En Fonseca, al sur de La Guajira, el miedo de salir en la noche se ha apoderado de los habitantes del municipio. A partir de las seis de la tarde, el comercio baja sus rejas y las calles se vacían. Las familias, prevenidas por los constantes robos y extorsiones, evitan salir después de esa hora. Si es inevitable moverse, lo hacen bajo una regla: sólo tomar mototaxis de confianza, preferiblemente afiliados a cooperativas reconocidas. En varios casos, los pasajeros han sido asaltados, por esto, en hoteles y restaurantes se insiste a los visitantes en que verifiquen el número del vehículo y la identificación del conductor.

Luego de las siete de la noche, Fonseca queda a oscuras. Más del 60 por ciento de sus calles y carreteras no tienen iluminación pública, y la oscuridad se convierte en aliada de los delincuentes. A pesar de que rige un decreto que prohíbe el parrillero hombre, la ciudadanía denuncia atracos frecuentes cometidos por hombres en moto.

Aunque las últimas administraciones de José Manuel Moscote Pana (2012-2015), Misael Velázquez (2016-2019), Hamilton Peñaranda (2020-2023) y el actual mandatario Micher Pérez (2024- 2027) han tenido como bandera de gobierno la seguridad, la delincuencia sigue preocupando a la comunidad de Fonseca. Los consejos de seguridad, los operativos de inteligencia y el aumento del pie de fuerza policial y militar no han logrado frenar la criminalidad.

Desde la administración de Moscote (2012) se identificaba que el hurto —en todas sus modalidades— venía en aumento desde el 2008, según cifras de la Policía. (Pág. 68). Sin embargo, para ese momento, no era una preocupación del gobierno local los delitos relacionados con secuestro, extorsión y terrorismo porque no se denunciaban. 

Lo mismo ocurrió desde el gobierno de Misael Velázquez, actual secretario de despacho de la Gobernación de La Guajira, quien implementó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana como respuesta a la creciente ola de hurtos, principalmente en el comercio, que pasó de 12 casos en 2011 a 33 en 2015 (pág. 21-26).

Para el 2021 y 2022, en el mandato de Hamilton García, hubo un aumento entre el 80 y el 100 por ciento en todos los hechos delictivos, como lo informó en su momento Consonante. Además del hurto, preocupaban otros delitos como el secuestro y el desplazamiento (pág 22-23). 

El alcalde actual Micher Perez planteó en su campaña de gobierno la seguridad como uno de sus pilares y propuso, entre otras medidas, el fortalecimiento de la capacidad policial para prevenir el delito. En respuesta a un derecho de petición y a una tutela enviada por Consonante, la Alcaldía de Fonseca informa que el presupuesto para seguridad y convivencia ciudadana es de 930 millones de pesos para apoyo logístico y operativo a la Fuerza Pública, apoyo a campañas pedagógicas, prevención y cultura ciudadana; y acompañamiento a poblaciones en situación de riesgo. Desde Consonante se ha solicitado, en varias oportunidades, entrevista presencial con la Secretaría de Gobierno para ampliar la información pero han sido negadas. En respuesta al derecho de petición indican que prefieren contestar y atender por escrito.

Disminución de delitos no se ve en las calles

Hasta el 7 de junio de este año, la Policía de Fonseca había registrado 5 homicidios, 31 hurtos a personas, 2 hurtos a comercios, 2 casos de extorsión y 23 lesiones personales. Las cifras mostraban una reducción en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 6 homicidios, 39 hurtos a personas, 17 hurtos a comercios, 4 extorsiones y 32 lesiones personales. A pesar de que, para las autoridades, estos datos reflejan una mejora en las condiciones de seguridad, la percepción en las calles es distinta: los hechos de criminalidad siguen siendo noticia frecuente y protagonizan los titulares de los medios locales.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno tiene el reporte, hasta el 2 de julio, de 57 hurtos a personas, 35 casos de lesiones personales, 8 amenazas y 10 extorsiones. Desde la Alcaldía informan que las extorsiones son principalmente a comerciantes y que para contrarrestar este delito trabajan junto con la Policía Nacional, Gaula Militar, GOES y el CTI de la Fiscalía.  

Desde la Alcaldía informan que las extorsiones son principalmente a comerciantes y que para contrarrestar este delito trabajan junto con la Policía Nacional, Gaula Militar, GOES y el CTI de la Fiscalía.  

Por redes sociales y servicios de mensajería los comerciantes reciben extorsiones y amenazas presuntamente de grupos delincuenciales. Aunque las autoridades aseguran que aún no se ha confirmado su autoría, el temor se extiende entre la población. El pasado 9 de junio, por ejemplo, se difundió un mensaje en el que se advertía a la comunidad que no debía salir después de las 10 de la noche, bajo la amenaza de que “no se respondería por la vida de inocentes”. En el mismo comunicado, se exigía que quienes hubieran cometido delitos abandonaran el municipio.

A los comerciantes también les han enviado mensajes extorsivos y citaciones para hacer “apoyos”, que es la forma en la que las bandas criminales llaman a las extorsiones o ‘vacunas’. Estos episodios generan temor e incertidumbre entre los habitantes, quienes reclaman acciones más efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en el municipio. 

La Policía ha identificado la presencia de dos grupos armados ilegales en Fonseca: el Clan del Golfo, a través de la subestructura Rufino José Morales, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), representado por el Frente de Guerra Norte José Manuel Martínez Quiroz. Por su parte, la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2023, en la que advierte sobre los riesgos de afectaciones humanitarias derivados de la disputa territorial en La Guajira entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y el frente Francisco José Morelos Peñate, perteneciente al Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Esta confrontación estaría ligada al control de economías ilegales como el contrabando y el narcotráfico en la Troncal Caribe y sus alrededores.

Aunque la Defensoría alerta sobre la disputa territorial, también identificó otros hechos de violencia como las extorsiones y amenazas. “La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”, dice la alerta temprana 025 de 2023. La población en riesgo incluye a comerciantes, hoteleros, pescadores, operadores de turismo formal e informal, transportadores, docentes, ganaderos, finqueros, jóvenes en contextos de vulnerabilidad, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.

“La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”

Comerciantes y comunidad piden mayor seguridad

A comienzos de junio, dos personas oriundas de Fonseca recibieron amenazas de muerte mediante un panfleto anónimo que les exigía abandonar el municipio bajo la advertencia de que, de no hacerlo, atentarían contra sus vidas y las de sus familiares, sin distinción de edad. Ambas pidieron a Consonante no revelar sus nombres, pues aseguran que esta situación les ha causado profundo dolor, miedo e incertidumbre, especialmente por no saber quiénes están detrás de las amenazas ni cuál es su verdadero propósito. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, y a la pareja se le asignó protección por parte de la Policía.

El pasado 31 de mayo, dos personas que residen en el barrio Gómez Daza fueron víctimas de robo a mano armada dentro de su residencia. “Estábamos en la sala viendo televisión, eran las 7:30 de la noche. Estaba con mi hija y teníamos la puerta abierta, como de costumbre, porque el barrio es tranquilo”, afirma la víctima. Pero la calma se rompió cuando un joven alto, moreno, con el rostro descubierto, entró sin previo aviso y les gritó: “El celular o les doy un tiro”.

Sin oponer resistencia, le entregaron los teléfonos. El ladrón los guardó en el bolsillo de una chaqueta como las que suelen usar los mototaxistas y se marchó caminando. “No sé si lo estaban esperando más adelante. Pensé en pedir auxilio, porque en la calle había bastante gente, pero me arrepentí. Me dio miedo que se devolviera o que le disparara a alguien”, cuenta. Aunque le sugirieron interponer una denuncia, decidió no hacerlo. “¿Para qué? Denunciar por esas cosas no sirve de nada”, concluye.

Otro comerciante de Fonseca, que solicitó mantener anónima su identidad, asegura que desde noviembre del año pasado se dispararon las extorsiones. Cuenta que incluso fue víctima de un atraco en su propio negocio.

“Esta situación afecta las ventas porque las personas prefieren comprar menos y no salir en la noche de sus casas. En la noche no se puede salir. También me han robado en la casa, hace siete años se metieron en la casa por la noche aprovechando que no estaba y se llevaron varios elementos: tres computadoras portátiles, tres acordeones, joyas y pérdidas que ascienden a los 20 millones de pesos”, cuenta. En su momento interpuso la denuncia en la inspección de Policía, pero no avanzó. 

También cuenta que ha sido invitado por el gremio de comerciantes para unirse a las reuniones que han organizado, pero no ha podido asistir. “Una vez me llegó una extorsión por WhatsApp. Lo reporté a la Policía y lo único que me dijeron fue que eso no les correspondía a ellos, que debía llamar a Riohacha. Un agente marcó desde allá, pero nadie contestó, y al final me tocó irme aburrido”, relata con frustración.

Frente a estas denuncias, la Policía asegura que los casos de extorsión han disminuido y que se están implementando varias estrategias para hacerle frente al delito. “Desde el Gaula, la Sijín, Sipol, Goes, la reacción del distrito y el personal del Modelo Nacional de Vigilancia, se han adelantado acciones para atacar este fenómeno”, informaron. Entre esas acciones mencionan campañas contra el secuestro y la extorsión, patrullajes constantes en el municipio, la creación de una patrulla bancaria para proteger a los comerciantes y la presencia permanente de uniformados en el sector comercial.

“Las cosas están horribles, en su peor momento. Acá atracan todos los días, hay fleteos y robos de hasta 40 millones”, le contó un comerciante a Consonante en diciembre del año pasado. Según relataron varios integrantes del gremio, comenzaron a circular mensajes y llamadas en el sector comercial, en los que supuestos miembros del Clan del Golfo exigían sumas de 30, 40 y hasta 50 millones de pesos a cambio de no ser declarados como “objetivo” por el grupo criminal. 

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía Nacional señala que los delitos que generan mayor preocupación en Fonseca, tanto por su gravedad como por su frecuencia, son los homicidios, las lesiones personales, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercios y la violencia intrafamiliar. Actualmente, el municipio cuenta con cuatro zonas de atención policial y, según informan las autoridades, no está previsto ampliar la cobertura a nuevos puntos.

“Se han venido realizando las coordinaciones necesarias mediante consejos de seguridad contando con la presencia del alcalde municipal, Policía Nacional, Ejército y Migración con el fin de prevenir posibles hechos”, dice la institución. 

Además sostiene que se llevan a cabo actividades diarias, donde se han implementado planes de control y campañas preventivas, para contrarrestar la ocurrencia de delitos.

A la fecha se han capturado a 45 personas por distintos delitos y se han interpuesto 628 comparendos. “Los ciudadanos que son capturados y después dejados en libertad son netamente decisiones judiciales tomadas por un juez”, recalca la Policía.

Desde la Policía indican que la restricción del parrillero hombre se encuentra vigente (Decreto 028 del 04 de marzo de 2025) y que “esta herramienta resulta útil en la restricción, ya que dificulta la acción de delincuentes que utilizan motocicletas para cometer robos o sicariatos, al limitar la posibilidad de tener un segundo acompañante”.

Maria Auxiliadora Medina Pitre, personera de Fonseca, sostiene que los delitos que más le reportan en el municipio son el desplazamiento forzado, homicidios, amenazas, reclutamiento y desaparición forzada. Recalca que se apoyan con la Defensoría del Pueblo, a través de las alertas tempranas, para estar al tanto de los hechos delictivos que ocurren en el departamento.

“Cuando las personas llegan hasta acá, la mayoría ya se han dirigido a la estación de Policía o a la Fiscalía. Hemos conocido de amenazas por mensajes de texto, panfletos o documentos que les han dejado, donde manifiestan una amenaza en su contra y su familia. Dichas amenazas vienen acompañadas de un nombre de grupo al margen de la ley y de un alias”, cuenta Medina. 

Medina recalca que cuando ocurren estos casos se activa la ruta para proteger a quienes denuncian: “Le solicito a la Alcaldía que se le brinden todas las garantías a ese ciudadano con el fin de salvaguardar su vida e integridad personal. Es necesario que todas las instancias tengan conocimiento de la situación y que puedan desplegar todas las acciones necesarias”. Si la situación es delicada se evalúa si se convoca a un consejo de seguridad.

“En lo corrido de este año hemos recibido denuncias de extorsiones y amenazas a comerciantes y a líderes sociales, con ellos hacemos el acompañamiento y la activación de la ruta para que realicen la denuncia ante la Fiscalía”, puntualiza. 

Fonseca, el tercer municipio con más homicidios de La Guajira

Según las cifras de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Pdhal). Hasta junio de este año, los municipios con más homicidios fueron Riohacha (49 casos), Maicao (20), Fonseca (6) y San Juan, Albania y Uribia, con 4 casos cada uno. 

Este año van varios crímenes que han consternado a la comunidad. El pasado 1 de marzo, en la calle 13 entre carreras 9 y 10, asesinaron a Jovani Antonio Giraldo Hernández frente a las antiguas instalaciones del DAS. “Su muerte causó gran conmoción, ya que era una persona muy apreciada por los fonsequeros debido a su constante disposición a ayudar a quien lo necesitara”, dice un conocido.

También se han denunciado casos de fleteo. El 2 de mayo la docente María Pérez, quien se movilizaba en silla de ruedas, fue atacada por dos hombres en moto cuando salía del banco BBVA en el barrio Primero de Julio con 14 millones de pesos. 

Tres días después, en el barrio Villa Jardín, un hombre armado apuntó con un arma a Nelly del Carmen Builes Fernández en su negocio. Le robó una cadena de oro, los celulares y la dejó encerrada en su vivienda con candado antes de huir. 

El 17 de mayo fue saqueado un corresponsal bancario, en la calle 12 con carrera 18, frente al parque José Prudencio Padilla. Los ladrones se llevaron 10 millones de pesos.  

El 22 de mayo fue asesinado Robinson José Feria Vargas, un joven venezolano de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado en inmediaciones del río, justo detrás de la sede de la Fiscalía del municipio. Un día después se reportó el crimen de José Joaquín Fonseca Martínez, un joven de 29 años residente del barrio Las Delicias.

Posteriormente, el pasado 28 de mayo, se registró otro hecho violento en la carrera 17 con calle 9, cerca de la iglesia San Agustín. En este caso fue asesinado Jair Rudas, un hombre de 38 años oriundo de Barranquilla. En el mismo ataque resultó herido el joven Yefferson Guette Romero. Según versiones preliminares, ambas víctimas se encontraban compartiendo en una heladería cuando fueron sorprendidas por hombres armados que les dispararon. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables. 

Falta mayor respuesta de la Policía y Fiscalía 

Aunque las cifras oficiales reportan una leve disminución en algunos delitos, la percepción ciudadana apunta a una realidad muy distinta: atracos, extorsiones, homicidios y amenazas siguen afectando el día a día de los habitantes de Fonseca.  A esto se le suma la desconfianza en las instituciones, la falta de respuestas efectivas a las denuncias, y la falta de articulación entre las autoridades encargadas de la seguridad, justicia y orden público, mientras los grupos ilegales se disputan el territorio mediante el miedo. 

La comunidad además cuestiona que los operativos de registro y control se realizan sobre la avenida principal y en salidas y entradas al municipio, pero que en los barrios con mayor índice de delincuencia no pasa lo mismo ni se ven policías. 

En la comunidad de Mocagua, frente al río que lo nombra todo, Henry Dosantos mira a lo lejos el verde espeso de la selva. Ha repetido decenas de veces una misma advertencia a quienes llegan de fuera, los llamados “cori”, como los llaman en lengua ticuna. “Aquí hay reglas. Aquí la selva tiene dueños, y no somos nosotros. Son los espíritus. Hay caminos que no se pueden abrir, ni tocar. Hay que pedir permiso para entrar”. A veces lo entienden. A veces no.

Mocagua es una de las comunidades indígenas que comparte territorio con el Parque Natural Amacayacu, un área protegida desde 1975 que se extiende como un corazón verde entre ríos, malocas y mitologías. Es también uno de los destinos más visitados del Amazonas colombiano, donde llegan turistas desde Europa, Estados Unidos y otros rincones del mundo en busca de una experiencia “salvaje”, “auténtica”, “espiritual”.

Pero esa búsqueda, alimentada por agencias de turismo, hoteles de lujo y discursos gubernamentales sobre desarrollo y sostenibilidad, no siempre conversa con la realidad local. Muchas veces la arrasa.

La ciudad disfrazada

Leticia, la capital del departamento, es el punto de entrada. Pero no es una ciudad cualquiera. En sus calles se superponen tres narrativas, como describe el investigador Jorge Aponte Motta: la nacionalista —con monumentos patrióticos que reafirman su pertenencia a Colombia—, la “selvática” —que exalta el peligro, la aventura, lo exótico— y la ambiental‑turística —donde todo es naturaleza y descanso, selva y spa.

Esa Leticia no fue pensada para sus habitantes. Fue construida para turistas imaginarios. “La ciudad disfrutada por los visitantes es negada para los locales”, escribió Aponte. Calles atiborrradas de turistas, hoteles que tapan el acceso al río, parques rediseñados para la foto, no para el juego de los niños. Lo simbólico ha sido vaciado: ya no comunica sentido colectivo, sino espectáculo.

En 1987, cuando el país buscaba cómo frenar el avance del narcotráfico, la minería ilegal y el abandono estatal, el ecoturismo apareció como una alternativa. En Amacayacu se inauguró un centro de visitantes donde muchas personas de las comunidades se formaron como guías, intérpretes, cocineros. Fue un primer intento de vincular conservación, cultura y economía. Una apuesta colectiva. Hoy, esa promesa está en tensión.

“El turismo creció muy rápido. Ya no hay control de la cantidad de personas que llega, ni de lo que hacen. Hay agencias que llevan a los visitantes a sitios que ni nosotros pisamos por respeto”, denuncia Adnan León, guía local y defensor del territorio. Lugares sagrados para los pueblos indígenas se han convertido en paradas obligadas de itinerarios vendidos en agencias urbanas. Los senderos que eran corredores naturales para los animales ahora están saturados. Espacios de ritual se convirtieron en zonas de selfies.

Cristina Vela, de la comunidad de Palmeras, describe el parque no solo como un refugio de especies, sino como “un lugar de casonas encantadas, caminos espirituales, historias de origen del pueblo Ticuna”. Su voz transmite orgullo, pero también una preocupación creciente: la pérdida del idioma, la fragmentación del tejido comunitario y la banalización de los saberes ancestrales.

En Mocagua conviven cinco comunidades étnicas. “Y la mayoría de los niños ya no habla su lengua”, confiesa Jhonny del Águila, líder y secretario de turismo local. Para él, el turismo podría ser una herramienta para revitalizar la cultura, si se hace bien. Por eso impulsan talleres con abuelos sabedores, registros de palabras y una alianza con la Secretaría de Cultura para fortalecer la etnia Cocama.

Las rutas de la resistencia

Pero no todo es pérdida. Frente al avance del turismo de masas, han surgido iniciativas de ecoturismo comunitario que replantean las reglas del juego. En Mocagua, San Martín y Palmeras, los guías indígenas no solo acompañan a los visitantes, sino que les explican, desde el primer momento, las normas de convivencia con el territorio.

“No se puede entrar sin saber. Antes de iniciar el recorrido, contamos nuestra historia, explicamos los límites. Porque el turismo no es solo caminar y tomar fotos. Es venir con respeto”, insiste Henry Dosantos.

Uno de los protocolos más importantes está en el punto de información: allí se informa sobre las rutas autorizadas, los espacios que no deben ser tocados, y se entregan orientaciones en lengua indígena. Además, se capacita a los visitantes para entender los ritmos de la selva y la importancia de no perturbar a los animales.

Martin Gregorio, en San Martín de Amacayacu, resume el sentido de esta apuesta: “No queremos que el turista solo venga a mirar. Queremos que se lleve una experiencia viva: selva, museo, gastronomía, rehabilitación de primates, historia viva. Que se lleve algo más que una postal”.

Restaurar lo que el turismo agota

Una de las preocupaciones más urgentes es la sobreexplotación de especies vegetales para la elaboración de artesanías: chambira, palosangre, balso, bejucos. Su recuperación es lenta, y en algunos casos, casi imposible. Por eso las comunidades han iniciado semilleros bajo los árboles, que luego reubican según el calendario ecológico: en tiempo de lunas o lluvias, como dictan los ciclos naturales.

