El dolor no aparece en los informes.
No está en las cifras que dicen que en Colombia hay 12.112 excombatientes de las antiguas Farc en proceso de reincorporación, ni en los balances que, casi diez años después de la firma del Acuerdo de Paz, insisten en medir avances y rezagos. El dolor no cabe en los porcentajes. No se deja contar.
A veces empieza en la espalda, como una punzada que baja lento y se instala. O en las rodillas, que crujen antes de tiempo. O en los pulmones, que aprendieron a respirar entre selva húmeda, humo y noches sin descanso. Hay cuerpos que ya no responden como antes, cuerpos que arrastran años de monte, de hambre, de marchas interminables. Cuerpos que guardan la guerra incluso cuando la guerra, en el papel, terminó.
La reincorporación —esa palabra que suena limpia, técnica, posible— tropieza ahí: en huesos desgastados, en enfermedades que no fueron tratadas, en diagnósticos que llegaron tarde o nunca. Porque volver a la vida civil no es solo aprender otro oficio o firmar un documento. Es también habitar un cuerpo que quedó marcado.
Han pasado casi diez años. Y, sin embargo, hay batallas que no se firmaron en La Habana. Hay otras que siguen librándose en silencio. En la intimidad de cada cuerpo.
Antes de tener un nombre en una lista de reincorporados, antes de aparecer en cualquier cifra, Ángel Rodelo fue un cuerpo en la mira.
En 2011, en medio de un bombardeo, los disparos llegaron desde arriba, desde helicópteros que no se veían pero se sentían en el estruendo. Uno de esos proyectiles le atravesó la barriga. Le rompió el intestino grueso. Lo obligó, después, a vivir con una colostomía. Desde entonces, su historia no se cuenta en los partes de guerra sino en lo que quedó: un cuerpo intervenido, incompleto, que aprendió a seguir.
Hoy, más de una década después, las secuelas no se han ido. Se transformaron. Infecciones urinarias que regresan como un ciclo, dificultades para defecar, molestias que aparecen sin aviso.
—Tengo el intestino grueso mocho —dice—. Esa condición me produce muchas infecciones urinarias. Eso me lo jodió el plomo cuando estaba en la guerrilla.
Lo dice sin énfasis, nombrando algo que ya no se puede cambiar. Porque él sabe que hay heridas que no terminan cuando cesan los disparos.
Debajo de la piel, además, hay una malla. Una estructura que sostiene lo que el cuerpo ya no puede sostener por sí solo: los órganos, las paredes debilitadas de la barriga, la memoria física de los disparos. Esa malla —invisible para los demás— le recuerda todos los días que su cuerpo es un territorio intervenido, una arquitectura remendada para no venirse abajo.
Pero sostenerse no basta. Porque el cuidado que necesita no está a la mano. Requiere médicos especializados, controles permanentes, rutas claras. Y lo que encuentra, en cambio, es un sistema de salud que no sabe cómo atender un cuerpo como el suyo: un cuerpo de posguerra, lleno de urgencias que no encajan en los formularios.
Entonces empieza el recorrido. De la clínica San Juan Bautista al hospital de Fonseca. De Fonseca a Riohacha. Viajes largos, dinero que no sobra, horas de espera que no terminan en nada. Traslados que se acumulan como otra forma de desgaste.
—De la clínica San Juan Bautista me mandaron al hospital de Fonseca y de allí a Riohacha. Yo me gasté casi un millón de pesos en pasajes y no me hicieron nada —dice—. Yo a eso lo llamo el paseo de la muerte.
En los territorios donde ahora viven muchos de los firmantes de paz, la salud también queda lejos. Los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —los Aetcr— fueron pensados como lugares de tránsito. Pero el tiempo pasó y se volvieron permanentes, mientras lo esencial seguía siendo precario. Conseguir una cita con un especialista puede tomar meses. Una orden médica se convierte en una cadena de trámites. Un diagnóstico, en una espera que no siempre llega.
La escasez de médicos especializados no es una excepción: es la norma. Y en medio de esa ausencia, los cuerpos que más cuidado necesitan —los que vienen marcados por la guerra— quedan a la deriva, obligados a insistir, a viajar, a gastar lo que no tienen, a explicar una y otra vez lo que les duele.
La reincorporación, entonces, no solo se enfrenta a la memoria del conflicto. También a un sistema de salud que, en estos territorios, parece no haber llegado del todo. O haber llegado tarde.
