A pocos metros del río San Francisco, donde años atrás se establecieron las primeras familias de Los Haticos, Hernando Añez Martínez mira las paredes sin empañetar de la casa que heredó de sus padres e imagina cómo se vería terminada. La vivienda, que consta de tres habitaciones, cocina, baño y patio, permanece en gran parte en obra negra. Algunas mejoras nunca pudieron realizarse por falta de recursos.
Sin embargo, la esperanza tocó a su puerta cuando su madre fue beneficiaria de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural impulsado por el Ministerio de Agricultura. Tras su fallecimiento, fue reemplazada por su padre como beneficiario. Pero el año pasado él también murió y ahora Hernando asumió ese lugar, convirtiéndose en el nuevo beneficiario del proyecto.
Desde entonces, técnicos, consultores y contratistas visitaron varias veces su casa. Tomaron fotografías, hicieron mediciones, elaboraron croquis y preguntaron qué cambios necesitaba en cada espacio. Con cada visita crecía la misma expectativa: que las obras estaban a punto de comenzar.
Pero después de seis años de espera, las mejoras nunca llegaron. Y así como Hernando, otras 20 familias de Los Haticos siguen aguardando la ejecución de un proyecto aprobado en 2019 y que hoy permanece paralizado entre trámites, respuestas institucionales y promesas incumplidas.
Algunas de estas familias viven en espacios reducidos y en condiciones de hacinamiento. Hijos, padres y nietos comparten una misma vivienda porque no cuentan con los recursos para asumir un alquiler completo o porque encontrar una casa disponible no es tarea fácil en un corregimiento pequeño.
La situación de la vivienda es apenas una de las múltiples carencias que enfrenta esta comunidad ubicada a orillas del río San Francisco. La falta de infraestructura básica limita el bienestar de sus habitantes y alimenta una sensación de abandono estatal que, según los líderes comunitarios, se ha prolongado durante años.
La necesidad más urgente es la ausencia total de un sistema de alcantarillado. Sin esta infraestructura resulta imposible avanzar en otras obras fundamentales, como la pavimentación de las calles. Las vías internas permanecen en mal estado y, durante algunas temporadas, se vuelven prácticamente intransitables.
El acceso al agua también presenta dificultades. Aunque la comunidad cuenta con un pozo profundo, el sistema no es autosostenible porque la bomba no puede funcionar de manera permanente. Por esa razón, el suministro se distribuye por turnos de una hora entre los distintos sectores del corregimiento. Mientras tanto, el río San Francisco, que alguna vez fue una fuente importante para la población, permanece seco durante gran parte del año y solo recupera su caudal en temporada de lluvias.
Las deficiencias habitacionales son visibles en gran parte del caserío. Muchas viviendas permanecen en obra negra, con paredes sin empañetar y espacios inconclusos. Otras carecen de baños o cocinas adecuadas. En algunos hogares, familias enteras comparten una sola habitación, una situación que motivó la formulación de proyectos de mejoramiento que, hasta ahora, no se han materializado.
A estas dificultades se suma el acceso limitado a los servicios de salud. Aunque el corregimiento cuenta con un puesto de atención, el médico solo presta servicio dos veces por semana, lo que obliga a los habitantes a buscar alternativas cuando enfrentan emergencias o requieren atención especializada.
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Para comprender por qué este proyecto significaba tanto para las familias, hay que conocer un poco de la historia del corregimiento. Los Haticos surgió a orillas del río San Francisco, donde las primeras familias se asentaron en terrenos sin cultivar y formaron pequeñas parcelas para su sustento. Se dedicaron principalmente a la agricultura de pancoger, con cultivos de yuca, maíz y patilla. Muchos dependían de estas cosechas para alimentar a sus familias, pues no siempre lograban comercializar sus productos. Otros complementaban sus ingresos con la cría de chivos y, quienes contaban con mayores recursos, se dedicaron a la ganadería.
“De ese conglomerado de personas nace esta comunidad, nuestro terruño: Los Haticos”, expresa Hernando Añez Martínez, actual presidente del Consejo Comunitario Carmelo Banque.
Con el paso del tiempo, aquella primera generación fue desapareciendo y sus hijos y nietos comenzaron a asentarse más allá de la ribera del río, en lo que hoy constituye el centro poblado del corregimiento. A medida que la comunidad crecía, fueron surgiendo distintos sectores que adquirieron identidad propia y nombres que aún perduran en la memoria colectiva, como La Mata, Los Cañaguates y El Tormento.
