A las afueras del casco urbano de Fonseca, en la vereda Los Toquitos, una familia escarba con palas y manos un pedazo de tierra improvisado. No es un terreno de labranza ni una zona de expansión urbana. Es una finca prestada por un amigo. Allí, entre la maleza y la tierra caliente, sepultan a César Ferrer, un hombre mayor que murió de cáncer tras recorrer sin éxito centros de salud que nunca le dieron respuesta. Su familia apenas alcanzó a comprar el ataúd. No tenían más. Enterrarlo en el cementerio municipal, el mismo donde descansan los abuelos y vecinos del pueblo, era imposible: no había cupo. Tampoco lo había en El Hatico, el corregimiento cercano. Así que cavaron donde pudieron.
En Fonseca, cada vez que alguien muere, comienza una carrera contra el tiempo. No para despedirlo, sino para buscar dónde enterrarlo. “Solo nos quedan 800 bóvedas vacías, pero todas tienen dueño”, explica José Ignacio Amaya, administrador del cementerio municipal. Es decir, ya no hay espacios disponibles para quien no tenga uno adquirido previamente. El cementerio tiene capacidad para 11 mil personas y ha estado en uso desde hace más de setenta años.
“Cada vez que alguien fallece y no tiene una bóveda, la familia debe salir a buscar con urgencia quién le preste o le alquile una. Es toda una odisea”, agrega. A veces, si el difunto es familiar del titular de una bóveda, retiran un cuerpo anterior —aunque no hayan pasado los cuatro años mínimos de ocupación— para darle paso. Una práctica extendida que muchos consideran inaceptable, pero que se ha vuelto común ante la saturación.
La situación se repite con frecuencia y ha encendido alarmas en líderes comunitarios, concejales y ciudadanos. “El crecimiento poblacional y comercial de Fonseca ha sido acelerado. El cementerio ya no tiene cómo expandirse, y el de El Hatico también está colapsando”, dice el concejal Luis Manuel Mendoza Campo. “Es urgente gestionar un nuevo terreno que permita sepultar dignamente a nuestros seres queridos”.
La migrante venezolana Crismary Yepez también enfrentó esta angustia. Radicada en Fonseca desde hace más de cinco años, recuerda el dolor adicional que vivió su familia cuando murió su madre.
“No teníamos conocidos que nos ayudaran, y gracias a unos amigos conseguimos una bóveda en El Hatico. Fue muy doloroso vivir eso como familia”.
La situación no solo se mide en espacio, también en condiciones. “Fonseca ya no tiene dónde sepultar a sus muertos”, afirma el concejal Deiber Guerra Bula. “Ni el cementerio municipal ni los de El Hatico o Conejo tienen espacio. Además, hay un problema de salubridad: la gente deja escombros, restos de ataúdes y basura. Aunque la administración organiza limpiezas, no pasa una semana sin que reaparezcan los focos de contaminación. Hace falta cultura ciudadana”, advierte.
Y mientras la saturación se convierte en rutina, la inseguridad también gana terreno entre las tumbas. En los últimos meses, el cementerio ha sido escenario de robos, profanaciones, consumo de drogas y hasta atracos. Vecinos del barrio Las Flores han pedido vigilancia permanente, al ver cómo las brigadas de limpieza organizadas por la comunidad son opacadas por el vandalismo y el abandono. Se roban las lápidas, las coronas, los cables eléctricos. Ya no es un lugar de descanso, ni siquiera de recogimiento.
A esta crisis física y emocional se suma un fenómeno que crece en silencio: el negocio de la muerte. “Los propietarios se aprovechan del dolor ajeno: alquilan bóvedas a precios exagerados. Por una bóveda de cuatro puestos que se quiera comprar, llegan a pedir hasta 30 millones de pesos”, denuncia Jhon Jairo Otero Martínez, empresario funerario del grupo Jardines del Edén. Desde su funeraria, construyó un panteón con 30 bóvedas en El Hatico, pero se encontró con una barrera cultural: “la gente de Fonseca no está preparada para sepultar fuera del cementerio principal, aunque esté a solo cinco minutos del casco urbano”.
Para Otero, la salida es clara: “Un parque exequial, con posibilidad de alquilar o comprar lotes y una cuota de mantenimiento, permitiría un lugar digno y limpio, y ofrecería tranquilidad a las familias en momentos difíciles”.
El alcalde Micher Pérez Fuentes reconoce el problema y asegura que se están buscando soluciones. “Desde la Alcaldía hemos identificado esta problemática. La Secretaría de Gobierno está a cargo de la administración del cementerio, y somos conscientes de su saturación. Por eso, en el Consejo de Gobierno estamos explorando alternativas a mediano y largo plazo”, afirmó. Señala que se han entregado féretros y bóvedas temporales a familias de escasos recursos, y que esperan adquirir un nuevo terreno para construir otro cementerio municipal, con la aprobación del Concejo. Mientras tanto, se mantienen las brigadas de limpieza con apoyo institucional y comunitario.
Pero esta crisis no es nueva, ni sorpresiva. Ya en 2017, el Acuerdo No. 30 del Concejo Municipal establecía que el cementerio es un servicio público obligatorio. Ese reglamento ordenaba la creación de una Junta Administradora integrada por autoridades locales, la Policía, funerarias, vecinos y empresas de servicios, y advertía que cuando la capacidad llegara al 90 por ciento, como ya ha sucedido, debía informarse a la autoridad sanitaria para tomar medidas urgentes. El mismo acuerdo facultaba al alcalde para habilitar un nuevo camposanto en terrenos públicos y exigía un plan de emergencia, así como condiciones sanitarias y ambientales adecuadas. A seis años de su aprobación, poco de eso se ha cumplido.
Por otro lado, Fonseca fue incluido como municipio PDET, dentro del enfoque de desarrollo territorial para comunidades afectadas por el conflicto armado. Sin embargo, el problema funerario tampoco aparece en el radar de los proyectos nacionales. Aunque se han priorizado temas como vías, agua, vivienda y reactivación económica, la falta de cementerios adecuados no ha sido atendida por la nación.
A pesar de ello, el tema sí fue incorporado al actual Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, que contempla la meta de “remodelar y/o reorganizar tres cementerios”, como parte del programa de salud pública. La iniciativa está articulada con los Objetivos 3 y 11 de Desarrollo Sostenible (Salud y bienestar) y (Ciudades y comunidades sostenibles), lo cual refleja que la administración local, al menos en el papel, reconoce la urgencia. Pero la comunidad sigue esperando acciones concretas: nuevos terrenos, inversiones reales, vigilancia, y respeto por sus muertos.
Mientras tanto, la escena se repite: familias recorren cementerios cerrados, cuentan lo que tienen, suplican favores, y en el peor de los casos, cavan una tumba lejos del pueblo. Fonseca no solo enfrenta una emergencia funeraria. En sus cementerios también se entierra, cada día, una parte de la dignidad colectiva.