En Pondores, donde el polvo se levanta con el viento y las casas parecen sostenidas por la costumbre más que por el cemento, Ángel Rodelo intenta hacer algo que debería ser simple: atenderse.
Pero desde que le toca hacerse cargo de sus propios trámites médicos, la ruta no es clara. Es un ir y venir sin destino fijo. Hospitales, clínicas, remisiones que no resuelven. Puertas que se abren apenas para volver a cerrarse.
—Yo la otra vez pasaba de hospital en hospital, un ratico en las clínicas, de allí mandan a uno para el hospital. Eso es un tire que jale —dice.
Lo dice con esa mezcla de resignación y cansancio de quien ya recorrió demasiadas veces el mismo camino. Como si la enfermedad no fuera suficiente y, además, hubiera que aprender a moverse en un sistema que desgasta. Que dilata. Que empuja siempre un poco más lejos la posibilidad de estar mejor.
***
Aun así, incluso cuando han aprendido a moverse solos en ese laberinto, hay trámites que no se resuelven sin ayuda.
Por eso, muchos terminan tocando otra puerta: la de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Allí, según información entregada a Consonante por la ARN, profesionales asignados a los territorios acompañan, orientan, ayudan a destrabar citas, a entender rutas, a insistir donde el sistema se cierra. También gestionan, cuando el caso lo exige, contactos con entidades de mayor complejidad para intentar que una remisión no se quede en el papel.
Desde la ARN insisten en que ese acompañamiento no es accesorio: es necesario. Porque lo que ocurre en los territorios —la falta de especialistas, las distancias, las barreras administrativas— evidencia la urgencia de sostener y fortalecer la presencia estatal en salud, especialmente en los antiguos espacios de reincorporación.
De hecho, el Ministerio de Salud presentó en marzo de 2025, ante el Consejo Nacional de Reincorporación, una propuesta para desplegar esquemas de atención en estos territorios, previamente concertada con los propios firmantes de paz y aprobada de manera unánime. La apuesta busca garantizar brigadas periódicas con servicios de medicina general, atención especializada, odontología, psicología y enfermería, además de personal permanente en algunos espacios y apoyo para traslados y atención de urgencias.
Según cifras oficiales reportadas al sistema de información en salud, estos esquemas ya han permitido miles de atenciones: consultas médicas, traslados de emergencia, controles a gestantes, atención a la primera infancia. Números que, en el papel, hablan de cobertura.
Pero incluso esas cifras —como las otras— no alcanzan a contar del todo lo que pasa.
Porque entre el diseño de la política y la vida cotidiana hay una distancia que se mide en caminos, en esperas, en cuerpos que siguen necesitando atención. Y en esa distancia, la reincorporación vuelve a ponerse a prueba: la posibilidad real de sostener la vida después de la guerra.
La Agencia también asegura que, en los casos más urgentes, activa otras rutas. Que se comunica con entidades nacionales y territoriales, que gestiona remisiones, que articula con hospitales de mayor complejidad. En el papel, eso significa que los firmantes de paz no están solos cuando la salud se vuelve crítica. Que hay una red. Que hay un respaldo.
Pero en la práctica, esa promesa no siempre alcanza. Las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en algo: ese acompañamiento fue más visible, más efectivo, en los primeros años, cuando todo era nuevo y había alguien que guiaba cada paso dentro del sistema. Con el tiempo, esa presencia se fue diluyendo. Y lo que quedó fue otra cosa: la necesidad de aprender a moverse solos.
Hoy, muchos saben cómo pedir una cita, cómo insistir por una orden, cómo recorrer hospitales. Lo aprendieron a fuerza de repetir el camino. Pero ese aprendizaje no resuelve lo más difícil: acceder a procedimientos especializados, a diagnósticos oportunos, a tratamientos continuos.
Entonces la carga cambia de lugar. Ya no es solo la enfermedad. Es también la gestión de la enfermedad. La insistencia. El desgaste. La sensación de que, incluso con una institucionalidad diseñada para acompañarlos, hay momentos en los que vuelven a quedar —otra vez— por su cuenta.