Aquellas familias levantaron sus casas con esfuerzo propio y construyeron una comunidad que, con el tiempo, se convirtió en uno de los corregimientos rurales de San Juan del Cesar. Hoy cuenta con escuela, iglesia y puesto de salud, aunque sus habitantes continúan enfrentando problemas históricos como la falta de alcantarillado, las dificultades para acceder al agua potable y el deterioro de las vías.
De esas familias resilientes surge Hernando Añez, líder comunitario y actual presidente del Consejo Comunitario Carmelo Banque. Vive con dos de sus hijos y obtiene su sustento principalmente de la cría de ganado. Sin embargo, hace aproximadamente cuatro años fue víctima del robo de cuatro reses, una pérdida que lo obligó a solicitar un crédito que aún continúa pagando al Banco Agrario. Por eso, además de su trabajo diario, se apoya en los programas estatales que llegan a la comunidad y en las distintas estrategias que encuentra para salir adelante.
El proyecto que causó expectativas
En 2019, durante los últimos meses de la administración del ya fallecido exalcalde Luis Manuel Daza, se gestionó un proyecto de mejoramiento y construcción de vivienda rural para Los Haticos. La iniciativa fue canalizada a través de la Oficina de Planeación Municipal, que actuó como intermediaria entre la comunidad y el Banco Agrario, entidad encargada de ejecutar los recursos. La alcaldía sirvió como puente para identificar a los posibles beneficiarios y recopilar la documentación requerida.
El entonces presidente de la Junta de Acción Comunal diligenció los formularios con los nombres de 19 personas postuladas para mejoramiento de vivienda y dos para vivienda nueva. A estas últimas se les exigió aportar un lote y presentar los documentos que acreditaran la propiedad del predio. Quienes aspiraban a mejorar sus viviendas también debieron entregar copias de sus cédulas y demostrar que eran propietarios de los inmuebles.
La documentación fue enviada y el proyecto recibió la aprobación correspondiente. Después vino la etapa que alimentó la esperanza de las familias. Durante varios años, consultores contratados para adelantar estudios y diagnósticos llegaron al corregimiento una y otra vez. Tomaban fotografías, realizaban mediciones, elaboraban croquis y recorrían las viviendas para identificar las necesidades de cada hogar.
“Ellos venían, medían las casas, tomaban fotos y preguntaban qué necesitaba cada familia. Uno pensaba que ya iban a empezar las obras”, recuerda Hernando Añez.
Sin embargo, las obras nunca comenzaron. Seis años después, los beneficiarios siguen esperando una explicación definitiva sobre el destino del proyecto. La incertidumbre aumentó cuando conocieron que el programa, amparado por la Resolución 00607 de 2019, quedó atrapado en una compleja situación administrativa y jurídica.
Según la información entregada a la comunidad, el contrato de fiducia suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El Ministerio decidió no prorrogar el convenio ni aprobar nuevos proyectos bajo ese esquema, lo que dejó sin posibilidad de ejecución las obras previstas para Los Haticos.
La consecuencia más grave para los beneficiarios es que, pese a que nunca recibieron las mejoras prometidas, muchos aparecen en las bases de datos nacionales como si ya hubieran sido favorecidos con un subsidio de vivienda. Esta situación les impide postularse a otros programas habitacionales, ya que los sistemas de verificación los registran como beneficiarios previos.
Por esa razón, los líderes comunitarios han insistido en obtener una resolución formal que certifique la cancelación del proyecto.
El documento sería fundamental para demostrar que las obras nunca se ejecutaron y solicitar la corrección de la información registrada en las plataformas nacionales.
Mientras tanto, Fiduagraria ha señalado que, debido al proceso de liquidación del contrato, cualquier decisión futura sobre estos subsidios deberá ser asumida directamente por el Ministerio de Agricultura o por la entidad que este designe para continuar con la operación.
Ante la falta de respuestas, la comunidad ha acudido a diferentes entidades de control. Los líderes y la actual Junta de Acción Comunal han solicitado acompañamiento de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para esclarecer qué ocurrió con el proyecto y encontrar una salida para las familias afectadas.
Por ahora, el panorama es incierto. Bajo el esquema con el que fue aprobado originalmente, el proyecto no será ejecutado. El futuro de las 21 familias beneficiarias depende de que el Ministerio encuentre una alternativa para reasignar la iniciativa o de que los habitantes logren demostrar formalmente que nunca recibieron el subsidio, de modo que puedan volver a postularse a otros programas de vivienda del Estado.
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Realizaban planos y tomaban medidas tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Todo aquello alimentaba la ilusión de los beneficiarios, que imaginaban el momento en que podrían ver sus casas terminadas, tal como las habían soñado. La expectativa crecía con cada visita, porque los consultores les repetían una frase que parecía anunciar el inicio de las obras: “Ahora sí vamos a empezar”. Pero eso nunca sucedió.