“No todo lo que se toma se puede reponer fácilmente. Por eso ahora enseñamos a sembrar mientras enseñamos a tejer. Así se restaura el bosque mientras se restaura el conocimiento”, explica un artesano de San Martín.

Jhosep Valles vino desde Dinamarca. Caminó con guías locales, pescó en el río, compartió comida tradicional. “Lo que hacen las comunidades dentro del parque es ejemplar. Hay respeto, conexión. Ellos usan la selva con cuidado y también la ayudan a recuperarse. Es una experiencia que quiero repetir con mi familia”, asegura.

Pero no todos los viajeros entienden esa lógica. Algunos llegan con la idea de que la selva es un escenario sin reglas. “Hay turistas que se meten donde no deben, que rompen ramas, que quieren ver animales a toda costa. No entienden que aquí hay espíritus, hay vida invisible”, dice Adnan León.

El profesor Germán Ochoa, de la Universidad Nacional, advierte que las comunidades indígenas están en el último eslabón de la cadena turística. “Reciben la menor proporción de ingresos. Las agencias se llevan casi todo, y muchas veces ni siquiera operan desde acá”. Para él, las comunidades no deberían ser parte del paquete turístico: deberían ser las protagonistas.

La idea de un turismo regenerativo, liderado por quienes habitan el territorio, empieza a consolidarse. Pero requiere más apoyo institucional, regulación clara, recursos para restauración y formación constante.

En palabras de Diana Deaza, funcionaria de Parques Nacionales y aliada de estos procesos: “No se puede hablar de desarrollo si se sacrifica la cultura. El ecoturismo tiene sentido si protege la naturaleza y también protege la memoria”.

Una nueva narrativa para Leticia

Una ciudad que celebre sus raíces, que recupere lo simbólico para su gente, que no esté disfrazada para el visitante. Un territorio que no vea a la selva como mercancía, sino como madre. Un modelo de turismo donde cada paso sea una alianza, no una invasión.

Leticia necesita más que turistas. Necesita una narrativa propia.

Y eso ya está ocurriendo, silenciosamente, en las comunidades del parque. Entre protocolos, calendarios lunares, historias contadas a la sombra del río y niños que vuelven a hablar en su lengua, está emergiendo un futuro distinto. Uno donde la selva no es un parque temático, sino una maestra viva. Y donde el visitante, si quiere quedarse, debe primero aprender a escuchar.

Este sábado 14 de junio, desde las 8:00 a.m., se desarrolló en San Juan del Cesar –La Guajira– una audiencia pública crucial para el futuro ambiental y social del corregimiento de Cañaverales. El encuentro, convocado por Corpoguajira, buscaba evaluar la solicitud de licencia ambiental del proyecto minero “Mina Cañaverales”, propuesto por la empresa Best Coal Company (BCC), filial del grupo turco Yildirim.

La jornada estuvo marcada por una fuerte oposición de la comunidad afrodescendiente local y del pueblo Wayuu, quienes rechazan la posibilidad de que se autorice la extracción a cielo abierto de más de siete millones de toneladas de carbón en un área que consideran vital para la producción de alimentos, el abastecimiento de agua y la salud del ecosistema.

¿Qué está en juego?

El proyecto busca desarrollar un tajo minero de 153 hectáreas con una profundidad de 149 metros, lo que implica la remoción de 72 millones de metros cúbicos de material estéril. Aunque sus características corresponden a una operación de gran escala, BCC ha ajustado su producción anual a 799.000 toneladas con el fin de tramitar la licencia ambiental a nivel regional y evitar la evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La mina quedaría colindante con la Reserva Forestal Protectora Regional "Manantial de Cañaverales", reconocida además por el Ministerio de Agricultura como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta zona no solo tiene valor ambiental, sino también estratégico para la seguridad alimentaria de municipios como Albania, Fonseca, San Juan del Cesar y Barrancas.

Las alertas de la comunidad

Las comunidades locales denuncian que el proyecto afectará directamente fuentes hídricas esenciales como el manantial de Cañaverales, interconectado con el río Ranchería y clave para los acueductos y sistemas de riego. El plan contempla una captación diaria de más de 1,9 millones de litros de agua subterránea desde dos pozos profundos, lo que podría secar acequias tradicionales, alterar acuíferos y reducir la disponibilidad de agua.

Además, advierten que la remoción masiva de suelos pone en riesgo la agricultura local y podría provocar desplazamientos de las comunidades. Recalcan también que la participación ciudadana ha sido insuficiente y que el proyecto presenta irregularidades en su trámite administrativo.

¿Qué dicen las organizaciones sociales?

Durante la audiencia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentó un análisis técnico y jurídico que respalda la negativa a otorgar la licencia ambiental. Sus principales hallazgos señalan que:

• El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no contempla adecuadamente la vulnerabilidad climática del territorio, ni los efectos que el proyecto tendría sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco se establece una metodología clara para mitigar estos impactos.
  
• Contraviene compromisos climáticos asumidos por Colombia, al promover la expansión del uso de carbón, un combustible en desuso global según la OCDE, con un mercado en declive y bajo cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera.
  
• Existen fallas e incertidumbres sobre los impactos en el recurso hídrico. El área del proyecto ha sido catalogada como de “extrema vulnerabilidad” por el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero (PMAA) del río Ranchería. El 70 por ciento del terreno tiene alta recarga hídrica y podría verse gravemente afectado.
  
• El EIA omite riesgos fundamentales como la pérdida irreversible de biodiversidad en el bosque seco tropical, la posibilidad de contaminación de aguas limpias por químicos de la minería, y la amenaza a la seguridad alimentaria regional.
  
• El componente social fue minimizado. El estudio no valora el impacto del proyecto sobre las formas de vida tradicionales ni el potencial aumento de conflictividad en la zona.

Otra intervención destacada fue la del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que presentó un concepto técnico y jurídico en el que pidió negar la licencia ambiental con base en cinco argumentos clave:

• Mala conducta empresarial: El grupo Yildirim, al que pertenece BCC, tiene antecedentes de violaciones a derechos laborales y ambientales en países como Turquía, Albania y Estados Unidos. El CAJAR señaló que se deben aplicar principios de debida diligencia ambiental y empresarial para evitar riesgos futuros.
  
• Expansión encubierta: Aunque el proyecto se presenta como de “pequeña escala”, el Estudio de Impacto Ambiental admite nuevas exploraciones. Esto, sumado a más de 10.000 hectáreas tituladas por la empresa, apunta a una estrategia de expansión fragmentada que oculta los verdaderos alcances del proyecto.
  
• Riesgo al derecho al agua y a la alimentación: La extracción diaria de casi 2 millones de litros de agua contraviene lo dispuesto en sentencias como la C-539 de 2023 y el Decreto 0043 de 2024, que ordenan priorizar el consumo humano en zonas como La Guajira.
  
• Afectación a comunidades étnicas: El proyecto vulnera los derechos de comunidades afrodescendientes protegidas por la Sentencia SU-196 de 2023, que reconoció su vínculo espiritual, cultural y económico con el agua. El CAJAR advierte que no hubo un proceso adecuado de consulta previa.
  
• Evaluación inadecuada de impactos: El área de influencia fue subestimada. No se evaluaron los efectos acumulativos ni el impacto de la cadena logística del proyecto, especialmente el transporte de carbón.

El CAJAR solicitó que su concepto técnico se incluya en el expediente del trámite y que Corpoguajira niegue la licencia ambiental, con base en los principios de precaución, prevención, desarrollo sostenible y solidaridad intergeneracional.

Por su lado, Censat Agua Viva presentó un análisis técnico y ecológico crítico del capítulo 10.6 del EIA, dedicado al plan de compensación. Su intervención partió de una revisión normativa y científica que cuestiona el uso de la compensación como mecanismo para legitimar daños irreversibles en ecosistemas estratégicos.

Según expuso la organización, el propio EIA reconoce que más del 80 por ciento de los impactos del proyecto se clasifican como “moderados”, es decir, presuntamente mitigables o compensables. No obstante, Censat advirtió que esta clasificación ignora la verdadera escala, complejidad e irreversibilidad de los impactos sobre el territorio, especialmente en un ecosistema frágil como el bosque seco tropical.

También participaron investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– quienes coinciden en que aunque el 80 por ciento de los impactos ambientales hayan sido catalogados por la empresa como “moderados”, en realidad implican riesgos serios como contaminación atmosférica y del agua, reducción del recurso hídrico para actividades tradicionales y posibles desplazamientos forzados. Según explicaron, los estudios ignoran la integralidad del sistema hídrico y fragmentan el análisis ambiental, omitiendo, por ejemplo, la existencia de plantas medicinales y el impacto climático en una región vulnerable.

Uno de los aspectos más críticos, aseguraron, es la intención de desviar dos acequias fundamentales por más de 4 kilómetros, afectando la calidad del agua que alimenta el arroyo Conejo y que atraviesa toda la infraestructura minera. Esto podría tener consecuencias graves para la salud pública y la biodiversidad, en un contexto donde ya se han perdido más de 17 fuentes hídricas por la minería a cielo abierto en la región, según lo reconocido en la Sentencia SU-628 de 2017.

El CINEP también denunció irregularidades en el proceso de licenciamiento ambiental, señalando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es parcial, desactualizado y no cumple con los estándares técnicos y jurídicos establecidos. Además, aseguró que se vulneraron derechos fundamentales, como la consulta previa a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes legalmente reconocidas, entre ellas los pueblos Wiwa, Kogui, Arhuako y Kankuamo de la Sierra Nevada de Gonawindúa.

Finalmente, el Cinep solicitó a Corpoguajira negar la licencia ambiental del proyecto por seis razones clave: su inviabilidad integral; deficiencias técnicas en el EIA; fallas en la participación; ausencia de consulta previa; impactos acumulativos no evaluados; y contradicción con compromisos ambientales del Estado. También pidió a la ONU, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Minería tomar medidas para investigar irregularidades, terminar el contrato GDI-081, y garantizar el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades afectadas.

¿Qué dijo el Ministerio de Ambiente?

La viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, subrayó la gravedad de la crisis climática, ecológica e hídrica que enfrenta el país y llamó a reflexionar sobre el verdadero costo de los proyectos extractivos en territorios frágiles y culturalmente significativos. Reivindicó la memoria de los líderes ambientales Jacky Romero y Samuel Arreboces, y sostuvo que el manantial de Cañaverales y sus fuentes hídricas no deben verse sólo como recursos, sino como tejidos de vida, cultura y subsistencia.

La viceministra cuestionó si proyectos como el propuesto son coherentes con una transición justa y un ordenamiento territorial centrado en el agua, tal como lo plantea el gobierno actual. Recordó que el Estado ha asumido el compromiso de no expandir la frontera extractiva ni firmar nuevos contratos fósiles, e insistió en que La Guajira “ya ha entregado mucho” al país en términos de recursos. Finalmente, hizo un llamado a Corpoguajira para que tome una decisión que honre la vida, el agua y el futuro del territorio.

Aunque algunas intervenciones defendieron el proyecto como una oportunidad de empleo e inversión, el mensaje que predominó a lo largo de las más de ocho horas de audiencia fue contundente: La Guajira no puede seguir sustentándose únicamente en la minería. Varias voces recordaron que este fue un territorio agrícola antes del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que hoy lo urgente es garantizar agua, alimentos y una vida digna para sus habitantes.

Lo que sigue

Ahora, la decisión final sobre el licenciamiento ambiental —que la empresa BCC solicitó en octubre de 2024— recae en Corpoguajira. La entidad deberá sopesar no solo los estudios presentados, sino también los argumentos científicos, el conocimiento ancestral y el mandato comunitario que se expresó con fuerza en esta audiencia.

La audiencia de hoy no define por sí sola si se otorgará o no la licencia, pero sí es un insumo clave para que Corpoguajira tome una decisión fundamentada. Lo que se discuta podrá marcar el rumbo de políticas ambientales en el departamento y dejar precedente frente al avance de proyectos extractivos en zonas protegidas o de importancia para la soberanía alimentaria y el derecho al agua.

La comunidad, por su parte, ha sido clara: “Cuando brota agua, brota la vida”. La resistencia a este proyecto no solo es ambiental, sino profundamente cultural y social. Reclaman que es hora de dejar el carbón en el subsuelo y priorizar la vida en La Guajira.

A los once años, Julián no jugaba a la lleva en la calle ni temía reprobar matemáticas. A esa edad ya conocía la mirada desconfiada de los vecinos, el peso de los billetes en el bolsillo y el olor agrio de las esquinas. No llegaba a casa buscando el abrazo de su madre ni esperaba un almuerzo caliente. Julián vendía drogas en las calles empinadas de su barrio, en Bello.

Creció entre la ausencia y el ruido. En su casa no hubo cuentos para dormir, ni brazos que lo protegieran del frío. Aprendió pronto que en la calle también se puede encontrar un tipo de cariño, aunque venga disfrazado de respeto o miedo. Dejó el colegio sin despedidas, empezó a consumir lo que le vendían, y terminó siendo uno más entre los “carritos”, esos niños que las bandas usan para mover droga, para llevar armas, para estar al servicio de lo que otros no se atreven a hacer. Lo llamaban por su nombre. Lo hacían sentir importante. Y él, por primera vez, creyó pertenecer a algo.

Hoy, con 27 años, Julián ve el mundo desde una celda en una cárcel de Cundinamarca. Cumple una condena por concierto para delinquir y extorsión. Afuera, las calles que lo hicieron crecer siguen ahí. Adentro, empieza a preguntarse si todavía puede imaginar otro destino.

La historia de Julián se repite incontables veces en Colombia, en los barrios de las ciudades y en las zonas rurales. Grupos armados ilegales y bandas criminales usan, utilizan y reclutan a niñas, niños, jóvenes y adolescentes para vincularlos en contextos de violencia. Este no es un fenómeno nuevo. El informe final de la Comisión de la Verdad, en su capítulo No es un mal menor, identifica el reclutamiento en el país desde el año 1964.

En la tarde del sábado 7 de junio uno de esos miles de menores cometió un crimen en la ciudad de Bogotá. Esta vez el caso no desapareció entre el alto volumen de información que abarrota los medios de comunicación y las redes sociales en Colombia. Fue un atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, cometido en el marco del inicio de las campañas electorales por un menor de 15 años.

En este momento la atención de la opinión pública está centrada sobre el menor de edad, en una tensión evidente entre discusiones que van desde su culpabilidad en el crimen, la instrumentalización de la que fue víctima y el sistema de responsabilidad penal. Sin embargo, en el aire quedan preguntas sobre la autonomía para tomar decisiones frente a la comisión de los delitos, la vulneración de los derechos de los niños y niñas, y la responsabilidad estatal en las fallas para su protección.

Un fenómeno en aumento

Los derechos de las niñas y los niños están protegidos por diferentes instrumentos legales, uno de ellos es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que considera que deben ser protegidos de manera especial y se refiere a la adopción de medidas para evitar la participación de los menores de 18 años en la guerra.

Como lo señala Julien Hayois, especialista de protección de la Unicef, “nunca el lugar de un niño debería ser la guerra”, por eso es necesario que en todo momento los grupos armados respeten la edad mínima para el reclutamiento y utilización de menores".

"No es solo el compromiso de decir: no vamos a reclutar; es ver si hay en efecto directrices internas en el grupo, si todos los miembros del grupo armado están bien con el conocimiento de esas directrices, que haya procesos de sanciones si no se cumple”, afirma.

Aunque este protocolo fue ratificado por Colombia en el 2003, la protección de los menores de edad todavía es una deuda. Su vinculación en el conflicto armado y en las violencias urbanas es una realidad. Según la Unidad de Investigación y Acusación, de la Juridiscción Especial para la Paz, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc hasta el 10 de abril del 2025, han sido reclutados por lo menos 1.494 niños, niñas y adolescentes.

Este hecho genera unos impactos difíciles de medir, aunque la cifra de reclutamiento es muy alta, hay muchos casos que no se registran. “El desafío es no conocer la dimensión de estas situaciones, porque no conocemos efectivamente cuántos son los niños, niñas y adolescentes que terminan vinculados a las estructuras armadas”, así lo señala Hilda Molano,  coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia.

La tendencia de este hecho victimizante tuvo un cambio en 2016 después de la firma del Acuerdo de Paz, momento en el que se registró una reducción importante en los casos. Sin embargo, como lo señala Unicef, desde el 2019 hay, de nuevo, un incremento.

En el último año, esta organización identificó un aumento del 60 por ciento en comparación con los casos verificados en el año 2023. Lo que implica que es un hecho que cada vez toma más fuerza como estrategia de los grupos armados y de las bandas criminales.

Este incremento de los casos, “ tiene que ver con el hecho de que año tras año no se responde de manera urgente y fuerte a estos factores de riesgo. Siempre estos vacíos se llenan por grupos armados”, afirma Julien Hayois. En este contexto aparece otro factor importante que es la intensificación de las dinámicas de las violencias y del conflicto armado en los últimos años en el país, lo que ha determinado la profundización de las violaciones a los derechos humanos y, en este caso, a los derechos de los menores.

El reclutamiento, uso y utilización afecta principalmente a menores indígenas y afrodescendientes. Así lo evidencia la Defensoría del Pueblo, que en el 2024 encontró que el 56 por ciento de los menores reclutados tienen esta pertenencia étnica. Además, el departamento del Cauca es donde más se registra este hecho, pues el 67 por ciento de los niños fueron reclutados en este territorio. Según la Unicef, quienes más son reclutados son los adolescentes entre los 13 y 17 años.

La deuda del Estado con los niños

Si bien actualmente en el país existen unas condiciones de contexto como el escalamiento de las violencias y el conflicto armado, que determinan hechos como el reclutamiento, uso y utilización de menores, para analistas y organizaciones, hay unos elementos estructurales que generan vulnerabilidades para los menores de edad y que llevan a la vinculación a estructuras criminales.

Este no es un hecho fortuito, como lo señala Hilda Molano, de la Coalico, en la mayoría de los casos es el desenlace de una historia de violación sistématica de los derechos de los niños desde su nacimiento.

“Cuando un niño termina siendo usado por un grupo armado, lo que está detrás es una falla estructural de familias, escuela, Estado, comunidad. Todos hemos fallado”, dice.

Por esta razón, quienes están más expuestos a este riesgo son menores de edad que se encuentran en contextos de pobreza, con vacíos emocionales, en entornos violentos, con presencia de grupos armados o bandas criminales, y con una oferta institucional inexistente o reducida. “Donde hay violencia doméstica, violencia basada en género en el núcleo familiar, también son factores que a veces empujan a los niños a juntarse a los grupos armados”, afirma Julien Hayois.

Como lo señala Hayois, muchos de los menores que terminan siendo reclutados crecen en entornos violentos, tanto familiares como comunitarios. “Desde chiquitos se les hace cotidiana la guerra, empiezan a ver los entornos, la maldad llega al territorio y muchos de ellos terminan participando en crímenes muy atroces”, señala AKA, líder y rapero de la Comuna 13 de Medellín, que impulsa procesos de resistencia comunitarios.

En un territorio como la Comuna 13, en el que varios actores armados han hecho presencia, se evidencia una situación que se presenta tanto en contextos urbanos como rurales, y que genera vulnerabilidades para los niños: “los grupos delincuenciales lo que han logrado es infiltrar la cotidianidad siempre de la gente del territorio y se va generando una gobernanza donde ya no se distingue lo legal y lo ilegal”, afirma AKA.

Por eso, un elemento fundamental para los menores de edad es contar con entornos protectores, pues en estos casos se generan condiciones distintas que disminuyen las posibilidades de vinculación con estructuras criminales, afirma la Coalico.

El reclutamiento nunca es voluntario

Los grupos armados y bandas criminales aprovechan los contextos de vulnerabilidades de los menores de edad para vincularlos a sus estructuras. “No hay un grupo armado, ya sea del conflicto o ya sea del crimen organizado que no reclute, use y utilice a niños, niñas y adolescentes”, afirma Hilda Molano, de la Coalico. En algunos casos, como lo señala la Unicef, los menores son secuestrados, pero en otros se encuentran situaciones como amenazas a las familias, falsas promesas u ofrecimiento de bienes materiales.

