l salón Nellith Abuchaibe Abuchaibe, donde funciona el Concejo Municipal, no cuenta con micrófonos ni parlantes. Las voces de los 12 concejales, que sesionan personalmente, y uno, que lo hace de manera virtual desde Estados Unidos, se pierden en el eco del recinto. Con dificultad se escuchan las palabras de Arnol Alfonso Brito, presidente de la colegiatura, y de Estafani García, secretaria del Concejo, quienes leen el orden del día de una de las sesiones extraordinarias que realizaron en junio. Sin levantar los ojos de sus celulares, los demás integrantes responden "aprobado" al tiempo que dan un golpe al escritorio. El encuentro duró una hora en la que se cumplió el protocolo del saludo, orar a Dios, leer el orden del día, aprobarlo, y concluir sin mayores comentarios la jornada.
Esta escena se ha repetido en 16 de las 40 sesiones que han hecho los concejales del municipio, desde que inició el primer periodo de sesiones ordinarias el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo. En siete encuentros hubo discusiones sobre el mal estado de las instituciones educativas, las falencias en la prestación del servicio de salud, el funcionamiento del Icbf y de la oficina del Sisben, la inversión del presupuesto municipal y los avances en el mejoramiento de las vías rurales. En otras cinco jornadas, han ejercido su función de hacer control político a la administración municipal, las empresas de servicios públicos y al personero municipal.
En lo corrido del año, la principal iniciativa llevada a cabo por parte de los concejales fue el cabildo abierto que realizaron el 7 de marzo, en el que citaron a los habitantes y directivos de las empresas Air-e, Veolia, Alumbrado Público, Interaseo y Gases de La Guajira, para que rindieran cuentas sobre los altos costos de las facturas y las presuntas irregularidades en la calidad y continuidad de los servicios que presta cada compañía. Las demás proposiciones, que han realizado algunos concejales como Luis Manuel Mendoza Campo, Rigoberto Movil, Óscar Pérez y Arnol Brito, se limitan a condecoraciones o llamados a rendición de cuentas de los secretarios de la administración y funcionarios de empresas.
Sin importar cuánto dura la sesión ni el tema que se aborde, cada concejal recibe 156 mil pesos de remuneración por la jornada a la que asistan. Como no son funcionarios públicos, sólo se les pagan honorarios. A los concejales de Fonseca, que está clasificado como un municipio de tercera a sexta categoría, se le pagan 70 sesiones ordinarias y hasta veinte 20 extraordinarias al año. Eso quiere decir que anualmente podría llegar a recibir 14 millones de pesos, sin contar los descuentos de la seguridad social.
“Antes iba a las sesiones y hasta participaba, pero luego deje de ir. Me siento decepcionado de estos concejales. No proponen nada y uno ya no sabe para que los eligió. No hacen lo que les corresponde como coadministradores. Claro, no todos son iguales, pero son muy pocos los que se salvan. Si los tuviera que calificar de uno a diez les daría un cinco y creo que es mucho”, dice Elio Pitre, un habitante de 60 años y líder del barrio Alto Prado.
La pasividad que percibe Elio Pitre es compartida por otros líderes y lideresas de la comunidad quienes también reclaman que desconocen sus responsabilidades. Los concejales deben ser co-administradores junto al alcalde. Esto quiere decir que se encargan de expedir los planes de desarrollo económico y social, obras públicas, y de uso del suelo; aprobar el presupuesto para cada vigencia y autorizar al alcalde para adoptar créditos o facultarlo para celebrar contratos. Además, tienen como misión realizar el control político a la administración municipal, en representación de la ciudadanía.
Una alcaldía sin control político
“Hace 20 años un concejal creía que era un empleado más del alcalde, que había que entregarle todas las facultades y que ellos eran unos convidados de piedra. Al entregar facultades al alcalde, se debe tener un control cuando se entregan esas facultades. Ahí es donde se debe realizar ese verdadero control político para que de verdad sean los veedores de todas las administraciones”, explica Felipe Delgado, presidente de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia (Confenalcol).
