Cerca del mediodía del 7 de noviembre, Elizabeth Moreno, coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, se desplazaba con cuatro mujeres más en una lancha por el río San Juan. Se dirigían a Istmina después de realizar unos talleres en la comunidad de Noanamá, cuando a la altura de Bocas de Sipí integrantes de un grupo armado ilegal les hicieron señales para que se acercaran a la orilla en la que ellos se encontraban. En ese momento comenzaron los disparos, las balas pasaban por un lado y por el otro, mientras las mujeres y el motorista trataban de protegerse. Sin saberlo quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos armados.
Como pudo, el motorista maniobró para dar la vuelta y regresaron por la misma ruta para refugiarse en la comunidad más cercana. Tres horas después, cuando vieron transitar otras lanchas por el río, las mujeres decidieron retomar el camino, pero más adelante se encontraron con un retén ilegal. Varios hombres armados les hicieron preguntas y les anunciaron que pronto empezaría un paro armado.
Al día siguiente, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional -Eln- anunció el inicio de un paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón a partir del 9 de noviembre. En su comunicado el Eln argumentó que la razón de este paro son los combates que se realizan en el territorio contra el Ejército Gaitanista de Colombia -Egc-, por el control del territorio sobre el río San Juan, agregando además una presunta connivencia con la Armada Nacional.
Paradójicamente este comunicado se hizo público pocas horas después de que las delegaciones del gobierno colombiano y el Eln anunciaran que las mesas de diálogo reanudarán labores, luego de dos meses de interrupciones debido a las acciones armadas de esta guerrilla en el departamento de Arauca.
Los botes de los habitantes de la subregión de San Juan durante una semana estuvieron amarrados en la orilla de los ríos a la espera del levantamiento del paro. Este hecho dejó a 54 comunidades, entre afrodescendientes e indígenas del pueblo wounaan, confinadas en sus territorios. Esta es una agresión que se ha repetido incontables veces en los últimos años.
El protagonista por estos días fue el silencio. Aparte de un cruce de comunicados en las redes sociales de los grupos armados y de las instituciones estatales nadie dio razones, hasta el 15 de noviembre, cuando el Frente de Guerra Occidental publicó en sus redes sociales un comunicado con el que puso fin al paro armado a partir del sábado 16 de noviembre a las 6:00 a.m.
“Esta guerra no es nuestra”
Los tres ríos sobre los que se anunció el paro armado se encuentran ubicados en la subregión del San Juan, un territorio que en los últimos años ha sido escenario de disputa entre la guerrilla del Eln y el grupo paramilitar Egc. Este territorio, que por décadas ha sido bastión de la guerrilla, es un punto estratégico en términos militares porque limita con los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, lugares en los que existe una fuerte economía ilegal, representada principalmente por la minería.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, ambos grupos armados han fortalecido su accionar en el departamento del Chocó. De acuerdo con el análisis de esta organización, actualmente el Eln hace presencia permanente en 30 de los 31 municipios del departamento. Por su parte, el Egc está en todos los municipios y de manera reciente se estableció en Unión Panamericana, Alto Baudó, Santa Rita y Tadó, con lo que de momento tiene mayor control a nivel territorial que el Eln.
Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, la guerra entre estos dos actores tuvo sus inicios en 2015 en el Bajo Atrato y desde ese momento el Egc ha avanzado de manera rápida en el control del territorio, especialmente en los últimos cuatro años: “El Eln viene perdiendo mucho territorio, primero en el Bajo Atrato y luego en el Medio Atrato, ha perdido territorio en el Baudó, San Juan y sur del Chocó. Realmente el Eln ha sido replegado en el departamento y el Egc ha venido avanzando”.
El fortalecimiento de este grupo en todos los municipios del departamento se da en un contexto de denuncias sobre sus presuntas alianzas con la fuerza pública. De hecho, un par de días después del inicio del paro armado, la Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas, entre ellas dos infantes de marina y un exintegrante de la Armada Nacional, que hacían parte de una alianza criminal con el Egc para la ejecución de actividades ilegales en el Chocó.
Así lo señala también un analista del conflicto armado colombiano que pidió no ser identificado: “el Egc va ganando esta guerra en el Chocó porque […] hay evidencia de testimonios de convivencia entre miembros de la fuerza pública y el Egc”. De esta manera, el apoyo táctico de las fuerzas militares se estaría convirtiendo en un factor determinante en las nuevas dinámicas armadas en búsqueda del control sobre esta región del país.
Esta situación explicaría la decisión de la guerrilla de decretar un paro armado en este momento, justo cuando existe una inminente debilidad militar. Como lo explica Kyle Johnson, este tipo de acciones tiene un sentido para el Eln, “normalmente son para frenar el avance o de la fuerza pública o del Egc, cuando están bajo bastante presión militar y quieren mantener el control del territorio”, señala.
Comunidades en confinamiento permanente
El 9 de noviembre Sara* se levantó muy temprano y se apresuró para llegar al embarcadero de Istmina y ver si algún bote se arriesgaba a salir hacia su comunidad, ubicada río abajo sobre el San Juan. Aunque algunas personas se arriesgaron a navegar en las primeras horas del paro, Sara no logró embarcarse, pero compró algunos alimentos como queso y huevos para sus tres hijos menores de edad que se quedaron solos y le encargó su entrega a un motorista. Algunas lanchas fueron obligadas a devolverse, otras tuvieron más suerte y lograron llegar hasta las comunidades. Horas más tarde sus hijos le confirmaron que recibieron la alimentación, pero tras una semana del “cierre del río” poco les quedaba para comer.
