“Restringir la circulación de motos no reduce sustancialmente los delitos”

En 25 ciudades de Colombia las administraciones locales han restringido el uso de motocicletas argumentando que esta medida reduciría los índices de inseguridad. Algunas van desde prohibir el parrillero hombre, no permitir acompañantes y hasta la no circulación de estos vehículos en zonas y en horarios específicos. Sin embargo, según estudio de la Universidad de los Andes, no hay “evidencia rigurosa que demuestre su efectividad”.

Michael Weintraub, profesor de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes e investigador del estudio “Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia”, asegura que se debe reconsiderar el uso de esas restricciones teniendo en cuenta los costos que imponen para la ciudadanía y las autoridades.

En el estudio, los investigadores identificaron el efecto causal de las políticas y la variación espacial y temporal de las restricciones usando datos georeferenciados del crimen en cinco ciudades: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Neiva y Soledad. 

Consonante: ¿Las restricciones a motocicletas ayudan a reducir el crimen? 

Michael Weintraub: Empezamos estudiando si restringir la circulación de motos tenía algún impacto sobre los delitos. Primero, hay que reconocer que sí ha crecido el uso de motos como medio de transporte criminal tanto en hurtos como en homicidios en distintas partes del país, según cifras de la Policía. Por esta razón, en 25 ciudades y más de 30 municipios de Colombia se ha implementado algún tipo de restricción de circulación de motocicletas.

Hay tres tipos de medidas: el parrillero hombre, restringir cualquier acompañante - sea masculino o femenino- y, tercero, restricción de motocicletas por completo o en horarios específicos en algunas zonas de una ciudad o municipios.

En la investigación, publicada hace un año, evaluamos seis de esas medidas en cinco ciudades del país: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Neiva y Soledad. Encontramos mucha variación en cada ciudad, pero si tuviera que resumir esto diría que las excepciones de motocicletas no reducen sustancialmente los delitos. De las seis medidas que estudiamos solamente tres tienen efectos significativos aunque no son persistentes en el tiempo, es decir, que funcionan un rato y después desaparecen.

C: ¿Qué impactos tienen estas medidas en la ciudadanía?

MW: Según los modelos estadísticos que usamos, encontramos que esas medidas empujan y desplazan hacía otras zonas el crimen. Aunque un alcalde no tiene interés en desplazar el crimen y lo que quiere es simplemente bajar las tasas de criminalidad. Lo que quiere decir es que estas medidas no tienen un impacto verdadero  en el agregado: no reducen el crimen, simplemente, lo trasladan. 

Es importante pensar también que no son medidas gratis y que hay costos asociados con este tipo de políticas. Es casi un impuesto regresivo para las personas de estratos más bajos,  que dependen de las motos para movilizarse a sus trabajos y para hacer sus labores. Y, finalmente, la implementación y vigilancia suma costos para la Policía. Implica que ahora el policía se tiene que estar fijando en eso y no en capturar al delincuente o hacer requisas o verificar antecedentes judiciales. Este es el costo escondido de la medida.

C:¿Considera que cualquier prohibición va a afectar la forma de subsistencia de las personas en el municipio?

MW: Sí, es un tema muy complejo y hay que pensarlo desde muchas dimensiones. Primero hay que identificar para qué se están usando las motos, cómo funciona el crimen organizado en los municipios y cómo podría impactar esto en los delitos. 

La primera pregunta entonces sería ¿qué tipo de delitos se están cometiendo desde las motos? Si principalmente son sicariatos, seguramente estamos hablando de crimen organizado y no de crímenes de oportunidad. Son casos bien planeados y con estructuras fuertes detrás.

No estamos hablando de unos criminales oportunistas y dudo que una medida de restricción podría llegar a tener un impacto porque hay un contrato de los asesinatos y eso se va a cumplir. Sin embargo, hay homicidios que están relacionados con hurtos que salen mal.

Sí fueran medidas sin costo, yo diría que funcionan, pero no lo son. Sí son costosas y no han mostrado resultados, o resultados nulos, entonces me pregunto por qué vamos a imponer estos costos sobre la sociedad cuando la mayoría de la población es vulnerable.

C:¿Qué otros elementos han podido analizar alrededor del hurto?

MW: Nosotros revisamos los hurtos, pero no pudimos encontrar si fue cosquilleo o raponazo. Lo que hicimos fue agregar los crímenes violentos y no violentos, y no hay muchos resultados con relación a las restricciones. Vemos que se compensa ese fenómeno del desplazamiento y lo que estamos es barriendo el crimen a otro lado.

