y debate, dirigido por Jorge Gómez en la emisora Utay Estereo. A través de este espacio coincidió con el abogado Octavio Parodi Deluque, quien le prestó sus servicios sin costo. “Conocí la situación del señor, que por pertenecer al régimen subsidiado había recibido atención a través de la EPS. Desafortunadamente esta entidad desatendió los requerimientos que hizo el médico de adoptar unos audífonos para que pudiera superar su dificultad”, explica Parodi.
En medio de la espera, Villasmil alcanzó a perder la audición en un 80% y la visión en un 75%. A raíz de esas afectaciones, sus tres hijos de 9, 13 y 18 años son quienes lo ayudan en todos sus quehaceres, incluyendo la venta de frutas y verduras.
“Tu me ves normal, pero el ojo izquierdo lo tengo quemado y en el derecho tengo un 75% de visión. Hay gente que llega al puesto y me pide que le despache un aguacate, por ejemplo, pero si yo no le escucho en el momento el cliente se va”, cuenta Villasmil.
Ante realidades como la de Villasmil, los usuarios tienen tres alternativas, destaca Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia y director de Colombia Saludable: interponer un derecho de petición ante la entidad que presta el servicio de salud, un mecanismo de tutela ante un juez y un reclamo ante la Supersalud.
Para presentar una acción de tutela, por ejemplo, no se requieren los oficios de un abogado, explica Silva. “El paciente puede ir al juzgado más cercano y ahí le toman su declaración sin costo. Puede ir también a la Personería o la Defensoría del Pueblo o a una organización de pacientes que conozca cómo funciona el sistema para que le ayuden a presentar una tutela”.
"El paciente puede ir al juzgado más cercano y ahí le toman su declaración sin costo. Puede ir también a la Personería o la Defensoría del Pueblo o a una organización de pacientes que conozca cómo funciona el sistema para que le ayuden a presentar una tutela".
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia
En el caso de que el derecho fundamental a la salud se haya violado reiteradamente, señala Silva, hay una cuarta alternativa. Las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su página web, para presentar una queja. “Aunque es un proceso lento, la Comisión puede formular recomendaciones al Estado y es mandatario acoger esas recomendaciones”.
De acuerdo con Silva, todos estos recursos “le dan un poder indiscutible al paciente para hacer valer sus derechos”, aunque muchas veces haya desconocimiento de los mismos. “El sistema de salud cubre medicamentos POS y no POS (Plan Obligatorio de Salud), tratamientos, hospitalización, citas con médica general, ayudas diagnósticas, laboratorio clínico, todo lo que el paciente necesite para su salud. Si la EPS no cubre a través de su red, el usuario se puede trasladar a otra EPS que no tenga los mismos problemas para que mejore su servicio. Si vive en La Guajira y no hay un determinado especialista, la EPS debe enviarlo a una ciudad con convenio y cubrir los viáticos del paciente y de un acompañante”, explica.
Desde hace más de dos años, los habitantes de la vereda Puerto López deben atravesar un camino peligroso para llegar a Fonseca. La travesía incluye zanjas y barrancos de hasta tres metros de profundidad que han causado accidentes y que obligan a las personas, en muchos casos, a caminar entre cuatro y cinco horas. Los campesinos deben elegir constantemente entre poner en riesgo sus vidas o quedar aislados del municipio.
Por eso, en varias ocasiones, las familias han puesto el problema sobre la mesa de la Alcaldía de Fonseca y la Unidad para la Gestión del Riesgo, pero no han obtenido una solución. También han denunciado a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pero la vía sigue siendo cada vez más intransitable.
“Este año tomamos la decisión de hacer un documento que llevamos a Riohacha y lo entregamos a la Procuraduría, a la Unidad de Riesgo, a los periodistas y a otras entidades, pero aún no hemos tenido respuesta. Estamos esperando a ver si se acuerdan de nosotros o no”, cuenta Fredesminda Moreno, campesina y miembro del Comité Cafetero de Puerto López.
Para llegar a Fonseca, los habitantes de la vereda deben transportarse en mula o a pie hasta llegar a la estación de transporte, también conocida como Guácimo, donde llegan camiones que los acercan hasta Fonseca. Unos pocos se atreven a trasladarse en moto, arriesgándose a caer por los abismos que han dejado las lluvias.
