Cerca de 400 campesinos de todo el país se reunieron entre el 14 y el 20 de noviembre en Saravena, Arauca, en la séptima Asamblea del Coordinador Nacional Agrario (CNA). El encuentro se centró en los problemas de seguridad que afrontan quienes trabajan la tierra en diferentes regiones del país. Para esta organización ‒conformada por campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores agropecuarios, indígenas y afrocolombianos, obreros y jornaleros‒ el país enfrenta una crisis generalizada en materia económica, política y social; "con 87 masacres perpetradas en los que va corrido de este año, cerca de 150 lideresas y líderes sociales asesinados, y el desplazamiento forzado de cientos de familias, principalmente en el Cauca". Entre las víctimas de estos hechos violentos se cuentan miembros del CNA, como Marco Rivadeneira del Putumayo y Patrocinio Bonilla del Chocó.
Consonante habló con Ernesto Alexander Roa, líder campesino de Arauquita que lleva más de diez años participando de los espacios de organización campesina y agraria en el país, y cuatro como presidente de la Junta Nacional de la CNA. Hablamos sobre las preocupaciones que compartieron durante el evento, pero también sobre las necesidades históricas del campesinado colombiano, y los retos que hoy enfrenta la lucha campesina.
Consonante: Si pudiéramos hacer una radiografía del campo en Colombia en este momento, ¿cómo se vería?
Ernesto Alexander Roa: La situación que se presenta en el país es la siguiente. Uno, un alto nivel de concentración de la tierra que se deriva de unos intereses totalmente distintos a lo que nos planteamos nosotros como campesinos y campesinas. Segundo, un cambio de vocación del suelo. Hoy la clase en el poder, la clase dominante y con poder económico ha hecho un reajuste y una modernización de la vocación del suelo para satisfacer la demanda internacional y generar el mayor nivel de extractivismo posible en cada uno de los territorios. Tercero, un gran déficit en términos de producción de alimentos. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas oficiales que muestran que hay 12 millones de colombianos y colombianas que no tienen la posibilidad de tener las tres comidas diarias*.
*Aclaración: Según las últimas cifras de pobreza publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 2020, 21 millones de personas se encontraban en condición de pobreza, y 7,5 millones de personas en pobreza extrema.
C:¿Cuáles son las principales preocupaciones de los campesinos y campesinas que pertenecen a la CNA?
E.A.R: Hoy nos encontramos con una reconfiguración del paramilitarismo casi en todo el territorio nacional. Hoy hay una nueva forma de hacer control territorial desde la vía militar, llámese institucional o parainstitucional, pero ambas obedecen a un mismo interés que es garantizar el desarrollo de los grandes megaproyectos que se están presentando desde las grandes corporaciones.
Otro tema neurálgico es el narcotráfico, que se ha convertido en un flagelo que ha seguido golpeando sobre todo a esas economías campesinas, indígenas y afro. Esa política “antidrogas” ha sido utilizada por el establecimiento y lejos de resolver el problema, ha llevado a una mayor persecución del campesinado, y a la militarización de los territorios. Es decir, hay una disputa en los territorios de los distintos grupos armados sobre quién tiene el control territorial para poder darle mejor manejo al negocio del narcotráfico.
Pero otro factor que es de mucha preocupación para el campesinado tiene que ver con lo que hoy se ha llamado la revolución verde, que no es más que un capitalismo “verde” que se está impulsando desde distintas figuras. En el caso de Colombia esto se viene haciendo en áreas protegidas, donde se ha tratado desde la normatividad una nueva campaña de despojo a las comunidades que habitan ciertas áreas. Hoy lo que se viene planteando desde la ley es que en los parques naturales nacionales o los páramos, no puede haber presencia de campesinos, campesinas, indígenas o afros cuando históricamente han sido ellos los que han habitado en estos lugares. Pero no solo han hecho presencia, han sido veedores y cuidadores de estos entornos.
