Aunque los tres candidatos que repuntan en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026 tienen diseñadas acciones para las necesidades de las familias de la región Caribe, solo Iván Cepeda ha presentado una agenda detallada para La Guajira.
La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha planteado acciones conjuntas para el Caribe, entre ellas el control territorial por parte de grupos armados y delincuenciales, la conectividad vial de la región y combatir la corrupción. También ha sido enfática en que le apuesta a la reducción de la tarifa de energía para las comunidades de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Criticando la política del gobierno saliente, Valencia señala que el subsidio de kilovatios por hora para la Costa Caribe es insuficiente y propone aumentar esas ayudas económicas.
En ese plan, no menciona nada referente a transición energética y por el contrario ha expresado que con la reactivación de exploraciones de gas y fracking busca reducir los costos de la energía y el costo de vida en el Caribe destinando finalmente las regalías a estos territorios.
Su programa también incluye llevar agua potable a un millón más de hogares en el país y expandir el internet satelital en zonas marginadas. Además, para garantizar el desarrollo territorial, busca combatir la corrupción con el uso de tecnología, inteligencia artificial y blockchain para realizar trazabilidad de los recursos públicos.
Desde inicios de este año, Abelardo de la Espriella ha identificado su campaña en el departamento a través de dos eventos principales. El primero, durante el pasado mes de febrero, en el Día de la Virgen de los Remedios, patrona de La Guajira, donde el candidato participó en una eucaristía en la catedral de Riohacha.
A finales de abril, De la Espriella buscó el respaldo de los líderes del pueblo Wayuú. Allí se comprometió a respetar su autonomía y luego desde una tarima en Riohacha señaló que uno de los asuntos por los que trabajará en el departamento es la seguridad, a través del fortalecimiento de la fuerza pública e implementando tecnología para vigilar la frontera. También apuntó a trabajar en la salud y el acceso al agua.
“De esa gran nación a la que yo quiero llevar a Colombia de una buena vez, que es la ‘patria milagro’, el pueblo Wayuú y La Guajira es determinante, por eso voy a apoyar todo lo que tenga que ver con La Guajira porque (...) es un territorio mágico, lleno de posibilidades para el país, lleno de posibilidades para la economía y con una posibilidad minera y turística que no podemos desconocer”, dijo De la Espriella en uno de estos mítines.
También, ha puesto el costo de la energía como un asunto prioritario para el Caribe. Para eso, propone mejorar las redes físicas y revisar los costos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, buscando que el sector energético se comprometa a bajar las tarifas de forma sostenible. Además, pretende que se masifique la instalación de techos solares.
A inicios de marzo, Iván Cepeda realizó un mitin político en Riohacha, donde prometió que de llegar al poder tenía 10 acciones proyectadas para mejorar la calidad de vida de las familias de La Guajira.
Esas propuestas abordan el acceso a agua potable mediante la construcción o mantenimiento de acueductos comunitarios, molinos, jagüeyes y plantas desalinizadoras; el fortalecimiento de vías terciarias para facilitar la comercialización de productos agropecuarios; proyectos de energía limpia a través de la producción eólica y solar; acceso a electricidad para comunidades rurales; más oportunidades de educación e inclusión de los sistemas de conocimiento de comunidades indígenas; y el fortalecimiento del sistema de salud.
“Vamos a hacer que la reconversión de las energías tradicionales a las energías limpias no signifique desempleo para los trabajadores que hoy están en la explotación de la minería”, señaló Cepeda. También prometió encaminar las regalías para que efectivamente beneficie a las familias del municipio y luchar contra la corrupción: “que se tengan los corruptos de La Guajira porque vamos por ellos”, dijo.
En diferentes espacios, los candidatos se han referido al escándalo de corrupción del actual gobierno relacionado con el sobrecosto de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y direccionamiento de contratos en el Congreso, señalando que deben ser investigados. Valencia se ha referido al caso para criticar al gobierno de Petro y De la Espriella, señala que estos hechos demuestran “una red de corrupción generalizada” dentro del actual gobierno.