Ángel Rodelo aprendió a hacer algo que nunca le enseñaron: moverse dentro del sistema de salud. Lo hizo a punta de repetición. De tantas horas en salas de espera, de tantas idas y vueltas entre hospitales, de escuchar nombres de procedimientos que no siempre entiende del todo. Porque leer le cuesta, pero eso no lo detuvo. Ha encontrado la manera de resolver, de preguntar, de insistir hasta que alguien le dé una respuesta.
Esa es, ahora, parte de su rutina. Pero hay días en que no alcanza. Días en que la burocracia pesa más que el cuerpo. En que los papeles, las remisiones, las filas, terminan por abrumarlo. Entonces busca a su asesora territorial, intenta apoyarse en alguien que entienda mejor ese lenguaje enredado del sistema.
Y, aun así, algo cambió.
—La gente de la ARN antes era mejor porque ayudaban a uno en las cosas del hospital, enseguida le agilizaban —dice—. Antes, las veces que estuve hospitalizado, los facilitadores me visitaban más, incluso cuando estaba hospitalizado. Ahora no.
Lo dice sin rabia, pero con la certeza de que hubo un tiempo distinto. Como si el acompañamiento también se hubiera ido volviendo intermitente. Como si, poco a poco, la carga hubiera vuelto a caer sobre él. Sobre su cuerpo. Sobre su capacidad de resistir.
En La Guajira, la reincorporación también se puede contar en números. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hay 292 personas en proceso en el departamento. Todas, exintegrantes de las Farc. De ellas, 288 están afiliadas al sistema de salud. En el papel, eso significa cobertura.
Pero los datos se detienen un poco más y dicen otra cosa. Ochenta y cinco personas han reportado alguna condición de discapacidad. Cuarenta y cinco con afectaciones físicas. Trece con discapacidades múltiples. Seis con limitaciones visuales. Diecinueve, incluso, sin un registro claro del tipo de discapacidad que tienen.
Las cifras ordenan. Clasifican. Dan la impresión de que todo está contenido. Pero no explican cómo se vive con esas condiciones en territorios donde ver a un especialista puede tomar meses. No dicen cuánto cuesta desplazarse de un municipio a otro para una cita que tal vez no ocurra. No alcanzan a mostrar lo que pasa cuando esos cuerpos —marcados por la guerra, por el tiempo, por el abandono— intentan sostenerse en medio de un sistema que, aunque los incluye, no siempre logra atenderlos.
De esas 292 personas en proceso de reincorporación en La Guajira, la mayoría —251— depende del régimen subsidiado para atender su salud. Es decir: dependen de un sistema pensado para quienes no tienen cómo pagar otro.
Y dentro de ese sistema, hay una concentración. La Nueva EPS agrupa a 168 firmantes de paz solo en el departamento. Más de la mitad. Una sola aseguradora para una población que ya carga con condiciones médicas complejas, con secuelas de guerra, con necesidades que no siempre son simples de atender.
Pero esa aseguradora también está en crisis. Desde 2024, la Nueva EPS se encuentra intervenida por presuntas irregularidades. Y esa intervención —que en los documentos busca corregir fallas— en la vida cotidiana se traduce en otra cosa: demoras, trámites detenidos, medicamentos que no llegan, tratamientos que se interrumpen.
Entonces la incertidumbre se instala. Porque no se trata solo de estar afiliado, de aparecer en una base de datos. Se trata de que esa afiliación funcione. De que una orden médica se convierta en atención real. De que un tratamiento no se quede a medio camino.
Y en ese punto, para muchos, la salud vuelve a quedar en el aire. Como si, después de todo, todavía no hubiera un lugar firme donde sostenerla.
Esa situación, para muchos, dejó de ser un problema administrativo y se volvió otra cosa: un calvario. Cuando los medicamentos no llegan, cuando las fórmulas se quedan represadas en un sistema que no responde, la única opción es pagar. Sacar del bolsillo lo que no hay. Elegir entre esperar o comprar lo necesario para seguir. Y en esa decisión —cotidiana, silenciosa— se va desgastando la posibilidad de sostenerse.
Los más golpeados son los mismos de siempre: quienes necesitan tratamientos especializados, medicamentos de alto costo, controles permanentes. Quienes no pueden darse el lujo de interrumpir un proceso médico porque el cuerpo no espera.
Entonces la reincorporación deja de ser una idea y se vuelve un ejercicio frágil. Porque no basta con haber dejado las armas. No basta con haber firmado la paz. Cuando la salud falla, cuando acceder a un tratamiento se convierte en una lucha diaria, lo que está en juego no es solo el bienestar: es la posibilidad misma de rehacer la vida.
