Este sábado 14 de junio, desde las 8:00 a.m., se desarrolló en San Juan del Cesar –La Guajira– una audiencia pública crucial para el futuro ambiental y social del corregimiento de Cañaverales. El encuentro, convocado por Corpoguajira, buscaba evaluar la solicitud de licencia ambiental del proyecto minero “Mina Cañaverales”, propuesto por la empresa Best Coal Company (BCC), filial del grupo turco Yildirim.
La jornada estuvo marcada por una fuerte oposición de la comunidad afrodescendiente local y del pueblo Wayuu, quienes rechazan la posibilidad de que se autorice la extracción a cielo abierto de más de siete millones de toneladas de carbón en un área que consideran vital para la producción de alimentos, el abastecimiento de agua y la salud del ecosistema.
¿Qué está en juego?
El proyecto busca desarrollar un tajo minero de 153 hectáreas con una profundidad de 149 metros, lo que implica la remoción de 72 millones de metros cúbicos de material estéril. Aunque sus características corresponden a una operación de gran escala, BCC ha ajustado su producción anual a 799.000 toneladas con el fin de tramitar la licencia ambiental a nivel regional y evitar la evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La mina quedaría colindante con la Reserva Forestal Protectora Regional "Manantial de Cañaverales", reconocida además por el Ministerio de Agricultura como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta zona no solo tiene valor ambiental, sino también estratégico para la seguridad alimentaria de municipios como Albania, Fonseca, San Juan del Cesar y Barrancas.
Las alertas de la comunidad
Las comunidades locales denuncian que el proyecto afectará directamente fuentes hídricas esenciales como el manantial de Cañaverales, interconectado con el río Ranchería y clave para los acueductos y sistemas de riego. El plan contempla una captación diaria de más de 1,9 millones de litros de agua subterránea desde dos pozos profundos, lo que podría secar acequias tradicionales, alterar acuíferos y reducir la disponibilidad de agua.
Además, advierten que la remoción masiva de suelos pone en riesgo la agricultura local y podría provocar desplazamientos de las comunidades. Recalcan también que la participación ciudadana ha sido insuficiente y que el proyecto presenta irregularidades en su trámite administrativo.
¿Qué dicen las organizaciones sociales?
Durante la audiencia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentó un análisis técnico y jurídico que respalda la negativa a otorgar la licencia ambiental. Sus principales hallazgos señalan que:
- El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no contempla adecuadamente la vulnerabilidad climática del territorio, ni los efectos que el proyecto tendría sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco se establece una metodología clara para mitigar estos impactos.
- Contraviene compromisos climáticos asumidos por Colombia, al promover la expansión del uso de carbón, un combustible en desuso global según la OCDE, con un mercado en declive y bajo cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera.
- Existen fallas e incertidumbres sobre los impactos en el recurso hídrico. El área del proyecto ha sido catalogada como de “extrema vulnerabilidad” por el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero (PMAA) del río Ranchería. El 70 por ciento del terreno tiene alta recarga hídrica y podría verse gravemente afectado.
- El EIA omite riesgos fundamentales como la pérdida irreversible de biodiversidad en el bosque seco tropical, la posibilidad de contaminación de aguas limpias por químicos de la minería, y la amenaza a la seguridad alimentaria regional.
- El componente social fue minimizado. El estudio no valora el impacto del proyecto sobre las formas de vida tradicionales ni el potencial aumento de conflictividad en la zona.
Otra intervención destacada fue la del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que presentó un concepto técnico y jurídico en el que pidió negar la licencia ambiental con base en cinco argumentos clave:
- Mala conducta empresarial: El grupo Yildirim, al que pertenece BCC, tiene antecedentes de violaciones a derechos laborales y ambientales en países como Turquía, Albania y Estados Unidos. El CAJAR señaló que se deben aplicar principios de debida diligencia ambiental y empresarial para evitar riesgos futuros.
- Expansión encubierta: Aunque el proyecto se presenta como de “pequeña escala”, el Estudio de Impacto Ambiental admite nuevas exploraciones. Esto, sumado a más de 10.000 hectáreas tituladas por la empresa, apunta a una estrategia de expansión fragmentada que oculta los verdaderos alcances del proyecto.
- Riesgo al derecho al agua y a la alimentación: La extracción diaria de casi 2 millones de litros de agua contraviene lo dispuesto en sentencias como la C-539 de 2023 y el Decreto 0043 de 2024, que ordenan priorizar el consumo humano en zonas como La Guajira.
- Afectación a comunidades étnicas: El proyecto vulnera los derechos de comunidades afrodescendientes protegidas por la Sentencia SU-196 de 2023, que reconoció su vínculo espiritual, cultural y económico con el agua. El CAJAR advierte que no hubo un proceso adecuado de consulta previa.
- Evaluación inadecuada de impactos: El área de influencia fue subestimada. No se evaluaron los efectos acumulativos ni el impacto de la cadena logística del proyecto, especialmente el transporte de carbón.
El CAJAR solicitó que su concepto técnico se incluya en el expediente del trámite y que Corpoguajira niegue la licencia ambiental, con base en los principios de precaución, prevención, desarrollo sostenible y solidaridad intergeneracional.
