Darwin Reinel Quintero tiene 12 años y cursa cuarto de primaria en el Centro Educativo Las Brisas, sede El Recreo, en las Sabanas del Yarí. Cada día, Darwin y su primo Rainiero salen de su casa a las 6:20 de la madrugada para ir a estudiar. Si cuentan con suerte, algún vecino los lleva en su moto, pero la mayoría de veces no encuentran ningún transporte a esa hora, así que caminan por una hora en medio de la selva. Atraviesan potreros, trochas y humedales.
El recorrido lo conocen de memoria. Primero caminan entre matorrales hasta adentrarse en un pequeño bosque. Ahí cruzan por un caño sin puente, porque la creciente se lo llevó hace seis años y nunca nadie lo reparó. Solo hay un tronco por el que ambos caminan con cuidado de no caerse. Al final, por fin, la carretera central. Algunas veces, los vecinos los acercan hasta su destino, pero otras deben seguir caminando hasta el colegio, donde llegan casi siempre con los zapatos sucios de barro y mojados.
Ese tipo de travesías son una de las dificultades que enfrentan los estudiantes del Yarí, zona rural de San Vicente del Caguán. De los 53 mil alumnos matriculados en 2022 en el Caquetá, el 53 por ciento están en la zona rural. Sin embargo, ninguno de los 37 colegios que hay cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica ni buena conectividad. De hecho, el 87 por ciento de las instituciones educativas del departamento no tienen internet, según datos de la Fundación Empresarios por la Educación de 2022.
Tampoco hay una planta de docentes suficiente para atender la demanda estudiantil. A nivel departamental, hay 17 alumnos por cada docente orientador, pero en la ruralidad hay más dificultades para que estos perduren. A comienzos de este año, el Centro Educativo Las Brisas, sede El Recreo, contaba únicamente con tres profesores para enseñar de preescolar a noveno. Un mes después del inicio de clases, uno de ellos decidió irse del territorio. Luego desistieron los demás y, en total, han renunciado y reingresado cuatro profesores distintos. Actualmente solo quedan dos para 55 estudiantes. Uno enseña de preescolar a quinto y el otro de sexto a noveno.
Para intentar frenar la deserción docente, los rectores “generamos espacios desde lo emocional, porque estar aquí implica meterle el corazón para conservarlos en el territorio”, dice Edwin Guzmán, rector del Centro Educativo Las Brisas. Los profesores, además, reciben constantemente capacitaciones gracias a la alianza con la organización Fe y Alegría Colombia, destaca Guzmán.
Colegios sin bachillerato completo
Cuando los estudiantes terminan el grado noveno, deben salir del colegio y de su territorio, porque ninguna escuela rural cuenta con décimo y undécimo debido a la falta de infraestructura y de docentes. Por eso, los jóvenes se ven obligados a abandonar las Sabanas del Yarí para trasladarse a las zonas urbanas. Sin embargo, muy pocos logran terminar su bachillerato, ya sea porque sus padres no cuentan con los recursos económicos o porque les cuesta distanciarse de sus familias. En todo el Caquetá, un 72 por ciento de la población en la edad de estudio no cuenta con acceso a la educación media, según el Observatorio a la Gestión Educativa ExE.
Ese es el caso de Maria Cecilia Ayala Valencia, de 17 años. La joven terminó noveno el año pasado en el Centro Educativo Las Brisas. A comienzos del 2024 comenzó clases en el Caserío de Cristalina del Losada, que incluye el servicio de residencia y alimentación escolar. Cada 15 días, Maria recorría una hora y media en moto de su casa hasta el internado. Luego de unos meses, decidió abandonar el colegio porque sentía que pasaba mucho tiempo lejos de su familia.