Fredesminda Moreno cuenta que muchas veces debe madrugar para llegar a tiempo a la estación para bajar los productos hasta el municipio. “Para poder salir nos toca levantarnos desde las 3 a.m., pero me da miedo porque han ocurrido accidentes. Un señor de la tercera edad se cayó y se rompió la cabeza con las piedras”, cuenta.
Para ir a Puerto López se debe tomar un transporte en la carrera 14 con calle 17 de Fonseca. De ahí salen camiones que deben pasar por el intrincado camino y aguantar el peso de las cargas durante una hora y 20 minutos de recorrido, hasta llegar a la estación.
La estación es un punto en la vía hacia Puerto López donde pueden llegar los carros. El resto del camino está lleno de huecos y zanjas que pueden provocar accidentes. En los últimos dos meses se han presentado siete accidentes, en su mayoría de conductores de motos.
“Yo hago carreras en la sierra, Las Colonias y Las Marimondas, pero la vía más mala ahora mismo es la de Puerto López”, considera Luis Alberto Márquez, mototaxista en la serranía.
En sus recorridos por la vereda, Márquez ha tenido varios accidentes, aunque sin heridos de gravedad. “En Puerto López tuve una experiencia porque esa vía está muy mala y la moto se me resbaló. A mí no me pasó nada pero el pasajero se maltrató un poquito”, cuenta.
Para las mujeres con niños pequeños el trayecto es más duro porque deben cargarlos o caminar despacio. Este es el caso de María Fernanda Navarro, ama de casa, quien debe madrugar y destinar casi todo un día de viaje. “Yo me levanto a las dos o tres de la madrugada para darles comida a los niños y no llevarlos con hambre porque hay que caminar bastante”, cuenta.
“El camino es pesado. Toca descansar tres o cuatro veces y me toca cargar al bebesito porque es difícil para él. Al día siguiente amanezco con dolencias en los brazos y en las piernas”, agrega.
A pesar de las denuncias, los habitantes de Puerto López no han visto la voluntad de las administraciones por arreglar la vía. Susana Jiménez, habitante de Puerto López, cuenta que solo han tenido visitas y falsas esperanzas, pero no una solución que les permita transitar con normalidad de la vereda hasta Fonseca.
“Hace dos años le pedimos al señor alcalde una ayuda para esta vía. Fue una comisión con más de ocho campesinos que fueron hasta la Alcaldía, pero nunca hubo respuesta. El año pasado les enviamos un video y el alcalde mandó un encargado a ver la situación de la vía, pero a pesar el señor vio la carretera y tampoco recibimos apoyo”, recuerda.
Debido a la falta de atención de las entidades municipales, algunas personas decidieron hacer las peticiones a nivel departamental, por lo que Jiménez se tomó la tarea de organizar un documento junto a 77 habitantes de la vereda para llevarlo a la Unidad de Gestión de Riesgos y a la Procuraduría en Riohacha.
Pese a la falta de respuesta, los campesinos de Puerto López no pierden la esperanza de contar una carretera en buenas condiciones que les permita desarrollar la vida con mayor facilidad. De acuerdo con Fredesminda Moreno, una carretera en buenas condiciones les cambiaría la vida. “Para nosotros, que la vía esté en buen estado es la solución a muchas cosas. Podríamos viajar seguros, sacar los productos a tiempo y sería más fácil llevar a los niños al control de la salud. Una buena vía nos cambiaría la vida”, dice.
La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, que fue presentada el pasado 13 de febrero, trae cambios de fondo en el sistema de salud enfocados en la atención primaria, la organización territorial y el manejo de los dineros públicos. El propósito, en palabras de la ministra Carolina Corcho, es reivindicar el derecho universal de la salud. Es decir, que todos y todas tengan acceso al sistema, sin importar donde estén y sin necesidad de un carnet de afiliación.
La discusión pública sobre la reforma, que ha sido calificada de ambiciosa e idealista por parte de los sectores opositores e incluso de los cercanos al gobierno, gira en torno a la pregunta de si las propuestas planteadas podrán resolver los problemas del sistema. O, por el contrario, acentuarlos.
El documento está en manos del Congreso y será revisado y debatido en Cámara y Senado en las próximas semanas, teniendo en cuenta que se tramitará como una ley ordinaria y por la Comisión Séptima.
Consonante consultó a varios expertos en sistemas de salud que explicaron los principales cambios propuestos y sus posibles consecuencias; los vacíos que deja; y los retos a los que se puede enfrentar el gobierno al ponerla en marcha en las regiones.