“Nos duele y avergüenza que nuestro propio gobierno, como lo ha dicho el presidente Petro, haya ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López y algunos otros funcionarios, ellos se robaron el bien más preciado para las comunidades en este territorio: el agua potable (...). Ojalá lo juzguen y contra él caiga todo el peso de la ley”, dijo Cepeda en su presentación.
A pocos días de volver a las urnas, Consonante conversó con líderes y lideresas de San Juan del Cesar y Fonseca para conocer las necesidades de las familias de ambos municipios y su llamado a quien ocupe por cuatro años la presidencia del país.
En ambos municipios coincidieron en que las principales necesidades del territorio se relacionan con acceso al agua, la seguridad, soluciones de salud, protección ambiental, infraestructura rural y oportunidades para las comunidades campesinas, para muchos de sus habitantes estas soluciones no solo dependen de promesa de campaña sino de una mayor presencia institucional y de proyectos que se realicen conforme a la realidad de los municipios. Esperan que el candidato electo gobierne con el territorio y no sobre él.
¿Qué esperan sobre el acceso a agua potable?
Abastecer de agua potable a San Juan del César y Fonseca sigue siendo una de las principales preocupaciones para comunidades rurales y urbanas de ambos municipios. Las alcaldías se han planteado implementar los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (Pomcas), adquirir predios para la protección de los recursos hídricos o cuidar y delimitar las cuencas hídricas, pero esas acciones han sido lentas y las soluciones de infraestructura de acueductos siguen en deuda.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de los municipios plantea iniciativas que se relacionan con la construcción de acueductos veredales, alcantarillado y saneamiento básico rural, reconociendo que en los distintos sectores del territorio esta problemática de infraestructura siempre ha estado presente.
En la vereda Paloquemao Comodín del municipio de San Juan, el líder comunal Yoban García señala que la comunidad enfrenta problemas para abastecerse de agua ya que el río donde captan el suministro cambia de cauce y mientras esperan respuestas institucionales los habitantes recurren a mecanismos manuales: para llevar agua hasta la tubería que alimenta el desalinador llenan sacos y bolsas de arena para desviar el agua del río.
Estas dificultades también se presentan en la zona urbana del municipio. Luz Elina Mejía, lideresa y madre cuidadora de su hijo con discapacidad, asegura que para poder abastecerse de agua debe esperar a la madrugada, pues las turbinas en viviendas cercanas reducen la presión del agua que llega a su casa. Esto mismo lo viven más familias de otros sectores. “Hacer esto en ese horario es riesgoso, una vez en el patio de mi casa, mientras recogía agua, me atracaron”, cuenta.
En la memoria colectiva del sur del departamento sigue viva la promesa de la represa de El Cercado, un megaproyecto sobre el río Ranchería que prometía calmar la sed de nueve municipios en La Guajira, pero a pesar de que pronto culminará el cuarto gobierno desde la entrega de la primera fase del proyecto, este sigue paralizado. Para varios líderes, el próximo gobierno debe tener como prioridad presidencial el agua para la gente, debido a las altas temperaturas y al impacto ambiental que azota al departamento, como el fenómeno del niño, que se siente fuertemente en el municipio.
Nelson Álvarez, comerciante de Fonseca, piensa que el próximo gobierno tiene que tener como tema prioritario el funcionamiento de la represa, lo que además activaría los distritos de riego que beneficiarían a más de 18.000 hectáreas de producción agrícola.
En la zona rural Rosa Rodríguez, líder indígena y firmante de paz, insiste en que el agua debe ser un tema central para cumplir las expectativas del pueblo de Conejo y la comunidad de firmantes de paz. En el corregimiento esperan desde hace 10 años un acueducto que los beneficie, tanto al pueblo como al proyecto de vivienda de firmantes que se adelante cerca del casco urbano.
