Cuando el voltaje baja durante la noche en el barrio 12 de Octubre de Fonseca, Jesús Duarte empieza a pensar en el día siguiente. Trabaja para una empresa contratista de Cerrejón y debe levantarse temprano para cumplir sus turnos. Pero dormir, cuenta, se ha vuelto difícil. “Cuando baja la luz, el abanico se detiene o gira más lento. Esto te obliga a despertar y luego ya es difícil conciliar el sueño. Tener que madrugar para enfrentar un turno en una empresa tan exigente es hasta peligroso”, dice.
La experiencia de Duarte se repite en todas las casas del sur de La Guajira, un problema que desde hace mucho han denunciado: interrupciones del suministro, variaciones de voltaje y una infraestructura que, en momentos de alta demanda, no alcanza a responder con la estabilidad que esperan los usuarios.
El reclamo se hizo más fuerte durante los últimos meses, cuando al deterioro que denuncian las comunidades se sumó nuevamente el aumento en el costo de la energía.
Durante varios meses el costo unitario de prestación del servicio de Air-e se mantuvo alrededor de los $796 por kilovatio hora (kWh). En julio de 2026 pasó a $840,15 y en agosto llegó a $890,26. Esto representó un incremento acumulado cercano al 11,8 % en dos meses.
Air-e atribuyó las variaciones principalmente al aumento de los costos de generación, relacionado con los menores aportes hídricos provocados por el fenómeno de El Niño, la mayor utilización de plantas térmicas y los altos precios de la energía en bolsa.
Pero una cosa es el costo del kilovatio y otra el valor final de la factura. Las altas temperaturas incrementan el uso de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración y, con ello, el consumo. Según cifras divulgadas por Air-e, entre enero y abril de 2025 el consumo acumulado en Atlántico, La Guajira y los municipios del Magdalena atendidos por la compañía fue de 3.415 GWh, mientras que en el mismo periodo de 2026 llegó a 3.661 GWh un crecimiento del 7,2 %.
Los apagones dejan la vida en pausa
La inestabilidad en el servicio de energía ha modificado la vida de todos los habitantes de municipios como Fonseca. Los propietarios de talleres de mecánica, pintura, ornamentación, soldadura, entre otros, ven afectados sus ingresos y la demora para la entrega de trabajos. En los centros educativos la constante fluctuación del servicio impide que las jornadas se cumplan de manera normal; las altas temperaturas obliga a los directivos a adelantar la hora de salida de los estudiantes para garantizar su salud e integridad, ya que en algunos colegios y escuelas algunos jóvenes han sufrido desmayos por el calor. Otro de los problemas que más preocupa es la prestación del servicio de telefonía móvil; las torres de las diferentes empresas de telefonía no cuentan con plantas ni baterías, lo que hace que cuando la energía se corte la señal en los dispositivos se cae.
Además, los comerciantes enfrentan la pérdida constante de alimentos como lácteos y cárnicos que dependen de mantener la cadena de frío. Es el caso de César Herrera, tendero del municipio, quien asegura que ha tenido que modificar la manera en que abastece su negocio para reducir posibles pérdidas.
“Ya uno no puede comprar productos que necesiten refrigeración en cantidad. Tienes que calcular lo que puedes vender diariamente para que no se te dañe. Eso también hace que no puedas aprovechar las ofertas, porque si compras bastante corres el riesgo de tener pérdidas. A eso súmale el costo del recibo de luz: puntual y caro”, afirma.
Óscar Peñaranda enfrenta otro problema. Su emprendimiento depende de máquinas para preparar palomitas de maíz, bebidas y otros alimentos. Según cuenta, algunas se han averiado después de fluctuaciones en el suministro. Son máquinas que uno adquiere con mucho esfuerzo y lo peor es que no hay quién responda por los daños”, asegura Peñaranda, quien también participa en el comité de paro de Fonseca.
Los reclamos desembocaron en protestas durante agosto. El 12 de este mes habitantes de Distracción bloquearon la vía nacional para exigir el restablecimiento del servicio y denunciar las constantes fluctuaciones de voltaje. Al día siguiente persistían bloqueos en Distracción y Barrancas por problemas similares.
Air-e ha reconocido dificultades frente al crecimiento de la demanda. En mayo informó que estudiaba ampliar la capacidad de transformación de la subestación Cuestecitas y analizaba la posibilidad de aumentar la inyección de energía en la línea Valledupar–San Juan del Cesar. En junio señaló, además, que se requerían proyectos para fortalecer el Sistema de Transmisión Regional que abastece a municipios como San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar.
La presión de las comunidades llevó a que el 18 de agosto se realizara en Barrancas una mesa de trabajo con autoridades municipales, representantes del Gobierno Nacional, Air-e y habitantes del sur del departamento. La compañía anunció que presentaría allí un diagnóstico de las condiciones técnicas, operativas y de infraestructura y que buscaría construir una hoja de ruta con las autoridades y las comunidades.
Luis Darío Ortiz, líder social de Fonseca y participante de la mesa, asegura que durante el encuentro se planteó que serían necesarias inversiones cercanas a $208.000 millones para resolver deficiencias del sistema. Según Ortiz, entre las prioridades discutidas estuvieron aumentar la capacidad de transformación en Cuestecitas y avanzar hacia una nueva subestación para San Juan del Cesar. También se acordó solicitar un diagnóstico y un cronograma que permitieran saber qué obras pueden ejecutarse, qué permisos requieren, cuánto costarían y en qué plazos podrían entrar en funcionamiento.
