El 19 de agosto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció la autorización de la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona, de la minera AngloGold Ashanti, hasta el 8 de diciembre de 2027, que se ha intentado implementar desde hace varios años en el municipio de Jericó, Antioquia. Esta noticia tomó por sorpresa a los líderes, a las organizaciones sociales y a la población del municipio, porque en diciembre de 2025 la misma ANM había negado esta prórroga.
En ese momento, la Agencia basó su decisión en que después de un análisis “se evidenció falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”. Y agregó: “Adicionalmente, el análisis determinó que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal establecida mediante la Resolución 855 de 2025 del Ministerio de Ambiente”.
No obstante, ocho meses después, la misma entidad decidió viabilizar la continuidad del proyecto y darle oxígeno para realizar los estudios necesarios que les falta completar antes de evaluar la posibilidad de dar inicio a la etapa de explotación. De hecho, en el reciente comunicado se menciona que “la compañía deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis, con el propósito de fortalecer el diálogo, mantener informados a los habitantes y acompañar el desarrollo de las actividades en el territorio”.
La particularidad de esta contradicción es que ambas decisiones se tomaron en el marco del anterior gobierno nacional. Aunque el comunicado se publicó el 19 de agosto, está sustentado en la resolución 2982 firmada el 6 de agosto, un día antes de que finalizara la presidencia de Gustavo Petro. No obstante, el lenguaje cambia profundamente entre ambos comunicados.
Mientras que en el comunicado de diciembre se argumenta que la decisión de negar la prórroga se basa en: “consolidar un sector minero más inclusivo y transparente, donde se proteja la biodiversidad del país, se respeten las decisiones ambientales y se escuche a las comunidades”; en el de este mes se señala: “Esta decisión se enmarca en el propósito de la nueva administración de fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero. Para la ANM, el trabajo coordinado con el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos responsables, generar empleo, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país”.
Según Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, la decisión de aprobar la prórroga se toma con base en un informe técnico realizado por una comisión de la misma ANM. Sin embargo, este documento no ha sido conocido por los líderes y la comunidad. Jaramillo agrega que los argumentos para continuar con la exploración se sustentan en que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones: “Pero desconoce la empresa y esta resolución que no han podido desarrollar unas actividades de exploración porque hay un conflicto socioambiental en la comunidad de Jericó, conflicto socioambiental generado por la presencia misma de la empresa en este territorio, sin que haya habido ninguna manera de comprobar la aceptación por parte de la población de esta actividad”.
Según se ha conocido, después de que se negara la continuidad de la exploración, el proyecto Quebradona presentó un recurso de reposición el 17 de diciembre y pidió que la Agencia revisara la decisión. Ese mecanismo permite que la misma autoridad que expidió un acto administrativo vuelva a examinarlo y pueda confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Por eso, el hecho de que la ANM haya cambiado su decisión no es, por sí mismo, una irregularidad.
Fernando Jaramillo reconoce que el procedimiento existe legalmente, pero considera que ahora debe estudiarse si la nueva decisión está suficientemente sustentada. “Resolver un recurso de reposición, como lo presentó la empresa minera, lo resuelve la misma entidad a la cual está dirigido. En ese sentido, ese procedimiento es legal. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que ante esa revocatoria debe ser comprobado, analizado y decidido por un juez administrativo”, explica.
En la Resolución 2982 se recuerda que esta es la cuarta y última prórroga que legalmente puede recibir la etapa de exploración. Antes de que termine, la empresa deberá presentar un nuevo Programa de Trabajos y Obras y un Estudio de Impacto Ambiental. También advierte expresamente que, mientras no exista licencia ambiental, no podrán empezar las actividades de construcción, montaje o explotación.
Quebradona ya atravesó una vez ese proceso. En octubre de 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la solicitud de licencia después de concluir que la información disponible no permitía tomar una decisión de fondo. Entre los temas señalados estaban la delimitación de la zona que podría verse afectada, el estudio del agua subterránea y superficial, las condiciones del terreno y del suelo, los ecosistemas de la zona, el depósito de residuos mineros y el riesgo de hundimiento del terreno.
Varios de esos mismos campos aparecen ahora entre los estudios que la ANM considera necesario completar durante el próximo año y medio: caracterización geológica, hidrogeológica, geotécnica y ambiental.
Para María José Cano, joven integrante del Colectivo Imagina Jericó, frente a esta decisión los próximos meses son decisivos: “Estos dos últimos años de exploración son demasiado importantes porque lo que se viene es el licenciamiento ambiental. Si hay cabida para ese proceso, vuelve la discusión sobre los impactos sociales, técnicos y ambientales; vuelven los estudios, los terceros intervinientes, la movilización. Es un momento demasiado histórico”.
