El 17 de agosto del año pasado, un grupo de turistas navegaba por el río Atabapo, en la frontera con Venezuela, guiado por una comunidad indígena de Inírida. La travesía prometía paisajes imponentes y el avistamiento de fauna silvestre, pero el silencio de la selva fue interrumpido por un sonido inesperado. Lo que escucharon los viajeros no fue el canto de las aves ni el rumor del agua, sino ráfagas de fusil que retumbaron entre los árboles. Desde entonces, esos estruendos se han vuelto parte de la cotidianidad para muchas familias del Guainía.
Los derechos colectivos de los pueblos indígenas Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave están en peligro. Son al menos siete resguardos indígenas en todo el departamento los que se encuentran en riesgo, especialmente los asentados en el municipio de Inírida y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual.
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026 ante el agravamiento de la situación de orden público y la crisis humanitaria que afecta la vida, la seguridad y la supervivencia de cerca de miles de habitantes, especialmente de comunidades indígenas. En la última década la entidad ha venido advirtiendo el crecimiento del riesgo ante la ruptura de los acuerdos que las estructuras armadas —que van detrás de la minería ilegal en el departamento— habían mantenido por años.
La mayoría de la población del departamento es indígena, dispersa entre el territorio en zonas rurales y mayoritariamente se moviliza por ríos. El Atabapo, Inírida, Guainía y Negro, ubicados en el área de frontera, constituyen corredores estratégicos de movilidad humana y comercio; al igual que concentran recursos mineros que han sido explotados por años. Por la minería sin regulación, hoy los niveles de mercurio en el medioambiente comprometen la salud de la población. Como lo señala el órgano del Ministerio Público, desde que el departamento fue constituido en 1991, la presencia y el control del Estado se han quedado cortos.
“Esta condición territorial ha incidido de manera directa en las limitadas capacidades institucionales para ejercer gobernanza y garantizar derechos en amplias zonas rurales y fronterizas del departamento, configurando una amalgama de crisis estructurales”, señala el documento.
El control que ejercen los grupos armados sobre las actividades tradicionales de pesca y caza de las comunidades étnicas ha generado desabastecimiento de alimentos y combustible. La ya de por sí frágil seguridad alimentaria de las familias del departamento se ha agravado con el robo de suministros destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las áreas en disputa.
A esto se suma el persistente riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como las amenazas que enfrentan los docentes y líderes comunitarios que desarrollan su labor en estos territorios.
Se han documentado homicidios selectivos, cuerpos hallados sin vida en sectores cercanos a los corregimientos y amenazas permanentes que restringen el liderazgo femenino, la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Un contexto que no solo impacta a las familias colombianas. El pasado 5 de septiembre varias familias del pueblo Curripako, oriundas de Venezuela, se desplazaron a Inírida ante el riesgo de reclutamiento y violencia sexual. Muchos otros casos como estos no pasan por la documentación o denuncia formal.
“Como consecuencia de esta situación, se advierte la posible consumación de desplazamientos masivos e individuales, reclutamiento forzado, control social sobre las actividades de pesca y caza, restricciones a la movilidad por los afluentes hídricos e imposición de extorsiones a comerciantes, acciones atribuidas específicamente al grupo armado el ELN”, destaca la Defensoría.
A este panorama se suma la limitada capacidad operativa de la Fuerza Pública por dificultades logísticas, escasez de personal y problemas de abastecimiento. Todo esto compromete la capacidad de control efectivo del territorio frente al avance de las economías ilícitas y el control social armado.
¿Cómo se ve el riesgo?
Se alerta a raíz del incremento de las confrontaciones entre el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia —una facción disidente de las extintas Farc— y el frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Se trata de una dinámica que ocurre a lo largo de la frontera con Venezuela: 453 kilómetros de frontera internacional donde ambos grupos se vienen disputando el control de economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal en esta estratégica región fronteriza.
Hay un segundo escenario en el que el Eln ha buscado consolidarse en Puerto Colombia y Cacahual, agravando las dinámicas de control social y restricción a la movilidad. “La consolidación del dominio territorial por parte del ELN en zona de Puerto Colombia se evidencia a partir de amenazas a comerciantes de la zona y del posterior asesinato de un comerciante de esta misma área no municipalizada”, señala la Alerta Temprana.
La Defensoría del Pueblo resalta que la situación se agudizó entre agosto y septiembre de 2025, cuando la Segunda Marquetalia y el Eln se enfrentaron en Puerto Colombia, en la frontera venezolana, específicamente en el litoral del río Negro y en linderos del resguardo indígena Medio y Bajo Guainía.
Desde entonces, han tenido lugar al menos siete desplazamientos forzados hacia el casco urbano de Inírida, un cuerpo apareció sin vida en aguas internacionales frente a esta comunidad y han circulado listados en los que el Eln acusa a miembros de Puerto Colombia de ser colaboradores de la Segunda Marquetalia.
