Los dueños de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en los 12 municipios no certificados de La Guajira tienen pocas opciones para seguir con su trabajo este nuevo año lectivo. Aunque los y las estudiantes iniciaron clases el 6 de febrero, y el contrato con el operador estaba “listo” desde diciembre de 2022, no han podido empezar a trabajar porque la mayoría de vehículos son “muy antiguos". Ante esto, es el Ministerio de Transporte en Bogotá quien tiene en sus manos la decisión final: prorrogar, o no, el plazo para que los dueños cambien sus vehículos por modelos más nuevos.
Sea cual sea la decisión del Ministerio, la inversión que tienen que hacer los transportadores es alta. Sí la resolución es prorrogada, para que la Unión Temporal Caribe los contrate deben tener todos los documentos al día, así como tener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas. Si no es ampliada, tienen que comprar un carro de modelo más actual, una opción que los líderes indígenas ven imposible. Estas son las cuentas:
Los gastos para obtener el contrato
Según la ley, una parte de los carros y busetas que transportan a los y las estudiantes, deben pertenecer a la población del área de influencia donde se prestará el servicio, esto para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local. Año tras año, en los resguardos indígenas, los dueños de las ‘copetrans’, deben invertir en varios documentos que son requisito para ser contratados como transportadores.
Víctor Fernando Epiayu Molero, gobernador de cabildo del resguardo indígena Trupio Gacho, en La Meseta, Barrancas, ofrece su vehículo para el transporte escolar desde el año pasado: una Toyota Copetran 4.5, full equipo, modelo 2004, de placa venezolana. Víctor transporta normalmente a 16 alumnos desde La Meseta a las Instituciones Educativas Eloy Hernández, Montea Albernia y Pablo VI. Cuatro kilómetros por recorrido, ocho kilómetros ida y vuelta.
Para que lo contraten el carro de Víctor tiene que pasar la revisión técnico mecánica, pagar el seguro y tener los impuestos al día, una cuenta que da, aproximadamente: 1’ 700 000 pesos.
- Póliza/seguro: $1´060 000
- Revisión técnico mecánica: $250 000
- Impuestos: $390 000
- TOTAL: $1 700 000
Además de estos documentos, el carro de Víctor tiene que estar en perfectas condiciones mecánicas, por lo que aproximadamente cada tres meses debe hacer inversiones de mantenimiento que cuestan aproximadamente $750 000.
- Cambio de aceite: cada 5 000 kilómetros (dos a tres meses) $250 000
- Rodaje/mantenimiento de frenos: cada tres o cuatro meses $500 000
- TOTAL: $750 000
Y cada dos años debe realizar el cambio de llantas que puede costar en promedio $3’ 200 000. Adicionalmente, cuando el carro ya está transportando niños y niñas, debe pagar la gasolina, que según sus cuentas son $320 000 semanalmente, $1 100 000 al mes.
Como Víctor, muchos conductores hicieron esta inversión para estar listos para la contratación, antes de saber que posiblemente no podrían trabajar este año con su vehículo. Ángel Estelló, gobernador del cabildo de Rodeito El Pozo en Hatonuevo, cuenta que el año pasado el entonces director territorial del Ministerio de Transporte, Arcece González; y el secretario de Gobierno encargado del departamento, Javier Ripoll, les dijeron que habían aprobado una prórroga de la resolución 3018, por lo que tenían más tiempo para renovar sus vehículos. Sin embargo, apenas hace dos semanas la Secretaría de Educación expidió una circular en la que les notificaba que finalmente sus vehículos no podrían usarse para el servicio.
“A ellos (los dueños de los vehículos) los mandan a actualizar documentos, a comprar pólizas, hasta el Soat, tecnomecánica, generan un gasto y después de que se actualizan documentos vienen y dicen que esos vehículos no pueden ser porque tienen que ser mínimo del 2006”, asegura Estelló.
A 20 minutos de Barrancas, en Hatonuevo, José Carlos, alquila su Toyota Copetran modelo 2007, de placas colombianas, en el resguardo indígena de Lomamato. El carro de José Carlos cubre la ruta de Guaimarito-Guamachito desde hace tres años. Aunque los requisitos son los mismos, asegura que varios de sus gastos, por ser carro colombiano y otros factores, son más altos.