Una disputa que ya no se libra solo en Jericó
Durante este año, AngloGold Ashanti ha avanzado en varias acciones que pueden favorecer sus operaciones no solo en el Suroeste de Antioquia sino también en el país.
Por un lado, la empresa presentó una denuncia contra Colombia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución que a nivel global se encarga de arreglar las diferencias relacionadas con inversiones internacionales.
En los registros del CIADI el caso aparece abierto con fecha del 25 de junio de 2026, interpuesta por AngloGold Ashanti PLC, AngloGold Ashanti UK y Colombia Holdings Ltd. contra la República de Colombia. La ficha pública confirma la existencia del arbitraje, aunque no detalla los argumentos concretos de la reclamación.
Aunque todavía no se conoce más información, María José Cano considera que en esta demanda se puede estar alegando que existe afectación de las inversiones de AngloGold por decisiones del gobierno de Gustavo Petro, como la resolución 855 de 2025, que declaró la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en seis municipios del Suroeste antioqueño, entre los que se encuentra Jericó.
Esta es justamente una de las herramientas que protegen al territorio de proyectos extractivistas, ya que mientras la resolución permanezca vigente, no pueden otorgarse nuevos permisos o licencias ambientales en las áreas cobijadas, aunque deben respetarse los títulos y autorizaciones existentes. Esta resolución está vigente por tres años, con la posibilidad de postergarse durante dos años más antes de definir si se declara área de protección de manera permanente.
Aunque esta acción fue celebrada por el movimiento social del Suroeste, no fue bien recibida por Quebradona. AngloGold Ashanti registró en su informe anual 2025 que en diciembre interpuso “una demanda de anulación y reparación contra dicha resolución ante los tribunales colombianos, la cual se encuentra pendiente de admisión”. Esto es porque argumentan que tuvieron pérdidas económicas por “la incertidumbre sobre posibles cambios en las políticas mineras y ambientales en Colombia”.
Este panorama genera preocupación en el movimiento social de Jericó. Para María José Cano, la posición de Quebradona frente a la resolución 855 tiene estrecha relación con la demanda internacional ante el CIADI, porque “va a ser la justificación del gobierno para tumbar la resolución”, afirma. Fernando Jaramillo coincide con esta posición, tomando en cuenta que en las últimas semanas el Ministerio de Ambiente revocó una resolución con la que se protegía parte del páramo de Santurbán; cree que es altamente probable que ocurra lo mismo con la resolución del Suroeste: “lo que se viene es el cumplimiento de lo que decía el candidato de la Espriella: minería a lo que dé”, agrega Jaramillo.
De momento, mientras la resolución esté vigente, hay dos decisiones estatales que producen efectos distintos sobre el mismo territorio: la ANM permite que continúe la exploración minera hasta diciembre de 2027, mientras la reserva ambiental mantiene una barrera frente a un eventual nuevo licenciamiento. Ese choque de instrumentos alimenta la incertidumbre.
“Lo que nos queda es una sensación de impotencia, de negación de la participación ciudadana, de pérdida de espacios donde la voz de la gente tenga alguna acogida”, dice Jaramillo.
A estos hechos se suma una acción reciente de la empresa que ha generado muchos interrogantes en el territorio. El 24 de junio de 2026, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la Minera de Cobre Quebradona firmaron un memorando de entendimiento que, como consta en el documento, se pactó para “trabajar de manera conjunta y coordinada para promover la sostenibilidad del territorio, fomentar la cultura ambiental, impulsar la gestión ambiental compartida y proteger la vida y los recursos naturales”.
El documento establece cooperación en programas relacionados con gobernanza ambiental, conservación y restauración, legalidad ambiental, saneamiento, cambio climático y gestión de información sobre fuentes hídricas y biodiversidad, entre otros temas.
El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. La cuarta prórroga de exploración termina apenas 23 días antes, el 8 de diciembre de ese mismo año. La coincidencia de fechas no demuestra que ambos procesos hayan sido diseñados conjuntamente, pero ha aumentado la desconfianza de quienes se oponen al proyecto, especialmente porque parte de la información que Quebradona necesita completar durante la nueva exploración está relacionada con agua y ambiente.
En una respuesta entregada por la entidad ambiental a la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila de Jericó, Corantioquia rechazó que el acuerdo implique un aval al proyecto minero. Allí mismo afirmó que el memorando es una manifestación de cooperación voluntaria que no genera obligaciones contractuales entre las partes.