La deuda detrás de la crisis
El origen de esta crisis no es reciente y ya tiene una historia bastante larga. El 12 de septiembre de 2024 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión de Air-e al determinar que la empresa no contaba con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera suficiente para garantizar adecuadamente la calidad, cobertura y continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, departamentos en los que atiende a cerca de 1,3 millones de usuarios.
En enero de 2025 la Superservicios determinó que la toma de posesión continuaría con fines liquidatorios, pero estableció una etapa de administración temporal para garantizar la prestación continua del servicio mientras se adelantaban las medidas necesarias para buscar una solución para la empresa.
La intervención produjo inicialmente una reducción significativa de la tarifa. En septiembre de 2024, pocos días después de la toma de posesión, Superservicios anunció la suspensión del cobro de la denominada opción tarifaria y estimó que la medida permitiría una disminución de entre 25 % y 30 %, equivalente entonces a alrededor de $250 por kilovatio hora. Posteriormente, la entidad informó que el costo del kilovatio había pasado de $1.072 en agosto de 2024 a $796 en septiembre de 2025. Sin embargo, la reducción tarifaria no solucionó el problema financiero de la compañía.
En agosto de 2026, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, calculó que Air-e adeudaba alrededor de $3,3 billones a los agentes del Mercado de Energía Mayorista. Según Castañeda, solo durante julio el pasivo habría aumentado en más de $380.000 millones.
La Superservicios ha reconocido que la situación financiera de la empresa puede impactar al Mercado de Energía Mayorista. El 30 de julio informó que el Fondo Empresarial había aprobado una financiación de hasta $200.000 millones destinada al pago de obligaciones de Air-e con agentes del mercado, de los cuales previamente se habían desembolsado $60.000 millones. La entidad señaló además que desde diciembre de 2025 había solicitado la estructuración de una garantía soberana por hasta $2 billones.
A la situación particular de Air-e se suma un problema de liquidez que alcanza al conjunto de la cadena eléctrica. El 24 de agosto, los ministerios de Minas y Energía y Hacienda anunciaron $1,5 billones para lo que resta de 2026, destinados al pago de deuda corriente con generadores térmicos a partir de septiembre. El Gobierno anunció como primer paso un giro de $300.000 millones y planteó, además, fortalecer los contratos de energía de largo plazo, revisar la estructura tarifaria y elaborar un plan integral para la prestación del servicio en el Caribe. Esta situación financiera forma parte de un problema que puede trasladarse a otros actores del sistema eléctrico.
Paralelamente, las tarifas del Caribe siguen bajo discusión judicial. Las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha presentaron una acción popular para cuestionar componentes del régimen tarifario aplicado en la región. El 19 de marzo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, resolvió las apelaciones presentadas contra las medidas cautelares decretadas previamente por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
El Consejo de Estado concluyó que existía una amenaza a los derechos colectivos relacionados con el acceso al servicio público de energía, su prestación eficiente y oportuna y los derechos de consumidores y usuarios. Entre los problemas identificados señaló la falta de infraestructura óptima, las pérdidas de energía y las deficiencias en su control, factores que tienen incidencia sobre las tarifas. La corporación confirmó las medidas cautelares y complementó las órdenes para que se avanzara en acciones relacionadas con infraestructura, medición, reducción y verificación de pérdidas y proporcionalidad de las variaciones tarifarias frente al promedio nacional.
Para Jesús Cobo Toncel, veedor de servicios públicos domiciliarios de Fonseca, la intervención estatal todavía no se traduce en los cambios que esperan las comunidades. Cobo reconoce que el problema tiene varias dimensiones, sin embargo, los usuarios lo miden desde su cotidianidad, si llega o no el servicio de energía.
“Es evidente la estrategia de la intervenida empresa de energía, quienes tienen la obligación de garantizar una óptima prestación del servicio eléctrico según lo estipulado en la constitución colombiana en materia de servicios públicos, pero la intención de Air-e es que el estado le solucione déficit de seis billones de pesos”, señala Cobo.
Mientras tanto, en los barrios de Fonseca las familias siguen luchando con los cortes de energía continuos, que han hecho que se dañen sus alimentos y que los electrodomésticos se quemen. Y ni siquiera tienen un lugar a donde acudir a radicar sus quejas o solicitudes; en municipios como Fonseca hace más de un año solo existen oficinas de recaudo, por lo que se ven obligados a trasladarse al municipio de San Juan del Cesar como el punto más cercano con oficina de atención al cliente.
De momento existen decisiones judiciales que presionan la revisión de los factores que inciden sobre la tarifa, el Gobierno ha dispuesto recursos para enfrentar los problemas de liquidez del sector, Air-e reconoce la necesidad de ampliar y fortalecer parte de la infraestructura, y las autoridades continúan reuniéndose con las comunidades. Sin embargo, casi dos años después de que el Estado tomara posesión de Air-e la incertidumbre persiste en los hogares del sur de La Guajira, que no saben en qué momento perderán la señal por horas, o si podrán utilizar un abanico o un aire acondicionado en medio de los calores que anuncian el inicio del fenómeno de El Niño.