Eso implica abrir nuevas fronteras agrícolas, y luego de que estas áreas sean despojadas van a tener toda la facilidad para ser objeto de extracción de los minerales o la riqueza que hay ahí. Eso es lo que está pasando hoy en el páramo de Santurbán, por ejemplo.
C: ¿Qué zonas del país requieren de mayor atención?
E.A.R: Hay un panorama general de exterminio a cualquier expresión de resistencia o de oposición a la transformación, en la que nosotros no somos la excepción. Pero sí hay unas regiones con más dificultades que otras. Por ejemplo, el Chocó donde desafortunadamente el nivel de violencia entre actores es muy alto. Lo decimos porque lo hemos visto. Ese contubernio que hay allí, entre las fuerzas del estado, los paramilitares, el narcotráfico, pues es un escenario evidente contra de la seguridad y la permanencia de las comunidades afros e indígenas. Y se supone que en Chocó un 70 por ciento es población afro que tiene especial protección y reconocimiento a través de su ley 70. Pero desafortunadamente esa es la realidad.
En general, regiones supremamente golpeadas por el conflicto social y armado están viviendo situaciones muy complejas. Como es el caso de Nariño, Cauca, o lo que se vive en el Catatumbo, por ejemplo (...) El Catatumbo, es una zona que ha servido para hacer experimentos de control territorial desde la labor militar a través de la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), también conocidas como Zonas Futuro, que no es otra cosa distinta que un plan de consolidación territorial, de control político-administrativo, social, militar, y económico. Uno de los principales componentes es lograr consolidar toda una red de apoyo alrededor de la fuerza pública, poniendo nuevamente en carne de cañón a la gente menos favorecida.
C: ¿Cuál es el reclamo que hacen frente al plan nacional de las Zonas Futuro?
E.A.R: Hay regiones donde se ve principalmente las afectaciones por estas políticas que se vienen desarrollando de orden nacional. Las zonas futuras han puesto como cinco pilotos a desarrollar en Arauca, el Catatumbo, Bolívar, Córdoba y Nariño. En estos cinco territorios hay un común denominador, y es que hay mucha riqueza natural. El afán es obtener el control de estos territorios bajo un supuesto de controlar economías ilegales. Por ejemplo, la justificación para llegar a Arauca es que hay mucho contrabando que es el que financia el terrorismo y en el sur de Bolívar y nordeste, el supuesto es la explotación de oro. Esto es un sofisma creado para poder intervenir un territorio que ha sido histórico en sus luchas.
Bajo esa lógica nosotros hemos denunciado y hemos dicho que aquí la necesidad es fortalecer nuestra base social, el tejido social; que nos permita y nos dé la opción no solamente de resistir, sino de pervivir en el territorio. Nosotros no vamos a ceder ante el interés voraz de querer apropiarse de lo que nos corresponde por historia, lo que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestros mayores, con respecto a lo que ha sido el cuidado y la hechura del territorio. Porque eso nos ha costado sangre, sudor y lágrimas.
C: ¿Cómo dialoga esto con los objetivos de la CNA?
E.A.R: Esa iniciativa ha tenido como consigna la defensa y recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular. Y desde allí está iniciativa que se va retroalimentando de distintas expresiones. Tratamos de recoger esas banderas históricas de lo que ha significado la lucha en Colombia del movimiento campesino, esas luchas contra la opresión, orientadas a la libertad, a la soberanía, hacia la autodeterminación de los pueblos. Desde esa expresión hemos venido fortaleciendo nuestra fuerza política como proyecto y construcción de país.
C: A estas alturas, ¿cómo nació la CNA?
E.A.R: En el censo del 2014, el censo Nacional Agropecuario, hubo una intención de desconocer e invisibilizar al campesino y, de esa manera, ir desapareciendo esta figura que somos nosotros. Ahí en las cifras hablaban de 758 mil familias campesinas, y de 2 millones y algo de trabajadores rurales. En un censo que se hace luego, se dan cuenta de que en Colombia hay más de 11 millones de campesinos y campesinas.