Según Leonardo Gónzalez, director de Indepaz, se identifica un cambio en las estrategias de los grupos armados, que antes utilizaban un discurso político como forma de convencimiento. Ahora la oferta se basa especialmente en dinero y poder. Además, se utilizan métodos como el convencimiento personal, en sitios que frecuentan los menores como espacios deportivos y en la salida de los colegios.

Pero también, en los últimos años, los grupos armados han comenzado a reclutar a través de redes sociales, especialmente Tik Tok e Instagram, en cuentas en las que se muestra la guerra como una alternativa de vida.

“La gran mayoría de los muertos en combate son menores de edad”, afirma González.

A pesar de la prohibición del uso de menores en la guerra, los grupos armados continúan con esta práctica porque, como afirma Leonardo González, se han dado cuenta de que es más fácil que reclutar personas mayores. “Hay escuelas de entrenamiento de menores, hay escuelas de sicariato, en algunas zonas como el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. De ahí son reclutados y los trasladan a otros frentes o otros bloques”, afirma. 

Esto, según la Unicef, lo hacen con el fin de ampliar sus capacidades militares y operaciones, para extender su dominio sobre el territorio, aumentar sus fuentes de ingresos ilegales y combatir a otros grupos armados. Además de los roles de combate, los niños son usados también en labores de inteligencia, como mensajeros, entre otras tareas que les asignan grupos armados y bandas criminales. “ En estos casos, a veces, los niños siguen viviendo en su comunidad, en su familia. Muchas veces es el primer paso para que entren de manera definitiva en el grupo armado”, afirma Julien Hayois.

¿La responsabilidad es de los menores? Los dilemas del sistema penal 

La vinculación de niñas, niños y adolescentes en la guerra es una decisión estratégica, no solo por los roles que cumplen sino también por las normas que buscan la protección de la niñez y que terminan siendo aprovechadas por los actores armados, como el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que es aplicado para delitos cometidos por personas entre los 14 y los 18 años y se diferencia del sistema de adultos por su carácter pedagógico.

Esto quiere decir que los delitos que cometen los menores son juzgados de manera diferente, “y esto lo sabe el grupo armado y la delincuencia común, que muchas veces utiliza a los menores”, afirma Leonardo González.

En este sentido, como lo señala, lo primero que se debe tener en cuenta es que un menor de edad reclutado o vinculado a la violencia es una víctima y en ese sentido el Estado debe atenderlo.

Así también lo indica Hilda Molano de la Coalico, quien afirma que en estos escenarios “siempre  hay una estructura, un adulto detrás que está determinando las acciones. Esto no aparece de manera aislada. De por sí los niños y las niñas no son malos, son el resultado de nuestra historia, de nuestra cultura, de las fallas en el principio de corresponsabilidad”, dice.

En los últimos días, frente al caso del senador Miguel Uribe, las opiniones están divididas en relación con la responsabilidad del menor que ejecutó el atentado, pero como afirma Molano, lo primero es entender la razón de un sistema punitivo diferenciado, que busca la protección de la niñez.

“Esto está pensado para la sociedad en su conjunto. Si logramos recuperar a quien ha fallado, a quien ha cometido un delito cuando es menor de 18 años, vamos a tener una oportunidad de lograr una resocialización. Si las cosas funcionaran como están pensadas en la ley, lo que nos da es una oportunidad también como nación”, dice.

Por otro lado, considera que la criminalización de los menores no es el camino porque son sujetos de protección por parte del Estado y el hecho de que hayan llegado a los grupos o bandas significa que hay una falla en el deber de protección. “Aquí la cadena de protección falló. Y entonces lo que hacemos es que además le caemos a él. Tenemos la oportunidad de restablecer los derechos que finalmente fueron vulnerados y que efectivamente tuviéramos una oportunidad de que fuera uno menos en la cadena criminal”.

Los menores son usados como motor de la guerra

Como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, grupos armados ilegales como el Eln, los paramilitares o las disidencias, funcionan en muchas ciudades y municipios del país a través de una figura de tercerización de bandas criminales, esto con el fin de ampliar su control territorial. 

Estas bandas, según Leonardo Gónzalez de Indepaz, están conformadas en gran medida por menores de edad. “La utilización de estos jóvenes se da en ciudades como Cali, Jamundí, norte del Cauca, Buenaventura, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta; es decir, se ha ampliado el margen de presencia de estos grupos hacia las ciudades determinado especialmente por la economía ilegal, el microtráfico”, afirma.

Esto quiere decir que el conflicto armado que ha escalado de manera especial en las zonas rurales del país tiene una relación directa con la violencia que se concentra en las ciudades y que se moviliza por el uso de menores de edad que tienen diferentes roles y que, como dice González, son más baratos y fáciles de controlar.

Para Julien Hayois de la Unicef, estas conexiones entre grupos armados y bandas criminales son evidentes, “a veces es difícil distinguir el uno del otro. Y ambos, utilizan y usan niños, niñas y adolescentes en las actividades”, dice.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, durante el período del actual gobierno, se han recuperado 704 menores de edad reclutados por grupos armados, el 81 por ciento estaban en estructuras de disidencias de las Farc. A pesar de los esfuerzos por restablecer los derechos de los menores, el fenómeno del reclutamiento, uso y utilización continúa tomando fuerza desde 2016, como lo reconocen organizaciones como la Coalico, lo que implica retos para el Estado frente a las garantías para proteger a la niñez.

En una casa de madera, a orillas del río Inírida, una abuela puinave le canta a su nieta una melodía antigua. La niña escucha en silencio. Entiende cada palabra, pero no responde. Ni siquiera cuando su abuela le pregunta en lengua qué quiere desayunar. La niña solo sonríe y contesta en español: “pan con chocolate”. Ese momento, aparentemente trivial, encierra una de las heridas más profundas que hoy atraviesa la cultura en el Guainía: la pérdida de la lengua materna.

En las comunidades puinave cercanas a Inírida, cada vez más niños y niñas entienden su lengua ancestral, pero no la hablan. Y lo que no se habla, se pierde.

La urbanización, la migración interna, la influencia de iglesias evangélicas, un sistema educativo que prioriza el castellano y la ausencia de políticas públicas con enfoque cultural están acelerando este desarraigo silencioso.

En el aula, el español es la lengua dominante. En casa, muchos padres, al provenir de distintas etnias, optan por el español como lengua común. Y en la calle, hablar en lengua puede ser motivo de burla. “Les da pena que los compañeros los escuchen”, dice un docente. “En la casa ya no se conversa en lengua”, repite otro. El resultado es un corte generacional: los abuelos hablan; los padres mezclan; los niños callan.

“Negar la lengua es como negar a la mamá”

Alfonso Díaz lo dice sin rodeos. Maestro bilingüe desde 1980, jubilado, líder del pueblo puinave y referente moral en su comunidad, Díaz ha sido testigo de cómo su lengua se va silenciando poco a poco.

“Nuestros paisanos están equivocados”, afirma con voz firme. “Creen que el castellano es lo más importante y les dicen a sus hijos que no hablen la lengua. Nuestra identidad está amenazada porque ya no se comparte el mingao, ya no se come en el mismo plato. Negar la lengua es como negar a la mamá, la sangre”.

Díaz recuerda que cuando era joven, estaba prohibido hablar lengua en la escuela. Solo el español era considerado válido. Luego vinieron los misioneros evangélicos. “Sofía Müller decía que era mejor que se murieran las costumbres”, recuerda. Aún hoy, muchas prácticas culturales han sido estigmatizadas como “atrasadas” o “paganismo”.

Sin embargo, su mensaje no es de resignación, sino de resistencia: “Saquemos nuestros hijos adelante con estudio, pero sin perder nuestros usos y costumbres. Que los padres aconsejen, que los hijos tengan horario, proyección de vida, que no busquen pareja a temprana edad”.

La pérdida de la lengua no es un fenómeno espontáneo. Tiene raíces estructurales. Así lo explica Elkin Arcesio Granda Pérez, rector del colegio Francisco de Miranda, con más de tres décadas de experiencia en etnoeducación: “Hay casos donde los padres hablan lenguas diferentes, entonces el niño opta por hablar solo español. Además, muchos lo entienden pero no lo escriben. El docente tiene que investigar más: ¿de dónde viene el niño? ¿Qué vive fuera del aula?”

El problema, agrega, no es sólo lingüístico. También influye el conflicto armado, la ausencia de figuras paternas, el desplazamiento forzado, la pobreza. “Necesitamos docentes del territorio, con enfoque cultural, preparados no solo por plata, sino por convicción.”

Fortunato Meregildo, rector de seis sedes rurales a orillas del río Inírida y miembro del pueblo curripaco, lo resume con una frase lapidaria: “El problema está en casa”. Aunque las escuelas rurales intentan usar tanto lengua como castellano, la falta de continuidad en el hogar debilita el aprendizaje. A esto se suma otro obstáculo: la falta de una grafía unificada para las lenguas del Guainía, lo que dificulta la producción de materiales escolares. “Y la tecnología también nos está alejando de lo esencial: hay que salir del aula, caminar el conocimiento.”

Esa desconexión entre escuela y territorio es una de las preocupaciones de Yulitza Lasso Ipia, docente indígena de la Institución Educativa Rural Internado de La Ceiba. Como mujer puinave, madre, licenciada en etnoeducación y cultura, y estudiante de maestría en pedagogías comunitarias, Lasso conoce bien los desafíos que enfrentan sus estudiantes y sus propias hijas.

“La mayoría de nuestros niños y jóvenes entienden la lengua, pero no la hablan. Tienen miedo a equivocarse o a que los demás se burlen. A veces incluso los padres no dominan bien el idioma y prefieren no hablarlo”, explica.

Desde su experiencia como docente, también ha visto cómo el sistema escolar muchas veces falla en adaptar los procesos educativos al contexto cultural. “Las estrategias de enseñanza de la lengua no están unificadas. Falta formación para los docentes, pero también falta reconocimiento y apoyo institucional”, dice.

Aún así, apuesta por la transformación desde adentro. Ha desarrollado proyectos pedagógicos en los que involucra a sabedores, utiliza cuentos tradicionales, grabaciones orales y ejercicios de traducción para conectar a los estudiantes con su herencia lingüística. “El niño debe entender que la lengua no es algo del pasado, es algo que vive en él. Y para eso hay que vincularla con la vida diaria, no dejarla solo en el aula”.

No es solo una lengua: es una forma de estar en el mundo

La pérdida de una lengua no es solo un asunto lingüístico. Es también una pérdida cultural, espiritual, ecológica. Cada palabra que desaparece arrastra con ella una forma única de entender el mundo. Los nombres de los árboles, de los ríos, de los animales. Las formas de saludar, de contar el tiempo, de rezar o de sanar. Las lenguas indígenas no son solo medios de comunicación: son estructuras de pensamiento, cosmovisiones completas.

El Guainía no solo es biodiverso, también es profundamente pluricultural. Pero esa riqueza está amenazada si no se protege el principal vehículo de transmisión intergeneracional: la lengua.

En discursos públicos, documentos oficiales y reuniones institucionales, se habla de “educación propia”, de formar maestros en lengua, de producir cuentos y cartillas en idiomas originarios. Pero en la práctica, el currículo sigue siendo homogéneo. El aula rural sigue desprovista de herramientas pedagógicas con enfoque cultural. Los niños siguen aprendiendo en un sistema ajeno a su mundo.

El olvido de la lengua puinave también deja grietas en la relación con la naturaleza. Lo explica un líder comunitario mientras camina por un caño contaminado: “Los abuelos nos enseñaban que el bosque tiene dueño, que no se tumba por gusto, que si uno entra a cazar debe pedir permiso con el pensamiento”. Pero ya casi no hay niños que escuchen esos consejos. Ni en lengua, ni en español.

La lengua no solo nombra el mundo: lo regula. A través de ella se establecen normas ancestrales para respetar el monte, el río, los animales. “Cuando el niño no habla lengua, tampoco entiende por qué no debe matar una danta preñada o dañar una ceiba”, dice un docente indígena en una escuela rural. Sin lengua, los códigos culturales que protegían la selva empiezan a diluirse.

Además, muchas de las palabras puinave no tienen traducción exacta al español. Son conceptos complejos que combinan el cuidado, el respeto y la reciprocidad. En lengua, por ejemplo, se puede nombrar el tipo de silencio que hay antes de la lluvia o la forma en que un pez se deja atrapar por respeto a quien lo invoca con canto. Ese conocimiento ecológico profundo, transmitido oralmente, también está en riesgo.

Mientras tanto, los sabedores mueren, los cuentos se olvidan, los cantos se apagan.

¿Qué se puede hacer?

Desde las comunidades, las propuestas son claras y nacen de la experiencia y la urgencia. Es necesario crear proyectos comunitarios de revitalización lingüística que involucren a todas las generaciones y no se limiten al aula. También se deben diseñar y distribuir materiales escolares en lengua originaria, adaptados a los contextos locales, para que los niños puedan aprender a leer y escribir su idioma desde pequeños.

Formar jóvenes como aprendices de sabedores —no solo como estudiantes, sino como futuros portadores del conocimiento ancestral— es clave para garantizar la continuidad cultural.

Además, fortalecer la educación propia implica exigir que los docentes tengan perfiles culturales adecuados, con conocimiento del territorio, la lengua y las dinámicas comunitarias. Finalmente, los medios comunitarios deben ser aliados en esta tarea: contar historias, emitir cantos, compartir consejos en lengua, para que el idioma no solo se escuche en la escuela, sino también en la radio, en los celulares, en los altavoces del resguardo.

Solo así, con acciones concretas y sostenidas, se podrá evitar que el puinave y las lenguas indígenas amazónicas en general, se conviertan en un eco sin respuesta.

También es necesario que el Estado reconozca que revitalizar una lengua no es una tarea folclórica, sino una responsabilidad constitucional. Y que los pueblos indígenas no necesitan “salvarse”, sino ser escuchados, respetados y acompañados en su lucha por no desaparecer culturalmente.

Una esperanza en voz baja

En la misma casa donde empezó esta historia, la abuela sigue cantando. A veces, la nieta tararea. Otras veces, repite una palabra. ‘Abusic’, dice, cuando tiene hambre.

Esa chispa, aunque pequeña, es una esperanza. Porque mientras haya quien escuche, quien entienda, quien intente decir —aunque sea una palabra—, hay una lengua que aún respira.

Por generaciones, la arena ha sentido el temblor de los pies danzantes de hombres y mujeres Wayuu. En círculos perfectos, como las fases de la luna o el halo del sol, ellos repiten una coreografía milenaria que nació del viento. La Yonna, más que un baile, es una manifestación espiritual que conecta a los Wayuu con Mma —la tierra—, con Maleiwa —el dios supremo—, y con sus ancestros. En sus pasos y en su ritmo vive la herencia de Joutai, el viento que les enseñó a danzar.

Este ritual sagrado ha sido transmitido oralmente por sabios y sabias, ejecutado en momentos clave de la vida comunitaria: para agradecer por la lluvia y la abundancia, para despedir a los muertos en su camino a Jepira, para celebrar la salida de una joven de su encierro o para presentar públicamente a nuevos piaches, los líderes espirituales.

La Yonna no es una simple danza. Es un lenguaje de símbolos. Cada gesto, cada movimiento, cada instrumento tiene un valor espiritual.

La kasha, tambor ceremonial, resuena como un anuncio a los cuatro vientos: el ritual ha comenzado. En la pioi, la pista circular que representa el ciclo de la vida, los cuerpos se desplazan como nubes, zamuros, olas o tortolitas, imitando la naturaleza que los rodea y con la que viven en equilibrio.

“El Yonna representa la ritualidad, lo sagrado y una relación espiritual estrecha entre mma-tierra-naturaleza y sus hijos-Wayuu”, explica Frank Solano, antropólogo Wayuu del resguardo Mayabangloma. “Mediante las tecnologías, en el caso de la globalización, se ve más la Yonna como una muestra cultural y no espiritual”, lamenta.

Un regalo del viento

Para Herminia Mengual, sabia del pueblo Wayuu, la Yonna fue un don de las antiguas deidades. “El Yonna fue un regalo del viento, nos lo dio para comunicarnos con Maleiwa. El viento nos enseñó a bailar, así decía mi mamá”. Ella recuerda que cada detalle del ritual tiene una carga espiritual: el pioi, hecho en la arena, permite que el danzante se conecte con la tierra, con la vida y con la muerte. “El Yonna se hace en la tierra porque sobre ella ocurren todas las cosas”, dice Herminia.

Además de representar la Tierra, el pioi también es identificado con Kashi, la luna, símbolo femenino de fertilidad, seducción y poder espiritual. Algunos relatos míticos describen el pioi como el halo de Kashi, una corona lunar donde las parejas Wayuu se desplazan formando círculos para presentar un nuevo piache, festejar la sanación de un enfermo o celebrar la pubertad de una joven. 

La conexión entre Kashi y la Yonna es tan fuerte que muchos creen que la danza debe realizarse de noche, bajo la luna llena, momento en que los sueños cobran fuerza y los espíritus, los aseyuu, se comunican con el mundo de los vivos. Según la tradición, son estos espíritus quienes exigen, a través del sueño, la celebración de una Yonna para restablecer el equilibrio espiritual de una persona o de la comunidad.

El círculo del pioi evoca el halo de Kashi, la luna, y de Kai, el sol. Allí se ofrenda, se despide, se agradece. Las parejas giran en espiral, guiadas por el redoble de la kasha. El hombre entra primero y reta a las mujeres. Una de ellas acepta el desafío y lo persigue con gracia y fuerza, hasta que el hombre cae de cansancio. 

“El hombre representa al Wayuu, y la mujer, a Mma, la tierra. Es una metáfora de respeto y equilibrio entre hombre, mujer y naturaleza”, explica Frank Solano. “Y en esa relación, es la mujer quien persigue, recordando que la naturaleza siempre está por encima del hombre”.

“La Yonna, en suma, es un ritual polisémico que conecta al pueblo Wayuu con sus orígenes míticos, con su territorio y con su futuro”, afirma la antropóloga Ángela Carrasquero. A través del cuerpo, el ritmo, el sueño y la memoria colectiva, se narran historias de transformación, castigo, fertilidad y sanación. “El tamborero permanece firme, con el kásha terciado al hombro, marcando el pulso sagrado de la ceremonia. A su alrededor, invitados, familiares y ancestros invisibles observan cómo, una vez más, la danza reintegra el cuerpo y el espíritu en el centro del universo Wayuu”, finaliza.

De ritual a espectáculo

Con el paso del tiempo, la Yonna también ha cambiado. La globalización, el turismo y la presión de mostrar la cultura Wayuu en eventos públicos han transformado el ritual en una puesta en escena, muchas veces despojada de su carácter espiritual. Ya no siempre se danza en el territorio sagrado, sino en tarimas urbanas, festivales o ferias departamentales.

“El problema —señala Solano— es que en esos escenarios ya no se honra a los espíritus, sino que se entretiene al espectador”. Las innovaciones en los pasos, como el trote de caballo —un animal ajeno al territorio Wayuu—, se han incorporado para llamar la atención del público. Aunque visualmente impactantes, para algunos mayores estas variaciones diluyen el mensaje sagrado de la danza.

Sin embargo, para jóvenes como Ediht Paola Uriana, del resguardo de Mayabangloma, esta evolución también ha significado orgullo. “Pertenecí a un grupo de danza. Me gustó mucho aprender nuevos pasos, porque eso me permitió representar nuestra cultura y a nuestras mujeres. Me llena de orgullo”, dice.

El equilibrio entre tradición y modernidad es frágil. Mientras para algunos jóvenes la Yonna es una herramienta para visibilizar su identidad, para muchos mayores es un ritual que no debe despojarse de su espiritualidad.

Herminia Mengual lo expresa con preocupación: “Es malo lo que está pasando con la Yonna. No se debe presentar como algo a la ligera. Los espíritus se confunden, se molestan y se van. Si se van, ya no creerán en nosotros los Wayuu”.

El pioi ha sido testigo de generaciones de danzantes que han dejado allí su energía y carisma como tributo a la tierra. En cada redoble de kasha retumba el eco de los ancestros. Cada paso, cada caída, cada espiral cuenta una historia de resistencia.