Días antes del paro armado, como es usual, Sara salió a Istmina para realizar algunas diligencias, por lo que en sus planes estaba permanecer en el municipio solo algunos días y regresar cuanto antes a su comunidad. Sin embargo, su estancia se extendió más de lo deseado porque no tenía ninguna alternativa para regresar a su casa.
Un incontable número de personas que habitan en las riberas de los tres ríos se encontraban en esta situación. Debido a que las comunidades se ubican en zonas apartadas, sus habitantes cada tanto viajan a las cabeceras municipales a realizar diligencias, comprar mercado, pagar facturas, ir a citas médicas y otras actividades. Pero, en el último año salir del territorio siempre tiene una carga de incertidumbre.
De hecho, como afirma Sara, desde hace cuatro años la situación en las comunidades del San Juan es de permanente angustia, “por el recrudecimiento del conflicto armado no hay un día que las comunidades no estén en confinamiento”, afirma. Si bien el paro armado es un hecho de violencia que restringe de manera masiva la movilidad, muchos habitantes coinciden en que esta no es la única forma de generar confinamiento. La presencia de minas antipersonales y los enfrentamientos constantes han provocado que en los últimos años los habitantes limiten al mínimo su movilidad en la zona rural.
Esta posición la comparte Víctor Ibargüen, habitante de la comunidad de San Miguel: “que no haya bloqueo en los ríos no quiere decir que no estemos confinados, porque a veces no hay paro y no nos podemos dirigir a las quebradas y ríos por la zozobra”, afirma.
Él tiene 27 años, su vida ha transcurrido en este territorio a orillas del río San Juan. Por eso dice con propiedad que nunca antes el peligro se había sentido tan latente como ahora. Sabe que por el miedo, las personas ya no caminan con tranquilidad ya que temen pisar una mina. Por esa razón ya no van a recoger las cosechas de sus parcelas, han abandonado los cultivos que tenían en varios lugares y prefieren moverse alrededor de la zona poblada. “Esto es algo que nos mata física y mentalmente”, señala.
Los días del paro se hicieron largos para Víctor. Su esposa e hija no estaban en la comunidad pues habían salido a visitar a una familiar y no pudieron regresar. Al estar solo logró optimizar al máximo los alimentos que tenía en casa, pero en los últimos días del paro optó por comer solo dos veces al día. Los alimentos se estaban acabando en la comunidad y no había certeza de cuándo se podrían volver a movilizar por el río San Juan.
La tensión entre la guerra y la paz
Uno de los elementos que más llama la atención de este paro armado es que se haya decretado justo al mismo tiempo que se abre una posibilidad de continuar las negociaciones entre el Gobierno y el Eln. A simple vista se podría identificar como falta de unidad de mando del Comando Central -COCE- con un frente como el Occidental. Sin embargo, como lo afirma Kyle Johnson, esto realmente responde a su estrategia como grupo armado en temas de guerras locales hay bastante autonomía de cada unidad.
"El COCE no va a intervenir mucho a decir: ‘no hagan un paro armado ahorita’. Esa decisión la pueden tomar en Chocó. Eso es a propósito, así han definido su línea de mando en temas de guerra”, afirma.
Agrega, además, que la tensión existe realmente en los asuntos de paz porque, “hay más centralismo en la paz que en la guerra”. De esta manera, la respuesta del paro armado, según Johnson, se puede leer en este momento como un mensaje con el cual el Frente de Guerra Occidental trata de decir que las condiciones para la paz no están dadas en el territorio, “está mandando un mensaje de que el territorio no está en un buen momento para negociar”, afirma.
El 12 de noviembre el Frente de Guerra Occidental anunció un corredor humanitario para ingresar ayudas para las comunidades. Sin embargo, en conversaciones con lideresas y líderes se confirmó que esta alternativa no fue utilizada por la institucionalidad. A pocas horas del anuncio de este grupo armado de levantar el paro la zozobra se mantiene en el territorio y las comunidades continúan a la espera de garantías para mejorar las condiciones de seguridad en sus territorios.
“Sabemos que los desastres naturales nadie los puede predecir, pero el tema de la guerra que enfrentamos sí se puede prevenir y, la verdad, esta guerra no es nuestra. Como comunidad estamos exigiendo presencia, actuación e implementación de los acuerdos que ya se han hecho en la mesa: implementación del acuerdo de paz capítulo étnico, implementación del Acuerdo Humanitario Ya para Chocó y reconocimiento de la agenda de paz de la sociedad civil para nuestro territorio”, señala Elizabeth Moreno.
El levantamiento del paro mitiga un poco la angustia de las comunidades de los tres ríos, sin embargo, las comunidades saben que mientras el conflicto armado persista acciones como esta se repetirán. Por eso los habitantes de la subregión del San Juan señalan la urgencia de avanzar en las negociaciones con el Eln y definir el inicio de cualquier tipo de negociación que tenga como perspectiva el fin del conflicto con el Egc.
*Nombre cambiado a solicitud de la entrevistada.
