A los once años, Julián no jugaba a la lleva en la calle ni temía reprobar matemáticas. A esa edad ya conocía la mirada desconfiada de los vecinos, el peso de los billetes en el bolsillo y el olor agrio de las esquinas. No llegaba a casa buscando el abrazo de su madre ni esperaba un almuerzo caliente. Julián vendía drogas en las calles empinadas de su barrio, en Bello.
Creció entre la ausencia y el ruido. En su casa no hubo cuentos para dormir, ni brazos que lo protegieran del frío. Aprendió pronto que en la calle también se puede encontrar un tipo de cariño, aunque venga disfrazado de respeto o miedo. Dejó el colegio sin despedidas, empezó a consumir lo que le vendían, y terminó siendo uno más entre los “carritos”, esos niños que las bandas usan para mover droga, para llevar armas, para estar al servicio de lo que otros no se atreven a hacer. Lo llamaban por su nombre. Lo hacían sentir importante. Y él, por primera vez, creyó pertenecer a algo.
Hoy, con 27 años, Julián ve el mundo desde una celda en una cárcel de Cundinamarca. Cumple una condena por concierto para delinquir y extorsión. Afuera, las calles que lo hicieron crecer siguen ahí. Adentro, empieza a preguntarse si todavía puede imaginar otro destino.
La historia de Julián se repite incontables veces en Colombia, en los barrios de las ciudades y en las zonas rurales. Grupos armados ilegales y bandas criminales usan, utilizan y reclutan a niñas, niños, jóvenes y adolescentes para vincularlos en contextos de violencia. Este no es un fenómeno nuevo. El informe final de la Comisión de la Verdad, en su capítulo No es un mal menor, identifica el reclutamiento en el país desde el año 1964.
En la tarde del sábado 7 de junio uno de esos miles de menores cometió un crimen en la ciudad de Bogotá. Esta vez el caso no desapareció entre el alto volumen de información que abarrota los medios de comunicación y las redes sociales en Colombia. Fue un atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, cometido en el marco del inicio de las campañas electorales por un menor de 15 años.
En este momento la atención de la opinión pública está centrada sobre el menor de edad, en una tensión evidente entre discusiones que van desde su culpabilidad en el crimen, la instrumentalización de la que fue víctima y el sistema de responsabilidad penal. Sin embargo, en el aire quedan preguntas sobre la autonomía para tomar decisiones frente a la comisión de los delitos, la vulneración de los derechos de los niños y niñas, y la responsabilidad estatal en las fallas para su protección.
Un fenómeno en aumento
Los derechos de las niñas y los niños están protegidos por diferentes instrumentos legales, uno de ellos es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que considera que deben ser protegidos de manera especial y se refiere a la adopción de medidas para evitar la participación de los menores de 18 años en la guerra.
Como lo señala Julien Hayois, especialista de protección de la Unicef, “nunca el lugar de un niño debería ser la guerra”, por eso es necesario que en todo momento los grupos armados respeten la edad mínima para el reclutamiento y utilización de menores. “
No es solo el compromiso de decir: no vamos a reclutar; es ver si hay en efecto directrices internas en el grupo, si todos los miembros del grupo armado están bien con el conocimiento de esas directrices, que haya procesos de sanciones si no se cumple”, afirma.
Aunque este protocolo fue ratificado por Colombia en el 2003, la protección de los menores de edad todavía es una deuda. Su vinculación en el conflicto armado y en las violencias urbanas es una realidad. Según la Unidad de Investigación y Acusación, de la Juridiscción Especial para la Paz, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc hasta el 10 de abril del 2025, han sido reclutados por lo menos 1.494 niños, niñas y adolescentes.
Este hecho genera unos impactos difíciles de medir, aunque la cifra de reclutamiento es muy alta, hay muchos casos que no se registran. “El desafío es no conocer la dimensión de estas situaciones, porque no conocemos efectivamente cuántos son los niños, niñas y adolescentes que terminan vinculados a las estructuras armadas”, así lo señala Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia.
La tendencia de este hecho victimizante tuvo un cambio en 2016 después de la firma del Acuerdo de Paz, momento en el que se registró una reducción importante en los casos. Sin embargo, como lo señala Unicef, desde el 2019 hay, de nuevo, un incremento.
En el último año, esta organización identificó un aumento del 60 por ciento en comparación con los casos verificados en el año 2023. Lo que implica que es un hecho que cada vez toma más fuerza como estrategia de los grupos armados y de las bandas criminales.