En la actualidad, la Yonna vive en la tensión entre la tradición y el espectáculo, entre el ritual y la vitrina. Pero sigue siendo, para los Wayuu, una forma de volver al origen. De hablar con el viento. De rendir homenaje a la naturaleza que los sostiene. Y de recordar, danzando, que siguen siendo hijos de Joutai.

¿Podrá la Yonna seguir hablándole al viento si se olvida su lenguaje espiritual? Mientras el tambor siga sonando en la arena, los Wayuu seguirán buscando, en cada giro, el camino de regreso a Joutai.

Inírida es un rincón remoto de la selva amazónica en donde los ríos oscuros dibujan caminos en medio del verde espeso de la vegetación. Es también la casa de una fauna biodiversa con una belleza difícil de describir. Quizás por esas razones, el municipio se convirtió el pasado 10 de mayo en la sede nacional del Global Big Day 2025. Por primera vez, un departamento de la Amazonía fue seleccionado para recibir a sus connacionales en este evento de ciencia ciudadana que se realiza paralelamente en muchos lugares del mundo, cada año convoca a miles de observadores de aves para registrar las especies de sus territorios.

La jornada no solo marcó un hito en la visibilidad del Guainía como destino de aviturismo, sino que reunió a más de 350 personas entre capacitaciones y recorridos, e incluyó la participación activa de comunidades indígenas, instituciones locales y nacionales, expertos en ornitología y aficionados a las aves.

Colombia, líder mundial en avistamiento de aves

Mientras en Inírida se sumaban cantos y plumajes a los registros locales, Colombia volvía a posicionarse como el país más biodiverso en aves del mundo.

Según informó Parques Nacionales Naturales, el país registró 1.560 especies de aves, consolidándose nuevamente como el líder mundial en biodiversidad de avifauna durante el Global Big Day 2025.

Con más de 12 mil listas enviadas a la plataforma eBird, Colombia superó a Perú que registró 1.398 especies y a Brasil con 1.245. Más de 30 áreas protegidas del país, desde la Serranía de Manacacías, Meta, hasta los bosques del Amacayacu, Amazonas, participaron activamente con el respaldo de guardaparques, comunidades, visitantes y científicos. Este resultado no solo confirma a Colombia como epicentro de la avifauna mundial, sino que refleja el compromiso colectivo con la conservación y la ciencia ciudadana.

Un esfuerzo colectivo desde la selva

“El rol que tuvimos con mis compañeros fue el de organizar el evento del Global Big Day 2025, teniendo en cuenta los compromisos que ya habíamos adquirido con la nación”, explicó Andrés Bernal, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Económico del Guainía.

“Es la primera vez que un departamento de la Amazonía es sede nacional. Eso implica una mayor visibilidad del territorio y nos posiciona como un destino para el turismo de naturaleza”.

Gracias a ese reconocimiento, el evento fue posible con el apoyo de entidades como el Ministerio de Comercio, Fontur, Aerocivil, SEPA y la Gobernación. “Antes lo organizábamos sólo con recursos locales. Ahora, cada entidad aportó para financiar capacitaciones, logística, rutas y kits con dotación para los participantes”, agregó.

El registro en Caño Vitina: 70 especies y mucho aprendizaje

Una de las rutas más destacadas fue la del Caño Vitina, donde se identificaron 70 especies locales, ya que las aves migratorias del norte ya habían partido y las del sur aún no habían llegado. Para Sergio León, ornitólogo participante, estas jornadas son esenciales: “El Global Big Day nos permite compartir con personas con experiencia, aprender a diferenciar especies y descubrir la riqueza local. Nos abre el interés por explorar otras zonas y administrar nuevos puntos de observación. Es el inicio de procesos de aprendizaje y conservación”.

Entre las especies avistadas estuvieron: Colibrí ermitaño pico grande (Phaethornis malaris), Manaquín de corona amarilla (Heterocercus flavivertex), Vencejillo tijereta (Tachornis squamata), Aguililla blanca (Pseudastur albicollis), Jacamar bronceado (Galbula leucogastra), Cotinga Pompadour (Xipholena punicea)  Mike Goad, Carpinterito telegrafista (Picumnus exilis), el más llamativo del recorrido.

León subrayó: “Identificamos especies muy locales de la Amazonía oriental. Eso reafirma la importancia de conservar estos ecosistemas”.

“El Global Big Day es una herramienta para visibilizar al Guainía y posicionarlo como un destino turístico nacional”, sostuvo Bernal. “Queremos una conversión productiva: pasar de economías como la minería ilegal a actividades sostenibles como el turismo de naturaleza”.

Las comunidades indígenas de Paujil, Sabanitas, Remanso, Concordia y Caño Cunuven acogieron las rutas de observación en sus territorios. “Desde un inicio se tuvo en cuenta que los guías fueran locales y que las comunidades estuvieran involucradas en toda la logística. Incluso, hicimos una capacitación exclusiva para los guías turísticos con un experto nacional”, afirmó.

Se habilitaron once rutas (seis terrestres y cinco fluviales), incluyendo sitios como Coco Viejo, Tierra Alta, Kenke, Laguna Matraca y La Rompida. Según Bernal, “los recorridos fluviales y terrestres tenían cupos limitados para no espantar a las aves. Pero las capacitaciones fueron abiertas al público y asistieron más de 200 personas por día”.

Más que pajarear: construir paz con la naturaleza

“El avistamiento de aves es mucho más que ‘pajarear’ —dijo Bernal—. Es una herramienta de conservación y de transformación del territorio. Estamos tan apartados del centro del país que eso ha permitido conservar nuestra riqueza cultural y natural. Ahora queremos mostrarla, pero con respeto”.

Para Parques Nacionales, cada lista, cada especie registrada, no solo aporta a la ciencia, sino también a la construcción de un país más consciente. “El Global Big Day fortalece la conexión con el territorio, los saberes que lo construyen y promueve la paz con la naturaleza”, expresó la entidad en su comunicado nacional.

Y si alguna duda quedaba sobre el impacto del evento en Inírida, los números hablan por sí solos: más de 200 personas estaban listas a las 4:30 a.m. para embarcarse en las rutas; más de 350 en total participaron activamente entre recorridos y capacitaciones.

“Nosotros teníamos planeado algo más pequeño y se nos creció. Pero eso es lo bueno: vimos que lo que hemos venido trabajando está dando resultado”, concluyó Bernal con entusiasmo.

El 9 de abril de 2025, en el auditorio de la Institución Educativa Corazón de María del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, se vivió una jornada de tensión, expectativas y reclamos. La reunión, convocada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), tenía un propósito claro: socializar con la comunidad el proceso de posible firma de un nuevo contrato de concesión minera entre el Estado colombiano y la empresa Miner S.A. para la explotación del proyecto El Roble, la única mina de cobre metálico activa del país.

Con un auditorio abarrotado por líderes sociales, representantes indígenas, organizaciones campesinas, ambientalistas, trabajadores de la mina y funcionarios públicos, el evento sirvió como un termómetro de las fracturas que atraviesan al territorio.

La historia minera de El Carmen de Atrato, de más de tres décadas, ha dejado una huella profunda en su paisaje, su economía y sus comunidades. Sin embargo, para muchos habitantes, los beneficios prometidos no han llegado, y la desconfianza frente a este nuevo contrato es palpable. 

La Agencia Nacional de Minería explicó que el nuevo contrato se encuentra en una etapa precontractual. Según la entidad, este surge como respuesta a un laudo arbitral internacional fallado en contra del Estado colombiano, que obliga a habilitar nuevamente la operación minera. De ahí la urgencia de regularizar la situación jurídica de Miner S.A., una empresa que, pese a no contar con un contrato vigente, ha seguido explotando el yacimiento de El Roble con amparos judiciales.

La propuesta de nuevo contrato plantea una duración de 15 años, prorrogables, con compromisos específicos en materia de regalías, empleo local, inversión social y cumplimiento ambiental. Sin embargo, para muchos sectores presentes en la reunión, la socialización fue más una formalidad que un espacio real de participación.

Intervenciones institucionales y comunitarias

En la mesa principal se sentaron representantes de la ANM, la Alcaldía de El Carmen de Atrato, la Gobernación del Chocó y la Procuraduría Ambiental. Desde estos espacios se reiteró la importancia del proyecto para la generación de empleo y la dinamización de la economía local. Jaime Arturo Herrera, alcalde del municipio, celebró la posibilidad de aumentar los recursos de regalías: “Pasar del 20% al 41% en ingresos por regalías sería un logro histórico para nuestro pueblo. Necesitamos vías, salud, educación”.

Pero la mayoría de intervenciones desde el público pusieron en duda ese optimismo. Una tras otra, las voces comunitarias reclamaron una participación real en las decisiones que afectan al territorio.

Javier Arrieta, líder de la Mesa Indígena Departamental, expresó con firmeza la exclusión histórica del movimiento indígena: “Como pueblos indígenas no nos sentimos apoyados, ni siquiera con las regalías que llegan a los municipios. Esperamos que en este nuevo contrato se pueda cambiar esta situación”.

Arrieta pidió que el contrato contemple la contratación y cualificación de personal indígena, así como inversiones concretas en educación y mejoramiento de vías en sus territorios. “Los afectados somos los pueblos indígenas. Que el apoyo en educación llegue a nuestras comunidades, que se arreglen las vías en nuestros pueblos”, subrayó.

La voz del campesinado y los olvidos estructurales

Marcela Sánchez, vocera de la Plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, alzó la voz con contundencia. Denunció la exclusión de los campesinos en el proceso de socialización y en las decisiones sobre el nuevo contrato. Su intervención fue una radiografía crítica del papel del Estado frente a los territorios bioculturales del Chocó.

“¿Dónde quedó el discurso sobre el Chocó biogeográfico, sobre nuestros ríos y montañas exuberantes?”, preguntó. “Ahora se buscan vetas de minerales donde estamos las comunidades. Hoy reivindico al campesinado carmeleño que ni siquiera fue mencionado en este escenario, pese a ser de los más afectados”.

Sánchez también cuestionó la coherencia del Gobierno Nacional y la legalidad del proceso. Recordó que el laudo arbitral que motiva el nuevo contrato fue impulsado no por una institución, sino por un ciudadano —Darío Cújar—, y que las reformas estructurales para redistribuir los recursos siguen estancadas en el Congreso.

“Nos dicen que va a llegar más dinero, pero eso está regulado por una ley nacional. ¿Quién asegura que llegue a nuestras comunidades?”, sentenció.

 Reclamos desde la Mesa Social Ambiental

Ramon Cartagena, integrante de la Mesa Social Ambiental, fue enfático en que este proceso no puede seguir siendo una simple socialización. Pidió a la ANM un nuevo espacio de concertación con garantías de participación real, tiempos equitativos y presencia de todas las voces del territorio. “Esto no puede ser una imposición. Se necesita diálogo verdadero entre las partes, no una exposición unilateral del Estado o la empresa”.

Cartagena insistió en que la participación ciudadana debe ser previa, libre e informada, tal como lo exige la Resolución 1099 de 2023 que rige los procesos de concesión minera en Colombia.

Junto a las organizaciones sociales, el sindicato minero apoyó las voces de protesta. Durante la jornada, representantes leyeron fragmentos del documento que presentaron oficialmente a la ANM ese mismo día, acompañado por un informe del Centro Sociojurídico Siembra sobre los incumplimientos contractuales y ambientales de la empresa Miner S.A.

El sindicato aboga por que se firme un nuevo contrato que garantice estabilidad laboral a los trabajadores actuales y el pago de salarios atrasados. Para ellos, cerrar la mina o frenar la operación generaría un caos económico para las familias que dependen de este ingreso.

Pero más allá del empleo, está en juego la protección del territorio. Varias organizaciones recordaron que la mina El Roble se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Atrato, una figura de protección ambiental que choca con los intereses extractivos. También está vigente la Sentencia T-622 de 2016 que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, lo que implica una obligación estatal de proteger su integridad ecológica.

A esto se suma la Ley Segunda de 1959, que protege zonas forestales estratégicas, y los procesos de restitución de tierras que aún están activos en la región. “¿Cómo garantizar que este contrato no vulnera estos marcos jurídicos?”, preguntaron los asistentes.

 El dilema de la inversión comunitaria

Uno de los temas más polémicos es el de la inversión comunitaria. Las organizaciones se preguntan quién definirá en qué se invierte y cómo se garantiza que los recursos lleguen realmente a las comunidades, y no se queden en manos de intermediarios o élites locales. Hasta ahora, la empresa Miner S.A. no ha ejecutado proyectos de alto impacto en la zona, pese a más de 30 años de operación.

“El Carmen de Atrato sigue estando entre los municipios con mayores índices de pobreza extrema en Colombia”, recordó uno de los líderes. “¿De qué han servido las regalías si seguimos sin hospitales adecuados, sin carreteras, sin escuelas en condiciones dignas?”.

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Una comunidad dividida y una decisión pendiente

El encuentro del 9 de abril dejó claro que la comunidad está dividida. Por un lado, trabajadores y proveedores de la mina apoyan la continuidad del proyecto, en defensa de su sustento. Por otro lado, líderes indígenas, campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos exigen un nuevo modelo de desarrollo, más allá de la minería.

Aún no se ha firmado el contrato, y la ANM deberá evaluar las observaciones presentadas por las organizaciones. Queda en el aire la posibilidad de realizar una consulta previa, como lo exigen los tratados internacionales ratificados por Colombia cuando se afectan pueblos étnicos.

También sigue sin resolverse la posible integración de títulos mineros, la definición del esquema de inversión social y el cumplimiento de normas ambientales, territoriales y de restitución de tierras.

 ¿Y ahora qué?

El futuro del proyecto El Roble está en suspenso. El Gobierno Nacional tendrá que tomar una decisión que no solo involucra temas técnicos o económicos, sino éticos y sociales. Firmar un nuevo contrato sin garantizar una participación efectiva de las comunidades sería repetir errores del pasado.

Este caso es un espejo de lo que ocurre en muchas regiones del país: tensiones entre institucionalidad, comunidades, empresas y medioambiente. Una historia de recursos que llegan al centro y de voces que resisten en la periferia.

El Carmen de Atrato, con su biodiversidad exuberante y su gente resiliente, merece un futuro más justo. Uno en el que la minería no sea sinónimo de imposición, sino de acuerdos construidos desde abajo, con respeto por el territorio y por quienes lo habitan.

A finales del año 2019, el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz llegó a las sabanas del Yarí, en el sur del departamento del Caquetá. Esta iniciativa, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se propuso como un puente entre el proceso de paz y la restauración ecológica de una de las regiones más golpeadas por la guerra, la deforestación y el abandono estatal. Desde entonces, comenzó un proceso de coordinación y sensibilización entre actores institucionales, comunidades campesinas y organizaciones sociales del territorio, entre ellas la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY) y la Corporación de Trabajadores Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí (CORPOAYARÍ).

La llegada del proyecto coincidió con una necesidad sentida en el territorio: reconstruir la relación con el bosque. Durante años, las dinámicas extractivas —legal e ilegalmente impulsadas— habían arrasado con miles de hectáreas de selva, dejando tras de sí suelos erosionados, fuentes hídricas alteradas y comunidades fragmentadas.

En medio de este panorama, AAMPY y CORPOAYARÍ encontraron una oportunidad para transformar la memoria del daño en acción colectiva por la vida.

Mujeres que siembran futuro

AAMPY nació en 2011, en una región históricamente marginada del mapa político y ambiental de Colombia. La Asociación fue impulsada por un grupo de mujeres campesinas del Yarí que, además de enfrentar las violencias del conflicto armado, han lidiado con la exclusión de género, la pobreza estructural y el peso de sostener sus familias en medio del abandono institucional. Conformada hoy por alrededor de 60 mujeres, AAMPY ha convertido el cuidado del territorio en una forma de liderazgo colectivo, desde donde se promueve la justicia ambiental, la soberanía alimentaria y la reivindicación de los saberes tradicionales.

“Empezamos con nuestros conocimientos empíricos, los que habíamos heredado de nuestras madres y abuelas”, cuenta Xiomara Gómez, vicepresidenta de AAMPY. “Pero con el tiempo llegaron personas profesionales que nos fueron orientando, en cómo trabajar y avanzar, desde la recolección de semillas hasta la siembra en fincas”.

Las mujeres de AAMPY no solo se organizaron para sembrar. También empezaron a investigar. Salieron al bosque a identificar especies nativas, recolectar semillas, preparar almácigos, y experimentar con prácticas agroecológicas. Así nació el vivero comunitario de Alto Morrocoy, un espacio que no solo produce plantas, sino que también educa, conecta generaciones y reconstruye vínculos con la naturaleza.

“Nosotras sembramos para restaurar, pero también para sanar. Porque muchas de estas plantas estuvieron a punto de desaparecer, así como nosotras estuvimos a punto de perderlo todo”, dice María Raquel Espinosa, representante legal de AAMPY.

El vivero ha logrado propagar más de 720 mil árboles nativos y restaurar cerca de 329 hectáreas de bosque. Pero su impacto va mucho más allá de las cifras: ha creado un espacio donde las mujeres lideran procesos de transformación territorial desde el cuidado, el conocimiento ancestral y la articulación comunitaria.

“Es un lugar donde se aprende a conocer las especies y su función en el territorio”, explica Raquel. “Ha sido un escenario de aprendizajes para los niños y niñas, quienes han aprendido a valorar y conocer la riqueza natural que hay en el territorio”.

CORPOAYARÍ: promotores de una nueva relación con el bosque

Junto a AAMPY, ha sido fundamental la labor de CORPOAYARÍ, una organización campesina con presencia en 79 veredas del Yarí. Esta corporación nació como una apuesta por fortalecer la organización comunitaria y promover modelos sostenibles de vida en un territorio profundamente afectado por la guerra, el narcotráfico y la deforestación.

CORPOAYARÍ trabaja bajo un modelo de gobernanza basado en la promotoría campesina: una red de líderes ambientales que, desde sus núcleos veredales, impulsan la conservación de especies, el manejo de conflictos entre humanos y fauna, y la implementación de prácticas agroecológicas. Esta estrategia ha permitido recuperar la confianza entre vecinos, fortalecer capacidades técnicas en las comunidades y establecer alianzas con actores institucionales y académicos.

Arnulfo Mendoza, uno de los líderes de CORPOAYARÍ, señala: “Nosotros como campesinos vimos la necesidad de aportar y restaurar parte del daño que habíamos hecho con las talas y quemas, entonces pensamos en un vivero, para poder propagar plantas que nosotros mismos ayudamos a destruir”.

El vivero de Alto Morrocoy es una expresión concreta de esa apuesta. Allí se trabaja con especies nativas como carricillo, ahumado, cedro achapo, marfil y caño fistol, árboles que fueron fuertemente explotados por los aserraderos durante décadas y hoy están amenazados o en escasez. En total, hay más de 140 especies en propagación, todas seleccionadas bajo criterios ecológicos que priorizan el fortalecimiento de corredores biológicos y la restauración de zonas degradadas.

“Trabajamos con plántulas nativas, porque aquí no podemos traer especies no nativas. Si lo hacemos, alteramos nuestros ecosistemas y rompemos el equilibrio ambiental”, dice Xiomara.

“Este manejo ayuda a que los animales tengan alimento y refugio. Porque sin bosque no hay jaguar, y sin jaguar no hay equilibrio ambiental”, concluye María Raquel.

Restaurar para resistir

Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) son contundentes: en 2016, las Sabanas del Yarí registraron la tala de 8.000 hectáreas de bosque, casi la tercera parte de toda la deforestación del departamento del Caquetá ese año. En 2017, la cifra se superó, consolidando al Yarí como uno de los principales focos de pérdida forestal en Colombia. Y aunque los índices han disminuido ligeramente, la región sigue siendo uno de los 12 núcleos de deforestación donde se concentra el 67% de la pérdida de bosque a escala nacional.

Las causas son múltiples y estructurales: ganadería extensiva, expansión agrícola sin control, tala ilegal y ausencia de presencia estatal efectiva. Este proceso ha puesto en riesgo a más de 10.000 especies de fauna y flora amazónica, alterando ciclos hídricos, reduciendo la capacidad de los suelos y aumentando el riesgo de incendios forestales.

