San Juan del Cesar frena la llegada de la oficina de Tránsito por falta de socialización

El pasado 2 de diciembre, unos 50 mototaxistas, transportadores y la comunidad en general realizaron en San Juan del Cesar una protesta en rechazo al proyecto de creación y operación del organismo de tránsito en este municipio. Argumentaron que no traería beneficio al pueblo y se convertiría en una suma de quejas si no se socializa correctamente ni se realizan los censos de los mototaxistas y de quienes trabajan con vehículos particulares.

Tras aprobarse el proyecto por parte del Concejo y faltando solo la firma del alcalde Enrique Urbina, la comunidad cerró el 2 de diciembre la vía que comunica a San Juan del Cesar con el norte de la Guajira para ser escuchados por la administración municipal. Luego de una reunión con el alcalde Urbina, las partes acordaron no sancionar el proyecto y la realización de mesas técnicas para radicar un nuevo documento. Aunque la primera reunión estaba programada para el 13 de enero, desde hoy y hasta el 30 de diciembre se citaron a sesiones extraordinarias en el Concejo para discutir el proyecto.

San Juan del Cesar es un punto de paso obligado para parte de la movilidad de carga y pasajeros en la región. Según datos del IRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras) por sus corredores viales se movilizan entre 5.000 a 6.000 vehículos. Y un tránsito anual de 1.807.863 vehículos mixtos, según Invías. 

Gran parte de sus habitantes trabajan en el transporte público. En este municipio funciona el servicio de mototaxis, la mayoría sin licencia de conducción, y el transporte en vehículos particulares para moverse hacia  la zona rural, municipios cercanos y a Valledupar.

Álvaro Peralta, transportador de la ruta San Juan-Valledupar, cuestiona que podría repetirse la historia de Fonseca: “Mi posición siempre ha sido no al tránsito porque estamos viendo una situación similar en Fonseca en el que hay un tránsito que ha venido golpeando al pueblo y con esa misma intención lo quieren traer en San Juan, trayendo fotomultas y comparendos”.

“A los de transporte informal nos trataron de ilegales en ese proyecto, somos informales y venimos haciendo la labor de la mejor manera, nunca he sido un delincuente. Las cifras que muestran en los estudios son absurdas”, agrega Peralta. En el proyecto se estima que entre 1.800 a 2.000 motociclistas se dedican al transporte público informal y que, en promedio, realizan 30 carreras al día. Sin embargo, el gremio cuestiona que no se ha realizado un censo.

Peralta asegura que de llegar el tránsito, el bolsillo de los transportadores de la zona rural se verían afectados económicamente, porque este es el oficio que les permite llevar el sustento diario a sus casas. “Cómo van a tener esos carros de Caracolí y de las otras partes para sacar la tecnomecánica, seguro y licencia. Se sabe que son vehículos que vienen en sobrecupo y se van a ver afectados directamente”, se pregunta Peralta.

José López, el único concejal declarado en oposición, asegura que el proyecto no fue socializado: “Aquí no se llamó al grupo de mototaxis, no se llamó el sector comercio, no se llamó al Concejo. Simplemente radicaron un proyecto para aprobarlo. Ahí no se vivió un debate, fue una imposición por parte los concejales. Nos dijeron dilaten, hagan lo que quieran, que esto lo vamos a aprobar ya”.

López reconoce que hay problemáticas en la movilidad, pero asegura que no es necesario un organismo de tránsito. “Las motos sin luces en las noches son un peligro latente, falta respeto por la señalización, falta delimitación de las zonas para parqueo, pero para eso no necesitamos un organismo de tránsito y menos en sociedad de economía mixta (entidades públicas autorizadas por la ley y constituidas bajo la forma de sociedades comerciales, en las que confluyen aportes de capital público y privado)”. 

El proyecto aprobado en el Concejo, con 10 votos a favor y 3 en contra, autoriza al alcalde para que cree el organismo de tránsito en San Juan del Cesar y se autoriza la fijación de las tarifas de los servicios de tránsito que se ofrecerán a los ciudadanos, haciendo referencia a los procesos de registro nacional automotor y de conductores, entre los más relevantes: matrículas, licencias de tránsito, traslados, renovaciones y expedición de licencias. 

“En primer lugar asignando y responsabilizando a la administración pública por la adecuada planeación y regulación del tránsito, el transporte y la seguridad vial, con la creación de un organismo de tránsito rector de la actividad, y en segundo lugar, aprovechando las posibilidades que nos brinda la ley para vincular a la comunidad y al sector privado en la eficiencia y sostenibilidad del mismo, la generación de recursos de inversión y el empleo formal, con la creación de una entidad pública del tipo sociedad de economía mixta, que apoye las tareas delegables del organismo de tránsito”, dice el proyecto de ley.

Los mototaxistas, transportadores y la comunidad ven cómo en Fonseca, municipio cercano, no se socializó la llegada del organismo de Tránsito, no hubo debate en el Concejo ni se han atendido los cambios que pide la comunidad. Estos hacen parte de sus argumentos para pedir revisión del proyecto.

Este es el proyecto:

Un Tránsito en Fonseca que no funciona 

Desde su llegada en 2015, la concesión Millennium Systems y el Instituto de Tránsito, encargadas de la movilidad en el municipio, no han rendido cuentas del dinero recaudado en multas ni de su gestión y las quejas por presuntas irregularidades en la operación se siguen sumando mientras es paso obligado para  el transporte público y de carga entre el norte y el sur del país. 