En la última rendición de cuentas, el 27 de junio, el alcalde Hamilton García Peñaranda no escatimó palabras para agradecer y felicitar la labor de los concejales. Su primer saludo estuvo dirigido a los cabildantes y en dos oportunidades resaltó su labor. Incluso, en medio de la jornada, el mandatario le pidió a los cerca de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban empleados de la administración, líderes comunales de la zona urbana y rural, que aplaudieran a los cabildantes. De los 13 concejales, ocho estaban como asistentes.
“Ese es el trabajo que le agradezco también a los señores concejales. En el momento en que les solicité la facultad para firmar el convenio, no titubearon en un solo momento. De manera inmediata me dijeron: ‘señor Alcalde, si es para la firma de la construcción del acueducto y alcantarillado cuenta con nuestra aprobación’. Gracias a ellos y démosles un fuerte aplauso a nuestros concejales por esa gran labor”, dijo García en una de sus intervenciones a favor de los cabildantes.
De los 13 cabildantes que tiene Fonseca, diez son cercanos del alcalde y nueve buscan reelegirse para el próximo periodo: Lina Eloísa Rincones de Colombia Humana - UP (Busca la reelección); el conservador Rigoberto Movil (Busca la reelección); Óscar Pérez (Busca la reelección) y Edwin José Molina de la U (Busca la reelección); Alwin Isaías Molina (Busca la reelección) y Luis Carlos Pérez del Partido Verde; los liberales Carlos Daniel Solano (Busca la reelección) y Juan David González, y José Antonio Cervantes (Busca la reelección) y Arnold Brito del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) (Busca la reelección). La minoría en el recinto son quienes se han declarado independientes: Luis Manuel Mendoza Campo de la Alianza Social Independiente (ASI) (Busca la reelección) y Eredys Brito de Cambio Radical. Jailor Molina, quien hace parte del Partido Conservador, es el único opositor.
El caso de Juan David González llama la atención de manera particular porque desde el año 2022 vive en los Estados Unidos y desde ahí se conecta, bien sea por llamadas de Whatsapp o videollamadas. González justifica su situación por unas amenazas que dice haber recibido desde ese año. Hasta la fecha las autoridades no tienen claridad sobre los hechos ni quiénes estuvieron detrás de estos hostigamientos. El caso de González es permitido por la Ley 136 de 1994, que establece que si hay razones de orden público, intimidaciones o amenazas, los miembros de la corporación podrán participar de las sesiones de forma no presencial.
Sin respaldo ciudadano
“De pronto muchos concejales llegaron con padrinos políticos, que invirtieron sus recursos y por eso no tienen la autonomía de decir: esto no se puede hacer, señor alcalde. Creo que eso fue lo que sucedió en este período de la administración de Hamilton García. Había compromisos tanto de la administración como de esos movimientos y eso fue lo que no permitió que en realidad hicieran el verdadero control político”, lamenta Jailor Molina, quien ha sido cabildante durante 12 años. “En períodos anteriores sí se dieron los debates, fue un consejo centralizado, con muchas personas capacitadas que en realidad sí querían el desarrollo para el municipio de Fonseca”, agrega.
Además, de que la mayoría de los concejales son partidarios de la administración municipal, la falta de control político ha sido una de las principales críticas que ha hecho la ciudadanía. Aunque no pueden citar al alcalde a debate de control político, porque es su aliado en la administración del municipio, sí pueden llamar a los secretarios de despacho para que rindan cuentas. En los últimos cuatro meses de sesiones ordinarias, sólo citaron a Luisa Acosta, secretaría de Desarrollo Económico; Jaime Peralta, personero municipal; y Marla Zuñiga, exsecretaría de Planeación. Hamilton García asistió el 30 de mayo al cierre del primer periodo de las sesiones y presentó un informe sobre su gestión de las obras.