Y ahí, en ese punto donde el cuerpo vuelve a doler y el sistema no responde, la promesa de la paz se enfrenta a su límite más concreto.
Para Aracely Mancilla, la guerra no terminó cuando dejó el monte. Terminó —si es que terminó— en otra forma de desgaste: la de sostener el cuerpo todos los días. La de vivir con una gastritis crónica que arde, con la presión alta que sube sin aviso, con la diabetes que exige controles, disciplina, medicamentos que no siempre están.
—La vida civil para la salud ha sido muy difícil —dice.
Como si no hubiera otra manera de nombrarlo. Porque aquí, en esta otra vida, enfermarse no es solo enfermarse. Es hacer cuentas. Ver cuánto cuesta cada pastilla. Decidir qué comprar y qué dejar para después. Convertir tratamientos básicos —los de todos los días— en un lujo que apenas alcanza.
Y en esa ecuación, el cuerpo vuelve a quedar en el centro. Un cuerpo que necesita cuidado constante. Que no puede esperar. Que, incluso en la paz, sigue peleando —en silencio— por sostenerse.
—Los medicamentos son muy caros, y esos muy poco los cubre la EPS. En tres medicamentos se puede gastar toda la bancarización. El mes pasado, toda la bancarización me la gasté en medicamentos y hasta más —dice Aracely Mancilla.
Habla de números, pero lo que hay detrás es otra cosa. Porque esa “bancarización” —el dinero que debería servir para sostener un proyecto de vida, para sembrar, para empezar de nuevo— termina desviándose hacia lo urgente: pastillas, controles, tratamientos que no pueden aplazarse. La plata que iba a ser semilla, se vuelve remedio.
A veces, ni siquiera alcanza. Entonces toca romper otros planes. Sacar de donde no estaba previsto. Aracely lo dice así: ha tenido que usar ahorros que eran para comprar marranitos, para invertir, para construir algo propio. Dinero pensado para el futuro que termina pagando el presente. Y en ese movimiento —pequeño, cotidiano, repetido— la reincorporación se va encogiendo.
La vida de Aracely Mancilla cambió sin aviso. No fue en el monte. No fue en medio de la guerra. Fue después, cuando todo se suponía que empezaba a ordenarse. En 2018 salió de la cárcel y llegó al espacio de reincorporación. Dice que llegó bien. O eso parecía.
—Yo llegué al espacio no del monte directamente, yo vine de la cárcel. Vine aquí aparentemente bien de salud, pero al año empecé a estar enferma y enferma.
Lo repite: enferma y enferma. Primero fueron los síntomas, después el diagnóstico: miomas en el cuello uterino. Intentaron tratarlos, pero no alcanzó. El cuerpo siguió avanzando hacia otro lugar, uno donde la única opción fue quitar el útero.
Y ahí, en esa decisión médica, se rompió algo más.
—Eso fue duro porque yo quería tener otro hijo —dice. No lo dice en voz alta, pero está ahí: la pérdida que no se ve en los exámenes. La imposibilidad de volver a intentar. La vida que no ocurrió.
Luego de la cirugía, los médicos le diagnosticaron a Aracely diabetes, y ella no comprende cómo no se detectó antes, cuando estaba en la cárcel y le hacían chequeos médicos regularmente.
—Después de la cirugía me salió que yo era diabética y que tenía tiempo siendo diabética, fue algo duro porque eso me sale cuando ya no podía hacer nada —Lamentó— No entiendo, en la cárcel me hacían exámenes generales y de sangre y nunca me salió nada o será que me negaban la verdad.
Para muchos firmantes de paz, el cuerpo termina marcando el límite de lo posible. Las enfermedades, los dolores persistentes, los tratamientos incompletos, no solo afectan la salud: también reducen la vida a lo mínimo. A sobrevivir. A depender, mes a mes, de la renta básica que reciben. Un ingreso que alcanza para sostener lo urgente, pero no para construir algo más allá.
Porque reincorporarse no es solo estar. Es trabajar, participar, hacer parte de una comunidad, proyectarse. Y todo eso exige un cuerpo que responda, que aguante, que no esté siempre al borde.