Por su lado, Censat Agua Viva presentó un análisis técnico y ecológico crítico del capítulo 10.6 del EIA, dedicado al plan de compensación. Su intervención partió de una revisión normativa y científica que cuestiona el uso de la compensación como mecanismo para legitimar daños irreversibles en ecosistemas estratégicos.
Según expuso la organización, el propio EIA reconoce que más del 80 por ciento de los impactos del proyecto se clasifican como “moderados”, es decir, presuntamente mitigables o compensables. No obstante, Censat advirtió que esta clasificación ignora la verdadera escala, complejidad e irreversibilidad de los impactos sobre el territorio, especialmente en un ecosistema frágil como el bosque seco tropical.
También participaron investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP– quienes coinciden en que aunque el 80 por ciento de los impactos ambientales hayan sido catalogados por la empresa como “moderados”, en realidad implican riesgos serios como contaminación atmosférica y del agua, reducción del recurso hídrico para actividades tradicionales y posibles desplazamientos forzados. Según explicaron, los estudios ignoran la integralidad del sistema hídrico y fragmentan el análisis ambiental, omitiendo, por ejemplo, la existencia de plantas medicinales y el impacto climático en una región vulnerable.
Uno de los aspectos más críticos, aseguraron, es la intención de desviar dos acequias fundamentales por más de 4 kilómetros, afectando la calidad del agua que alimenta el arroyo Conejo y que atraviesa toda la infraestructura minera. Esto podría tener consecuencias graves para la salud pública y la biodiversidad, en un contexto donde ya se han perdido más de 17 fuentes hídricas por la minería a cielo abierto en la región, según lo reconocido en la Sentencia SU-628 de 2017.
El CINEP también denunció irregularidades en el proceso de licenciamiento ambiental, señalando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es parcial, desactualizado y no cumple con los estándares técnicos y jurídicos establecidos. Además, aseguró que se vulneraron derechos fundamentales, como la consulta previa a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes legalmente reconocidas, entre ellas los pueblos Wiwa, Kogui, Arhuako y Kankuamo de la Sierra Nevada de Gonawindúa.
Finalmente, el Cinep solicitó a Corpoguajira negar la licencia ambiental del proyecto por seis razones clave: su inviabilidad integral; deficiencias técnicas en el EIA; fallas en la participación; ausencia de consulta previa; impactos acumulativos no evaluados; y contradicción con compromisos ambientales del Estado. También pidió a la ONU, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Minería tomar medidas para investigar irregularidades, terminar el contrato GDI-081, y garantizar el consentimiento libre, previo e informado a las comunidades afectadas.
¿Qué dijo el Ministerio de Ambiente?
La viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, subrayó la gravedad de la crisis climática, ecológica e hídrica que enfrenta el país y llamó a reflexionar sobre el verdadero costo de los proyectos extractivos en territorios frágiles y culturalmente significativos. Reivindicó la memoria de los líderes ambientales Jacky Romero y Samuel Arreboces, y sostuvo que el manantial de Cañaverales y sus fuentes hídricas no deben verse sólo como recursos, sino como tejidos de vida, cultura y subsistencia.
La viceministra cuestionó si proyectos como el propuesto son coherentes con una transición justa y un ordenamiento territorial centrado en el agua, tal como lo plantea el gobierno actual. Recordó que el Estado ha asumido el compromiso de no expandir la frontera extractiva ni firmar nuevos contratos fósiles, e insistió en que La Guajira “ya ha entregado mucho” al país en términos de recursos. Finalmente, hizo un llamado a Corpoguajira para que tome una decisión que honre la vida, el agua y el futuro del territorio.
Aunque algunas intervenciones defendieron el proyecto como una oportunidad de empleo e inversión, el mensaje que predominó a lo largo de las más de ocho horas de audiencia fue contundente: La Guajira no puede seguir sustentándose únicamente en la minería. Varias voces recordaron que este fue un territorio agrícola antes del Tratado de Libre Comercio (TLC), y que hoy lo urgente es garantizar agua, alimentos y una vida digna para sus habitantes.
Lo que sigue
Ahora, la decisión final sobre el licenciamiento ambiental —que la empresa BCC solicitó en octubre de 2024— recae en Corpoguajira. La entidad deberá sopesar no solo los estudios presentados, sino también los argumentos científicos, el conocimiento ancestral y el mandato comunitario que se expresó con fuerza en esta audiencia.
La audiencia de hoy no define por sí sola si se otorgará o no la licencia, pero sí es un insumo clave para que Corpoguajira tome una decisión fundamentada. Lo que se discuta podrá marcar el rumbo de políticas ambientales en el departamento y dejar precedente frente al avance de proyectos extractivos en zonas protegidas o de importancia para la soberanía alimentaria y el derecho al agua.
La comunidad, por su parte, ha sido clara: “Cuando brota agua, brota la vida”. La resistencia a este proyecto no solo es ambiental, sino profundamente cultural y social. Reclaman que es hora de dejar el carbón en el subsuelo y priorizar la vida en La Guajira.