En su documentación, el Ministerio Público también ha encontrado que en el tablero de confrontación del departamento ha estado el grupo Comandos de Frontera, también a inmediaciones de Puerto Colombia.
¿Quién tiene más poder en esta frontera?
Para el tramo de frontera frente a Guainía, la respuesta es clara: las disidencias herederas del Frente 40. “En parte porque llevan más tiempo, son más conocidas allá, han hecho más trabajo de negociar con comunidades indígenas”, señala Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core).
El Eln, por su parte, es una extensión del Frente de Guerra Oriental y llega tarde a la zona. “Son más fuertes hacia el norte”, explica. El mapa, sin embargo, no es simple. Cuando uno se aleja de la frontera, hacia Barrancominas y sectores adyacentes, el territorio es de ‘Ivan Mordisco’.
¿Cuánto puede durar una disputa entre la Segunda Marquetalia y el Eln?
Podrían pasar años antes de que el conflicto disminuya. Johnson cita el caso de Arauca, donde el bloque Frente de Guerra Oriental del Eln y la Segunda Marquetalia llevan más de cuatro años enfrentándose. Aunque la intensidad de los combates ha disminuido, la confrontación sigue vigente. “Desde hace tres años hay una frontera, unas zonas que se han repartido. La cosa está más o menos clara, pero no acaba. Es decir, hay menor intensidad que cuando empezó, pero sigue ahí”, explica.
Lo mismo ocurre en Chocó: “El Eln va perdiendo, pero sigue en disputa”. Para Johnson, cuando el grupo guerrillero entra en este tipo de conflictos, puede sostenerse sin que ningún bando avance de manera decisiva en el control territorial.
Sin embargo, lo que pase en Venezuela es una variable que puede acelerar o frenar la dinámica. Según el investigador, la mayoría de los enfrentamientos abiertos han ocurrido del lado venezolano. “No esperaría ver tanto combate abierto del lado colombiano. Más bien lo que la alerta describe: una serie de amenazas, algunos asesinatos, una violencia un poco menos visible”.
Esa menor exposición también se explica por el aislamiento del departamento. “Guainía no tiene muchos ojos encima”, advierte.
¿Por qué Venezuela es clave para entender lo que ocurre en Guainía?
Guainía es uno de los pocos departamentos colombianos con una frontera tripartita: comparte límites con Venezuela y Brasil. Pero la situación más grave, según Johnson, se juega del lado venezolano.
Las disidencias del Frente 40 de las extintas Farc llevan más tiempo operando en esa zona y han construido relaciones —a veces coercitivas, a veces negociadas— con las comunidades indígenas que habitan el Amazonas venezolano. “Han ‘invertido’ en la relación con las comunidades, han buscado ganárselas. En algunas zonas son un poco más impositivos, más coercitivos, pero han hecho negociaciones para poder estar ahí”, explica Johnson.
La incertidumbre política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro agrega otra capa de complejidad. A nivel local, la Guardia Nacional Bolivariana ha mantenido relaciones de corrupción con los grupos armados colombianos que operan en la frontera. “Se ha documentado que esas relaciones de corrupción a nivel local entre la Guardia y los grupos colombianos son una constante en toda la frontera”, señala el investigador.
Otra voz experta que pidió la reserva de su nombre considera que esas relaciones entre los grupos armados ilegales y las autoridades venezolanas van más allá de relaciones de corrupción y funcionan de facto con el Estado. De todos modos, esta situación les da a estos grupos un colchón de seguridad.
¿Qué papel juegan el oro y los territorios indígenas en este conflicto?
La economía del oro es el motor central de la disputa. Municipios como Puerto Inírida mueven gran parte de su economía con la minería que tiene lugar en Venezuela y se trae a Colombia para comercializar. Al metal precioso, se suma la explotación de coltán y tierras raras.
Los territorios indígenas son un factor que suele quedar fuera del análisis. Guainía está, en su mayor parte, tapizada por resguardos en áreas no municipalizadas. Del lado venezolano, la situación es similar, pero desde 2018 el Estado colombiano dio un paso en la reglamentación de la gobernanza propia en departamentos amazónicos como Guainía con el Decreto 632. El fortalecimiento de estas autoridades podría ser un paso en la protección del territorio.
Sin embargo, los grupos armados han aprendido a relacionarse con esas comunidades porque ahí es donde están sus intereses económicos. Esa relación va desde la negociación hasta la coerción dependiendo de la zona, pero en todos los casos implica una presencia que el Estado colombiano no ha podido disputar.
¿Hay alguna solución posible para la minería ilegal en esta zona?
“Decir que se puede acabar la minería ilegal en esa zona del país es un poco soñar. Siendo muy franco: es muy complejo”, reconoce Johnson. Pero señala algunos caminos para generar condiciones que le den mayor seguridad financiera a las comunidades.