Para garantizar la cobertura en todo el país y acortar las brechas, la reforma propone visitas médicas de manera permanente, rutinaria y constante a las familias en sus territorios, incluyendo las zonas dispersas y alejadas de los centros urbanos. Con esto busca prevenir y detectar enfermedades tempranas, eliminarlas si es posible o atenderlas en un estado primario.
“Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona (...) que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina por muy alejada que esté”, dijo el presidente Petro durante el acto simbólico de radicación de la reforma.
Para lograrlo, el gobierno plantea desarrollar una política integral que incluya estímulos e incentivos salariales y no salariales para motivar a los trabajadores de la salud a trasladarse a esos lugares. Esto supone un enorme reto, teniendo en cuenta los siguientes vacíos:
¿Qué podría servir para solucionar este problema? Para Andrés Vecino, investigador en sistemas de la salud de la Universidad Johns Hopkins, una respuesta es enseñar medicina a personas arraigadas en esas zonas. “Así se crea capital humano en los territorios. Es cierto que esto es responsabilidad de otro sector, pero el Ministerio de Salud podría sacar becas para que las personas puedan estudiar medicina y regresar en cinco años a sus territorios”.
2. Posibles riesgos financieros y de transparencia en la Adres
Una de las propuestas clave de la reforma es que los dineros públicos en salud sean manejados por el Gobierno y no por privados. Según el texto presentado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se convertirá en una especie de pagadora única. Esta entidad deberá recibir los recursos, girar los dineros directamente a los prestadores de servicios de salud, hacer contratos y auditorías y garantizar la transparencia. Con esto se pondría fin a la intermediación que hacen actualmente las EPS, que aunque no serían eliminadas, dejarían de administrar el grueso del dinero y pasarían a ser prestadoras de salud a través de sus clínicas y hospitales.
En ese proceso podrían aflorar tres problemas:
En esto coincide Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública, para quien los fondos “añaden un nivel de complejidad que, a menos que sea para fines políticos, no tienen utilidad”. Para la especialista, entre menos manos toquen el dinero, menos posibilidades de que se lo roben.
3. Falta un plan para garantizar el acceso a servicios de mediana y alta complejidad
Para prevenir, diagnosticar, tratar y paliar enfermedades a tiempo, la reforma propone la creación de los Centros de Atención Primaria Integrales y Resolutivos en Salud (Capirs). Estos centros ofrecerían servicios básicos de urgencias, medicina general y partos, a los cuales podrían acceder los pacientes dependiendo del lugar de vivienda o trabajo. Es decir, cada quien buscaría atención en su Capirs más cercano, pues se prevé habilitar un centro por cada 25.000 personas.
Esto aliviaría el acceso y beneficiaría a las personas en sus territorios, en especial en las zonas rurales y dispersas, teniendo en cuenta que en Colombia, de casi 1.100 municipios, hay 600 sin centros de salud y 183 con una sola sede.
(Además: Vuelven a habilitar los servicios sellados en el hospital San José, ¿ahora qué sigue?)
El asunto aquí es si se puede garantizar el acceso a los servicios de mediana y alta complejidad en las regiones más apartadas, teniendo en cuenta las barreras geográficas, pues para llegar a algunas zonas se necesita de transporte aéreo o fluvial. De acuerdo con el texto, los Capirs podrán referir pacientes a instituciones más especializadas, pero no ofrece detalles sobre cómo funcionaría este proceso en territorios dispersos.
“Esa es una tarea que necesita inteligencia poblacional y que no se puede hacer desde un hospital primario porque no sabes dónde hay disponibilidad, al menos que tengas un sistema de ensueño en el que todos puedan ver todo al mismo tiempo. Ahí hay muchísima incertidumbre”, dice Tatiana Andia.
4. Más desorden en el sistema de salud por la transición
Finalmente, la reforma contempla un traslado masivo de los pacientes que hacen parte de las EPS en liquidación, quienes serían acogidos por la Nueva EPS o por las EPS con estados financieros óptimos. El presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho han enfatizado en que durante la transición, ningún paciente se quedará sin cobertura o tratamiento, algo que es “fácil de decir, pero muy difícil de lograr”, dice Tatiana Andia, profesora de sociología de la Universidad de los Andes y experta en salud pública. Una de las razones:
Actualmente, la Nueva EPS tiene más de 10 millones de pacientes asegurados. En caso de recibir los afiliados de las EPS en liquidación, la Nueva EPS o las EPS avaladas por el Gobierno tendrían que acoger a 11 millones de personas.