Pero cuando la salud falla, todo lo demás se estrecha. Las oportunidades de empleo se vuelven escasas. Las jornadas se hacen imposibles. Las actividades comunitarias —esas que también sostienen la reconciliación— quedan en pausa. Y la autonomía, esa idea de poder sostenerse sin depender del Estado, se vuelve lejana.
Entonces la reincorporación se frena en un punto concreto: el cuerpo. Un cuerpo que no siempre permite avanzar. Que obliga a detenerse. Que recuerda, una y otra vez, que después de la guerra hay otras batallas —más silenciosas, más íntimas— que también definen hasta dónde es posible rehacer la vida.
Aracely Mancilla no siempre estuvo quieta. Antes, dice, era de las que iba. De las que se movía entre comunidades, participaba en proyectos, trabajaba en confecciones, hablaba con la gente. Había una idea de futuro en ese hacer constante, en ese estar presente.
—Yo soy animosa de participar en los proyectos. Antes iba a las comunidades, trabajaba en las confecciones, pero después del covid ya no pude trabajar. Mi condición de salud ya no me permitía andar metida por tantos lugares para los trabajos de reconciliación.
Lo dice como quien enumera lo que fue quedando atrás. Porque el cuerpo empezó a poner límites. Y esos límites no solo detuvieron el trabajo: también fueron reduciendo su lugar en ese proceso que, en teoría, necesitaba de su participación. La reconciliación, esa palabra amplia, también se construye con presencia. Y cuando el cuerpo no alcanza, esa presencia se rompe.
Ahí aparece otra cosa. Una desilusión que no es estruendosa, pero persiste. La sensación de que el camino ha sido más difícil de lo que prometieron. De que la paz —esa apuesta en la que decidió creer— no vino acompañada de las condiciones necesarias para sostenerla.
Y, aun así, sigue. Con el cuerpo a medias. Con los proyectos en pausa. Con la certeza de que cumplirle a la paz también ha significado aprender a resistirla.
— Se siente uno triste, uno no puede decir que todo es malo pero todo tampoco ha sido bueno y sobre todo la salud, que es pésima y no solo para nosotros es para todas las personas. Las cosas no se han cumplido, no se dieron como las pintaban, nos arriesgamos a la paz y le seguimos apostando a pesar de todas las dificultades.
Para Álvaro Noriega, la comparación aparece sola. No la busca, pero vuelve. Se cuela en la forma en que recuerda el pasado, en la manera en que mide el presente. Y en esa comparación hay algo que se repite: la salud, dice, antes funcionaba distinto.
—En el monte, la salud era un derecho, no un privilegio. Uno salía directo, le decían “váyase pa’ tal parte, allá lo van a atender”.
Lo dice con una nostalgia extraña, incómoda. Porque no habla de la guerra en sí, sino de algo que, en medio de todo, sí respondía: la atención, la inmediatez, la certeza de que alguien iba a recibirlo.
Aquí, en cambio, todo es más incierto. Las rutas no son claras. Las respuestas no llegan rápido. Y entonces aparecen otras formas de sostenerse: la familia, un compañero que fue médico en las filas, alguien que entienda el sistema y pueda ayudar a descifrarlo.
—Uno tiene que apoyarse de la familia o del médico de aquí para que lo ayude a uno con el proceso de pedir la cita y de todo lo demás —dice.
Porque en esta nueva vida, la salud también depende de eso: de tener a alguien al lado. De no quedar solo frente a un sistema que exige saber cómo moverse, incluso cuando el cuerpo lo que necesita es, simplemente, ser atendido.
A Álvaro Noriega le faltan las manos. Las perdió en el monte, en un accidente con una mina. Desde entonces, su cuerpo también es memoria de la guerra. Pero lo que enfrenta ahora no estalla, no hace ruido. Es otra cosa: un sistema que parece hecho para frenar, para demorar, para cansar.
Conseguir una cita con especialista puede tomar meses.
—Uno demora hasta dos meses o más para que le den la cita —dice.
Y la espera no termina ahí.
Cuando por fin llega el día, empieza otro recorrido: el viaje a San Juan del Cesar o a Valledupar, trayectos largos, costosos, difíciles. Horas de camino para llegar a un hospital donde nada es seguro. Donde, incluso después de esperar, la atención puede no resolverse.
La medicina, mientras tanto, escasea.
—Uno se cala todo el día para que le den unas cuatro pastillas.
