ARAUCA | “No queremos ser desplazados de nuestros territorios, otra vez”

¿Qué ocurrió?

En la madrugada del 2 de enero amanecieron 23 personas muertas tiradas sobre algunas carreteras de los municipios de Saravena, Tame, Arauquita y Fortul. 

Según Juan Carlos Villate, personero de Tame, el ELN organizó un operativo sistemático y calculado, donde acordó las zonas, entró a las viviendas, sacó amarradas a las personas y las fue matando y tirando por en el camino.”No habíamos visto tanta crueldad, encontrábamos en las carteras cuerpos votados de lado y lado. Una masacre”, comenta.

Según la Fiscalía, hasta el momento han sido identificados 20 de los 27 cuerpos que fueron encontrados en los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita, en Arauca y en el municipio de Cubará, Boyacá. En este momento hay 20 cuerpos en Saravena y siete en Tame esperando en proceso para su necropsia. Entre los identificados se encuentran dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos, así como cuatro presuntos integrantes del frente décimo de las Farc y cuatro personas registradas en las bases de datos institucionales.

Las declaraciones oficiales del Ejército han apuntado a señalar que “es un enfrentamiento por el control de las economías ilícitas entre integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN Frente de Guerra Oriental contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r), de las disidencias de las Farc”.

Claves para entender el impacto de lo ocurrido:

• Ese día se registraron oficialmente 23 muertes, sin embargo, desde el domingo han aparecido 6 nuevos cuerpos, ya han llegado denuncias de desaparición de personas. También, es evidente el desplazamiento de decenas de familias que huyen tratando de proteger las vidas de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de ser reclutados por estos grupos.  

• Las cifras de desplazados se estiman en 219 personas en Tame y 81 en Saravena. La cifra va en aumento, pues tan solo en el distrito El Progreso (Tame) hay alrededor de 2.000 personas que están en riesgo y están buscando salir. Tanto personeros como voceros de las alcaldías han manifestado la necesidad activar con urgencia los corredores humanitarios y del apoyo en recursos por parte del gobierno nacional y departamental para la atención de las necesidad básicas de la población. Sin embargo, no se ha actuado con diligencia frente a la atención humanitaria que se requiere. Según Villate, “El conflicto armado se ha normalizado tanto que ya  no genera diligencia en las actuaciones por parte de las autoridades”.

• De acuerdo a los personeros de estos municipios Medicina Legal está colapsada porque no hay suficientes médicos para adelantar el proceso de identificación de los cuerpos y  las familias ya llevan más de cuatro días esperando. Por ahora la prioridad de la atención está puesta en este asunto. Igualmente el hospital de Sarare (Saravena) comunicó que limitará la prestación de servicios de salud domiciliaria en zona rural y urbana por seguridad del equipo médico.

Rechazo frente a las medidas militares del gobierno

A raíz de a los hechos presentados el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Diego Molano Aponte han anunciado medidas fortalecer la seguridad en la zona; alguna de ellas son:

• Aumentar recompensas contra cabecillas de la zona.

• Incrementar la presencia con 2 batallones de aproximadamente 600 hombres para hacer control territorial en los Centros Poblados de Puerto Nariño, La Esmeralda, Aguachica, Botalón y La Paz.

• Construcción de dos instalaciones militares en Aguachica y La Esmeralda del municipio de Arauquita para puntos de control territorial.

• Construcción de la estación de Policía en Puerto Jordán.

• Distribución de 311 hombres del Ejército en 11 puntos de control en las vías del departamento.

• Instalación de un punto de control por parte de la Fuerza Pública en la vereda Betoyes del municipio de Tame.

• Refuerzo de la seguridad fluvial para el patrullaje del río Arauca.

En definitiva, plantean militarizar aún más un departamento que ya para inicios del 2021 contaba con  9.000 militares. Según datos de la fundación Joel Sierra aun así el año terminó con 148 muertes violentas de civiles y la población sigue sintiéndose desprotegida y reclamando una presencia real e integral del Estado. Sin embargo, la apuesta del gobierno parecería seguir defendiendo una solución al conflicto aumentando el pie de fuerza y las armas. “Que este año sea un año de estocada final a estos grupos”, comentó el presidente Duque en una de sus intervenciones.

Frente a estas declaraciones diferentes líderes sociales, organizaciones campesinas y de defensa de derechos han manifestado su contundente rechazo a las medidas de carácter militar planteadas por el gobierno; pues aseguran que la llegada de más armas al departamento no solucionaría los problemas estructurales del conflicto y mucho menos sus necesidades básicas. Por el contrario, como lo expone el Congreso de los Pueblos en un comunicado “no compartimos la presencia de la fuerza pública toda vez que somos la región más militarizada del país, lo que trae como consecuencia todo tipo de violencia de derechos humanos y profundiza una más la crisis”.

¿Qué piden las comunidades?

Desde el domingo los araucanos han decidido alzar su voz y manifestar su rechazo en contra de la violencia que se repite una y otra vez. Centenares de personas en veredas y cascos urbanos de los cuatro municipios han salido a las calles, vestidos de blanco, con globos, con velas y con cantos; exigiendo el respeto por sus vidas y el cese a las hostilidades entre los grupos armados.  

Estas son algunas de sus peticiones : 

• Exigen el respeto a la vida, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados, a no involucrar a la población civil en ningún tipo de  confrontación.

• Una salida negociada del conflicto. Llaman a la iglesia y a las diferentes organizaciones de derechos humanos para mediar y para hacer posible el diálogo entre las FARC-EP y el ELN.

• Garantías para poder permanecer de manera segura en sus territorios. No quieren más desplazamientos.

• Exigen al gobierno departamental y  nacional activar corredores humanitarios y los protocolos de emergencia necesarios para lograr hacer frente a esta situación y salvaguardar a las comunidades afectadas. 

• Reclaman la presencia de la ONU Derechos Humanos, MAPP-OEA, Cruz Roja Internacional, Pastoral Social Cáritas, Joel Sierra, personerías y defensoría regional del pueblo para acompañar el trabajo de las Juntas de Acción Comunal del área rural del departamento.

• Denuncian el incumplimiento por parte del Estado en la reparación a las víctimas del conflicto de años anteriores.

• Piden una presencia del Estado no militarizada y la atención integral  a las necesidades de las víctimas.

El futuro incierto: ¿esto se pondrá peor?

Juan Carlos Torregrosa, coordinador de la fundación de derechos humanos Joel Sierra le dijo a Consonante que ”no parecería haber una solución a  corto plazo y lo que se ve es que cada vez se pondrá peor”. Esta sensación es compartida por la población que vive con la incertidumbre de que algún grupo armado decida dar el primer disparo y desencadenar lo que todos parecen predecir: más guerra y sangre.

Para Emiro Goyeneche, periodista de la Emisora Comunitaria Sarare Stereo, varios factores pueden agravar la situación durante este año; entre ellos, la llegada de los nuevos proyectos minero energéticos a la región, la coyuntura electoral y la falta de una estructura organizativa jerárquica de las disidencias de las Farc que permita conocer su modus operandi y predecir el nivel de riesgo al que se enfrenta la población. Y de acuerdo a la opinión de las comunidades, mientras sigan llegando más armas y militares al departamento pareciera que una salida negociada y pacífica del conflicto no será posible.

En medio de la zozobra y ante la incertidumbre de próximas acciones, las personas han comenzado a tomar medidas preventivas para su autoprotección; cerrado sus negocios antes de que caiga el sol, evitando hacer desplazamientos por carreteras, salir si es estrictamente necesario; incluso muchos productos de la canasta familiar ya han comenzado a subir de precio a escasear.