Durante los últimos dos años, el magistrado Óscar Parra Vera ha escuchado a más de 100 militares implicados en los mal llamados falsos positivos en la costa Caribe. Durante ese tiempo, este juez les ha pedido detalles a estos hombres sobre cientos de casos: dónde ocurrieron, quién era su superior, por qué participó de esa operación, qué recuerda sobre la víctima. También, junto a sus magistrados auxiliares, ha tenido que analizar cada relato y compararlo con los informes que han entregado las víctimas, con sus observaciones, con las versiones de otros militares y con las sentencias antes emitidas por la justicia ordinaria. De esa tarea ya salió un primer resultado: la determinación de que 12 militares del Batallón La Popa fueron responsables por 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
Óscar Parra es un abogado con más de 20 años de experiencia en instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Instituto Internacional de Derecho Humanitario sede Sanremo, en Italia. Tiene un máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y otro en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Sin embargo, su trabajo como juez de la JEP lo ha desempeñado en ciudades como Valledupar, Barranquilla y San Juan del Cesar. Desde San Juan, en el sur de La Guajira, Parra presidió la segunda audiencia de observaciones de víctimas a las versiones de los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales cometidas contra integrantes de los pueblos indígenas wiwa y wayúu. Detrás de una mesa, vestido con su toga, el magistrado escuchó a las familias, mientras más de 80 militares estaban conectados a través de internet.
“Los comparecientes están mintiendo, le están mintiendo a los magistrados”, sentenció Pedro Loperena, autoridad tradicional del pueblo wiwa durante la audiencia de observaciones de las víctimas a 36 versiones voluntarias integrantes y exintegrantes del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Cr. Juan José Rondón', conocido en la región como el Batallón Rondón, y la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). Según Loperena, y los 14 familiares que intervinieron en la audiencia, los militares no están diciendo la verdad sobre los asesinatos de sus familias, ocho integrantes del pueblo wiwa y tres del pueblo wayúu, que fueron ilegítimamente presentados como bajas en combate y acusados de pertenecer a grupos ilegales.
Es tarea de la JEP definir si efectivamente los militares están mintiendo o no. Esta es la misión de Óscar Parra, correlator del caso 03 de la JEP y quien está al frente del subcaso de la costa Caribe. En San Juan del Cesar, Parra habló con Consonante sobre los desafíos de este proceso y qué pueden esperar las víctimas de ahora en adelante.
Consonante: Las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz indican que la mayoría de las víctimas étnicas de ejecuciones extrajudiciales están en La Guajira. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué los militares asesinaron a tantos indígenas de esta región?
Óscar Parra: Este año esperamos emitir un auto donde cerramos la investigación y, por motivos de imparcialidad, no quisiera adelantar algunas ideas. Hemos hecho más de 100 interrogatorios a comparecientes (militares) de la Costa Caribe, y a la luz de esto lo que uno puede resaltar es que hubo estigmatización y señalamientos contra pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de La Guajira. Estos pueblos indígenas quedaron atrapados en el marco de la dinámica del conflicto armado en la región, entre varios actores armados ilegales que incursionaron arbitrariamente en sus territorios.
En el auto que emitimos hace dos años con respecto al Batallón La Popa señalamos como se empezó a señalar a miembros de la comunidad como milicianos. Incluso hubo una estigmatización particular con el apellido Arias. Entonces este tipo de violencia social, los falsos positivos, hizo parte de la violencia global y de las victimizaciones contra los pueblos étnicos. Y por eso hay mucha relación de este caso con lo que se va a trabajar en el caso 09 sobre la victimización a pueblos étnicos.
C: ¿Qué casos ilustran más claramente esta violencia?
O.P.: Está el asesinado de Yahaira Cristina Nieves Oñate, que es una mujer wiwa de 25 años que en el momento de los hechos estaba embarazada y vivía con tres de sus cuatro hijos. Una de sus hijas incluso resultó herida en la acción militar que condujo a su muerte. Entonces es un caso que ilustra el tipo de impactos desproporcionados generados por el Ejército al cometer este tipo de hechos: incursionar en las comunidades, en las viviendas, en los territorios, y el daño que eso le hacía a individuos, familias y comunidades.
También tenemos un caso como el de Elibeth Vega Izquierdo, una mujer wiwa que era menor de edad cuando fue asesinada. Tenía 16 años. Esto también muestra impactos diferenciados de este tipo de violencia. Y tenemos también un caso como el de la víctima Cirilo Caldera Uriana, una persona del pueblo wayúu, quien fue víctima de las acciones del Grupo Mecanizado Rondón. Estos casos están en el marco de la contrastación y haremos las determinaciones que correspondan.
C: Las víctimas del pueblo wiwa señalan que hay comparecientes que no están diciendo la verdad ni aceptando su responsabilidad. ¿Ustedes pueden volver a llamar a los comparecientes después de escuchar a las víctimas?