El primero pasa por trabajar directamente con las comunidades indígenas y recuperar economías propias locales. El problema es que esas comunidades luchan contra una economía ilegal que genera plata, capacidad de consumo y acceso a bienes que antes no tenían. “Es casi una lucha entre el occidente capitalista y consumista con la cosmovisión indígena local”, plantea el investigador.
El segundo límite es geográfico y político. Mucha de la minería ocurre en Venezuela y “el Estado colombiano no puede hacer nada frente a eso, sino tratar de evitar el tráfico de oro de Venezuela a Colombia. Y con esa frontera... no quiero decir que es una lucha perdida, pero no veo mucha ganancia”, señala el investigador de Core.
Los expertos entrevistados coincidieron en que ven con escepticismo que los bonos de carbono u otras economías verdes puedan competir con la minería ilegal en términos de rentabilidad. “Es muy difícil pensar en una economía verde que sea tan rentable que compita con la minería ilegal”, señala el investigador que pidió la reserva de su nombre.
Lo que sí resaltan los expertos es que las comunidades indígenas tienen un reconocimiento global como guardianas del ambiente, lo que podría ser una base para hacerle contrapeso a estas economías. Pero insiste: cualquier solución tendría que ser apoyada económicamente y construida de la mano con esas comunidades, no impuesta desde la capital.
"No van a lograr extracción total. Habrá gente de las comunidades que seguirá en la minería ilegal, que adoptará esa visión occidental. Pero fortaleciendo a las comunidades, hay muchos beneficios que pueden mitigar al menos la afectación”, concluye.
¿Ha habido coordinación entre Colombia y Venezuela para enfrentar estos problemas?
Lo primero que debe destacarse es que la presencia institucional es débil. Guainía tiene los municipios más jóvenes del país —dos de reciente creación— y casi todos están en categoría seis —con menos de 10 mil habitantes—, la más baja en capacidad fiscal y administrativa. “Dependen de transferencias. Para llegar a la cabecera de San Felipe toca en avioneta. Esto es aisladísimo”, recuerda el investigador de Core.
Las instituciones nacionales que tienen sede en Inírida tienen una capacidad de moverse y cubrir el departamento muy limitada. En las zonas rurales y de frontera, la ausencia del Estado es casi total. A eso se suma que el departamento quedó inscrito dentro de los Territorios Especiales Indígenas. Pero el fortalecimiento de estos modos de gobierno propio es precario.
Frente a la coordinación entre naciones, los resultados son escasos. A pesar del riesgo, la Defensoría del Pueblo destaca que “las entidades territoriales expresaron una percepción de tranquilidad en las zonas reportadas y refirieron que las acciones bélicas —de finales del año pasado— ocurrieron fuera de la jurisdicción nacional, sin representar —según su valoración— un riesgo para la población en territorio colombiano fronterizo”.
Johnson reconoce que desde enero de 2026 ha habido más discusión sobre trabajo conjunto en la frontera, enmarcada en los contactos entre el gobierno colombiano y el venezolano, incluso con presencia de Washington. “Está ahí. Pero que eso lleve a algo efectivo, pues todavía no”, dice.
Una de las razones es la falta de capacidades del lado venezolano. “Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad de nada, literal", afirma. Las acciones que han ocurrido del lado venezolano “no parecen tener clara participación como de coordinación con Colombia”. Y para la zona específica de Amazonas venezolana, el panorama es aún más sombrío.
¿Qué respuesta institucional generó la Alerta Temprana?
Frente a este escenario y a la alerta temprana, la gobernación del Guainía convocó un Consejo de Seguridad con la presencia de las autoridades militares, entidades del Estado con presencia en el departamento y organismos competentes, con el propósito de coordinar acciones permanentes de seguimiento y respuesta.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas activó medidas de atención humanitaria dirigidas a las comunidades indígenas de San Felipe y la Guadalupe. Algunas de estas medidas fueron la entrega de kits de emergencia con alimentos y el apoyo para alojamiento temporal, la atención psicosocial y la activación de rutas de protección mediante el comité de Justicia Transicional y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas también activó mecanismos de atención enfocados en prevenir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Las medidas incluyen la coordinación interinstitucional para proteger la autonomía, el gobierno propio y los territorios indígenas bajo un enfoque diferencial y étnico, la realización de sesiones de seguimiento junto al Ministerio de Interior que hizo presencia en Inírida para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría y la formulación de estrategias preventivas para contener la expansión y consolidación de grupos armados ilegales en las zonas rurales de Inírida, Puerto Colombia, San Felipe y Cacahual.
Mientras las comunidades continúan enfrentando un panorama marcado por el miedo, las autoridades departamentales esperan la llegada del ministro de Defensa al departamento del Guainía. Con la visita esperan definir nuevas estrategias de intervención institucional y fortalecer las acciones de seguridad y protección para las comunidades afectadas por el conflicto.