La preocupación de Rodríguez es que pronto se anexarán 13 viviendas nuevas —de las 200 que tiene el proyecto— al corregimiento de Conejo y este aún no tiene un acueducto que lo beneficie, a pesar de las gestiones conjuntas que han tenido los líderes comunitarios de ambos sectores. “El territorio es muy pequeño y se vuelve más vulnerable, porque llegamos a 200 y pico de personas, tenemos una necesidad común que es con el acueducto y el saneamiento básico en la comunidad de Conejo”, dice.
Las administraciones locales han buscado recursos en diferentes bolsas del nivel nacional para proyectos de agua y alcantarillado; sin embargo, los líderes esperan que los proyectos vengan desde el nivel nacional, direccionados al departamento, sin largos trámites y requisitos, pero con el seguimiento y control del nuevo gobierno.
¿Qué pasa con la seguridad?
El histórico debate sobre la seguridad en el territorio se ha convertido también en una de las peticiones principales de las comunidades, marcadas por las secuelas de la violencia. Álvaro Guevara, campesino de la vereda Las Bendiciones, situada en la Serranía del Perijá en Fonseca, recuerda que la guerra no solo ha dejado dolor y una profunda desigualdad, sino que también ha frenado el progreso de sus comunidades.
Iván Siosi, presidente de la asociación de Juntas de Acción Comunal de la zona rural indica que la inseguridad se ha convertido en una preocupación que crece para las comunidades del municipio, señala que el temor está afectando a sectores rurales como urbanos, ha comenzado a impactar la tranquilidad, la economía, y la salud mental de muchas familias. La desconfianza y el miedo, además, están rompiendo la relación y confianza entre las comunidades.
Cielo Cataño Mendoza, víctima del conflicto en San Juan, coincide en que las oportunidades de desarrollo del municipio se están viendo impactadas por los hechos de violencia, en especial, para el sector del turismo, con una menor llegada de visitantes.
Las autoridades municipales han advertido sobre el aumento de robos y atracos en los espacios públicos; también están en alerta por los altos índices de extorsiones y el aumento de asesinatos selectivos. Desde finales del año pasado, la situación mostraba cómo se deterioraba la seguridad: cerrando el 2025 con 236 asesinatos, según el Ministerio de Defensa. Para prevenir estos hechos violentos, la administración municipal de San Juan y Fonseca implantó restricciones del hombre parrillero en motocicleta, pero la seguridad pende de un hilo.
Los eventos de violencia golpearon fuertemente en la ruralidad de Fonseca entre 2007 y 2015, en ese tiempo los habitantes de las veredas de la sierra se desplazaron por toda la Guajira, hoy en día las veredas están habitadas pero sin garantías ni reparación de lo que perdieron: sus escuelas y puestos de salud son solo estructuras abandonadas. “La vereda de las Bendiciones tiene un colegio que hicieron hace como muchos años y eso quedó abandonado cuando el desplazamiento” dice.
La violencia ha marcado de forma recurrente los territorios por donde se mueve Rosa Rodríguez, lideresa del pueblo Wiwa. Los desplazamientos forzados han obligado a las familias indígenas a migrar fuera de su territorio, lo que ha generado una pérdida progresiva de elementos de identidad. “Uno va perdiendo el uso del habla de la lengua materna porque cuando ya eres excluido de tu territorio por las violencias que se están viviendo, te obliga a tener que adaptarte a un entorno diferente al tuyo”, dice. A pesar de ser víctimas de la violencia, el Estado les ha incumplido con espacios para recibir su sistema de educación propia.
¿Qué revela el deterioro de las fuentes hídricas sobre la crisis ambiental de la región?
Otra de las preocupaciones de los líderes comunitarios de San Juan del Cesar es el deterioro ambiental del río Cesar, a pesar de que hace parte de la vida cultural, económica y ambiental del municipio, habitantes y organizaciones ambientales advierten sobre el impacto de la contaminación, la deforestación y la extracción de materiales sobre el ecosistema.
Documentos de entidades municipales identifican la importancia ambiental de áreas que se deben conservar y preservar como las fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos que se asocian a la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá, el diagnóstico territorial también identifica zonas de restauración que deben protegerse como el bosque seco tropical que es uno de los ecosistemas más amenazados del país.