Frente a este panorama, las comunidades organizadas del Yarí han respondido con alternativas. Las plantas que alcanzan 60 cm de altura en el vivero de Alto Morrocoy son trasladadas a predios en proceso de restauración, donde se implementan herramientas como el Manejo del Paisaje (HMP), Enriquecimiento de Bosque (EB), Restauración Intensiva de Ronda Hídrica (RIRH), Restauración de Ronda Hídrica (RRH) y Restauración Intensiva (RI). Cada técnica se adapta a las condiciones del terreno y los objetivos ecológicos de cada predio.

“El vivero es una ficha clave en la implementación del proyecto porque se manejó tres puntos: conservar, restaurar y sistemas productivos sostenibles”, explica Luz Eliana Rodríguez, integrante de AAMPY y propietaria del terreno donde está ubicado el vivero.

Además de las acciones directas de siembra, AAMPY y CORPOAYARÍ han promovido procesos de educación ambiental en escuelas, ferias campesinas, encuentros comunitarios y visitas intergeneracionales. El conocimiento que se transmite no es solo técnico, sino también simbólico y espiritual: se habla del territorio como madre, del agua como vida, del jaguar como guardián, del bosque como casa común.

Tejer paz con raíces

El proceso que adelantan AAMPY y CORPOAYARÍ no es solo ecológico: también es político, cultural y profundamente simbólico. Las mujeres del Yarí, que por años resistieron en silencio la guerra, han encontrado en las semillas un lenguaje para narrar otros futuros posibles. La restauración ecológica se ha convertido en una forma de reconciliación con la tierra y de construcción de paz territorial.

“Este trabajo no se trata solo de sembrar árboles. Es sembrar futuro, sembrar esperanza, sembrar dignidad”, resume Raquel Espinosa. Y añade: “La paz no va a llegar solo con firmas. La paz se construye sembrando en la tierra y sembrando en el corazón de las personas”.

Desde la periferia del país, estas mujeres han logrado articularse con instituciones nacionales e internacionales, posicionar su agenda en escenarios como la COP y abrir caminos para que otras organizaciones campesinas repliquen sus experiencias.

En un país donde muchas veces se criminaliza la protesta y se invisibiliza el trabajo de las organizaciones comunitarias, la experiencia de AAMPY y CORPOAYARÍ demuestra que la verdadera transformación ambiental y social surge desde abajo, desde los territorios olvidados, desde las manos de mujeres que siembran, cuidan y luchan por un futuro más justo y sostenible.

Cuando los primeros habitantes del Guainía caminaron por su territorio, dejaron un rastro indeleble en la piel de la Tierra. Sus pasos resonaron en la selva, sus voces se entrelazaron con el murmullo de los ríos y sus historias quedaron grabadas en las piedras como testigos silentes del transcurrir del tiempo. Esas rocas gigantes albergan petroglifos, mensajes sagrados, escritos en la lengua ancestral de los pueblos indígenas.​

Los petroglifos del Guainía, ubicados en comunidades como Coco Viejo, son una manifestación tangible de la cosmovisión indígena. Estos grabados representan la sabiduría de los pueblos indígenas y son considerados antiguos libros que conectan a las generaciones presentes con sus ancestros.

El sabedor Puinave Efraín Bautista explica que, en realidad, estos símbolos fueron enseñados por Dugjin, el dios que otorgó el conocimiento para escribir en las piedras, y su significado trasciende el tiempo y el espacio. También nos cuenta que estos petroglifos son "mensajes que nuestros antepasados escribieron para informar al pueblo".

Según la arqueóloga Carmen Pérez Maestro, esta escritura fue interrumpida con la llegada de los europeos, quienes trajeron consigo la evangelización, la colonización y la imposición de nuevas formas de comunicación. Sin embargo, los petroglifos se mantuvieron como una forma de conectar con el pasado. 

Sabiduría escondida en las piedras

Los petroglifos cuentan las historias de los antepasados, relatos que enseñan sobre sus creencias, sus mitos, su visión del mundo y su relación con la naturaleza. Cada petroglifo tiene un significado profundo que trasciende el tiempo y el espacio. De acuerdo con la tradición de los indígenas Puinave, los mayores sabían leer estas piedras como un libro sagrado. Esta escritura estaba destinada a informar a la comunidad sobre eventos importantes, como la llegada de la temporada de caza o el cambio en el ciclo de las lluvias. Además, servían como un medio para transmitir conocimientos espirituales, enseñanzas de los dioses y rituales sagrados.

Uno de los petroglifos más significativos, según los sabedores, es aquel que representa las estrellas del calendario, conocido como Waliperre en la lengua Curripaco. Este símbolo tiene un papel fundamental en la vida de los pueblos indígenas del Guainía, ya que está vinculado al ciclo temporal y a la observación de las estrellas.

Según Alirio Torcuato, sabedor del pueblo Curripaco, Waliperre también es una guía para entender el paso del tiempo. Este petroglifo, al igual que muchos otros, está estrechamente relacionado con la naturaleza, las estaciones y la vida diaria de las comunidades.

Para los pueblos indígenas del Guainía, los petroglifos son, ante todo, elementos esenciales de la cosmovisión. Estos grabados están profundamente conectados con la espiritualidad y la identidad de los pueblos de Guainía. Su cuidado es, por tanto, una cuestión de gran importancia para la preservación de la cultura. 

El abuelo Pablo Cabría, sabedor de la comunidad de Caranacoa del pueblo Puinave, recuerda cómo los petroglifos eran interpretados por los ancianos como mensajes sagrados. Según él, los petroglifos son "escritos de poblaciones muy antiguas", tallados en las rocas con materiales duros como el diamante. Los petroglifos eran una forma de garantizar que el conocimiento ancestral se transmitiera, no solo de boca en boca, sino también grabado en la misma tierra que los ancestros habitaban.

El misterio de los petroglifos queda en evidencia en esta historia que narra Cabría, que ocurrió cuando él tenía 12 años: 

—En ese tiempo había llegado la Semana Santa, y mi padre decidió hacer un viaje hacia los lugares donde se encuentran los petroglifos. En ese entonces, la zona estaba deshabitada. Al llegar al lugar, los mayores decían que donde están señalados los dibujos es donde se esconde lo valioso como el oro. Así emprendimos camino hasta unas cuevas

Acampamos cerca del lugar y decidimos vigilar durante la noche, esperando alguna señal. Cerca del amanecer tomamos la decisión de entrar en las cuevas. Fue entonces cuando una luz intensa iluminó todo el interior, resplandeciendo hasta el exterior, era una luz demasiado brillante y recuerdo que el fenómeno nos llenó de temor, salimos rápidamente del lugar y nunca más volvimos desde ese día.

Para el abuelo Pablo Cabría, los petroglifos son escrituras antiguas con mensajes e instrucciones que no han terminado de ser interpretados.

https://www.instagram.com/reel/DGB35fwpUZv/?igsh=MXJhbXI4NWxyc3d4cA==

La amenaza a los petroglifos: vandalismo y desconocimiento

Los petroglifos del Guainía enfrentan serias amenazas. La erosión natural, el vandalismo y la falta de conocimiento sobre su importancia cultural ponen en peligro estos símbolos sagrados.

Uno de los incidentes más graves ocurrió el 3 de febrero de este año en la comunidad indígena de Coco Viejo, en el resguardo Coayare El Coco, Inírida. Un grupo de jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, rayaron varios petroglifos, alterando irreversiblemente los grabados que habían permanecido intactos durante siglos. La indignación fue inmediata, ya que estos actos son considerados por las comunidades como un ataque a la memoria e identidad colectiva. 

"Estos petroglifos no son solo piedras, son nuestra identidad, son nuestra historia", afirmó Zulma Torcuato, capitana (autoridad) de Coco Viejo. La falta de conciencia sobre el valor de estos petroglifos, tanto dentro como fuera de las comunidades indígenas, lleva a que estos actos continúen ocurriendo.

El impacto cultural y espiritual de la destrucción

El daño causado a los petroglifos afecta directamente la conexión de los pueblos indígenas con sus ancestros y con las fuerzas espirituales que los rodean. Cada petroglifo tiene una historia y una enseñanza particular cuando son vandalizados, según los indígenas, esa conexión se debilita, y con ella la capacidad para comprender su identidad y los principios que los guían.

Divino Dasilva, líder del pueblo Curripaco, señala que la desaparición de los petroglifos afecta la moralidad y el conocimiento de los jóvenes.

Esto ocurre porque a medida que los símbolos sagrados desaparecen, los jóvenes pierden el contacto con las enseñanzas ancestrales y comienzan a alejarse de los principios que han guiado a las comunidades indígenas durante miles de años. Esto conduce a la transformación del comportamiento y la forma de vida de las nuevas generaciones.

El compromiso con la preservación

Ante esta situación, las comunidades indígenas del Guainía han tomado acciones para preservar los petroglifos y garantizar que las futuras generaciones continúen aprendiendo de ellos. El proyecto de investigación sobre el arte rupestre en la cuenca del río Inírida, liderado por la arqueóloga Carmen Pérez Maestro, busca documentar y estudiar los petroglifos en la región, promoviendo su conservación y divulgación, de la mano de comunidades locales. 

El Museo Comunitario del Guainía también juega un papel fundamental en la preservación de los petroglifos.

Con la creación de rutas patrimoniales buscan que los visitantes conozcan estas expresiones y su significado cultural. Estas rutas ayudan a preservar los petroglifos, fomentan un diálogo intercultural con la memoria de los pueblos originarios y promueven el respeto por su patrimonio.

El proyecto cuenta con el acompañamiento del museo y con la participación activa de las comunidades indígenas de los ríos, quienes han compartido sus saberes y relatos ancestrales. Esta articulación ha sido clave para fortalecer la conexión cultural, el reconocimiento del territorio y la preservación del patrimonio.

Además de su valor científico, la investigación promueve un diálogo intercultural que valora la memoria de los pueblos originarios, y abre nuevas posibilidades para el desarrollo del turismo cultural en la región.

Un llamado colectivo a la protección

Para los pueblos indígenas del Guainía la protección de los petroglifos requiere un esfuerzo conjunto entre las comunidades, las autoridades y la sociedad en general, como un esfuerzo colectivo para garantizar que estos símbolos sagrados sean preservados para las futuras generaciones. La propuesta incluye la creación de rutas de interpretación cultural, la implementación de estrategias de vigilancia ancestral y la educación sobre la importancia de los petroglifos en las escuelas y comunidades.

La protección de los petroglifos es una apuesta por la conservación material, el respeto por la memoria ancestral y por la identidad de los pueblos indígenas del Guainía.

La carretera por la que suele cruzar Yineth Rivera Rey está adornada con árboles de lado a lado. Hay carbones, mangos y acacias que la arropan con una manta de sombra en la calle principal del barrio Villa Norte, en la entrada a San Vicente del Caguán. Yineth mira hacia arriba con satisfacción, no solo porque se siente protegida, sino porque fue ella, junto a sus compañeros de escuela, quienes sembraron treinta de esos árboles hace más de veinte años como parte de un proyecto de reforestación de la Institución Educativa Rural Arenoso.

“Nosotros debíamos adoptar un árbol, cuidarlo, abonarlo y no dejarlo morir. Mi madre me ayudaba y me daba permiso para ir a las excursiones, porque para esa época todo era muy difícil, pero uno era curioso y tenía todos los sentidos enfocados en aprender”, recuerda Rivera, quien ahora tiene 34 años.

Así como han crecido los árboles que sembró en su adolescencia, han crecido también las iniciativas ambientales en la institución. Antes, la escuela rural tenía únicamente salones, antejardines y algunas huertas. Ahora hay más de 12 sedes con 500 árboles que atraen todo tipo de aves, anfibios e insectos. Hay proyectos enfocados en reforestación de cuencas hídricas y caminos veredales, siembra de techos verdes y manejo de residuos sólidos. Todo como una forma de integrar la conciencia ambiental y la vida estudiantil. “Para mí es importante que tengamos conciencia ambiental, habría menos basura, menos contaminación, más siembra de árboles, más hogar para animales, no estaríamos dañando el planeta”, cuenta Kevin Santiago Jiménez, estudiante de noveno grado.

Aunque estas iniciativas han marcado la juventud de varias décadas de estudiantes, sus aportes son poco conocidos en el municipio. Melissa Andrade, una comerciante del barrio Villa Norte, se sorprendió al enterarse de que esos árboles habían sido plantados por los niños del colegio. “Es increíble, me gustaría felicitarlos. En verdad estoy profundamente agradecida, no pensé que hubiera una historia detrás de esto. Ojalá se siga generando esa conciencia desde las escuelas, porque no recuerdo haber hecho lo mismo donde estudié. A veces pensamos que los adultos debemos enseñar a los niños, pero mira, los niños también hacen mucho por nosotros”, dice.

Un compromiso por la tierra

Julián Caviedes tiene 14 años y estudia octavo grado en la sede de la vereda Santa Marta. Él, junto a 45 estudiantes más, continúan con el legado que han dejado otros desde hace dos décadas, cuando comenzó la reforestación estudiantil.

Caviedes señala con su dedo una de las especies de árboles más importantes para la repoblación forestal: el carbón. “Es un árbol nativo que está en la mayoría de quebradas, es muy propagador porque la semilla se dispersa y el agua las transporta a varios lugares (...) Es muy bueno también como sombrío, aunque las plantas de caucho se nos han dado muy bien también”, explica. 

Caviedes se reconoce a sí mismo como agricultor y campesino. Disfruta cuidando a los animales y los cultivos de la finca de su familia, también cree que esta conciencia ambiental que ha fortalecido en el colegio le servirá para siempre. Para él, estudiar en la ruralidad es una oportunidad para apreciar continuamente la vida de las plantas, los animales y los recursos naturales. Por eso, sigue con mucho entusiasmo el curso del agua del nacedero ubicado a un kilómetro de la escuela, que abastece a toda la comunidad educativa. 

“El nacedero que tenemos se divide en túneles de agua subterránea más o menos de diez metros. Junto a los padres y maestros hicimos una molla con madera fina para represarla y poder generar agua para la escuela. Es así como acoplamos la teoría con la práctica y mostramos que estamos cuidando nuestro propio ecosistema”, dice.

Caviedes tiene un lema que se repite cada tanto: sembrar hoy para el bienestar del mañana. En medio de esta reflexión, destaca el rol de la educación rural, pues para él la escuela ha sido un refugio para aprender a cuidar la vida y defender valores como el sentido de pertenencia. ”Aquí es donde me he desarrollado, donde he aprendido, donde he enseñado y donde muy posiblemente me superaré”, agrega.

Además de la sede Santa Marta, en otras también se llevan a cabo este tipo de proyectos. Hay iniciativas ambientales en las veredas Arenoso, Alto Arenoso, Balcones, Bélgica, Buenos Aires Nº 2, Ceibas Abajo, Ceibas Arriba, Guamalito Bajo Plumero, La Esmeralda, La Pradera, La Tolda, Parcelación el Líbano, Pilones, Santa Isabel de la Urella y Sotará.

Todas han acogido un modelo pedagógico llamado “Hagamos paz con la naturaleza”, que está basado en alinear los conocimientos campesinos tradicionales junto a los principios de la sostenibilidad. Por eso, los profesores intentan acercar al estudiantado a la tierra desde preescolar hasta noveno, su grado más alto.

Desde una pequeña oficina en la sede La Pradera, el rector Eris Zúñiga destaca que la voluntad de los docentes, estudiantes y padres de familia juega un papel importante dentro del modelo educativo. Para él, es una relación constante y permanente que va más allá del manejo agronómico. Se trata de crear un vínculo personal y afectivo con el medio ambiente. “Si todos sentimos una armonía con la naturaleza, eso se va a reflejar también en el ambiente educativo”, afirma. 

Labrar la tierra para cosechar futuro 

La profesora Dennis Torres es docente del área agropecuaria en la sede La Pradera desde hace 18 años. Mientras se quita el sombrero de paja y se seca el sudor de la frente luego de una jornada de siembra de yuca, celebra el enorme cambio de sus estudiantes en relación con el cultivo de la tierra. “Muchos niños han cambiado su forma de pensar y están en el proceso de ayudar a educar a los demás, y para mí eso vale toda la pena”, dice Torres. 

En sus clases, ella y sus alumnos se dedican a sembrar plátano, aguacate, caña, papaya, piña, mango, entre otros productos que pasan luego a ser alimento para todos en el restaurante escolar y en festivales como La Cañatón o La Yucatón. En estos eventos, los padres de familia muelen la caña para extraer guarapo y entre todos hacen varias preparaciones a base de yuca para degustar con las familias y los docentes. 

“A mí me encanta la actividad de La Cañatón. Todos ayudamos a cortar, alistar y hasta comer, ojalá se repita. Estoy orgulloso de compartir en mi casa lo que aprendo. Junto con mi abuela hicimos una huertica y sembramos yuca, plátano y cilantro. Le enseñé también a aprovechar los residuos orgánicos”, cuenta Dorlan Parra, estudiante de sexto grado. En otras instituciones donde estudió, recuerda, nunca salía del salón para cultivar la tierra. 

Para que estos proyectos funcionen y sean continuos, cada docente se apropia de alguna tarea. Se dividen el trabajo con el compost, la recolección de residuos, la limpieza general y la cosecha. Todo con un abono natural y sin agroquímicos. “Cada ocho días un docente va con su grupo a encargarse del abono; lo mismo hacen para cuidar los jardines, en los que cada niño quiere ver su a planta florecer”, cuenta Torres. En sus clases destaca que ha logrado ampliar la imaginación de los estudiantes vinculando las labores del campo a los cuentos, obras de teatro y emprendimientos que empiezan a surgir.

En esto coincide Cristian Samir, profesor de la sede Balcones, una escuela hecha por los padres de familia. Con él, los estudiantes trabajan en contar los árboles y medir la distancia de cada uno, como una forma de evaluar el comportamiento de la naturaleza. “Revisamos también varias reseñas históricas de las especies y vinculamos en el proceso a los padres para que hagan un refuerzo desde el hogar en estos temas, pues nos importa promover valores como la responsabilidad, el compromiso y la empatía por el medio ambiente”, dice Samir.

Para esos trabajos de campo, las sedes educativas tienen un salón de herramientas con palas, palines, rastrillos, tijeras podadoras, azadones, garlanchas, picas y algunas peinillas o machetes. La mayoría fueron compradas con recursos que genera la cooperativa administrada por los docentes. 

“El reconocimiento de los seres vivos y las diferentes formas de vida permiten apropiarse de la biodiversidad que existe en el territorio. Es una manera de acercar la ciencia al ámbito de lo local. Nosotros procuramos pasar tiempo al aire libre, sacar a los niños del aula y recorrer en la medida de lo posible los lugares cercanos”, cuenta Wilton Muñoz, profesor de la sede La Pradera. 

Recuerda cuando empezaron con cinco árboles, luego fueron cincuenta, luego cien y hasta llegar a los 600 árboles el año pasado. “Las dificultades que nos encontramos en el camino es lo que nos ha permitido crecer. Somos conscientes y sabemos que de un 100 por ciento se salva un 30, pero con eso nos sentimos dichosos”, apunta Muñoz.

Techos Verdes

Otro de los proyectos que lleva adelante la Institución Educativa Rural Arenoso es la de climatizar algunos espacios para impactar en el bienestar de los estudiantes. Para eso se realiza un proceso de arborización frente a las aulas y se construyen techos verdes a partir de la infraestructura existente. Hace cinco años, los jóvenes plantaron un arbusto trepador que se puede moldear y ahora logran ver sus resultados. Cuando cierran la mitad de la tarima principal se genera una sombra que refresca el espacio social.

“La adaptación al cambio climático no es una opción, debemos anticiparnos a ese tema, por eso nosotros vimos la opción de sembrar especies que nos ayuden a generar sombra y barreras. En la época de invierno los fuertes vendavales nos han destechado varias aulas de algunas sedes educativas; por eso pensamos en techos naturales”, apunta Muñoz.

El proyecto de techos verdes ha sido conocido por estudiantes en la Universidad de España, donde varios profesores cursan el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental. Para ellos es importante visibilizar esta iniciativa que atraviesa a toda la comunidad educativa. “Así hacemos que todos quieran las plantas y las cuiden, poco a poco con el ejemplo, con la enseñanza y la insistencia desde los más chiquitines, quienes saben que los gusanitos, lombrices, pajaritos, zarigüeyas, mariposas y muchos más no son motivo de susto o de eliminación”, dice Wilton Muñoz.