C: ¿Qué se debe hacer entonces en ciudades como Bogotá? ¿Se debe complementar con otras acciones o dejarla definitivamente?

MW: Evaluamos a Bogotá en el año 2018 y luego más adelante cuando volvieron a imponer la medida. Esta administración está convencida de que está funcionando. Pero considero que en la mayoría de ciudades debemos quitar la medida porque es costosa y no vemos efectos grandes. Hay cosas más importantes para mejorar la seguridad, pero eso tiene que ver con concentrarnos en los lugares donde hay más delitos y desplegar el accionar de la Policía. Intentar reconstruir las relaciones entre la comunidad y la Policía para mejorar el intercambio de información.

También debemos enfocarnos en los comportamientos de alto riesgo. Es decir, en el consumo problemático de alcohol y de sustancias e implementar medidas de reducción de daño para consumidores. Enfocarnos en personas que son reincidentes, que son las personas de muy alto riesgo, porque ya han pasado por el sistema judicial y por cárceles y ya tienen un conocimiento de cómo delinquir y tiene redes criminales. 

Colombia está innovando en restricción a motocicletas. Otros países también lo han hecho, pero no he visto ninguna evidencia de que funcione. Se debe innovar cuando hay posibilidades pero no innovar por inventar.

C: ¿La pandemia afectó los índices de inseguridad en el país?

MW: Definitivamente hubo un choque económico fuerte y creció la pobreza. Crecieron las tasas de inseguridad y hubo un deterioro pronunciado, casi que en todos los  municipios del país hay una preocupación. Por ejemplo, ahora las lesiones personales se vuelven más violentas y hemos visto un deterioro de las condiciones de seguridad en algunas zonas rurales del país, un efecto fue el paro armado del Clan del Golfo el año pasado. 

Ahora hemos recuperado cosas. En el último año en Bogotá, por ejemplo, hemos visto cambios importantes como la reducción de los homicidios. Pero no es fácil lo que está pasando en el país. En Barranquilla es preocupante el tema de las extorsiones y homicidios; y la situación de inseguridad en Cali también preocupa mucho.

C: ¿Qué hay detrás de la extorsión? ¿Hay algún tipo de patrón?

MW: El tema de la extorsión es para mí el hueco negro de la economía ilícita en Colombia. Ciertamente no sabemos muy bien qué tan grandes son los pagos, qué tan frecuentes son ni qué carga adicional se pone sobre los empresarios, y no solo las multinacionales, estoy hablando del dueño de la tienda de barrio que le toca pagar a la vacuna.  

Las encuestas también han mostrado que en los lugares con más extorsiones hay cero denuncias. Entonces si no entendemos el alcance o la escala del problema, cómo vamos a poder responder de forma eficaz, simplemente no conocemos bien el problema y no sabemos qué porcentaje de la economía lícita pasa por extorsión por ejemplo.

C: ¿Han podido analizar la relación que hay entre el crimen organizado y el narcotráfico y cómo esto impacta en los índices de inseguridad?

MW: Cuando hay un dominio completo por un grupo armado, no suele haber mucho  crimen o por lo menos no un crimen visible. Es decir, las extorsiones siguen, pero no suele haber homicidios y hurtos porque cuando un grupo puede gobernar y no tiene un rival es un mal negocio para estos atraer la atención del Estado. Estamos viendo un aumento de la violencia, pero no se señalan competencias. 

C: ¿Cómo entra el tema de la seguridad ciudadana con la política de paz total impulsada por el gobierno Petro?

MW: El Gobierno ha enviado mensajes muy dispersos. Dice que no se pueden cometer homicidios, torturas ni secuestros y deja un silencio sobre todo lo demás. Es un mensaje explícito de que todo lo demás está bien. La extorsión está disparada casi en todo el país y no se incluye en los discursos de la administración actual.

C: ¿Qué perspectiva tienen sobre la seguridad en el país y cómo han visto el discurso del gobierno actual frente a la seguridad ciudadana?

MW: Dependemos de la capacidad de este gobierno de gestionar cosas. Por ejemplo, va a trasladar la Policía al Ministerio de Justicia. Eso podría ser una buena cosa o un desastre total.

Por otra parte, la paz total puede llegar a deprimir los niveles de violencia por un rato, por lo menos mientras hay un cese de hostilidades, o por el contrario puede incentivar una respuesta contundente por parte de grupos armados para mostrar, que este gobierno no los representa. Pero todo depende de la capacidad de este gobierno de manejar muchas fuentes y no generar incertidumbre.