Fredy Cujia, líder ambiental del municipio, asegura que “el río César se está muriendo”. Una de sus principales preocupaciones es que el río se ha convertido en un botadero de basura y enfrenta labores de deforestación y extracción de arena y material de construcción. Reconoce que muchas familias encuentran una fuente de ingresos en esta labor, pero advierte que eso tiene un impacto muy negativo sobre el afluente.
Consonante abordó este asunto en un reportaje posterior y encontró una deuda de las autoridades regionales por determinar los espacios para estas labores y ofrecer oportunidades para las familias que dependen de la actividad.
¿Cómo atender la crisis de salud, tierras y vías?
Mejia, desde San Juan, se queja del acceso a los medicamentos esenciales de control para los pacientes que dependen de ellos. Comenta que en varias ocasiones las fórmulas médicas de su hijo se las han entregado incompletas y algunos medicamentos quedan pendientes, tardando meses en llegar incluso después de que las órdenes ya han vencido.
A pesar de que las comunidades afro en La Guajira han sido reconocidas por el Ministerio del Interior y el gobierno Petro, los resultados son mínimos en materia de inversión social y la tenencia de tierras. Las comunidades afro han acentuado su lucha en el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la exigencia de reparación por impactos mineros y la garantía de consulta previa frente a decisiones estatales que afectan su arraigo cultural y sus derechos históricos.
Ana Ludis García Ariza, líderesa del consejo comunitario José Antonio Manjarrez, considera que el acceso a tierras es el principal obstáculo para salir de la pobreza, en un municipio que es mayormente agropecuario. Explica que en los asentamientos afro, cuentan apenas con espacios para vivir, pero sin terrenos suficientes para sembrar.
“No podemos participar de los proyectos productivos cuando llegan al territorio, lo primero que piden es la tenencia de la tierra y si no la tenemos, no podemos participar”, dice. Además, explica que la falta de tierra también causa desplazamiento de jóvenes, pues estos salen de su territorio en busca de oportunidades.
Sumando a esto, reclaman la construcción urgente de vías terciarias para sacar a los campesinos del aislamiento e impulsar la producción agrícola.
¿Por qué las comunidades sienten que las soluciones siguen sin llegar al territorio?
A pesar de que las necesidades relacionadas con servicios básicos, infraestructura, ambiente y seguridad han sido identificadas en diferentes administraciones y en documentos de planeación, los líderes comunitarios ven que muchas de esas problemáticas continúan afectando la vida en las comunidades; para muchos de sus habitantes hay una sensación de abandono y de promesas que se repiten, sin una solución concreta.
De igual manera, no ven un cambio en sus condiciones de vida, aunque los planes y estrategias de las Alcaldías plantean iniciativas que se relacionan con saneamiento básico, fortalecimiento ambiental y conectividad rural y seguridad.
Según el líder comunitario de Paloquemao en San Juan, solo durante las campañas políticas es que se escuchan las promesas de mejorar las vías, la infraestructura, y se escuchan sobre proyectos que beneficien a las comunidades, pero muchas veces esas soluciones no llegan después de las elecciones, mientras tanto, las comunidades se mantienen a la espera de una respuesta institucional, que puede llegar tarde o no se concrete.
Esta situación también influye en que muchos jóvenes abandonen las zonas rurales, en busca de oportunidades laborales fuera del municipio. Líderes comunitarios consideran que la falta de inversión para el desarrollo agrícola y de garantías de seguridad debilita la permanencia de las nuevas generaciones en sus territorios.
Jana Valentina Arena Pérez, personera y estudiante del grado 11 de la Institución Técnica María Inmaculada de Fonseca, siente que en el municipio hacen falta espacios seguros donde pueda formarse, crecer y proyectar sus sueños sin tener que irse; además, considera que este tipo de inversión construye paz en el territorio.
Sueña con tener espacios reales en su municipio, piensa que el próximo presidente debe entender que este territorio no solo necesita inversión social y económica, sino también inversión cultural y deportiva, donde un joven pueda decir: “quiero aprender música, bailar, tocar un instrumento o practicar un deporte”.