La Corporación también sostiene que el acuerdo “no guarda relación” con la evaluación de la viabilidad ambiental de Quebradona y recuerda que la competencia para otorgar o negar una eventual licencia corresponde a la ANLA. Añade que el memorando no limita sus facultades de vigilancia y control, ni exonera a la empresa del cumplimiento de las normas ambientales.
Para Jaramillo, en cambio, preocupa que programas de monitoreo y generación de conocimiento desarrollados por Corantioquia puedan producir información útil para completar los estudios pendientes de la minera. Según señala: “Como aquí no se ha permitido la realización de ciertos estudios en las veredas donde los campesinos se han opuesto con firmeza a las actividades de exploración, entonces los estudios los va a hacer Corantioquia para entregarlos a la empresa minera”, dice.
El memorando contiene, además, una cláusula que abre otra discusión. En su capítulo XI establece que la información que las partes se entreguen o compartan durante la ejecución tendrá carácter confidencial, salvo que acuerden lo contrario por escrito. Para Jaramillo, esta cláusula viola el Acuerdo de Escazú, el cual fue ratificado por Colombia en 2024, que establece el principio de máxima publicidad y reconoce el derecho del público a acceder a la información ambiental que se encuentre en poder, control o custodia de las autoridades.
Una nueva cuenta regresiva para el territorio
Para María José Cano todos estos nuevos elementos cambian el tamaño del desafío: “son tantos frentes que nos desbordan”, reconoce con angustia. Pero agrega que esa dificultad no significa que quienes se han opuesto a Quebradona vayan a abandonar la defensa del territorio.
“Estamos llamados a no reaccionar simplemente desde la rabia o la indignación. Este es un momento para pensar estratégicamente: volver a contar todo lo que hemos pasado, recuperar la memoria de este conflicto y volver a explicarle a la gente de qué proyecto estamos hablando y cuál es su dimensión”.
La ANM también parece reconocer que la relación con las comunidades sigue siendo un asunto pendiente. La Resolución 2982 le dio a Quebradona 60 días para presentar un diagnóstico y una nueva estrategia de relacionamiento con la población durante los dos años adicionales de exploración. El objetivo, dice la Agencia, es permitir la continuidad de las actividades necesarias para elaborar los estudios ambientales que posteriormente deberán ser evaluados por la autoridad competente.
Ese relacionamiento tendrá que desarrollarse en un territorio donde persisten procesos legales contra quienes se han opuesto a las actividades de la minera. Once campesinos de Jericó continúan vinculados a un proceso penal por hechos ocurridos durante las protestas contra Quebradona, en el que la Fiscalía les atribuye presuntamente delitos como secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. La audiencia de acusación, prevista inicialmente para comienzos de agosto, fue aplazada hasta marzo de 2027.
El proceso ha llamado incluso la atención de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, que recordó al Estado colombiano su obligación de garantizar el derecho a defender derechos y las garantías judiciales de quienes protegen el agua, el territorio y el ambiente.
A ese proceso penal se sumaron este año nuevas actuaciones policivas. En mayo, varios campesinos recibieron citaciones de la Inspección de Policía de Jericó a partir de una denuncia anónima por presuntas “irregularidades urbanísticas”. Según el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad, algunos de los citados ya estaban vinculados a otros procesos derivados de su oposición a Quebradona.
Para Fernando Jaramillo, estos antecedentes hacen todavía más compleja la exigencia de un nuevo relacionamiento comunitario. Considera que los procesos legales no solo afectan individualmente a quienes deben responder ante las autoridades, sino que producen un efecto disuasorio sobre la movilización. Su preocupación cobra mayor relevancia ahora que la prórroga devuelve a la empresa la posibilidad de intentar completar en las veredas los estudios que quedaron pendientes.
Esta semana la organización Imagina Jericó y el Colectivo de Jóvenes por la Defensa del Territorio denunciaron a través de sus redes sociales que la empresa está visitando veredas de Támesis y Jericó para socializar el Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de que varias comunidades manifestaron no querer participar de estas acciones.
La paradoja es que la empresa recibe ahora dos años más para completar una exploración que, según la propia ANM, no logró cerrar en el plazo anterior. Aunque el camino todavía es largo, con esta nueva decisión Quebradona gana tiempo para avanzar en lo que le falta, pero al mismo tiempo significa una cuenta regresiva para campesinos, organizaciones sociales y liderazgos del municipio que han identificado los riesgos que este proyecto genera para el territorio.