Entre 2020 y 2023, Medardo Gutiérrez fue presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos. Recuerda que, cuando asumió el cargo, el proyecto de vivienda era uno de los temas recurrentes en las conversaciones de la comunidad. Sin embargo, con el paso de los años y ante la falta de avances, las familias comenzaron a perder la esperanza. “Había personas que ya se habían dado por vencidas y pensaban que el proyecto no iba a continuar”, dice.
Pero cada cierto tiempo llegaba una nueva solicitud para actualizar documentos, y eso volvía a alimentar las ilusiones de las familias. La última visita técnica fue una de las que más expectativas despertó entre los beneficiarios. Incluso Medardo decidió acercarse a uno de los representantes del consorcio encargado para preguntarle directamente si el proyecto finalmente sería ejecutado.
“Yo quería estar seguro porque no quería que la comunidad volviera a sufrir otra desilusión”, recuerda. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. Las obras no comenzaron y las respuestas siguieron sin llegar. Ante el silencio institucional, la comunidad decidió acudir a mecanismos formales y presentar solicitudes ante las entidades responsables para intentar esclarecer qué estaba ocurriendo con el proyecto.
Fue así como, después de años de espera e incertidumbre, los habitantes de Los Haticos comenzaron a conocer las razones que mantenían congelada una iniciativa que durante tanto tiempo les había prometido una vivienda digna.
Para Gutiérrez, lo que más preocupa a los beneficiarios es la incertidumbre que enfrentan y las consecuencias administrativas que esta situación podría acarrear. “Hay que aclarar qué fue lo que pasó realmente y cuántas familias pueden resultar afectadas por aparecer registradas como beneficiarias”, señala.
Explica que el problema no solo afecta a los titulares de los subsidios. En muchos casos, también podría impactar a los integrantes de sus núcleos familiares, ya que los sistemas de información podrían impedirles postularse a otros programas de vivienda. Esto ocurre porque aparecen vinculados a un beneficio que, aunque fue aprobado en el papel, nunca llegó a materializarse.
“Las personas no solo quedaron sin las mejoras que esperaban, sino que también podrían estar perdiendo oportunidades futuras para acceder a otros programas”, señala Medardo. Considera que las entidades responsables deben ofrecer explicaciones claras sobre lo ocurrido.
“Lo que queda es un descontento muy grande. La gente pierde la credibilidad en las instituciones porque pasan los años y no hay respuestas. Parece que todo hubiera quedado como si nada hubiera pasado”.
Y así transcurrieron los años, entre esperas y promesas que nunca se materializaron en obras. La preocupación comenzó a apoderarse de los beneficiarios del proyecto de vivienda rural de Los Haticos. Aunque los contratistas seguían llegando al corregimiento para tomar medidas, elaborar diagnósticos y actualizar información, las familias continuaban sin recibir explicaciones claras sobre el estado de la iniciativa.
Ante la falta de respuestas, los líderes comunitarios y los beneficiarios decidieron acudir a un mecanismo formal. Presentaron un derecho de petición dirigido a las entidades responsables, en el que solicitaron información detallada sobre el estado jurídico, técnico y financiero del proyecto. También pidieron explicaciones sobre las razones de los retrasos y sobre el futuro de las 21 familias incluidas en el programa.
La solicitud buscaba resolver una pregunta que llevaba años rondando entre los habitantes de Los Haticos: qué había pasado con un proyecto que parecía avanzar sobre el papel, pero que nunca logró convertirse en una realidad para quienes más lo necesitaban.
La respuesta llegó meses después. Los habitantes de Los Haticos buscaban entender qué había ocurrido con un proyecto que durante años les prometió una vivienda digna, pero que nunca pasó del papel a la realidad.
El documento permitió reconstruir parte de la historia de la iniciativa. Allí se recuerda que, mediante la Resolución 00607 del 14 de noviembre de 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgó de manera condicionada subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritaria rural para población víctima del conflicto armado en La Guajira. Dentro de esa asignación fueron incluidos 19 mejoramientos de vivienda y dos viviendas nuevas para familias del corregimiento de Los Haticos.
La respuesta también confirmó algo que los beneficiarios conocían por experiencia propia: incluso años después de aprobados los subsidios, las actividades relacionadas con el proyecto continuaban desarrollándose sobre el terreno. Según el documento, el 21 de octubre de 2024 el Consorcio La Misericordia visitó las viviendas beneficiarias para realizar verificaciones. Más tarde, en marzo de 2025, personal de la constructora Punto Cero regresó al corregimiento para efectuar nuevas mediciones, diagnósticos y registros fotográficos.