Este incremento de los casos, “ tiene que ver con el hecho de que año tras año no se responde de manera urgente y fuerte a estos factores de riesgo. Siempre estos vacíos se llenan por grupos armados”, afirma Julien Hayois. En este contexto aparece otro factor importante que es la intensificación de las dinámicas de las violencias y del conflicto armado en los últimos años en el país, lo que ha determinado la profundización de las violaciones a los derechos humanos y, en este caso, a los derechos de los menores.
El reclutamiento, uso y utilización afecta principalmente a menores indígenas y afrodescendientes. Así lo evidencia la Defensoría del Pueblo, que en el 2024 encontró que el 56 por ciento de los menores reclutados tienen esta pertenencia étnica. Además, el departamento del Cauca es donde más se registra este hecho, pues el 67 por ciento de los niños fueron reclutados en este territorio. Según la Unicef, quienes más son reclutados son los adolescentes entre los 13 y 17 años.
La deuda del Estado con los niños
Si bien actualmente en el país existen unas condiciones de contexto como el escalamiento de las violencias y el conflicto armado, que determinan hechos como el reclutamiento, uso y utilización de menores, para analistas y organizaciones, hay unos elementos estructurales que generan vulnerabilidades para los menores de edad y que llevan a la vinculación a estructuras criminales.
Este no es un hecho fortuito, como lo señala Hilda Molano, de la Coalico, en la mayoría de los casos es el desenlace de una historia de violación sistématica de los derechos de los niños desde su nacimiento.
“Cuando un niño termina siendo usado por un grupo armado, lo que está detrás es una falla estructural de familias, escuela, Estado, comunidad. Todos hemos fallado”, dice.
Por esta razón, quienes están más expuestos a este riesgo son menores de edad que se encuentran en contextos de pobreza, con vacíos emocionales, en entornos violentos, con presencia de grupos armados o bandas criminales, y con una oferta institucional inexistente o reducida. “Donde hay violencia doméstica, violencia basada en género en el núcleo familiar, también son factores que a veces empujan a los niños a juntarse a los grupos armados”, afirma Julien Hayois.
Como lo señala Hayois, muchos de los menores que terminan siendo reclutados crecen en entornos violentos, tanto familiares como comunitarios. “Desde chiquitos se les hace cotidiana la guerra, empiezan a ver los entornos, la maldad llega al territorio y muchos de ellos terminan participando en crímenes muy atroces”, señala AKA, líder y rapero de la Comuna 13 de Medellín, que impulsa procesos de resistencia comunitarios.
En un territorio como la Comuna 13, en el que varios actores armados han hecho presencia, se evidencia una situación que se presenta tanto en contextos urbanos como rurales, y que genera vulnerabilidades para los niños: “los grupos delincuenciales lo que han logrado es infiltrar la cotidianidad siempre de la gente del territorio y se va generando una gobernanza donde ya no se distingue lo legal y lo ilegal”, afirma AKA.
Por eso, un elemento fundamental para los menores de edad es contar con entornos protectores, pues en estos casos se generan condiciones distintas que disminuyen las posibilidades de vinculación con estructuras criminales, afirma la Coalico.
El reclutamiento nunca es voluntario
Los grupos armados y bandas criminales aprovechan los contextos de vulnerabilidades de los menores de edad para vincularlos a sus estructuras. “No hay un grupo armado, ya sea del conflicto o ya sea del crimen organizado que no reclute, use y utilice a niños, niñas y adolescentes”, afirma Hilda Molano, de la Coalico. En algunos casos, como lo señala la Unicef, los menores son secuestrados, pero en otros se encuentran situaciones como amenazas a las familias, falsas promesas u ofrecimiento de bienes materiales.
Según Leonardo Gónzalez, director de Indepaz, se identifica un cambio en las estrategias de los grupos armados, que antes utilizaban un discurso político como forma de convencimiento. Ahora la oferta se basa especialmente en dinero y poder. Además, se utilizan métodos como el convencimiento personal, en sitios que frecuentan los menores como espacios deportivos y en la salida de los colegios.
Pero también, en los últimos años, los grupos armados han comenzado a reclutar a través de redes sociales, especialmente Tik Tok e Instagram, en cuentas en las que se muestra la guerra como una alternativa de vida.
“La gran mayoría de los muertos en combate son menores de edad”, afirma González.
A pesar de la prohibición del uso de menores en la guerra, los grupos armados continúan con esta práctica porque, como afirma Leonardo González, se han dado cuenta de que es más fácil que reclutar personas mayores. “Hay escuelas de entrenamiento de menores, hay escuelas de sicariato, en algunas zonas como el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. De ahí son reclutados y los trasladan a otros frentes o otros bloques”, afirma.
