Retrasos y promesas incumplidas marcan el trabajo de las madres comunitarias en Fonseca

En Fonseca, La Guajira, el año comenzó como de costumbre: con incertidumbre. Por segundo año consecutivo, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Unidades Comunitarias de Atención (UCA) abrieron sus puertas casi dos meses después de lo previsto, debido a retrasos en la contratación de las asociaciones encargadas de operarlos. Una situación que se repite cada año y que afecta a más de 300 niños del municipio, así como a las madres comunitarias y al personal vinculado a estos programas de atención a la primera infancia.

Mientras en enero muchas familias alistaban útiles y uniformes para el regreso a clases, en varios barrios de Fonseca los CDI y las UCA seguían cerrados. No se trataba de vacaciones extendidas, sino de un problema estructural que parece haberse normalizado: la demora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en firmar los contratos que hacen posible el funcionamiento de estos centros.

Según el calendario oficial del ICBF, los servicios debían iniciar en febrero. Sin embargo, este año los CDI de Fonseca comenzaron a operar apenas el 19 de marzo, y las UCA el 27 del mismo mes, con una diferencia de casi dos meses frente a la fecha estipulada.

“Siempre es el mismo estrés. Nunca sabes si te van a contratar nuevamente. Esto, aunque parece sencillo, tiene un trasfondo político, es algo delicado. Si no estás del lado indicado es imposible conseguir un puesto, así tengas la mejor hoja de vida y la mayor experiencia”, cuenta una madre comunitaria de Fonseca, quien trabaja como cuidadora en un UCA con 14 niños a su cargo.

“Nosotros iniciamos el 27 de marzo y el contrato va apenas hasta septiembre, solo seis meses. Aunque suele hacerse una ampliación hasta fin de año, es algo muy estresante. Yo no cuento con otra fuente de ingresos y pasar tres o cuatro meses sin trabajar al inicio del año es difícil, más aún cuando se tienen responsabilidades con los hijos”, añade otra cuidadora que pidió la reserva de su nombre.

Para algunas de ellas, el problema va más allá del tiempo perdido: “La situación desde el año pasado, por culpa del mismo ICBF, ha convertido esto en la ‘guerra del centavo’. Las UCA eran para la población étnica de la zona rural y los barrios menos favorecidos, hoy el ICBF le ha dado participación a toda la población vulnerable, lo que ha generado una guerra de intereses entre las mismas comunidades”, asegura una tercera madre comunitaria.

Sobre esto, el ICBF regional La Guajira indicó que "el inicio tardío en la atención a los niños y la contratación del talento humano se debió a la espera de los contratos de alimentación que para este año de acuerdo a la ley que favorece las compras locales, dichos contratos e realizaron con organizaciones de pequeños productores o agremiaciones de productores de los diferentes territorios, en atención a la contratación por tres meses la entidad administradora tiene plena autonomía en el tiempo de contratación al talento humano, algunas lo hacen por considerar un periodo de prueba que en nada debe perjudicar a nuestro personal de tránsito por madres comunitarias".

Un líder comunitario, que solicitó no publicar su identidad, afirma que estas demoras atentan contra el derecho de los niños y su derecho a la educación. “Este año los cupos y la atención de los niños ha quedado marginada. Se empieza tarde una operación que tiene que hacerse permanentemente, acá empezamos en abril, son solo siete meses que se les da la atención”, cuestiona.

Los servicios de los UCA y CDI son fundamentales para el desarrollo de los niños menores de cinco años, ya que les brindan atención educativa, nutricional y psicosocial. El ICBF atiende a 12.132 niños y niñas en el departamento de La Guajira, a través de 952 hogares comunitarios y 43 unidades de servicio para la primera infancia.

Eduvigis Campo Araujo, fiscal nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), puntualiza que a nivel nacional tampoco han recibido respuesta de la formalización.

 “Es algo preocupante porque la forma de contratación que tenemos nosotras es por tercerización, hay muchos cambios de operadores, de empleadores, que son las asociaciones y las fundaciones. Se ha violado una cantidad de derechos, a la salud y al salario de muchas madres comunitarias. Este último fue uno de los puntos históricos que denunciamos, pero sigue sin darse cumplimiento”, recalca.

“Hemos reclamado constantemente al ICBF por qué hace esos contratos tan tarde. Los niños inician tarde y de paso afecta a las madres comunitarias y a las trabajadoras”, agrega. Las demoras, según indica Eduvigis Campo, se dieron no solo en La Guajira, también se reportaron casos en Córdoba, Sucre y Antioquia. A nivel nacional hay unas 43.000 madres comunitarias.

Frente a la demora en la formalización, el ICBF informa que aunque es una apuesta de la dirección nacional y Presidencia, "hasta la fecha no ha sido priorizado dicho proceso toda vez que se ha establecido que se dará progresivamente".

Afectaciones por los incumplimientos

Los incumplimientos del ICBF vienen desde 2023, tanto que en varias ocasiones las madres comunitarias han salido a paro para que las escuchen. El año pasado el cese de actividades duró tres días y en la lista hay varios reclamos que persisten: demoras en las contrataciones, falta de formalización, pensión digna, dotación en centros de atención, capacitaciones, aumento de la minuta alimenticia, entre otros. Las madres comunitarias le exigen al Gobierno Nacional la dignificación de su labor en reconocimiento a su importante rol en el cuidado y la educación de la niñez. 