Pero lo concreto es que, en Colombia, hay más campesinos y campesinas de los que los registros oficiales dan cuenta y de lo que hablan. A lo que quiero llegar con este comentario, es que sencilla y llanamente para el establecimiento y sus gobernantes nosotros vamos a ser un estorbo para las políticas que se quieren implementar. Toda vez que éstas obedecen a esos compromisos internacionales de poder seguir de manera acelerada extracción de la riqueza que tiene nuestro territorio nacional.
Reclamamos la inversión social del Estado colombiano, que pague la deuda histórica con el pueblo campesino de Colombia. Que está referida a por ejemplo a garantizar todo el circuito alimentario, que es producir, es preparar la tierra, es sembrar, es transformar, es comercializar; y eso ¿qué implica?: ciencia, tecnología maquinaria, seguros de cosecha, compras públicas e infraestructura en términos de centros de acopio, y de centros de electricidad de maquinaria. Cuando decimos eso cerramos todo una demanda que vamos a hacer capaz de cumplir el día que seamos capaces de cambiar la correlación de juegos.
Exigimos que nos cuenten y que nos reconozcan como sujetos políticos de derechos. Pero lejos de eso lo que ha habido es mayor represión hacia las comunidades campesinas. Hoy los indígenas están reconocidos en la normatividad, pero me pregunto, ¿los indígenas han logrado resolver sus problemas estructurales e históricos, teniendo en cuenta que han sido ellos los que han sufrido desde 1492 el rigor del despojo, el rigor de la invasión? No. Entonces, el estar reconocidos en la norma no significa que se hayan resuelto los problemas. Así pero la mejor forma que planteamos nosotros de contarnos y dejarnos ver es a través del fortalecimiento de la organización social como tal, pero, además, digamos de la expresión de descontento expresado en la movilización, en la calle, en la carretera.
C: Entonces, ¿cuáles son los principales retos que vienen a futuro?
E.A.R: Hoy estamos enfrentados a grandes desafíos. Por un lado, tenemos un gran reto de cómo como organización campesina le venimos aportando al conjunto del movimiento social y popular. Como campesinos y campesinas (logramos) superar la producción agro tóxica que se está dando en el país, por esos procesos tecnológicos que nos han impuesto las transnacionales, cómo Monsanto, por ejemplo.
También, el gran reto de seguir defendiendo el territorio ante una nueva reconfiguración del paramilitarismo y del narcotráfico en los territorios. Hoy lo del narcotráfico está mucho más profundizado. Los cultivos de coca, marihuana y amapola siguen creciendo de manera galopante, que hoy el narcotráfico ya no es nacional, sino que es transnacional.
Además, hoy hay un nuevo fenómeno que está tomando mucha fuerza y es la extranjerización de la tierra. Esto genera nuevos conflictos y muchas preocupaciones (...) Sumado al catastro multipropósito que tiene unos enfoques claros, y es modernizar el país de acuerdo a la necesidad del capital para lograr dar resultados a esa exigencia del déficit fiscal que tiene el país hoy. Esa modernización del campo y ese reordenamiento va orientado a seguir saciando ese interés voraz del gran capital.
Entonces digamos que hay una serie de retos que tiene que ir orientado a seguir nosotros elevando los niveles de lucha, de denuncia, de movilización, de campañas que lleven a llamar la solidaridad internacional, para que pongan los ojos sobre un país como el nuestro tan golpeado, tan sufrido. Un país dónde se criminaliza mucho más la protesta, el pensamiento crítico, la oposición política que se hace desde las organizaciones al régimen y al establecimiento. Yo creo que en términos de retos tenemos mucho por hacer, pero digamos, también la claridad para mirar cómo es que vamos a avanzar en términos de las apuestas históricas que también nos hemos planteado en el movimiento campesino.
