En varias comunidades indígenas y centros etnoeducativos de Hatonuevo, Manaure, Albania, Distracción, Barrancas y Fonseca, en la Guajira, los estudiantes completan más de un mes sin transporte escolar. Desde el 8 de marzo el Ministerio de Transporte expidió una resolución que permite que en las comunidades se autorice el uso de vehículos de modelo 1999 en adelante por dos años más, es decir, hasta el 2025. Sin embargo, la demora ahora radica en que se debe expedir un certificado por cada carro que prestará el servicio.
“Los vehículos deberán ser reemplazados por otros con características de homologación para el servicio de transporte escolar, de doble tracción, teniendo en cuenta el siguiente esquema de transición: Los modelos 1999 a 2005, por modelo 2009 o posterior, a más tardar el 1 de enero de 2025 y los modelo 2006 y posteriores, por modelos 2010 en adelante, a más tardar el 1 de enero de 2026”, dice la resolución del Ministerio de Transporte.
En la resolución, el Ministerio de Transporte agrega que a partir del 1 de enero de 2026 todos los vehículos que se destinen “al servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros especial escolar étnico, de minorías raciales y culturales, deberán cumplir las condiciones de homologación para el servicio de transporte especial escolar y no podrán tener más de 15 años de uso, contados a partir de la fecha inicial del vehículo”.
Sin embargo, Angel Estelló, líder de 107 transportadores e integrante del cabildo negro de Hatonuevo, indica que el problema ahora es que el Ministerio de Transporte, sede La Guajira, debe expedir un certificado por cada vehículo y avalado por la alcaldía del municipio. “Esto nos trae una nueva dificultad, para mí son temas políticos que van por encima del derecho a la educación. La expedición de cada vehículo tardaría unos 15 días, creemos que de acá hasta Semana Santa no habrá transporte escolar”, indica.
“Nosotros entregamos las carpetas, con los certificados del Soat, tecnomecánica, resolución y el modelo de cada vehículo. A ninguno nos han dado ninguna respuesta”, puntualiza.
El jueves, 23 de marzo, se registraron bloqueos en Barrancas y Fonseca por la falta de transporte escolar en las comunidades rurales.
Deserción escolar y bajas notas, entre las consecuencias
Elesmi Carrillo, tía de tres estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural Guaimarito, en Hatonuevo, cuenta que cuando no tienen el servicio de transporte debe pagar 2.000 pesos por trayecto en moto. “Ella ha perdido clases y ahí se perjudica porque no le ponen las notas y luego tiene bajas calificaciones. La niña pierde las notas por la falta del transporte porque a veces los docentes no la dejan entrar al aula de clases por llegar tarde”, dice.
Alexander Martínez, rector de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca, indica que el tiempo que estuvieron sin transporte escolar fue muy difícil para los jóvenes porque “estaban desmotivados y hubo deserción escolar. Nosotros alcanzamos tres meses sin transporte escolar. Algunos niños se retiraron de la institución y en las clases hubo un atraso porque por mucho que el profesor quiera atender a uno o dos estudiantes que no vinieron a unas clases, no es lo mismo porque descuida entonces el resto, a unos 32 estudiantes”, añade. Actualmente hay rutas en Cardonal, Villa Hermosa y El Hatico.
Por su parte, Manuel Guerra, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Conejo, indica que el transporte se solucionó en el corregimiento en las rutas de Trigo y Kilómetro 0, hace dos semanas. Y esta semana inició la tercera ruta que faltaba para recoger a los niños y niñas de Pondores.
“Unos niños venían a pie, otros en mototaxi, los tenían que traer los padres de familia y era muy complicado, algunos no podían venir. Si los pelaos no van al colegio se afectan académicamente”, agrega Guerra.
¿Qué dicen las autoridades?
La Secretaría de Educación departamental informa que el transporte ha iniciado paulatinamente, pero que, en algunas zonas, los indígenas no han permitido el acceso porque buscan que sean sus vehículos los que sean aprobados. La Secretaría comunica que para la vigencia 2023 la Administración Departamental contrató como operador de este servicio complementario de educación a la Unión Temporal Costa Caribe, por un costo de 18.953.420.367 millones de pesos.
El servicio de transporte escolar contará con 332 vehículos, para los cuales de manera planificada se han establecido 292 rutas, distribuidas así: 100 se prestarán en el área urbana y 192 en el área rural, con cubrimiento en 78 establecimientos educativos.
Y aunque la mayoría de solicitudes para certificar cada uno de los vehículos, según los líderes transportadores, ya fueron enviadas al Ministerio de Transporte, sede de La Guajira. De esta cartera informaron a Consonante que están dando respuesta “por orden de llegada”. Aunque se intentó hablar con el director territorial Nolberto José Larrada Mejía, para explicar el trámite y avance de los certificados, no fue posible.
Lo que sigue
Angel Estelló, líder de los transportadores, indica que, si hasta el lunes no les dan respuesta sobre los certificados de los vehículos, las comunidades harán una nueva protesta o viajarán hasta Bogotá para que les resuelvan sus reclamos. Este lunes las comunidades Wiwa y Wayúu, junto con los líderes transportadores, se van a reunir para estudiar nuevas acciones.