O.P.: Primero, nosotros exhortamos a los comparecientes a que atendieran a esta audiencia de manera virtual, a lo que muchos de ellos manifestaron por escrito que querían estar. Hace dos semanas en Valledupar les dijimos que esta audiencia también era para que reflexionen sobre esos daños generados a las víctimas, para que escuchen su voz, y a partir de eso, evalúen lo que nos han dicho, más allá del plazo formal.
Lo que nosotros hemos dicho es: estamos abiertos a que cualquier compareciente como consecuencia de esta audiencia precise y profundice en cualquier otra idea adicional que estime pertinente. Esperamos que los comparecientes abran una ruta para complementar su voz. Sin embargo, la JEP se rige por el principio de estricta temporalidad y esto debe entenderse como una oportunidad adicional.
C: ¿Ha ocurrido que algunos comparecientes hayan contado más detalles sobre sus acciones tras escuchar a las víctimas?
O.P.: Lo que ha ocurrido es que algunos han profundizado en su responsabilidad con los hechos, particularmente porque tenían que comprometerse para las audiencias de reconocimiento. Nosotros tenemos que determinar quiénes tienen las máximas responsabilidades, aunque hemos hecho una versión voluntaria con más de 100 comparecientes, probablemente las máximas responsabilidades se concentran solamente en 20 o 15 personas. Con ellos seguirá una tarea concentrada en el reconocimiento público de responsabilidad. En estas audiencias es donde han surgido complementos en el pasado.
Yo he escuchado en audiencias públicas de reconocimiento manifestaciones que jamás había escuchado previamente como magistrado instructor, ni en la versión voluntaria ni en la documentación judicial… porque en la misma audiencia se genera un compromiso especial con la verdad que no se da previamente. Algunos comparecientes han dicho: lo que a mí me llevó al reconocimiento pleno (de la verdad) fue escuchar de la voz de las víctimas los daños que se habían generado por los hechos. Inclusive a pesar de las mentiras que hubiera dicho antes o la negación que hubiera hecho.
La voz de las víctimas ha interpelado a muchos comparecientes y lo hemos visto en las audiencias de reconocimiento. Pero hay que esperar. Puede ser que muchos comparecientes sigan en una postura de no reconocer o de considerar unas manifestaciones en torno a los hechos que podrían ser muy diferentes de las que plantean las víctimas y ya le corresponderá la JEP determinar cuáles son las bases suficientes de lo que ocurrió, la determinación de los hechos y conductas, y los patrones de macrocriminalidad.
C: Hay dos víctimas de estas divisiones militares, pertenecientes al pueblo Wiwa, que siguen desaparecidas. ¿Cómo van a actuar en estos casos?
O.P.: Nosotros estamos avanzando con fuerza en diálogos con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para actuar conjuntamente. Lo que queremos es hacer una articulación organizada y estratégica con las prioridades que tiene la Unidad de Búsqueda en la región, que está buscando a cientos de miles de desaparecidos y está construyendo una estrategia global. Queremos respetar esa estrategia, pero visibilizando algunas particularidades de las desapariciones forzadas de las que hemos tomado nota en el marco de nuestro trabajo.
C: ¿La JEP ha contemplado un tratamiento diferencial para el proceso judicial, teniendo en cuenta que son tantas víctimas étnicas? Por ejemplo, medidas de reparación acordes con su cultura…
O.P.: Sí, estamos pensando en cómo desarrollar esos procesos diferenciales. Por ejemplo, el involucramiento de autoridades tradicionales políticas y espirituales de los pueblos étnicos en el desarrollo de las sanciones restaurativas, que puede ser por la vida de los trabajos obras o actividades con contenido reparador o restaurador (Toar) que pueden desarrollarse en un corto plazo sin necesidad de la resolución de conclusiones. O los proyectos de sanción propia que estarían en la resolución de conclusiones.
Esto implica que tenemos que empezar diálogos con las autoridades en algunos pueblos. Por ejemplo, hemos dialogado con el pueblo kankuamo, pues ellos están pensando algunas iniciativas de proyectos restaurativos que mencionamos en la resolución de conclusiones. Lo mismo habría que hacer con las autoridades del pueblo wayúu y del pueblo wiwa, lo que pasa es que esto está muy mediado por el reconocimiento, porque involucrar en actividades restaurativas a personas que no reconocen sería complicado. Por eso es importante avanzar lo más rápido posible con la imputación.
C: ¿Qué sigue después de esta audiencia? ¿Cuándo tendrán noticias las víctimas sobre las imputaciones a los militares?
O.P.: El gran producto de este año sería la imputación a los responsables de estos crímenes, algo que yo esperaría que suceda el próximo semestre. Después hay que ver quienes reconocen o no reconocen su responsabilidad. Por eso el proceso entre la imputación y la audiencia de reconocimiento tarda algunos meses, a veces seis o más. En el 2024 sería la audiencia de reconocimiento, y después habría que esperar unos tres o cuatro meses para desarrollar la resolución de conclusiones. Entonces todavía nos falta un año y medio de trabajo con la Costa Caribe.