Al contrato le restan 8 años, pero con tantas quejas e incumplimiento de acuerdos, se habla de poder finalizar antes la participación de la concesión Millennium Systems y se propone que la operación quede al 100 por ciento bajo el poder de la alcaldía. En este momento, la concesión recibe el 75 por ciento de los ingresos y la administración el 25 por ciento. 

En medio de protestas por parte de conductores y de la comunidad, y de citaciones al Concejo municipal ante comparendos injustificados y multas sin fundamentos, las dos entidades acordaron en mayo de 2023  los retenes a la entrada y salida del municipio y, en febrero, tuvieron que desmontar la cámara de foto detección y los más de 40.000 comparendos impartidos.

Sin embargo, la operación del tránsito en el municipio no ha mejorado. Este año han pasado tres personas por la dirección del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon). Hasta febrero estuvo José Vicente Velázquez, designado por la administración del exalcalde Hamiltón; luego, llegó Luis Emiro Idarraga Peña. Este último salió del cargo el 13 de diciembre y el alcalde Micher Pérez Fuentes nombró mediante acto administrativo a Julio Blanchard Iguarán como director encargado. Blanchard se venía desempeñando como inspector de tránsito y transporte.

En vista de las posibles irregularidades, el 1 de noviembre fue citado a audiencia ante el Concejo Municipal de Fonseca el entonces director Luis Emiro Idarraga Peña. Allí asistieron afectados por los comparendos para exponer sus quejas. Esta ha sido la única vez que se ha hablado del tema de cara al público.

Luis Emiro Idarraga Peña, exdirector del Tránsito, habló de las irregularidades que encontró al llegar al cargo. “La deuda de servicios públicos en estos momentos supera los 120 millones de pesos. En el parqueadero encontré a una pareja wayuu con un niño, quienes cuidan, atienden y custodian los automotores, están sin ningún contrato, ni seguridad social. Al llegar a la oficina de Tránsito no encontré funcionarios, ni secretaria, ni abogado, nada. Solo se cuenta con el nombramiento de dos reguladores de tránsito”, dijo en el Concejo.

Peña sostuvo que los procesos se dificultan por depender de la concesión Millennium Systems SAS. “Les hice el requerimiento de vinculación de cada uno de los empleados y nunca llegó. A estos empleados se les deben salarios, no tienen seguridad social y así hay muchas inconsistencias. Hemos ido legalizando ciertos actos administrativos, pero existen casos que solo pueden ser solucionados por la concesión”.   

Peña también envió un comunicado a la concesión Millennium Systems SAS, que opera en Fonseca, indicando que no es posible instalar las cámaras fotomultas. En este habla de “un detrimento patrimonial para la entidad y un enriquecimiento sin justa causa a favor de la concesión”, y añade: “La Dirección de Infraestructura y Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial jamás ha realizado requerimientos sobre el inicio de las operaciones del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito en Fonseca”.     

La concesión Millennium Systems SAS no da entrevistas ni responde correos. La comunidad incluso manifiesta que, cuando se reúne con las autoridades, lo hace a puerta cerrada y sin avisar. Desde Consonante se han enviado varios derechos de petición solicitando información sobre los ingresos y el reporte de gestión por comparendos y copia del contrato y no se ha recibido respuesta.

Por su parte, el concejal Deyber Guerra advierte que el problema del tránsito municipal es “histórico”. “El Tránsito Municipal anteriormente era una empresa extorsiva, no me da miedo decirlo. Te quitaban el vehículo a los puños, golpes, como fuera y luego te pedían un recurso para devolverte la moto. El problema de movilidad en el municipio sigue aumentando, al director hay que exigirle que cumpla con sus funciones, pero para eso necesita unas garantías”.

La concejala Eredis Brito también se refirió a las irregularidades mencionadas. “Como fonsequera estoy preocupada, no es la primera vez que se escucha esto en el recinto. Está en los audios, las denuncias, y debe salir una posible solución. Las consecuencias recaen sobre el municipio”.

Juan Manuel Díaz, alcalde encargado del municipio de Fonseca, expresó su desacuerdo con tener una concesión. “Definitivamente, todo redunda en un solo objetivo y son las arbitrariedades que ha venido cometiendo el Tránsito y la concesión que ha resultado dañino para la comunidad. Se necesita denunciar ante los entes de control competentes para que dejen de ser solo comentarios, por eso solicité la intervención de la Contraloría departamental para que intervenga al Tránsito”.

El gremio de conductores, quienes han sido los más afectados por los cuestionados procedimientos del Tránsito y la concesión Millennium Systems SAS, también alzó su voz de protesta.  Fidel Pitre, representante de los conductores, habló sobre la falta de transparencia: “Nos preguntamos a dónde fueron a parar los recursos de las 40 mil fotomultas. Aún cuando han comprobado que estos comparendos son ilegales, no los han quitado. Esto se debe denunciar ante los entes de control, no podemos seguir siendo permisivos ante estos abusos”.

El actual director del Tránsito, Julio Blanchard Iguarán, indicó que busca dar solución a las quejas. “Asumo con mucha responsabilidad esta nueva tarea con mi municipio en busca de lograr la normalización de contratación del personal. Tenemos claro que hay que sentarse con el sector privado para llegar a acuerdos que mejoren la relación, especialmente debido a los incumplimientos que ellos han venido teniendo con el Tránsito. Hay que reactivar los diálogos y buscar soluciones”.

Blanchar reiteró que no tiene conocimiento de la instalación de fotomultas: “No se instalarán dispositivos de fotodetección en el municipio en lo que resta del año, ni al inicio del próximo. Hay que ser muy prudente con ese tema; si el Gobierno lo ordena, habría que evaluarlo”.