“Creemos que el alcalde ha hecho las cosas bajo la ley. Somos muy juiciosos y hacemos el seguimiento necesario para que las cosas se den, pero cuando uno tiene un administrador como el que tenemos, que quiere y trabaja para la comunidad, no es tan difícil cederle esa facultades”, afirma el concejal Óscar Pérez. Sobre los cuestionamientos por las obras incompletas, Pérez agrega: “el Alcalde no ha terminado, sale el 31 de diciembre, ahí la gente puede decir si dejó las obras inconclusas. Se habla de las que no han terminado, pero no se habla de las que sí, como en Guamachal y el parque infantil”.
“A uno le da hasta risa cuando conoce los nombres de los aspirantes, gente que no tiene ni la más mínima formación en política y menos estudios. Creen que porque todo el mundo los conoce, tienen la facultad para aspirar a algo. Eso no debe ser así y la gente también que vota por ellos a veces por burla, sin tener en cuenta que esto no es un juego. Esto es muy serio y deberían haber mayores condiciones y exigencias para poder ser concejal”, cuestiona Viviana Vanegas, una trabajadora de un almacén de cadena del municipio.
En mayo de este año, en la emisora Utay Estéreo los habitantes llamaron al programa de Jorge Gómez y de Zunilda González, para pronunciarse sobre los proyectos que se han quedado esperando y lanzaron duros cuestionamientos contra los concejales, porque consideran que no hacen suficiente control político y no rinden cuentas sobre su gestión. Zunilda González, una de las coordinadoras del programa La Voz de la gente de la emisora Utay Stereo, que ha hecho abiertamente críticas a los concejales, asegura que la falta de popularidad responde a que la gente no ve identificada su voz en sus representantes.
“No ha habido un concejal que haya representado los intereses y las necesidades de su pueblo que le dio el voto de confianza. Se volvieron soberbios, ya no se puede hablar del Concejo. No les gusta que los periodistas, que los comunicadores, que los críticos, que la comunidad les exija porque eso les parece persecución. Me han dicho que los quiero destruir cuando les digo masca chicle y calienta sillas, porque llevan la vida chévere, relajados”, cuenta González.
Ante las críticas, concejales como Luis Campo, Óscar Pérez y Lina Rincón consideran que son infundadas y parten del desconocimiento. “Soy consciente de que en este momento la gente tiene una mala imagen del Concejo municipal, pero en algunas oportunidades es porque la gente desconoce para qué nos eligieron y esperan de nosotros cosas que no podemos hacer porque la Ley no nos lo permite”.
Por su parte, Rincón asegura que han encontrado desinterés de la gente en participar de los espacios que proponen los concejales. “Le hicimos debate de control político a las empresas de servicios públicos pero la comunidad no asistió. Entonces la comunidad viene y reclama que los concejales no han hecho y ni siquiera saben que nosotros no hacemos control político al alcalde”, cuestiona la concejala de Colombia Humana - Unión Patriótica.
Este panorama se da mientras el municipio se alista para elegir otros trece nuevos concejales del municipio en octubre. Jailor Molina, quien desistió en volver a aspirar al Concejo, es pesimista frente a la situación de las futuras elecciones. “Si Fonseca se vuelve a equivocar en elegir concejales patrocinados por aquellos amigos, que en realidad manejan músculos financieros, va a ser desastroso. Fonseca no aguanta otro Concejo en estas condiciones, me duele decirlo pero es así”, lamenta Molina.
Sin embargo, no se conocen a la vista soluciones que puedan devolverle la reputación al Concejo de Fonseca. Algunas voces concluyen en que es necesario reforzar la pedagogía sobre el rol que deben tener los concejales y formar a los cabildantes sobre sus funciones. Otras personas, como Lina Rincón, aseguran que es necesario descentralizar el Concejo y llegar a los barrios y las corregimientos para darse a conocer. “No somos perfectos, de pronto, nos ha hecho falta sesionar o tener más contacto con las comunidades”, afirma.