Los jóvenes, además, participan en un proceso de recolección de residuos sólidos y lideran una gestión adecuada. A través de comités encargados de clasificar y depositar y darles un segundo uso, los estudiantes distribuyen las tareas los viernes de cada semana.

“Es satisfactorio ver los cambios de hábitos diariamente en los niños y cómo toman la iniciativa para utilizar menos hojas, clasificar y reutilizar el plástico o aprovechar los desechos para el compost”, afirma Dennis Torres.

A las afueras del cementerio de San Vicente del Caguán, un silencio denso acompaña a los equipos de búsqueda. Allí, entre lápidas desordenadas, tierra removida y registros que se pierden con el tiempo, se intenta reconstruir lo que el conflicto deshizo: la historia de quienes desaparecieron y aún no regresan. El drama por la búsqueda de desaparecidos en Colombia está lejos de cerrarse. Los investigadores forenses calculan que, incluso, se necesitarían 50 años más para organizar la información de cuerpos que se han ido recuperando. Tarea que se suma a la labor de tener una mayor presencia en las comunidades para la toma de muestras genéticas y de recuperar la confianza en territorios donde aún se vive el conflicto y el miedo.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informa, en su portal de datos, la desaparición de 124.734 personas en el marco del conflicto armado colombiano. El reporte se hace con aportes de distintas fuentes (familiares, excombatientes, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas).

En el caso de San Vicente del Caguán se documentan 556 desapariciones desde 1901 hasta el 2016. De estas personas, 451 son hombres, 85 mujeres y 20 sin información o no determinadas. Y aunque de 271 no hay información sobre la edad, el mayor grupo se ubica entre los 29- 59 años (97 casos, un 17 por ciento), le siguen de 18- 28 (87, un 16 por ciento), de 12-17 años (50, un 9 por ciento) y menores de 11 años (12, un 2 por ciento).

En el cementerio municipal de San Vicente del Caguán se han intervenido 16 sitios de interés, y allí se han recuperado 18 cuerpos que fueron enviados a Medicina Legal para su identificación. Uno de estos fue plenamente identificado y entregado en noviembre del año pasado a su familia en Montería. 

En el trabajo de ubicación de desaparecidos también colabora la Corporación Humanitaria Reencuentros, organización conformada en el 2017 por firmantes del Acuerdo de paz con el propósito de aportar en la búsqueda extrajudicial y humanitaria de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Además de la documentación, impulsan la ubicación de posibles lugares de interés de búsqueda. En estos 8 años han participado 3.400 firmantes en actividades de reencuentro a nivel nacional. 

“En San Vicente del Caguán se cruzaron distintas estructuras que fueron integrantes de las Farc, no solamente del Bloque Sur, sino también del Bloque Oriental. Es un lugar importante en la historia del conflicto”, indica el director de la Corporación Humanitaria Reencuentros, Jhon León González.

Los firmantes de paz no solo reconocen su responsabilidad en los hechos sino que además participan en la localización, la ubicación y la entrega de los cuerpos. “Nosotros estamos convencidos de que durante años las familias recabaron mucha información, que se puede sumar a la información que traemos. La desaparición es un delito que condenamos, rechazamos, juzgamos y trabajamos para que la práctica no exista más”, agrega. 

Los aportes de los firmantes también han impulsado la intervención al cementerio de San Vicente. “En este lugar hay desorden administrativo, irregularidades en la custodia de la preservación de cuerpos y la organización. Eso recae en que muchas personas siguen desaparecidas y en que sus identidades siguen siendo difíciles de ubicar”, indica. 

Sobre las dificultades de trabajar en San Vicente del Caguán, Jhon León identifica que hay estigmatización con las comunidades. “Hay criminalización del campesinado y de quienes fueron perseguidos y desplazados. Necesitamos que las víctimas estén en el centro y que el Estado colombiano haga el deber de buscar y responda a esa deuda histórica que se tiene con las miles de familias buscadoras. No solamente compartimos información, sino que apostamos a acciones restaurativas de manera articulada y conjunta”.

Otra de las medidas que adelanta la UBPD desde el 26 septiembre de 2024 es la búsqueda inversa, estrategia orientada a localizar a los familiares y allegados de las víctimas de desaparición forzada en Colombia que han sido identificadas, pero no reclamadas. De este grupo se hace un cálculo de 8.000 cuerpos. El jefe de la Oficina de Información de la Unidad, Ramón Ricardo Valenzuela, explica que desde la UBPD se encargan de actualizar las listas y contactar a las familias, y para esto reciben información de allegados o conocidos.

“Tenemos el cuerpo identificado, sabemos dónde está el cuerpo y lo que no sabemos es quién es el familiar. Cuando el allegado se contacta con nosotros le pedimos unos documentos para que podamos verificar la relación con la persona”, cuenta Ramón Valenzuela. En este caso no es necesario el análisis de pruebas. Sin embargo, desde la unidad se adelantan jornadas de tomas de muestras biológicas y de entrega de información en veredas, entendiendo que muchas familias no pueden desplazarse a las oficinas de Medicina Legal o de la Unidad. 

Desde este trabajo a nivel nacional se han publicado 74 identificados no reclamados, de los cuales en 46 casos se ha logrado tener contacto con familiares y hacer 11 entregas dignas. Estos reencuentros se han dado en los departamentos de Santander, Quindío, Cundinamarca, Cauca, Bolívar, Atlántico y Arauca.

“Tenemos en cuenta que haya una plena identificación del cuerpo y que esté en un lugar exacto para que cuando hablemos a la familia le podamos hacer la entrega. No podríamos decirle a una familia: su ser querido está acá, en este cementerio, pero no sabemos dónde. Eso sería revictimizar”, puntualiza.

Valenzuela explica que el proceso puede demorarse por el temor de la familia, la falta de confianza y los trámites de documentación. En Caquetá se tienen 8 casos plenamente identificados y se está dialogando con cuatro familias. Los hechos de desaparición ocurrieron en los municipios de Cartagena del Chairá con 4 casos, 2 en San Vicente del Caguán, uno en Solano y otro en Puerto Rico. En este momento los cuerpos están en Florencia.

La labor de la UBPD incluye a investigadores, médicos, odontólogos forenses, genetistas, antropólogos, criminalistas, fotógrafos forenses, entre otros. En este grupo está Manuela Alzate, antropóloga líder de la UBPD para la región sur, quien se encarga de documentar y revisar en campo si lo que se encuentra en la investigación es correcto. 

“Nosotros nos dedicamos a explorar los sitios, a buscarles el potencial y a documentar lo que vemos. Hacemos unas aproximaciones y las enviamos a Medicina Legal y nos encargamos del seguimiento. Hay ciertas características a nivel morfológico que podemos ver para la estimación del sexo, como la pelvis y el cráneo, y les enviamos registro fotográfico de cómo lo encontramos”, dice. 

Manuela Alzate lleva cuatro años en la UBPD y nos cuenta: “Este trabajo es difícil de olvidar porque me voy con una imagen de a quién estoy buscando. Cuando a nosotros nos llega la documentación en la gran mayoría de las veces podemos incluso acceder a ciertas fotografías y eso hace la diferencia. Tener una imagen, un rostro, una historia de vida detrás e ir con eso a campo. Pensar en los últimos momentos de la persona que para mí es el móvil de seguir este trabajo, y más cuando a las actividades van familiares”.

Frente al cementerio de San Vicente, desde la UBPD también les preocupa el hacinamiento. “Las escrituras van en todas las direcciones, no hay señalizaciones y no se sabe del paradero de varios cuerpos”, agrega.

Por su parte Cindy González, investigadora humanitaria de la UBPD para el plan regional de búsqueda Caquetá norte, indica que hace falta documentación: “La persona que trabajó en el cementerio durante el momento más álgido del conflicto, con la retoma del Caguán y con la implementación del Plan Patriota, es un señor muy adulto y no recuerda tantas cosas por la edad. No hay registros claros y toca con la versión de los sepultureros”.

La investigadora también advierte que en las dinámicas de los cementerios se han reubicado algunos cuerpos: “Tenemos una expectativa de recuperación de cuerpos a partir de la información de necropsias y registros en el libro de inhumaciones que nos da un techo de al menos 74 cuerpos. Pero nos encontramos con sitios que han intervenido, alterado y eso baja la probabilidad de recuperarlos”, agrega.  

González además señala que en los ejercicios de intervención al cementerio llegan personas a aportar información. “Cuando estamos excavando, destapando, manipulando los restos, nos llega información que es clave. Llega una persona que anteriormente no tenía la confianza de hablar o no estaba en el sector, en la vereda, en el cementerio en ese momento y nos aporta un dato claro”, cuenta. En estas labores pueden participar familiares a quienes se les explica el lugar y la complejidad de los terrenos.

“Cerca del 40 por ciento de las solicitudes de búsqueda del norte del Caquetá tiene que ver con las circunstancias de vinculación o reclutamiento a un grupo armado ilegal y también a la circunstancia de desaparición en medio de las hostilidades de combatientes activos. En el caso del norte del Caquetá, hay tres cementerios principales: el de San Vicente del Caguán, el de Cartagena de Chaira y el Cementerio Central de Florencia”, agrega. 

4.430 personas desaparecidas en Caquetá 

Las dinámicas del conflicto llevaron a que Caquetá sea uno de los departamentos con más casos de desaparición forzada. En Florencia se reportaron 881, y le siguen municipios como San Vicente del Caguán (556), Cartagena del Chairá (420), Puerto Rico (267), Montañita (242), Curillo (215) y los demás con más de 100 casos. 

Helka Quevedo, antropóloga forense e investigadora del Centro de Memoria Histórica, en el informe “Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada” expone cómo “los desaparecidos se vuelven a perder” cuando se interrumpe el diálogo entre los familiares de las víctimas y las instituciones que tienen a su cargo la investigación de este crimen, la identificación y entrega de los cuerpos, la verdad, la justicia y la reparación integral. 

“¿Cómo es posible que no sepamos en dónde están nuestros muertos? Es lamentable desde el Estado colombiano, las alcaldías, las secretarías de salud y de la Iglesia”, advierte Quevedo, quien lleva desde los años 90 trabajando con la investigación de desaparecidos y la identificación de cuerpos. La antropóloga también estuvo a cargo de la exhumación de cadáveres en Caquetá desde la Fiscalía. 

La antropóloga forense advierte que el trabajo se debe hacer de una manera más sistematizada, ordenada y con tiempo. “El Caquetá y sobre todo San Vicente del Caguán son zonas donde ha estado marcado el conflicto, pero no la única. También está el Catatumbo, Chocó o Buenaventura. En estos lugares se debe hacer una documentación muy juiciosa de los cementerios y levantar toda la información con tiempo. Esto no se puede hacer corriendo, hay que hacer un plan de trabajo con los sepultureros, las administraciones municipales, las alcaldías y la Iglesia”, agrega.

Quevedo indica que el ejercicio de una autopsia no solo se hace sobre un cadáver, sino que se refiere al ejercicio de ver más allá de lo evidente: “Hacerle preguntas a las tumbas, a la comunidad, a los victimarios. En los cementerios hay capas sobre lo material y lo inmaterial. Tenemos que saber hacer las preguntas que son, las preguntas clave y asociar qué tiene que ver esto con el conflicto, hacer una línea de tiempo del contexto político social y geográfico de la zona”.

“Lo que me cuenta a mí ese cuerpo, esas prendas, ese tatuaje, ese anillo, las direcciones que estaban en los documentos. Lo que cuenta ese zapato. Su último pensamiento cuando se puso esa ropa. Esa muerte nos habla de la vida y un poco de quién fue. Un cuerpo esqueletizado para los antropólogos forenses habla de su historia, de su salud y de sus ancestros”, puntualiza.

En el trabajo de dar identidad a estos cuerpos, Quevedo cuestiona que los casos se están represando en los laboratorios: “Tenemos que hacer un pare y organizarnos. Se han exhumado y se han recuperado demasiados cuerpos sin contexto. El Instituto de Medicina Legal está colapsado y hay que parar, hacer un análisis y una investigación. Tenemos tantos cuerpos recuperados y no identificados bajo custodia del Estado que tenemos que priorizar porque este ejercicio nos va a tomar otros 50 años para darle respuesta a las familias”.

Quevedo también rescata la necesidad de trabajar con las comunidades. “Una polifonía de voces donde estén las familias, las personas que produjeron esas muertes y esas desapariciones. Tenemos que sentarnos a escucharnos. Y esto nos va a tomar mucho tiempo. Olvidarnos de dar cifras, de que saqué 40 cuerpos, el abordaje es un gran desafío para la justicia y para la libertad de las familias y de la sociedad”.

“Existe subregistro porque donde hay conflicto no llegan las instituciones. El reto es llegar donde están esas familias. Cuando trabajaba en la Fiscalía haciendo exhumaciones, teníamos que ir a lugares del mismo Caquetá y ver semejante paisaje y belleza, pero íbamos a buscar los cuerpos de la violencia. Es el contraste de ver lugares hermosos donde la gente vive con miedo y en silencio. Y eso no ha cambiado mucho”, puntualiza Quevedo.

Si tiene información puede consultar este enlace: https://busquedainversa.unidadbusqueda.gov.co/

El 10 de marzo, después de años de disputa, se decidió que la única mina que explota cobre en Colombia deberá pagar al país más de 119 mil millones de pesos. Miner SA perdió el arbitraje que sostenía con la Agencia Nacional de Minería, en el que se discutía la interpretación sobre los pagos que la compañía debía hacer por más de 30 años de explotación de cobre en El Carmen de Atrato.

Aunque la decisión es una ganancia para el país, la deuda de la empresa con el territorio va más allá de lo financiero. Desde hace varios años el proyecto opera bajo un régimen de evaluación y control ambiental desactualizado, por lo que funciona sin licencia ambiental y sin una evaluación seria de sus impactos, lo cual ha derivado en medidas de mitigación insuficientes.

Según un informe del Centro Sociojurídico Siembra, hay incumplimientos sistemáticos en las obligaciones ambientales de la empresa que han provocado mayores niveles de contaminación en el río Atrato y afectaciones a los ecosistemas de la zona. Ha sido especialmente nociva la infraestructura de operación, como las presas de cola y botaderos de estériles, que no tienen estudios adecuados ni medidas de contención ante eventuales desastres. A esto se suma la falta de sanciones por parte de Codechocó, que, según el Centro, ha sido negligente en el control y seguimiento de la actividad minera.

En Consonante hablamos con Viviana González, subdirectora de Siembra, sobre el verdadero uso de estos fondos, que dependerá de los proyectos que presenten la Gobernación del Chocó y la Alcaldía local, y sobre las otras deudas de la empresa con los carmeleños y su territorio.

Consonante: Miner S.A. tenía dos deudas con el Estado colombiano, regalías y participación de la nación, ¿el fallo resuelve las dos?

Viviana González: Sí, Miner tenía una deuda económica por dos conceptos: el no pago de las regalías por el cobre desde el inicio de la operación y el no pago de la contraprestación de participación nacional a partir del 2014, que fue cuando se superaron los volúmenes de extracción. No se sabe todavía los detalles del laudo, porque este no ha sido publicado, pero en principio la controversia sobre la que versaba este proceso son los dos pagos. Entendemos que la deuda correspondiente a las dos obligaciones son los 119.000 millones que la Cámara de Comercio entendió que sí eran responsabilidad de Miner.

C.: Se habla de que el beneficio será para todo el Chocó. ¿Cómo se tendría que manejar ese dinero? ¿Debe ir para alguna fuente en específico?

V.G.:  La forma en que entra el pago al Estado está reglamentado en la Ley 2056 del 2020, es decir, debe ser a través del Sistema General de Regalías y allí ya está definido de qué forma se distribuye. Hay que tener eso claro porque pareciera, o se está dando a entender, que esta plata entra a solucionar los problemas del Chocó o del municipio.

Hay un porcentaje que sí entra a los municipios y departamentos donde se hace la extracción de los recursos naturales no renovables, se llaman asignaciones directas, y es más o menos el 34 por ciento. 

Pero para acceder a eso se requiere la presentación de ciertos proyectos, cuyo requisito es que sean soluciones que estén contempladas en los planes de desarrollo, tanto municipales como el departamental. Tampoco es plata de bolsillo, o que se puede usar de cualquier manera. Hay unas reglas muy específicas sobre cómo se debería administrar esa plata y se quiere invitar a que haya mucha vigilancia respecto a estos recursos.

Otro porcentaje se designa a unas bolsas comunes, que por ejemplo tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, o al fondo de desarrollo regional, al fondo de compensación regional y a algunas asignaciones para la paz. Todos estos subfondos de esta gran bolsa de las regalías tienen un  procedimiento y un organismo que define las asignaciones, en este caso son los Ocad. Así, los entes territoriales deben formular proyectos para aplicar a esos recursos, en competencia con otros municipios y departamentos, y tienen que ser aprobados por los Ocad. De ser así, les llega este dinero para la ejecución y resolución de problemas.

C.: El Carmen de Atrato es un municipio de sexta categoría que recibe pocos recursos del Gobierno nacional. ¿De qué forma se va a beneficiar el municipio de los pagos de la minera?

V.G.:  Es importante tener en cuenta que El Carmen de Atrato no ha accedido a todos los recursos a los que hubiera podido acceder por la explotación de la mina El Roble, justamente por falta de iniciativa para presentar más proyectos y captar de esa manera los recursos. Ahora sí se va a requerir mucha iniciativa, tanto del municipio como del departamento, para poder acceder a este dinero. Toca ver de este porcentaje de asignación directa qué proyectos pueden presentar y qué priorizaciones hacen, tanto gobernación como alcaldía, dentro de los planes de desarrollo. 

Y al resto de recursos que ya no son de asignación directa también podrían concursar, ahí está por ejemplo la asignación para la paz, que sería muy importante porque muchos de los municipios del Chocó son priorizados para Pdet, entonces pueden apelar a estos otros porcentajes. Se necesita mucha gestión y que realmente se presenten proyectos que requieren un avance en la prefactibilidad, un ejercicio de planificación interna importante. 

C.: ¿Esta decisión del tribunal resuelve los conflictos que tiene la empresa con el Estado y el territorio?

V.G.:  Este laudo, que es el equivalente a una sentencia pero del sistema de justicia privada, tenía una pregunta muy específica que atender, y era si las deudas que la Agencia Nacional de Minería le estaba cobrando a la empresa Miner SA eran legítimas.

Pero nosotros hemos dicho desde Siembra que igual el cobre tiene otras deudas pendientes en El Carmen de Atrato, que tienen que ver con los impactos ambientales y sociales del proyecto. 

Frente a esto hay que señalar que el proyecto no cuenta con una licencia ambiental porque como el título fue otorgado en el 89, y en el país empiezan a hablar de licencias ambientales por la Ley 99 del 93, que es la norma madre ambiental, se establecieron unos regímenes de transición para aquellos proyectos que habían iniciado operaciones antes de la entrada en vigor de esta ley, y este proyecto quedó en ese régimen. 

Esto ha traído toda una serie de falencias, porque los instrumentos que rigen a los proyectos en régimen de transición son muchísimo más débiles. No cuentan con un estudio de impacto ambiental, que es el estudio de evaluación ambiental fundamental sobre el que se define si se otorga o no una licencia ambiental, y donde se establecen todas las obligaciones. 

Además, El Roble tiene una particularidad y es que empezó como una minería a pequeña escala que se ha ido ampliando y ampliando con el tiempo. Sin embargo, los instrumentos de control ambiental no se ajustaron a esa ampliación, sino que se han quedado un poco cortos y rígidos a la hora de comprender la magnitud de los impactos que la mina está generando.

También se suma todo un tema de la debilidad institucional de la autoridad ambiental que dirige el proyecto, que es la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Chocó, que ha sido sumamente negligente en realizar su deber de seguimiento y control. 