Lo dice con una frustración que no necesita elevar la voz. Porque en ese recorrido —la espera, el viaje, la fila, la escasez— la salud se convierte en un privilegio distante.
Pero no siempre fue así. Al principio, dice Álvaro Noriega, había un médico en el campamento. Alguien fijo. Alguien a quien acudir sin tener que explicar demasiado. La atención era más cercana, más inmediata. No había que esperar meses ni recorrer kilómetros para una consulta.
Con el tiempo, eso se fue diluyendo. Las brigadas médicas empezaron a espaciarse. Llegaban menos. Tardaban más. Y la espera —esa que antes no existía— se volvió parte de la rutina. Una espera larga, incierta, que no siempre termina en atención.
—Es una cosa triste porque es un derecho que debería ser prioritario.
Dice Álvaro sin levantar la voz, pero con el peso de quien lo ha comprobado en carne propia. Porque la lucha por la salud, en la reincorporación, no es un episodio aislado. Es una batalla diaria. Silenciosa. Una que se libra entre citas que no llegan, medicamentos que faltan, distancias que se alargan. Y que ocurre, además, en medio de una crisis más amplia del sistema de salud en el país, que lleva años gestándose y que termina golpeando con más fuerza a quienes menos margen tienen para resistirla.
Ahí, en ese cruce —entre la promesa de la paz y la fragilidad de la atención—, muchos, como Álvaro, siguen esperando.
Ángel Rodelo, Álvaro Noriega y Aracely Mancilla no están solos en esto. Hacen parte de la Asociación Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y Enfermos de Alto Costo —Asoconelaec—, una organización que reúne a 1.355 firmantes de paz en todo el país. Personas que, como ellos, cargan en el cuerpo las secuelas del conflicto y que, juntas, intentan hacerse visibles en medio de un sistema que muchas veces no alcanza a verlas.
Desde allí también se empujan respuestas. Una de ellas fue el convenio 056 de 2024, firmado el 20 de marzo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el consorcio Colombia en Paz —como administrador del patrimonio autónomo— y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Un acuerdo pensado para atender justamente a esta población: garantizar procesos de certificación de discapacidad, avanzar en la rehabilitación integral, responder a quienes quedaron con lesiones de guerra.
En el papel, el convenio plantea fases, rutas, recursos. La primera incluyó una destinación de 40 mil millones de pesos para su implementación. Una cifra que, como tantas otras en esta historia, busca traducirse en atención concreta: diagnósticos, tratamientos, acompañamiento real.
Pero entre ese diseño y la vida cotidiana hay, otra vez, una distancia. Una que se mide en cuerpos que siguen esperando. En trayectos que no se acortan. En enfermedades que no dan tregua. Y en la persistencia de quienes, organizados o solos, siguen intentando que esa promesa —la de una atención digna después de la guerra— deje de ser solo un acuerdo firmado.
La ARN señala que actualmente está vigente el Convenio Marco 056 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Consorcio Fondo Colombia en Paz y la propia Agencia. Su propósito es claro: garantizar el acceso a procesos de rehabilitación física y psicosocial para los firmantes de paz que quedaron con secuelas de la guerra.
En el papel, el convenio organiza. Articula y define responsabilidades. Pero tiene un límite, no cuenta con recursos propios asignados, ni ejecuta directamente. Su función es otra: servir como puente entre instituciones, facilitar la coordinación, intentar que las piezas del sistema funcionen juntas.
Y en esa diferencia —entre articular y resolver— se abre, otra vez, una brecha. Porque mientras el convenio ordena el engranaje, en los territorios los cuerpos siguen esperando que ese engranaje se mueva. Que la articulación se convierta en atención. Que la ruta institucional, finalmente, llegue hasta donde duele.
Desde las instituciones locales, la lectura es distinta. Diana Molina, directora de la E.S.E. Hospital San Agustín, asegura que en el AETCR de Pondores se vienen desarrollando brigadas médicas extramurales que buscan acercar la atención a los firmantes de paz. Jornadas en las que se ofrecen servicios básicos: citologías, odontología, medicina general, entrega de medicamentos.
Dice, además, que no ha recibido quejas sobre la atención en salud a esta población dentro de la institución. Y menciona una herramienta puntual; un programa del Ministerio de Salud diseñado específicamente para los firmantes de paz, que contempla la realización periódica de brigadas con especialistas. Cuatro, según explica, en distintos momentos del año. Espacios pensados para cubrir, al menos parcialmente, esa demanda de atención que en lo cotidiano resulta difícil de resolver.