Gastos documentos
- Póliza/seguro: $1´250 000
- Revisión técnico mecánica: $280 000
- Impuestos: $500 000
- TOTAL: $2 030 000
Gastos de mantenimiento:
- Cambio de aceite: cada 5 000 kilómetros (dos a tres meses) $250 000
- Revisión de frenos: (depende del recorrido y la fricción, lo hace cada año más o menos) $600 000
- TOTAL: 850 000
Para combustible, según sus cuentas, gasta seis galones de gasolina al día, es decir $60 000. Al mes calcula $1 500 000. Además, un cambio de llantas, cada dos años, le puede costar $3’ 600 000.
El dinero para invertir no es fácil de conseguir, en muchos casos el contrato de transporte escolar es su único ingreso, y con tantos problemas en la contratación, difícilmente reciben pago en el primer trimestre del año. “La empresa debió habernos facilitado préstamos para la inversión, que lo descontaran después, porque si no hemos trabajado de dónde vamos a sacar el dinero”, explica José Carlos.
La plata no alcanza para comprar un nuevo vehículo
Si el Ministerio de Transporte no amplía el plazo de la resolución 3018, los dueños de los vehículos que sean de modelos más antigüos al 2006 y quieran seguir prestando el servicio de transporte escolar, tendrían que comprar un carro nuevo, una opción que no ven posible.
“En estos momentos no hay ningún Wayúu que pueda acceder a un carro de esos”
Víctor Fernando Epiayú Molero, Gobernador de cabildo
Según los transportadores, una ‘copetran’ modelo más nuevo cuesta entre 150 y 190 millones de pesos. Lo ideal sería comprar una de últimos modelos para que no tengan que renovar nuevamente en poco tiempo. “Un carro como el mío (modelo 2007) vale 110 millones de pesos, uno venezolano, que es más barato porque solo puede circular en el departamento de La Guajira, está valorado en 70 millones de pesos. Y ya un carro modelo 2012, o 2014 está saliendo entre 150 y 180 millones de pesos”, dice Jose Carlos.
La única opción para comprar un carro de este valor es pedir un préstamo, una posibilidad que no ven viable. “No estamos en condiciones nosotros como Wayuú de buscar unos préstamos al banco para comprar un vehículo de casi 200 millones de pesos”, confiesa Víctor. Además de la dificultad para que un banco les preste el dinero, el sueldo como transportadores no les alcanza para su sostenimiento y el pago del préstamo.
Por el alquiler de su vehículo, Víctor, José Carlos y cualquier transportista contratado en La Guajira recibe 220 000 el día trabajado. Si no hay festivos, o paros en las vías, trabajan en promedio 22 días al mes. Si no, en promedio 18 días. En el mejor de los casos, al mes reciben $4’ 840.000. A esto deben restarle la gasolina y los otros gastos de mantenimiento que mencionamos arriba. “El que se ponga a buscar un préstamo para pagarlo con este trabajo, eso no le va a alcanzar. Este trabajo no da para mucho”, comenta Jose Carlos.
Otra de las razones por las que prestar el dinero no es una opción, es que los transportadores consideran que el trabajo no es estable. Cada año lo inician con la incertidumbre de saber si serán contratados nuevamente. “Uno cómo va a buscar un préstamo si no está segura la contratación para el año siguiente”, agrega Jose Carlos. Además, el servicio no suele empezar con el inicio del año escolar, nunca hay una fecha definida que realmente se cumpla.
Lo que sigue
La semana pasada la secretaría territorial del Ministerio de Transporte, junto a los líderes indígenas, propusieron a todos los alcaldes del departamento firmar una carta para solicitar la prórroga de la ley 3018 y enviarla a Bogotá. A última hora, y después de varias negativas de algunos mandatarios que no quisieron dar respuesta, la mayoría firmaron la solicitud. Hasta la fecha el Ministerio no ha entregado una respuesta.
El viernes 24 de febrero varias comunidades indígenas convocaron al Secretario Departamental, la representante legal de la Unión Temporal Caribe y los secretarios de cada uno de los municipios a una reunión el resguardo Rodeito El Pozo para revisar un plan de respuesta ante la falta de respuesta del Ministerio.
Mientras tanto, 7968 estudiantes de los 12 municipios no certificados de La Guajira siguen sorteando toda clase de obstáculos para poder llegar al colegio. Hoy se cumplen 15 días del nuevo año escolar sin servicio de transporte.