A lo largo de los años de operación se han presentado varios incidentes que nunca han terminado en la imposición de una sanción significativa para la empresa, por ejemplo, por vertimientos que se han dado al río Atrato en donde simplemente toman unas medidas muy temporales para calmar la opinión pública. Pero los instrumentos de control que tiene la empresa son muy débiles porque no tienen la magnitud de una licencia ambiental, sino que son unos permisos de concesión de aguas, o de ocupación de causas, que no tienen la virtud de evaluar en toda su magnitud las dimensiones de los impactos que se generan.

C.: ¿Qué otras deudas o compromisos tiene la minera con la población del Carmen de Atrato y el Chocó que aún no han sido resueltas?

V.G.: Que no haya la licencia también ha generado impactos sociales y ahí está el tercer bloque de deudas: la licencia ambiental comprende el ambiente de una manera más integral y amplia, y ahí hay un componente socioeconómico que todos los proyectos deben tener en cuenta. 

En su momento, estos permisos con los que empezó el funcionamiento de la empresa no contemplaban ese componente socioeconómico, pero claro que la empresa ha generado impactos en el municipio, por ejemplo, de cambio de vocación productiva. Antes era la despensa agrícola del Chocó y ahora la vocación es mayoritariamente minera. También están los usos del suelo y la dependencia económica, porque todo en el municipio gira en torno a la empresa. Entonces se tiene que hacer también una evaluación de esto para generar una serie de compromisos sobre cómo mitigar esta intervención socioeconómica que hace la empresa y que eso también sea regulado.

Pero esto no está pasando así, nuevamente por la falta de la licencia ambiental, entonces las inversiones pasan a un componente “voluntario”, de responsabilidad social empresarial, que termina siendo como una caridad para los carmeleños.

 Y eso es lo que también se quiere cambiar, las inversiones que hace la empresa en el municipio no son un regalo, sino que son compensaciones por los impactos que está generando.

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¿Cómo deberían los proyectos mineros mitigar sus impactos sociales?

C.: ¿Qué ha pasado con el objetivo de expansión de Miner?

V.G.: El Roble está en ampliación en dos dimensiones: temporal, que es con la renovación de estos títulos mineros que tiene vigentes en explotación, y espacial, porque la empresa solicitó que se le otorguen nuevos títulos para expandir la explotación a nuevas áreas en donde han realizado actividades de exploración.

Frente a la expansión temporal, el contrato 9313 se encuentra vencido desde enero del 2022, pero no podía darse una renovación del título a una empresa que tenga incumplidas sus obligaciones, entonces estaba esa traba. Miner y la Agencia Nacional de Minería celebraron un acuerdo de pago para la renovación del título minero y esto era lo que permitía mantener activa esa explotación. 

El presidente de la Agencia Nacional de Minería informó que se llegó a un acuerdo sobre la renovación del título que estaba en negociaciones, también porque la Agencia quiere hacer aún más exigentes esas contraprestaciones que la empresa debe pagar al país por la explotación de un mineral estratégico ahora en el comercio internacional, como lo es el cobre.

En principio entendemos que fue aceptado ese acuerdo, entonces también estamos a la espera de que se conozcan los términos en los que se va a renovar ese título minero y el periodo, porque también es urgente operar en plena legalidad ya con los contratos vigentes.

C.: Sobre la expansión espacial tenemos entendido, por ejemplo, que la empresa realiza actividades de exploración minera en las inmediaciones de la quebrada El Carmelo y hay preocupación por el uso del agua. ¿Qué reportes tienen ustedes?

V.G.: Miner actualmente tiene siete títulos mineros en El Carmen de Atrato, uno de ellos activo, que es el 9319. Sobre los otros no tiene explotación, pero ha realizado labores de exploración, porque el objetivo de Miner es encontrar un yacimiento lo suficientemente rentable para mantener activa la explotación y hacer esa expansión.

Paralelo a la explotación sigue realizando muchas tareas de exploración sobre los otros títulos y ha hecho cuatro solicitudes más, incluso hacia municipios vecinos como Urrao y Quibdó. Y en El Carmen se han ido hacia otras veredas como La Argelia, por ejemplo, que tienen una vocación agrícola mucho más conservada y que podrían estar ahora bajo la influencia del proyecto. 

Hay que tener en cuenta para esa expansión que el proyecto El Roble se encuentra en una zona estratégica y delicada a nivel ambiental. Está en el nacimiento del río Atrato, declarado sujeto de derechos. Está en zona de reserva forestal de la Ley Segunda, entonces debe operar la sustracción del título minero, un tema que también fue controversial. Y además está sobre otra figura ambiental que es el Distrito Regional de Manejo Integrado Alto Atrato, que está destinado a proteger este ecosistema especial de alta montaña, que colinda con sistemas de páramo, y que es el abastecimiento de varias fuentes hídricas que luego se convierten en grandes ríos importantes del departamento del Chocó.

C.: ¿Cree que el hecho de que este fallo haya sido favorable podría indicar que la empresa conseguirá la renovación del contrato y de la licencia ambiental?

V.G.: El director de la Agencia Nacional de Minería ya igual había avisado que sí se iba a dar la renovación del título, se había acordado esa negociación, entonces ya casi que es un hecho.

Lo que hay que mirar es en qué condiciones queda eso. Si entra a operar bajo un nuevo título minero, automáticamente tiene que empezar a entrar a funcionar una licencia ambiental. Ahora tiene que entrar bajo la normatividad vigente a 2025, que no hay que decir que es muy diferente que la vigente del 93, o sea, hace más de 30 años. Entonces tendría que tramitar la empresa licencia ambiental y yo creo que están retrasados en ese proceso.

Cuando Aidé Sánchez Cabarte llegó al colegio con su hija, se encontró con una realidad inesperada: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ya tenía operadores y personal contratado sin que la comunidad indígena hubiese sido consultada. "Cuando llegamos al colegio, ya estaban contratados los operadores y el personal encargado. No nos informaron ni pidieron nuestra opinión", cuenta la gobernadora del cabildo del resguardo Paujil. Su testimonio refleja una de las grandes preocupaciones de la comunidad educativa en la Institución Educativa Francisco de Miranda: la falta de transparencia en la contratación y la poca adecuación de los alimentos a la cultura local.

Contratación sin consulta y falta de información

Para los padres de familia, como Aidé Sánchez Cabarte, la exclusión en la toma de decisiones ha sido un problema recurrente. "Nos gustaría saber quiénes están detrás de las decisiones que afectan a nuestros hijos", comenta. La falta de información y consulta previa ha generado desconfianza en la comunidad, que considera clave su participación en estos procesos.

Myran González, gobernadora del Cabildo del Resguardo Paujil, afirma que se ha exigido que se aplique el enfoque diferencial en el PAE: "Nos gustaría que la comida sea variada, que incluyeran de pronto jugo de manaca, mucho más pescado o también productos de la región. Lo que comemos en las comunidades".

Carolina Álvarez, una estudiante de décimo grado, toma su bandeja y la observa con desconfianza. "Muchos estudiantes no están acostumbrados a los jugos industrializados como la panelada o bebidas instantáneas saborizadas. Preferimos jugos naturales de manaca o seje", dice mientras deja su vaso intacto sobre la mesa. Como ella, varios estudiantes rechazan los alimentos del PAE porque no corresponden a su dieta tradicional.

Además, la cantidad de raciones es otra dificultad. "Nos ayudaría mucho si nos dieran más cucharas. Algunos compañeros tienen que esperar a que otros terminen de comer para poder usarlas", señala Jairo.

Para los docentes, el PAE es fundamental para la asistencia y el rendimiento académico, pero su ejecución tiene fallas. "El enfoque diferencial se ha intentado implementar, pero sigue habiendo dificultades. Hay mucho desperdicio porque los estudiantes no están acostumbrados a algunos alimentos", explica una profesora de primaria.

El rector encargado, Miguel Rodríguez, reconoce que el programa ha garantizado una comida diaria para los estudiantes, pero insiste en que los horarios de entrega deben ajustarse para no interrumpir las clases. Sin embargo, Myran González, gobernadora del Cabildo del Resguardo Paujil, señaló que el proceso de contratación del PAE para el 2025 se llevó a cabo sin consultar a las autoridades indígenas, ni a la comunidad educativa.

“Cuando llegamos al colegio, ya estaban contratados los operadores y el personal encargado. No nos informaron ni pidieron nuestra opinión”, indicó.

Esta falta de información ha generado preocupaciones entre los padres de familia y docentes, quienes consideran que la transparencia y la participación son clave para mejorar el servicio.

Antecedentes del PAE en Guainía

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en julio de 2023 al anterior secretario de Educación de Guainía, Bilialdo Tello Toscano, por las posibles irregularidades en la entrega de la ración industrializada del PAE Urbano de ese departamento.

Los hechos están relacionados con el contrato suscrito entre la Gobernación de Guainía y la UT Alimentación PAE Urbano Guainía, para “el suministro de un complemento alimentario bajo la modalidad transitoria -ración para preparar en casa- en los establecimientos educativos de la zona urbana del municipio de Inírida”.

Al parecer, Tello Toscano, como supervisor del citado contrato, habría incurrido en posible detrimento patrimonial, pues no habría ejercido como corresponde, la supervisión y vigilancia del contrato 682 de 2021, específicamente del 26 de agosto (fecha en la que se modificó la modalidad a ración industrializada) al 2 de noviembre de 2021, al no exigir la calidad de los alimentos suministrados.

Durante la investigación disciplinaria se encontraron deficiencias en la disposición de los productos, variaciones totales de los menús y de las porciones entregadas a los estudiantes.

El ente disciplinario también cuestionó al secretario de Educación porque al parecer, no inició el respectivo trámite de declaratoria de incumplimiento contractual, ante los problemas en la ejecución del contrato.

Respuestas del actual operador del PAE

El coordinador del operador del PAE en la Institución Educativa Francisco de Miranda, Alejandro Navarro, asegura que han implementado controles para mejorar la calidad de los alimentos y que cada año consultan a la comunidad educativa para definir la minuta alimentaria. Sin embargo, algunos padres consideran que este proceso aún es insuficiente.

El operador también menciona que la desinformación sobre el funcionamiento del programa es un reto. "Vamos a realizar capacitaciones para que los padres y docentes comprendan cómo opera el PAE", afirma. Según Navarro, todos los meses el equipo de la Gobernación, conformado por ingenieros de alimentos, psicólogos y nutricionistas, evalúan a todos los colegios para que se esté cumpliendo con lo requerido en el PAE para la operación del día a día.

Sin embargo, para la cabildo gobernadora, Myran González, "algunos padres de familia han enviado fotos de que la porción que se da es muy poca. Nos quedaron de mostrar la minuta y cuál es el gramaje de cada alimento. Estamos pendientes de eso".

Mientras tanto, la comunidad educativa sigue esperando cambios. Padres, docentes y estudiantes coinciden en que el PAE no solo es una ayuda alimentaria, sino un factor clave para la permanencia escolar y el bienestar de los niños y jóvenes.

"Queremos que nos escuchen, que nos tengan en cuenta. Al final, los que comemos la comida somos nosotros", dice Jairo, antes de dejar su bandeja en la mesa y salir al recreo. Su frase resume el sentir de toda una comunidad que, más que un servicio, exige ser parte de las decisiones que afectan su alimentación y su futuro.

La lideresa nació en Zambrano en 1934, en el hogar de Antenor Orozco Mendoza y Rita Crespo Mendoza. A sus 90 años, camina despacio apoyándose en su bastón, pero sus pasos siguen siendo firmes y seguros. Su rostro refleja su corazón altruista, su inteligencia y la determinación que siempre ha tenido para lograr sus objetivos. Para ella, no existen los imposibles, porque querer es poder.

Cuando veía una necesidad, su mente inmediatamente buscaba oportunidades para transformar situaciones desalentadoras. Fue así como se motivó a traer a San Juan la Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario, organizando a las Damas Rosadas, un grupo de mujeres altruistas como ella, con quienes gestionó recursos y ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes del hospital San Rafael y de las personas más necesitadas.

Los obstáculos nunca la detuvieron. Siempre luchó por la educación y el empoderamiento de las mujeres, convencida de que debían aprender oficios como costura, tejido, belleza y culinaria para garantizar su independencia. Con esta visión, fundó la Casa de la Mujer. Durante años, ha insistido en la importancia de que las mujeres rompan con el papel sumiso que les fue impuesto en épocas anteriores. Ella misma es ejemplo de ello, pues fue la primera mujer sanjuanera en ocupar una curul como concejala y, posteriormente, alcaldesa por decreto del gobernador entre 1966 y 1968, cuando La Guajira aún pertenecía al Magdalena Grande.

Consonante: ¿Señora Zenobia, dónde nació y creció?

Zenobia Orozco: Yo nací en Zambrano, que hoy es un corregimiento. Era un pueblito muy lindo, donde uno vivía bien, muy a gusto. No teníamos dinero, pero sí lo necesario para vivir. Nos queríamos entre vecinos y nos ayudábamos. Fue una vida ejemplar. No olvidaré jamás mi infancia en Zambrano.

¿Cómo fue su infancia?

Z.O: Feliz, como los pájaros del monte. Salíamos, nos bañábamos en el río, jugábamos de noche. No había escuela, así que comencé mis estudios en una escuelita privada hasta que nombraron una maestra en el pueblo. Crecí con el amor y el apoyo de mis padres, hermanos, tíos y vecinos. No nos afectaba la pobreza porque nunca pasamos hambre.

C: ¿Cómo influyeron sus padres en su forma de pensar y actuar?

Z.O: Nos dieron una buena crianza y formación. Nos corrigieron con amor y nos inculcaron respeto y responsabilidad. Hoy en día los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran, y así no es.

C: ¿Cuál fue su formación académica?

Z.O: Estudié hasta quinto de primaria. Luego gané una beca para seguir estudiando, pero me la quitaron por razones políticas.

¿Por qué dice que se la quitaron por política?

Z.O: Porque en San Juan la política era un tema fuerte. Había mucha persecución entre liberales y conservadores. Como yo era liberal, le dieron la beca a una joven conservadora.

C: ¿Qué pasó con su sueño de ser maestra?

Z.O: Regresé a Zambrano, donde propuse abrir una escuela privada. Aunque mi papá decía que no podía ser maestra porque no tenía estudios formales, yo insistí. Con guacales como pupitres y una pizarra, empecé a enseñar a los niños del pueblo. Luego, el gobernador me nombró maestra, pero tiempo después fui destituida por razones políticas. Finalmente, volví a la escuela pública gracias a la intervención del padre Ávila.

C: ¿Cómo complementó su formación como docente?

Z.O: A través de la radio Sutatenza, donde recibíamos formación en pedagogía. También tomé cursos en la Normal de Uribia.

C: ¿Por qué se convirtió en una defensora de los derechos de la mujer?

Z.O: Siempre he creído en la importancia de la educación para la mujer. Antes, la mujer solo era vista como ama de casa. Pero hoy vemos mujeres gobernadoras, alcaldesas, presidentas de asambleas. La mujer vale mucho y debe capacitarse para tener poder e independencia.

C: ¿Qué la motivó a reorganizar el grupo de las Damas Rosadas?

Z.O: El grupo original se fundó en 1964, pero desapareció por problemas económicos. Insistí en que San Juan necesitaba ese voluntariado y logré reorganizarlo. La motivación más grande fue la pérdida de mi hija por falta de insumos médicos en el hospital San Rafael. Si hubiera recibido atención a tiempo, se habría salvado. Desde entonces, lucho para dotar el hospital con insumos y recursos.

C: ¿Qué logros han obtenido las Damas Rosadas?

Z.O: Hemos entregado kits escolares a más de 120 niños en zonas vulnerables. También gestionamos 400 juguetes para Navidad y apoyamos a mujeres en situación de necesidad.

C: ¿Cómo se sostiene el grupo?

Z.O: Cada una de nosotras hace un aporte mensual. No hemos recibido ayuda del gobierno.

C: ¿Qué la motivó a fundar la Casa de la Mujer en San Juan del Cesar?

Z.O: Siempre quise un espacio donde las mujeres se capacitaran. Cuando mi hijo Jairo fue alcalde, le pedí un lugar y conseguimos la casa en comodato. Ahí se imparten cursos del SENA en costura, belleza y culinaria. No quiero renunciar a la presidencia porque si nadie gestiona, todo se acaba.

C: ¿Qué logros ha tenido la Casa de la Mujer?

Z.O: En 1996 logramos un proyecto con fondos de Canadá por 14 millones de pesos, con los que compramos máquinas semibordadoras, vitrinas y mesas. También el SENA nos ha dotado con máquinas de coser. Actualmente, seguimos ofreciendo capacitación.

C: ¿Cómo fue su experiencia como concejala?

Z.O: Me eligieron por ser activa y comprometida con la comunidad. No fue por voto popular, porque en ese tiempo no se elegían por voto directo.

C: ¿Cómo fue su nombramiento como alcaldesa?

Z.O: El gobernador me nombró por decreto, pero al principio no quería aceptar porque tenía mi almacén y no quería dejarlo. Pero al escuchar comentarios que dudaban de mi capacidad, decidí demostrar que sí podía. Tomé posesión sin hacer ceremonia, simplemente fui al despacho del juez civil y asumí el cargo.

C: ¿Qué desafíos enfrentó como alcaldesa?

Z.O: Cuando asumí, había 500.000 pesos para administrar y muchas necesidades. Tuve que enfrentar obstáculos políticos y económicos, pero logré gestionar recursos para obras y servicios.

C:  ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres jóvenes que están comenzando su propio camino como defensoras de los derechos de la mujer? 

Z.O: Con la educación. La educación es lo principal. Llámese como se llame, ¿no? Pero la educación es la fuerza, como te digo, la fuerza de la mujer es la educación. Una  prueba de eso es que a mis 65 años realicé unos cursos en el Infotep mediante el convenio con Uni Magdalena y Uniguajira hoy en día soy licenciada en español y literatura para dar ejemplo de que la edad nunca es problema para estudiar.

Zenobia Orozco de Suárez es un símbolo de lucha, entrega y compromiso. Su legado en San Juan del Cesar sigue vigente en cada acción de las Damas Rosadas, en la Casa de la Mujer y en cada persona a la que ha ayudado a lo largo de su vida.

Zully Murillo dice que no es cantante, pero la música fluye a través de su cuerpo. Su voz, su historia y sus letras han marcado generaciones en el Pacífico colombiano, llevando la esencia de su tierra en cada canción. Entre ríos, selva y chirimía, esta maestra, poeta y cantautora ha tejido un legado que trasciende en el tiempo.

Murillo es maestra de matemáticas, física, baile y poesía; y es reconocida en el Pacífico colombiano como una de las cantautoras más importantes del Chocó. Sus canciones están inspiradas en cuentos, mitos, leyendas e historias cotidianas de su tierra natal. A Zully la entrevistamos en Cali, donde vive hace más de 40 años. Allí, a través de su voz y de la de amigos, estudiantes y colegas reconstruimos su vida y trayectoria en la música. En este episodio, nos adentramos en su vida, su música y en la magia de convertir la cotidianidad en versos que laten con el ritmo del Chocó.

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Son las seis de la mañana y los primeros rayos de sol se filtran entre las hojas de los plátanos, las yucas y los cultivos de pancoger en la chagra de María Nilsa Parente. Hoy ha madrugado porque es el día de la cosecha: sacará de la tierra las yucas que hace ocho meses sembró junto a su familia.

La acompaña su hermana, Hilda Parente. Ambas son mujeres ticunas, herederas de una tradición ancestral que han aprendido de sus madres y abuelas: la agricultura. La jornada será larga. Una vez recolectadas, las yucas pasarán por un proceso de transformación hasta convertirse en fariña, el producto que abastece a los mercados de Leticia y es parte fundamental de la dieta amazónica.

"El trabajo es duro. Hay que sembrar, cuidar los cultivos y hacer mingas para limpiar la chagra rápido. Pero también hay que pensar en el clima, que en los últimos años ha cambiado mucho. A veces no podemos trabajar porque llueve todo el día", dice María Nilsa mientras observa las nubes densas que amenazan con soltar el aguacero.

El cielo oscurece sobre la chagra. En una esquina del cultivo, Hilda recolecta lulo, piña, plátano y ñame. Las chagras de las mujeres amazónicas son abundantes; no solo alimentan, también enseñan. Desde la mirada ancestral, son las escuelas vivas de las comunidades.