—Tenemos una herramienta que es un programa específico que tiene el ministerio para esta población donde las brigadas de salud viene incluído cuatro brigadas periódicas de especialistas.
La frase queda ahí, abierta, como una promesa enunciada. Porque mientras desde la institucionalidad se habla de cobertura, de brigadas, de programas en marcha, del otro lado persisten los relatos de espera, de barreras, de cuerpos que no logran ser atendidos a tiempo.
Diana Molina lo reconoce: las brigadas alcanzan hasta donde pueden. Sirven para atender, para diagnosticar, para aliviar lo inmediato. Pero no resuelven del todo lo que algunos cuerpos necesitan.
—La población ha sido muy receptiva con estas brigadas, pero ¿qué nos hace falta? Que estas brigadas vengan acompañadas de una solución más integral a los problemas de salud que presentan algunos firmantes —dice.
Porque hay un punto donde la atención básica ya no basta. Donde se necesita algo más: una prótesis, una cirugía, un tratamiento de mayor complejidad. Y ahí, el programa se detiene. No cubre esos costos. No puede asumirlos. La ruta vuelve, entonces, al mismo lugar: la EPS.
—Por ejemplo, nosotros traemos un ortopedista y si la persona atendida necesita de carácter inmediato una prótesis o una cirugía, el programa no tiene el alcance para asumir esto. Le tocaría a la persona acudir a su EPS.
Y en ese regreso, el círculo se cierra. Porque es ahí, justamente, donde muchos encuentran las mayores barreras. Donde los trámites se alargan, los tiempos se dilatan, las respuestas no llegan. Donde la solución vuelve a convertirse en espera.
Desde el nivel nacional, la reincorporación también se sostiene en proyectos y presupuestos. La ARN informó a Consonante que en 2023 el proyecto “Fortalecimiento de la Reincorporación de los Exintegrantes de las FARC-EP (Nacional)” actualizó su presupuesto a 99.000 millones de pesos, financiados con recursos de la Bolsa Paz. Una cifra que, en principio, busca respaldar los distintos frentes del proceso: acompañamiento, sostenimiento, articulación institucional.
Este proyecto, además, opera de manera conjunta con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, en un esfuerzo por consolidar las rutas de reincorporación en todo el país. En el papel, eso significa capacidad. Recursos que deberían traducirse en programas, en presencia institucional, en respuestas más eficaces para quienes intentan rehacer su vida después de la guerra.
Pero, otra vez, aparece la distancia. Porque mientras los proyectos se formulan y los presupuestos se actualizan, en los territorios persisten las mismas dificultades: la espera por una cita, la falta de medicamentos, los recorridos interminables entre hospitales.
Y entonces la pregunta no es cuánto dinero hay, sino hasta dónde llega. Hasta qué punto esos recursos logran tocar, de verdad, la vida cotidiana de personas como Ángel, Álvaro o Aracely. Hasta dónde se convierten en algo más que una cifra. En algo que, finalmente, se sienta en el cuerpo.
La ARN advierte que en enero de 2025 la Subcuenta de Reincorporación sufrió un recorte presupuestal. El impacto no fue menor: la disponibilidad de recursos se contrajo hasta dejar apenas 390 millones de pesos para el Contrato 2002 de 2024.
Y cuando el dinero se acorta, lo demás también. No fue posible firmar nuevos convenios. Tampoco ampliar los existentes. La idea de extender la cobertura en rehabilitación integral —esa que en el papel parecía avanzar— quedó limitada. Contenida. Ajustada a lo que alcanzara.
En la práctica, eso significa menos alcance. Menos posibilidades de atención para quienes necesitan procesos largos, especializados, constantes. Menos margen para responder a cuerpos que no se resuelven con una consulta aislada, sino que requieren acompañamiento sostenido.
Y así, otra vez, la reincorporación se enfrenta a su propia fragilidad. Porque entre lo que se proyecta y lo que finalmente se financia hay una brecha que termina cayendo, casi siempre, sobre los mismos: quienes siguen esperando que la atención llegue completa. Que no se quede a mitad de camino. Que no dependa, una vez más, de cuánto alcanza el presupuesto.