“Después de salir de Cristalina comencé a estudiar los sábados en Playa Rica la Ye. Al comienzo pagué la matrícula de 150 mil pesos y todos los meses tenía que pagar otros 120 mil. Los sábados salía en moto a las 6:20 de la madrugada con el almuerzo empacado. Me demoraba media hora en moto. Después de tres meses comenzaron a disminuir la frecuencia de clases, ya no era todos los sábados si no que cada 15 días. Entonces decidí retirarme en el primer semestre”, cuenta Ayala, quien todavía tiene el propósito de seguir estudiando.
Infraestructura en mal estado
Los colegios alejados del casco urbano también enfrentan problemas debido al deterioro de su infraestructura y la falta de espacios recreativos y deportivos. La escuela rural de Potras Quebradon, por ejemplo, cuenta únicamente con dos salones de clase. Uno de ellos tiene baldosas en el piso, pero el otro solo tiene gravilla. En el primero están los alumnos de preescolar a cuarto y en el segundo de quinto a noveno.
Como no hay escenarios deportivos, los estudiantes se han acostumbrado a pasar los recreos jugando descalzos en el barro, imaginando que existe una cancha en la tierra. Y para calmar la sed, tanto alumnos como docentes deben extraer el agua de aljibes y caños con electrobombas. Cuando los equipos fallan, aprovechan las aguas lluvias para abastecer de agua al colegio.
“Es muy difícil para nuestros hijos tener que estudiar en colegios con tan pocos profesores y con la infraestructura en tan mal estado, sin agua, sin servicios. Todo esto afecta la salud y la calidad de la educación que reciben los estudiantes”, dice Jael Karina Itacue, madre de familia de una niña de seis años.
Un lazo que une comunidad y colegio
Para afrontar la carencia, las comunidades rurales se involucran activamente en la mejora de las condiciones educativas. Como los presupuestos destinados a la educación en estas zonas son limitados y no cubren todas las necesidades, la comunidad misma se organiza para gestionar recursos adicionales.
De acuerdo con Amelia Cuéllar Gómez, rectora del Centro Educativo Cristo Rey Antonio Nariño de la inspección de Puerto Betania, muchas veces “solucionamos haciendo actividades, como ventas de comidas rápidas o rifas, y así generamos recursos desde otras instancias”.
Para llevar a cabo las labores de limpieza, las comunidades organizan y participan en jornadas de trabajo. Los padres de familia llevan sus propias herramientas, como machetes, palas y guadañas, para quitar la maleza de los sectores aledaños a las escuelas.
La comunidad también fue la encargada de gestionar ante la Alcaldía los servicios de transporte y alimentación escolar en algunas sedes. Para Edwin Guzmán, rector del Centro Educativo Las Brisas, se trata de “conocer las realidades y actuar con base en lo que nos ofrece el contexto”.
En el Centro Educativo Las Brisas, solo dos de las 18 sedes prestan el servicio de residencia y alimentación escolar: una en la vereda El Recreo y la otra en la vereda de Alto Morrocoy. Ambas ofrecen ración industrializada a estudiantes externos y ración preparada en el lugar a los estudiantes residentes, un servicio que se garantiza gracias al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por su parte, la comunidad de Playa Rica gestionó ante la Alcaldía de La Macarena, en el Meta, la implementación de un servicio de transporte escolar. Este servicio cuenta con dos vehículos, operados por miembros de la misma comunidad, que realizan la ruta a las siete de la mañana. Los estudiantes deben estar listos en las carreteras a esa hora para ser recogidos y, al final del día, la misma ruta los lleva de regreso a sus casas.
“La educación rural podría mejorar con profesores para cada área, profesores con diversidad de conocimientos y con mejoras en la infraestructura de cada colegio”, dice Arnulfo Mendoza, uno de los líderes sociales de las Sabanas del Yarí, para quien la calidad es uno de los principales desafíos. En el 2022, el promedio del puntaje global del ICFES en el Caquetá fue de 230.5, lo que representa una brecha de 20.9 puntos con respecto al promedio nacional, que fue de 251.4.