Todos los días, las vendedoras madrugan desde diferentes comunidades para llevar sus productos a la plaza de mercado. El camino es diverso: atraviesan senderos de bosques inundables y remontan el gigantesco río Amazonas.

"Estoy sentada en este bote con mis productos. Miro la tranquilidad del camino, pero también pienso si hoy podré vender todo lo que llevo. No es fácil, hay días en los que regreso con la mercadería intacta y llego cansada", dice María, con la mirada perdida en la corriente del río.

Gaudencio Palacios, gobernador indígena de la comunidad de San Juan de los Parente, recuerda que desde hace más de veinte años las administraciones municipales han prometido un puesto de venta digno para las comunidades en Leticia. Esa promesa ha sido una bandera recurrente en las campañas políticas, pero nunca se ha materializado.

"Lo que falta es llegar a acuerdos. Después de tantos años, nuestras vendedoras siguen en las mismas o en peores condiciones. Si hubiera acuerdos, podríamos colaborar en el cuidado del espacio. Al final, son lugares públicos que debemos proteger como ciudadanos", dice Palacios.

El malecón de Leticia es un punto de encuentro multicultural donde los visitantes encuentran una gran variedad de productos endémicos. Pero, contrario a la imagen pintoresca del lugar, las condiciones de venta para mujeres como María son precarias. Cada jornada implica una lucha por conseguir un espacio donde exhibir sus productos. Algunas veces deben competir con comerciantes que ya tienen un puesto fijo en la plaza, pero que también ocupan el malecón pagando un aporte a la administración municipal.

"Aquí he sido discriminada por ser indígena", cuenta María. "Los que tienen un puesto fijo en la plaza también ocupan el malecón, y nosotras, que venimos de lejos, tenemos que buscar dónde vender". Mientras habla, observa a sus compañeras que acomodan los productos en el suelo.

Para Jaime Parente, líder indígena y también vendedor, las condiciones en las que trabajan son inaceptables. "Los productos de la chagra deben llegar en condiciones de higiene aptas para el consumo. Muchos de estos alimentos abastecen los restaurantes de la ciudad, y es urgente garantizar su adecuado manejo", reflexiona desde la comunidad de San Pedro.

Según él, es necesario establecer planes a corto plazo para mejorar las condiciones de venta. En las mesas de diálogo político, se ha propuesto la creación de una plaza indígena, un espacio adecuado y digno para los agricultores de la región.

Antonia Fernández, vendedora del mercado indígena de los sábados, ha visto afectada su salud. "Además de trabajar en la chagra, debemos soportar jornadas bajo el sol o lluvias intensas. No tenemos ni un techo para resguardar los productos ni protegernos nosotras mismas", lamenta.

Los años pasan y las mujeres agricultoras siguen alimentando a la ciudad. Pero las miradas indiferentes de las administraciones también siguen ahí, inamovibles. Mientras los diálogos interinstitucionales se prolongan, las comunidades esperan algo más: acciones concretas y condiciones dignas para quienes sostienen la economía local desde la raíz misma de la selva.

¿Qué dicen las autoridades?

En septiembre de 2024 la Gobernación se comprometió con la tercera fase de la obra del malecón de Leticia. Este proyecto se desarrollará con dinero del Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte e Invías.

Sin embargo, varios meses después no existe contratista, ni contrato en el Secop. Y aunque la Gobernación del Amazonas no responde efectivamente las preguntas de la prensa, desde la Alcaldía de Leticia confirmaron que está en trámite una solución al problema: "te cuento desde lo que sé, en este momento se carnetizarán (las personas vendedoras) para darles prioridad en un espacio continuo al malecón y hay un proyecto de mejora para el malecón con recursos de la contribución al turismo, que contribuirá a la organización de este importante espacio".

Desalojo y promesas incumplidas

El sol comenzaba a caer sobre San Juan del Cesar cuando los vendedores informales recogían sus carritos. Con un gesto de resignación, miraban la carrera sexta, donde por años vendieron sin problemas. “Aquí me conocían todos”, dice uno de ellos, con nostalgia en la voz. Ahora deben buscar un nuevo espacio cada día, esquivando las miradas de los inspectores de la alcaldía.

En su primer año de mandato, el alcalde Cubita Urbina logró desocupar gran parte del espacio público en San Juan del Cesar. Sin embargo, algunos vendedores informales aseguran haber sido desalojados con la promesa de ser reubicados, promesa que hasta el momento la administración municipal no ha cumplido.

Una historia que se repite

El desalojo de los vendedores informales en la zona céntrica del municipio, especialmente en la carrera sexta, ha sido una estrategia recurrente de varias administraciones, sin embargo ninguna pudo brindar soluciones definitivas. Durante la gestión del exalcalde Álvaro Díaz, se intentó reubicarlos en el terminal de transportes, pero las condiciones del lugar eran precarias: sin servicios sanitarios, agua ni luz. “Fuimos y limpiamos los locales, pero nunca se adecuaron, no arreglaron nada”, recuerda Misael Pérez, vendedor de comida rápida.

En esa administración también se remodeló la Plaza Santander, que era ocupada por vendedores de comida, zapateros y verduleros. Durante la obra, los comerciantes fueron desalojados y se les permitió vender en la calle temporalmente. Sin embargo, una vez finalizada la remodelación, no pudieron regresar. “Nos ubicaron en la calle en diciembre, cuando más vendemos, pero luego nos dijeron que no podíamos volver al parque”, agrega Pérez.

Cuando Enrique “Cubita” Urbina asumió la alcaldía, garantizó que recuperaría el espacio público sin afectar a los vendedores. Sin embargo, estos aseguran que nuevamente fueron desalojados sin soluciones reales.

Pérez cuenta que la administración los sacó con la promesa de reubicarlos en el antiguo colegio José Eduardo Guerra, pero esto nunca se concretó. “Nos dijeron que lo iban a adecuar, pero eso nunca se dio y terminamos en la calle otra vez”, lamenta.

Yeiner Araújo, vendedor de accesorios para teléfonos, asegura que el traslado ha sido forzado. “El tiempo que estuvimos a merced del mal clima y las malas condiciones en las que estuvimos trabajando, todo eso fue lo que nos obligó a movernos. Y también nos prometieron que iban a terminar el parque, con esa excusa nos pidieron que cediéramos el espacio y nos darían otro sitio y pues eso terminó desplazándonos del lugar”.

Para Ana Lucía Gómez, quien lleva más de 20 años vendiendo frutas en el centro del municipio, este tipo de medidas afectan principalmente a mujeres cabeza de hogar. “Aquí trabajamos muchas madres que no tienen otra forma de sostener a sus hijos. Nos dicen que busquemos otro sitio, pero sin apoyo es imposible”, explica.

Otros, como Misael Pérez, optaron por alquilar locales para evitar la incertidumbre. “Las ventas bajaron, pero al menos ya no tengo la zozobra de ser desalojado”, afirma. Sin embargo, considera que la solución no era sacarlos sino ofrecerles un sitio adecuado: “Como no hay empleo, la gente sobrevive del rebusque. En otras ciudades permiten las ventas ambulantes con organización”.

Una estrategia de la administración

Según la secretaria de Gobierno, Elizabeth Mendoza, la recuperación del espacio público en el centro se inició con visitas y diálogo con los vendedores. “Es difícil porque hay muchas personas que dependen de esto para su sustento diario”, reconoce. Para facilitar la salida de los vendedores de la Plaza Santander, la administración colocó vallas alrededor del parque en remodelación. Con el tiempo, los comerciantes buscaron otros lugares por cuenta propia.

Mendoza también mencionó que San Juan del Cesar fue seleccionado en un proyecto nacional para un puesto de abastecimiento campesino en el antiguo colegio José Eduardo Guerra, aunque su ejecución está en trámites. Además, la Gobernación se ha comprometido con la construcción de una terminal de transportes que funcionaría también como centro de comercio.

Sin embargo, algunos comerciantes desconfían de estas promesas. “Nos han prometido muchas cosas en diferentes administraciones y ninguna se ha cumplido. ¿Cómo vamos a confiar en que esta vez sí lo harán?”, cuestiona Armando Flórez, vendedor de calzado.

Mientras tanto, algunos vendedores, como los zapateros, han logrado un acuerdo con la administración y la empresa Best Coal Company (BCC), recibiendo uniformes y utensilios de trabajo. Roberto Cujía, conocido como “Pichi”, afirma que esta administración ha sido más organizada: “Nos dieron un espacio, uniformes y herramientas. Nosotros también hemos cumplido manteniendo limpio el lugar”.

Impacto en la economía local

La recuperación del espacio público ha generado un impacto en la economía informal del municipio. Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente el 60% de la población económicamente activa en San Juan del Cesar se dedica al comercio informal.

“El comercio informal es el sustento de muchas familias y su desplazamiento afecta la dinámica económica de la zona”, explica Diana Mendoza, economista y analista del impacto comercial en la región.

Los comerciantes también han notado una disminución en sus ingresos. “Antes podía vender hasta 200 mil pesos diarios, ahora con suerte llego a la mitad”, comenta Adriana López, quien vende empanadas en el centro. La baja en las ventas también ha afectado a otros sectores. “El comercio formal también ha sentido el impacto, porque hay menos flujo de personas en el centro”, señala Ricardo Fernández, dueño de una tienda de ropa.

¿Solución o problema aplazado?

El dilema del espacio público en San Juan del Cesar no es nuevo, y la gestión de Cubita Urbina, aunque logró desocupar algunas zonas, ha dejado a muchos vendedores sin alternativas claras. Mientras la administración promete nuevos espacios de comercio, los vendedores siguen buscando formas de adaptarse a una realidad donde su sustento está en riesgo. ¿Se cumplirán finalmente las promesas o esta será otra historia de desalojos sin soluciones definitivas?

Por ahora, los comerciantes continúan en una lucha constante por mantener sus ventas y encontrar una estabilidad que les permita seguir trabajando sin la incertidumbre de ser desplazados nuevamente. Para muchos, la verdadera solución no está en sacarlos de las calles, sino en integrarlos de manera ordenada dentro del desarrollo del municipio. Como dice Ana Lucía Gómez: “Nosotros no queremos invadir, queremos trabajar. Pero si no nos dejan, ¿qué hacemos?”.

En el municipio de El Carmen de Atrato, la Casa de la Mujer representa un hito en la lucha por los derechos. Su historia se remonta al 2008, cuando las mujeres artesanas lograron consolidarse como organización legal gracias a la gestión de la entonces gestora social, Silvia Mejia. Con el apoyo del SENA y la administración municipal de Rafael Montoya, se apropiaron de un antiguo local desocupado y lo transformaron en un taller de creación y comercialización de artículos de cuero. A pesar de las dificultades iniciales, lograron establecerse como un referente local: "El inicio fue duro", recuerda una artesana, "pero con esfuerzo y apoyo, nuestros productos se convirtieron en un emblema del municipio".

Las Mujeres Artesanas del Carmen (MAC) lograron consolidarse como una de las pocas agrupaciones sociales con larga trayectoria en la región, manteniendo vivo su oficio y generando ingresos a través de la comercialización de sus productos. Durante sucesivas administraciones, se respetó el acuerdo que les permitía usar el espacio sin pagar arriendo, cubriendo únicamente los servicios básicos y costos administrativos. "Ahí estuvimos en todas las administraciones, siempre nos apoyaron con la casa. Lo único que nosotros hacíamos era pagar los servicios: luz y agua, además de la Cámara de Comercio y todo lo que son los gastos de la organización", explica una de sus integrantes.

En la administración de Jaiberth de Jesús Oquendo se inició la gestión para la construcción de una nueva Casa de la Mujer, bajo el requisito de contar con una organización de mujeres legalmente constituida y con trayectoria. MAC, cumpliendo con estos criterios, sirvió de base para radicar el proyecto, con la garantía de que conservarían su espacio dentro de la nueva edificación. "La gestora nos dijo que había que tener una organización legalizada para poder meter el proyecto de la Casa de la Mujer. Como nosotras teníamos todo, por medio de nosotras hicieron el proyecto, lo presentaron y fue aprobado", recuerda otra de las artesanas.

Durante la construcción, las artesanas tuvieron que reubicarse temporalmente, pero confiaban en la garantía de que regresarían bajo las mismas condiciones. "Nos salimos de aquí porque nos dijeron: consigan para dónde irse mientras que se hace la Casa de la Mujer. Entonces conseguimos un espacio prestado con el padre y allí estuvimos trabajando", relatan.

No obstante, al finalizar la obra, se encontraron con una realidad distinta: se les exigía pagar un arriendo mensual de 500 mil pesos, cifra que posteriormente se redujo a 400 mil pesos, lo cual generó inconformidad y denuncias por parte de diversas organizaciones de mujeres. "Nos manifestamos en contra de esta injusticia", expresó una de las integrantes de la agrupación Mujeres Somos El Carmen, recordando que el compromiso original no incluía cobros. "Soy testigo del compromiso que hizo el alcalde saliente y la primera dama de que ellas tendrían un lugar allí, en el mismo sitio donde estaban. Fueron muchas las reuniones que la alcaldía hizo con las MAC y esos fueron los compromisos".

Actualmente, la Casa de la Mujer cuenta con un primer piso destinado a emprendimientos locales, con espacios arrendados a diferentes organizaciones, incluida MAC. En el segundo nivel operan la Comisaría de Familia y otras dependencias municipales, mientras que el tercer piso alberga un auditorio con capacidad para 70 personas, disponible para actividades comunitarias. Sin embargo, la inauguración oficial del espacio no se ha realizado y diversas organizaciones de mujeres afirman que no han sido convocadas para discutir su manejo y funcionamiento.

Jaqueline Carmona, comisaria de familia, enfatiza la importancia del lugar como centro de apoyo a mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad: "Es fundamental que este espacio sirva para orientar y empoderar a las mujeres, ayudándolas a identificar y enfrentar las diversas formas de violencia de género". Sin embargo, muchas lideresas consideran que la casa aún no responde a la política pública de género municipal y que su potencial no ha sido aprovechado plenamente.

Para una lideresa local, "la Casa de la Mujer no debe convertirse sólo en una estructura simbólica, sino en un espacio con recursos humanos, técnicos y financieros que realmente fortalezcan las capacidades de las mujeres, promuevan la autonomía económica y brinden asesoría en casos de violencia". La falta de claridad en la oferta de servicios y la ausencia de un enfoque integral han generado incertidumbre y descontento. "Pensamos que habría un equipo de especialistas atendiendo a las mujeres, además de un hogar de paso para víctimas de violencia", expresa una integrante de MAC.

Las organizaciones de mujeres insisten en la necesidad de apropiarse del espacio y exigir su derecho a ser parte activa en la toma de decisiones sobre su uso y funcionamiento. "Tenemos la casa, tenemos la política pública, pero no se ve conexión entre ambas", advierte una lideresa. Para muchas, la Casa de la Mujer debe trascender su función como edificio y convertirse en un verdadero centro de desarrollo para las mujeres del municipio, garantizando su inclusión y participación efectiva en la ejecución de la política de género local y nacional.

El futuro de la Casa de la Mujer en El Carmen de Atrato depende de que se cumplan los compromisos adquiridos con las mujeres del municipio y de que este espacio no solo sea una edificación, sino un verdadero motor de cambio, empoderamiento y protección para quienes lo necesitan.

Cuando uno se adentra en la selva amazónica, el aire se llena de los sonidos de la vida. El canto de las aves acompaña cada paso, como una sinfonía natural que conecta a los habitantes con su territorio. Aquí, en este rincón verde del mundo, nació Rioaves Amazónicas, una red de comunidades que ha encontrado en las aves mucho más que un motivo de observación: una razón para unir esfuerzos, rescatar saberes y proyectar un futuro sostenible.

El inicio de un sueño

Elio Miraña, un hombre de palabras pausadas y ojos que parecen abarcar la vastedad del bosque, recuerda cómo hace ocho años comenzaron a soñar con una iniciativa que diera sentido a su conexión con las aves. “Al principio solo queríamos aprender más de ellas—dice—, pero pronto nos dimos cuenta de que las aves podían ser un puente entre nosotros y el mundo exterior". Con el acompañamiento de la Fundación Proa, la red se formalizó, involucrando a los pueblos ticuna, bora, makuna, muinane, miraña y murui.

Desde entonces, los habitantes han trabajado en equipo para organizar portafolios de servicios y fortalecer sus capacidades. La observación de aves, conocida como aviturismo, se convirtió en una forma de mostrar su riqueza cultural y natural, mientras se promueve el uso adecuado de los territorios compartidos. Pero este proyecto es mucho más que una actividad económica. Para ellos, las aves son seres mitológicos: protectoras, sembradoras y mensajeras de la selva.

Colombia y su riqueza en aves

Colombia es un país megadiverso y un paraíso para los amantes de las aves. Con más de 1.950 especies registradas, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB), ocupa el primer lugar en riqueza avifaunística a nivel mundial. Esto representa cerca del 20% de todas las aves conocidas en el planeta. La región amazónica, en particular, alberga entre 560 y 720 especies de aves, de acuerdo con cifras del Instituto Alexander von Humboldt. Estos datos resaltan la importancia del bioma amazónico como refugio de biodiversidad y como un ecosistema vital para el equilibrio ecológico del planeta.

Dentro del Amazonas, la variedad de hábitats como ríos, lagos, bosques inundables y selvas de tierra firme crea un escenario ideal para la proliferación de aves. Estas áreas no solo son un hogar para las especies, sino también una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje para las comunidades indígenas que las habitan.

Los rostros de la conservación

En la comunidad La Milagrosa, junto al majestuoso río Amazonas, Georgina Rubio sirve un almuerzo tradicional en hojas de plátano. Su voz se llena de orgullo al hablar de la iniciativa Kaure, también conocida como Arrendajo. "Aquí no solo observamos aves. Ofrecemos una experiencia que conecta a los visitantes con nuestra vida diaria. Pescar con nuestras familias, aprender de nuestras plantas y medicina, escuchar nuestras historias… todo eso forma parte de lo que hacemos".

A 17 kilómetros de Leticia, la familia Negedeka lidera Joo m+ ja, o Casa de Aves. Jesús Negedeka, con un canto en idioma muinane, explica el significado de su proyecto. “Las aves son las que despiertan al universo. Ellas siembran vida y nos enseñan a cuidar el mundo que nos dejó el creador”. En este lugar, rodeado de selva primaria, también se desarrollan acciones de restauración ecológica, como la protección de nacederos de agua y la reforestación con especies nativas.

En San Pedro de los Lagos, Robert Macuna, un hombre que creció a orillas del río Caquetá, lidera la iniciativa Aitcha. "Cuando salimos a observar aves, también volvemos a las enseñanzas de nuestros mayores. Aprendemos qué plantas usar, qué frutos recoger. Es como si la selva nos hablara en cada paso que damos". Los visitantes recorren los lagos y senderos, guiados por estas voces que conocen cada rincón del bosque.

Una resistencia en el nido

En el kilómetro 6 de la vía Leticia-Tarapacá, Edwin Flores camina entre los cananguchales que rodean Ijko, una palabra que en lengua miraña significa “nido”. Este joven ha encontrado en las aves una forma de resistencia frente al avance de la urbanización. “Aquí, los nacederos y los cananguchales alimentan de agua no solo a las comunidades, sino también a Leticia. Protegiendo estas áreas, estamos cuidando nuestro futuro”.

Flores también menciona cómo la ganadería, que hace una década dominaba la región, ha comenzado a ceder terreno a la regeneración natural. "Ahora estas tierras vuelven a ser hogar de aves, riachuelos y bosques que nos dan vida. Es un proceso lento, pero está funcionando", asegura.

Una canción que nos une

Rioaves Amazónicas es mucho más que una red de observadores de aves. Es un ejemplo de organización comunitaria y resistencia cultural. A pesar de las barreras del idioma y las presiones externas, estas comunidades han encontrado en las aves una razón para unirse y hacerse escuchar.

Elio Miraña lo explica mejor que nadie “las aves son nuestro punto de partida. Son el puente entre nuestra cultura y el mundo. Cuidarlas es cuidarnos a nosotros mismos". Así, en este rincón del Amazonas, las aves continúan cantando, y con cada canto se teje una historia de esperanza y conexión con la naturaleza.