Esto, según la Unicef, lo hacen con el fin de ampliar sus capacidades militares y operaciones, para extender su dominio sobre el territorio, aumentar sus fuentes de ingresos ilegales y combatir a otros grupos armados. Además de los roles de combate, los niños son usados también en labores de inteligencia, como mensajeros, entre otras tareas que les asignan grupos armados y bandas criminales. “ En estos casos, a veces, los niños siguen viviendo en su comunidad, en su familia. Muchas veces es el primer paso para que entren de manera definitiva en el grupo armado”, afirma Julien Hayois.
¿La responsabilidad es de los menores? Los dilemas del sistema penal
La vinculación de niñas, niños y adolescentes en la guerra es una decisión estratégica, no solo por los roles que cumplen sino también por las normas que buscan la protección de la niñez y que terminan siendo aprovechadas por los actores armados, como el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que es aplicado para delitos cometidos por personas entre los 14 y los 18 años y se diferencia del sistema de adultos por su carácter pedagógico.
Esto quiere decir que los delitos que cometen los menores son juzgados de manera diferente, “y esto lo sabe el grupo armado y la delincuencia común, que muchas veces utiliza a los menores”, afirma Leonardo González.
En este sentido, como lo señala, lo primero que se debe tener en cuenta es que un menor de edad reclutado o vinculado a la violencia es una víctima y en ese sentido el Estado debe atenderlo.
Así también lo indica Hilda Molano de la Coalico, quien afirma que en estos escenarios “siempre hay una estructura, un adulto detrás que está determinando las acciones. Esto no aparece de manera aislada. De por sí los niños y las niñas no son malos, son el resultado de nuestra historia, de nuestra cultura, de las fallas en el principio de corresponsabilidad”, dice.
En los últimos días, frente al caso del senador Miguel Uribe, las opiniones están divididas en relación con la responsabilidad del menor que ejecutó el atentado, pero como afirma Molano, lo primero es entender la razón de un sistema punitivo diferenciado, que busca la protección de la niñez.
“Esto está pensado para la sociedad en su conjunto. Si logramos recuperar a quien ha fallado, a quien ha cometido un delito cuando es menor de 18 años, vamos a tener una oportunidad de lograr una resocialización. Si las cosas funcionaran como están pensadas en la ley, lo que nos da es una oportunidad también como nación”, dice.
Por otro lado, considera que la criminalización de los menores no es el camino porque son sujetos de protección por parte del Estado y el hecho de que hayan llegado a los grupos o bandas significa que hay una falla en el deber de protección. “Aquí la cadena de protección falló. Y entonces lo que hacemos es que además le caemos a él. Tenemos la oportunidad de restablecer los derechos que finalmente fueron vulnerados y que efectivamente tuviéramos una oportunidad de que fuera uno menos en la cadena criminal”.
Los menores son usados como motor de la guerra
Como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, grupos armados ilegales como el Eln, los paramilitares o las disidencias, funcionan en muchas ciudades y municipios del país a través de una figura de tercerización de bandas criminales, esto con el fin de ampliar su control territorial.
Estas bandas, según Leonardo Gónzalez de Indepaz, están conformadas en gran medida por menores de edad. “La utilización de estos jóvenes se da en ciudades como Cali, Jamundí, norte del Cauca, Buenaventura, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta; es decir, se ha ampliado el margen de presencia de estos grupos hacia las ciudades determinado especialmente por la economía ilegal, el microtráfico”, afirma.
Esto quiere decir que el conflicto armado que ha escalado de manera especial en las zonas rurales del país tiene una relación directa con la violencia que se concentra en las ciudades y que se moviliza por el uso de menores de edad que tienen diferentes roles y que, como dice González, son más baratos y fáciles de controlar.
Para Julien Hayois de la Unicef, estas conexiones entre grupos armados y bandas criminales son evidentes, “a veces es difícil distinguir el uno del otro. Y ambos, utilizan y usan niños, niñas y adolescentes en las actividades”, dice.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, durante el período del actual gobierno, se han recuperado 704 menores de edad reclutados por grupos armados, el 81 por ciento estaban en estructuras de disidencias de las Farc. A pesar de los esfuerzos por restablecer los derechos de los menores, el fenómeno del reclutamiento, uso y utilización continúa tomando fuerza desde 2016, como lo reconocen organizaciones como la Coalico, lo que implica retos para el Estado frente a las garantías para proteger a la niñez.