Cada una de esas visitas alimentó la expectativa de que las obras finalmente comenzaran. Sin embargo, pese a los recorridos técnicos, la recopilación de información y las actualizaciones documentales, los trabajos nunca se iniciaron.
“Después de esa última visita quedamos en comunicación con el consorcio. Al ver que nada avanzaba, volvimos a contactarlos para preguntar cuál era el motivo del atraso. Para nuestra sorpresa, nos dijeron que no les habían autorizado la ejecución del proyecto y nos recomendaron insistir ante Fiduagraria, que era la entidad encargada de desembolsar los recursos”, recuerda Hernando Añez.
Aquella respuesta encendió las alarmas en la comunidad. Si los contratistas habían realizado visitas, levantado diagnósticos y actualizado documentos durante años, ¿por qué el proyecto seguía sin ejecutarse? La respuesta oficial que recibieron terminaría revelando una realidad mucho más compleja de lo que imaginaban.
La respuesta obtenida por la comunidad apuntaba a una misma conclusión: el futuro del proyecto dependía ahora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), entidad que otorgó los subsidios y que, según los documentos revisados por Consonante, asumió un papel central en las decisiones que terminaron frenando su ejecución.
De acuerdo con la información entregada a los beneficiarios, el contrato de fiducia mediante el cual Fiduagraria administraba estos recursos entró en etapa de liquidación el 1 de diciembre de 2025. Ante esa situación, la entidad señaló que ya no tiene competencia para asumir nuevos compromisos relacionados con el proyecto, por lo que cualquier trámite administrativo, jurídico o técnico pendiente debe ser gestionado directamente por el Ministerio de Agricultura o por la entidad que este designe.
Los documentos también indican que fue el propio Ministerio, a través de la Dirección de Bienes Públicos Rurales, quien decidió no prorrogar el contrato con Fiduagraria. Además, determinó que no se aprobarían nuevos proyectos bajo ese esquema de operación. En la práctica, esta decisión impidió que las 21 soluciones de vivienda previstas para Los Haticos avanzaran hacia la fase de ejecución.
Para los beneficiarios, el problema va más allá de unas obras que nunca comenzaron. Muchos aparecen registrados en las plataformas nacionales como receptores de un subsidio de vivienda, pese a que las mejoras y construcciones prometidas jamás se realizaron. Esa situación podría impedirles acceder a futuros programas habitacionales del Estado.
Por esa razón, líderes comunitarios como Hernando Añez y Medardo Gutiérrez consideran que el Ministerio debe aclarar qué ocurrió con los recursos asignados y cuál será el futuro de las familias incluidas en la Resolución 00607 de 2019. También solicitan una respuesta formal que permita establecer si el proyecto fue cancelado definitivamente y, de ser así, qué medidas se tomarán para evitar que los beneficiarios sigan apareciendo en los registros oficiales como si hubieran recibido un subsidio que nunca se materializó.
En otras palabras, mientras las viviendas continúan exactamente igual que hace seis años, la incertidumbre de las familias se trasladó del terreno de las obras inconclusas al de los trámites y las bases de datos estatales.
Los documentos revisados por la comunidad también permitieron aclarar el papel que desempeñó la Constructora Punto Cero, una empresa de Medellín que participó en la etapa técnica del proyecto, aunque nunca llegó a ejecutar las obras.
En marzo de 2025, representantes de la compañía, encabezados por el ingeniero Juan Carlos Gallego, visitaron Los Haticos para realizar mediciones, diagnósticos técnicos y registros fotográficos de las viviendas beneficiarias. Durante las jornadas también recopilaron documentos como cédulas y certificados de sana posesión, información necesaria para avanzar en la estructuración de las soluciones habitacionales.
Para las familias, aquella visita fue una de las señales más claras de que el proyecto finalmente avanzaba. Después de años de espera, ver nuevamente a técnicos recorriendo las viviendas reforzó la idea de que las obras estaban cada vez más cerca.
De hecho, la información entregada por Fiduagraria confirma que la Constructora Punto Cero culminó la etapa de estructuración de los proyectos. Las soluciones de vivienda quedaron registradas en las bases de datos de la entidad, lo que demuestra que el proceso técnico alcanzó un nivel avanzado de preparación.
Sin embargo, la ejecución nunca recibió luz verde. Según la documentación revisada, la constructora quedó imposibilitada para iniciar las obras después de que el Ministerio de Agricultura decidiera no continuar con el esquema mediante el cual se financiaban estos proyectos y avanzara la liquidación del contrato de fiducia administrado por Fiduagraria.
