Mientras el presidente Gustavo Petro daba su discurso de instalación del Comité Nacional de Participación, que diseñará la forma en la que la sociedad civil participará de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, cinco miembros de esta guerrilla y un grupo de militares del Ejército Nacional protagonizaban un hostigamiento en la comunidad indígena de Mesetas, en zona rural de Tadó. Los civiles, incluyendo mujeres y niños, quedaron en medio de las balas. Este acto revela que aún hay vacíos en las definiciones dentro del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (Cfbnt), cómo proteger a la población civil y cómo seguir el protocolo de comunicaciones.

Las acciones ocurrieron a las dos de la tarde del jueves 3 de agosto, fecha en el que comenzaron los 180 días iniciales de cese al fuego. La comunidad de Mesetas, integrada por 75 familias indígenas, notó la presencia de cinco uniformados a pocos metros de sus viviendas. Estuvieron allí por al menos cuatro horas, pero no se relacionaron con los indígenas ni se pasearon por su territorio. Sin embargo, poco antes de las 2 de la tarde, dos mineros afro amigos de la comunidad indígena que iban transitando, se acercaron a los guerrilleros y hablaron con ellos durante varios minutos. En eso comenzaron los disparos.

Según Jairo Tunay, gobernador de Mesetas, la comunidad pensó que los guerrilleros eran militares pues, según confirma Yirson Ledesma, personero de Tadó, en la zona hay presencia permanente del Ejército. La comunidad vio que las balas venían de la “parte de arriba”, es decir, de la vía, donde sí se ubicó el Ejército. “A la gente le dio susto por los tiros y todos corrimos hacia el monte a escondernos”.

Como resultado de los hostigamientos, dos niños de 7 y 8 años estuvieron desaparecidos durante diez horas. A medianoche la guardia indígena los encontró escondidos en un antiguo túnel minero, sin camisa y todavía asustados. 

Las versiones sobre quién inició el fuego son contradictorias, cosa que, según Ángela Olaya, investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses (Core) no es nueva. El Frente de Guerra Occidental del Eln emitió un comunicado en el que afirma que “las fuerzas militares cometieron la primer violación del cese” y que “durante 22 minutos fueron atacadas nuestras unidades, en ningún momento se responde al fuego”. Pero de acuerdo con las declaraciones que dio Alejandro Rentería, inspector de Guarato, a medios de comunicación y que también recibió el personero de Tadó, el fuego lo habría iniciado el Eln.

El miércoles 9 de agosto integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) acudieron a Tadó para escuchar las versiones y, en un mes, emitir su primer informe, en el que darán su concepto sobre si este u otros incidentes se califican como violaciones al cese al fuego y de parte de cuál actor, pero es la mesa de negociación la que determinará cuándo hay violaciones al cese. El mecanismo, integrado por la Misión de la ONU en Colombia, el Gobierno, el Eln y la Iglesia Católica, se instaló un día después de que ocurriera el hostigamiento.

Pero mientras el MMV da su primer informe y se discute en la mesa de diálogos si hubo o no una violación al cese, este primer hecho dejó en evidencia que aún existen vacíos en la comprensión de temas fundamentales del cese, como la apropiación del protocolo de comunicaciones, los llamados “contactos armados” o la protección de los civiles.

A propósito de este enfrentamiento, Consonante consultó a varias expertas que analizaron lo sucedido y advirtieron que el enfrentamiento deja varias preguntas abiertas.

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¿Cómo garantizar la protección a los civiles?

Los guerrilleros del Eln estaban lo suficientemente cerca de la comunidad como para que los vieran. Además, junto a ellos había dos mineros, también civiles. Aún así, hubo disparos. El punto 1 del Protocolo de Acciones Específicas establece que no deben realizarse acciones prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, en particular las contenidas en Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra. Este protocolo dice claramente que “la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”.

Sin embargo, en este cese aún no están definidos los actos prohibidos relacionados con la población civil. Lina Mejía, integrante de la Coordinadora Humanitaria, que hace parte del Comité Nacional de Participación, aclara que “hasta el momento tenemos lo mínimo, que es que el DIH es el marco de referencia y de allí se desprendería el listado de actos prohibidos dentro del protocolo”, explica. En esa lista, para Mejía, deberían estar incluidas “situaciones tan mínimas como que no se sigan sembrando minas antipersonal, que existan mecanismos de respuesta para que no se lleven a cabo confinamientos, para que los grupos armados no ingresen a los resguardos, a los consejos comunitarios, que se minimicen las amenazas, que obviamente no hagan presencia en las rutas principales o secundarias o por lo menos donde haya alta afluencia poblacional y que eso sean como los mínimos que se comiencen a cumplir relativos a la protección precisamente de la población civil”.

Camila Fernández, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que aún es pronto para evaluar la situación. “Es importante esperar a que el mecanismo emita un informe esclareciendo lo que pasó y que podamos analizar cómo fue la situación y buscar que no se repita”. Sin embargo, destaca que el mecanismo debe tener un papel clave en la protección de los civiles. “Sabemos que en todos los ceses han existido incumplimientos de las dos partes, pero necesitamos que este mecanismo entregue unas herramientas y unos insumos que permitan que este cese sea sostenible en el tiempo y tenga una vocación de continuidad”.