Para un líder de la comunidad estos problemas se deben, además, a la falta de transparencia del ICBF en los procesos de contratación, lo que interrumpe los servicios. "Aquí el responsable es el ICBF, por la cantidad de trabas que pone en el proceso de contratación. Para empezar, no hay un director en propiedad, sino un encargado, y eso dificulta la toma de decisiones. Cambian al encargado en noviembre, y todo debe empezar de cero con un funcionario nuevo que llega desde Bogotá y arma un 'despelote', para que en enero, febrero y marzo todo se convierta en una batalla de intereses personales, donde quien lleva la peor parte es la comunidad que necesita y se beneficia de este servicio. Las decisiones de quién queda y quién no se toman en Bogotá, usted va a las oficinas de Riohacha y no resuelven nada, todo se maneja desde la capital”, explica.

Frente a estos reclamos, el ICBF responde que las vinculaciones se hacen a través de convocatorias públicas: "Para la modalidad CDI se realiza convocatoria pública en SECOP II y para modalidad propia se tiene en cuenta pertenencia étnica y en algunos casos sin pertenencia para esta vigencia se tuvo en cuenta el desempeño de la entidad que administro en la vigencia 2024".

Las demoras en la contratación no solo impacta a los niños de familias de bajos recursos, quienes son los principales beneficiarios de estos centros, sino también a las madres comunitarias, los profesionales de la salud como nutricionistas y psicólogos, e incluso a vigilantes y aseadoras de los distintos centros. Todos ellos dependen de esta actividad económica y se ven obligados a esperar cada año más tiempo del previsto para que se formalicen sus contratos. 

“Mi niña fue beneficiaria de la UCA Amanecer Guajiro desde el primer mes de gestación, con su madre pasó el proceso de lactancia y atención directa del equipo interdisciplinario del centro donde recibió alimentos por más de 4 años. Las contrataciones no deberían ser tan demoradas. Los niños son los principales afectados. Solo hasta principios de abril se está moviendo el proceso de contratación y ni se sabe en qué fechas empieza”, dice una fuente que pidió no publicar su nombre. 

Pensiones, otra deuda vigente

Eduvigis Campo Araujo, fiscal nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Cuidado de la Primera Infancia y Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), indica que una de las mayores deudas es el bono pensional: “Las madres ya estamos cansadas y no alcanzaremos a la pensión. Es una gestión que depende del ICBF, del Ministerio de Trabajo y Hacienda y siguen sin cumplirnos”, afirma.

Otra madre comunitaria de El Hatico indica que solo se ha cumplido en la contratación y en la dotación de algunos puntos, pero queda pendiente la pensión vitalicia. El DNP habló de un incremento al subsidio para su vejez en un 95% del salario mínimo. Este subsidio busca garantizar una pensión mínima para las madres comunitarias que, a pesar de su importante labor en atención infantil, no cuentan con una cotización suficiente para acceder a pensión. Sin embargo, hasta la fecha hay demoras en la ejecución del programa, y muchas madres comunitarias aún no han recibido los beneficios prometidos. 

Por su parte, el Ministerio de Trabajo anunció el 28 de noviembre de 2024 que 2.353 madres comunitarias serán contratadas por el Estado en 141 municipios de 19 departamentos del país, incluida La Guajira, con recursos por $6.143 millones. Sin embargo, tampoco se ha confirmado el estado de estas contrataciones.

El ICBF responde que "la pensión es un proceso independiente con cada una de ellas de acuerdo con su historial de cotización, para aquellas que han manifestado que no lograran la pensión se les ha socializado la opción del bono pensional al cual algunas de ellas ya han accedido y otras se encuentran en el trámite pertinente".
 

Otro de los reclamos que hacen es la calidad y tipo de raciones. Los líderes comunitarios han pedido que se tenga en cuenta las particularidades de la región al momento de hacer una minuta. “Crean una minuta alimentaria a nivel nacional sin tener en cuenta la región. Sabemos que en la mayoría de estas asociaciones no cumplen con la cantidad por ración para cada niño, lo que va en contra de su calidad nutricional”, dice un participante de una junta de acción comunal. La dotación de los centros de atención y aumento de la minucia alimentaria, según responde el ICBF, se encuentra en "gestión desde la dirección nacional".

“Los hogares comunitarios funcionan de una forma precaria. A nosotras no se nos paga servicio público, manipuladora de alimentos, no se nos da material didáctico. Es una situación bastante difícil. Hacemos una labor hermosa de cuidado, de salud, de enseñanza y el salario es mínimo”, agrega Eduvigis Campo Araujo, del sindicato de madres comunitarias. A pesar de todos estos incumplimientos desde el sindicato no tienen previsto salir de nuevo a paro: “Esperemos hasta dónde nos cumplen. A nosotras nos duele salir a un paro porque nos toca afectar también la atención de los niños y las niñas”.