Esa fue la explicación que recibieron los líderes comunitarios cuando insistieron en conocer las razones del retraso. Los representantes del proyecto les informaron que no contaban con autorización para construir y les recomendaron dirigir sus reclamaciones ante Fiduagraria, entidad encargada de la administración de los recursos.
La respuesta permitió entender una de las principales frustraciones de los beneficiarios: el proyecto no se quedó detenido en la etapa de formulación. Durante años avanzó en diagnósticos, verificaciones, visitas técnicas y procesos de estructuración. Lo que nunca llegó fue la autorización necesaria para convertir esos estudios en ladrillos, cemento y viviendas terminadas.
Para Hernando Añez y las demás familias beneficiarias, la respuesta no solo confirmó que el proyecto estaba paralizado. También dejó una sensación de impotencia, rabia y frustración. Durante más de seis años convivieron con la expectativa de unas mejoras que parecían estar cada vez más cerca y que, finalmente, nunca llegaron.
Lo que más les preocupa ahora son las consecuencias que esta situación podría tener para su futuro. “Esto va a tener un impacto poco favorable para estas familias, porque les ha impedido participar en otros proyectos. Cuando entran a las plataformas, la información que les aparece es que no aplican porque ya tienen un subsidio asignado. Esta situación ha impedido acceder a otros beneficios”, explica Añez.
El temor no es infundado. Su propio hijo, quien trabaja para la empresa Interaseo, intentó postularse a un subsidio de vivienda ofrecido por Comfaguajira. Sin embargo, cuando inició el proceso, el sistema rechazó su solicitud porque aparecía vinculado a un beneficio habitacional previamente asignado.
Para los habitantes de Los Haticos, esa es quizás la consecuencia más difícil de aceptar. No solo siguen viviendo en las mismas condiciones que motivaron la aprobación del proyecto en 2019, sino que ahora corren el riesgo de quedar excluidos de nuevas oportunidades por un subsidio que existe en los registros oficiales, pero que nunca se convirtió en una obra real.
La situación preocupa especialmente a los beneficiarios porque la mayoría no cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar por su cuenta las mejoras que requieren sus viviendas. Sus ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar, por lo que el proyecto representaba una oportunidad difícil de reemplazar.
Ante la incertidumbre y la falta de respuestas definitivas, la comunidad decidió buscar apoyo en los entes de control. Los beneficiarios solicitaron el acompañamiento preventivo de la Personería Municipal de San Juan del Cesar y remitieron copias de sus derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía. Su objetivo es que estas entidades ayuden a esclarecer qué ocurrió con un proyecto aprobado hace más de seis años y cuál fue el destino de los recursos destinados para las familias de Los Haticos.
Los líderes comunitarios también esperan que los organismos de control revisen por qué los beneficiarios aparecen registrados en las plataformas nacionales como receptores de subsidios que nunca se ejecutaron, una situación que hoy les impide acceder a nuevas convocatorias de vivienda.
Aunque la respuesta que recibió la comunidad dejó más preguntas que certezas, los habitantes no están dispuestos a abandonar la búsqueda de soluciones. Emilio Gutiérrez, quien asumirá la presidencia de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos el próximo primero de julio, asegura que una de sus principales tareas será reconstruir completamente la historia del proyecto y acompañar a las familias afectadas.
Durante las últimas semanas ha conversado con beneficiarios, líderes comunitarios y antiguos representantes de la Junta para entender cada una de las etapas que atravesó la iniciativa. También espera trabajar de manera articulada con el defensor de servicios públicos del municipio, Jorgelys Brito, para impulsar nuevas gestiones ante las entidades responsables.
“Ese es un tema que no puede quedarse así. Tenemos que trabajar en equipo para encontrar una solución para las familias”, sostiene Emilio. Para él, el primer paso es obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió con un proyecto que durante años alimentó las expectativas de la comunidad y, a partir de allí, identificar qué alternativas existen para quienes continúan esperando una vivienda digna.
Las ilusiones que comenzaron en 2019 con la promesa de mejorar sus hogares se transformaron con el tiempo en frustración y desconfianza. Hoy, mientras las paredes siguen sin empañetar y las obras nunca llegaron, las familias de Los Haticos esperan recibir una resolución oficial que confirme el destino del proyecto. Ese documento no les devolverá los años de espera, pero podría abrirles la puerta para demostrar que el subsidio nunca se ejecutó y volver a buscar una oportunidad que les permita mejorar las condiciones de sus viviendas.