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¿Cómo establecer cuándo se viola el protocolo?

El Protocolo de Acciones Específicas define cuáles son los actos a los que se comprometen a no incurrir las partes y que, en caso de suceder, deben ser verificados por el MMV. El objetivo es “generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”.

En el punto 3 de este protocolo establece claramente que las partes se comprometen a “evitar o evadir en toda circunstancia y no entrar bajo ninguna razón en contacto armado con unidad alguna de las partes”. Además, dice que “si esto llegare a suceder, se debe romper el contacto o la acción defensiva de forma inmediata”. Según el comunicado del Eln y los testimonios de la comunidad, la balacera duró más de 20 minutos.

Este punto despierta preguntas. ¿Cuándo un contacto armado es ofensivo y cuándo defensivo? ¿Cómo deberían identificarse los actores en conflicto para verificar que son miembros de la Fuerza Pública o del Eln? Cuando se dice que se debe romper el contacto “de forma inmediata”, ¿cuánto tiempo debe transcurrir realmente?

Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la Fundación Conflict Responses, afirma que estas preguntas revelan que hace falta llenar de contenido conceptos como “contacto armado”. “Puede haber varias interpretaciones. Para ti pueden ser esas balas, pero yo digo: el contacto armado es cuando se hace intencionalmente, como estrategia de guerra. La Fuerza Pública o el Eln pueden argumentar que ellos siguen en actividades defensivas o en sus actividades regulares”, explica. 

Además, hay otros temas que deberían aclararse a la hora de definir cuando es una violación al cese, por ejemplo, con la identificación de los actores. “En esta zona estaban cerca, pero en contextos como los del Cauca los disparos ocurren de montaña a montaña. ¿En ese contexto en cuánto tiempo se debería parar la acción?”, se pregunta.

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¿Cómo evitar que las partes se acusen públicamente? 

El 4 de agosto el Eln hizo público un comunicado sobre este hecho en el que afirma que el Ejército violó el cese, y el 7 de agosto el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que el Eln había hecho lo mismo en seis ocasiones. Ambas comunicaciones van en contra de lo pactado. Según el Protocolo de Comunicaciones, los comunicados públicos sobre el cese serán conjuntos y de común acuerdo. 

Esta decisión, explica Ángela Olaya, es una lección aprendida del cese al fuego de 101 que se desarrolló en 2017. “Uno de los principales problemas es que cada uno estaba emitiendo un concepto y no había una instancia que definiera si ese concepto era válido o no. Entonces lo que ellos decidieron es que la instancia ahorita iba a ser la Mesa de negociación con los componentes delegados”. Sin embargo, esta primera semana de cese deja en evidencia que no se ha apropiado el protocolo. Para Olaya la pedagogía fue insuficiente.

“Es un mal augurio. La vez pasada el cese coincidió con la expectativa del cambio de gobierno y la lectura que se hizo fue que no se cumplieron los protocolos por ejemplo, del levantamiento de la mesa. El hecho de que no se cumpla este protocolo es un mal indicio para la mesa porque puede minar la confianza”, afirma.

Camila Fernández coincide. “El escenario menos ideal sería que de aquí a seis meses todos estén dando declaraciones como las dio el general del Ejército o el Eln”. Para ella este punto es clave porque puede afectar el respaldo al proceso de paz. “Si bien hay un desgaste hacia la guerra, también hay un desgaste hacia la paz y hacia los esfuerzos que se están impulsando en las mesas de diálogo. En este momento es importante respaldar la labor de pedagogía que tiene el Comité Nacional de participación, el MMV para que las comunicaciones que se emitan al contrario permitan esclarecer y dar un paso hacia la participación”. Para ella, las comunicaciones son una prueba de fuego para determinar la cohesión y respeto por lo pactado.

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¿Cómo se verificarán los incidentes en veredas y comunidades alejadas?

De acuerdo con el registro de presencias armadas de la Fundación Paz y Reconciliación, de los 30 municipios que tiene el Chocó, en 28 está el Eln y en 26 está el Clan del Golfo o las Agc. Esto presenta un reto mayor en materia de ocurrencia de hechos. 

“En el Chocó veo un reto muy grande para el Mecanismo de Verificación. El mecanismo está abocado a verificar las acciones del Eln y de la Fuerza Pública, pero vemos que en Chocó hay muchos casos en los que el que está hostigando es el Clan del Golfo y cuando se presentan acciones que afectan a las poblaciones el mecanismo tiene el reto de esclarecer y de ser lo más precisos para hacer seguimiento al Eln”, dice Camila Fernández.

Pero no solo esto. Lina Mejía afirma que tiene que haber celeridad en la instalación local del mecanismo. “Tiene que echarse ya a andar todo el mecanismo. Ya tendrían que estar configuradas las sedes las instancias locales y regionales, porque estamos hablando de una estructura súper amplia:nueve sedes regionales y 22 locales. No podemos esperar uno ni dos meses a ver si se está cumpliendo o no”, explica.

El 14 de agosto se iniciará el cuarto ciclo de negociaciones, que tendrá como sede Caracas. La mesa tendrá que continuar afinando los protocolos y acordando los significados de lo que ya firmaron.